Recortes de Prensa Domingo 28 Junio 2026
Rusia acusa el ataque de los misiles
Flamingo contra una fabrica militar y Zelenski celebra la
operación
El presidente de Ucrania advierte que
recurrirá a estos proyectiles contra cualquier instalación militar
que participe de la invasión de su país
Redacción. El Debate.
28 Junio 2026
Volodímir Zelenski, confirmó este sábado que las Fuerzas Armadas de Ucrania emplearon los misiles de crucero Flamingo contra una fábrica del complejo militar industrial de Rusia en Volgogrado, a unos 400 kilómetros de la frontera ruso-ucraniana.
«Esta noche, los misiles FP-5 'Flamingo' han alcanzado con éxito la fábrica 'Titan-Barikady' en Volgogrado», indicó Zelenski en sus redes sociales.
«Se trata de un gran complejo industrial donde el enemigo fabrica sistemas de artillería y equipamiento militar especializado, en particular componentes de lanzadores de misiles destinados a atacar a nuestra población», abundó el jefe de Estado ucraniano.
Zelenski precisó que, con el impacto de los Flamingo, se produjo «un incendio en el recinto de la fábrica».
«Cada instalación de defensa rusa que participe en la guerra contra Ucrania es un objetivo legítimo para nuestras sanciones de largo alcance», afirmó Zelenski, que se mostró agradecido a los responsables de este desarrollo tecnológico y militar ucraniano.
«El alcance geográfico de las sanciones ucranianas de largo alcance se amplía constantemente. Y es precisamente nuestra presión la que, día tras día, sienta las bases para que, finalmente, haya una paz digna», destacó Zelenski.
Previamente, el asesor del Ministerio de Defensa ucraniano, Serguí Sternenko, había señalado que misiles 'Flamingo' alcanzaron «una de las instalaciones clave del complejo militar-industrial ruso en Volgogrado».
Sternenko indicó que el objetivo del ataque fue el «Centro Federal de Investigación y Producción 'Titan-Barikady'» de Rusia, donde se producen lanzaderas de misiles y sistemas de artillería.
War
update: 241 combat clashes on front line over past
day
https://www.ukrinform.net. 28
Junio 2026
Over the past day, June 27, 241 combat clashes between the Defense Forces of Ukraine and Russian invaders were recorded on the front.
According to Ukrinform, this was reported in a post by the General Staff of the Armed Forces of Ukraine on Facebook regarding the situation as of 8:00 on June 28.
The enemy launched one missile strike using four missiles and 88 air strikes, dropping 277 guided aerial bombs.
In addition, Russian invaders used 9,873 kamikaze drones and carried out 2,773 shellings of settlements and positions of Ukrainian troops, including 36 with multiple launch rocket systems.
Air force, missile troops, and artillery of the Defense Forces struck 10 areas of concentration of Russian manpower, eight UAV control points, an ammunition depot, and one command post.
In the Northern Slobozhanshchyna and Kursk directions, there were 11 combat clashes with Russian forces. The aggressor carried out 84 shellings of Ukrainian troop positions and settlements, including three using MLRS.
In the Southern Slobozhanshchyna direction, Russian troops attacked Defense Forces positions 15 times toward Karaichne, Zybyne, Lyman, Starytsia, Symynivka, Okhrimivka, Artilne, and Khatnie.
In the Kupiansk direction, the Russians attacked three times toward Novoplatonivka.
In the Lyman direction, Russian invaders tried 16 times to break into Ukrainian defenses, attacking in the areas of Novoselivka, Zarichne, Ozrne, and toward Drobysheve and Lyman.
In the Sloviansk direction, the Russians launched 22 assaults near Zakitne, Riznykivka, and toward Rai-Oleksandrivka and Kryva Luka.
In the Kramatorsk direction, Russian invaders attacked once near Tykhonivka.
In the Kostiantynivka direction, the enemy carried out 21 attacks near Kostiantynivka, Illinivka, Stepanivka, Toretske, and Ivanopillia.
In the Pokrovsk direction, Ukrainian defenders stopped 24 assault actions by Russian forces in the areas of Nove Shakhove, Dorozhnie, Hryshyne, Novooleksandrivka, Udachne, and toward Novyi Donbas, Bilytske, and Novopavlivka.
In the Oleksandrivka direction, the Defense Forces stopped six Russian attacks in the areas of Voskresenka, Vorone, Kalynivske, and toward the settlement of Andriivka-Klevtsove.
In the Huliaipole direction, Russian invaders carried out 29 attacks toward Zaliznychne, Vozdvyzhivka, Hirkе, Staroukrainka, and Charivne.
In the Orikhiv direction, Ukrainian defenders stopped two Russian attempts to advance toward Lukianivske.
In the Prydniprovske direction, Russian troops did not conduct offensive actions.
In the Volyn and Polissia directions, no signs of the formation of Russian offensive groups were detected.
Read also: Ukrainian government launches Brave International framework for global defense innovation partnerships
As Ukrinform reported, total combat losses of Russian troops since the start of the full-scale invasion of Ukraine, from February 24, 2022 to June 28, 2026, amount to about 1,400,970 personnel, including 1,250 over the past day.
Conflicto en Irán
EEUU
ataca la costa de Irán y la dictadura de los ayatolás responde con
una ofensiva sobre Bahréin y Kuwait
Rodrigo Villar.
OKDIARIO. 28 Junio 2026
El Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó este sábado que sus aeronaves militares ejecutaron ataques contra posiciones estratégicas de Irán en el estrecho de Ormuz, en respuesta directa a lo que Washington calificó como «continua agresión» de Teherán «contra el transporte marítimo comercial». En represalia, la Guardia Revolucionaria iraní respondió en la madrugada del domingo con una operación conjunta de misiles y drones que, según el propio brazo armado del régimen, destruyó ocho instalaciones clave del ejército estadounidense en Kuwait y Bahréin.
El CENTCOM precisó en un comunicado difundido en sus redes sociales que «aviones militares estadounidenses atacaron infraestructura de vigilancia militar iraní, sistemas de comunicación, emplazamientos de defensa aérea, instalaciones de almacenamiento de drones y sistemas de lanzamiento de minas». El comunicado subrayó que la acción militar fue una «respuesta directa» a los ataques perpetrados por Irán contra un buque comercial con bandera de Singapur que cruzaba el estrecho el pasado jueves y contra un navío panameño en esa misma vía durante la noche anterior.
Washington también vinculó la acción al impacto de un proyectil contra un petrolero en la mañana del propio sábado, incidente que el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO), dependiente del Ministerio de Defensa británico, confirmó en un comunicado en el que señaló que «un proyectil no identificado» causó «daños en el puente» del buque, cuyo armador no fue identificado. El organismo precisó que «toda la tripulación está a salvo» y que no se registraron daños medioambientales. La fuente norteamericana que citó el portal Axios confirmó que este ataque contra el petrolero fue el detonante directo de la respuesta militar americana.
Ataque iraní
Entre las 02:00 y las 03:00 horas del domingo en horario local iraní, las Fuerzas Armadas de la República Islámica ejecutaron lo que denominaron una «operación conjunta con misiles y drones» contra las bases estadounidenses en la región. La Guardia Revolucionaria afirmó haber destruido «ocho instalaciones clave del ejército estadounidense» en la base de Ali Al-Salem, en Kuwait, y en la sede de la Quinta Flota de la Armada norteamericana, en el puerto de Salman, en Bahréin. El brazo armado del régimen iraní calificó a las fuerzas americanas de «asesinas de niños» y advirtió que «actuará con mayor firmeza que antes» ante cualquier nueva agresión.
Paralelamente, medios iraníes informaron de que varios proyectiles impactaron en la región de Sirik y en la isla de Qeshm, en la parte iraní del estrecho de Ormuz. La televisión pública IRIB recogió varias explosiones en la localidad de Taherui, citando a «una fuente militar informada» que las atribuyó al impacto de proyectiles contra una torre de comunicaciones. El mismo medio dio cuenta de impactos adicionales en Masan, en la región de Qeshm, isla estratégica situada en las inmediaciones del puerto de Bandar Abbas, uno de los principales enclaves logísticos iraníes en el Golfo Pérsico.
Venezuela: preparativos para el saqueo de
la ayuda internacional
Miguel
Henrique Otero. el debate.
