Recortes de Prensa Jueves 16 Julio 2026
Guerra de
Ucrania – Día 1603. Jul 15, 2026
admin.
https://www.guerradeucrania.com. 16 Julio 2026
La jornada 1603º de guerra en Ucrania ha confirmado la destitución de Mykhailo Fedorov como ministro de Defensa de Ucrania. Una decisión de Zelenski que es consecuencia del choque entre el joven y reformista Fedorov y una cúpula militar anclada en sus propias dinámicas y reacia a ciertos cambios como los que intentaba impulsar el ministro saliente. Además de esto, a lo largo de la jornada Rusia ha lanzado un nuevo ataque masivo con drones y misiles contra Kiev, Odesa, Járkov o Zaporiyia que ha dejado decenas de muertos y heridos y grave destrucción material. Los ucranianos, por su parte, han seguido atacando objetivos en las regiones ocupadas, en el Mar de Azov y esta vez también en la base aérea de Engelsk-2, donde Rusia despliega bombarderos estratégicos Tu-22M3. Más allá de esto, la jornada nos ha dejado noticias relativas al fracaso de la UE a la hora de cerrar el próximo paquete de sanciones contra Rusia. También a la celebración en Kiev de donde la quinta Cumbre Ucrania-Europa Sudoriental, coincidiendo con la celebración del Día del Estado ucraniano y tras la cual los participantes han suscrito la «Declaración de Kiev», en la que sostienen, entre otros, que no puede alcanzarse una paz duradera en Europa sin una Ucrania soberana e independiente, a la vez que condenan la invasión rusa y reclaman a Moscú que ponga fin a la guerra y acepte un alto el fuego completo.
La última jornada ha estado protagonizada por las cuitas internas de la política ucraniana (que en ocasiones son más importantes que la propia guerra) anunciándose el cese del ministro de Defensa, Mykhailo Fedorov, después de tan solo medio año en el cargo y constatando de paso que siempre fue un outsider útil, pero ajeno a la realidad de política nacional. Una noticia poco sorprendente en algunos sentidos (pese a su gran desempeño) y que responde al choque constante entre el joven ministro y un estamento militar, liderado por un sobrevalorado Syrskyi, que sigue anclado -en el caso de la alta oficialidad- a prácticas de otra época.
Esta ha sido la mayor crítica que se ha hecho a Zelenski desde distintos ámbitos (a la espera de lo que diga el pueblo, que ya se ha organizado para manifestarse en algunos puntos de Ucrania). Un presidente que no convoca elecciones; que sigue actuando bajo la sombra de Yermak (por más que este haya salido oficialmente de la vida política pública) y que; habría reconocido que deben acometerse cambios en la cúpula militar, aunque no ha tenido el valor de hacerlos, optando por sacrificar a una de sus piezas más valiosas dentro de este particular tablero.
Como quiera que el tema es relevante, vamos a intentar explicarlo con cierto detalle, aunque eso nos aparte del repaso de una jornada que ha sido intensa, al menos en lo referente a la guerra de salvas. Fedorov, como sabemos, fue nombrado como ministro de defensa en sustitución de Shmyhal el 14 de enero de 2026. Ha abandonado el cargo apenas seis meses después, en el contexto de la dimisión de la primera ministra, Yulia Svyrydenko, que provocó jurídicamente la caída de todo el gabinete. Esto no implicaba necesariamente la salida de Fedorov, pero finalmente se confirmó la negativa de Zelenski a volver a proponerlo para Defensa. El propio ministro confirmó su marcha hace unas horas, presentando un balance de su gestión en redes sociales, todo ello cuando ya se especulaba con que el presidente se disponía a promover al ministro del Interior, Ihor Klimenko, como su sustituto.
<p>La explicación oficial ha sido escasa, por no decir nula. Zelenski había defendido la necesidad de “renovar” el Ejecutivo, aunque lo cierto es que nadie parecía tener demasiadas quejas con la gestión de Svyrydenko. La decisión de Zelenski, de hecho, ha provocado críticas incluso entre los diputados del partido gobernante Servidor del Pueblo. Por ejemplo, Reuters recogió que parlamentarios, militares y especialistas temían que la decisión dañase el esfuerzo bélico y paralizase importantes reformas todavía en curso. El medio estadounidense Financial Times fue todavía más lejos al calificar la remodelación iniciada por Zelenski de contraproducente y advertir de que la sustitución de un ministro reformista por razones poco transparentes podía reforzar la percepción de que la lealtad política pesa más que la eficacia. Todo ello en un momento además en el que los problemas de corrupción del país siguen siendo parte clave de la agenda política y mediática.
Todo lo cual obliga a pensar que en la salida de Fedorov (el caso de Svyrydenko es diferente pues ya explicamos que estaría intentando evitar “quemar” su propia carrera política) responde al conflicto entre el hasta ahora ministro y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el general Oleksandr Sirskyi. Por supuesto, durante este tiempo ambos han negado públicamente la existencia de una ruptura personal, aunque sí reconocieron desacuerdos sobre competencias y decisiones. Fuentes citadas por Hromadske sostienen que Zelenski habló ante sus diputados de un “conflicto sistémico” y de “visiones diferentes de la guerra”. Uno de los puntos de fricción habría sido la compra de municiones: el ya exministro pretendía decidir los contratos con base en un sistema de auditorías, precios y resultados, mientras el Estado Mayor reclamaba que las adquisiciones siguieran sus requerimientos, con todo lo que ello podría implicar en términos de “mordidas”, por ejemplo. Sin embargo hay más, y es que no parece que Fedorov fuese muy proclive a un sistema que utiliza el secuestro en muchos casos para reclutar, en el que la tortura contra los propios integrantes es una práctica demasiado habitual (incluso aunque hablásemos de unas docenas de casos, si bien son más) o que no deja de crear nuevas unidades en lugar de reconstituir las que tienen ya una buena experiencia y saber hacer, siguiendo la práctica habitual en la URSS.
No hay que olvidar, a propósito de lo anterior, que Fedorov llegó al Ministerio de Defensa con la cultura propia de una empresa tecnológica: datos, auditorías, objetivos cuantificables, digitalización y competencia entre proveedores. Según una reconstrucción de The New Voice of Ukraine basada en una investigación de The Economist, sus auditorías detectaron alrededor de 300.000 millones de grivnas en gastos excesivos; además, la apertura de licitaciones habría reducido en un 16% el coste previsto de los proyectiles de 155 milímetros. Por otra parte, Fedorov también impulsó contratos con duración definida, salarios vinculados al riesgo, transferencias de personal más flexibles y sistemas digitales destinados a medir el tiempo real pasado en primera línea y la calidad del apoyo logístico. La organización anticorrupción NAKO consideró que se trataba de una transformación profunda, aunque señaló riesgos, problemas de supervisión y cuestiones pendientes sobre la duración del servicio.
Por supuesto -y no es la primera vez, recordemos lo ocurrido en tiempos de Kennedy-, todos estos cambios tenían sus propios puntos flacos. Fedorov carecía de experiencia militar, sus reformas de personal comenzaron tarde y algunos oficiales criticaban su inclinación a “gamificar” la guerra o a confiar demasiado en drones, métricas y soluciones tecnológicas; en cuantificarlo todo, vaya. Él mismo reconoció que no había conseguido trasladar todas las compras a concursos abiertos, completar la reorganización del ministerio conforme a los estándares de la OTAN ni, tampoco, crear una verdadera cultura de la responsabilidad dentro de las Fuerzas Armadas. Pero precisamente son todas esas tareas pendientes las que mejor explican la gravedad de su salida. Y es que Fedorov no ha sido apartado después de culminar una transformación fallida, sino cuando empezaba a atacar intereses, rutinas y centros de poder consolidados; unas inercias feroces que no encontramos sólo en Ucrania, por cierto.
