Recortes de Prensa Sábado 3 Octubre 2026
Ucrania mantiene los ataques a refinerías rusas pese a las declaraciones de Trump
Ataca cuatro importantes instalaciones de infraestructura petrolera en territorio ruso, así como una serie de otros objetivos, mientras mantiene su estrategia de intensificar los ataques de largo alcance en el suelo enemigo
Rostyslav Averchuk. Leópolis . la razon. 3 Octubre 2026
“Respondemos de forma justa a la escalada rusa con nuestras sanciones de largo alcance. Casi cada día trae resultados importantes”, declaró el viernes el presidente Volodímir Zelenski, quien reveló que se golpearon instalaciones petrolíferas en las regiones rusas de Samara y Volgogrado.
Entre los objetivos también se encontraban aeródromos, empresas de defensa militar, un centro de cohetes y espacio y un depósito de municiones. Sin embargo, el foco especial está en la refinería de Volgogrado y las grandes estaciones de bombeo de petróleo de Samara, en medio de las sugerencias de Donald Trump de que los ataques de Ucrania, y no la guerra contra Irán, impulsan los precios del diésel en todo el mundo. Las refinerías rusas que producen combustible diésel están deteniendo su actividad debido a los ataques ucranianos “a un ritmo bastante alarmante”, ha dicho el presidente estadounidense.
Kiev afirmó anteriormente que está dispuesta a detener los ataques contra la infraestructura energética rusa, pero solo si Moscú hace lo mismo. Sin embargo, en su discurso del jueves, el presidente ruso Vladímir Putin rechazó la idea, que contaba con el apoyo de varios mediadores extranjeros, además de Washington. Sus palabras fueron seguidas por los ataques ucranianos contra Samara y Volgogrado.
El Servicio de Seguridad de Ucrania subrayó que los ataques a la infraestructura petrolífera rusa tienen como objetivo reducir los ingresos de Rusia utilizados para financiar la guerra contra Ucrania y complicar el transporte y el procesamiento de petróleo para el ejército ruso.
La refinería de Volgogrado procesa alrededor de 14,8 millones de toneladas de petróleo al año, mientras que la instalación de Samara cuenta con 71 depósitos capaces de almacenar 1,6 millones de toneladas de combustible, además de las dos estaciones de bombeo que ayudan a transferir petróleo desde varias grandes zonas de extracción.
El viceministro ruso Aleksandr Novak aseguró que el ataque fue “prácticamente repelido” y señaló que se han reforzado las defensas antiaéreas cerca de las refinerías tras una serie de dolorosos golpes ucranianos en los últimos meses. Afirmó que no se ha dañado ningún equipo de alta tecnología, aunque admitió que se han evaluado daños en al menos una instalación. Las redes sociales rusas compartieron vídeos de grandes incendios en la infraestructura atacada.
Hasta ahora, los ataques de Ucrania se realizan principalmente con varios tipos de drones de largo alcance, que tienen una potencia explosiva limitada. Kiev espera que sus propios misiles balísticos puedan aumentar pronto los daños causados.
Una variante de menor alcance, el FP-7,se ha utilizado en combate por primera vez, reveló el presidente Zelenski el jueves, mostrando el vídeo de su lanzamiento. Según el productor ucraniano Fire Point, los misiles son capaces de recorrer hasta 200 kilómetros y portan una ojiva de 200 kg a una velocidad de 1.500 metros por segundo, utilizando una trayectoria que dificulta su interceptación por parte de Rusia.
Sin embargo, Ucrania se enfrenta a una serie de limitaciones financieras y tecnológicas que dificultan prever cuándo y si el misil y su variante de mayor alcance, el FP-9, capaz de viajar 850 km y transportar 800 kg de explosivos, podrán producirse en masa pronto.
Mientras tanto, según Zelenski, Ucrania ha averiguado a través de comunicaciones interceptadas y del círculo íntimo de Putin que a principios de septiembre este afirmó: “Ahora no hay reglas”, en referencia a la escalada de los ataques aéreos de su país contra Ucrania.
“Los rusos no han logrado ocuparnos. Así que ahora llevan a cabo ataques masivos y matanzas masivas”, declaró el presidente ucraniano al Financial Times. En los últimos días, drones rusos han atacado centros de datos, redes de internet y móvil, hospitales, escuelas y, por primera vez durante la guerra, un puente clave en la capital ucraniana.
El movimiento de trenes de metro sobre el puente Pivdenni se detuvo el viernes después de que al menos tres drones impactaran el día anterior contra su estructura, provocando explosiones y generando temores de que los ataques pudieran dificultar a los residentes llegar a sus hogares o lugares de trabajo. Algunos se vieron caminando por el puente.
Según un plan ruso para el invierno, visto por el New York Times, Rusia se prepara para hacer la vida insoportable en grandes ciudades como Kiev, Járkov, Odesa y Leópolis, cortando la electricidad. Para lograrlo, Rusia planea destruir instalaciones de importación de energía en el oeste del país, bombardear las centrales de generación reconstruidas y luego aislar tres centrales nucleares clave para el suministro energético de Ucrania al golpear subestaciones a solo un kilómetro de los reactores.
“Quieren que la gente huya de sus ciudades, y nosotros tenemos que hacer todo lo posible para salvar a nuestra gente y nuestras ciudades”, subrayó Zelenski el viernes.
El “juego sucio” de Zelenski con dos prisioneros norcoreanos de Kursk incendia el Estado Mayor en Seúl
Mar Sánchez-Cascado. Hong Kong. la razon. 3 Octubre 2026
Desde los puestos de mando en Seúl, la indignación militar roza el punto de no retorno. El presidente Lee Jae Myung ha lanzado un ultimátum a Volodimir Zelenski exigiendo una disculpa formal inmediata tras desclasificar unilateralmente en la tribuna de Naciones Unidas la acogida encubierta de dos prisioneros de guerra norcoreanos capturados en el frente ruso. La presidencia surcoreana considera inaceptable que Kiev reviente una delicada operación de extracción para presionar a su complejo industrial de defensa y forzar la entrega urgente de misiles antiaéreos pesados. Esta imprudencia de la cúpula ucraniana “vulnera los acuerdos de confidencialidad rubricados entre ambas cancillerías y coloca una diana sobre las familias de los reclutas en Pyongyang”, desatando una crisis política interna en la capital surcoreana.
Cacería clandestina en Kursk
La maniobra furtiva se tejió en el fango de los combates registrados durante el pasado invierno. En plena refriega artillera, escuadras de asalto ucranianas interceptaron a dos soldados heridos del contingente asiático. Era la constatación palpable sobre el terreno de que la infantería subordinada a Kim Jong Un operaba en primera línea para sostener las posiciones del Kremlin. Para los analistas de inteligencia en Seúl, aquellos cautivos personificaban un botín incalculable de tablas de frecuencias, manuales de tiro, códigos cifrados de transmisiones y organigramas de mando del hermético ejército norteño. Devolverlos a su punto de origen equivalía a una sentencia de muerte inmediata o al internamiento perpetuo en campos de trabajos forzados. Por ello, el gabinete afectado activó los preceptos de su Carta Magna, reconociendo la ciudadanía automática a cualquier habitante de la península coreana. Ambas capitales sellaron un pacto de silencio absoluto, donde el Gobierno ucraniano evitaba el desgaste interno por no utilizar a los reclutas en un intercambio directo por prisioneros propios, mientras Seúl preservaba la seguridad operativa del rescate.