28 Junio 2026
El Estado podrido de la narco dictadura es el que, a esta hora, se prepara para saquear la ayuda humanitaria proveniente de otros países, de familiares y de ciudadanos del mundo conmovidos por el sufrimiento continuo y exacerbado de los venezolanos
Me cuento entre los miles y miles de venezolanos que hemos visto en las últimas horas, videos que circulan por Instagram, X, Facebook y otras redes sociales, en los que funcionarios uniformados –policías, militares– aprovechando las atribuciones que les otorga su rol y su uniforme, saquean entre los escombros. Llegan hasta los sitios donde hay viviendas unifamiliares o edificios que se han desplomado, a buscar dinero, joyas, electrodomésticos o cualquier bien que tenga valor.
¿Han dicho algo al respecto los jerarcas de la narco dictadura? Las autoridades, ¿han emitido alguna advertencia? ¿Han formulado alguna denuncia? Nada. Como siempre. Ni una palabra.
Cabe volver a preguntarse si estos hechos son episodios aislados, casos excepcionales o si, como ocurre con los procedimientos de secuestros y desapariciones forzadas; como ocurre con los encierros en centros de detención ilegales y secretos, y como ocurre con los métodos de tortura vigentes, también responden a un patrón.
Hay que preguntarse en el espacio público, si en el pillaje constante, el raterismo todo horario, las múltiples prácticas extorsivas, las alcabalas furtivas e injustificadas, el matraqueo en cualquier punto del territorio, el robo de los hogares durante allanamientos y capturas sin órdenes judiciales, hay que preguntarse, insisto e insistiré, si toda esta variedad de actuaciones al margen de la ley, tienen algo en común, algo que pueda señalarse como una plataforma compartida.
La impunidad es la plataforma común del enorme catálogo de prácticas delictivas de policías y militares venezolanos. Los funcionarios entienden que no habrá investigación ni castigo por los delitos que cometan contra ciudadanos y familias indefensas. Solo tienen un límite, un asunto en el que no pueden equivocarse: robar a enchufados y jefes del partido y del gobierno, lo que podría acarrearles algún castigo.
Salvo esa excepción, todo les está permitido. Y es que, en el fondo subyace una especie de creencia, un tácito paradigma: que el territorio venezolano, con sus habitantes y sus bienes, es un coto privado, casi un millón de kilómetros cuadrados para el uso y disfrute impune de uniformados, especialmente si se muestran fanáticos del régimen o si hacen algún tipo de activismo a su favor.
Estos son los cuerpos uniformados –minados moralmente, incompetentes hasta extremos patéticos, desprovistos de profesionalismo, pertenecientes a instituciones empobrecidas por la propia corrupción y el propio pillaje, funcionarios expertos en prebendas y corruptelas–, las entidades impotentes para responder a la tragedia venezolana desatada el 24 de junio, tras los dos terremotos y la cadena de réplicas que les han seguido.
Este es el drama al que la Venezuela sumida en la tragedia debe afrontar: la de un Estado –instituciones, funcionarios, disponibilidad de recursos–, hundido en las miserias, en la estupidez profunda, en el agotamiento, en la podredumbre de la corrupción. Hago aquí uso de la palabra corrupción como un receptáculo que recoge una cultura de abusos, autoritarismo, desprecio hacia los ciudadanos, insensibilidad ante la muerte, una condición donde la estulticia y la prevaricación, aunque esto parezca contradictorio, no paran de crecer.
El Estado en situación de podredumbre o semi podredumbre es el Estado que, usando la Asamblea Nacional para sus fines siniestros, intensificó la persecución de ONG y organizaciones del tercer sector en 2024, neutralizándolas, ilegalizándolas y persiguiendo a sus dirigentes, hasta conducir a varios de ellos al exilio. Esas estructuras, muchas de ellas altamente profesionales y experimentadas, no podrán aportar sus capacidades fundamentales para actuar ante las secuelas de los terremotos.
Como ha recordado Luis Carlos Díaz esta semana, se llegó al extremo de detener a trabajadores humanitarios de otros países, torturarlos y, a continuación, extorsionar a sus países de origen (Colombia, Italia): se usaron a instancias administrativas como el SENIAT, para crear un cerco administrativo y financiero; y se llegó a la medida insólita, de intervenir judicialmente a la Cruz Roja de Venezuela, para imponerles autoridades a la medida del gusto del régimen.
Es la podredumbre de la que hablo, la que mantiene el bloqueo a medios de comunicación y redes sociales, en momentos en los que miles de familias demandan información, conexión confiable a internet, comunicación abierta y fluida en la búsqueda de sus familiares desaparecidos, sino también porque la sociedad en su conjunto necesita conocer la especificidad de lo ocurrido, informarse sobre la situación, saber de las víctimas, escuchar sobre los peligros que todavía subyacen y sobre cómo actuar en las emergencias.
Puesto que se sienten propietarios y señores de poder ilimitado sobre cada hecho y sobre cada punto del territorio, los uniformados cultivan otra especialidad: impedir que periodistas y reporteros gráficos hagan su trabajo, como si ello pudiese ocultar las terribles realidades del país, y en este momento, las dantescas escenas de edificios caídos, de personas que claman por auxilio bajo el retorcimiento de los escombros, de uniformados que aparecen en escena especialmente en la noche, con las manos vacías, y que buscan entre los restos qué robar, qué más pueden sustraer para engordar sus bolsillos.
La podredumbre es un Estado que obliga a la delegación de la ONU en Venezuela a contratar como funcionarios a miembros del PSUV; o es el Estado que carece de un plan para responder a las demandas de las familias de La Guaira, donde la vida se ha reducido a escombros; o es el Estado que de los cinco millones de milicianos que anunciaba hace unos pocos meses, no cuenta ni con un centenar para auxiliar a las víctimas del horror sísmico; o es el Estado que, a estas horas, hace denodados esfuerzos, preparativos para controlar y saquear la ayuda internacional.
El Estado podrido de la narco dictadura es que, ahora mismo, no pude responder a la más acuciantes y escandalosas de las preguntas: ¿dónde está la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? ¿Dónde, sus poderosas y cacareadas fuerzas rescatistas? ¿Dónde los recursos logísticos, maquinarias, herramientas e insumos para atender al sufrimiento de las víctimas? ¿Acaso todo eso no es más que una inmensa farsa –otra en medio de tantas–, y toda su participación en este momento se reducirá a dar la bienvenida a la ayuda proveniente de Estados Unidos, El Salvador, Israel, España y otros países?
Y cierro con esto: El Estado podrido de la narco dictadura es el que, a esta hora, se prepara para saquear la ayuda humanitaria proveniente de otros países, de familiares y de ciudadanos del mundo conmovidos por el sufrimiento continuo y exacerbado de los venezolanos.
A la
derecha le roban la cartera y no se quiere enterar
EDUARDO
INDA. okdiario. 28
Junio 2026
Para que ustedes se hagan una idea cabal y real del gran robo electoral que está urdiendo Pedro Sánchez cara a las próximas generales basta echar mano de los insobornables números. El Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), es decir, el listado de los españoles con derecho a voto que viven en el exterior, estaba compuesto por 2.285.830 personas. Pues bien, Pedro Sánchez coló en la asquerosa y antihistórica Ley de Memoria Democrática de 2022 un apartado que pasó desapercibido donde se señala que los hijos y nietos de exiliados podrán solicitar la nacionalidad y, consiguiente y automáticamente, el derecho a voto. Que son malos pero muy peligrosos y currantes lo certifica la terrorífica realidad de que 2.600.000 extranjeros presuntísimos descendientes de exiliados —¿cómo se acredita que realmente lo son?— han pedido el pasaporte español, es decir, muchos más de los que ahora integran ese cajón de sastre caciquil que por otra parte fue secularmente el CERA. Vamos, que el CERA se multiplicará por dos. Y de largo.
De momento, ya pueden meter la papeleta en la urna en las próximas generales 557.709 personas, el número de expedientes que el Ministerio de Justicia de Félix Bolaños ha resuelto favorablemente. Cabe recordar que en las últimas generales, ésas de julio de 2023 en las que votamos a 40 grados de temperatura, el PP endosó al PSOE una ventaja muy inferior: 339.000 papeletas. Lo que más miedo provoca es que este proceso diabólico no ha concluido toda vez que quedan por dirimir 2 millones de peticiones, la mayor parte de las cuales obviamente recibirá luz verde. Por eso, y no precisamente por otra razón, Pedro Sánchez necesita tiempo, meses para garantizar el éxito del que se presume el mayor pucherazo de la historia de España y, encima, legal. Lo cual ratifica que las normas no son siempre justas ni aceptables moralmente.
