Recortes de Prensa Domingo 19 Julio 2026
Un ataque ruso con misiles deja al menos
un muerto y 16 heridos en Kiev
El ataque ha afectados
a numerosos edificios de la capital ucraniana, entre ellos un
supermercado
La Razon. 19 Julio 2026.
Un ataque ruso con misiles contra Kiev durante la noche dejó al menos una persona muerta y 16 heridos y, según el alcalde, Vitali Klitschko, citado por la agencia Ukrinform, produjo daños e incendios en diversas zonas de la ciudad. Según la Fuerza Aérea ucraniana los rusos lanzaron contra Kiev y las cercanías cerca de dos docenas de misiles.
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo en su cuenta de X que los rusos habían disparado durante la noche más de cuarenta misiles contra Ucrania, la mayoría de ellos contra Kiev, y 120 drones de ataques. "Hasta ahora ha muerto una persona y 16 han resultado heridos en la región de Kiev. Mi solidaridad con sus familias. Todos los afectados reciben la atención médica necesaria", dijo Zelenski en X.
El ataque afectó a numerosos edificios, entre ellos un supermercado. Un día antes, Ucrania había atacado dos centros logísticos en Rusia -que según Zelenski eran usados con fines militares- dejando como saldo al menos ocho personas muertas. Desde hace cuatro años, Rusia ataca con misiles y drones a Ucrania casi a diario. El ejército ucraniano, por su parte, ha intensificado sus ataques con drones a Rusia.
Zelenski actualmente tiene que hacer frente a protestas por el cese del popular ministro de Defensa Mijailo Fédorov y ha insinuado posibles cambios en la cúpula del ejército. El presidente recordó que durante la semana los rusos han atacado con 1.450 drones, 1.640 bombas guiadas y 99 misiles de diverso tipo varias regiones ucranianas. Según Zelenski actualmente la prioridad actualmente es mejorar la protección contra misiles balísticos, para lo cual se necesitan sistemas de interceptación.
"Estoy agradecido con todos los que toman nuestro acuerdo en serio y aseguran el envío de capacidades antimisiles. Eso es algo que literalmente salva vidas en cada ataque ruso", dijo Zelenski.
La guerra de Irán y el juego de la
oca
Juan
Rodríguez Garat Almirante (R). el debate.
19 Julio 2026.
Haga un pequeño esfuerzo el «desocupado lector» –la magia de Cervantes hizo de estas dos últimas palabras las primeras de su obra más universal y, bajo su inspiración, siempre imagino así a quienes se toman unos minutos de su tiempo para hojear mis columnas– y trate de ver la guerra de Irán como si fuera el juego de la oca.
Sería, desde luego, una partida asimétrica. El presidente Donald Trump, que es quien tomó la decisión de ir a la guerra –en compañía del primer ministro Benjamin Netanyahu, ya retirado de la partida–, se reserva el papel de único jugador. El magnate necesita abrirse camino hasta llegar a la casilla final, el llamado jardín de la oca, para encontrar, quién sabe si polvo radioactivo o, para los mal pensados, quizá tan solo unas migajas de esa gloria que, en las sabias palabras de Jorge Manrique, lleva consigo una «vida de honor» que, aunque «no es eternal ni verdadera», sí parece «mejor que la otra temporal, perecedera». Ya ve el lector que, cuando se trata de la ambición humana, no hay nada nuevo bajo el sol.
La República Islámica, agredida pero no exactamente víctima, preferiría jugar a otra cosa, pero está obligada a poner el tablero. Lucha en su terreno, lo que le permite dibujar sobre él muchas menos ocas y más casillas difíciles que en el juego original. En su aparente diversidad, todas las trampas del juego –posadas y cárceles, laberintos y puentes– obedecen a la misma idea estratégica: explotar el espacio, sobre todo el estrecho de Ormuz, para ganar tiempo. En pocas palabras, los malvados ayatolás intentarán resistir hasta que la propia dinámica política estadounidense obligue a Trump a dejar la partida sin terminar.
El MoU y la vuelta a la casilla de salida
Hay en el tablero de la oca una casilla fatídica, la de la muerte, que obliga a quien cae en ella a volver a la casilla de salida. En el juego, esa casilla suele estar representada por una calavera. En la guerra de verdad, bien podría tener dibujado un memorándum de entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés) mal negociado y peor redactado por el inexperto equipo diplomático estadounidense.
El texto del acuerdo, ambiguo y contemporizador, ha sido criticado por innumerables voces del Partido Demócrata, algo que cabía esperar porque en todas partes se cuecen las habas de la polarización. Pero, en esta ocasión, se han unido a las críticas buena parte de las filas republicanas y, lo que es más importante, el pueblo soberano. The Washington Post, que desde que fue adquirido por Jeff Bezos ha perdido buena parte de su antiguo talante izquierdista, publica estos días una encuesta que muestra que solo el 23 % de los estadounidenses creen que Trump conseguirá en Irán un acuerdo mejor que el de Barack Obama. ¡Bueno es el magnate para aceptar sin lucha tamaña humillación!
Para completar una dinámica que, desde el otro lado, también favorece la reanudación de las hostilidades, el MoU le reconoce a la República de Irán la responsabilidad de «tomar las medidas para el tránsito seguro de los buques comerciales, sin cargo alguno y solo durante 60 días, desde el golfo Pérsico al mar de Omán y viceversa». Puede que los ayatolás se extralimiten obligando a los mercantes a navegar por el dispositivo de separación por ellos creado, pero ¿a quién se le ocurrió darles siquiera la posibilidad de discutir ese derecho?
En la cuesta abajo
A diferencia del juego original, en la guerra de Irán la vuelta a la casilla de salida no se produce de golpe, sino resbalando poco a poco. Los renovados bombardeos de los EE.UU., que empezaron ciñéndose a instalaciones militares en la costa iraní directamente implicadas en los ataques al tráfico marítimo, se van extendiendo día a día y el redespliegue de aviones cisterna adicionales en las bases de los EE.UU. en el golfo Pérsico sugiere que pronto pueden volver los bombardeos a Teherán.
Mientras se va produciendo esta escalada en los combates, el estrecho de Ormuz permanece cerrado. A pesar de las promesas de Donald Trump, ni un solo petrolero o gasero atravesó ayer sus aguas. La razón la explicó perfectamente el vicepresidente J.D. Vance en una larga entrevista con Joe Rogan, uno de los versos sueltos más escuchados en la política de los EE.UU.: «Puedes bombardearlos, puedes eliminar sus radares, puedes eliminar algunos de sus drones y sus misiles, pero es simplemente demasiado fácil disparar a los buques en el estrecho, así que tenemos que estar dispuestos a hablar y tratar de resolver el problema».