El problema de fondo no es únicamente tecnológico, ni tiene que ver con que Fedorov sea una suerte de McNamara reencarnado. Ucrania ha demostrado una extraordinaria capacidad de innovación táctica, pero parte de sus Fuerzas Armadas continúa condicionada por prácticas heredadas del modelo soviético: mando excesivamente vertical, burocracia omnipresente (incluyendo corrupción sistémica), castigo de la iniciativa, promoción de la obediencia y una responsabilidad difusa por las decisiones. Un análisis del Center for European Policy Analysis documentó hace alrededor de un año la reaparición de esos hábitos y advirtió de que las órdenes rígidas y la ausencia de rendición de cuentas pueden traducirse en misiones irrealistas y bajas innecesarias.
La tecnología, obviamente, no puede corregir por sí misma las dinámicas de dicha cultura institucional. Como explicaba el general retirado Nick Carter en War on the Rocks, una revolución militar exige integrar tecnología, doctrina, diseño de fuerza, entrenamiento, logística y mando descentralizado. Es más, cualquier cambio real necesita de todavía más ingredientes, incluyendo verdadera voluntad política (tema sobre el que hemos escrito ampliamente). Fedorov representaba, con todos sus defectos, un intento de conectar esos elementos mediante un sistema basado en incentivos, transparencia y evaluación de resultados. Su enfrentamiento con los generales era (y seguirá siendo, pues posiblemente siga dentro del Gobierno de una forma u otra), por tanto, la expresión de una disputa mayor entre una organización en la que conviven dos caras: la que aprende y la que protege jerarquías y procedimientos.
Dicho esto, el posible nombramiento de Ihor Klimenko apunta en la dirección contraria al cambio. Antiguo jefe de la Policía Nacional y ministro del Interior desde 2023, Klimenko posee experiencia administrativa, controla estructuras armadas importantes y puede resultar útil para afrontar la movilización y el funcionamiento de las oficinas de reclutamiento, que es algo de lo que más se ha criticado a Fedorov. No obstante, no existe en su trayectoria pública un proyecto comparable de reforma de las Fuerzas Armadas, transformación de las adquisiciones o innovación militar. Su perfil es, a priori, el de un gestor disciplinado que ha vivido en, por y para el aparato de seguridad, no el de un reformador dispuesto a enfrentarse a la cúpula castrense… o a Zelenski.
Es, en muchos sentidos, un inmovilista. Lo que hace pensar que Zelenski no lo propone precisamente para acelerar la revolución iniciada por Fedorov, sino para reducir las fricciones con los militares, recuperar el control sobre la movilización y estabilizar el sistema. Las reacciones recogidas por algunos diarios reflejan precisamente el temor a que un responsable procedente de la policía actúe como figura obediente y conservadora, dejando intactas las estructuras que bloquearon las reformas iniciadas por el ministro saliente.
La consecuencia probable de todo esto es la perpetuación de problemas bien conocidos: compras opacas o poco competitivas, fragmentación de responsabilidades, micromanagement (recordemos a ese Syrskyi tomando decisiones tácticas a nivel de unidades muy pequeñas), la rigidez en la gestión del personal y la resistencia a premiar la iniciativa. Algo tanto más sangrante ahora, ya que ocurre en un momento en el que las dinámicas ucranianas son bastante positivas, después de dos años bastante aciagos. Y es cierto que Ucrania necesita un equilibrio entre mantener el frente y reconstruir su institución militar, pero apartar del Ministerio de Defensa a la persona que trataba de hacerlo, sin presentar una alternativa reformista equivalente, implica se quiera o no el conceder una victoria a quienes consideran que sobrevivir dentro de la organización es más importante que cambiarla para vencer. Y no vale con decir que ante la más que probable movilización rusa en otoño, lo que Ucrania necesita sea un “cirujano de hierro” capaz de reclutar por la fuerza, pues Ucrania no ha llegado a donde ha llegado precisamente por quemar vidas (batallas como la de Bajmut se cuentan entre sus mayores errores), sino gracias a su inventiva y dinamismo aplicados a la drónica, la IA o el big data, entre otros.
Mientras se producían estas disputas políticas en Ucrania, Rusia ha lanzado un nuevo ataque masivo con drones y misiles, centrándose en partes de Ucrania como su capital, Kiev. A lo largo de las últimas horas, se ha registrado el lanzamiento de al menos una decena de misiles contra esta ciudad. Se han reportado daños en distritos como los de Svyatoshynskyi y Darnytskyi y al menos un gran incendio en el centro urbano, además de varias explosiones. Por el momento hay al menos media docena de heridos y dos fallecidos.
Más allá de Kiev, los ataques rusos han afectado también a otras localidades importantes como Odesa, el objetivo predilecto de Rusia durante la última semana. Allí, se han registrado también explosiones (incluyendo una en la terminal de exportación de granos del puerto de Chornomorsk y otra en tanques de combustible en el puerto de Yuzhnyi) y al menos tres personas han fallecido y ocho han sufrido heridas en las últimas 24 horas. Además, otro buque ha resultado dañado por los drones rusos.
La región de Dnipropetrovsk también ha sido objeto de los ataques rusos, sumando nueve heridos en diversos ataques, además de un fallecido. Además, en Zaporiyia han sido también varias las explosiones e impactos, contabilizándose quince heridos y tres fallecidos en un ataque combinado con drones de largo alcance, pero también con bombas planeadoras y FPVs. Una situación análoga a la de Járkov, ciudad cercana al frente y por ello al alcance de diversos vectores más allá de los Shahed/Geran. Los heridos ascenderían a cinco.
Precisamente, las bombas planeadoras, la artillería de campaña y los drones FPV han dejado diversos daños materiales y humanos repartidos por buena parte de Ucrania. Por ejemplo, una persona murió y siete más sufrieron heridas en un bombardeo en la región de Donetsk. En la región norteña de Járkov, sumado a lo ya dicho, tenemos que dos personas resultaron muertas y hasta dieciséis heridas en diversos ataques. En Sumy, por su parte, tres civiles perdieron la vida y siete más sufrieron daños personales tras varios ataques con bombas planeadoras. Además de todo esto, cinco civiles sufrieron heridas tras un ataque con dron en Kramatorsk y una persona más resultó también herida como consecuencia de otro ataque con dron en una gasolinera en la comunidad territorial de Malyn, en la región de Zhytomyr Por último, otro civil resultó herido en Jersón, tras otro ataque con drones tácticos y veinticinco más sufrieron heridas tras un bombardeo ruso.
Como quiera que los ucranianos tampoco cesan en su campaña contra objetivos tanto en Rusia como en las regiones ocupadas, tenemos durante la jornada noticias de una fuerte explosión en la región de Lugansk, controlada por Rusia. Del mismo modo, se han registrado explosiones en la ciudad de Melitópol, en la parte de Zaporiyia bajo control ruso. Además, en Crimea, concretamente en Simferopol, han vuelto a producirse también explosiones. Todo mientras siguen con su campaña de bloqueo del Mar de Azov, muy efectiva, a través de la operación “MoLoChKa”.
Los ucranianos, además de esto, han logrado alcanzar la base aérea de Engelsk-2, en la que en el momento del ataque se encontrarían hasta cuatro bombarderos estratégicos Tu-22M3 estacionados, si bien no parecen haber sido el objetivo principal de una acción de la que todavía estamos a la espera de conocer sus consecuencias. En el ataque han sido empleadas copias ucranianas de los drones Shahed, un modelo originalmente iraní que ya ha sido adaptado no sólo por Rusia sino por Estados Unidos, la propia Ucrania y varios países más.
Sobre el frente, mientras se habla sobre cómo pese a los éxitos ucranianos en algunos puntos del frente, la situación en dirección a Sloviansk y Kramatorsk sigue degradándose, la jornada nos ha dejado nuevamente pocas noticias. Una destacada, eso sí, ha sido el derribo de un Mi-28 ruso por parte de un dron FPV ucraniano, publicándose la secuencia completa de la acción, hasta el impacto del dron contra el helicóptero.
Dicho esto, a diferencia de otras jornadas hay noticias del interior de Kupiansk, en donde se ha registrado recientemente una infiltración rusa hasta la calle Travnia, al norte del casco urbano.
