Recortes de Prensa Martes 1 Septiembre 2026

Guerra de Ucrania

Un ataque ruso con misiles balísticos contra un depósito ferroviario deja al menos doce muertos en Kiev y sus alrededores
El director de Ferrocarriles ucraniano ha afirmado que el ataque ha provocado "una destrucción generalizada" y ha matado a seis empleados
Efe. Kiev. el mundo. 1 Septiembre 2026

Al menos ocho personas murieron esta madrugada en Kiev y otras cuatro perdieron la vida en sus alrededores en un nuevo ataque masivo ruso con misiles balísticos y drones contra la región capitalina, según el balance de víctimas ofrecido por el Servicio de Emergencias de Ucrania.

Seis de los muertos que se conocen hasta el momento son trabajadores de la empresa pública ferroviaria ucraniana, Ukrzaliznytsia, según ha anunciado la propia empresa. El ataque ruso de anoche ha tenido infraestructuras de la compañía entre sus principales objetivos.

Otras cuatro murieron en ataques a infraestructura industrial y a una gasolinera en la localidad de Boríspil, cerca de Kiev.

Numerosos edificios de viviendas sufrieron daños por la caída de drones o misiles rusos en la región.

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, ha escrito en X que este nuevo ataque contra Kiev demuestra que, a diferencia de Volodímir Zelenski, que ofrece un alto el fuego y pide una reunión de presidentes para hablar del final de la guerra, el líder del Kremlin, Vladímir Putin, no está interesado en la paz.

Sibiga pidió que se intensifique la presión a Rusia con la aprobación por parte del Congreso de EEUU de una ley impulsada, entre otros, por el difunto senador republicano cercano a Trump Lindsey Graham que daría poderes adicionales al presidente para dictar sanciones secundarias en forma de aranceles a quienes sigan financiando el esfuerzo de guerra ruso mediante la compra de petróleo.

El jefe de la diplomacia ucraniana también pidió nuevas sanciones internacionales que afecten a la capacidad de Rusia de seguir produciendo misiles balísticos y emplazó a sus socios a que destinen los activos rusos congelados sobre todo en la UE a ayudar a Ucrania.

Rusia ha atacado de forma prácticamente ininterrumpida Kiev desde el jueves, sobre todo con drones, en una campaña de bombardeos dirigida principalmente contra almacenes de supermercados y otras empresas dedicadas a la venta minorista.

La disyuntiva de Ceuta: o gana la nación o gana la izquierda
José Javier Esparza. gaceta. 1 Septiembre 2026

Es perfectamente verosímil que Sánchez haya pactado entregar Ceuta y Melilla a Marruecos. Le hemos visto amnistiar a los golpistas del 1-O y facilitar la excarcelación de los asesinos de ETA, así que ¿por qué no? Por otro lado, no sería una entrega convencional, sino más bien una suerte de rendición híbrida, en el mismo sentido en que es híbrida la guerra que Marruecos sostiene contra nuestras fronteras. No habrá un regimiento marroquí que entre en la ciudad para poner en el balcón del Ayuntamiento la bandera jerifiana. No hace falta. No, lo que se verá es la consumación de lo que ya está sucediendo: progresiva entrada de población marroquí, desestabilización irreversible de la vida ciudadana, vaciamiento simétrico de población española, borrado de fronteras, desvanecimiento material de la soberanía española y, finalmente, cambio institucional. Ceuta y Melilla convertidas en ciudades de soberanía vacía, un poco como se ha hecho en Gibraltar. Marruecos es ya, en la práctica, un socio preferente de la Unión Europea y un aliado esencial de la OTAN (o sea, de los Estados Unidos). ¿A quién le iba a molestar? A los españoles, ciertamente, pero no a todos. En particular, a la izquierda no iba a suponerle ningún trauma. Si además todo eso sirve para mantener a Sánchez y sus clientelas en el poder, por la vía que sea, razón de más para tragar con ello. Quien espere alguna reacción airada de nuestros aliados, que mire bien: ninguno ha movido un dedo tras lo de Ceuta. Estamos solos. Y sí, las bases sociales de la izquierda española terminarían comprándolo.

Esto es importante: para la izquierda española, la entrega de Ceuta y Melilla, y aun de las Islas Canarias, no representaría trauma alguno, especialmente si su burbuja mediática envuelve el proceso con las necesarias dosis de emotividad y sectarismo. Hay que entender que la izquierda española nunca —nunca— ha concebido la nación española histórica como fundamento de la comunidad política, sino que su idea de comunidad política siempre se ha circunscrito al espacio de poder del partido. De hecho, la izquierda española, tradicionalmente, siempre ha defendido la desnacionalización de España, lo mismo en el federalismo del siglo XIX que en el internacionalismo proletario del primer tercio del XX, en la «confederación de nacionalidades ibéricas» que proponía Largo Caballero en marzo de 1936 o en el zurriburri autonómico de 1976, cuando el PSOE y el PCE mantenían el «derecho a la autodeterminación» de las regiones. Los pactos con separatistas que inauguró Zapatero en 2004 resucitaron esa línea. Nuestra izquierda hereda una visión fanáticamente negativa de la Historia de España y, al mismo tiempo, la convicción de que no habrá redención posible si no gobierna ella. Pocos personajes ejemplifican esto mejor que Azaña, que no era socialista, pero condensaba en su pensamiento todos los prejuicios de la izquierda nacional; los mismos, por cierto, que hicieron inviable la II República. Por eso nuestra izquierda ha sido el más entusiasta agente de la leyenda negra antiespañola. Ahora bien, ocurre que Ceuta y Melilla son esencialmente Historia: no son relevantes por su PIB ni por su demografía ni por su carácter revolucionario, sino que esencialmente son el legado de la España histórica. Por eso un personaje como Máximo Cajal, diplomático socialista «pata negra», pudo tranquilamente proponer en 2003 la entrega de Ceuta y Melilla a Marruecos a cambio de Gibraltar. Para él esas dos ciudades no representaban otra cosa que una incongruencia geográfica. Es verdad que Cajal fue apartado del partido por la polémica levantada, pero también lo es que Zapatero lo recuperó en 2010 como su representante personal para la Alianza de Civilizaciones. Conviene saber todas estas cosas para entender cuál es la sensibilidad de nuestra izquierda hacia la cuestión.