Esto es como si en el Mundial se autoriza el dopaje pero sólo para el equipo que porte camiseta azul y pantalón blanco, es decir, que se fabrique una ley ad hoc para que los futbolistas de Francia no tengan que echar el pipí pospartido o someterse a ese análisis de sangre que permite inferir más allá de toda duda razonable si van puestos de nandrolona, EPO, testosterona o cualquier otra sustancia. Sobra colegir que con esta trampa legal ganarían el campeonato de calle. Porque si además de ser muy buenos van con gasolina extra no habrá quien pueda con ellos. Ni la España de Lamine, ni la Argentina de Messi, ni la Inglaterra de Kane, ni la Brasil de Vinicius. Punto.
En el siglo XIX se plantaba en los parques por su porte ornamental: hoy es uno de los p...Previsión del tiempo en Bilbao: cielo nublado, lluvias y descenso de temperaturas según...Con más de 360.000 m², casi 300 tiendas, cines y restaurantes, Madrid se prepara para a...José Saramago, premio Nobel de Literatura portugués: "Lo mejor que me ha pasado en la v...Horóscopo diario gratis: la predicción para hoy, domingo 28 de junio. Cómo te va a ir h...
Resumiendo que es gerundio: el tangazo que nos va a meter el marido de la cuatro veces presunta delincuente Begoña Gómez nos va a dejar tiritando. A nadie se le escapa el empírico hecho de que si verdaderamente son víctimas del exilio por padre o abuelo interpuesto no van a meter precisamente la papeleta de opciones de derecha en la urna. Confiarán su sufragio al PSOE, a Sumar, a Podemos, a Bildu, al PNV o a ERC pero jamás a PP o Vox. Está de más recordar que el autócrata no empieza a disputar una batalla así si no tiene meridianamente claro que va a ganar la guerra. Es malo pero no tonto.
Que todo tiene muy mala pinta, un inequívoco aroma a pucherazo, lo comprobamos esta semana en nuestro periódico, el primero que dio la voz de alarma hace más de un año vía Luz Sela, con la publicación de un esclarecedor vídeo grabado tras esos comicios de 2023 en los que sospechosamente Pedro Sánchez se impuso a todas las encuestas menos la de ese CIS que miente más que habla. En la filmación se observa a un agente electoral socialista en Argentina, un tal Facundo Cruz, de verbo y pinta siniestras, manifestar sin cortarse un pelo que hay que centrarse en esas 18 «provincias pequeñas» en las que un escaño se dirime por cientos de sufragios, cuando no decenas. Eso podría garantizar a los de Ferraz no menos de una quincena de actas extra en la Cámara de la Carrera de San Jerónimo. Y la victoria del gánster de La Moncloa estaría servida disparando exponencialmente sus posibilidades de repetir mandato.
Sólo en Argentina se han registrado 650.000 peticiones de nacionalidad que confieren de manera inmediata el derecho a votar en las generales de 2027 o cuando quiera que las convoque el caudillo. Si es que las convoca. La inferencia es obvia: el tal Facundo Cruz tendrá en sus manos, a su entera disposición, 650.000 ciudadanos argentinos para enviar la papeleta del PSOE a España. Más o menos, la población de Sevilla.
Para colmo, esta panda de gánsters que nos gobierna metió la quinta marcha vía Sofía Puente. ¿Quién es Sofía Puente? Pues ni más ni menos que la hermanísima del ministro de Transportes, además de fiscal de carrera y secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia. ¿Y qué ha hecho Sofía Puente? Por los genes se imaginarán que nada bueno. Con un par ha ampliado la posibilidad de nacionalizarse ipso facto no sólo a los nietos de exiliados sino también a todos aquéllos que acrediten ser sucesores de emigrantes españoles. Consecuencia: están requiriendo el pasaporte con nuestro escudo constitucional hasta tataranietos a los que la política patria les debe importar lo mismo que a mí la apicultura en Vietnam. Sobra enfatizar otro perogrullesco factor: los nacionalizados tienden a optar en las urnas, al menos en primera instancia, por aquél que les dio papeles.
Otra circunstancia nada desdeñable es que los nuevos españoles pueden elegir dónde se censan. Si no lo hacen se les asigna por defecto Madrid. Es decir, ese Madrid en el que Ayuso golea a la izquierda casi con sadismo. Matarán dos pájaros de un tiro: capitidisminuir a la gran bestia de Sánchez y, por ende, a Feijóo, y alzaprimar a un PSOE que no se come un colín en esta comunidad. Y, para que nada falte, los nuevos españoles tendrán también de manera instantánea sanidad pública gratis. Sólo tendrán vetados los trasplantes. Lo que faltaba a unos servicios hospitalarios colapsados con la invasión de ilegales y con la regularización que está implementando el capo de la mafia. Los españoles que llevamos toda nuestra puñetera vida cotizando tendremos que competir en igualdad de condiciones en las listas de espera con gente que nació en México DF, Bogotá, Quito, Caracas o Buenos Aires. Manda huevos.
Con todo, lo peor es la abulia que está exhibiendo la derecha desde que en ODKIARIO lanzamos la voz de alarma datos en mano hace un año. Sólo Isabel Díaz Ayuso monta de manera recurrente el pollo por este escándalo que avergonzaría a Nicolás Maduro, el espejo en el que en tantas cosas se mira el Gobierno socialcomunista español. Su antecesor a título de narcodictador, Hugo Chávez, nacionalizó 273.000 extranjeros para amarrar ese referéndum revocatorio de 2004 que otorgó poderes ilimitados al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para desmontar definitivamente la democracia en Venezuela.
Santiago Abascal se metió en harina por primera vez esta semana en el Parlamento en una actuación memorable en la que, además, trazó el diccionario de la corrupción sanchista. De la «A» de Ábalos a la «Z» de Zapatero, pasando por la «B» de Begoña o la «K» de Koldo. En el PP andan más timoratos por temor a que los comparen con el Trump de las elecciones de 2020, porque no quieren azuzar el voto de unos exiliados que saben a quién regalarán mayormente su sufragio y porque también confían pescar en este caladero. La esperanza es lo último que se pierde.
Que se pongan las pilas antes de que les vuelvan a robar la cartera. Les recuerdo que, sospechosamente, en 2023 el marido de la mujer sin pasaporte sobrevivió a unas elecciones que tenía perdidas, que en las autonómicas madrileñas el PP obtuvo el 47% de los votos por un 18% del PSOE y otro 18% de Más Madrid y que en las generales celebradas dos meses después los populares se desplomaron en la región al 40% y que los socialistas ascendieron al 27%, mientras Sumar perdía únicamente dos puntos y pico. Hagan cuentas. No se perpetró un tangazo pero, desde luego, lo pareció. Y las cosas suelen ser lo que parecen. Se cursaron 2,6 millones de votos por correo frente a los 1,2 millones de 2019. Y no les voy a descubrir la pólvora si les revelo que esta modalidad es más susceptible de maniobras orquestales en la oscuridad que la presencial. PP y Vox deben recurrir a todo lo recurrible judicialmente hablando antes de que sea demasiado tarde. Este pucherazo alterará cualitativa y cuantitativamente el censo no coyunturalmente sino estructuralmente, para siempre. Por eso el caudillo no miente cuando advierte que gobernará «hasta 2027 y más allá». Esto no es ninguna broma. Nos jugamos la democracia que tanto sangre, tanto sudor y tantas lágrimas costó recuperar.
El
tirano democrático
Rafael Nieto. gaceta.
28
Junio 2026
Hace unos días, vimos una escena en el Congreso de los Diputados con la que podemos obtener numerosas conclusiones acerca del mundo actual, y del estado putrefacto en que se encuentra, por desgracia, la política en casi todo el mundo. El presidente de VOX, Santiago Abascal, casi al término de su intervención en la tribuna de oradores, preguntaba a Pedro Sánchez «cómo podía seguir ahí sentado» , en su escaño, después de la reciente condena a 24 años de cárcel a uno de sus hombres de confianza, el ex ministro José Luis Ábalos; de la reciente imputación de Rodríguez Zapatero, alma mater del socialismo español en los últimos lustros; o de su propia situación familiar, con Begoña Gómez a punto de ser también encarcelada. Pero el presidente del Gobierno, lejos de sentirse interpelado, esbozó una sonrisa extraña (se podría decir que enigmática) y luego siguió mirando sus papeles.