En Myrhorad/Pokrovsk, al norte del sector, las tropas rusas han seguido presionando las defensas ucranianas en Bilytske, Dorozhnie o Shevchenko, con la vista puesta como sabemos en Dobropillia.
En el recodo del Vovcha, más fuentes vuelven a hablar sobre los recientes avances de las AFU al sur y este de Piddubne, si bien la información tangible sigue siendo escasísima, a pesar del optimismo de algunas interpretaciones.
Al sur del frente, en dirección a Orijiv, algunos analistas, basándose en DeepState como hacen habitualmente, recogen los últimos contraataques de las AFU en Mala Tomachka y hacia Bilohiria.
Contexto internacional, diplomacia y sanciones
Comenzamos el repaso de la jornada internacional en Kiev, donde ha tenido lugar la quinta Cumbre Ucrania-Europa Sudoriental, coincidiendo con la celebración del Día del Estado ucraniano. En el encuentro han tomado parte los presidentes de Ucrania, Albania, Moldavia, Rumanía y Serbia, el presidente de Grecia por videoconferencia, los primeros ministros de Croacia y Eslovenia, representantes de Bulgaria, Macedonia del Norte y Montenegro, pero también la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Los participantes -con la excepción de Serbia, lo que no sorprende a estas alturas- han suscrito la Declaración de Kiev ligada a la Cumbre, en la que se afirma que la seguridad de Ucrania, de la región del mar Negro y de Europa Sudoriental se encuentran estrechamente relacionadas. El documento sostiene que no puede alcanzarse una paz duradera en Europa sin una Ucrania soberana e independiente, condena la invasión rusa y reclama a Moscú que ponga fin a la guerra y acepte un alto el fuego completo.
La Declaración establece también que ninguna decisión relativa a Ucrania podrá adoptarse sin la participación del Gobierno ucraniano y que la retirada completa, incondicional y verificable de todas las fuerzas y equipos militares rusos del territorio ucraniano continúa siendo una condición necesaria para alcanzar una paz justa y duradera. Los firmantes han reiterado igualmente su apoyo a la independencia, soberanía e integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas, incluido su mar territorial, y han rechazado el reconocimiento de cualquier modificación territorial obtenida mediante el uso de la fuerza.
En lo relativo a la seguridad de Ucrania, los participantes han respaldado el derecho del país a elegir libremente sus alianzas y acuerdos de seguridad, así como sus aspiraciones euroatlánticas. De este modo, el texto mantiene el apoyo al futuro ingreso de Ucrania en la OTAN “una vez que los Aliados estén de acuerdo y se cumplan las condiciones”, al tiempo que expresa la disposición de los firmantes a aumentar su participación en la Coalición de Voluntarios y a contribuir a la concesión de garantías de seguridad sólidas y jurídicamente vinculantes.
En cuanto a la ayuda, los signatarios han destacado el fortalecimiento de la defensa aérea como una de las principales prioridades y han manifestado su disposición a continuar proporcionando asistencia política, militar, financiera y humanitaria a Ucrania.
Pasando a las sanciones, los firmantes han reclamado un aumento de la presión sobre Rusia y sobre su economía de guerra, así como una aplicación más efectiva de las medidas ya aprobadas. La declaración pide actuar contra la denominada «flota fantasma» empleada por Moscú para transportar petróleo, reforzar la cooperación internacional para impedir la elusión de las restricciones y adoptar medidas contra las entidades de terceros países que proporcionen apoyo político, militar, tecnológico o financiero a Rusia.
El documento reclama asimismo el regreso inmediato de los ciudadanos ucranianos deportados o trasladados por la fuerza, especialmente los menores, así como la liberación de los civiles detenidos ilegalmente y de los prisioneros de guerra. También reitera el apoyo al Tribunal Especial para el Crimen de Agresión contra Ucrania y a los restantes mecanismos internacionales destinados a exigir responsabilidades por los crímenes cometidos durante la guerra.
Por otro lado, en materia de seguridad energética y marítima, los participantes han abordado la protección de las infraestructuras críticas y de la navegación en el mar Negro, además de las amenazas híbridas, los ciberataques y las campañas de desinformación. Así, la declaración condena también la ocupación rusa de la central nuclear de Zaporiyia, solicita la retirada de las fuerzas y del personal no autorizado desplegado en sus instalaciones y reclama su devolución al control ucraniano.
Serbia, pese a participar en la reunión, siendo la primera visita de un dirigente serbio a Kiev en más de una década y la segunda visita de Vučić a Ucrania tras su participación en la anterior cumbre del formato, celebrada en Odesa, como decíamos anteriormente, el país no se ha sumado a la declaración. Según ha explicado el presidente Aleksandar Vučić, Belgrado no podía respaldar los apartados que reclaman mantener el apoyo político, militar, financiero y de seguridad a Ucrania y aumentar la presión sobre Rusia. Esto no es una sorpresa pues Serbia continúa sin adherirse a las sanciones occidentales contra Moscú y sin inclinarse más hacia la UE y Ucrania, aunque reconoce la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas y respalda su candidatura para ingresar en la Unión Europea. Vučić ha anunciado, no obstante, que Serbia proporcionará nueva asistencia humanitaria, financiera, médica y energética a Ucrania y que colaborará en la reconstrucción de una localidad todavía por determinar.
A colación, el portavoz del Kremlin Dmitri Peskov ha asegurado que Rusia no ha enviado ningún mensaje a Zelenski a través del presidente serbio y que Serbia no está actuando actualmente como mediadora entre Moscú y Kiev.
Al finalizar la cumbre, Zelenski ha mantenido seis encuentros bilaterales con los presidentes de Moldova, Rumanía, Serbia y Albania y con los primeros ministros de Croacia y Eslovenia. En particular y como suele ser lo propio, las reuniones han estado dedicadas a las relaciones bilaterales, los proyectos de cooperación y la agenda internacional. Los dirigentes extranjeros han visitado además el monasterio de las Cuevas de Kiev, que resultó dañado durante un ataque ruso en junio.
Asimismo, Zelenski se ha reunido con Ursula von der Leyen, con quien ha firmado una carta de intenciones para establecer una Asociación Industrial Estratégica de Defensa entre Ucrania y la Comisión Europea. Más concretamente, este documento constituye el primer paso hacia el denominado “Drone Deal” entre Ucrania y la Unión Europea, destinado a ampliar la cooperación y la producción conjunta de sistemas no tripulados.
Al respecto, el propio Zelenski ha señalado que se trata del primer documento que establece las bases de la futura asociación industrial en materia de drones entre Ucrania y las instituciones europeas. Por su parte, Von der Leyen ha celebrado el acuerdo y anunciado que la Comisión ha desembolsado 1.000 millones de euros para la producción de drones dentro del préstamo europeo de 90.000 millones de euros para Ucrania, lo que supone el segundo pago del primer tramo de 6.000 millones de euros.
Durante su encuentro, Zelenski y Von der Leyen han abordado también la apertura de los cuatro bloques restantes de las negociaciones de adhesión de Ucrania a la Unión Europea, la aprobación del vigesimoprimer paquete de sanciones contra Rusia y los preparativos del sistema energético ucraniano para el próximo invierno. La presidenta de la Comisión Europea ha reiterado el apoyo de Bruselas a la apertura de los capítulos pendientes y al fortalecimiento de las infraestructuras energéticas del país.
Cambiando de tercio y en relación con la defensa aérea, un alto funcionario ucraniano citado por The Kyiv Independent ha afirmado que Washington ha iniciado el procedimiento para conceder a Ucrania las licencias necesarias para fabricar misiles destinados a los sistemas Patriot. Según esta fuente, Lockheed Martin respalda la concesión de las licencias y Zelenski espera que el equipo ucraniano disponga antes de que finalice 2026 de la capacidad técnica necesaria para comenzar a producir los interceptores estadounidenses.