Fuegos de artificio en Manhattan y ruptura de claves
Aquel compromiso clasificado se desintegró cuando Zelenski utilizó la tribuna de Nueva York como un altavoz propagandístico, exhibiendo la captura para forzar un giro en la implicación de los aliados internacionales. Las explicaciones posteriores del ministro de Asuntos Exteriores, Andrii Sybiha, calificando el episodio de mero desajuste protocolario y negando la existencia de compromisos previos, terminaron de dinamitar la paciencia del Estado Mayor surcoreano. A través de canales oficiales, el Lee advirtió de que arrastrar a su nación a una escalada de confrontación ajena conllevará represalias diplomáticas directas. En el plano doméstico, el Ejecutivo afronta una crisis política, con sectores de la oposición parlamentaria acusando al gabinete de opacidad y de debilitar la posición nacional frente a las presiones del régimen totalitario vecino.
El gran bazar artillero con millones de obuses y transferencias opacas
El trasfondo estratégico evidencia una economía de guerra a escala global. Informes de inteligencia militar confirman que Pyongyang ha transferido entre 14.000 y 15.000 combatientes al escenario europeo, con 8.000 efectivos desplegados de inmediato en Kursk y otros 10.000 completando ciclos de instrucción táctica. En paralelo, Putin formalizó un decreto para inflar las filas de sus fuerzas armadas hasta alcanzar los 2,4 millones de efectivos, fijando 1,55 millones de soldados en servicio activo continuo.
A cambio de suministrar más de 15 millones de proyectiles de calibre 152 mm y arsenales de proyectiles balísticos tácticos de corto alcance de las series KN-23 y KN-24, las arcas del Norte han recibido una inyección superior a 4.000 millones de dólares. Este flujo masivo de capital ha disparado el crecimiento económico del Estado paria un 3,5%. Adicionalmente, ingenieros rusos transfieren asistencia tecnológica crítica sobre el terreno, desde componentes para la producción masiva de aeronaves no tripuladas de la familia Shahed hasta sistemas de telemetría y navegación que han recortado el margen de error de la artillería norcoreana de 3 km a menos de 100 m del blanco asignado.
El cerrojo de los Patriot frente al asedio térmico
Acorralada por oleadas sistemáticas de bombardeos rusos contra su infraestructura eléctrica y nudos de comunicaciones, la cúpula ucraniana presiona sin tregua para que la industria surcoreana entregue 300 baterías e interceptores antiaéreos del sistema Patriot PAC-3. Sin embargo, Seúl mantiene inalterable su doctrina por la prohibición taxativa de exportar armamento letal a teatros de combate activos, limitando sus envíos a vehículos de desminado, asistencia médica y paquetes de reconstrucción civil.
Desde Moscú, la advertencia es terminante. El viceministro de Exteriores Andréi Rudenko subrayó que cualquier transferencia de material ofensivo pulverizará los lazos bilaterales y acarreará represalias en el suministro energético. En paralelo, el mando aliado en Europa alerta del incremento de acciones de guerra híbrida del Kremlin, que incluyen incursiones de aparatos no tripulados sobre espacio aéreo alemán y maniobras de hostigamiento naval en el mar Báltico.
El pulso del átomo y corte de transmisiones
El clima alcanzó su punto crítico tras las declaraciones del jefe de los servicios de inteligencia ucranianos, Kirilo Budánov, sugiriendo que las unidades norcoreanas están ensayando en el frente europeo los procedimientos para una ofensiva a gran escala contra el Sur. La Casa Azul desestimó ese diagnóstico incendiario, centrando sus esfuerzos en monitorizar las constantes demoliciones y obras de fortificación que el régimen norteño ejecuta en la Zona Desmilitarizada.
La hoja de ruta defensiva de Seúl se enfoca en avanzar con Washington en acuerdos para el enriquecimiento de uranio con fines estratégicos, el reprocesamiento de combustible nuclear y el acceso a plantas de propulsión para submarinos de ataque de nueva generación, blindando su disuasión sin alterar el equilibrio con Pekín. Ahora, parece que si Kiev insiste en dinamitar acuerdos confidenciales para obtener ventajas comunicativas a corto plazo, Seúl clausurará sus almacenes de armamento y desconectará de inmediato los canales secretos de intercambio de datos tácticos e inteligencia por satélite.
Entrevista al ex jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra
El general Fulgencio Coll acusa a Marruecos de lanzar una guerra híbrida en Ceuta: «¡Fue una invasión en toda regla!»
Julio Bastida. okdiario. 3 Octubre 2026
Fulgencio Coll, ex jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, habla sin tapujos sobre la crisis de Ceuta y el papel que han desempeñado España y Marruecos. En esta entrevista concedida a OKBALEARES, sostiene que la llegada masiva de inmigrantes ilegales a la ciudad autónoma formó parte de una estrategia de presión por parte de Marruecos y acusa al Gobierno español de «mirar a otro lado».
PREGUNTA.- General, ¿cómo define lo ocurrido en Ceuta?
RESPUESTA.- Estamos ante una invasión en toda regla. Ceuta fue invadida violentamente. Marruecos rompió el respeto mínimo y los acuerdos de buena vecindad que tenía con España.
P.- ¿Está diciendo que no fue simplemente una crisis migratoria?
R.- No. Hay muchas maneras de hacer esta guerra híbrida. Marruecos ha utilizado la inmigración ilegal y el maldito efecto llamada. No estamos hablando, desde mi punto de vista, de un episodio migratorio rutinario, sino de una forma de presión contra España.
P.- ¿Por qué considera que se trata de una guerra híbrida?
R.- Porque hay muchas formas de hacer una guerra híbrida y no todas tienen que ser militares. En este caso se ha utilizado la inmigración ilegal como instrumento de presión. Lo que ocurrió en Ceuta fue una operación que tuvo una dimensión claramente estratégica.
P.- ¿Cree que Marruecos aprovechó una situación de debilidad de España?
R.- Sí. Marruecos aprovecha siempre los momentos de fragilidad para avanzar. Y eso es algo que debemos tener muy presente. Cuando las instituciones españolas no muestran firmeza, Marruecos encuentra un espacio para avanzar en sus intereses.
P.- ¿Considera que lo ocurrido estaba planificado?
R.- Hay, sin lugar a dudas, una operación planificada y dirigida. Y España ha mirado a otro lado.
P.- ¿Está acusando directamente al Gobierno español de no haber reaccionado?
R.- Estoy diciendo que ha faltado una respuesta seria. Cuando existe una operación planificada y dirigida y la respuesta de España no está a la altura, el problema no es solamente lo que hace Marruecos, sino también cómo responde España.
P.- ¿Hubo alguna ocasión en la que España sí respondiera con firmeza ante Marruecos?
R.- Sí. Hay que recordar la crisis de Perejil. Solo en aquella ocasión hubo una respuesta seria. El Gobierno de José María Aznar dejó una posición política seria de Exteriores.
P.- ¿Qué diferencia encuentra entre aquella respuesta y la situación que denuncia ahora?
R.- La diferencia está precisamente en la firmeza de la posición política. En Perejil hubo una respuesta seria. En cambio, ahora considero que Marruecos ha aprovechado la debilidad y España ha mirado a otro lado.
P.- ¿Qué supone, desde el punto de vista de la soberanía española, permitir una situación como la de Ceuta?
R.- Supone aceptar una presión que afecta directamente a España. Ceuta fue invadida violentamente y eso no puede tratarse como si fuera simplemente un episodio más de inmigración.
P.- Entonces, ¿cuál es su principal acusación?
R.- Que Marruecos utilizó la inmigración ilegal como una herramienta de guerra híbrida y que España no respondió con la firmeza que debía. Hay una operación planificada y dirigida y España ha mirado a otro lado.
P.- ¿Qué mensaje cree que transmite esa falta de respuesta?
R.- Transmite debilidad. Y Marruecos aprovecha siempre los momentos de fragilidad para avanzar. Por eso es necesario recuperar una posición política seria y firme.