Quienes hemos sido educados en la observancia de la legalidad y la ética en todos nuestros actos, ya sean públicos o privados, tendemos a creer que el resto de la humanidad es igual que nosotros; en esto nos equivocamos gravemente. Abascal pensó, con un criterio lógico y cabal, que en alguien tan desprovisto de vergüenza como Sánchez cabría aún el mínimo decoro de sentirse «algo incómodo» ante la catarata de sentencias condenatorias y de pruebas incriminatorias que afectan a su círculo político y personal más inmediato. Pero no. Sánchez, como reza su libro, está preparado para resistir, no para gobernar. Lo que le importa es la supervivencia política, no el servicio público, ni mucho menos la prosperidad de una nación en la que nunca ha creído ni creerá.
Así pues, por increíble y bochornoso que pueda parecernos, Pedro Sánchez podría permanecer sentado en su escaño no solamente lo que queda de «legislatura» (si se le puede llamar así a este circo permanente que soportan las instituciones españolas), sino varias legislaturas más, al margen de que sus ministros sean imputados, condenados o encarcelados. Como el propio Abascal se encarga de recordarnos periódicamente, Sánchez es capaz absolutamente de todo para mantenerse en el poder, y es muy probable que todavía no hayamos visto las cosas más terribles que puede llegar a hacer. Manipular el resultado de las próximas elecciones para convertirse en un «tirano democrático» como sus amigos Maduro, Petro u Ortega es solamente una de ellas.
Es necesario recordar, sobre todo pensando en los lectores más jóvenes de este periódico, que las cosas no siempre fueron así en la política española. Sin caer en tontas nostalgias, ni en el famoso «cualquier tiempo pasado fue mejor», lo cierto es que no siempre los presidentes del Gobierno han tenido esta impresionante desvergüenza, capaz de mantenerle impertérrito, inalterable, mientras casi toda su gente de confianza va a juicio o entra en prisión. En los años ochenta y noventa había también mucho golfo, es verdad; y la mayoría, socialistas, por supuesto. Pero este grado de degeneración humana, este absoluto desprecio por todo lo que signifique ejemplaridad en el ejercicio del cargo público, es algo que no tiene precedentes en el último siglo.
Sánchez (lo hemos visto también cuando se aplaudía a sí mismo mientras la mayoría del Congreso le censuraba) es un tirano democrático al estilo de Gustavo Petro, al que han tenido que echar casi a patadas del poder, porque se negaba a aceptar los resultados de las elecciones en Colombia, que han dado la victoria al patriota Abelardo de la Espriella. O como el comunista Roberto Sánchez, que se resiste aún a aceptar el triunfo de Keiko Fujimori en Perú, cerrando la puerta, también allí, al populismo izquierdista más corrupto y totalitario. Sánchez encarna, en definitiva, lo que movía en los años treinta del siglo pasado a los Largo Caballero, Indalecio Prieto, Santiago Carrillo o Dolores Ibárruri; ese mismo odio irracional a quienes pensamos distinto, y una incapacidad manifiesta para gestionar el dinero público. Esa curiosa habilidad para conjugar la incompetencia política y la permisividad con el crimen organizado.
Sánchez no ha nacido para abandonar el poder. Sánchez ha nacido para que le echen. En realidad, lo está pidiendo a gritos, y sólo necesita que haya una mayoría social que lo haga en las urnas. Como les dije antes en alguna ocasión: pierdan toda esperanza de que el inquilino de La Moncloa haga las maletas y desaparezca después de una noticia escandalosa que le afecte de manera directa o indirecta. No lo hará. El epílogo de su «Manual de resistencia» está en blanco, y la única frase que probablemente escriba en la última página sea: «A mí no me saca de aquí ni la UCO«. Tendremos que ayudarle nosotros, los españoles, a que entienda que su futuro no está en el poder, sino en la planta de graves de la López Ibor o en el balneario de Battle Creek.
Es el principal receptor de esta presión migratoria
Frontex
constata el desplazamiento masivo de inmigrantes ilegales desde el
Mediterráneo Central hacia España por el «efecto llamada» del
Gobierno de Sánchez
Rubén Pulido. gaceta.
28
Junio 2026
Un análisis de los datos de FRONTEX al que ha tenido acceso LA GACETA constata en base a datos sólidos un cambio estructural en los flujos migratorios hacia España. Las nacionalidades que hasta 2023 alimentaban principalmente la Ruta del Mediterráneo Central (Italia y Malta) han abandonado ese corredor y se han reorientado de forma masiva hacia las rutas españolas, tanto hacia Canarias como hacia la frontera peninsular.
El documento evidencia que este vuelco se produjo de manera brusca a partir del otoño de 2023, coincidiendo con el endurecimiento de los controles en el corredor italiano. Mientras la Ruta del Mediterráneo Central se desplomaba un 57,7% en 2024 respecto a su máximo del año anterior, las rutas hacia España marcaban su récord histórico.
El vuelco hacia Canarias y la Península
Según los datos de FRONTEX analizados, cinco nacionalidades subsaharianas occidentales (Malí, Senegal, Guinea, Gambia y Costa de Marfil) pasaron de representar apenas el 2,8% del flujo hacia España en 2019 al 61,1% en 2024. En el espacio de tres años estas nacionalidades, que históricamente se dirigían mayoritariamente hacia Italia, se convirtieron en la mayoría absoluta de las detecciones dirigidas a territorio español, concentrándose sobre todo en la ruta atlántica (Canarias).
Al mismo tiempo, el informe documenta la llegada incipiente pero creciente a la frontera peninsular de perfiles que hasta hace poco eran casi exclusivos del Mediterráneo Central. Somalia, por ejemplo, pasó de detecciones prácticamente nulas antes de 2023 a 1.711 en 2025, la gran mayoría en la ruta del Mediterráneo Occidental (península, Ceuta y Melilla). Sudán sigue una trayectoria similar, con centenares de detecciones anuales en la frontera peninsular desde 2021.
El punto de inflexión queda claramente reflejado en los datos mensuales: durante el primer semestre de 2023 estas nacionalidades seguían alimentando principalmente la ruta italiana. A partir de septiembre, y de forma acusada en octubre de 2023, la curva del Mediterráneo Central se hundió mientras se disparaban las detecciones tanto en Canarias como en la frontera peninsular.
Este cambio de puerta de entrada se produce en paralelo al refuerzo de la cooperación europea con Túnez (Memorando de Entendimiento de julio de 2023) y al aumento de los controles con Libia. El flujo no desapareció: se redirigió hacia los puntos de entrada españoles.
Récord histórico y cambio de escala
El análisis de Frontex muestra además que las dos rutas hacia España acumulan 448.383 detecciones de cruce ilegal entre 2009 y abril de 2026. De ese total, el 79% (354.061) se registró desde junio de 2018, mes en que Pedro Sánchez llegó a la Presidencia del Gobierno.
El año 2024 supuso el récord absoluto con 63.877 detecciones, de las cuales 46.820 (el 73%) correspondieron a Canarias. Los datos de Frontex, que miden detecciones basadas en salidas efectivas desde los países de origen, ofrecen en algunos ejercicios cifras que difieren de las publicadas por el Gobierno español, pero dibujan una realidad más completa del volumen real de la presión migratoria dirigida hacia nuestro país.
Consecuencias del «efecto llamada»
El análisis de Frontex confirma que el endurecimiento de controles en un corredor europeo no elimina la presión migratoria, sino que la redirige hacia aquellos puntos de entrada donde se percibe menor resistencia. España, con su política de traslados masivos a la Península, alojamiento en hoteles y ausencia efectiva de devoluciones en caliente, ha actuado como polo de atracción tanto para los flujos subsaharianos occidentales que ahora llegan masivamente por Canarias como para otras nacionalidades que empiezan a aparecer en la frontera peninsular.
