Recortes de Prensa Sábado 19 Septiembre 2026
La contraofensiva de Ucrania cerca de Limán trastoca los planes de Rusia de capturar la región de Donetsk
Rostyslav Averchuk. Leópolis. la razon. 19 Septiembre 2026
Las elecciones parlamentarias en Rusia se celebran en medio del creciente temor a una nueva oleada de movilización obligatoria, mientras los planes de Rusia de capturar toda la región de Donetsk vuelven a verse frustrados por la defensa ucraniana, a pesar de las afirmaciones de Moscú sobre avances en el campo de batalla en el este de Ucrania.
Una exitosa contraofensiva de las fuerzas ucranianas ha puesto a las tropas rusas a la defensiva en al menos una parte de Donetsk, al norte de la ciudad de Limán. Actuando en medio del silencio de las autoridades oficiales, fuerzas lideradas por el general Andri Biletski lograron detener los avances rusos, expulsar a la infantería enemiga de al menos cuatro aldeas y liberar completamente otra más. En esta parte de la operación en cuatro fases, bautizada como Vivaldi en referencia a la obra más famosa del compositor, Las estaciones del año, las fuerzas ucranianas liberaron 85 kilómetros.
El área de territorio liberado no es el principal indicador del éxito de la operación, afirmó Biletski a principios de esta semana, tras conocerse los primeros detalles de la operación. La presión rusa cerca de Limán formaba parte del plan de Rusia de amenazar Sloviansk y Kramatorsk, los dos mayores bastiones de Ucrania en aproximadamente el 20 % de la región que aún controla Kiev tras años de intensos combates.
De haber tenido éxito, las fuerzas rusas cerca de Limán habrían amenazado con rodear Sloviansk y Kramatorsk por el norte, mientras que otro grupo de tropas intentaba amenazar la zona por el sur. La operación ucraniana ha trastocado este plan. "La pinza norte (de las fuerzas rusas) ha sido de facto derrotada y aniquilada", aseguró Biletski.
Según analistas militares, el éxito de Ucrania en la zona se produjo ya a finales de la primavera y principios del verano. El retraso en su anuncio es característico de toda la operación, que ha buscado pillar desprevenido al Ejército ruso. Desde entonces se han logrado nuevos avances por parte del ejército defensor, según los analistas, y Biletski también afirmó que "pronto se esperan más buenas noticias".
La operación ucraniana también busca proporcionar a las fuerzas defensoras una mejor posición frente a un enemigo que conserva una ventaja numérica, señaló el general ucraniano. Admitió que Rusia podría movilizar cientos de miles de soldados más tras la conclusión de las elecciones parlamentarias, pero destacó que los números por sí solos no tendrían un impacto decisivo en los combates.
"Una mayor cantidad de infantería significaría mayores pérdidas para Rusia", afirmó, al tiempo que señaló que el uso organizado de drones para vigilancia y ataques es actualmente lo que decide el resultado de los combates. La contraofensiva cerca de Limán se apoyó en los drones para cortar las líneas de suministro rusas y expulsar a las escuadrillas de drones del centro Rubikon ruso, antes de que los soldados de a pie fueran eliminados o capturados en la zona.
El general Biletski, jefe del reputado Tercer Cuerpo de Asalto, así como Denís Prokopenko, jefe del Cuerpo Azov, han sido nombrados recientemente responsables de la defensa en la región de Donetsk. Prokopenko señaló que la presión rusa en la zona de Dobropillia, al sur de Sloviansk y Kramatorsk, sigue siendo alta, con un soldado ucraniano enfrentándose a seis rusos. Según el comandante ucraniano, Rusia ha concentrado 1.200 escuadrillas de drones Rubikon en la zona y ha estado acumulando tanques y otros vehículos blindados en preparación de un intento de ruptura en la zona.
"El enemigo no tiene ninguna posibilidad de éxito", aseguró Prokopenko. A pesar de la presión sostenida de Rusia, los datos objetivos muestran que muchas de las afirmaciones de su liderazgo sobre avances han sido prematuras o abiertamente engañosas. Los combates continúan dentro de Kostiantínivka, una de las ciudades de tamaño medio del cinturón fortificado de Donetsk. El general Antón Grunis, quien informó a Vladímir Putin de su captura a principios de julio, ha sido abatido por drones ucranianos, informó esta semana Robert Brovdi, líder de origen húngaro de las fuerzas de drones de Ucrania.