Lo que pasa es que España, la nación, es algo más que el espacio de poder de la izquierda, aunque a ésta le cueste entenderlo: es una realidad histórica cuyas manifestaciones materiales son un Estado y un pueblo que le dan permanencia. Si amputamos Ceuta y Melilla sin contar con el conjunto de la nación, se habrá mutilado al pueblo español. Y por otro lado, el Estado, tal y como lo conocemos, no resistiría la cirugía: la Corona perdería toda razón de ser, el Parlamento también, la democracia quedaría reducida a una broma siniestra, el Ejército quedaría como una máquina inútil… Y la sociedad española tendría que cargar con el oprobio de haber entregado una parte de sí sin ofrecer resistencia alguna. En el fondo, la disyuntiva a la que nos está conduciendo este Gobierno es cada vez más esa: o la nación o la izquierda. En ningún lugar se está viendo eso mejor que en las calles de Ceuta.

El calado de la traición
Hughes. gaceta. 1 Septiembre 2026

Al comienzo de legislatura, entre críticas, Abascal habló de falta de legitimidad de Sánchez. Ahora eleva lo suyo a delito de traición, y pide diputados, porque los necesita, para iniciar la senda del artículo 102.

Cacarear contra Sánchez todo el día, y hacerse con ello un nombrecito, es relativamente fácil. Diríamos que es una industria en España. Acusarle de traición e ir a por él en tanto traidor, esto es otra cosa. Algo que, realmente, rompe el Consenso. Es una declaración importante porque no es sólo una palabra o un desahogo: es un curso de acción, un proyecto político. Y rompe el clima, el marco, el posible reset, el que se besen del sistema. Impide el olvido. También fulmina el estado oficial de «amistad» con Marruecos. Esto son dos pilares, interno y externo, del 78 (expresión de la que no hay que abusar para no parecer el loco de un bingo).

Pero el antisanchismo a cuya puerta toca Abascal parece incapaz de sostener un reto así, incluso el simple hecho narrativo; y quiere hacer caer a Sánchez por delitos distintos: los de su hermano, su mujer… Lo que viene siendo la corrupción. La amnistía ya pasó al olvido, y algo similar sucedería con Ceuta (la ópera no acaba hasta que canta la gorda y las crisis no acaban hasta que se celebra una manifestación).

Sánchez será todo lo «autócrata» que quieran, pero cuando habla, como ayer en la SER, coincide con mucha gente; al hablar de modelo económico de crecimiento, suena igual que la patronal y al darle a la manivela del humanitarismo, se parece a la Iglesia.

Derecha e izquierda han venido coincidiendo en el modelo de crecimiento y en el humanitarismo de las instituciones de posguerra. Cuestionarlo no quiere decir que haya que matar inmigrantes, sino cambiar el marco jurídico e ideológico del que más que nadie se aprovecha Marruecos para la lenta erosión de la plaza de Ceuta.

Así que Sánchez es un autócrata que coincide con los empresarios, con la Iglesia, y al que las mujeres harían presidente si sólo votaran ellas.

Pero contra Sánchez parece que nada se puede hacer. Todo lo pervierte. Y cuanto más evidente es que nada institucional se puede hacer, entonces se redobla la ira, la frustración y el antisanchismo, olvidando que lo primero que desprotege a los españoles son sus leyes (y, más allá, el lecho histórico y casi metapolítico sobre el que se hacen).

Ceuta nos ha confirmado lo que intuíamos: que para muchos izquierdistas, la invasión del país es un hecho anecdótico y menor, incomparable, al menos, con el hecho náutico de que alguien llegue a Ceuta en barco, con gomina y una cerveza. También hay un cambio, una aceleración en la izquierda. Hay cambios de piel, pasos a otra cosa. Confirmadas por fiscalía las violaciones, Ceuta simboliza el abandono de la mujer y del feminismo como caballo de la izquierda; de la mujer como sujeto víctima se pasa al inmigrante, o mejor, al migrante, que no es exactamente lo mismo, y con él al anticolonialismo retrospectivo, y a localizar el agravio en la raza o los pecados de Occidente. Los elegidos sucesivos de la izquierda: obrero, separatista y mujer ( no digamos ya el trans) se tienen que apretar en el vagón para dar entrada a los migrantes; los primeros, los marroquíes.

