Recortes de Prensa Domingo 4 Octubre 2026

2.090 bajas rusas en Ucrania en 24 horas: por qué Rusia ha tenido esta semana su peor día desde el inicio de la guerra
 Kiev asegura que Moscú roza ya los 1,5 millones de bajas totales, superando con creces los conflictos de Afganistán y Chechenia.

 ariasborque J. A. B. libertad digital. 4 Octubre 2026

El Estado Mayor de Ucrania facilita cada día su propia estimación de las bajas que cree haber infligido el día anterior al ejército invasor de Rusia. Las bajas recogen la suma de muertos y heridos. Una cifra que no es oficial y que no se puede contrastar con datos de Moscú, pues no facilita datos de sus propias bajas. Los dos contendientes actúan igual en este sentido, facilitan estimaciones de las bajas enemigas pero no dan datos sobre las bajas propias.

Esta misma semana se habría producido, en este sentido, un hito devastador. La estimación de los militares ucranianos situó en 2.090 el número de bajas rusas que habría causado el lunes 28 de septiembre. Se trataría de la cifra diaria más alta comunicada desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. Los frentes se mueven con mucha dificultad, pero la guerra está siendo una auténtica picadora de carne.

Poco después de que Kiev hiciera pública esa cifra, la inteligencia militar del Reino Unido la ha respaldado públicamente y ha marcado el pasado 28 de septiembre como el peor día de guerra para Rusia desde el inicio del conflicto. Hasta ahora los tres días más desastrosos para Rusia, con datos superiores a las 2.000 bajas, se habían producido 2024. El cuarto día más crítico, ahora el quinto, se habría producido hace sólo un par de semanas, el 16 de septiembre de este año, con 1.960 bajas.

El detonante de estas jornadas récord en septiembre es el violento asedio que Moscú mantiene sobre el estratégico "cinturón de fortalezas" ucraniano en el norte del oblast o región de Donetsk. Las unidades rusas han intensificado sus asaltos frontales en las inmediaciones de localidades clave como Dobropillia, buscando romper desesperadamente las líneas fortificadas que imposibilitan que tenga el control del territorio desde hace meses.

En paralelo a los masivos ataques de infantería rusa, las fuerzas ucranianas han ejecutado contundentes operaciones de contraataque, destacando, por ejemplo, la denominada operación Vivaldi en el norte del citado oblast. Estas acciones tácticas ucranianas han logrado recuperar decenas de kilómetros cuadrados de terreno, desorganizando los planes rusos de cerco y multiplicando exponencialmente las pérdidas humanas del bando invasor bajo fuego de artillería.

El hecho de que el mes de septiembre de este año contenga dos de los cinco días con más bajas rusas desde el inicio de la guerra se ha traducido en que el noveno mes de este año se haya convertido en el mes más sangriento para las tropas rusas desde el inicio de 2026. El Estado Mayor ucraniano estima que Moscú perdió unos 46.230 efectivos durante los treinta días de este mes de septiembre. Lamentablemente no facilita comparativa respecto a meses de los años 2022, 2023, 2024 ó 2025.

De lo que también han facilitado datos en las últimas semanas desde el Gobierno de Kiev es del número de bajas totales que llevaría Rusia desde el inicio de la invasión. El pasado mes de septiembre aseguraron que Moscú habría acumulado más de 1,5 millones de combatientes (entre muertos y heridos). "Esta es la mayor pérdida en una sola guerra sufrida por el ejército ruso desde la Segunda Guerra Mundial", dijeron desde el Estado Mayor de Ucrania.

Para poner la magnitud en perspectiva, el alto mando ucraniano detalló que "esto es 100 veces mayor que las pérdidas de la Unión Soviética en Afganistán durante 10 años" de guerra. Incluyó también otra comparativa: las pérdidas estimadas son 125 veces superiores a las bajas rusas reconocidas oficialmente a lo largo de la Primera y Segunda Guerra de Chechenia.