Con las cartas descubiertas
Aunque la frase no sea suya, se atribuye a Einstein la reflexión de que «es locura hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes». En el caso de Irán, sería de locos volver a iniciar la partida con las mismas cartas y, además, descubiertas. No solo ha sido Vance, también el almirante Daryl Caudle, jefe de Operaciones Navales de los EE.UU. – puesto equivalente al de nuestro AJEMA– ha declarado recientemente ante una comisión del Senado que «dar servicios de escolta en un estrecho disputado, en mi opinión militar, excede la capacidad de la US Navy». ¿Alguien puede creer que declaraciones así se les habrán pasado por alto a los herederos de Alí Jamenei?
En estas condiciones, ¿qué puede hacer Trump de forma diferente para, esta vez sí, doblegar al régimen iraní antes de las elecciones de noviembre? ¿Tiene el magnate alguna carta más en la manga o volverá a jugar las mismas que en la ronda anterior, ya desgastadas por el uso? ¿Cree todavía que puede derribar al régimen iraní o, como su admirado colega Vladimir Putin, simplemente prefiere que la guerra continúe a reconocer su fracaso?
Es difícil anticiparse a las decisiones de Trump, pero es mala señal que ya le hayamos visto recurrir a las mismas amenazas de la primera vez. El magnate vuelve a asegurar que, si los ayatolás no ceden a sus demandas, «la semana que viene» comenzará a atacar blancos civiles. Pero la mayoría seguimos sin creer que el presidente de los EE.UU. vaya a hacer en Irán lo mismo que Putin en Ucrania… y, lo que es peor, a los líderes de la teocracia chií ni siquiera les importaría. Alguien debería explicarle a Trump que no se enfrenta con políticos parecidos a los que pululan por los pasillos del Capitolio, sino con criminales a los que la vida de sus súbditos les trae sin cuidado.
Qué
esconde la Montaña del Pico, el misterioso búnker nuclear de Irán
que Trump amenaza con destruir
El presidente de
Estados Unidos ha amenazado con «acabar» con esta instalación,
sobre la que se tiene muy poca información
Andrea Polidura. el
debate. 19
Julio 2026.
«Vamos a acabar con Pickaxe Mountain [Montaña del Pico]. Dile a los iraníes que estén preparados», advirtió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el pasado lunes durante una entrevista en el programa The Hugh Hewitt Show. Nadie esperaba una amenaza así contra un objetivo tan directo, sobre todo porque, hasta esta semana, pocos estadounidenses conocían o sabían de la existencia de esta localización y de su importancia dentro del programa nuclear de la República Islámica, el gran objetivo a abatir de Estados Unidos en su guerra contra la teocracia islamista.
«Estamos vigilando (Pickaxe Mountain) de cerca. No vemos actividad alguna allí. No les va bien con su situación nuclear. Cada vez que oímos hablar de ello, lo volamos por los aires. Por eso no les gusta hablar del tema. Pero probablemente nos encargaremos de Pickaxe relativamente pronto», prosiguió el mandatario estadounidense. A continuación, advirtió de que «vamos a golpearles muy fuerte esta noche y vamos a golpearles fuerte mañana. Y no hay absolutamente nada que puedan hacer al respecto». Así fue, la aviación estadounidense ha bombardeado Irán durante siete noches consecutivas, centrándose en el territorio cercano al estrecho de Ormuz para «debilitar la amenaza iraní» sobre este estratégico paso marítimo.
Sin embargo, a estas alturas pocos dudan ya de que este intercambio de fuego –Teherán, en respuesta, ha atacado a los países vecinos– se recrudezca y de que la guerra, que comenzó el pasado mes de febrero, entre en una nueva fase. A lo largo de estos meses, el mandatario estadounidense ha dejado caer que su Ejército tenía sobre la mesa múltiples opciones militares para elevar la presión sobre el régimen de los ayatolás, como tomar la isla de Kharg, principal terminal de exportación de crudo del país, así como otras islas del estrecho de Ormuz. El último objetivo declarado por el presidente estadounidense a principios de semana ha sido la Montaña del Pico.
Este monte está situado cerca de la planta de enriquecimiento de uranio de Natanz –que ya sufrió graves daños durante los bombardeos estadounidenses de junio de 2025–, al norte de Teherán, y es donde se cree que se esconde un búnker nuclear, al que se puede acceder a través de dos túneles enterrados que conectan con estas instalaciones. Esta construcción, oculta a cientos de metros bajo la formación rocosa, estaría además fuera del alcance de las bombas antibúnker de Estados Unidos, las más potentes de todo su arsenal. Según publicó The Wall Street Journal (WSJ) este viernes, la República Islámica ha seguido trabajando en una red de túneles en el interior de la Montaña del Pico, a pesar de la reciente guerra.
Así, Irán ha continuado con las obras en esta zona, donde está excavando túneles que se adentran en la montaña de granito desde el este y el oeste, según muestran recientes imágenes satelitales del pasado mes de junio. La teocracia islamista comenzó la construcción de estas instalaciones en 2020, después de que una planta de enriquecimiento de uranio situada cerca de Natanz sufriera un incendio, atribuido a un ciberataque de Israel, que destruyó la sala de ensamblaje de centrifugadoras avanzadas. Desde entonces, la República Islámica ha enterrado todas sus instalaciones para evitar este tipo de sabotajes.
El Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional, un centro de estudios con sede en Washington especializado en armas nucleares y no proliferación, ya estimó en 2022 que el complejo de Pickaxe Mountain podría albergar un espacio de trabajo de más de 5.000 metros cuadrados. Según el Instituto, uno de los túneles de acceso se encuentra a unos cien metros por debajo de la cima y el otro, a 145 metros, lo que implica que la instalación podría tener varios niveles. Ambos túneles cuentan con entradas blindadas.
Teherán rellenó parcialmente las entradas orientales tras la Guerra de los Doce Días de junio de 2025 para impedir el acceso de vehículos terrestres al emplazamiento, en vista de una acción militar de Estados Unidos o Israel. Sin embargo, las entradas occidentales no están selladas, lo que indica que podría haber actividad en su interior. A todo esto hay que sumar los 440 kg de uranio enriquecido al 60 % –cercano al 90 % necesario para fabricar armas nucleares– que Irán almacena en una localización desconocida y que Estados Unidos reclama como parte de un acuerdo de paz.
Ormuz:
la fiebre persistente de una guerra a temperatura variable
Estados
Unidos e Irán han convertido el estrecho en el epicentro de un
conflicto de intensidad cambiante, sin victoria posible, sin paz
duradera y con consecuencias directas para la economía
mundial
Gustavo de Arístegui, diplomático. la razon.
19 Julio 2026.
Hay una aritmética que describe el estado del mundo con más exactitud que muchos informes de inteligencia. La formuló esta semana Ali Vaez, director del proyecto sobre Irán del International Crisis Group, y merece leerse dos veces: hicieron falta dos meses de negociación para redactar página y media de memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán, y tres semanas para que se desmoronara entero. Su conclusión fue tan sobria como demoledora: si un entendimiento tan mínimo no consigue sostenerse, no hay techo posible para la escalada, y lo que viene es lo que él llamó una "guerra eterna".