Traición a la Ceuta española, el final del relato
JOSÉ LUIS MORENO. okdiario. 1 Septiembre 2026

La histórica invasión por parte de una avalancha de más de 80.000 personas de la ciudad española de Ceuta, cuestionando nuestra soberanía, ocurrida a finales del mes de julio de 2026, constituye un caso paradigmático de instrumentalización de los flujos humanos con dimensiones geoeconómicas y de guerra híbrida.

Algunos de ellos, ni siquiera la mayoría, cruzaron a nado y así está grabado por las cámaras de vigilancia de la frontera europea con África. Otros invasores lo hicieron bordeando las dañadas barreras fronterizas. Todos ellos lo hicieron de forma masiva, tras conocerse una sentencia del Tribunal Supremo que limitaba el uso de las devoluciones en caliente en determinados supuestos.

Una parte de los invasores regresó voluntariamente en 48 horas, pero casi 10.000 de ellos permanecen hoy, de forma irregular, en el territorio español de Ceuta, cuya población estable es de 85.000 habitantes. El gobierno todavía no los ha filiado ni censado, imprescindible para iniciar los trámites de expulsión. No se trata de una crisis migratoria, un fenómeno espontáneo o meramente humanitario; ha sido una invasión en palabras del presidente Vivas. Una crisis que se agrava cada día más.

Desde una perspectiva geoeconómica, la migración irregular masiva opera como un potente instrumento de presión asimétrica. Marruecos, con unas tasas de desempleo juvenil del 40%, dispone de una herramienta demográfica que cree saber modular en cada momento en su compleja relación con España. El control de las salidas de las personas hacia las ciudades españolas de Ceuta y Melilla, que son, además, la frontera terrestre de la Unión Europea con África, había otorgado a Marruecos, hasta la fecha, un poder de negociación en diferentes ámbitos geoeconómicos. Destaco los acuerdos sobre la captura pesquera, los flujos comerciales a través del Estrecho, las potentes inversiones en puertos como el de Tánger Med, que pretende competir con las instalaciones españolas portuarias de Algeciras, finalizando con la independencia del Sáhara Occidental, donde todo reconocimiento internacional refuerza la cuestionable posición marroquí.

Para España y la Unión Europea, el coste de esta irresponsable traición de Marruecos y del gobierno de la nación es inmediato y estructural. Ceuta, con una economía local limitada y una gran dependencia de las transferencias, está sufriendo una presión del todo inasumible sobre sus servicios públicos, como el alojamiento temporal, la salubridad, la limpieza y la seguridad. El colapso temporal de los centros de acogida y la necesidad de desplegar tanto efectivos militares como policiales está generando, además, unos gastos extraordinarios. En una semana se pasó de acoger a 180 menores a atender a 800, de los que el gobierno quiere trasladar 500 a la península.

A escala nacional, este increíble episodio alimenta el debate sobre el «efecto llamada», la sostenibilidad del sistema de asilo y la competencia en el mercado laboral de baja cualificación, aunque la mayoría de los que permanecen son jóvenes varones con unas expectativas de tránsito hacia la península primero y después al resto de países de la Unión Europea.

Geoeconómicamente, la crisis eleva el riesgo percibido de la frontera sur europea, afectando a la confianza inversora y obligando a reasignar recursos que podrían destinarse a otras prioridades como energía, infraestructuras o defensa convencional. Marruecos, en esta acción que ha permitido unos picos de presión evidentes, pretende además reforzar su papel como el «guardián» remunerado de la frontera europea, convirtiendo a la cooperación migratoria en un activo geoeconómico negociable.

La guerra híbrida combina medios cinéticos y no cinéticos por debajo del umbral de conflicto armado abierto. La instrumentalización de la inmigración está reconocida por documentos de la UE y de varios Estados miembros como una herramienta híbrida.

En la invasión de Ceuta se observan determinados elementos característicos de la guerra híbrida, tales como la dimensión y la sincronización, muy difíciles de explicar sin cierta permisividad o pasividad de las fuerzas de seguridad marroquíes en la zona de Castillejos. Así como la contribución a la amplificación previa a través de las redes sociales sobre rumores sobre unas fronteras abiertas tras la sentencia del Supremo; y el objetivo de generar saturación institucional, gran alarma social y desgaste político interno del gobierno de España.

El objetivo principal de esta acción para Marruecos sería erosionar la soberanía efectiva, generando unos costes políticos al Gobierno español, polarizando a la opinión pública europea, recordándole al gobierno español su dependencia de la cooperación marroquí. Ha sido una operación en la «zona gris» caracterizada por una ausencia inicial de una declaración de hostilidades, pero se vulnera de facto el control territorial. Digo inicial, porque diversos dirigentes de Marruecos nos han recordado su obsesión con hacerse con el control del territorio físico con un peligroso y más que cuestionable deseo geográfico de control del estrecho de Gibraltar en contra de la historia de la ciudad española de Ceuta y de los tratados internacionales.

El despliegue militar español, los incidentes posteriores que incluyen tensiones con la población local y ataques a militares españoles y la necesidad de centralizar la gestión bajo la rúbrica de una «situación de interés para la seguridad nacional» confirman que el episodio traspasó la mera gestión migratoria.