Pasamos ahora a Bruselas, donde los embajadores de los Veintisiete no han logrado alcanzar un acuerdo sobre el vigesimoprimer paquete de sanciones contra Rusia. Según Reuters, las negociaciones han sido aplazadas hasta el 23 de julio, fecha hasta la que la Unión Europea mantendrá el límite aplicado al precio del petróleo ruso en 44,10 dólares por barril. A modo de recordatorio, La propuesta europea incluye nuevas medidas contra bancos rusos, redes de criptomonedas, compañías relacionadas con la fabricación de drones, comerciantes de petróleo y refinerías. Sin embargo, continúan existiendo desacuerdos (y fricciones) en torno a las restricciones aplicables al gas natural licuado ruso y a su comercialización hacia terceros países. De hecho, Grecia se ha opuesto a impedir que puertos y empresas europeas participen en operaciones de comercialización o transbordo de gas natural licuado ruso destinado a países no pertenecientes a la Unión Europea. De este modo, Atenas considera que estas restricciones podrían perjudicar a su sector marítimo y trasladar las operaciones hacia puertos del norte de África o de Oriente Próximo. Además, Austria tiene reservas en el ámbito financiero. Por otro lado, Bulgaria ha planteado objeciones a la inclusión del patriarca Cirilo, cabeza de la Iglesia ortodoxa rusa, en la lista europea de sancionados; objeciones a las que posteriormente se ha sumado Italia. Finalmente, el Patriarca ha sido removido de la lista de sanciones.
Pese al aplazamiento, Ursula von der Leyen ha expresado su confianza en que los Estados miembros alcancen un acuerdo, mientras que Zelenski ha pedido a los gobiernos europeos que superen la “fatiga” relacionada con la aprobación sucesiva de paquetes de sanciones. Así afirmaba que “Debemos ser muy persistentes y recordar que no solo los líderes de la UE están cansados de adoptar sanciones”, ya que “Rusia se está cansando de cada uno de estos paquetes. Su economía se está cansando”.
Mientras tanto en Estados Unidos y tras la muerte del senador Lindsey Graham, senadores republicanos y demócratas han continuado trabajando en una versión revisada del proyecto de ley destinado a incrementar la presión económica sobre Rusia. En particular, esta nueva versión de la ley permitiría al presidente Trump imponer aranceles de hasta el 100% a las mercancías procedentes de los cinco principales compradores de petróleo y gas rusos, frente al máximo del 500% contemplado en un borrador anterior. Entrando en detalle,
Entre los principales compradores de petróleo ruso identificados en la propuesta figuran China, India, Eslovaquia, Hungría y Azerbaiyán, mientras que China, Francia, Japón, Hungría y Bélgica aparecen entre los principales importadores de gas. El proyecto incluye excepciones para los países que importen menos del 15% del gas exportado por Rusia y adopten medidas para reducir esas compras. Varios legisladores han expresado, no obstante, sus reservas por la amplitud de las facultades comerciales que se concederían al presidente y por la ausencia de mecanismos suficientes de control por parte del Congreso.
Moviéndonos hasta Moscú, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha afirmado que Moscú está examinando las iniciativas estadounidenses relacionadas con nuevas sanciones, así como que Rusia recibe señales a través de los canales de comunicación existentes de que EE. UU. podría retomar sus labores de mediación sobre Ucrania cuando disminuya su atención sobre la situación en Irán y el golfo Pérsico.
Por otro lado, Rusia ha reiterado su oposición al posible despliegue en Ucrania de una fuerza multinacional organizada por la Coalición de Voluntarios una vez finalicen las hostilidades. A este respecto, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, ha declarado que Moscú consideraría dicho despliegue como una intervención extranjera, “inaceptable” y una amenaza directa para la seguridad rusa y que las unidades desplegadas serían tratadas como objetivos militares legítimos. Zajárova ha afirmado igualmente que el cese de los suministros occidentales de armamento a Ucrania constituye, desde la perspectiva de Moscú, una condición necesaria para avanzar hacia la resolución del conflicto. De este modo, describe las entregas como uno de los principales obstáculos para alcanzar un acuerdo.
Volviendo sobre Bruselas, los países de la UE han acordado prolongar hasta el 4 de marzo de 2028 el régimen de protección temporal concedido a los ciudadanos ucranianos que han abandonado su país como consecuencia de la guerra. Sin embargo, los representantes europeos han acordado que la protección temporal no se concederá a nuevos solicitantes que incumplan sus obligaciones militares en Ucrania. Por otro lado, la decisión no supone la expulsión automática de los ciudadanos ucranianos en edad militar que ya se encuentran acogidos al régimen europeo.
Para concluir, el director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Mariano Grossi, ha condenado la muerte de Alexander Yakovlev, ingeniero jefe de la central nuclear de Zaporiyia, como consecuencia de un ataque con drones. Según Grossi, esto supone “un ataque inaceptable contra la planta y su administración, que amenaza gravemente la seguridad nuclear”, añadiendo que “El OIEA exige el cese inmediato de todos los ataques contra o cerca de las instalaciones nucleares, así como de su personal”.
Desde Rusia, calificaban la muerte del ingeniero, así como del conductor del vehículo en el que viajaba como “otro crimen atroz” en un comunicado publicado por el Ministerio de Exteriores. Además, atribuyen la responsabilidad a Ucrania afirmando que esto es “un nuevo intento de amenazar el funcionamiento seguro de la central nuclear de Zaporiyia e intimidar a su personal”, al tiempo que destacan que “el peligro extremo que supone la presencia de fuerzas armadas ucranianas cerca de la central nuclear de Zaporiyia es ahora más evidente que nunca”.
¿Por
qué ha vuelto la guerra a Ormuz?: una ambigua cláusula del acuerdo
entre Estados Unidos e Irán lo explica
La frágil
tregua pactada el pasado mes de junio entre Washington y Teherán ha
saltado por los aires y ambos países vuelven a protagonizar cruces
de ataques diarios
Andrea Polidura. El Debate. 16
Julio 2026
La guerra ha vuelto a Oriente Medio. El estrecho de Ormuz, esa lengua de mar de apenas 38 kilómetros de ancho en su punto más angosto, vuelve a ser el campo de batalla entre Estados Unidos e Irán. A principios de julio, y a pesar de la tregua que imperaba entre los dos grandes enemigos desde mediados de junio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio por terminado el alto el fuego durante la cumbre de la OTAN en Ankara tras varios ataques iraníes contra buques mercantes que trataban de cruzar Ormuz.
Desde entonces, el Ejército estadounidense ha atacado Irán prácticamente cada día. La ofensiva está dirigida contra instalaciones militares en la costa cercana a Ormuz. Durante los bombardeos de la semana pasada, el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó haber alcanzado más de 170 objetivos militares iraníes. Así, durante los últimos cuatro días de ataques consecutivos, la aviación norteamericana ha atacado otros 140 emplazamientos. Además, Trump anunció este lunes que restablecía el bloqueo naval a todos los puertos iraníes.
La República Islámica ha respondido atacando las bases militares estadounidenses en los países del golfo Pérsico y, como consecuencia directa de la reanudación del conflicto, el tráfico de buques por el estrecho de Ormuz –vía por la que transitaba el 20 % del crudo y el gas mundiales antes de la guerra– se ha paralizado casi por completo. Altos funcionarios estadounidenses han filtrado a los medios que esta nueva campaña militar busca obligar al régimen iraní a aceptar el libre paso de los barcos y sentarlo de nuevo en la mesa de negociación para retomar las conversaciones nucleares, un capítulo que se dejó fuera del memorando de entendimiento (MoU) firmado entre Washington y Teherán el pasado mes de junio.
Este documento aseguraba, al menos sobre el papel, un cese de hostilidades hasta el próximo 17 de agosto. Sin embargo, ha sido precisamente una cláusula bastante ambigua de este memorando de 14 puntos la que ha desencadenado este nuevo cruce de ataques, siendo Ormuz el detonante. El punto de la discordia es, concretamente, el número cinco, que estipula lo siguiente: «Tras la firma de este memorando de entendimiento, la República Islámica de Irán tomará las medidas necesarias, haciendo todo lo posible, para garantizar el paso seguro y gratuito de los buques mercantes durante un periodo de 60 días, exclusivamente desde el golfo Pérsico hasta el mar de Omán, y viceversa».