Comparto el diagnóstico, aunque no el nombre. "Guerra eterna" tiene un aire de fatalidad teológica que no ayuda a pensar. Lo que estamos viendo en el Golfo tiene un nombre técnico más útil, que vengo empleando desde hace dos años en mis análisis y que constituye una de las claves de lectura del libro que ahora termino: son guerras de temperatura variable. Conflictos de baja resolución y altísima destrucción, que nadie puede ganar y que nadie puede permitirse perder. Suben y bajan de intensidad como la fiebre de un enfermo crónico. Combinan lo convencional con lo cibernético y lo propagandístico. Y convierten la frontera entre la guerra y la paz en una línea deliberadamente borrosa, porque a los actores que las libran les conviene esa penumbra: permite golpear sin declarar, negociar sin ceder y desmentir sin sonrojo.
Lo esencial de este concepto es que estas guerras no son un estadio intermedio en el camino hacia la paz o hacia la guerra total. Es la situación ideal para el contendiente más débil y el infierno para el más fuerte. Estas guerras son el destino, no la escala. No van a ninguna parte porque no están diseñadas para eso.
La crónica de siete días
Repasemos lo ocurrido desde el lunes, porque el detalle importa más que la interpretación. El memorando de catorce puntos que se había firmado en junio –extensión del alto el fuego al Líbano, cese de hostilidades en torno al estrecho, garantía de paso seguro para los mercantes– era el fruto de una negociación agotadora con mediación regional.
El 7 de julio, tras el ataque a tres petroleros en Ormuz, Washington reanudó los bombardeos y el presidente Trump dio el documento por muerto. El fin de semana pasado, Teherán anunció el cierre del estrecho. El lunes 13, Trump proclamó que Estados Unidos se convertía en el "guardián" de la vía marítima, restableció el bloqueo naval sobre los puertos y la costa sur de Irán con efecto desde el martes a las cuatro de la tarde de Nueva York, y anunció que se le reembolsaría el veinte por ciento del valor de toda la carga que atravesara Ormuz.
El crudo subió más de un nueve por ciento en una sola sesión. El martes 14, la tasa se había volatilizado: sustituida, dijo el propio Trump, por "acuerdos de comercio e inversión" que los Estados del Golfo realizarán en Estados Unidos. Ese mismo día, en "Fox News", la amenaza: la semana que viene les tocará el turno a las centrales eléctricas y a los puentes, y los ataques continuarán hasta que él diga basta.
El jueves 16, los puentes de la provincia de Hormozgán ya estaban alcanzados, el portavoz del cuartel general Jatam al-Anbiya advertía que Irán destruiría "toda la infraestructura" que siga en pie en la región y que su respuesta no sería meramente proporcional, sino superior, y el Brent cerraba en torno a los ochenta y cinco dólares, un once por ciento por encima de la semana anterior. Siete días. Un bloqueo naval, un peaje anunciado y retirado, una amenaza de destruir la red eléctrica de un país de noventa millones de habitantes, una contraamenaza de arrasar la infraestructura de media región y once puntos de subida del petróleo. Y el viernes, la vida sigue. Nadie ha declarado la guerra. Nadie la ha terminado. Eso es exactamente la temperatura variable.
Conviene, además, no pasar de puntillas sobre lo que significa el cambio de blancos. Hasta ahora, el mando central estadounidense identificaba sus objetivos como instalaciones militares. Las centrales eléctricas y los puentes son otra cosa: detrás de una red eléctrica hay hospitales, bombeo de agua, comunicaciones, cadenas de frío, quirófanos. El Comité Internacional de la Cruz Roja lleva días recordando que los ataques deliberados contra servicios esenciales pueden constituir crímenes de guerra.
Sin embargo, no denunció ni uno solo de las docenas de ataques iraníes sobre objetivos civiles en la primera fase de la guerra, puertos y aeropuertos civiles, centros comerciales, instalaciones petroleras y gasísticas, barrios residenciales. Es curioso que se denuncie solo lo que anuncia o hace EE UU y no lo que ya ha perpetrado el régimen iraní.
Por qué no termina
La razón por la que este conflicto no se resuelve no es que falte voluntad negociadora ni que sobren halcones. Es estructural y deliberadamente provocada por la parte iraní. Estados Unidos no puede ganar en el único sentido que importaría: no hay victoria posible sin ocupación, rendición o cambio de régimen. La ocupación de Irán es imposible, y las otras dos hipótesis se quedaron en "wishful thinking" (confundir los deseos con la realidad). Trump por fin parece entenderlo y por eso oscila entre el ultimátum apocalíptico y la oferta de acuerdo con un intervalo de horas.
Irán no puede permitirse perder, porque la capitulación equivaldría a la desaparición del régimen, y ningún régimen negocia su propia extinción. La oligarquía yihadista que gobierna Teherán ha comprendido algo que en Occidente nos negamos a asumir: que para ellos sobrevivir es ganar. Y para sobrevivir no necesita vencer; le basta con no terminar la guerra. Para colmo de males, la "CNN" confirmaba esta semana que, ya en mayo, Irán había reanudado la producción de drones y reemplazaba los lanzadores destruidos al comienzo de la guerra. Cuando ninguno de los dos puede ganar y ninguno puede perder, el conflicto no se resuelve: se instala. Y un conflicto instalado en la principal arteria energética del planeta no es un problema de Oriente Medio, es un problema de la factura de la luz en Sevilla, París, o el galón de gasolina en Dallas.
La paradoja del descabezamiento
Hay un detalle de esta semana que vale por diez análisis y que casi nadie ha subrayado. Según informaron medios estadounidenses citando a funcionarios, Teherán habría reconocido en privado ante asesores del presidente que el ataque a los petroleros fue un error, y habría atribuido la responsabilidad a un grupo interno disidente. Las dos lecturas posibles son igualmente aterradoras. Si es verdad, significa que el régimen iraní ya no controla a sus propias fuerzas: que hay actores armados dentro del aparato capaces de dinamitar un acuerdo internacional por iniciativa propia. Si es mentira, significa que Teherán ha descubierto que descarrilar las negociaciones de paz sale gratis. Y otra parte del régimen puede acusar a sus adversarios dentro del mismo con la esperanza de desgastarlos. En ambos casos la conclusión es la misma y es devastadora: no hay interlocutor.
De hecho, el triunvirato de la Guardia Revolucionaria reanuda los ataques con tres objetivos: primero, debilitar a sus adversarios menos ortodoxos, el presidente de la república y sus aliados; segundo, prolongar la tensión interna para poder someter más fácilmente a su pueblo y tercero, para forzar a los reticentes a que paguen el peaje de la extorsión y hacerse con unos fondos ingentes con los que relanzar su programa nuclear y de misiles y reconstruir sus redes en la región, especialmente en Siria, y rearmar a sus proxies terroristas, Hizbulá, Hamás y los hutíes.