Los riesgos geopolíticos son evidentes, empezando por un deterioro potencial de las relaciones hispano-marroquíes pese a la retórica oficial de la gran cooperación que muchos no apreciamos, el cuestionamiento de la credibilidad española ante sus socios europeos y estadounidenses por una gestión desastrosa del control de nuestras fronteras y un más que posible contagio a Melilla. La frontera sur se convierte en un punto de fricción permanente que afecta la proyección española en el Magreb y en el Mediterráneo occidental. Militares españoles de origen marroquí, un tercio del total desplazado allí lo tiene, alertan a sus mandos de «presiones» de los servicios de inteligencia de Marruecos.

En lo que respecta a la seguridad y el orden público, la entrada masiva desbordó totalmente a los insuficientes efectivos de la Guardia Civil y Policía Nacional, obligando a movilizar al Ejército, generando confrontaciones entre militares, los vecinos y los inmigrantes invasores, incluyendo agresiones a soldados, quema de chabolas, dificultades en el reparto de ayudas fuera de las zonas habilitadas por el gobierno y agresiones de todo tipo.

La presencia prolongada de decenas de miles de invasores en una situación irregular en los espacios públicos ha elevado tanto la inseguridad real como la percepción por los ceutíes, dificulta la imprescindible lucha contra el narcotráfico y tensiona la hasta ahora gran cohesión social de una ciudad fronteriza.

Los riesgos sanitarios, existen y están documentados. Condiciones de hacinamiento, falta de agua potable e higiene han favorecido la aparición de numerosos casos de sarna, gastroenteritis y tuberculosis. El hacinamiento prolongado multiplica las vulnerabilidades. Negar o minimizar estos riesgos no elimina la necesidad de una criba sanitaria, de vacunación y de alojamiento adecuado, solo debilita la credibilidad de la respuesta.

La teoría del encuadre, desarrollada fundamentalmente por el politólogo Robert M. Entman, es uno de los pilares más importantes de la comunicación política y del estudio de los medios de comunicación, dado que ofrece la estructuración de cómo los textos mediáticos moldean la percepción de la realidad.

Encuadrar consiste en seleccionar algunos aspectos de una realidad percibida o crisis y hacerlos destacar en un relato, de manera que se promueva una definición particular del problema, una interpretación causal, una evaluación moral y una recomendación de tratamiento para el asunto descrito. De acuerdo con dicha teoría, no se trata solo de qué se informa, sino de cómo se presenta esa información para intentar guiar al público hacia una conclusión específica. Los dos mecanismos clave que utiliza el emisor son la selección, lo que se incluye y lo que se omite en la comunicación, y en segundo lugar, determinar el mensaje al que se le dará más importancia o visibilidad.

Según Entman, un adecuado encuadre cumple con cuatro funciones comunicativas dentro de un texto: definir el problema, determinar qué está ocurriendo, diagnosticar las causas, identificar las fuerzas, factores o actores que crearon el problema, atribuyendo la responsabilidad. En tercer lugar, realiza evaluaciones a los agentes causales y sus efectos directos y termina sugiriendo las soluciones y políticas para mitigar el problema.

El relato sobre el asalto de la ciudad española de Ceuta podría haber encuadrado la crisis como un problema de «disturbios públicos, inseguridad ciudadana, hurtos, reyertas, con 23 violaciones denunciadas, insalubridad, contagio de enfermedades que estaban controladas en la ciudad española Ceuta, delincuencia, disturbios con militares desprotegidos sin reglas ROE, directrices de uso de la fuerza letal y posible entrada de terroristas yihadistas justificando la intervención policial o militar».

Sin embargo, el gobierno ha preferido encuadrar el mismo hecho como una «crisis migratoria y humanitaria» causada por la desigualdad, poniendo el centro en el drama humano y social de los invasores que se presentan como desprotegidos. La solución propuesta es una mezcla cambiante cada día de asilo, cooperación, acogida e integración, incluida la dispersión de las personas por la península. Vemos que, aunque ambos encuadres se refieren al mismo hecho, producen reacciones totalmente distintas del público.

El Gobierno de Pedro Sánchez, en una maniobra de intento de externalizar su propia responsabilidad política, ha optado por un encuadre que combinaba inicialmente la condena a la «violación de la integridad territorial» con la atribución a «mafias» que habrían distorsionado la sentencia del Supremo, exculpando totalmente a Marruecos citando informes del CNI y afirmando el éxito de la cooperación marroquí una vez más. El relato gubernamental posterior se ha completado resaltando la hipótesis de injerencias extranjeras con fake news vía redes sociales, incluyendo posibles actores rusos, de Israel y nombrando al propio Elon Musk.

Ha evitado sistemáticamente señalar a Marruecos, a cuyas autoridades exime de toda responsabilidad ante su evidente permisividad o de una estrategia deliberada para desestabilizar la vida cotidiana de la ciudad española de Ceuta, basando el éxito de la solución de la crisis en la imprescindible cooperación de Marruecos. Este enfoque busca preservar la relación bilateral, manteniendo un discurso coherente con la narrativa de la gestión humanitaria.

Reconocer abiertamente la dimensión de guerra híbrida o de presión geopolítica habría justificado una serie de medidas mucho más contundentes, como la declaración de emergencia de protección civil y un mando único, el reforzamiento permanente de la frontera con apoyo de la europea Frontex y de la OTAN en clave de amenaza híbrida, además de emprender una presión diplomática coordinada con la Unión Europea.