La brecha entre la presentación rusa de sus éxitos y la realidad alcanza miles de kilómetros cuadrados y dificulta a la dirección rusa reaccionar ante los contraataques ucranianos. La naturaleza del campo de batalla, donde los soldados de a pie se infiltran en las posiciones del otro ejército y ningún bando cuenta con una línea continua de fortificaciones, hace objetivamente difícil evaluar la situación en algunas zonas. Sin embargo, las mentiras generalizadas dentro de la estructura militar rusa facilitan a las fuerzas ucranianas lanzar incursiones "silenciosas" más allá de las líneas rusas, frustrando las operaciones del enemigo.
A pesar de los mortíferos ataques rusos con drones y misiles contra civiles e infraestructuras, sus planes en el campo de batalla siguen fallando, lo que obliga a Moscú a buscar otras formas de escalar la situación y privar a Ucrania del apoyo de sus socios mediante operaciones híbridas contra países europeos.
Rusia multiplica sus ataques y sabotajes en el Este europeo mediante el uso de drones
ALBERTO ROJAS. EL MUNDO. 19 Septiembre 2026
Las alarmas antiaéreas han vuelto a resonar en los territorios fronterizos con Ucrania durante el aniversario de la invasión soviética del este de Polonia de 1939. El aumento de la tensión militar en el flanco este de la Alianza Atlántica ha obligado a activar protocolos de seguridad no utilizados en décadas, provocando la búsqueda de refugios por parte de los viandantes, la evacuación de escolares a sótanos y la suspensión temporal de operaciones en los aeródromos de Lublin y Rzeszow hasta en tres ocasiones durante los últimos tres días. Paralelamente, en Lituania se ha comenzado a informar a la población sobre las rutas de evacuación de la capital, Vilna, ante el riesgo de una eventual agresión.
La multiplicación de incidentes fronterizos desde el mes de agosto ha transformado el flanco oriental en una zona gris donde proliferan vuelos diarios de drones rusos, incursiones de misiles de crucero y violaciones del espacio aéreo. La reciente incursión aérea en Lituania requirió el despegue de emergencia de los cazas Eurofighter italianos destinados a la custodia del cielo báltico. Ante este escenario, el primer ministro polaco, Donald Tusk, ha revelado que los servicios de Inteligencia le han informado de manera «consistente» sobre los planes de Moscú para atacar con drones y misiles países de la OTAN bajo la excusa o la narrativa de un «accidente». Tras analizar los informes recibidos, el mandatario polaco aseveró: «Sabemos que Putin está tramando algo».
Los analistas de inteligencia y los informes del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) señalan que el objetivo del Kremlin no se centraría en naciones con amplios ejércitos como Polonia o Finlandia, sino en estados bálticos de menor dimensión militar como Estonia, Letonia o Lituania. Entre los puntos de alta precariedad identificados figuran Saatse en Estonia, la lengua de terreno de Dieveniks en Lituania, la aldea letona de Spreki o pequeñas islas deshabitadas del mar Báltico. Una incursión en estos puntos buscaría plantear un dilema estratégico a la Alianza: responder militarmente con el riesgo de un conflicto directo contra Rusia o no intervenir, lo que evidenciaría la ineficacia del artículo 5 de la OTAN sobre la defensa colectiva.
Según los análisis del ISW, «el ejército ruso podría llevar a cabo ataques aéreos, con misiles o drones, o una incursión terrestre limitada contra uno o más estados bálticos para probar y buscar romper la determinación de la OTAN de invocar el Artículo 5 y responder de manera efectiva en base a él. Un ataque ruso limitado buscaría crear una situación en la que la OTAN no pueda ponerse de acuerdo sobre cómo, o si en absoluto, responder a un ataque ruso. Cualquier ataque convencional ruso a corto plazo estaría diseñado para maximizar la posibilidad de que los estados de la OTAN no logren unificarse y proporcionar asistencia militar como alianza a un estado miembro atacado».