Quien a hierro mata, a hierro muere, Pedro Sánchez
OKDIARIO. 3 Octubre 2026
La historia política de Pedro Sánchez, desde el mismo momento en que se alzó como cabeza visible del socialismo (haciendo trampas), no es la de un manual de resiliencia -como presume el personaje-, sino la de un manual de infamia. Llegó a la Moncloa por la vía de una moción de censura sustentada en una sentencia sobre la corrupción del PP deformada a conveniencia y, desde entonces, ha venido combinando la mentira, el trueque, el engaño y la ausencia de principios como toda estrategia.
Ha vendido la dignidad del Estado y la nación a pociones, según le ha ido interesando, para perpetuarse en el poder y ha emprendido una estrategia de decapitación de todos los contrapoderes que le ha llevado, incluso, a arremeter contra los jueces y tribunales que han osado investigar la corrupción del PSOE y de su familia. Por resumirlo en tres líneas: Sánchez es un autócrata de libro que no ha devenido en dictador gracias precisamente a que no ha podido culminar su asalto a la justicia. Lo ha intentado sin ningún recato, pero el Estado de Derecho, mal que bien, le ha aguantado las embestidas.
Sánchez es un autócrata que no ha llegado a dictador no precisamente por falta de ganas. Su falta de escrúpulos le ha convertido en un killer, un tipo peligroso cuyo exceso de vanidad y osadía le han servido para lograr lo que otros, en parecidas circunstancias, no hubieran logrado nunca. Pero no por sagacidad, sino por falta de principios y por su prodigiosa capacidad para el embuste. En eso, es portentoso. Ahora que ha vuelto a tomarse un fin de semana de reflexión para decidir si convoca elecciones, su doble derrota en los decretos sobre los que pretendía blanquear su supina inacción en materia de vivienda, cargando la responsabilidad de su fracaso sobre propietarios, fondos buitre y demás gérmenes del capitalismo, lo ocurrido en el Congreso ha sido una muestra de justicia poética. Y es que su derrota hace bueno el dicho de que a quien hierro mata, a hierro muere.
La izquierda odia a los pobres
Fran Carrillo. okdiario. 3 Octubre 2026
A Sánchez lo ha desahuciado el Congreso cinco minutos antes de que lo haga la calle. Su antidemocrático proyecto de ley sobre la vivienda, que aprobará de espaldas al legislativo por sus santos redaños, es la culminación a ocho años de autocracia impuesta por la vía del delito, que es como mejor se mantiene el socialismo en el poder. Tras usar a una anciana caradura, elegida a conciencia para alterar las ídem de su población votante y latente, el yayocharismo y los pijos piojos de extrema vaguedad, Sánchez y su ejército de ministros analfabetos se lanzan al guerracivilismo retórico y violento, marcando al adversario como hacía ETA en sus tiempos, que son ahora también. Lo saben bien en el PSOE. Esa violencia verbal hacia quienes votaron no a que la propiedad fuera exterminada, y con ella, la democracia, y con ella, la libertad, recuerda a las tácticas mafiosas que la izquierda usaba en la Segunda República cuando el escrutinio no le resultaba favorable. Lo siguiente que hicieron fue matar a la oposición y a la derecha sociológica que la votaba. Ahora tenemos a los hijos eunucos de aquellos bárbaros zurdos.
No hay mayor mentira en este siglo que el repetido mantra de que la izquierda representa a los pobres. Si hay un enemigo de quienes menos tienen, esos trabajadores que no llegan a fin de mes, esos colectivos perjudicados por la coyuntura económica o quienes no han tenido la suerte de nacer en un contexto determinado, son los partidos de puño en alto y bolsillo prieto, que acumulan tantos crímenes como riquezas en su haber. Lo reconocen ellos mismos, cuando las cámaras no graban ni la sociología aprieta: sin pobres, no tendrían votos, y sin votos, se acabaría el poder. Por eso los necesitan, y por eso no permiten que su número decrezca. De ahí que odien cualquier sistema que permita sacar de la pobreza a las personas, porque abominan tanto de la libertad individual como del progreso humano, aunque se les llene la boca en la defensa de ambos conceptos.
Bajo el mandato sanchista, las empresas del IBEX han obtenido beneficios récords al mismo tiempo que el número de hogares necesitados de ayuda estatal se ha multiplicado por cientos de miles. Hagan ustedes la secuencia lógica de relación. Los ricos, sobre todo los cercanos a la familia socialista, incrementan su patrimonio sin cesar. Por su parte, los más pobres aumentan su dependencia y miseria sin remisión. Y la clase media española se despeña hacia la irremediable pauperización, con dificultades para llenar la nevera y el depósito del coche, pagar la educación de sus hijos o escaparse de vacaciones en verano. España se hizo de clase media cuando se convirtió en propietaria. Y se volvió pobre cuando dejó al socialismo y a su metástasis comunista abanderar la representación de los pobres. Por eso lo vamos a perder todo.
En España, donde habita la izquierda más abyecta y disminuida de todas, calientan ya la calle a base de eslóganes enlatados para que los cachorros anticapi, o sea, los comunistas de todo a cien (a cien millones de muertos) que tienen más aros en el cuerpo que neuronas en la cabeza, repitan sin cesar lo que sus lecturas no soportan. Ahora estamos más cerca de unas elecciones que la izquierda no quiere ni su concepto del poder respeta.
El zurdo, en fin, es un compendio de envidia, odio, rencor e ignorancia. Su único motor de movilización es la fuerza y la violencia. Desde las instituciones, como ha pasado ahora con la vivienda como penúltimo ejemplo, crean el problema, son incapaces de resolverlo, se forran y delinquen por el camino, proyectan en el adversario su incompetencia y maldad y amenazan físicamente con represalias a quien se opone a su proyecto antidemocrático. Y cuando nada de esto les resuelve el entuerto, acuden a los mantras de consumo facilito para que la masa de pobres dependientes, a los que odian y manosean, pero necesitan para seguir trincando, repitan sin cesar. Si como ciudadano aspiras a que se respeten tus derechos y adquieras progreso personal y autonomía económica, no hay peor camino que abrazar a quien te asfixia a base de cariño, solidaridad y talante moral.
La ‘ley de
nietos’: un riesgo real para la democracia
MARTA
CASTRO. gaceta. 3
Octubre 2026
La decisión del Tribunal Supremo adoptada en el marco de un recurso interpuesto por VOX frente a la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) al estimar la suspensión de la aplicación de la normativa vinculada a la comúnmente denominada ‘ley de nietos’, es una decisión histórica.
Podría serlo, simplemente, porque no es habitual que el Tribunal Supremo acuerde la medida cautelar y suspenda la aplicación de normativa aprobada, en este caso, afectada a raíz de una decisión de la Junta Electoral Central.
Son contadas las ocasiones, en mayor medida en sede contencioso-administrativo, en las que el Alto Tribunal ha apreciado que concurre la urgencia relevante para adoptar una decisión rápida sobre la solicitud, apreciar que los efectos de mantener la normativa impugnada vigente y aplicable generaría situaciones irreversibles en caso de que sea estimado el recurso y además, que los motivos invocados de fondo, de un modo aproximativo sean considerados adecuados cumpliendo el requisito de apariencia de buen derecho.
La dificultad estriba en la ponderación de intereses en juego, en la que el «interés general» inherente a las decisiones administrativas, tiene una aplicación limitada porque, conforme inveterada doctrina jurisprudencial, debe ser empleada con carácter restrictivo.
La trascendencia histórica de suspender la aplicación de la Ley de Nietos que, en realidad, es la archiconocida Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática – por cierto, pendiente de decisión sobre su inconstitucionalidad-, alcanza más allá de la evidente vulneración de normativa intrínseca, su aplicación impacta de forma simultánea al núcleo esencial de principios esenciales en un Estado de derecho.