Si se hubiera presentado la invasión como un riesgo real y evidente de seguridad nacional y de orden público desde el primer momento, se habría legitimado el despliegue militar y las devoluciones rápidas ante toda la opinión pública europea. En este sentido, gestionar los riesgos sanitarios reales de una forma proactiva con un cribado masivo, un aislamiento temporal de los casos diagnosticados y una información transparente habría neutralizado tanto los alarmismos como los desmentidos posteriores.

Al no haberlo hecho, el gobierno español ha cedido todo el terreno narrativo a la oposición, cuyo relato hace referencia a términos como «invasión», «ataque híbrido», abandono y traición a la ciudad española de Ceuta. Es una realidad la percepción que tenemos hoy, una mayoría de los españoles, de que el gobierno está minimizando los peligros geopolíticos, con una enfermiza dependencia de Marruecos, de seguridad, desbordamiento y violencia posterior y sanitarios y de salud; las condiciones de insalubridad, todas ellas, están generando una gran desafección local y nacional.

Medidas como la disculpa de la ministra de Defensa, la centralización de la gestión y la solicitud de ayuda al Frontex han llegado muy tarde, cuando el relato ya está polarizado y es una realidad constatar que el gobierno está jugando con la desesperación de los ciudadanos españoles de Ceuta, incluso acusándolos injustamente de xenófobos con reproches de trato a los inmigrantes como si fuesen potenciales delincuentes.

La paciencia de los españoles de Ceuta se agota porque el gobierno los ha llevado al límite tras haberles robado de momento el verano y, si no se remedia, la posibilidad de retornar a su tradicional convivencia y paz social. Un encuadre más realista, menos sectario y anticipatorio, que combinara la dimensión humanitaria con el reconocimiento explícito de la invasión y la amenaza híbrida y sus riesgos asociados, habría permitido al Gobierno presentar una respuesta de Estado mucho más coherente, recuperando la iniciativa del relato ante una crisis que, por su escala y contexto, trascendía con mucho la gestión ordinaria de los flujos migratorios. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ya es tarde para hacerlo y el fin de la legislatura queda ya muy próximo.

No son 5.000, sino cuatro veces más
OKDIARIO. 1 Septiembre 2026

A estas alturas, cualquier observador mínimamente objetivo que recorra las calles y barrios de Ceuta llegará a una conclusión: la cifra de 5.000 inmigrantes ilegales, 1.200 menores de edad, que, según el Ejecutivo, continúan en la ciudad autónoma después de la invasión masiva del pasado 30 de julio, es falsa. Según fuentes policiales consultadas por OKDIARIO, la cifra supera con creces las 15.000 personas, más cerca de las 20.000, cuatro veces más que las estimaciones de un Ejecutivo que no ha tenido intención alguna de realizar hasta ahora un recuento más o menos cabal por miedo a que la realidad desmonte su relato. La situación se aclararía bastante si el Gobierno procediera a un recuento, siempre aproximado, de los inmigrantes en función de criterios objetivos que son perfectamente realizables, pero que el Ejecutivo no establece porque prefiere rebajar interesadamente las cifras para de ese modo tratar de aminorar la magnitud de la crisis. Es un ejercicio inútil, pero es tal la exhibición de impericia y negligencia del Gobierno que ya sólo le queda el recurso de manipular groseramente la realidad.

A esos 15.000 inmigrantes ilegales que, contando por lo bajo, permanecen en Ceuta, hay que sumar los menores de edad y los inmigrantes que ya se encuentran en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y otros centros. Según Pedro Sánchez, «en los próximos días» la ciudad tendrá «capacidad suficiente» para alojar a 6.000 inmigrantes ilegales, por lo que será el momento de demostrar que el Ejecutivo ha mentido. Quedarán sin alojar, cuando eso ocurra, todavía más del doble de esas 6.000 personas, una bomba de relojería social en una ciudad que amenaza con convertirse en un gigantesco y sobresaturado CETI.

La Policía Nacional ha informado de que el pasado fin de semana hubo otras seis agresiones sexuales a jóvenes marroquíes, dos de ellas con penetración. Dos de las agresiones sexuales fueron denunciadas ante la Policía Nacional y otras cuatro ante la Guardia Civil, y una de las violaciones, según ha podido saber este periódico, fue con penetración anal a una joven. Es la otra realidad que el Gobierno pretende ocultar. Duele decirlo, pero en Ceuta hay peligro cierto de un estallido social.

El plan Sánchez para Ceuta: una Gaza marroquí
Carlos Martínez Gorriarán. Vozpópuli. 1 Septiembre 2026

Doy por admitido por el lector que las decisiones de Sánchez no son errores políticos -aunque lo sean, y terribles, desde la perspectiva democrática-, sino pasos de una estrategia personal para mantenerse en el poder a toda costa incluso agotada la actual legislatura, lo que exigiría avanzar por el proceloso pantano de aplazar las elecciones generales. Pues bien, todo apunta a que eso intenta agravando la crisis de Ceuta. Ya está en marcha, y es un proceso mucho más simple que convocar un referéndum o plebiscito electoral sobre monarquía o república, entre otras posibles salidas de ese tenor que se comentan a menudo, y con la ventaja de pillar por sorpresa a quienes no comprenden cómo funciona su narcisismo maquiavélico.