El documento evidencia que el cambio de escala registrado desde 2018 y la posterior reorientación masiva de nacionalidades hacia las rutas españolas (Canarias y Península) se han producido bajo el actual Ejecutivo. La combinación de un nivel estructuralmente más alto de llegadas y un desplazamiento de flujos desde el Mediterráneo Central sitúa a España como principal receptor de esta presión migratoria en los últimos años.
******************* Sección "bilingüe" ***********************
Un
Gobierno de extrema izquierda (y esto acabará mal)
Jesús
Cacho. vozpopuli. 28
Junio 2026
Venciendo la natural aversión que me produce la sola visión del personaje en la pequeña pantalla, el pasado miércoles por la tarde me sometí a la prueba de soportar al personaje durante su réplica a la oposición en el Congreso. La función llevaba por título "Rendición de cuentas acerca de los casos de corrupción que cercan a su Gobierno, al PSOE y a su círculo familiar", pero nadie confiaba en que el sujeto diera explicación alguna, que mostrara algún signo de contrición y mucho menos que asumiera la responsabilidad política de lo ocurrido. Como era de prever, el aludido nos deparó un espectáculo grotesco. La exhibición de cinismo propia de un chulo de discoteca dispuesto a provocar a medio país, a ahondar en la confrontación entre tirios y troyanos y a crispar al por mayor. Hora y pico en el atril, o tal me pareció, que se me hizo eterna, la mano en el bolsillo, descorbatado, el gesto a menudo crispado, a veces romo, la mirada aviesa, el cabreo contenido exudando por los poros de su soberbia herida tal que si estuviera abroncando a un cliente en la barra de una de las saunas de Sabiniano, "el novio de Ayuso" por doquier, y el silencio sobre lo que hoy avergüenza a una mayoría de españoles: lo suyo, sus escándalos, su aislamiento, la soledad del dictador de fondo. Estamos en manos de un perfecto amoral, un delincuente al frente de una banda de gangsters que ha decidido que no se va a ir del poder ni ahora ni probablemente cuando toque. Me reafirmo en lo que vengo diciendo desde hace meses: esto no puede acabar bien; esto acabará mal.
La sesión del miércoles arrojó una conclusión no por esperada menos alarmante: Pedro Sánchez ha perdido la confianza de la Cámara. La mayoría que el 1 de junio de 2018 le aupó al poder se ha convertido en minoría. La portavoz del PNV lo explicó de otra forma: "Su mayoría ya es negativa". Un total de 188 escaños (PP, Vox, Podemos, Junts, UPN, Coalición Canaria y hasta PNV) le dieron la espalda para visualizar la falta de legitimidad para gobernar de un personaje dispuesto en su atrincheramiento a conducir a España al precipicio si preciso fuera. En realidad, el Gobierno Sánchez solo cuenta con las muletas de Sumar y de EH Bildu. Comunistas ágrafos y amigos del tiro en la nuca, porque a ERC hay que inscribirle en el apartado del quinqui que apoya con el puñal en el pecho dispuesto a sacar a su víctima hasta los higadillos. Esos son todos sus apoyos. Estamos pues ante un Gobierno de extrema izquierda (lo son los diputados que en la bancada socialista aplauden a rabiar las aberraciones del capo de quien dependen sus garbanzos, y lo es aún más una militancia que se ha echado al monte de la radicalidad más absoluta). Un Gobierno de extrema izquierda que es un fraude a la mayoría social, hoy ampliamente de derechas, al programa electoral bajo el que se presentó en junio de 2023 y a la tradición de esa socialdemocracia que todavía resiste en algunos países de la UE. Un Gobierno de extrema izquierda enemigo declarado de las urnas.
Que Sánchez gobierna ya contra una mayoría del Parlamento quedó claro al día siguiente, jueves 25 de junio, una fecha, otra más, para la infamia de nuestra democracia, cuando PP, Vox y Junts lograron aprobar en el Congreso una moción instando al presidente a someterse a una cuestión de confianza y, en caso de perderla, a dimitir, resolución que el aludido acogió al final de la sesión con grandes risas mientras se abanicaba con sus propios aplausos y jaleaba a la norcoreana bancada socialista puesta en pie. Documento gráfico de la defunción de nuestra democracia. Esto ya no va de política: va de una organización criminal que se ha apoderado del Estado y que está dispuesta a retener el botín contra viento y marea. Sé que este lenguaje puede ser calificado de extremista por mucha gente y que muchos españoles honrados pueden sentirse molestos por esta descripción, pero siento decir que hemos llegado a un punto en que resulta imprescindible abandonar la moderación impostada de quien se niega a aceptar la realidad. Los españoles de bien harían lo correcto al analizar la situación con frialdad e interpretar adecuadamente los signos de alarma que diariamente nos ofrece el sátrapa y su equipo, para tratar de encontrar el antídoto adecuado si aún hay solución, si ya no es demasiado tarde para todo.
En cualquier democracia digna de tal nombre, el Gobierno está sometido al Parlamento y cuando el Parlamento retira la confianza a su presidente y le deja en minoría lo normal es que se vaya a su casa. No es el caso de España, porque la nuestra ha dejado de ser una democracia al uso. Vivimos en un país desprovisto de mecanismos constitucionales para abordar una situación de crisis terminal como la que padecemos. España es un páramo sometido a los caprichos de un autócrata, expuesto al futuro que quiera depararnos un capo mafioso respaldado por una poderosa banda (la organización criminal que, según la UDEF, lidera Zapatero) dispuesta a seguir medrando a costa del Presupuesto. Un país sin elites de ningún tipo capaces de reconducir la situación. Nuestros poderes económico financieros siguen callados como si nada ocurriera, un hecho insólito en la Europa del siglo XXI. La señora Botín sigue teniendo en el consejo del Santander a Carlos Barrebés, un tipo más en la picota que nunca tras los wasaps publicados esta semana que apuntan a un nuevo delito para Begoña Gómez ("Las otras ofertas han de bajar sí o sí"), la eterna enamorada. No hay nadie con capacidad de interceder por este desgraciado país y conducir la crisis hacia el desagüe que supondría una convocatoria electoral que diera a los españoles la posibilidad de manifestar su opinión en las urnas.
Desde este jueves, España tiene por presidente a un tipo que gobierna en contra de la voluntad expresa del Congreso de los Diputados, en contra, por tanto, de la mayoría parlamentaria después de llevar años haciéndolo en contra de la mayoría social. En una situación tan excepcional como esta, algunas voces vuelven a dirigir su súplica hacia el rey Felipe VI. Sé que es un tema delicado y no exento de riesgos, pero el jefe del Estado tiene, entre otras, dos facultades cuyo ejercicio no requiere refrendo: la de proponer candidatos a la presidencia del Gobierno y la de arbitrar y moderar el funcionamiento de las instituciones. La retirada esta semana de la confianza al presidente del Ejecutivo tanto por parte del Congreso como del Senado, ha transformado lo que era una crisis institucional en otra constitucional de enorme envergadura, porque los Gobiernos nacen y se sostienen gracias a la confianza del Parlamento, crisis constitucional que debería inducir a la jefatura del Estado a solicitar a los presidentes de ambas Cámaras los textos de las resoluciones aprobadas por las Cortes Generales y ejercer su función de arbitraje convocando a tal fin al jefe del Gobierno. Por supuesto, haciendo pública su gestión arbitral.
No se va a ir por las buenas, por mucha y muy profunda que sea la brecha que sus escándalos de corrupción haya abierto en la sociedad española. Va a intentar estirar al límite el chicle de su impostura y llegados todos al pie del abismo con la piedra al cuello de este dictador vocacional dispuesto a llevarnos al precipicio, nadie duda de que nos sorprenderá con un gran fin de fiesta. Las alternativas están sobre la mesa: intentar una especie de golpe que le permita no convocar o aplazar elecciones con la disculpa de alguna tragedia sobrevenida; poner en práctica un pucherazo electoral a la manera aprendida de sus maestros chavistas (por ahí caminan las regularizaciones, la Ley de nietos y demás: el autócrata no se tapa, no se esconde, nos da diariamente signos ciertos de lo que pretende, pistas a montones, pero, como el ciego que no quiere ver, nos negamos a reconocer las señales porque pensamos que esto no puede estar pasándonos a nosotros, eso solo puede ocurrir en Venezuela y por ahí), y, tercera y última, que un día nos enteremos de buena mañana que el sujeto ha huido a un país sin tratado de extradición con la tela agenciada entre él y su pichona, más la del suegro propietario de las saunas. Leído esta semana: "La familia de Gómez se llevaba el 50% de los ingresos de los menores que iban a sus saunas". Porque, en caso contrario, su futuro apunta a una celda entre rejas.