Confluyen tres actos jurídicamente distintos, pero intrínsecamente vinculados: el procedimiento de nacionalidad, la inscripción en el registro civil y la posterior incorporación al censo. Dentro de este, aparece la adscripción del recién incorporado a una circunscripción española, requisito administrativo previo para poder votar.
Así, revestido de la apariencia de un mero formalismo, de un trámite administrativo, de vulgar y tedioso papeleo ante la administración se constituye un acto de extraordinaria trascendencia en el ámbito personal y en la esfera política del hombre, el ejercicio del derecho de sufragio.
Afecta al voto, por un lado, como la máxima expresión del derecho de participación política y, por otro, a la configuración de la nacionalidad española como instrumento identificativo e integrador inherente a la soberanía nacional.
El Tribunal Supremo, antes de tomar una decisión sobre el fondo ha apreciado la urgencia y necesidad de transparencia en la actuación de la administración en todas sus fases atinentes a la inscripción en el CERA, así como de constatar datos ciertos.
En este caso, apreciaron la existencia de urgencia (periculum in mora), irreversibilidad y la apariencia de buen derecho, (fumus bonus iuris). Como indica el brocardo latino, si hay humo, hay fuego. Y tanto.
La competencia en materia electoral
El origen del procedimiento se encuentra en sede de la Junta Electoral Central al no considerarse competente para resolver la controversia sobre la evolución de los datos del censo electoral tras la aplicación la Ley de Memoria Democrática y posteriores desarrollos normativos, que ya avanzamos nulos y por tanto ilegales.
Esta decisión si bien fue mayoritaria, con ocho votos a favor, no fue unánime al existir cuatro votos particulares de carácter discrepante al no estar conformes con la decisión ni por tanto con la argumentación.
Hay que resaltar la extrañeza que produce la declinación de la competencia de este órgano, que se rige por una ley especial, la LOREG que se autodefinió como «una de las normas fundamentales de un Estado democrático», y regula el régimen electoral.
Y efectivamente es una norma fundamental porque el contenido de la misma desarrolla de forma directa el articulo 23 CE, que establece la garantía constitucional de participación política (regula por tanto, de forma concreta todos los aspectos del derecho de sufragio activo y pasivo, procedimiento electoral completo con sistema de recursos, financiación electoral, delitos electorales, régimen de incompatibilidades del cargo representativo, la determinación de la circunscripción, y el censo electoral), y además, dispone los órganos encargados de dar cumplimiento y ejecutar la función de control de las «decisiones políticas en las que se refleja el derecho de sufragio se realicen en plena libertad», según reza el Preámbulo de la propia ley, siendo la Junta Electoral Central (JEC) la cúspide de este sistema.
Recae en la JEC, dirigir y supervisar, entre otras, la actuación de la Oficina del Censo Electoral y encuentra regulación todo lo relativo al censo electoral, a través de su Oficina, que debe ofrecer los datos, las actualizaciones y a ésta dedica la LOREG dos secciones III y IV —dando cuenta de su importancia en el proceso electoral—, en las que determina las funciones de elaboración, control, supervisión e información a la JEC de cuantas cuestiones afecten al censo electoral. La relevancia de la corrección, exactitud y rigor de este registro que determina las personas que podrán votar y, en su caso, también ser elegidas en un proceso electoral es extraordinaria y fundamental.
El censo electoral es el registro de los nacionales que podrán elegir sus representantes políticos como máxima expresión de la soberanía nacional. Es el registro del pueblo soberano.
El deber de supervisión, control e información de los datos censales
Todas las alarmas saltaron cuando se conocieron los datos sobre el inusitado aumento del número de incorporaciones al censo electoral, desde la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, y alcanzar unas cifras tan escandalosas como injustificadas, fuera de márgenes razonables atendiendo a la evolución histórica del número de solicitantes, y se denunció a la JEC.
Aún está por comprobar en los informes solicitados por el Tribunal Supremo, pero ya queda constancia de los datos extraídos del INE a 1/05/2026: 2.708.083 inscritos en el CERA frente a 2.333.056 en las generales de julio de 2023 (+375.027; +16,1 %). Ritmo mensual entre 10.000 y 16.000; 17.425 altas entre marzo y abril de 2026 y 16.168 entre abril y mayo. Estos datos proyectados ofrecerían un aumento entre 600.000 y 800.000 nuevos electores en 2027. Los datos de exteriores ofrecen unos 2,4 millones de citas o manifestaciones de interés, 1.225.188 solicitudes formalizadas, 571.761 aprobadas y 333.696 inscritas a 31/05/2026. La propia Oficina del Censo Electoral, con fecha 10/07/2026, reconoce, al menos, incrementos superiores al 6 % en la práctica totalidad de oficinas consulares.
El procedimiento de estas incorporaciones se realiza a través del alta en el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE), que es el registro oficial de España que incluye a todas las personas con nacionalidad española que viven fuera del país de manera habitual, y su correspondiente traslado al Censo Electoral de residentes ausentes (CERA). Ambos registros se enmarcan en las competencias del Instituto Nacional de Estadística (INE) y bajo el control funcional de la JEC en cuanto a la afección al sistema electoral.
Para llegar a la inscripción, el camino a recorrer para conseguir votar como español en el extranjero tiene dos fases: la primera la obtención de la nacionalidad y, la segunda, consecuencia de la anterior, la inclusión en el censo electoral.
La trascendencia de las modificaciones de los requisitos para obtener la nacionalidad española. La presunción de exilio
La flexibilización de los requisitos se realiza vinculada a motivos ideológicos, planteándose como una rebaja de las existencias legales vinculadas a unas circunstancias de excepción.
El cambio trascendente y que afecta a la situación actual examinada en el Tribunal Supremo es el establecido para la adquisición de la nacionalidad, mediante la Disposición Adicional 8ª de la Ley de Memoria Democrática, que amplió desde su antecedente directo, la Ley 52/2007 de 26 de diciembre (la Ley de Memoria Histórica) de forma que se concede la nacionalidad a los siguientes siempre que estén vinculados «a quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura y salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955».
Sin embargo, aparece la figura de la «presunción de exilio» que exime de cualquier prueba o justificación de que la salida se realizó por los motivos anteriores y transforma la propia naturaleza de la concesión de la nacionalidad española.
La figura se introduce el 25 de octubre de 2022 sin carácter normativo y la Dirección General de Seguridad jurídica y fe pública, en una Instrucción, con una interpretación propia y sin capacidad para realizar el cambio, indica dirigido a la tramitación de los expedientes, que el literal de la DA 8ª LMD establece dos supuestos autónomos, uno el que descendiera de padres o abuelos originariamente españoles, sin ninguna otra premisa y el otro supuesto, que quedaba reducido a acreditar la salida de España entre 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, sin más. Esta interpretación extensiva resulta contraria a la propia norma y se realiza sin tener la potestad reglamentaria necesaria para su modificación.
Este modo de interpretar el texto, por el que se cambia radicalmente su significado, coincide con una enmienda propuesta en el Congreso ya en 2022 y que fue rechazada de forma mayoritaria. Hace apenas 5 días, uno de los partidos minoritarios socios del Gobierno le hace el trabajo y ha presentado en la propuesta de modificación de una ley sobre Educación, el mismo texto sobre voto CERA, como una enmienda denominada «intrusa» por no tener ninguna relación con la materia a legislar.
Esta estrategia esquiva el control del Tribunal Supremo y solo deberá superar el control de legalidad de la presidente del Congreso, Francina Armengol, y del Letrado de Cortes, Fernando Galindo y, finalmente, de nuevo, en sede Tribunal Constitucional.
Pesa sobre todas estas personas, numerosas polémicas sobre sus decisiones más que dudosas de arbitrariedad al apartarse de los criterios históricos sobre los usos y costumbres de la Cámara y del Tribunal.