Veamos qué está ocurriendo en Ceuta, qué sentido tienen los movimientos de Sánchez y qué otros adicionales podrían llevar el proceso al momento deseado: permanecer en el poder impidiéndonos votar (y paralizando al poder judicial).

[1] Primer paso: llenar la ciudad con falsos “refugiados” que Marruecos aportó generosamente el 30 y 31 de julio. Pasar de denominar la invasión de “ataque a la soberanía e integridad territorial española” (hay que despistar a la opinión pública) a convertirla de inmediato en “crisis humanitaria”, agradeciendo la “colaboración” de Marruecos, tiene claramente ese sentido.

[2] Segundo: Mantener la frontera de Ceuta abierta para entrar y cerrada (por Marruecos) para salir, permitiendo la reunificación de las familias asaltantes: ya está ocurriendo, y en vídeos de ceutís se les ve llegar con grandes maletas. Si la frontera no se ha cerrado hasta restablecer la normalidad es porque esta será la “nueva normalidad”: llegadas de más aspirantes a refugiado.

[3] Tercero: abrir grandes campos de refugiados, causados por la “crisis humanitaria”, donde acoger a los asaltantes que se niegan a marcharse y a sus familiares. Y hacerlos permanentes, de facto, al renunciar a expulsarles y por la negativa de Marruecos a recibirlos; en cualquier caso, harán falta meses para resolver peticiones de asilo.

[4] Cuarto: llevar asaltantes a la península provocando el enfrentamiento con las Comunidades gobernadas por el PP y Vox, a las que se acusa de insolidaridad, ilegalidad y abandono de Ceuta. Bruselas será ignorada, como hasta ahora, si no decide impedirlo con medidas realmente coactivas.

Vetar el viaje del Rey

[5] Quinto: responsabilizar al Rey del abandono de Ceuta tras impedirle viajar oficialmente a la ciudad, hasta que pueda interesar para aumentar más la tensión a costa de la reputación de la corona. En cualquier caso, y salga como salga el plan, será útil para Sánchez.

[6] Sexto: solicitar la ayuda de las agencias de refugiados de la ONU para atender los campos, internacionalizando la crisis y creando una Gaza artificial pactada con Marruecos (y posible venganza israelí por el apoyo español a Hamás y las acusaciones oficiales de “genocidio sionista” en la reciente guerra)

[7] Séptimo: provocar la explosión social en una Ceuta inhabitable, mientras se estimula el abandono de la ciudad por los vecinos que puedan permitírselo. Las posibles protestas violentas allí y en toda España -fáciles de provocar- serán achacadas a la “extrema derecha”, es decir, PP y Vox.

[8] Octavo: decretar un estado de alarma, excepción o sitio para “restablecer el orden” que impide disolver las Cortes y permite suspender indefinidamente las elecciones generales, mientras retenga el voto de sus socios. La extrema izquierda está de acuerdo en que Ceuta y Melilla son marroquíes, y los nacionalistas están entusiasmados con el abandono sin resistencia de los principios de soberanía e integridad territorial, porque sientan el mejor precedente posible para sus propios objetivos de secesión “pacífica”.

Aislamiento internacional

Si este plan triunfara Marruecos se quedaría con Ceuta y Melilla por abandono de España, como se aceptó con el Sáhara Occidental y la renuncia a pelear por la descolonización británica de Gibraltar: ninguna de ambas decisiones ha sido siquiera debatida en el Congreso, y sientan precedentes funcionales. Y el espléndido aislamiento internacional de Sánchez juega a su favor, pues ningún país socio asumirá riesgos por España.

Una vez que Ceuta tenga instalada una mayoría de población marroquí “refugiada”, bajo protección internacional -como en Gaza-, podrían negociar con Marruecos una fórmula de cosoberanía de transición para enmascarar el abandono obsceno. La mayoría de la izquierda está conforme o dispuesta a ceder antes que admitir un futuro gobierno PP-Vox, y el nacionalismo entusiasmado por el posible precedente. Así que apoyarán a Sánchez más que nunca para que no caiga, que para él es el objetivo de todo esto.

Este plan se puede realizar en pocos meses, pues varios puntos ya se han consumado o están muy avanzados. Por ejemplo, la entrevista en la SER de este lunes sirvió a Pedro Sánchez para involucrar maquiavélicamente al Rey en la crisis de Ceuta, en calidad de Jefe de Estado inútil. Pero también puede ser un fracaso estrepitoso que acabe con Sánchez y todo lo que representa (aunque esto ya sea más dudoso dada la incapacidad de las élites hegemónicas para impulsar un sistema político sin socialistas ni separatistas decisivos, ni corrupción). Dependerá de que la sociedad española asuma que sin nación democrática sólo es botín para mafias, y abandone la resignación conformista habitual, y de que quienes tienen algún poder real -no sólo el nuestro de analizar y explicar, poco más que testimonial- lo empleen para frustrarlo.