Esto es la paradoja del descabezamiento en estado químicamente puro. El 28 de febrero, los ataques conjuntos estadounidense-israelíes eliminaron a Ali Jamenei y a buena parte del aparato decisorio del régimen. Washington esperaba el colapso o el cambio. No obtuvo ni lo uno ni lo otro: obtuvo la dispersión del poder y la influencia en varios sectores enfrentados a muerte. Cuando se elimina al jefe sin desmantelar la estructura, la estructura sobrevive y se vuelve más peligrosa, porque pierde las inhibiciones del mando único y se torna más caótica, más difusa, más impredecible. Y más fanática.
Soleimani en 2020, Nasralá y Sinwar en 2024, Jamenei en 2026: la lección se repite y no la aprendemos. En el vacío emergen ahora los equilibrios internos de la Guardia Revolucionaria –el general Ahmad Vahidi consolidándose como primus inter pares de un triunvirato que no es un gobierno, sino un reparto–, y un reparto no firma tratados: administra su propia supervivencia. La orfandad de mando no es un titular: es la explicación de por qué el memorando duró tres semanas.
La política exterior occidental sigue anclada en la lógica del golpe estratégico, esa fe reconfortante en que existe un hombre cuya eliminación resuelve un problema. Planificación y ejecución militar, sobresalientes. Planificación geoestratégica, catastrófica.
Los dos peajes
Irán exige que los buques soliciten autorización para transitar por Ormuz y paguen tarifas de servicio: un sistema de extorsión que no existía antes del 28 de febrero y que se ha normalizado en cinco meses. Estados Unidos anunció el lunes que cobraría un veinte por ciento del valor de la carga por custodiar el mismo paso. Aunque la tasa se haya reconvertido en compromisos de inversión del Golfo –la vieja estrategia de la estupefacción: lanzar lo inasumible para cobrar en otra moneda–, la lógica queda establecida y no se retira: el estrecho ya no es un paso estratégico internacional, sino una caseta de peaje en disputa entre dos cobradores. El mundo está en guerra, aunque no lo llame así. Y quien no lo entienda, ya ha empezado a perderla.
*Gustavo de Arístegui es diplomático y fue embajador en India, Bután, Maldivas, Nepal y SriLanka (2012-2016) gustvodearistegui.substack.com
La
España resignada (hay otra y es mejor)
Jesús Cacho.
Vozpópuli.
19 Julio 2026.
El pasado domingo, 12 de julio, con motivo de un viaje a Madrid desde León por carretera tuve la desagradable experiencia de toparme con un gigantesco atasco a la altura de Benavente, con retenciones de más de una hora provocadas por obras en la autovía A-6. Con las máquinas paradas en el arcén, los trabajos de asfaltado parecían haber terminado pero la circulación seguía circunscrita a un solo carril. Bastantes kilómetros después, el atasco volvió a reproducirse a la altura de Arévalo a cuenta de la rehabilitación de un puente sobre el río Adaja. Hace un par de domingos tuve que transitar por la A-1, dirección Burgos, para volver a probar el trazado suicida de una carretera que más que autovía es un peligroso tobogán, con cambios de rasante vertiginosos, curvas mal peraltadas, firme calamitoso y riesgo evidente de accidente grave si a uno se le ocurre pisar el acelerador. Hace poco más de un mes, me tocó vivir una aventura que roza lo surrealista en el AVE Barcelona-Madrid. Mi tren quedó varado al caer la tarde a la altura de Calatayud sin más explicación. Una azafata vino al cabo del tiempo a explicarnos que la avería no tenía arreglo y que debíamos esperar la llegada de un convoy de auxilio procedente de Madrid que nos llevaría, vaya usted a saber la hora, hasta Atocha. Intenté protestar tímidamente desde mi asiento, pero las miradas cargadas de reproche de quienes me rodeaban me indujeron a callar. Me impresionó el conformismo, más bien la servidumbre, de quienes compartían aventura. Ni una protesta. La llegada del verano, con el consiguiente incremento de la movilidad, ha vuelto a poner de manifiesto el lamentable estado de conservación de nuestras infraestructuras. Pero todo el mundo parece acatar el desastre con mansedumbre. España es un país de ciudadanos resignados.
Esta última semana se han vuelto a multiplicar las quejas por los retrasos del AVE. El presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Íñigo Fernández de Mesa, presentó a mediados de marzo un informe que cifraba en 55.000 millones el déficit de inversión en infraestructuras, advirtiendo que la brecha respecto a Europa alcanza los 19.000 anuales (1,4% del PIB), una situación que lastra la competitividad, el crecimiento económico y el mantenimiento de servicios esenciales, además de poner en peligro la vida de millones de españoles. Según el IEE, en 2007 la inversión alcanzaba los 28.000 millones (2,4% del PIB), mientras que en los últimos años apenas llega a los 13.000 (1% del PIB), pese a que el PIB general ha crecido más de un 20% en la última década y la recaudación tributaria se ha disparado por la tenaza sobre el contribuyente de una Agencia Tributaria convertida en la única institución que funciona en este país. El retraso -o atraso- de España respecto a sus socios a la hora de cuidar sus infraestructuras es evidente: mientras que la inversión pública en la UE promedia el 3,4% del PIB, España ronda el 2,7%. ¿Resultado? España es un camino de cabras.
El último informe de Sumauto sostiene que casi 8 de cada 10 conductores perciben un deterioro muy peligroso del firme de las carreteras, alertando de que la falta de mantenimiento está comprometiendo la seguridad vial. Según esta plataforma, la mitad de las carreteras y autovías españolas presentan deficiencias graves en cuanto al estado del asfalto, lo que aumenta la siniestralidad al reducir la adherencia de los neumáticos. El mantenimiento de las infraestructuras es un asunto central a la hora de evaluar el talante de los gobernantes y la calidad de su gestión pública. Mantener infraestructuras en buen estado exige la dotación de importantes sumas de dinero público para un tipo de políticas que no suelen añadir ningún brillo al currículum vitae del líder populista más proclive al espectáculo del corte de cintas que a la buena gestión, por lo que el Gobierno de turno carece de incentivos para dedicar tiempo y recursos a la conservación de las infraestructuras. Todo agravado por la realidad de un Gobierno que no gobierna, un Gobierno abrasado en una legislatura muerta, obligado casi en exclusiva a preocuparse por satisfacer las demandas de los socios que le mantienen en Moncloa más que de las muertes que provoca la falta de mantenimiento de la red ferroviaria de alta velocidad (pongamos que hablo de Adamuz) o de las 1.119 personas que perdieron la vida en las carreteras españolas en 2025 (por no mencionar las más de 4.900 que sufrieron heridas graves que requirieron hospitalización).