De este modo, cualquiera que solicite y manifieste sin ninguna acreditación alguna especial vinculación de las descritas, podría iniciar los trámites y obtener la nacionalidad española.
Para mayor inri, en el 5 de noviembre 2024, otra Instrucción de la misma Dirección General, amplia el plazo de aplicación de la ley a aquellos que simplemente tengan cita en el consulado para el examen de su caso. Los consulados están colapsados ante la avalancha de solicitudes.
Los beneficios de la adquisición de la nacionalidad española resultan muy atractivos: desaparecen las exigencias de renovación de permisos de residencia, acceso de empleos en la Administración española, viajar y residir en cualquier país de la Unión Europea sin necesidad de solicitud y facilidad para acceder a visados como al de Estados Unidos, participar en las elecciones generales, autonómicas, municipales y europeas, reagrupar más fácilmente a familiares regularizando a todos ellos en España, acceso a sanidad pública, educación, acceso a ayudas y subvenciones.
Todos los beneficios, pero ninguna obligación, pues no existe ninguna obligación fiscal ni contributiva, no ya económicamente, que también, sino de adhesión emocional al devenir de la nación.
La nacionalidad pasa de deber ser la acreditación de la vinculación de una persona con la nación a la que está ligado y quiere estarlo, por origen, por adopción, por residencia o por opción, reconociendo el modo que estos vínculos que le unen a los demás nacionales, a menos que un vínculo jurídico, dejándola reducida, con una visión materialista y utilitarista, asimilada a una situación administrativa.
La nacionalidad española, como reconocimiento de la condición de español, es la asunción de la identidad y pertenencia a una realidad nacional, es el elemento que dota de corporeidad la soberanía nacional, al quedar despojada de todo su valor intrínseco y representativo, queda desconfigurada y desnaturalizada.
El sistema de inscripción en el registro censal a través de los consulados
Todos los integrantes del censo electoral lo hacen adscritos a una circunscripción territorial. El número de integrantes del censo define el nivel poblacional que se emplea para fijar el número de representantes que deben ser elegidos por cada circunscripción. Es decir, las circunscripciones están directamente relacionados con la ordenación del sistema según la población del territorio y establece la ponderación del nivel de representatividad de cada territorio en el conjunto de la nación.
Los integrantes del censo por la vía derivada de la Ley de Memoria Democrática deben ser adscritos a una circunscripción electoral. La Orden EHA/642/2011 establece que para el que caso de aquel que nunca residió en España rige el «municipio de mayor arraigo» propio o de los ascendientes. Esta asignación, sin definición ni jerarquía de pruebas, queda fijada por el interesado, subsidiariamente, el municipio se determina de oficio por la Oficina Consular, sin criterio objetivo alguno, y sin conocer con exactitud ni el número ni el modo de ejecución de los consulados.
Al mismo tiempo, en 2022, este mismo gobierno, operó la reforma del «voto rogado», que precisamente afecta a los españoles que residen en el extranjero, eliminando la comunicación de solicitud de voto, y permitiendo el voto directo en urna en Embajadas, Oficinas o secciones consulares, o la remisión por los servicios de la empresa pública Correos del mismo a los consulados, y su posterior envío a la circunscripción asignada.
Aunque con estas normas, reconocen que la nacionalidad se hereda y se transmite, y a pesar de que la obtención de la nacionalidad es la expresión de una realidad natural de pertenencia, de vinculación a un concreto territorio y no otro, a su devenir histórico, a través de la regulación expuesta, se ha desvinculado absolutamente de cualquier elemento de conexión con la nación.
El sistema instaurado obedece a una configuración intencional vinculada a la conceptualización ideológica del gobierno. Es parte de su lucha contra España.
La reconfiguración de las circunscripciones y la reserva de representatividad específica
Los efectos electorales son evidentes tanto en el aumento de integrantes del censo electoral que ha sido la señal de alarma, y el modo de reparto, porque al asignar de forma arbitraria los censados en las circunscripciones permite que se asignen a circunscripciones específicas especialmente elegidas.
La asignación a la circunscripción se realiza de un modo caprichoso y, por tanto, arbitrario, pues no exige ningún elemento de conexión, establece la «presunción del exilio» sin conocer siquiera el origen del mismo, y la decisión adoptada ha sido que los solicitantes proponen de forma aleatoria y, en todo caso, los consulados adscriben. Adscriben donde mejor les parezca. Esta decisión es peligrosa porque obedece a una estrategia modificativa del componente poblacional en elecciones, y que en consecuencia significa una alteración del resultado electoral. Es el sistema de voto a la carta.
Es conocida de antiguo. El gerrymandering, que deriva de la estrategia de Elbridge Gerry, en el siglo XIX, que reconfiguró los distritos donde no conseguían gobernar unificándolos en uno solo, quedando por tanto reducida la representatividad. O el «charcutage» en Francia, redistribuyendo los distritos. Son ejemplos históricos de que la configuración de la circunscripción es un elemento definitivo de impacto en los resultados electorales.
No sólo la reconfiguración sino la creación de circunscripciones especiales, también ya explorado como en el affirmative gerrymandering, posibilita la creación de especialidades normalmente minoritarias, que alteran la configuración representativa.
Ha sido el chavismo venezolano el que ha perfeccionado el sistema. Combinó el cambio de peso de voto entre regiones y los centros urbanos (malapportionment), desmembró municipios opositores diluyendo su voto. El caso de Venezuela muestra cómo no hace falta alterar o falsificar las actas electorales, puede cambiar el resultado con ingeniería electoral.
El mismo gobierno que aprobó la Ley de Memoria Democrática impulsó las ilegales Instrucciones de DGSJFP, modificó el voto rogado, no descarta reservar o crear escaños especiales que representarán a aquellos que obtengan la nacionalidad en estas condiciones.
La propuesta ya está sobre la mesa, la ha realizado el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Una circunscripción propia y unos representantes políticos propios en el Congreso, Senado y también en autonomías. Proponen la organización por continentes incluso.
El voto va diluyéndose y con él la representatividad. Resulta absolutamente contrario a cualquier norma de sentido común que puedan votar y que puedan tener representantes en sede parlamentaria y, por tanto, poder de decisión sobre el devenir de la nación aquellos que no tienen ninguna vinculación con España.
El impulso desde el ministerio de Bolaños se realiza a través de la Dirección General de seguridad jurídica y fe pública, que resulta que dirigía en 2022, fecha de la susodicha Instrucción, la hermana del ministro Óscar Puente. A ellos se une la designación en 2022 de la presidente del INE, que también es la directora de la oficina del Censo Electoral (OCE). Ninguna de estas personas podrá sostener que no conocían las consecuencias de sus acciones porque tienen la suficiente cualificación técnica, motivo de su nombramiento. Esta circunstancia podrá ser apreciada para su imputación en sede penal ya solicitada por VOX.
Es en sede de este organismo donde durante cuatro años fueron validados sin comprobar los impresos remitidos y permitiendo que el elector eligiera provincia o localidad de voto a su libre arbitrio o a juicio del consulado. A pesar de ser su más primordial obligación, no remitió información necesaria a la JEC porque era de «extrema dificultad» separar con precisión qué electores obtuvieron la nacionalidad por ser descendientes directos de exiliados políticos y los que accedieron a la misma por otras vías.
No podemos obviar que los consulados amenazaron con el colapso absoluto de la red consular en esta tarea, para revisar los expedientes realizados sin ningún control de la documentación presentada y sin recabar las pruebas de arraigo.
La respuesta del ministro de Exteriores, Albares, se une a la del Ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Bolaños, y del propio presidente del Gobierno, Sánchez, atacando al Tribunal Supremo y preparando un recurrido rápido hacia el Tribunal Constitucional, donde su presidente, Conde Pumpido, pare el golpe.