Esta ofensiva híbrida coincide con un momento de desgaste del arsenal de misiles de Estados Unidos en el Golfo Pérsico y con un periodo de inestabilidad política en Alemania y Francia, dos socios clave de Ucrania. Al respecto, el analista del Hudson Institute, Ulrich Speck, valoró la situación argumentando que «Vladimir Putin no está logrando avances en el campo de batalla y Ucrania está llevando la guerra cada vez más al interior del territorio ruso. Por eso Putin ahora intenta asustar a los europeos para que dejen de apoyar a Ucrania, con el fin de cambiar el equilibrio a favor de Rusia. Se necesita una posición firme de Occidente para evitarlo».
Un sector del Makhzen, el círculo de poder en torno al rey Mohamed VI, dirigió la invasión de Ceuta
El experto en seguridad José María Gil aporta datos relevantes de la cómo sucedieron los hechos y delconocimiento previo que tenía el Gobierno de Sánchez
J.M. Zuloaga. la razon. 19 Septiembre 2026
Un sector del Makhzen, el círculo de poder en torno al rey Mohamed VI de Marruecos, con capacidad de mando sobre gendarmes y Fuerzas Auxiliares, reguló la invasión de Ceuta, según un informe del experto en seguridad José María Gil Garre, al que ha tenido acceso LA RAZÓN. El Gobierno de España lo sabía y no ordenó ninguna respuesta previa, subraya.
Fuentes de inteligencia de ambos países, que cita Gil Garre, coinciden en un punto central y de elevada relevancia analítica: un sector del Makhzen disponía de capacidad real de hacer llegar órdenes hasta el nivel operativo de gendarmes y fuerzas auxiliares desplegados en la frontera de Ceuta. Las interceptaciones del Regimiento de Guerra Electrónica 32 (Ejército de Tierra español) no reflejan conversaciones descontroladas de personal de baja graduación ni ruidos de fondo de un dispositivo desbordado. Reflejan el tránsito de instrucciones hacia la última línea del dispositivo fronterizo, añade. Las órdenes relativas a la permanencia en los puestos, a la gestión del flujo y al tratamiento de los flotadores son el tipo de indicaciones que solo se explican si existe una cadena de mando operativa que llega hasta ese nivel.
La regulación del flujo observada el 30 de julio es compatible con el ejercicio de esa capacidad de mando y no con un simple desbordamiento imprevisto o con una incapacidad generalizada. elemento convierte la permisividad en regulación deliberada. Las citadas fuentes subrayan que la capacidad de modular la respuesta de las fuerzas de seguridad en la frontera constituye uno de los instrumentos clásicos de presión asimétrica del aparato de poder marroquí, y que en esta ocasión ese instrumento fue utilizado con conocimiento previo y con instrucciones que bajaron hasta el nivel operativo.
Por lo que respecta a la que denomina “Fractura entre el diagnóstico interno del PSOE y el discurso público del Gobierno”, afirma que “miembros de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista Obrero Español reconocían en círculos internos, durante las semanas críticas de la crisis y en el periodo posterior, dos elementos que contrastaban de forma nítida con la línea pública del Ejecutivo: los fallos de gestión del Gobierno y la culpabilidad de Marruecos. Este reconocimiento interno se producía en el mismo periodo en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sus ministros mantenían en público la línea de exoneración a Rabat. La discordancia entre el diagnóstico privado de parte del núcleo dirigente del partido y el discurso oficial del Gobierno constituye un dato relevante sobre el manejo político de la crisis y sobre la existencia de lecturas divergentes dentro del propio espacio político que sostenía al Ejecutivo”.
“Esta fractura no es un detalle anecdótico; forma parte del balance de responsabilidad política. Indica que el diagnóstico de fallos de gestión y de culpabilidad de Marruecos no era exclusivo de la oposición o de fuentes externas, sino que circulaba también en el interior del partido del Gobierno”.
Silencio
gubernamental sobre la convergencia de los vectores de inteligencia:
Existían múltiples vectores de inteligencia —Centro
Nacional de Inteligencia, inteligencia militar, interceptaciones del
REW-32, información de frontera y fuentes abiertas— que convergían
en un diagnóstico coherente de riesgo elevado varios días antes de
la entrada masiva. El Gobierno guarda silencio sobre esa
convergencia. No consta que se ordenara un análisis formal
consolidado de riesgo, la definición de posibles escenarios ni la
preparación de respuestas previas a la invasión. La decisión de no
activar contingencias de escala adecuada se produjo, por tanto, con
conocimiento acumulado suficiente y con tiempo de anticipación. Este
silencio sobre la convergencia de los vectores constituye en sí
mismo un elemento del balance de responsabilidad institucional. La
existencia de múltiples fuentes de alerta no se tradujo en una
respuesta proporcional, y el relato oficial posterior ha omitido o
minimizado la amplitud del conocimiento previo disponible.