Sensación de que nada funciona. No hay dinero para comprar hidroaviones, ni para dotar a Vigilancia Aduanera de los medios adecuados para luchar contra las narcolanchas, ni para encauzar los barrancos del Poyo de nuestras torrenteras. No hay dinero para mantener las vías de alta velocidad, ni para asfaltar las carreteras, ni para hacer trazado nuevo en las viejas autovías de los setenta que penosamente siguen en servicio, ni para gestionar adecuadamente los aeropuertos, ni para pagar a maestros y profesores lo que merecen, ni para retener a médicos que han pasado diez años estudiando la carrera y se van al extranjero… Pero sí que lo hay para subsidios de toda laya destinados a comprar votos, para satisfacer el apetito insaciable de los socios del Frankenstein (20.000 millones condonados de deuda catalana), para regalar millones a organismos desconocidos del exterior y sospechosas ONGs dedicadas a vivir del dinero ajeno. Leído en Vozpópuli este viernes: "El Gobierno recorta 309 millones de Educación para cubrir el aumento de los gastos de personal de Presidencia". Sí lo hay para que la SEPI invierta el dinero del contribuyente en empresas privadas de las que rapiñar y en las que colocar a conmilitones. La lista sería interminable. La España física no funciona y la institucional tampoco. Este Gobierno ladrón ha ocupado todas las instituciones, lo ha corrompido todo, ha mancillado todo lo que ha tocado. Lo último, la Guardia Civil, esa especie de reserva moral de autoridad en la que confiaban gran parte de los españoles.
El espectáculo protagonizado por el director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, el teniente general Manuel Llamas, el viernes en el Senado es de los que abochornan a todo un país. Chulo, arrogante, prepotente. Imputado en el caso Leire Díez, sostiene que no va a dimitir ("en absoluto") aunque sea procesado. Un tipo sin honor. Sigue el ejemplo del jefe de la banda que nos preside, acostumbrado a pasarse la Ley y la Constitución por la entrepierna y a utilizar el aparato del Estado en la defensa de su entorno amical y familiar más próximo. Esta semana su hermano, el célebre Von Karajan extremeño, ha sido condenado por prevaricación, pero nuestro Corleone ni se ha dignado abrir la boca al respecto. Otro tanto ha ocurrido con la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de enviar al banquillo con jurado popular a la prestigiosa catedrática Begoña Gómez por delitos de tráfico de influencias y malversación. La Audiencia ha orillado los de corrupción en los negocios y apropiación indebida. Acribillados por el fuego graneado de la "sincronizada mediática" (con Prisa a la cabeza, un grupo quebrado desde hace 20 años a quien sostiene la gran banca engolfada con Sánchez, y grupo que acaba de anunciar que deja la sede de Miguel Yuste porque no tiene un duro y se va de alquilado), los jueces se la están cogiendo con papel de fumar. Ni en su peor pesadilla se le ocurre dimitir y pedir opinión de los españoles en las urnas. No se va a ir. Y si convoca, cuando no le quede más remedio, tendrá preparada alguna estratagema o añagaza para alterar el resultado. Los nietos y su maldita Ley. El sátrapa acorralado parece tenerlo todo bajo control, hasta el punto de que nuestros Ceausescu’s se disponen a pasar cinco semanas de vacaciones en Lanzarote a cuerpo de rey. Queda por saber hasta cuándo la España de ciudadanos resignados seguirá agachando la cabeza con mansedumbre de cordero degollado.
Todos los desastres son asumibles (a la fuerza ahorcan), todo podría quedar a fin de cuentas en el agrio recuerdo de un invierno de pesadilla, pero la realidad de esta España que se acerca al abismo sin aparente capacidad de respuesta nos obliga, sin perder un minuto, sin distraernos en zarandajas, a centrarnos en la tarea capital de sacar al psicópata de la Moncloa cuando antes, una cuestión que interpela directamente a los dos partidos de la derecha, a PP y a VOX, enzarzados a menudo en absurdas disputas que suelen resultar en oxígeno de última hora para el déspota que se ahoga. Vivimos una situación de emergencia nacional. No es una novedad, cierto. Lo ha dicho mucha gente y otra tanta lo ha escrito, pero conviene repetirlo hasta la saciedad ante la evidencia de la democracia en peligro. La mitad de los españoles, como poco, no puede resignarse a vivir bajo la dictadura de la otra mitad. Y una emergencia nacional como la que vivimos reclama una solución a la altura del desafío, exige un pacto electoral entre PP y Vox (el Nuevo Frente Popular de la izquierda que patronea Sánchez lleva vigente desde 2018), quizá una candidatura conjunta sobre un pacto de mínimos con el objetivo de lograr 12 millones de votos, o 210 diputados, y volver este país del revés, acabar con la morralla del lawfare, lo woke, el género, la memoria democrática y demás basura impulsada por una izquierda radical que traviste la envidia de "justicia social" y odia la excelencia maquillando su resentimiento bajo el ropaje de la "igualdad" por bemoles. Se trata de reinstalar el imperio de la razón en el altar del Estado, volver a poner la verdad y la honradez en el frontispicio de lo público, devolver a los españoles la ilusión por vivir y trabajar y prosperar en un país que se respete a sí mismo. Experimentar la alegría de habitar en una auténtica democracia.
Porque frente a la España resignada existe otra España y es mejor, mucho mejor, infinitamente mejor. Es la España de los profesionales liberales, economistas, científicos, médicos, artistas que triunfan en todo el mundo, pero también la de los millones de españoles que madrugan cada mañana para ir a su trabajo y mantener a su familia, la de esas heroicas mujeres que trabajan fuera de casa y se ven obligadas a cuidar de los hijos cuando vuelven al hogar. Es la España de Luis de La Fuente, que hoy juega la final del campeonato del mundo de fútbol frente a Argentina. La demostración de que este es un gran país cuando dispone de líderes con sabiduría y honestidad bastante para guiarlo. Alguien escribió hace tiempo que somos "un pueblo noble que ha tenido la mala fortuna de padecer malos gobiernos". Y sí, cierto, hemos padecido malos gobiernos porque hemos elegido malos gobernantes, pésimos gobernantes desde Fernando VII a esta parte. Hemos sobrevivido a reyes felones, a reinas ninfómanas, a espadones de Loja, a anarquistas de ramo y a socialistas ansiosos de trinchera noventa años y un día después de aquel 18 de julio de 1936. Sobreviviremos. El equipo de De la Fuente es la demostración empírica de que España podría funcionar, puede funcionar si está bien dirigida, si acierta a elegir en las urnas a políticos de probada honradez (algo de inteligencia también ayudaría) dispuestos a entregar cuatro u ocho años de su vida en aras del bien común. Los españoles, y solo los españoles (no esa vergonzante UE de la que solo cabe esperar decepciones) tienen la palabra. Y que gane el mejor (es decir, España).
Nación
y nacionalidad
Jesús Rul. Vozpópuli.
19 Julio 2026.
En el último tramo de legislatura, la vida política vive muy revuelta por la corrupción generalizada de la administración socialista, en el poder del Estado, y las políticas de adquisición de la nacionalidad española:
Los 8 años de corrupción de poder
socialista, entre 2018 y 2026, son abrumadores, con más de 100
imputados, y sigue: internos en presidencia, ministerios y empresas
públicas, con nexos empresariales en España y el mundo, con
sentencias firmes y en proceso de instrucción desde la familia
presidencial (esposa y hermano) a altos cargos del PSOE (García
Ortiz, Ábalos, Koldo, Cerdán, Leire Díez…), expresidente
Zapatero, DAOs de policía y Guardia Civil… Por ahora ninguna
explicación creíble, ninguna asunción de responsabilidad. Sólo el
humo tóxico de los relatos del poder y de la corte mediática para
consumo de beneficiarios y crédulos.