Estamos viviendo lo que el intelectual francés Mathieu Laine llamaba días atrás "el otoño de la libertad", la época de los "hombres fuertes" que pretenden arreglarlo todo tras el fracaso de los "hombres moderados". Da la sensación de que los españoles han dejado de creer en los valores de la libertad ("uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos") y se han echado en brazos de esa servidumbre voluntaria sobre la que teorizó De la Boétie ("Es a la vez el valor más importante y del que con más facilidad tendemos a olvidarnos"). Tras casi 40 años de dictadura, la hemos sacrificado en el altar de los nuevos ídolos: el estatismo a ultranza, la igualdad por decreto ("Si somos libres, no somos iguales; si somos iguales, no somos libres"), la protección de las minorías, el medio ambiente y demás ítems propios de una sociedad desnortada que ha dejado de tener niños y se ha comprado un perro. Nos lo advirtió Albert Camus: "La libertad nos da la oportunidad de ser mejores; su renuncia nos garantiza la peor de las servidumbres". Ha llegado el momento de que los españoles se movilicen y elijan.
PAÍS VASCO
La
Universidad vasca, obligada a explicar ante la Justicia la oleada de
'ceros' en euskera en la PAU contra alumnos de la concertada
Un
juzgado de Bilbao decidirá el lunes si, como reclaman los
estudiantes, suspende cuatelarmente las bajas notas en euskera para
no penalizar su matriculación en grados universitarios
Josean
Izarra. Vitoria. el mundo. 28
Junio 2026
La Universidad pública vasca deberá presentar antes de las 10.00 horas del próximo lunes argumentos jurídicos documentados con los que aclarar por qué 79 alumnos de colegios concertados de Vizcaya fueron penalizados con un cero y otros treinta con notas bajísimas que pueden abortar la formación universitaria a la que aspiraban. Un juzgado de lo Contencioso Administrativo de Bilbao considera fundamentadas las más de medio centenar de demandas de alumnos en las que reclaman que se suspenda con urgencia las calificaciones de euskera de las notas de ingreso porque a partir del 1 de julio se inician las matriculaciones de la gran mayoría de las universidades españolas.
La polémica de la oleada de ceros en el examen de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en el tribunal 11 de Vizcaya ha saltado al ámbito judicial. El escándalo mayúsculo denunciado por decenas de jóvenes, familiares y profesores con una concentración ante la Universidad pública vasca se dirime ante la Justicia después de que medio centenar de alumnos reclamara la suspensión «cautelarísima» de estos suspensos al advertir de que se garantizó el anonimato de estudiantes y centros en la PAU vasca.
El argumento jurídico utilizado por el despacho de abogados bilbaíno Picaza Asesoría se fundamente en considerar «nulas» las primeras calificaciones -la mayoría ceros- con los que un evaluador penalizó a casi un centenar de alumnos de una decena de colegios concertados de orientación religiosa que han realizado sus estudios en castellano. Alumnos, familiares, docentes y responsables de los colegios afectados consideran que uno de los dos correctores del tribunal 11 les penalizó con la oleada de suspensos. Aunque la Universidad pública vasca ha ocultado estos resultados, los colegios religiosos afectados han cotejado que los alumnos con apellidos entre la A y la I evaluados por uno de los dos correctores obtuvieron unos resultados equivalentes a sus notas en euskera de los dos años de Bachillerato. Sin embargo, aquellos cuyos primeros apellidos se encuentran entre la I y la Z fueron penalizados con una oleada de ceros y de notas bajísimas que provocó movilizaciones y la exigencia de explicaciones a la Universidad dirigida por el rector Joxerramon Bengoetxea.
Según datos aportados por la consejera de Educación Begoña Pedrosa, 168 alumnos en 41 tribunales recibieron un cero en el examen de euskera en la PAU. 80 de esos ceros se pusieron en el tribunal 11 y 79 de ellos fueron del corrector sobre el que caen las sospechas de haber actuado arbitrariamente.
Las demandas ante los tribunales que pueden provocar la eliminación de las notas de euskera se basan en la vulneración de la garantía del anonimato de alumnos y de centros que formalmente se establece en la nueva selectividad. «Nos quieren echar a los que somos de Bilbao y no tenemos el C1 de euskera», advirtió a EL MUNDO Iñigo Ibeas, uno de los afectados por un cero que dio el paso de liderar las protestas públicas de decenas de compañeros penalizados por el examen de euskera. Protestas que obligaron a la consejera de Educación Begoña Pedrosa a exigir una reunión con el rector de la EHU Joxerramon Bengoetxea para aclarar por qué habían sido penalizados con una oleada de ceros el casi centenar de alumnos afectados. Bengoetxea se ha limitado hasta ahora a poner en valor el proceso de revisión que, en el caso del tribunal 11, modificó 65 ceros iniciales por notas inferiores al 2 de tal manera que al realizarse la media aritmética las notas en euskera para decenas de alumnos siguen siendo un lastre para su nota de ingreso en los grados universitarios.
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Las demandas que la Justicia vasca valora hasta el punto de reclamar explicaciones a la Universidad consideran «nulas» tanto las primeras calificaciones como las revisiones. Al cerrarse con ellas la vía administrativa y ante la cercanía del proceso de matriculación, el letrado Iñaki Picaza que representa a los afectados reclamó la suspensión de las notas de euskera y que se facilite el cálculo de la nota de ingreso sin esta penalización.
«Entendemos la preocupación y la frustración del alumnado; ¿cómo no lo vamos a hacer?», reconoció ayer la consejera de Educación Begoña Pedrosa en el Parlamento Vasco. La consejera nacionalista confirmó ante una iniciativa parlamentaria de Amaia Martínez (Vox) que pretende reformar la PAU para garantizar el anonimato de centros y alumnos con la utilización de grandes espacios como los que se utilizan ahora para las ofertas de empleo público. «La PAU ha sido el primer paso para la diáspora vasca», denunció Martínez que denunció la «explosión de ceros» como otro paso para acabar con la educación en castellano en Euskadi.
Acció Cultural, Bromera y otras cuatro entidades valencianas figuran en el registro catalán
Salvador Illa riega con casi 500.000 euros a seis asociaciones valencianas separatistas y las incluye en el ‘Censo de entidades de la lengua catalana’
LGI. gaceta. 28 Junio 2026
La Generalitat de Cataluña ha incluido a seis entidades con sede en la Comunidad Valenciana en el denominado Censo de entidades de fomento de la lengua catalana, un registro que reconoce a más de 400 asociaciones y organizaciones por su «labor de promoción del catalán». Según publica El Debate, entre las entidades valencianas figuran asociaciones culturales, fundaciones y colectivos de las provincias de Valencia, Alicante y Castellón.
Según la relación publicada por el Ejecutivo catalán, una de las entidades reconocidas es Acció Cultural del País Valencià (ACPV). La asociación, con sede en Valencia, recibió el pasado 18 de junio la autorización para percibir una subvención anual de 270.000 euros concedida por la Generalitat de Cataluña, una cantidad que se mantiene de forma recurrente en los últimos ejercicios para el desarrollo de sus actividades.
Otra de las organizaciones incluidas en el censo es la Asociación Cívica por la Lengua El Tempir, con sede en Elche. La entidad, fundada en 1993, señala en su presentación que nació para «contribuir a la recuperación del uso del valenciano tras unas condiciones políticas desfavorables para la lengua durante la dictadura». Asimismo, en su página web afirma que desarrolla su actividad en el «sur del dominio lingüístico de la lengua catalana» y cifra en 240 el número de personas asociadas.
El listado también incorpora a la Fundación Bromera para el Fomento de la Lectura, con sede en Alcira. De acuerdo con los datos de subvenciones públicas, la fundación recibió durante el último año 5.484 euros de la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural de la Generalitat de Cataluña, además de 9.000 euros procedentes del Ministerio de Cultura.