Estrategia
del Sector del Makhzen Identificado
El sector del Makhzen al
que se atribuye capacidad de mando sobre gendarmes y fuerzas
auxiliares no actúa en el vacío. Se inserta en una lógica de
presión asimétrica que combina el tablero bilateral con España y
el tablero europeo de la negociación del acuerdo estratégico y
global entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos. La
coincidencia de la entrada masiva con la Fiesta del Trono maximiza el
valor simbólico de la demostración y la proyecta tanto hacia el
interior del propio régimen como hacia el exterior. El momento de
reacomodo interno del aparato de poder ante la eventual sucesión
añade un incentivo de prestigio y de utilidad demostrable ante el
monarca actual y ante quien pueda ser el futuro soberano. La
capacidad de hacer llegar órdenes hasta la última línea de la
frontera es el elemento que convierte la permisividad observada el 30
de julio en regulación deliberada del flujo. Las confirmaciones
obtenidas de ambos lados de la frontera refuerzan esta lectura y
alejan de forma significativa la hipótesis del simple desbordamiento
o de la incapacidad sobrevenida. La frontera se utilizó como
instrumento de presión y de demostración de capacidad de control.
Evaluación
de la Gestión del Gobierno Español
Organismos españoles de
inteligencia, militares y de frontera disponían de información
relevante muchos días antes de la entrada masiva. Existían
múltiples vectores de inteligencia que convergían en un diagnóstico
coherente de riesgo elevado. La convergencia de esos vectores no se
tradujo en una orden de análisis formal consolidado de escenarios ni
en la preparación de respuestas previas a la invasión. La respuesta
del Estado fue predominantemente reactiva: se actuó cuando la
entrada ya se estaba produciendo y cuando los recursos de la ciudad
autónoma se encontraban ya desbordados. La desclasificación
posterior de documentos, presentada como ejercicio de transparencia,
omitió el contenido completo de las interceptaciones del Regimiento
de Guerra Electrónica 32, limitando de forma significativa la
transparencia del relato oficial y dificultando una rendición de
cuentas completa.
En paralelo, miembros de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE reconocían en círculos internos los fallos de gestión del Gobierno y la culpabilidad de Marruecos, mientras el discurso público del presidente del Gobierno y de sus ministros mantenía de forma consistente la línea de exoneración a Rabat. Esta discordancia entre diagnóstico interno y línea pública forma parte del balance de responsabilidad política e institucional y no puede ser ignorada en una evaluación completa de la crisis. La existencia de conocimiento previo suficiente, la multiplicidad de vectores de alerta y la ausencia de una respuesta proporcional configuran un fallo de gestión que no se explica por falta de información, sino por decisiones —o ausencia de decisiones— tomadas con conocimiento de causa.
En Ceuta no
hay 10.000 inmigrantes sino el triple de invasores
EDITORIAL.
libertad digital.
19 Septiembre 2026
En Ceuta hay muchos miles de invasores y todos con un perfil que poco tiene que ver en su gran mayoría con el de los menores desamparados y los jóvenes desesperados.
El intento de traslado de los invasores marroquíes de la playa del Trampolín al puerto de Ceuta para ser alojados en mejores condiciones que los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil enviados a la ciudad española ha mostrado la criminal incompetencia del Gobierno de Pedro Sánchez, así como la absoluta falsedad de las cifras oficiales sobre el número de sujetos que se han apoderado del enclave español desde finales de julio. Las imágenes de las turbas no dejan lugar a dudas. En Ceuta hay muchos miles de invasores, muchos más de los diez mil que dice el Gobierno y todos con un perfil que poco tiene que ver en su gran mayoría con el de los menores desamparados y los jóvenes desesperados por la falta de oportunidades en su país. Y este viernes pusieron de manifiesto otra vez la peligrosidad que entraña su permanencia en Ceuta.