Ahora, hace crisis la conjunción de dos políticas de adquisición de nacionalidad: Ley de Memoria democrática 20/2022 (DA. 8ª de nietos, más la instrucción administrativa de 25.10.2022, de Sofía Puente, ex directora general de Seguridad Jurídica y Fe pública que, contra ley, amplia el contenido y el número de beneficiarios), y de obtención de nacionalidad por residencia, y además la regulación masiva de inmigrantes con más de un millón de solicitantes, con efectos laborales. Su impacto en términos cuantitativos afectará a la vida de los ciudadanos españoles (representación política -voto- integración, costumbres, seguridad y servicios públicos). Está por ver su impacto cualitativo en los rasgos objetivos y subjetivos de la Nación española, singularmente, la pertenencia, identidad y memoria compartida de valores y compromisos colectivos.
Número de beneficiarios
Ambos factores, la corrupción sin escrúpulos y la devaluación de la nacionalidad española, caracterizan el régimen sanchista. Aquí, me centro en las relaciones entre la Nación y la nacionalidad. Las dos políticas de adquisición de la nacionalidad española aumentan, a corto plazo, el número de beneficiarios de la Nación, y a medio-largo crearán efectos en la vida nacional, además de los positivos, los muy negativos acreditados en otros países como Bélgica, Reino Unido, Francia, Suecia, por citar algunos casos, con marginalidad y violencia.
Por un lado, la regularización masiva de inmigrantes sin controles efectivos, como se está haciendo, anima el fraude y las mafias de personas. Creará condiciones de marginalidad y delincuencia refractarias a la integración sociocultural. Más en una situación de listas de espera en la Sanidad, con problemas educativos, con servicios sociales al límite, con una economía que vive del gasto público expansivo a cargo del déficit y la deuda pública, con un PIB per cápita estancado durante décadas, alta inflación, declive del poder adquisitivo, altas tasas de pobreza, problemas de vivienda por el intervencionismo y el desajuste estructural entre salarios bajos y altos costes por m2 construido. El sanchismo sólo exhibe el dato aislado del PIB nominal, cuyo crecimiento falaz se debe al crecimiento cuantitativo por la inmigración, pero con bajo valor añadido. Efectos: retroceso en competitividad, libertad y seguridad jurídica que alejan la inversión.
Por otro lado, la adquisición masiva de la nacionalidad a personas extranjeras, sin vínculos reales con la vida española, atenta contra la representatividad democrática (violenta los censos electorales y la asignación de escaños) y contra la soberanía de los españoles, con un doble impacto negativo: altera el significado de la representación nacional de las Cortes y Parlamentos regionales, y la identidad nacional como patrimonio de ciudadanos que viven en suelo español durante generaciones, cuyos lazos y relaciones nutren el sentido de pertenencia, la seguridad colectiva, la memoria común y contribuyen con su trabajo y esfuerzos al desarrollo colectivo. Es la Nación, esto es, la comunidad nacional actual, con raíces y nexos históricos, construidos con heroísmo, proyectada a las generaciones futuras.
Derechos y libertades
La nacionalidad es un avance de la civilización, al vincular el poder público -territorial e institucional- con los derechos ciudadanos. Es una aportación de Roma al establecer el estatus legal de protección personal ante la ley y garantizar derechos civiles (civis romanus sum). Se degradó hacia el final del Imperio y desapareció en la Alta Edad Media con el vasallaje y la sumisión. Resurgió en las ciudades (burgos) en la Baja Edad Media (s. XIV y XV) con los fueros y las libertades comerciales. La Modernidad Ilustrada se fundó en la libertad y los derechos humanos con el pacto constitucional, cuyas concreciones dieron lugar al contrato social que hace depender el poder político de la soberanía nacional (democracia liberal), la declaración de derechos (Revolución americana, 1776 y la Revolución francesa, 1789, y Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948). La CE en el capítulo II establece los Derechos y libertades de los españoles.
La ciudadanía queda así vinculada a la pertenencia a un Estado-nación: la relación entre ciudadanía y Estado es un vínculo jurídico, político y social indisociable. La relación entre ciudadanía y nación son los vínculos -reales, simbólicos y morales- de una comunidad nacional entre sus miembros legítimos, con derechos y deberes, y las funciones que desempeñan para su mantenimiento y desarrollo. La nacionalidad tuvo y tiene el efecto de cohesionar a los ciudadanos con el territorio nacional.
La nacionalidad española se reconoce en el art. 11 CE con estas concreciones: se adquiere, conserva y pierde por ley; es privativa de los españoles de origen; la concesión por ley de la doble nacionalidad a ciudadanos de países iberoamericanos o con otros por su vínculo con España. La Ley de Memoria Democrática y la Instrucción, citadas antes, hacen un uso amplio e ilimitado al conceder la nacionalidad de origen a hijos ni nietos de extranjeros descendientes de españoles por diferentes razones, incluyendo hijos de madres que perdieron la nacionalidad por matrimonio, etc.
Un reconocimiento formal
Pero, esta atribución rompe el nexo entre la nacionalidad y la pertenencia real al Estado-nación español, pues no vivirán en España ni contribuirán a su desarrollo. Son ciudadanos con arraigo en otros países. En estas condiciones, la atribución de nacionalidad debería ser un reconocimiento formal, cuya efectividad sólo se perfeccionaría con la decisión individual de incorporarse como ciudadanos a la Nación española: vivir y contribuir al desarrollo español como condición de plenitud de derechos de ciudadanía (voto, derechos y libertades constitucionales, servicios públicos). No se está haciendo así, contribuyendo a depreciar el valor de la nacionalidad española. Otros países cometieron este error y rectifican. Tenemos, en resumen, los siguientes datos de impacto.
Impacto de la Ley de Memoria. Han optado por la nacionalidad alrededor de 2,45 millones de personas. Se han aprobado oficialmente 544.722 solicitudes. El mayor volumen se concentra en Cuba, Argentina, Venezuela y México.
Impacto de la nacionalidad por residencia. 296.897 solicitudes (2025). Concedidas 299.732 personas (2025, un 18,7% más que el año 2024).
Impacto por la Regularización extraordinaria de inmigrantes (2026). Aprobado por RD de abril de 2026, para regularizar extranjeros que han entrado de forma clandestina en España antes del 31.12.2025. Con una previsión inicial de 500.000 personas. Ha creado efecto llamada y registradas más de 1.174.000. Las solicitudes que se aprueben otorgan permiso de residencia y trabajo.
LEY DE AMNISTÍA
Juan
Chapapría (abogado de Sociedad Civil Catalana): «El fallo del TJUE
no supone la vuelta de Puigdemont»
Vicente Gil.
okdiario. 19
Julio 2026.