No cabe duda de que los impulsores de estas reformas son los beneficiados por las mismas, como así también constatan las furibundas reacciones del Gobierno al conocer el frenazo en seco del Tribunal Supremo y su exigencia de los datos concretos. La reacción de los interesados, incluido el presidente Sánchez, nos certifica la finalidad de la utilización de toda la infraestructura del Estado para destruirlo. Desde dentro, una vez más.
La transparencia, neutralidad y eficacia que debe presidir la actividad desarrollada por estos organismos ha sido aniquilada y al anular las garantías y control establecidas para la limpieza del proceso electoral, nos dejan expuestos. Su impacto en el desarrollo de un proceso electoral es letal para la democracia.
Ya con anterioridad ha sido puesta en entredicho la limpieza y transparencia del proceso electoral en España con la intervención de empresas vinculadas con la actividad gubernamental de un modo subordinado. También de la más que dudosa actividad de la gestión y custodio del voto por correo por la entidad Correos, puesta bajo el foco de la imputación judicial por mor de su directora Leire Díaz y de la vinculación con Sánchez de su directivo Juan Manuel Serrano, en el meollo de la corrupción sanchista.
Revela la estrategia de Sánchez y del PSOE, una estrategia de largo recorrido y puesta en marcha concienzudamente, con planificación de las designaciones de las personas en los puestos correctos. Este modo de actuar es coincidente, como en otras tantas ocasiones, con la hoja de ruta de la tiranía venezolana y las actividades corruptas y delictivas que además tienen en común, muchas de ellas, no todas aún, bajo la lupa de las investigaciones judiciales en curso.
Se ha parado un pucherazo, pero sólo temporalmente. Este Gobierno es capaz de todo con tal de mantenerse en el poder.
Marta Castro es coordinadora nacional jurídica VOX
El Majzén
Fernando Paz. gaceta. 3 Octubre 2026
El 10 de julio de 1971, mientras Hassan II celebraba su 42º cumpleaños en el palacio de Skhirat, casi millar y medio de cadetes asaltaron la residencia real, irrumpiendo a tiros en mitad de la fiesta. La operación –extremadamente violenta y que se saldó con más de un centenar de muertos y otro de heridos– la dirigieron el general Medbouh, jefe militar de la Casa del Rey, y el director de la Escuela de Cadetes Militares.
El soberano, que salvó la vida escondiéndose junto a un grupo de incondicionales en un inodoro, se cobró cumplida venganza, pero aquello no disuadió a los militares de volverlo a intentar. Y el 16 de agosto de 1972 –Hassan regresaba de una visita a Francia– el avión real fue ametrallado sobre el Mediterráneo por tres F-5 de la Fuerza Aérea que perforaron el fuselaje e inutilizaron un motor. Cuando el aparato tomó tierra en Rabat con las dificultades que son de imaginar, fue de nuevo atacado por un enjambre de cazas y helicópteros, mientras otra unidad caía sobre el palacio real. Durante unas horas, se dio al rey por muerto.
Esta vez la venganza superó con mucho a la anterior, pero Hassan no estaba dispuesto a correr más riesgos. Con la vendetta sobre sus enemigos quizá satisfacía sus instintos, pero no solucionaba el problema: el ejército aspiraba a imponer un régimen militar de corte nacionalista y panarabista, al estilo de los que regían Egipto, Siria o Irak. Y el rey era cualquier cosa menos corto de entendederas.
Así que hizo tres cosas: eliminó el cargo de Ministro de Defensa, nombrándose a sí mismo jefe del Ejército; planeó la Marcha Verde a fin de focalizar al estamento castrense en la consecución de un objetivo externo que, de paso, le proporcionaba a él una enorme popularidad; y, sobre todo, sobornó a los altos mandos militares, integrándoles en el Majzén.
¿QUÉ ES EL MAJZÉN?
El Majzén es quien verdaderamente rige Marruecos: una estructura de poder articulada en torno al monarca y que aglutina a los grandes intereses del país, a las élites tradicionales, a la cúpula militar, a los principales intereses económicos, a los servicios de seguridad (¡por supuesto!) y a las figuras políticas más relevantes. Su papel ha sido clave en las últimas décadas para dotar de solidez al país, mientras otros Estados de la región sufrían una
endémica inestabilidad. La idea central es sencilla: hacer partícipes a todas las fuerzas políticas, desde los socialistas a los islamistas, pasando por los nacionalistas y los liberales, de las mieles del poder.
El núcleo del Majzén es, por supuesto, el monarca. Sus atribuciones son absolutas, aunque constitucionalmente no sea exactamente así (ni falta que hace). El rey no es sólo la cabeza política del Estado; es también el líder religioso. No es este un dato baladí. De hecho, la legitimidad de la dinastía alauita se hace descansar en el vínculo teórico que mantiene con el profeta, del que se pretende sucesora: el rey preside el Consejo de los Ulema. Lo que esto significa es que sus súbditos le deben obediencia religiosa, además de política (ningún marroquí puede renunciar a su nacionalidad, aspecto que no suele tenerse en cuenta a la hora de valorar que haya 1.2 millones de marroquíes en nuestro territorio).
Ese entramado de intereses del que las fuerzas vivas de la sociedad marroquí se benefician muy directa y abundantemente, tiene su asiento en un holding llamado “Al-Mada”, del que todos participan, y que hace de Mohamed VI el mayor banquero y empresario del país. A través de ella se canaliza el grueso de la riqueza; una riqueza que afluye generosamente a través de muy diferentes canales.
Los ingresos que recibe Marruecos desde fuera del país no han repercutido en una mejora apreciable del nivel de vida de la población ni de las infraestructuras (no tiene empleo ni el 40% de la población activa, y los nuevos equipamientos han sido gestionados todas por la oligarquía), sino que han engordado al Majzén, haciéndolo más poderoso, y han aumentado las injusticias sociales del país. Y lo mismo sucede con el narcotráfico: más de un millón de marroquíes, puede que hasta millón y medio, viven del cannabis, hasta el punto de que en 2021 el Gobierno aprobó una ley para regularlo, teóricamente enfocado para fines terapéuticos y cosméticos; sin embargo, en 2024, Mohamed VI indultó a casi cinco mil presos condenados por actividades ilegales relacionadas con el hachís. Y es que el narcotráfico es muy lucrativo para la élite: por los canales abiertos para la exportación de hachís discurren igualmente cocaína, inmigración y otros productos genuinamente “made in Morocco”, que igualmente financian al Majzén (y que sirven, dicho sea de paso, para la compra de numerosas voluntades en toda Europa, en Estados Unidos y, por supuesto, en España).
EL PELIGRO PARA ESPAÑA
Como hemos dicho, los militares están integrados en esa estructura y, de hecho, son determinantes en multitud de sectores económicos, desde el pesquero hasta el inmobiliario, pasando por los combustibles y la industria de armamentos, por lo que constituyen un factor esencial en la relación de poder del país, un factor que todos quieren tener de su lado.
El alarmante deterioro de la salud de Mohamed VI –aquejado de múltiples dolencias de gravedad y con dos operaciones de corazón a cuestas– ha disparado todo género de rumores sobre la sucesión. El previsto y legítimo heredero, Mulay Hassan (a la derecha del monarca en la fotografía), es visto con recelo por las fuerzas armadas dada su extremada juventud –nació en 2003– y, aunque se ha puesto especial cuidado en su formación en relaciones internacionales, eso no parece haber mejorado su aprecio por él. Temen que su inexperiencia pueda convertirle en un títere del verdadero hombre fuerte del país: Fouad Ali Al-Himma, mano derecha de Mohamed VI, de sesenta y cuatro años.