Las violaciones, los abusos, los robos y las agresiones contra la población local, los militares y las fuerzas de seguridad están a la orden del día. No es que la situación diste mucho de estar normalizada sino que conforme pasan las horas y los días las cosas van a peor, aumenta el peligro y el riesgo de un estallido cuyas principales víctimas no serían los invasores sino los habitantes de la ciudad traicionada por Pedro Sánchez y su ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
La operación de traslado ha revelado la insuficiencia de efectivos policiales y de medios materiales para un empeño de esas características. También ha revelado que en Ceuta hay muchos más invasores que los que reconoce el Gobierno, cuyas cifras son un insulto a la inteligencia y una manipulación contraria a los más elementales principios del derecho a la información. Dadas las circunstancias, cabe dudar de que sólo fueran ochenta mil los invasores y que setenta mil de ellos volvieran por su propia voluntad a Marruecos.
Lo que se apreció ayer en Ceuta fue la existencia de decenas de miles de invasores dispuestos a emplear la fuerza para fomentar el caos con la complicidad de un Gobierno de traidores e inútiles cuya incompetencia facilita las operaciones de desestabilización ejecutadas por el reino alauita, a quien Sánchez no tiene reparos en proveer de gas y de armas para amenazar a España.
La desclasificación parcial de los papeles que convienen a Pedro Sánchez y la ocultación de la documentación que pone de manifiesto la pavorosa pasividad del Ejecutivo son pruebas más que evidentes de la culpabilidad del presidente del Gobierno y sus colaboradores, con Grande-Marlaska a la cabeza. El descabellado intento de culpar a las autoridades locales constituye otra prueba de la naturaleza delictiva y sobre todo inmoral de las acciones del sanchismo, dispuesto a entregar Ceuta a Marruecos por la vía del deterioro galopante de las condiciones de vida de una ciudad donde nadie con ciudadanía española y los papeles en regla puede sentirse seguro.
Mientras tanto, el equipo de manipulación y opinión sincronizada a sueldo del Gobierno difundía a través de los canales oficiales que el traslado de los invasores –'migrantes' según su jerga– al puerto de Ceuta estaba resultando modélico. Y eso que las imágenes eran de un descontrol y de un caos tan evidentes como imposibles de camuflar. Pero la realidad no amilana a Sánchez ni tampoco a sus ministros y voceros mediáticos, empeñados todos ellos en proteger los intereses y el buen nombre de Marruecos mientras ochenta mil españoles han sido abandonados a su suerte y sólo disponen de sus propios medios para hacer frente a los violentos agresores patrocinados y alentados por Rabat y la sumisa Moncloa.
Hotel Restaurante El Puerto: «Ceuta, un sueño a tu alcance»
OKDIARIO. 19 Septiembre 2026
No se trata en absoluto de cuestionar que los 1.700 invasores que han sido trasladados a los campamentos instalados en el puerto de Ceuta reciban un trato humanitario (ropa de cama, mochilas y sustento), como queda de manifiesto en los vídeos que hoy ofrece OKDIARIO, sino de insistir en que el problema de fondo no se resuelve sólo satisfaciendo las necesidades básicas de los inmigrantes ilegales, sino intensificando los mecanismos para que todos los que tomaron al asalto la ciudad autónoma española sean devueltos a Marruecos. Entre otras cosas, porque las instalaciones levantadas en el puerto ceutí pueden convertirse en reclamo para quienes, al otro lado de la frontera, siguen la evolución de los acontecimientos. Todo un efecto llamada y un mensaje: invadir España trae cuenta, porque en lugar de devolverte a tu país, te ofrecen comida y cama.
Insistimos en que el problema no se resuelve exhibiendo humanidad con los invasores y tratando con evidente desdén y abandono a los invadidos, porque eso supone admitir que España carece de mecanismos para preservar su integridad territorial. Aquí sí, y sin género de dudas, urge defender el concepto de prioridad nacional: los ceutíes, primero, faltaría más. Y, sin embargo, 50 días después, los únicos beneficiados por la gestión del Gobierno son parte de los inmigrantes ilegales que invadieron Ceuta y la única perjudicada, la población ceutí en su conjunto, forzada a tener que soportar una situación que no tiene visos de arreglarse por la desesperante negligencia de un Ejecutivo sobrepasado y abrazado a la mentira desde finales de julio.