«El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha avalado políticamente pero no jurídicamente la amnistía y su fallo no supone la vuelta de Puigdemont». Así lo explica a OKDIARIO, Juan Chapapría, CEO del bufete Chapapría-Navarro & Asociados, y abogado de Sociedad Civil Catalana en esta causa. Para Juan Chapapría, «los jueces del Tribunal de Justicia de la Unión Europea han querido lavarse las manos porque concluyen que la amnistía es un problema interno de España que han de resolver los jueces españoles».
Más allá de titulares interesados, señala Juan Chapapría, «la Ley de Amnistía tiene un largo recorrido aún en los tribunales españoles». El fallo del TJUE lo confirma: «Ni Conde-Pumpido puede acelerar la vuelta de Puigdemont».
Recuerda Juan Chapapría que el Tribunal Constitucional tiene que resolver aún el recurso planteado por el Tribunal Supremo, partidario de no aplicar la aministía en el caso de la malversación: «La interpretación de la ley y la ejecución de la sentencia sobre la malversación depende del Tribunal Supremo». Y añade que el Supremo «aún puede elevar al TJUE otra cuestión prejudicial», lo que retrasaría otros dos años la aplicación completa de la ley. Así pues, afirma Chapapría, «la vuelta de Puigdemont a España sigue en manos del Tribunal de Cuentas y del Tribunal Supremo».
Para Sociedad Civil Catalana (SCC) y su letrado, la sentencia del TJUE confirma que la pelea procesal seguida ha valido la pena: «La partida jurídica contra la amnistía se ha jugado bien y dos años después la ley sigue sin aplicarse en su totalidad». «Ha sido grotesco -recuerda Chapapría- todo lo que han hecho por intentar aplicar la amnistía».
Juan Chapapría anima a no dejarse vencer por los relatos políticos: «A Sánchez le queda muy poco y debemos resistir. Hay que seguir peleando contra la amnistía en estos meses de legislatura que quedan». El abogado de SCC cree que «la vuelta de Puigdemont antes de las próximas elecciones sería una estocada de la que dificilmente nos recuperaríamos». Para Juan Chapapría, «nuestro estado de Derecho está en juego por siete votos».
La malversación
El Tribunal Supremo se niega a aplicar la amnistía en lo relativo a la malversación. Sociedad Civil Catalana calculó que los golpistas catalanes malversaron más de cinco milllones de euros. El Tribunal de Cuentas, que estaba a punto de dictar sentencia cuando se aprobó in extremis la ley, elevó la cantidad a 12 millones. Juan Chapapría recuerda que la sentencia del TJUE reconoce que «en España ha habido malversación de fondos públicos estatales y autonómicos con mucha seguridad».
Explica Chapapría que el TJUE ha reconocido la competencia del Tribunal de Cuentas en este asunto fundamental de la malversación, que impide aplicar completamente la ley y que, de esta manera, mantiene abierta la posibilidad de depurar responsabilidades por el uso de fondos públicos nacionales. Y aclara el sinsentido en el que se ha metido el propio TJUE al afirmar, para lavarse las manos, que no hay fondos europeos afectados mientras reconoce, al tiempo, que se ha vulnerado la tutela judicial efectiva: «Dice que no hay fondos europeos afectados pero, precisamente, porque no pudo investigarse».
Golpe de estado
Más allá de la pelea judicial, Juan Chapapría tiene claro que «el procés fue un golpe de estado y que la amnistía fue una autoamnistía para mantener al Gobierno redactada por los propios delincuentes». Para el abogado de SCC, «Sánchez ha dado un golpe de estado con la amnistía para salvar a otros golpistas, como Puigdemont».
Juan Chapapría cree que «la Ley de Amnistía puede y debería ser derogada por un nuevo gobierno», en referencia a PP y Vox. La derogación no tendría efectos sobre los casos ya resueltos, pero sí sobre Puigdemont y los casos que siguen en los tribunales abiertos. Porque, reitera, «la sentencia del TJUE de esta semana no tiene ningún efecto sobre Puigdemont».
El dolor que causó ETA sigue vivo en las
familias: por qué no es justo ni bueno «pasar página» del
terrorismo
Inés
Serrano Fernández. el debate.
19 Julio 2026.
Inés Serrano Fernández, psicoterapeuta, doctora en Psicología y profesora adjunta de la Universidad San Pablo CEU, analiza desde la Psicología del Perdón por qué las familias de las víctimas de ETA necesitan verdad, justicia, reparación y reconocimiento público del daño
«Seguir alimentando el espantajo de ETA demuestra falta de ética» afirmaba hace unos días Jon Sistiaga, y añadía «ETA no existe». El periodista está subrayando el discurso oficial que concierne al ámbito político. No obstante, la Psicología del Perdón sugiere que existen aspectos relacionados con la reconciliación, que justifican con creces que ETA y el dolor causado a viudas, huérfanos, exiliados, etc., forme parte de la conversación actual.
Sucede que ETA sigue presente tanto en la sociedad, como en la actualidad española con notable frecuencia.
Sólo por mencionar algunos ejemplos: COVITE ha registrado 129 actos de homenaje a terroristas durante el primer semestre de 2026. Cabe preguntarse, en un ejercicio de empatía, ¿cómo se sienten familiares y víctimas cuando bajan a comprar el pan, y al pasar por la plaza, observan un grupo de filoterroristas en pleno homenaje? ¿Cómo explican a los nietos de ese guardia civil tiroteado, que su abuelo es un héroe que merece honores? Qué confusión tan grande para los niños y jóvenes, que las acciones de homenaje que se llevan a cabo sean para los victimarios (quienes causan el daño) y no para las víctimas.
Otro ejemplo de cómo ETA sigue presente: a principios de julio Francia absolvió a Josu Ternera –histórico dirigente de la banda terrorista– de su último procedimiento pendiente allí, motivo por el cual la AVT reclamó su extradición a España para que sea juzgado, entre otros, por el atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza en 1987. ¿Cómo se sienten las víctimas y familiares de aquel terrible atentado? ¿Cómo hablan de lo ocurrido a las nuevas generaciones? «Mira, ese es el etarra que mató a tus dos tías gemelas de dos añitos, hoy tendrían 41». Puede uno imaginar el vuelco que les dará el estómago a estos familiares al ver la imagen de Ternera en las noticias.
La justicia no es una venganza, es una necesidad. Que se haga justicia no repara el daño irreversible de la pérdida de vidas humanas, pero al menos sí restaura el orden moral.
Y un último y reciente ejemplo: a finales de junio saltó la noticia del fallecimiento, a los 80 años y en libertad, del llamado «carnicero de Mondragón», Jesús María Zabarte Arregi, del comando Guipúzcoa que, pese a la condena de más de 600 años por atentados y asesinatos, y nunca haber expresado arrepentimiento, salió en libertad en 2013 tras la anulación de la doctrina Parot. ¿Cómo se sienten las víctimas y familiares que se han cruzado con él en el supermercado durante estos últimos trece años?