El acuerdo continúa diciendo que «la República Islámica de Irán entablará un diálogo con el Sultanato de Omán para definir la futura gestión y los servicios marítimos en el estrecho de Ormuz, en colaboración con otros Estados ribereños del golfo Pérsico, de conformidad con el Derecho internacional aplicable y los derechos soberanos de los Estados ribereños del estrecho de Ormuz». En un primer momento parece que la situación sobre esta estratégica vía marítima queda clara, pero la ambigüedad reside exactamente en la frase que dice «la República Islámica de Irán tomará las medidas necesarias, haciendo todo lo posible, para garantizar el paso seguro» de los buques mercantes.
Con esta cláusula, el régimen iraní quería reservarse el derecho de gestionar el tráfico en Ormuz, una lectura que no comparte Estados Unidos, que ha abierto un camino alternativo junto a Omán, el otro Estado ribereño, y que se conoce como la ruta sur. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI), el Ejército paralelo de la República Islámica, considera que Washington ha incumplido con esto su parte del trato y ha atacado a los barcos que cruzaban por la vía estadounidense. Irán, además, sigue insistiendo en que, pasados esos 60 días, impondrá un peaje en Ormuz, que ahora esconde bajo la cortina de humo de pagos por «servicios de seguridad». A la teocracia islamista le basta simplemente con causar suficientes daños y proferir suficientes amenazas para asustar a las compañías navieras y a las aseguradoras y paralizar así el tráfico.
Las idas y venidas de Trump tampoco ayudan a generar confianza. El mandatario estadounidense amenazó el lunes con imponer su propio impuesto del 20 % sobre el valor de la mercancía de cada buque. Tan solo 24 horas después, dio marcha atrás al afirmar que «reemplazaría» esos aranceles por «varios» acuerdos económicos con los países del golfo Pérsico. Esta volátil situación ha provocado, de nuevo, una subida del precio del barril de Brent y caídas en los mercados. Estados Unidos se ha limitado a atacar puertos e instalaciones militares o logísticas de las islas o de la costa iraní cercana al estrecho. Washington ha dejado fuera de su renovada campaña militar, por el momento, la capital, Teherán, así como las instalaciones petroleras y gasísticas.
Y se encendió también el Mar Rojo
La
guerra se reabre más allá de Ormuz: Arabia Saudí convence a Trump
y ajusta cuentas pendientes con los hutíes
M.
Redondo; A. A. EC. 16 Julio 2026
Las treguas caen con un efecto dominó. Días después del retorno de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán tras la firma del acuerdo de paz preliminar, ha sido el turno de Yemen.
Han sido varios años de tregua, hasta que los hutíes de Yemen lanzaron este lunes misiles y drones contra el Aeropuerto Internacional de Abha, en Arabia Saudí. Fue una respuesta a un ataque aéreo que atribuyeron a Riad contra el Aeropuerto Internacional de Saná ese mismo día. Hasta nuevo aviso, el aeropuerto está bajo un bloqueo que “debe tomarse en serio”, según las autoridades militares de la milicia.
El gobierno de Yemen reconocido internacionalmente y apoyado por Arabia Saudí, señaló previamente que los ataques sobre el aeropuerto de Saná tenían como objetivo impedir el aterrizaje de un avión iraní. Según informes locales, transportaba a hutíes que regresaban del funeral del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, quien fue abatido al inicio de la ofensiva contra Irán. Un funcionario estadounidense afirmó que el avión transportaba armas, piezas de misiles y expertos militares para los hutíes, pero no se han difundido más detalles. Finalmente, el avión fue desviado al Aeropuerto de Hodeida, controlado por la milicia.
Las hostilidades de esta semana han acabado con la llamada “fase de desescalada”, que se refiere al acuerdo firmado entre el grupo y el gobierno de Adén, alineado con Arabia Saudí, en julio de 2024. Y tiene lugar, además, en el nuevo intercambio de hostilidades entre Washington y Teherán con el que han roto la tregua iniciada con la firma del “memorando de entendimiento”.
En el caso yemení, la escalada habría contado con el apoyo de Donald Trump. Según el medio estadounidense el presidente estadounidense habría dado la aprobación al príncipe heredero saudí Mohammed Bin Salman para una acción militar. Las fuentes consultadas apuntan a que, antes de la ofensiva, Bin Salman trasladó a Trump su preocupación sobre un conflicto mayor con la milicia que requeriría apoyo militar y diplomático de Washington.
El respaldo de la Casa Blanca se materializó después de varias reuniones de alto nivel. El jueves, días antes del ataque en el aeropuerto de Saná, el embajador saudí en Washington se reunió con el secretario de Estado, Marco Rubio. Un día después, Rubio habló con el ministro de Asuntos Exteriores saudí, el príncipe Faisal bin Farhan. Al día siguiente, el presidente estadounidense habló por teléfono con el príncipe heredero para confirmarle su apoyo en caso de ofensiva.
Después de años de tregua, un nuevo conflicto militar entre los hutíes y Arabia Saudí podría aumentar las tensiones en la región y extender la guerra entre Estados Unidos e Irán. Pero, paralelamente, la ofensiva de la milicia muestra un cambio dentro de su aparato militar.
Los hutíes se han considerado como un instrumento de Irán que, ahora, ha actuado como un socio con mayor autonomía. “Ha ajustado su participación en el activismo regional y consolidado su base de poder interna”, apunta Jonathan Fenton Harvey, investigador en Oriente Medio y el norte de África, en un análisis para Responsible Statecraft.
Un mes después del inicio de la guerra en Irán, los hutíes respondían a la ofensiva con ataques selectivos contra Israel. La última ofensiva fue a principios de junio, cuando dispararon misiles contra la ciudad israelí de Eilat y amenazaron con una prohibición total del transporte marítimo comercial vinculado a Israel en el mar Rojo.
Sin embargo, la milicia yemení ha rechazado retomar una campaña contra el tráfico marítimo en el mar Rojo como hizo durante la operación militar de Israel en Gaza. Sería, en cualquier caso, una estrategia conjunta con el cierre de facto del estrecho de Ormuz por parte de Teherán como medida de presión contra Washington.
Los hutíes tienen motivos prácticos para no cumplir esa escalada. Sus capacidades militares se degradaron tras los ataques de Israel, sus altos mandos fueron asesinados y han estado bajo una presión económica por las sanciones estadounidenses. “La debilidad por sí sola no explica este patrón. La moderación inicial de los hutíes durante la guerra también reflejó que, en lugar de comprometer plenamente sus recursos para ayudar a Irán, el movimiento priorizó la inversión en el control interno”, sostiene Jonathan Fenton Harvey.
También han priorizado su propio calendario al decidir responder a la guerra contra Irán un mes después de los primeros ataques. Ahora, algunas voces apuntan a que podrían cambiar de opinión sobre su campaña en el mar Rojo. Ante la inestable situación del tráfico en Ormuz, cualquier ataque contra la navegación frente a las costas de Yemen podría sacudir todavía más la economía mundial.
Cerrar el estrecho de Bab al-Mandeb es ya una posibilidad para los hutíes. “Esta carta es un activo estratégico que Yemen puede permitirse el lujo de utilizar”, afirmó Mohammed al-Bukhaiti, miembro del buró político hutí, a Al-Bukhaiti es uno de los funcionarios que viajaban en el avión procedente de Teherán que fue desviado. Al igual que EEUU, el gobierno de Yemen reconocido internacionalmente ha acusado a Irán de utilizar estos vuelos como tapadera para enviar equipo militar a la milicia.
En su intervención ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas este lunes, el embajador de Yemen ante la ONU, Abdullah al-Saadi, aseguró que el avión que intentaba aterrizar en Saná estaba vinculado con la Guardia Revolucionaria Iraní y que transportaba personal y equipo militar.
No
haber delinquido
Fran Carrillo. okdiario. 16
Julio 2026
Han condenado al hermano de Sánchez, David, a nueve años de inhabilitación para el ejercicio profesional, y a Miguel Ángel Gallardo, ex presidente socialista de la Diputación de Badajoz y creador de la plaza a medida para el homicida de Mozart, a dieciocho para cargo público. Por prevaricadores.