Ofrecerles ropa de cama, colchones nuevos y comida a los invasores tendría sentido si su situación fuera transitoria y en breve fueran entregados a Marruecos, pero eso no va a ocurrir ni a corto ni a medio plazo. A corto y medio plazo, lo único seguro es que los ceutíes van a seguir abandonados por un Gobierno que, en cuestión de colchones y ropa de cama, es muy humanitario con los invasores y muy inhumano con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Qué terrible paradoja: cualquier policía cambiaría su colchón por los colchones del Hotel Restaurante El Puerto al que han sido trasladados parte de los ilegales: «Ceuta, un sueño a tu alcance»
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Víctimas del terrorismo cuestionan los programas sociales vinculados al artículo 100.2
Víctimas de ETA denuncian que Cáritas acoge a etarras en programas que facilitan su acceso al régimen de semilibertad
LGI. gaceta. 19 Septiembre 2026
La Asociación Dignidad y Justicia (DyJ) ha dirigido un escrito al presidente de Cáritas, Luis Ayala, para denunciar la participación de condenados de ETA como la exjefa de la banda Soledad Iparraguirre, alias «Anboto», o Igor Solana en programas de acción social de la organización. El colectivo de víctimas cuestiona que estas actividades puedan servir como mérito para acceder a regímenes de semilibertad mientras la misma entidad presta asistencia a personas que sufrieron el terrorismo.
La asociación que preside Daniel Portero sostiene además que esta situación puede entrar en conflicto con la Ley 45/2015 de Voluntariado. Su artículo 8.5 establece que las personas con antecedentes penales no cancelados por delitos de terrorismo no podrán ser voluntarias «en programas cuyos destinatarios hayan sido o puedan ser víctimas de estos delitos».
La propia ley permite a las entidades desarrollar programas de voluntariado destinados a la reinserción de personas con antecedentes penales, aunque precisa que esta posibilidad se aplica «sin perjuicio» de las restricciones establecidas en los apartados 4 y 5 del artículo 8. DyJ sostiene que la actividad desarrollada por los presos de ETA debe analizarse a la luz de esos límites.
El escrito pone el foco en el uso del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, una fórmula que permite flexibilizar las condiciones de cumplimiento para presos clasificados en segundo grado mediante un programa individualizado. Entre las actividades valoradas dentro de esos itinerarios se encuentran trabajos o actuaciones en organizaciones sociales.
Según DyJ, Cáritas ha incorporado a sus programas a «muchos» antiguos miembros de ETA. Entre ellos cita a «Anboto», condenada por delitos que incluyen diez asesinatos, cuya propuesta penitenciaria contempla salidas de prisión para realizar actividades de voluntariado. El Gobierno vasco volvió a concederle a comienzos de septiembre la aplicación del artículo 100.2, después de que una decisión similar fuese revocada meses antes por la Audiencia Nacional.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrió este viernes esa nueva concesión de semilibertad. El Ministerio Público sostiene que no se han producido cambios relevantes en la situación penitenciaria o tratamental de Iparraguirre que justifiquen modificar el criterio judicial anterior y advierte de que las salidas previstas —ocho horas al día durante cinco días a la semana— se aproximan en la práctica a las condiciones propias de un tercer grado.
Entre los elementos utilizados para justificar el programa penitenciario de la exdirigente de ETA figura precisamente un voluntariado vinculado a Cáritas en un huerto parroquial de Oñati, además de otros elementos incluidos en su expediente de reinserción. La Justicia ya había cuestionado meses atrás que esas circunstancias justificasen la aplicación del 100.2.
DyJ también menciona el caso de Igor Solana, condenado por los asesinatos del teniente coronel Antonio Muñoz Cariñanos, del concejal del PP José María Martín Carpena y del fiscal jefe de Andalucía Luis Portero, padre del presidente de Dignidad y Justicia. La asociación asegura que Solana también ha participado en actividades de voluntariado organizadas por Cáritas dentro de su itinerario penitenciario. La condena de Solana por el asesinato de Luis Portero está documentada en distintas resoluciones y procedimientos de la Audiencia Nacional.
«Ha participado igualmente en actividades de voluntariado organizadas por Cáritas con el fin de acceder también a los mencionados beneficios penitenciarios», sostiene Daniel Portero en el escrito.
DyJ cuestiona el control de las actividades
La asociación denuncia asimismo que en los expedientes penitenciarios no consta, según su versión, un control suficiente de las tareas realizadas por estos antiguos miembros de ETA y recalca que algunos de ellos no han pedido perdón a sus víctimas.