Los militares prefieren a Mulay Rachid, hermano de Mohamed VI (a su izquierda en la fotografía), experimentado hombre de cincuenta y siete años que mantiene buenas relaciones con las élites tradicionales del país. Y ahí está el problema: aunque la sucesión legítima recae sobre el hijo, no deja de ser inquietante la desconfianza de las fuerzas armadas, que podría evocar pretéritos fantasmas de protagonismo político por parte de los militares. Lo que está provocando una serie de gestos por parte del heredero que no auguran nada bueno para España.
Aunque no es seguro que Mulay Rachid albergue ambiciones de convertirse en el próximo monarca, tampoco es completamente descartable. Durante años, propiciado por el estado de salud del rey y por la minoría de edad del heredero, Mulay Rachid ha desempeñado un papel protagonista en la representación del Estado, y el Ejército se ha acostumbrado a confiar en él. Bien es cierto que jamás ha hecho un solo movimiento que revele la menor codicia de poder a costa de su hermano o de su sobrino. Pero las especulaciones están ahí, alimentadas por la falta de transparencia propia del reino alauita y, lo que resulta más preocupante, por la desconfianza militar acerca del heredero.
Porque esa desconfianza persiste. De hecho, Mohamed ha nombrado a su vástago al frente de las fuerzas armadas, en una clara reafirmación del imperativo de lealtad. Así que el joven Mulay Hassan, asistido por El-Himma, quiere ganarse la buena voluntad de los mandos del Ejército, y la cuestión de Ceuta y Melilla es una buena ocasión para demostrar que se comparte –y se está dispuesto a llevar a cabo– el sueño de “reintegrar en la patria” las ciudades del Norte. Para colmo, El-Himma es un resuelto adversario de España.
Ciertamente, una agresión directa es improbable si la consideramos desde el punto de vista estrictamente militar. Pero la guerra híbrida se vale de muchas otras vías, que hacen innecesario el empleo de la fuerza armada: la presión en la “zona gris”. Su padre debutó en el trono con la operación contra Perejil; su abuelo echó mano del conflicto en el Sahara; Mulay Hassan aún no ha sido entronizado y ya nos han invadido Ceuta. Siempre España en el objetivo.
Y ahora, con la necesidad de ganarse al Ejército, núcleo del poder alauita, el Majzén.
El vínculo entre Guerrilla Foundation y la red de Soros está reconocido por la propia fundación
Bruselas y una fundación vinculada a Soros financian la acampada de Sol con el pago de estructura, campañas, encuentros y hasta viajes y alojamiento de activistas
Unai Cano. LA GACETA. 3 Octubre 2026
La European Action Coalition for the Right to Housing and to the City (EAC), la red internacional de movimientos de vivienda cuyos activistas han participado en la acampada de la Puerta del Sol, recibe financiación de un programa cofinanciado por la Comisión Europea y de Guerrilla Foundation, una entidad que ha colaborado con las fundaciones de George Soros. Las ayudas sostienen la actividad de la coalición y, en el caso de Guerrilla, incluyen expresamente campañas, encuentros, viajes y alojamiento. La documentación acredita ese respaldo a la organización acampada.
El vínculo entre Guerrilla Foundation y la red de Soros está reconocido por la propia fundación. En 2016, la entidad se unió a Open Society Initiative for Europe, European Cultural Foundation y Charles Leopold Mayer Foundation para preparar un fondo destinado a activistas europeos. Las cuatro organizaciones acordaron reunir recursos para poner en marcha FundAction, presentado oficialmente en octubre de 2017. Se trata de una colaboración organizativa y económica documentada con Open Society, la red creada por Soros, sin que ello permita atribuirle la propiedad o el control de Guerrilla.
La aportación de Guerrilla a EAC busca reforzar su capacidad de organización. Según explica el financiador, el dinero permite preparar dos reuniones presenciales en 2026: una de primavera para unos 45 activistas y una asamblea de otoño con alrededor de 150 participantes. También respalda el trabajo entre colectivos de distintos países, la planificación de campañas y movilizaciones contra la feria inmobiliaria MIPIM y la elaboración de materiales que relacionan vivienda y clima. La ficha sitúa la ayuda en la categoría «20-40k+», sin concretar una cantidad cerrada.
La cobertura alcanza además los desplazamientos y el alojamiento de participantes de colectivos con escasos recursos, especialmente del este de Europa y del sur global. Guerrilla describe el objetivo de esta subvención como el sostenimiento de una «infraestructura internacionalista y anticapitalista» e incluye entre sus ámbitos de apoyo las campañas, la incidencia pública, la sensibilización, la acción directa y la organización.
La vía comunitaria figura en una relación de beneficiarios publicada por Climate Action Network Europe el 7 de julio de 2025. En ella aparece «EAC – European Housing Coalition, Spain» como receptora del Climate Action Engagement Fund, integrado en Funding Fairer Futures, un proyecto cofinanciado por la Comisión Europea mediante el programa DEAR. La relación no detalla cuánto se concedió a la coalición. Además del apoyo económico, CAN Europe ofrece a los beneficiarios formación, contactos entre organizaciones y asistencia para campañas e incidencia relacionadas con una transición justa.
Esa misma coalición coorganizó en Madrid, del 24 al 27 de septiembre, el encuentro internacional El Barrio, junto al Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid y la Confederación de Sindicatos de Inquilinas. La convocatoria anunciaba más de 140 organizaciones de 20 países bajo el lema «¡Inquilinas del mundo, uníos!». El programa incorporaba debates sobre huelgas de alquileres, entendidas como impagos colectivos de protesta, y una mesa titulada «Hacia la construcción de poder popular», dedicada a compartir estrategias entre movimientos de vivienda, ecologistas y otros colectivos.
La presencia internacional se trasladó después a las protestas por el desahucio de Maricarmen. Según informó El País, alrededor de 200 activistas de más de veinte países se sumaron a las movilizaciones y a la acampada, donde el diario documentó la participación de integrantes de EAC. Queda así acreditada la conexión entre la red que recibe las ayudas y parte de los participantes en Sol; los documentos consultados no permiten determinar qué gastos concretos de esa protesta, si alguno, se abonaron con dichas subvenciones.
******************* Sección "bilingüe" ***********************
Un Gobierno desahuciado pero okupa
EDITORIAL. libertad digital. 3 Octubre 2026
El Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a constatar su falta de apoyos parlamentarios. En esta ocasión, los dos decretos improvisados sobre vivienda han sido tumbados por el Congreso en medio de una bochornosa sesión en la que han campado sin disimulo la demagogia, el populismo y un insoportable hedor guerracivilista por parte de las izquierdas. Agitando el espantajo de la jubilada del Retiro, el Gobierno y sus extensiones mediáticas han montado una suerte de "operación emergencia habitacional" para tapar el inconcebible y traidor abandono de los ceutíes y para agitar las calles contra la oposición, a la que se pretende culpar de una crisis de acceso a la vivienda a pesar de que Pedro Sánchez reside en la Moncloa desde hace ocho años, tiempo más que suficiente para haber hecho algo más que anuncios falsos y subir impuestos.
La política económica de este Gobierno es la causa de que los ciudadanos tengan cada vez menos poder adquisitivo y, en consecuencia, muchas más dificultades para acceder a una vivienda, ya sea de compra o de alquiler. A base de manipulación y propaganda y con la izquierda radical desplegada en las calles, Sánchez pretende enarbolar la bandera de la vivienda y situar la confrontación política en un terreno donde él y su izquierda son los defensores de "la gente" mientras que todos los demás están con los fondos buitre. Vista la falta de formación e información del personal que se ha instalado en la Puerta del Sol o en la plaza de Cataluña se entiende el éxito del Gobierno y de sus medios a la hora de convencer a esa parte de la opinión pública de sus engrudos y mentiras.