Fue salir la noticia y enseguida la motorizada mediática del PSOE se apresuró a guerracivilear en esa red donde el ignorante encuentra acomodo y el gorila, sustento. Las conclusiones a esta sentencia de más de 400 páginas por parte del ejército de iletrados sincronizados roza el ridículo, cuando no el delito.
Desde el carnicero de Adamuz, ministro matón de transportes, hasta la Charo concubina mediática, pasando por Chema «dosdeneis», iniciaron, con estructura léxica similar, o sea, parvularia, una campaña de desprestigio que buscaba situar a la Justicia en un páramo de descrédito.
Para ello no dudaron estos disciplinados defensores del parné monclovita en despotricar contra dicha sentencia, que fue tomada de manera colegiada y no individual, y en hablar de golpe a la democracia cuando lo que realmente ha sucedido es un freno a las ansias delictivas del poder autócrata que ellos representan, defienden o justifican.
Como buenos propagandistas, encontrarán acomodo fuera de la televisión pública y del cheque gubernamental en nuevas fosas sépticas de información bulera y sesgada o como enlace de cloaca informativa, para no desentonar en el postsanchismo.
A pesar del ejército de torpes iletrados del régimen, queda constatado lo que al hermano batutas del Presidente del Gobierno le hicieron, en un ejercicio de prevaricación probado (probado, pedretes sincronizados, probado), esto es: colocarle en un puesto público a medida de su incompetencia.
Cuando se supo, no fue la ultraderecha, en palabras de estos limitados portacoces, quien denunció la corruptela, sino Podemos, socio de gobierno de Pedro Sánchez y aliado hasta ayer en su asalto y derribo a la democracia. Políticos del PSOE y frenéticos y fanáticos amanuenses a sueldo se indignan cada día por las investigaciones, imputaciones y condenas. Les molesta hasta la náusea que los periodistas libres vigilen y fiscalicen al poder, los policías y guardias civiles persigan el delito y los jueces dicten sentencias conforme a las leyes establecidas. Porque quieren unas normas y un Estado a la carta, con un menú propio para corruptos socialistas o delincuentes zurdos.
El hermano de Sánchez no estaría condenado si no hubiera obtenido esa plaza de forma fraudulenta… por ser el hermano de Sánchez. Begoña Gómez, mujer del Presidente del Gobierno, no estaría tetraimputada por la comisión de delitos graves si no fuera porque usó y abusó de dicha condición para cometerlos. Zapatero no acabará sus días en prisión, española o americana, si no hubiera consagrado su talante al contrabando de joyas y a humillar a los venezolanos que gritaban «¡democracia!» mientras él se llenaba los bolsillos protegiendo a sus asesinos. Ábalos no penaría en la cárcel si no hubiera malversado el dinero de todos los ciudadanos en colocar prostitutas en instituciones públicas y dedicar su vida, ya de por sí disoluta, al fornicio parlamentario. Cerdán nunca hubiera entrado en el trullo, adonde regresará, de no participar en una red nauseabunda de corrupción en Navarra y País Vasco, que lideró con el permiso de su jefe en Ferraz y Moncloa. Y así podríamos seguir hasta agotar los más de cien imputados que en relación con el Gobierno abren y cierran las diferentes causas judiciales en marcha.
Ni es lawfare ni tampoco persecución policial y judicial al PSOE y a Pedro Sánchez. Es la resistencia de un Estado de derecho a un ecosistema mafioso que busca delinquir con impunidad, robar en paz, saquear sin que le registren y pasear con tranquilidad por las calles representando de forma cínica y soberbia a los que roban, saquean y mienten.
Como les han pillado, se rebotan, replican, se revuelven y exigen que se les deje en paz. Lo tienen muy fácil. Que se lean el Código Penal, la Constitución, las leyes que ellos mismos sancionan (o sobre las que sus vasallos mediáticos informan) y después de eso, no delincan más. Sobre todo, que no delincan más.
Porque sin delitos, no hay juicios, ni sentencias, ni tenemos que sufrir el oprobio de indocumentados en las televisiones y radios de media España sentando cátedra sobre aquello que desconocen.
El
‘regalo’ de la Fiscalía a David Sánchez: 340.572
euros
OKDIARIO. 16 Julio 2026
Lo que resulta verdaderamente escandaloso, tras conocer la sentencia que condena a 9 años de inhabilitación por un delito de prevaricación a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, es que el músico no tenga que devolver los 340.572 euros que cobró de la Diputación socialista de Badajoz entre julio de 2017 y mayo de 2025. Y decimos que resulta escandaloso, porque dicha cantidad habría sido devuelta en caso de que la Fiscalía —¿de quién depende?— «hubiera formulado acusación», algo que nunca ocurrió, ya que el Ministerio Público solicitó desde el inicio el sobreseimiento de la causa.
En definitiva, que mientras el Gobierno y sus terminales mediáticas insisten en la tesis de que la condena a David Sánchez tiene como fin acabar con el Gobierno de Pedro Sánchez y acusan a los jueces de «lawfare», pasan por alto el pequeño detalle de que gracias a la Fiscalía, que depende de Pedro Sánchez, su hermano se ha quedado con los 340.552 euros que cobró por un puesto que, como ha quedado probado, se creó expresamente para él.
Las acusaciones populares recurrirán la sentencia para que devuelva el dinero, pero lo cierto es que el fallo deja en manos de la propia Diputación socialista de Badajoz —como entidad pagadora— o del Tribunal de Cuentas, la decisión de reclamar por vía administrativa o contable las cantidades abonadas a David Sánchez.
No parece, por razones obvias,
que la diputación socialista esté por la labor de reclamarle nada
-por la cuenta que le tiene- al hermano de Pedro Sánchez, y el
Tribunal de Cuentas ya sabemos cómo se las gasta, por lo que los
nueve años de inhabilitación a David Sánchez no le van a causar
ningún roto. El roto, en todo caso, ha sido en el bolsillo de los
españoles. Eso sí, entretanto el Gobierno y sus terminales
mediáticas seguirán insistiendo en que los jueces son malos,
malísimos, y buscan derribar a Pedro Sánchez.
'Caso David Sánchez'
Las
acusaciones recurrirán la sentencia del hermano de Sánchez: «Debe
devolver el dinero»
Piden en el TSJ extremeño que
se reconozcan malversación y tráfico de influencias
Fernán
González. OKDIARIO. 16 Julio 2026
Las acusaciones populares que han sostenido el caso David Sánchez preparan su recurso ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Extremadura contra la sentencia que ha condenado al hermano del presidente del Gobierno a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa.
Su objetivo, según han explicado fuentes de la acusación, es que se reconozcan también los delitos de tráfico de influencias y malversación, y que se obligue a David Sánchez a devolver el dinero cobrado durante los ocho años en los que ha ocupado una plaza en la Diputación de Badajoz.
Además de las defensas y la Fiscalía que querían la absolución, las acusaciones también recurrirán por no estar del todo conformes con el resultado del fallo. Aplauden que se haya reconocido la prevaricación, pero confían en que el TSJ endurezca esa condena, en lugar de dejarla como está o rebajarla como piden las defensas.
Las acusaciones han avanzado que van a luchar para que se recupere el dinero. Consideran que no puede convertirse este caso en una vía para que, en supuestos similares, otros «enchufados» se libren sin consecuencias económicas. Su argumento es contundente: «Hacienda somos todos», y por tanto entienden que sí existe legitimación suficiente para recurrir.
La abogada del sindicato Manos Limpias, una de las siete acusaciones populares que ha mantenido viva la causa ante la ausencia de la Fiscalía, prepara ya un escrito de aclaración sobre este asunto concreto.
A posteriori, contemplan también acudir al Tribunal de Cuentas, aunque reconocen que es «un organismo que va desesperadamente lento y está politizado».