El conflicto adquiere para DyJ una dimensión especialmente grave porque Cáritas también ha atendido a víctimas del terrorismo de ETA. El colectivo considera incompatible que una misma estructura asistencial preste apoyo a quienes padecieron los atentados y, al mismo tiempo, a condenados que emplean sus actividades sociales como parte de un itinerario para mejorar su situación penitenciaria.
«A Cáritas España han acudido con finalidad asistencial víctimas de estos mismos terroristas, que han buscado consuelo en la organización», señala la carta. Para la asociación, esa «doble atención» debe revisarse a la luz de la legislación vigente.
DyJ reclama por ello a Cáritas que aclare su posición y revise la participación de presos de ETA en estos programas, especialmente cuando las actividades puedan ser posteriormente utilizadas por las autoridades penitenciarias para justificar la aplicación del artículo 100.2 y avanzar hacia regímenes de semilibertad.
Cataluña
Dos intérpretes no logran traducir del catalán al castellano y los abogados acaban preguntando en español
Yolanda Canales. Barcelona. El debate. 19 Septiembre 2026
Todos los intervinientes dominan el español. Pero en un juicio celebrado en la Audiencia de Barcelona ha sido necesario recurrir a intérpretes para traducir las preguntas del catalán al español. El problema es que los intérpretes han fallado y, al final, los propios abogados han tenido que cambiar de idioma para poder continuar.
La escena se ha producido durante el juicio por las lesiones sufridas por Roger Español durante la jornada del referéndumm ilegal del 1 de octubre. La abogada Laia Serra, de Òmnium Cultural, ha formulado en catalán una pregunta al jefe policial de la unidad Camel de la Policía Nacional y la intérprete no ha conseguido traducirla correctamente al castellano. El presidente del tribunal, José Carlos Iglesias, ha llegado a plantear la posibilidad de detener la vista y buscar otro intérprete.
Serra ha optado inicialmente por traducirse ella misma la pregunta para evitar más retrasos. Después ha llegado una segunda intérprete, pero tampoco ha resuelto completamente el problema. Finalmente, la propia abogada ha decidido continuar el interrogatorio en castellano. Benet Salellas, abogado de Roger Español, también ha comenzado preguntando en catalán y ha acabado recurriendo al castellano ante las dificultades de traducción.
Y ahí está la paradoja: para garantizar que unas preguntas formuladas en catalán pudieran ser comprendidas en castellano se ha puesto en marcha un servicio de interpretación que ha acabado obligando a los propios abogados a abandonar el catalán y hablar directamente en español.
No había, en este caso, una barrera lingüística entre los protagonistas. Los abogados han utilizado el castellano y los policías interrogados han respondido en esta lengua. La dificultad ha aparecido al introducir un intermediario para trasladar de una lengua a otra unas preguntas que finalmente podían formularse directamente en castellano.
Explicaciones de la Generalitat
El catalán es una lengua oficial y la legislación permite a abogados, partes, testigos y peritos utilizarlo en los procedimientos judiciales en Cataluña. La normativa contempla también la intervención de intérpretes en las actuaciones orales cuando resulta necesario.
Pero el episodio de Barcelona ha mostrado hasta qué punto puede complicarse el sistema cuando se recurre a la interpretación incluso entre personas que se comunican en castellano: una primera intérprete no ha podido traducir una pregunta, ha sido necesario buscar una segunda y los abogados han terminado cambiando al español para poder continuar con normalidad.
La Generalitat ha tenido que pedir explicaciones por los fallos. El Departamento de Justicia ha requerido a la empresa encargada del servicio para que aclare lo ocurrido y determine si se han producido incumplimientos de las condiciones contratadas. Los servicios de traducción e interpretación judicial están externalizados, salvo las traducciones del castellano al catalán realizadas por los servicios lingüísticos de la Administración de Justicia.
A su vez, los grupos parlamentarios de ERC, Comunes y CUP han registrado unaa petición para que comparezca ante el Parlament el consejero de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, por las «incidencias» en este servicio de traducción.
El resultado deja una imagen difícil de explicar: se ha necesitado un intérprete para pasar del catalán al castellano, el intérprete no ha conseguido hacerlo correctamente y la solución ha sido que los abogados hablen directamente en castellano.
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