De forma paralela, la Editorial Bromera, jurídicamente diferenciada de la fundación aunque vinculada a ella, obtuvo durante el último ejercicio más de 130.000 euros en ayudas concedidas por la Generalitat de Cataluña, según la información recogida en los registros oficiales de subvenciones.
Entre las entidades reconocidas también figura la Fundación Cultural Jordi de Sant Jordi de la Comunidad Valenciana. Este organismo gestionó entre 2020 y 2023 el medio de comunicación La Veu, función que posteriormente pasó a desempeñar la Fundación La Veu del País Valencià de la Comunidad Valenciana, igualmente incluida en el censo elaborado por la Generalitat catalana.
Según los datos publicados, esta última fundación recibió en diciembre de 2025 una ayuda de 23.887 euros, concedida como «subvención estructural para la edición de medios de comunicación digitales de titularidad privada en catalán».
Completa la relación la asociación Maestrat Viu, con sede en la localidad castellonense de Benassal. La entidad se define como un «colectivo en defensa de la lengua y de la cultura» y recibió en 2025 una subvención municipal de 200 euros destinada a «cubrir gastos de la asociación, así como para actividades para la promoción cultural y del valenciano».
Además, según consta en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas, Maestrat Viu obtuvo en 2022 una ayuda de casi 8.000 euros del Gobierno de Cataluña, además de otra superior a 4.000 euros concedida por la Diputación de Castellón.
Un
centenar de etarras acceden a la semilibertad bajo la gestión del
Gobierno vasco
La AVT y COVITE alertan de un sistema
en el que el Gobierno vasco concede progresiones de grado recurridas
por la Fiscalía y en ocasiones revocadas por los tribunales
Álvaro
Manso. vozpopuli. 28
Junio 2026
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) ha denunciado la concesión de cinco nuevos beneficios penitenciarios a presos de ETA por parte del Gobierno vasco. El colectivo considera que estas decisiones vuelven a evidenciar una política penitenciaria que, a su juicio, está permitiendo el acceso progresivo a la semilibertad de miembros de la organización terrorista sin que concurran los requisitos legales exigidos para ello.
Con estas cinco nuevas resoluciones, el número de presos de ETA que han accedido a situaciones de semilibertad mediante terceros grados o la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario supera ya el centenar desde que el Gobierno vasco asumió la competencia de prisiones en octubre de 2021. Según el recuento realizado por COVITE a partir de los datos oficiales y del Observatorio de Política Penitenciaria elaborado por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), son ya 101 los etarras beneficiados por estas medidas.
En concreto, COVITE denuncia la concesión de dos terceros grados a Asier Arzalluz Goñi y Óscar Celarain, además de la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario a Joanes Larretxea, Gorka Palacios y Arantza Zulueta. El colectivo califica todas estas resoluciones de "fraudulentas" al entender que ninguno de ellos reúne las condiciones que exige la legislación penitenciaria para acceder a estos beneficios.
El caso de Asier Arzalluz: un tercer grado revocado y vuelto a conceder
El ejemplo que, para COVITE, refleja mejor el funcionamiento actual del sistema es el de Asier Arzalluz Goñi. El Gobierno vasco ya le concedió el tercer grado en febrero de este mismo año. La Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrió aquella decisión al considerar que no concurrían los requisitos legales y el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria terminó revocándola. Sin embargo, apenas unos meses después, el Ejecutivo autonómico ha vuelto a otorgarle exactamente el mismo beneficio penitenciario.
Arzalluz cumple una condena de 30 años de prisión por algunos de los delitos más graves cometidos por ETA: terrorismo con resultado de muerte, tentativas de asesinato, estragos, lesiones, detenciones ilegales con finalidad terrorista, tenencia ilícita de armas y depósito de armas de guerra.
Para COVITE, esta nueva decisión demuestra una "voluntad deliberada de seguir forzando la legalidad penitenciaria incluso después de haber sido corregido por los tribunales". Entre los nuevos beneficiados también figura Joanes Larretxea, condenado por participar en el asesinato del empresario Ignacio Uría, uno de los crímenes más recordados de los últimos años de actividad de ETA.
Asimismo, el colectivo considera especialmente significativa la aplicación del artículo 100.2 a Arantza Zulueta, a quien identifica como una figura clave dentro del entramado de ETA encargado durante años de impedir el arrepentimiento y la reinserción individual de los presos de la organización.
Qué supone el artículo 100.2
Buena parte de las críticas de las asociaciones de víctimas se centran en la utilización del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. Esta figura permite flexibilizar el régimen de cumplimiento de un preso clasificado en segundo grado, autorizándole a desarrollar parte de su vida fuera del centro penitenciario mediante un régimen muy similar al del tercer grado sin haber accedido formalmente a él.
La legislación establece que esta medida debe estar individualmente motivada y responder a un programa específico de tratamiento que no pueda desarrollarse dentro de prisión. Sin embargo, COVITE sostiene que el Gobierno vasco la está utilizando como un mecanismo para anticipar situaciones de semilibertad a presos que todavía no cumplen los requisitos exigidos para progresar de grado.
El cambio que supuso la transferencia de prisiones
La controversia se remonta a la transferencia de las competencias penitenciarias al Gobierno vasco, efectiva desde el 1 de octubre de 2021. Hasta esa fecha, las progresiones al tercer grado de los presos de ETA eran acordadas por Instituciones Penitenciarias. Desde entonces, la competencia corresponde a la Administración penitenciaria vasca para todos los internos encarcelados en Euskadi, mientras que la Fiscalía únicamente puede recurrir posteriormente la decisión ante el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria.
Precisamente ese cambio es el que, según las asociaciones de víctimas, ha permitido consolidar una dinámica que se repite con frecuencia: el Gobierno vasco concede un tercer grado, la Fiscalía lo recurre, los tribunales pueden llegar a revocarlo y, meses después, la Administración vuelve a conceder la misma progresión, obligando al Ministerio Público a iniciar nuevamente todo el procedimiento.
COVITE denuncia que este proceso puede repetirse de forma indefinida porque la legislación no impide que una progresión revocada vuelva a ser concedida posteriormente si la Administración penitenciaria así lo decide.
El Observatorio de Política Penitenciaria de la AVT
La denuncia de COVITE encuentra respaldo estadístico en el último Observatorio de Política Penitenciaria publicado por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), actualizado a 31 de mayo. El informe analiza la evolución de la política penitenciaria aplicada a los presos de ETA desde 2018 y describe un proceso desarrollado en cuatro etapas.
La primera consistió en el acercamiento progresivo de los presos a cárceles próximas al País Vasco, como Logroño, Asturias, Zaragoza, Cantabria, Burgos o Soria, acompañado de progresiones a segundo grado y flexibilizaciones del régimen penitenciario. Posteriormente llegaron los traslados a centros penitenciarios situados ya en el País Vasco y Navarra. La tercera fase abrió la puerta a la concesión de terceros grados y, finalmente, la cuarta contempla las libertades condicionales concedidas por el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria.
Según el Observatorio, entre septiembre de 2018 y agosto de 2022 fueron autorizados 263 traslados de presos de ETA a cárceles cercanas o ubicadas en el País Vasco y Navarra. En materia de progresiones de grado, el informe recoge que desde la transferencia de prisiones el Gobierno vasco ha concedido 119 terceros grados.
De ellos:
96 terminaron consolidándose.
23 fueron revocados tras los recursos interpuestos por la Fiscalía.
En varios de esos casos, el Gobierno vasco volvió posteriormente a conceder la misma progresión iniciándose un nuevo procedimiento judicial.
Las cinco nuevas resoluciones conocidas ahora elevan ese balance hasta superar el centenar de presos de ETA que disfrutan actualmente de algún régimen de semilibertad.
Los casos de "Gadafi" y Olarra Guridi
El Observatorio incorpora varios ejemplos que ilustran la polémica generada por estas progresiones. Uno de ellos es Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias "Gadafi", histórico dirigente del comando Vizcaya de ETA, al que se atribuyen más de veinte atentados y quince asesinatos, entre ellos el del niño Fabio Moreno y varios miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Condenado a penas que superan los 1.100 años de prisión (aunque con un máximo efectivo de cumplimiento de 30 años), obtuvo el tercer grado a finales de 2025 tras cumplir las tres cuartas partes de su condena. La decisión fue recurrida tanto por la Fiscalía como por las asociaciones de víctimas.