La sentencia, de 377 páginas, ha sido dictada por la Audiencia Provincial de Badajoz y condena a David Sánchez Pérez-Castejón a nueve años de inhabilitación especial. El tribunal ha explicado que la devolución de los 340.572 euros cobrados entre julio de 2017 y mayo de 2025 sólo podría haberla reclamado el Ministerio Fiscal «si hubiera formulado acusación», algo que nunca ha ocurrido, puesto que la Fiscalía ha solicitado desde el inicio el sobreseimiento de la causa.
La condena ha recaído también sobre el ex presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, condenado por dos delitos de prevaricación a otras tantas penas de nueve años de inhabilitación, 18 en total. Se acaba su carrera política y tendrá que trabajar en la empresa privada. Entre 1999 y 2003, se desempeñó como operario de producción en la empresa extremeña Inpralsa (Industrias de la Alimentación de Miajadas), una fábrica dedicada al sector del tomate.
La Audiencia ha zanjado con rotundidad la vía penal para reclamar ese dinero. La sentencia señala que «no cabe entrar en el análisis de la responsabilidad civil derivada del delito por carecer de legitimación para plantear tal pretensión la acusación popular». Y añade: «Tal acusación se ejerce por quienes carecen de la condición de perjudicados».
Durante la instrucción, a cargo de la magistrada Beatriz Biedma, y a lo largo del juicio oral, han declarado una veintena de testigos, entre responsables administrativos de la Diputación de Badajoz y agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
El fallo deja en manos de la propia Diputación —como entidad pagadora— o del Tribunal de Cuentas —que tal como ha podido saber OKDIARIO espera que la sociedad civil actúe en este caso ya que no pueden obrar de oficio— la decisión de reclamar por vía administrativa o contable las cantidades abonadas.
En todo caso, antes, en el plazo de 10 días, llegará el recurso ante el TSJ que, confían las fuentes pulsadas, resuelva antes de verano de 2027. Varios condenados tienen cargos públicos que deben dejar por la inhabilitación pero la Diputación de Badajoz podría no colaborar con la Justicia y permitir que sigan estos cargos condenados por prevaricación hasta que resuelva el TSJ o, incluso, el Tribunal Supremo, que ya sería no antes de finales de 2027 o principios de 2028.
Testigos desacreditados
Por otra parte, las acusaciones subrayan que los testigos del juicio, trabajadores de la Diputación, han quedado en completa evidencia. «Los testigos, la mayoría altos cargos de una estructura pequeña, piramidal y fuertemente jerarquizada, difícilmente van a pronunciarse con los necesarios requisitos de credibilidad y verosimilitud, habida cuenta de que sus declaraciones suelen estar previamente preparadas y ausentes de la deseable espontaneidad y veracidad», dice la Audiencia.
Por ejemplo, Ángel Seco encadenó entre 2000 y 2006 varios contratos temporales con distintas estructuras de UGT (UGT Confederal, UGT Castilla y León y el Instituto de Formación y Estudios Sociales); José Luis Albarrán aparece en un acta de noviembre de 2024 ejerciendo activamente su rol de delegado sindical de CCOO en una negociación sobre la Relación de Puestos de Trabajo de la Diputación de Badajoz; o, entre otros, María Jesús Bernáldez, María Luisa del Viejo y Juan Francisco Durán presentan vínculos familiares o de afinidad política (marido y cuñado en la Diputación, hermana de una ex diputada del PSOE, o militancia socialista respectivamente).
Partido nuevo
Con recursos por ambos lados ya anunciados, el marcador de este proceso judicial vuelve a ponerse a cero. La defensa peleará por revertir la inhabilitación; las acusaciones, por sumar los delitos que consideran injustamente descartados y por recuperar un dinero que, insisten, pertenece a todos los contribuyentes. Entre despachos, plazos y un Tribunal de Cuentas que avanza a paso de tortuga, el caso del hermano del presidente promete alargarse mucho más allá del pitido final de esta primera sentencia.
Un paso más para regar a Cataluña y
castigar a Madrid
José
María Rotellar. libertad digital.
16 Julio 2026
La propuesta del Gobierno para reformar la financiación autonómica reabre el debate sobre el reparto de recursos entre comunidades.
El Congreso ha rechazado la senda de estabilidad y el techo de gasto no financiero, necesarios para la elaboración de los presupuestos. Volverán a insistir en ello y, como reformaron la normativa, podrán seguir adelante pese a un potencial segundo rechazo, aunque sea incoherente querer aprobar unos presupuestos sin que se acomode a la senda y gasto necesarios para los mismos. Al Gobierno le da igual, porque tampoco pretende aprobarlos, sino articular un ardid, en parte como precampaña electoral y, sobre todo, para ocultar los privilegios que quiere otorgar a los independentistas catalanes vía un nuevo sistema de financiación que los beneficie.
La reforma del sistema de financiación autonómica es una necesidad inaplazable. El modelo vigente acumula años de retraso, ha quedado desfasado respecto a la evolución demográfica y económica de España y requiere una revisión profunda que garantice suficiencia financiera, corresponsabilidad fiscal, solidaridad e incentivos adecuados para una gestión eficiente de los recursos públicos. Precisamente por esa importancia, la reforma debería responder a criterios económicos e institucionales sólidos. Sin embargo, la propuesta remitida por el Gobierno a las comunidades autónomas, básicamente la misma de hace meses, parece responder a una lógica muy distinta: resolver una necesidad política inmediata.
El Ejecutivo presenta el documento como una reforma beneficiosa para todas las comunidades. La fórmula elegida resulta aparentemente atractiva: aumentar el porcentaje de cesión de los grandes impuestos y complementar ese incremento con una mayor aportación de la Administración General del Estado. Es una manera de intentar neutralizar resistencias. Si todas las comunidades reciben inicialmente más recursos, resulta más difícil oponerse al conjunto de la reforma, aunque lo racional es hacerlo, porque conviene no confundir el envoltorio con el contenido. La cuestión relevante no es quién recibe más dinero el primer día, sino cuál es el diseño institucional que se está construyendo y hacia dónde conduce.
Y ahí aparecen las verdaderas dudas.
La propuesta puede interpretarse como un modelo concebido para acomodar las demandas formuladas desde Cataluña, procurando que el resto de comunidades acepten ese cambio mediante un incremento transitorio de recursos financiado por el conjunto de los españoles. No se modifica únicamente la distribución de ingresos; se altera la lógica del sistema para hacer compatible, al menos durante una fase inicial, un trato de favor a Cataluña con una aparente ausencia de perjudicados.
El problema es que la economía termina imponiéndose siempre a la política.
Ningún sistema puede repartir indefinidamente más recursos de los que es capaz de generar. Cuando el Gobierno anuncia mayores porcentajes de cesión tributaria y, simultáneamente, incrementa la aportación estatal, no está creando riqueza adicional. Simplemente está redistribuyendo de otra manera los mismos recursos o comprometiendo ingresos futuros mediante un mayor endeudamiento o una mayor carga fiscal.
El Estado carece de dinero propio. Todo euro que incorpora al sistema procede de los contribuyentes actuales o de deuda que terminarán soportando los contribuyentes futuros. Conviene recordarlo porque con demasiada frecuencia el debate público presenta la aportación de la Administración General del Estado como si surgiera de una fuente distinta de los impuestos que pagan ciudadanos y empresas. Ahora bien, más preocupante aún es lo que la propuesta omite.
Una reforma seria de la financiación autonómica debería comenzar por introducir mecanismos que incentiven la eficiencia del gasto. La suficiencia financiera constituye una condición necesaria, pero nunca suficiente. Resulta imprescindible que las comunidades tengan incentivos para gestionar mejor, eliminar duplicidades administrativas, evaluar políticas públicas, racionalizar estructuras y mejorar la productividad del gasto. Nada de eso aparece en el planteamiento del Gobierno.
Se vuelve a caer en el error clásico de considerar que cualquier insuficiencia presupuestaria se resuelve aportando más recursos. Es una visión profundamente equivocada de la Hacienda Pública. Sin incentivos adecuados, incrementar la financiación únicamente incrementa el gasto. La evidencia económica lleva décadas demostrando que la ausencia de disciplina presupuestaria termina deteriorando la calidad institucional.