Si no fuera trágico, resultaría hasta conmovedor que haya gente plenamente convencida de que el Gobierno quiere y puede resolver el llamado problema de la vivienda en dos días y con dos decretos, pero resulta que la derecha, siempre la derecha, se opone e impide que Sánchez resuelva otra crisis más, la enésima. Y con una indocumentada como Isabel Rodríguez, titular de Vivienda, como encargada de negociar los textos y los apoyos, ella, una incapaz de tomo y lomo arrinconada por Sánchez en un ministerio sin contenido. Su falta de sentido, su inconsciencia y su irresponsabilidad han quedado patentes este viernes en el Congreso cuando ha apelado a la "excepción catalana", esa peculiaridad según la cual lo que rige para toda España no vale para la región catalana, para mendigar el apoyo de Junts.
Más allá de los cálculos electorales implícitos en el hecho de poner la vivienda en el primer plano de la actualidad política aprovechando un desahucio, la maniobra socialista no acaba de arrancar en las calles, tal como se ha podido comprobar este viernes a las puertas del Congreso. El pinchazo ha sido evidente hasta para las televisiones que han tratado de ocultar la escasa respuesta a la convocatoria de rodear la sede del Congreso. Que hubiera mucha menos gente que la esperada por el Gobierno y sus satélites no ha impedido que los asistentes hayan mostrado su auténtico rostro al agredir a los periodistas de Libertad Digital que trataban de informar sobre lo que estaba ocurriendo en los aledaños del edificio de la Carrera de San Jerónimo. No por previsibles resultan menos graves los ataques contra la libertad de prensa jaleados por un Gobierno en manos de un liberticida vocacional.
El esperpento continúa. Sánchez estaría deshojando la margarita de un anticipo electoral pendiente de múltiples factores. Uno de los más sustantivos es el juicio con jurado a su esposa, Begoña Gómez, porque no es lo mismo afrontar ese episodio en el Gobierno que en la oposición. También pesa en la balanza que la denominada ley de nietos esté en cuarentena en el Tribunal Supremo. La crisis de la vivienda es un puro trampantojo a la vista de un personaje sin escrúpulos como es Pedro Sánchez, en modo electoral permanente. Que ni los socialistas ni sus socios se crean las barbaridades que dicen sobre vivienda no impide que hayan exhibido una más que preocupante agresividad contra los diputados que han votado en contra de los decretos Maricarmen. Ojo a las nada veladas amenazas de tipos como Rufián o como el diputado de Sumar que ha increpado con espumarajos en la boca a la portavoz del PP Ester Muñoz. Parecen buscar algo más que una confrontación política por los cauces democráticos. Azuzan el odio contra partidos como el PP, Vox o Junts con supuestos argumentos como que los desahucios son culpa de dichas formaciones y que si no se frenan es por su culpa también.
La tensión social, la crispación, el resentimiento, el odio y la violencia ambiental son especialidades de los partidos de izquierda. Con esos mimbres han tumbado gobiernos, han ganado elecciones y han arredrado a la oposición. Sánchez no oculta que quiere perpetuarse en el poder y quizá el comodín de la vivienda pueda contribuir al cumplimiento de ese objetivo. Es lógico que se niegue a disolver los campamentos, ya sea en Madrid, Barcelona o Ceuta. Son sus apoyos, sus bases, la vanguardia de su masa electoral dispuesta a todo con tal de impedir la alternancia.
Punto final a un gobierno fracasado
Editorial. ABC. 3 Octubre 2026
El moderado optimismo de Pedro Sánchez antes de que se produjeran las votaciones de los dos decretos sobre vivienda, si no fue una más de sus imposturas, revelaría un grado máximo de distorsión de la realidad en la que vive el todavía presidente de Gobierno. Sánchez debió de creerse en algún momento que realmente tenía eso que llamó «mayoría de progreso», formada como una amalgama de izquierdas extremas y separatistas, con toques de nacionalismo conservador y un poco rancio, que no ha sido capaz de aprobar una sola ley de Presupuestos Generales del Estado, ni de convalidar siquiera la mayoría de los más importantes reales decretos ley con los que quería arrinconar al Parlamento. Pero Sánchez no ha podido escapar a las carencias de su investidura, causada por un pacto contra toda lógica y ética democrática. El final de su escapada lo han decidido su más trabajado y agasajado socio, Junts, y su falsa bandera social, la vivienda. El presidente del Gobierno se ha retirado a meditar sobre la posibilidad de convocar elecciones. Que nadie caiga en el error de pensar que Sánchez va a ponderar intereses distintos de los suyos.
Esta legislatura ha sido un mandato marcado por su supervivencia, de manera que cuanto más se complicaba esta más rápidamente recorría Sánchez el camino a la autocracia. Su estela está formada por casos de corrupción aun por desvelar en buena parte, por escándalos de su familia que es imposible que no conociera, por la ineptitud de su gobierno por afrontar con dignidad y responsabilidad crisis como la de Adamuz, la dana de Valencia o la invasión de Ceuta, alimentada o consentida, tanto da, por Marruecos. Su aspiración de ser el mesías universal del progresismo ha puesto a España en fuera de juego en las grandes áreas de su proyección exterior. La inflación amenaza con recortar aún más el nivel de los españoles, en los que asuman escandalosos porcentajes de riesgo de pobreza, con fracturas sociales y generacionales cada vez más abiertas.
Sánchez nunca ha tenido un proyecto para España, solo el suyo personal y el de aislar a la derecha, primero con un muro y, ahora, con una acampada en la Puerta del Sol, aunque la izquierda que está en la calle no es precisamente la que será condescendiente con el PSOE. El sálvese quien pueda resuena fuerte en las sedes de Sumar y Podemos, pero hay riesgos reales en la calle. Si hay elecciones anticipadas, la izquierda tiene que asumir públicamente que no alentará acosos callejeros, ni justificará actos de violencia. Las votaciones parlamentarias de ayer tienen para el PSOE y sus socios el doloroso añadido de que también derrotaron las coacciones asamblearias de quienes también engañan a los ciudadanos agobiados por la crisis del alquiler, haciéndose pasar por sus defensores.
Ayer ganó en el Congreso de los Diputados una moción de censura sin candidato alternativo, pero igual de explícita a la hora de clausurar la legislatura. Si esta se mantiene, Sánchez consumaría el secuestro de la democracia que lleva mucho tiempo practicando. Descartada una victoria electoral frente a la derecha, Sánchez aspirará a un resultado de mínimos que lo mantenga al frente del PSOE y contenga a los partidos de izquierda extrema. Son estos a los que ahora toca sobrevivir a Pedro Sánchez. Por su parte, el PSOE consuma su opción por ser un grupo inerte de seguidores que han claudicado su función representativa en la democracia española. El nivel de destrucción política que ha dejado Sánchez a lo largo de su camino es inédito en nuestra propia democracia y en cualquier democracia europea, donde los líderes democráticos asumen con naturalidad su dimisión cuando carecen de mayoría parlamentaria, sin entrar en conflicto con el Poder Judicial, ni despreciar al Legislativo. Cada abuso autocrático cometido por Pedro Sánchez en estos años es un precedente que un futuro Gobierno conservador no debe de secundar, pero sí tener en cuenta para medir la profundidad de esas reformas drásticas que serán inevitables para desmantelar el sanchismo de las estructuras del Estado y devolverlas saneadas a la vida democrática. La izquierda española, tanto política como social, simula estar indignada por el resultado democrático de las votaciones de ayer en el Congreso de los Diputados. Pero lo llamativo es que realmente pudieran esperar de Pedro Sánchez algo distinto de lo único que un político obsesionado con el poder es capaz de ofrecer: ruptura de la convivencia.
Recortes de Prensa Página Inicial