Ceuta: crisis de Estado y fin de Sánchez
Gorka Maneiro. Vozpópuli. 1 Septiembre 2026

Aunque los mercenarios que opinan de manera sincronizada y al servicio de sus amos nos anunciaron que Sánchez ya había resuelto la crisis a las pocas horas de que se produjera la invasión migratoria sobre Ceuta, lo cierto es que hoy, un mes después, no solo sigue sin estar resuelta sino que se ha agravado hasta convertirse en una crisis de Estado. Y básicamente por dos razones: una, porque tenemos a un gobierno de incompetentes incapaces de tomar decisiones racionales acerca de los grandes asuntos que nos afectan y, entre ellos, la cuestión migratoria y la amenaza de Marruecos; y dos, porque padecemos a un presidente, Pedro Sánchez, que dedica su tiempo a maquinar cómo permanecer en la Moncloa, único objetivo que le preocupa, por lo que, si a cualquier otro presidente le preocuparía cómo resolver las crisis que nos afectan, a él lo que le preocupa es cómo sacar rédito personal de ellas, y así con cada una de las que hemos sufrido en sus insufribles ochos años de desgobierno. Y por esto es Pedro Sánchez el principal problema de España.

La única alternativa posible

Y mientras tanto, mientras urde un plan para perpetuarse en la Moncloa y elude sus responsabilidades, y mientras los ceutíes, abandonados a su suerte, sufren sus políticas, Sánchez manda a sus esbirros a crear las condiciones precisas para que ciertos problemas, ya que no se resuelven, parezcan culpa o responsabilidad de otros, todo empeore y hasta eso le beneficie: ya que cuenta cada día con menos apoyo en las encuestas y en las urnas y que el resultado electoral será el que parece, quizás piensa que solo el caos o el enfrentamiento social puedan salvarlo: bien para aglutinar el voto de los más sectarios en un hipotético plebiscito entre monarquía y república, bien para decretar un estado de alarma que lo mantenga en la Moncloa, dos ideas que ya pululan por los aledaños del PSOE, o sea, en la cabecita de Sánchez. La alternativa es convocar elecciones, la única decisión decente que debería tomarse y, por eso mismo, la más improbable.

Cualquier cosa vale menos tomar las decisiones precisas: antes de la invasión, la defensa de nuestra soberanía, una política migratoria cercana a la de nuestros socios europeos con los que compartimos frontera y una política internacional acorde con nuestras necesidades: ni innecesariamente altiva contra quienes siguen siendo nuestros socios ni subordinada a Marruecos por misteriosas causas que todos suponemos; después, exigencia de responsabilidades a Marruecos, presencia del Estado en Ceuta y puesta a disposición de los ceutíes de todas las medidas precisas para devolver la normalidad a sus vidas, justo lo que no se ha hecho.

A los de la opinión sincronizada y servicios auxiliares les basta con acusar de racismo a todo aquel que osa afirmar lo que todo el mundo sabe: que no se puede aceptar la llegada repentina de 80.000 inmigrantes a un territorio de apenas 19 kilómetros cuadrados y una población de 84.000 habitantes sin que los recursos se agoten, los servicios mermen, los negocios que antes funcionaban ahora colapsen, los conflictos se agraven, los delitos se multipliquen, las enfermedades se extiendan, las libertades públicas se reduzcan, la inseguridad crezca y, por la tanto, sin que la convivencia salte por los aires. Y la responsabilidad principal de todo ello es de Sánchez y del Gobierno de España, titular de las principales competencias que, bien ejercidas, habrían impedido primero y resuelto después la avalancha migratoria de la que Marruecos, por acción o por omisión, es sin duda culpable. Pero no hay manera de que ningún ministro diga nada razonable, salvo Margarita Robles de manera intermitente.

Pedirle perdón a Marruecos

Según todos ellos y quienes cacarean sus eslóganes en las diferentes tertulias a las que los han destinado en servicios especiales, Marruecos no sólo no es responsable sino que es socio leal y amigo y, además, de la máxima confianza, mientras la oposición es irresponsable, nuestros socios europeos, sospechosos de las peores maldades, y los ciudadanos ceutíes que sufren las consecuencias de su incompetencia, unos desagradecidos o, peor aún, unos racistas. Es una cosa de locos, como dicen nuestros jóvenes. Pero siempre ha sido más fácil pontificar desde cómodas poltronas que vivir la realidad de determinados barrios por donde muchos de ellos no han pasado en su vida. El Gobierno de España empezó negando que Marruecos tuviera responsabilidad alguna en el alud de inmigrantes que traspasaron sus fronteras sin que hiciera nada por evitarlo, continuó dándole las gracias por los servicios prestados y, a este paso, acabará pidiéndole perdón por haberlo incomodado.

Hasta los sindicatos CCOO y UGT de Ceuta han puesto el grito en el cielo, han exigido firmeza y han pedido que se traslade a las personas migrantes fuera de la ciudad autónoma; pero debe de ser que los sindicatos de los trabajadores son también racistas y de extrema derecha, como lo somos todos los que no somos correas de transmisión de un gobierno sumergido en la ineptitud, la inacción y el casos.

Acorralado y entregado

A este paso, todo puede empeorar no sólo en Ceuta sino en el conjunto de España: el Estado se encuentra débil, el descrédito es creciente, la sociedad está polarizada, no hay gobierno capaz de resolver nada y Sánchez, acorralado por la corrupción, incapaz de defender nuestras fronteras y enfrentado a sus principales socios europeos, está subordinado al régimen teocrático de Marruecos, país que no cesará en su empeño de, a través de una guerra híbrida, utilizar a su población y su política migratoria para perjudicar a España, lograr réditos políticos y, llegado el momento adecuado, hacerse con los territorios que nunca fueron suyos, Melilla y Ceuta, pero a los que aspira hoy con más fuerza que nunca. Pero nosotros organizamos un Mundial con ellos.