Además, la propuesta nace ignorando uno de los principales desafíos presupuestarios de la próxima década: el fuerte incremento de la demanda sobre los servicios públicos.
España afronta un envejecimiento acelerado de la población, un incremento sostenido del gasto sanitario y una presión creciente sobre la educación y los servicios sociales. A ello se añaden las consecuencias presupuestarias que pueden derivarse de la irresponsable política inmigratoria impulsada por el propio Ejecutivo al regularizar a más de un millón de inmigrantes en situación irregular, que aumentará la utilización de numerosos servicios públicos. Elaborar un nuevo modelo de financiación sin incorporar escenarios realistas sobre esa evolución supone construir un sistema cuya suficiencia puede quedar rápidamente desbordada.
Pero quizá el elemento más inquietante sea la dirección estratégica hacia la que parece apuntar la reforma.
Resulta difícil interpretar el documento al margen del debate sobre una financiación propia para Cataluña. Aunque formalmente se presente como un modelo general, la arquitectura diseñada facilita una evolución gradual hacia un esquema cada vez más diferenciado. La propuesta parece constituir un paso intermedio que suaviza políticamente ese recorrido mediante un incremento temporal de recursos para el resto de comunidades.
Si finalmente ese proceso desembocara en un sistema propio para Cataluña, las consecuencias económicas serían considerables.
Madrid asumiría previsiblemente una presión redistributiva aún mayor. Como principal aportante neto al sistema, terminaría soportando una carga creciente para compensar la menor contribución del territorio que abandonara el mecanismo común. Se castigaría, además, a la comunidad que mejor ha demostrado que crecimiento económico, moderación fiscal y elevada recaudación no son objetivos incompatibles.
Los contribuyentes españoles también soportarían un coste adicional. La mayor aportación estatal exigida para mantener el equilibrio del sistema solo puede financiarse mediante más impuestos, más deuda o una combinación de ambos. No existen alternativas contables capaces de alterar esa realidad económica.
Y tampoco las restantes comunidades saldrían ganando a medio plazo. Es posible que inicialmente perciban un incremento de recursos gracias al mayor esfuerzo financiero del Estado y de los territorios con mayor capacidad fiscal. Sin embargo, si Cataluña evolucionara hacia un modelo propio sin una aportación al sistema común, ese vacío difícilmente podría compensarse de manera permanente. Ni Madrid ni la Administración General del Estado disponen de capacidad ilimitada para sustituir una de las principales fuentes de financiación del sistema.
El resultado sería un modelo más costoso para el conjunto de los contribuyentes, más exigente para los territorios con mayor capacidad económica y menos solidario para las comunidades receptoras de fondos de nivelación.
La financiación autonómica constituye una de las instituciones económicas más importantes del Estado. Precisamente por ello debería permanecer al margen de las necesidades coyunturales de cualquier mayoría parlamentaria. Diseñar un sistema para resolver una negociación política concreta supone hipotecar su estabilidad futura.
España necesita una reforma de la financiación autonómica, pero necesita la correcta. Una que refuerce la corresponsabilidad fiscal —en el sentido de no penalizar las bajadas de impuestos—, premie la eficiencia, garantice la solidaridad con reglas transparentes y preserve la igualdad básica entre todos los españoles en cuanto al acceso a los servicios fundamentales. No una reforma que aumente el gasto sin corregir sus incentivos, que traslade más carga a los contribuyentes y que sirva como antesala de un modelo de excepcionalidad territorial cuyas consecuencias terminarían pagando todos.
La estabilidad institucional no se construye multiplicando excepciones, sino aplicando reglas iguales para todos. Y precisamente eso primero es lo que esta propuesta, por mucho que se presente como una reforma técnica, omite, pues es una reforma política y arbitraria, para beneficiar a una única región en perjuicio del resto de las de régimen común.
El
Gobierno quiere condenar al olvido a los miles de asesinados en
Paracuellos
El Gobierno quiere condenar al olvido a
los miles de asesinados en Paracuellos
OKDIARIO
Alrededor de seis mil personas, entre presos, civiles, religiosos y militares, fueron vilmente asesinadas entre el 7 de noviembre y el 4 de diciembre de 1936, a las afueras de Madrid, en Paracuellos del Jarama, tras ser sacadas de las checas, los centros de detención y tortura clandestinos del bando republicano. Las matanzas, ordenadas con el consentimiento de Santiago Carrillo, entonces responsable de Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid, constituyen uno de los capítulos más ignominiosos de la Guerra Civil española y, a la vez, un episodio negro de la historia sobre el que la izquierda española ha pretendido siempre pasar de puntillas.
Cómo será que aún hoy el Gobierno de Pedro Sánchez ha rechazado declarar Paracuellos como Lugar de Memoria Democrática porque «no tiene relevancia histórica». La justificación -«no tiene relevancia histórica»- es el colmo de la indecencia y pone de manifiesto que la Ley de Memoria del Ejecutivo está marcada por el sectarismo ideológico más atroz.
En suma, que el mapa de los lugares de Memoria Democrática que elabora el Gobierno responde únicamente a su particular interés, lo que constituye un abyecto plan de manipulación histórica en la que los caídos son buenos o malos y merecedores o no de dignificar su recuerdo en función de un criterio que es colmo de la infamia: sólo los caídos del bando republicano tienen cabida en la Ley de Memoria del sanchismo, porque los asesinados en Paracuellos carecen, según el Ejecutivo, de «relevancia histórica».
Que es tanto como otorgarles la condición de víctimas de segunda o de tercera. Por eso OKDIARIO viene diciendo que la Ley de Memoria del Gobierno no es otra cosa que un intento de pervertir la historia en beneficio propio, una burda norma que busca dividir a los españoles, colocando a unos muertos por encima de otros. En suma, una grosera forma de negar la memoria de todos aquellos que fueron asesinados por el bando republicano.
******************* Sección "bilingüe" ***********************
Cuenta con mayoría absoluta
El
Gobierno del PP en Galicia continúa acorralando el español y
presenta un plan lingüístico para imponer el gallego en la
administración, la justicia y la educación
LGI.
gaceta. 16
Julio 2026
La propuesta de la Xunta —gobernada por el PP— para actualizar el Plan de Normalización de la Lengua Gallega contiene alrededor de 700 medidas que, entre otros aspectos, contemplan desarrollar un nuevo marco normativo y legislativo que acorrala todavía más el español.
Al respecto, se ha abierto a permitir que cualquier asignatura pueda ser impartida en gallego, lo que ha atado a la «unanimidad» política (con el BNG y el PSOE).
Esto es uno de los aspectos abordados en este documento, que ha sido presentado este miércoles en un acto en Santiago de Compostela, al que han asistido unas 800 personas; entre ellas, el consejero de Cultura, Lengua y Juventud, José López Campos. Según ha trasladado, el propósito del evento era «escenificar la nueva etapa de amor de la sociedad gallega hacia su idioma».
El texto recoge medidas para diferentes sectores, como la administración, donde la Xunta promoverá la ampliación del uso del gallego a través de distintas vías.
El documento (de más de 400 páginas) ya está disponible en la página web de la Xunta y ha sido entregado en el Parlamento. Con este plan, la intención del Gobierno gallego es marcar la «hoja de ruta» de las políticas lingüísticas de la próxima década.
En palabras de López Campos, que intervino en el evento y atendió a los medios al finalizar el acto, el objetivo principal es «llevar el gallego a la sociedad y ser capaces de construir un relato conjunto». Uno de los pasos que dará el Gobierno gallego es impulsar la redacción de una nueva Ley de «normalización lingüística».
Otro ámbito en el que incide es en el fomento del gallego en la administración. En cuanto a la autonómica, el Consejo de la Xunta aprobará unas directrices para el personal funcionario sobre el uso del gallego en todos los planos.
En lo relativo a la justicia, el Gobierno gallego fomentará la mayor presencia del idioma a través de la firma de acuerdos con otras administraciones. Por ejemplo, firmará un convenio con el Tribunal Superior de Justicia (TSXG) para la traducción de sus sentencias y otro con el Ministerio de Justicia para «ampliar la utilización del gallego como lengua normal de trabajo».
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