Otro de los casos recientes es el de Juan Antonio Olarra Guridi, alias "Jon", condenado, entre otros delitos, por ordenar el asesinato del fiscal Luis Portero en Granada en el año 2000. Hace apenas unas semanas, el Gobierno vasco acordó concederle el tercer grado, una decisión que la Fiscalía volvió a recurrir al entender que la evolución positiva del interno en prisión "no es, por sí sola", suficiente para justificar ese beneficio penitenciario.
COVITE denuncia una política de “excarcelación”
Más allá de las cifras, COVITE sostiene que el problema radica en el criterio seguido por el Ejecutivo autonómico. El colectivo denuncia que los terceros grados y las aplicaciones del artículo 100.2 se están concediendo sin exigir un arrepentimiento "real, público y verificable" ni una desvinculación efectiva del entorno de la izquierda abertzale.
Recuerda, además, que la propia Audiencia Nacional ya dejó establecido en 2023, al revocar el tercer grado del etarra Xabier Atristain, que las manifestaciones genéricas de rechazo de la violencia o de reconocimiento del daño causado carecen de valor suficiente si no van acompañadas de "signos inequívocos de desvinculación" del entramado terrorista.
"Se cumple la ley en apariencia, pero se traiciona por completo su espíritu. Por eso hablamos de terceros grados y artículos 100.2 fraudulentos. No existe una verdadera política de reinserción, sino una política de excarcelación de presos de ETA sin exigir el arrepentimiento real que contempla la legislación", sostiene la presidenta de COVITE.
Nueva exigencia de dimisión de María Jesús San José
A la vista de estas nuevas resoluciones, COVITE ha vuelto a reclamar la dimisión de la consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco, María Jesús San José, a quien considera máxima responsable de la política penitenciaria desarrollada desde la transferencia de las competencias.
El colectivo sostiene que las reiteradas revocaciones acordadas por los tribunales deberían haber llevado al Ejecutivo autonómico a modificar sus criterios. Sin embargo, denuncia que la Administración continúa aprobando progresiones de grado que posteriormente son recurridas por la Fiscalía, dando lugar a un procedimiento que puede prolongarse durante meses o incluso repetirse en varias ocasiones respecto de un mismo preso.
Para COVITE, esta dinámica no responde a errores puntuales, sino a una política penitenciaria sostenida. El colectivo sostiene que el Ejecutivo autonómico es plenamente consciente de que muchas de estas resoluciones serán recurridas por la Fiscalía, pero aun así continúa dictándolas y, cuando son anuladas, vuelve a concederlas, perpetuando un sistema que termina beneficiando a los internos.
En consecuencia, COVITE considera que no se trata de actuaciones aisladas, sino de una estrategia que ha convertido las progresiones de grado y las flexibilizaciones del artículo 100.2 en una herramienta para acelerar el acceso de los presos de ETA a la semilibertad, obligando a la Fiscalía a recurrir de forma reiterada las mismas decisiones.
Por ello, la asociación vuelve a exigir la dimisión inmediata de la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, a quien responsabiliza de una política penitenciaria que, lejos de rectificarse tras las sucesivas resoluciones judiciales, continúa aplicándose de forma sistemática.
Euskal Herriko Unibertsitatea, la boina y
los ceros
Carlos
de Urquijo. el debate. 28
Junio 2026
Un acto multitudinario en el que además de música, discursos y entrega de diplomas, la universidad hizo un regalo a cada uno de sus alumnos. Adivinen cuál fue el presente ¿La muceta de su carrera? ¿Un libro de historia? frío, frío ¡¡Una boina!! pero eso sí, cada alumno recibía la chapela con el color de su carrera
La Universidad del País Vasco no para de mejorar, a su complaciente supervisión de los «estudios» de los presos de la banda terrorista ETA, une ahora nuevos despropósitos, eso sí, todos alineados con la endogamia y el separatismo que le caracteriza desde su fundación. Hace poco más de un mes su claustro aprobó por 106 votos a favor y 77 en contra, que su denominación oficial dejara de ser bilingüe para mantener únicamente su nombre en vascuence «Euskal Herriko Unibertsitatea» EHU su acrónimo. Como proscribir el español no les pareció suficientemente progresista, sumaron a esta decisión otras modificaciones en sus estatutos que veremos a continuación.
EHU es a partir de ahora, y no es broma, una universidad «plural y feminista, defensora de la lucha contra la violencia machista, el reconocimiento de las personas no binarias, el respeto al colectivo LGTBIQ+, la defensa del euskera y la exclusión de la industria armamentística y las aplicaciones de uso militar del ámbito de la transferencia del conocimiento». También han tenido un recuerdo para las víctimas del terrorismo y así han modificado el artículo 4.2 de sus estatutos, donde decía que «la UPV contribuirá a la promoción de la convivencia democrática y con el rechazo a todo tipo de terrorismo y de violencia» ahora se suprime la palabra terrorismo para «rechazar cualquier tipo de violencia». Por último, en su artículo 69 donde decía que «establecerá programas específicos para que todas las víctimas de todo tipo de terrorismo reciban ayuda personalizada» ahora borra la referencia al terrorismo para centrarse en «programas específicos para que las víctimas de todo tipo de violencia puedan recibir ayudas». Dada su trayectoria, esta nueva contribución al blanqueamiento del terror no debe extrañarnos.
Esta universidad tan comprometida estatutariamente con «la convivencia democrática» es la misma que ha contratado como profesores a expresos de la banda terrorista con largas condenas, como Julen Zabalo, Joseba Sarrionaindia, o Ainhoa Ozaeta. La misma que cedió un aula en diciembre de 2019 al asesino del comandante Jesús Velasco Zuazola, para dar lecciones sobre derechos humanos y la misma que prestó el año pasado a Sare sus instalaciones para organizar un seminario sobre el sufrimiento de los familiares de los presos.
Volviendo a la actualidad, en el ámbito de la endogamia y la visión aldeana, no puedo dejar de comentar la ceremonia de graduación celebrada el pasado 12 de junio en el estadio de San Mamés. EHU quería hacer algo «a lo grande» y convocó a cerca de sus 4.000 alumnos y sus familiares a una celebración singular. Un acto multitudinario en el que además de música, discursos y entrega de diplomas, la universidad hizo un regalo a cada uno de sus alumnos. Adivinen cuál fue el presente ¿La muceta de su carrera? ¿Un libro de historia? frío, frío ¡¡Una boina!! pero eso sí, cada alumno recibía la chapela con el color de su carrera. No me digan que este regalo no es la metáfora perfecta de en qué ha convertido el nacionalismo lo que debiera ser, citando a Unamuno, el templo de la inteligencia.
La penúltima actuación tiene que ver con la puntuación otorgada en el examen de vascuence en la prueba de acceso a la universidad (PAU) a los alumnos de algunos colegios de Vizcaya y Álava. Varios de ellos matriculados en centros privados concertados que todavía ofertan el modelo A –todas las asignaturas en castellano salvo la de lengua vasca-, han obtenido ¿casualmente? un cero o notas inferior al dos en la prueba de lengua vasca, entre los primeros son 60 los afectados y 40 entre los segundos, cifras absolutamente anormales. Cuando escribo estas líneas han aparecido casos similares en un colegio concertado de Vitoria, que también oferta este modelo, y son ya 1.800 las reclamaciones presentadas por la prueba de vascuence. A la preocupación e indignación de alumnos y padres, que ven peligrar el acceso a la carrera elegida, se une la sospecha de que estas calificaciones estén relacionadas con no ser colegios públicos que además se han atrevido a mantener el modelo A en vez de apostar por la inmersión lingüística, tan del gusto del nacionalismo y de la EHU.
No es de extrañar que con episodios como los relatados, la universidad pública vasca no se encuentre entre las diez primeras de España en ninguna de las clasificaciones más prestigiosas, como la elaborada por la Fundación Conocimiento y Desarrollo o la de Forbes. Lástima que el rector de esta universidad esté más preocupado, como hizo en febrero, por clausurar la actividad en el campus de Álava por una protesta de Vox ante las amenazas a políticos no nacionalistas, que por la decadencia de una institución que, colonizada por el separatismo, va cuesta abajo y sin frenos desde su fundación hace cuarenta y seis años.
Carlos de Urquijo fue delegado del gobierno en el País Vasco
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