La gravedad de lo que ha sucedido en Ceuta, corolario de las dos peores legislaturas de nuestra historia democrática, interpela al conjunto de los ciudadanos españoles, quienes tendremos ocasión mañana de manifestarnos en defensa de Ceuta y de los ceutíes, abandonados por un gobierno incompetente y un presidente infame. Como siempre, solo nos queda nuestro compromiso cívico y la manifestación pacífica pero firme ante Sánchez. Ceuta y toda España deben recobrar la normalidad perdida y Sánchez debe irse y convocar elecciones. Porque, mientras él siga, todo va a empeorar.

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El Estado da un cheque 'opaco' de 813 millones para “normalizar” el catalán, el gallego y el valenciano
Juan T. Delgado. Vozpópuli. 1 Septiembre 2026

El Estado -o sea, los españoles- contribuye con 813 millones de euros al año para “normalizar” tres lenguas oficiales: al catalán, el gallego y el valenciano. Queda fuera de esa asignación el euskera, que se beneficia del marco de financiación exclusivo del régimen foral. El dato es significativo en un contexto de elevado gasto público. Y da argumentos a formaciones políticas como el PP de Alberto Núñez Feijóo, que abogan por realizar una auditoría profunda de las ‘facturas’ estatales. Sobre todo, cuando se trata de ‘cheques’ tan ‘opacos’ como los que perciben algunos gobiernos autonómicos.

Esos 813 millones son el resultado del cálculo efectuado por el director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente. No es nada fácil dar con la cifra, debido a la falta de transparencia que rodea a las denominadas “competencias singulares”. Se trata de partidas específicas que han sido asumidas sólo por algunos gobiernos autonómicos. La determinación y la negociación de algunas cuantías, según reconoce el propio De la Fuente, están rodeadas de “hermetismo”.

La “normalización lingüística” está entre ellas. Es posible efectuar un cálculo aproximado del reparto usando el informe de Fedea titulado 'La liquidación de 2024 del sistema de financiación de las CCAA de régimen común”. El catalán sería el gran beneficiario con creces. Para promover la lengua, la Generalitat absorbe cerca del 40% de esos fondos singulares. El Ejecutivo balear, por su parte, recibe cerca del 13%. El resto se lo reparten Comunidad Valenciana y Galicia con cerca del 26% y 19% del total.

En ese informe, Ángel de la Fuente tacha directamente de “arbitrario” el aumento en “la valoración de las políticas lingüísticas incluido en el último acuerdo de financiación”. El director ejecutivo de Fedea se refiere a las decisiones adoptadas en 2009, que permitieron multiplicar por 3,5 las valoraciones oficiales de esas competencias delegadas a cuatro comunidades con una segunda lengua cooficial: Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana y Galicia (País Vasco y Navarra no forman parte del régimen común). “Suponiendo que las competencias de política lingüística hubiesen sido medianamente bien valoradas en su momento, un incremento de tal magnitud en su valoración resulta difícil de justificar”, asegura De La Fuente.

Y una observación más: “Nada obliga a las comunidades beneficiarias a dedicar estos recursos a la promoción de sus respectivas lenguas cooficiales”. Razón de más, según el autor del informe, para tratar este incremento de recursos “como un aumento de la financiación a competencias homogéneas”. Ese hecho aporta igualmente otro motivo para acometer la necesaria auditoría del sistema.

Moncloa redoble la apuesta por la “diversidad lingüística”

Lejos de arrojar luz, el Gobierno ha mantenido la financiación “singular” de las lenguas cooficiales. De hecho, ha intentado dar un empujón visible a la “diversidad lingüística”. En septiembre del pasado año, Moncloa aprobó un Real Decreto que -en palabras del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres- “refuerza el reconocimiento y el impulso de nuestras lenguas oficiales”.

Lo que hizo el Ejecutivo es refundar un organismo llamado Consejo de las Lenguas Oficiales. El objetivo: “lograr el mejor cumplimiento de las exigencias derivadas de la Constitución Española, los estatutos de autonomía y el resto de la normativa vigente en la materia”. El Real Decreto en cuestión, publicado en el BOE el 26 de septiembre de 2025, recuerda que en torno al 40% de la población en España vive en una comunidad autónoma con más de una lengua oficial.

La decisión gubernamental no puede entenderse sin considerar la falta de apoyos parlamentarios y, sobre todo, la necesidad de contentar a las fuerzas políticas catalanas. Es más, la “normalización lingüística” es sólo una de las “competencias singulares” que tiene asignadas Cataluña. No hay ninguna otra comunidad autónoma que acumule más. De nuevo según los cálculos de Fedea, la suma de esas partidas supera los 3.500 millones de euros, equivalentes al 43% del total.

Como publicó Vozpópuli, la “competencia singular” más cara del país es la nómina de los Mossos d’Esquadra. Mantener la policía autonómica cuesta 1.855 millones de euros. A esta hay que añadir los 603 millones que absorben las cárceles de la comunidad autónoma, la única en España que tiene cedida la gestión de las prisiones.

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