La Psicología del Perdón subraya que los procesos de reconciliación requieren de verdad, reconocimiento del daño, justicia, reparación y construcción de una convivencia futura. En Irlanda del Norte y en Sudáfrica se trabajó duro por avanzar en estos aspectos.
En España la reconciliación está, por tanto, aún pendiente: las víctimas y sus familias necesitan espacio real para expresarse, y necesitan un reconocimiento de la verdad, y del daño vivido. Pero sigue habiendo 379 asesinatos pendientes de esclarecer, lo que indica necesidad de justicia. Y todavía hay daño a la convivencia cuando suceden los homenajes ya mencionados.
A pesar de esto, actualmente proliferan los discursos que sugieren que es tiempo de dejar atrás, que «no es ético agitar el espantajo de ETA», que hay que olvidar, o que ya es pasado…
La Psicología del Perdón es clara: hablar de reconciliación nunca puede ser utilizado como equivalente de olvido, ni para minimizar el daño, o equiparar víctimas y victimarios, o para que las víctimas renuncien a la verdad y a la justicia.
El tiempo de dejar atrás de las víctimas y sus familias vendrá marcado por las acciones a favor de la verdad, del reconocimiento del daño, de la reparación, la justicia y la convivencia real que, en España, de momento, todavía no se han dado.
******************* Sección "bilingüe" ***********************
Las
mentiras no pueden cambiar la verdad de la amnistía
Francisco
Marhuenda. la razon.
19 Julio 2026.
No podemos aceptar que el relato promovido por La Moncloa, lleno de mentiras y manipulaciones, cambie la realidad de la amnistía. Hasta los dirigentes de Junts se han dado cuenta de que fueron engañados. Es cierto que negociar con Sánchez siempre comporta este riesgo y la realidad es que la ley fue una chapuza de enormes dimensiones sustentada en una sucesión ininterrumpida de fraudes. La propia sentencia del Tribunal Constitucional es una de las mayores felonías de la Historia del Derecho Español. En cambio, la promulgada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) era, simplemente, previsible y no aporta nada a la fraudulenta constitucionalidad impuesta por el servil Cándido Conde-Pumpido. Los constituyentes fueron muy claros y la descartaron, porque es un instrumento jurídico que no tiene ningún sentido en una democracia. En este caso, además, atenta contra numerosos preceptos constitucionales, así como contra el sentido común. Era necesario un personaje tan nefasto en la Historia de España, para que se cometiera un acto tan antijurídico que es una clara agresión al Estado de Derecho. Por supuesto, los juristas de cámara del régimen sanchista han aplaudido con fervor una sentencia que ni siquiera se han leído.
Ningún demócrata con conocimientos del Derecho, respeto por la Constitución y amor por España puede defender la amnistía. El instrumento adecuado eran los indultos individuales, ya que son siempre un acto de fuerza del Estado. En cambio, el bodrio que aprobó el Congreso, chapuceramente elaborado, fue un zafio intento de reescribir la historia, aunque no lo conseguirán porque existen fuentes documentales veraces que desbordan cualquier intento en ese sentido. Por supuesto, los independentistas, que están divididos y en retroceso, se han autoconvencido y justifican, algo que no me sorprende, lo que sucedió. Era necesario, para perpetrar este disparate, un personaje sin escrúpulos y carente de principios como Sánchez para impulsar esa ley y un vasallo como Conde-Pumpido que la blanqueara. Al margen de que el primero apoyó las medidas excepcionales adoptadas por Rajoy para hacer frente al desafío independentista y la vulneración de los ordenamientos constitucional y estatutario, la realidad es que defendió que la amnistía era inconstitucional para pasar a defenderla cuando necesitó comprar siete escaños para ser presidente.
No hay otro relato que ese comportamiento indigno en lo personal e insólito en cualquier democracia para justificar semejante atropello de la Constitución. El fallo del TJUE no hace más que constatar obviedades, porque el Constitucional de Conde-Pumpido se encargó de declarar que no contravenía la Constitución. A partir de ese momento y con el comportamiento del Gobierno socialista comunista atacando la separación de poderes, así como blanqueando al independentismo, nunca esperé que se pudiera resolver la cuestión en otra dirección. Los condenados por el Tribunal Supremo, en una sentencia que fue la derrota del procés y sirvió para restaurar la legalidad, fueron indultados e incluso se modificó el Código Penal para complacerles. En cambio, Puigdemont fue el gran perjudicado de la chapuza sanchista, ya que sigue fuera de España convertido en rehén del inquilino de La Moncloa. Es la curiosa paradoja que, unido a los incumplimientos de Sánchez, ha conducido a la ruptura y petición de que presente una cuestión de confianza y convoque elecciones. Por supuesto, no se siente concernido, no le importa incumplir la Constitución y gobernar con un Parlamento manifiestamente hostil.
Puigdemont sabe que no se puede fiar de Sánchez y que impulsó la ley de amnistía porque lo único que le importa es su continuidad en La Moncloa. El problema reside en que no supieron elaborar una ley de punto final, porque el nivel jurídico de los sanchistas lo marcan personas como Óscar Puente. Lo pongo como ejemplo, ya que ha reconocido que no es un buen jurista y tengo que hacer honor a su humildad. La consecuencia ha sido que el expresidente catalán ha quedado en el limbo, convertido en prisionero de quien aseguró que su prioridad era detenerlo para ponerlo a disposición del Tribunal Supremo. Desde luego, si le conviniera, lo haría sin que le temblara la mano. A esto hay que añadir el profundo odio que siente por los dirigentes de Junts, especialmente por Mirian Noguera, ya que le hacen la vida imposible en el Congreso. Es bueno recordar que su única prioridad es favorecer a Salvador Illa y fortalecer sus lazos con ERC, Sumar y Bildu. Por eso, Junts ni entra ni ha entrado en sus planes, salvo para agotar la legislatura, aunque no pueda aprobar ninguna ley de su agenda ideológica.
El castigo para Sánchez es que esta legislatura se mantiene con una frágil respiración asistida, está cosechando derrota tras derrota en las elecciones que se han celebrado y que han emergido los graves casos de corrupción que afectan al Gobierno, al PSOE y a la familia presidencial. El horizonte no puede ser más desolador. Es cierto que consiguió comprar la presidencia con la amnistía, que es un acto de corrupción política, aunque no esté tipificado en el Código Penal. La amnistía no aportó ni reconciliación ni convivencia, ya que esto había llegado con la derrota del independentismo y la sentencia del Tribunal Supremo. Los sanchistas son aventureros sin escrúpulos, como se ha podido comprobar con su comportamiento y los escándalos de las cloacas, por lo que nada bueno se puede esperar de ellos. En lugar de buscar puntos de acuerdo con las formaciones que defienden la Constitución, prefieren el frentismo y el populismo aliados con los enemigos de España. Sánchez no ha resuelto el problema independentista, sino que les ha abierto el camino para que lo vuelvan a hacer cuando consideren que las circunstancias les resultan favorables. El futuro de España no pasa ni por modelos pseudoconfederales ni por ceder ante ERC, sino por defender la Constitución y el Estado de Derecho.
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