El estrecho de Ormuz: dato mata relato
Ignacio Foncillas.el debate. 4 Octubre 2026

Durante semanas se nos ha contado que la guerra de Irán había desembocado en un fracaso estratégico norteamericano. El problema es que los petroleros han empezado a contradecir los titulares. Ormuz vuelve a mover crudo, mientras a Teherán se le acaba, literalmente, la gasolina

Durante las últimas semanas hemos asistido a una auténtica torre de Babel informativa alrededor del estrecho de Ormuz. Mientras Trump, Hegseth, Rubio, Bessent y el almirante Cooper llevan semanas afirmando que el estrecho está abierto al tráfico, buena parte de la prensa occidental ha venido sosteniendo exactamente lo contrario. Para desgracia de unos cuantos titulares, los datos empiezan a inclinarse del lado de la Administración.

Y eso plantea una pregunta más interesante que determinar quién ganó la última batalla dialéctica: ¿cómo hemos llegado a un punto en el que dos personas razonablemente informadas pueden observar los mismos petroleros y concluir que están viendo dos realidades distintas?

Ormuz está «open for business». Pero no para Teherán Empecemos por los datos. Kpler, una de las fuentes de referencia del mercado energético, afirma que durante la última semana han llegado a salir del Golfo más de 15 millones de barriles diarios, frente a los 17,1 millones anteriores a la guerra. Si tenemos en cuenta que los 1,8 millones de barriles diarios iraníes han pasado prácticamente a cero, el flujo del resto de productores no solo se ha recuperado: de hecho, ha aumentado.

Eso no significa que todos esos barriles atraviesen Ormuz. Petroline, el oleoducto saudí hacia el mar Rojo, vuelve a bombear unos cinco millones de barriles diarios después de su reparación. Emiratos Árabes Unidos, a través de su oleoducto de Fujairah, están moviendo más de seis millones. Goldman considera que las exportaciones de crudo del Golfo están ya por encima de la media de 2025.

La fotografía exacta depende de qué se mida –crudo, líquidos totales, tránsito físico por el estrecho o exportaciones regionales–, algo que la propia Kpler ha advertido al explicar las enormes discrepancias entre cifras publicadas durante esta guerra. Pero la tendencia es difícil de discutir: el sistema energético del Golfo se ha adaptado y los volúmenes exportados se han recuperado con extraordinaria rapidez.

Teherán, entretanto, vive la película contraria.

Entre el bloqueo económico dirigido por Bessent, que ha ido cerrando las vías financieras utilizadas por el régimen en terceros países, y el bloqueo físico de Cooper, a Irán apenas le quedan 15 mb para generar ingresos. El Tesoro estadounidense ha ido endureciendo durante las últimas semanas precisamente esa estrategia de estrangulamiento financiero.

Y su moneda está contando la historia mejor que cualquier rueda de prensa. El rial ha pasado de aproximadamente 35.000 por dólar en 2018 a superar los dos millones y medio. A finales de septiembre volvió a marcar mínimos históricos por encima de ese nivel.

Nada de esto significa que los mulás vayan a rendirse mañana. Les quedan misiles, capacidad de sabotaje y suficientes incentivos para seguir atemorizando a los petroleros. Incluso es perfectamente imaginable que intenten una nueva escalada antes de las midterms, si consideran que una subida del petróleo puede alterar el clima político norteamericano.

Pero una cosa es afirmar que Irán conserva capacidad para hacer daño y otra muy distinta sostener que está ganando la partida.

Del análisis al relato 
Me cuesta mucho caracterizar este escenario como un fracaso estratégico de Estados Unidos. Y, sin embargo, durante semanas esa ha sido una de las narrativas dominantes.

Aquí conviene distinguir dos cosas. No creo que exista una conspiración de cientos de directores de periódico reunidos clandestinamente cada martes para decidir cómo fastidiar a Donald Trump. Sería concederles una capacidad de organización que probablemente ni imaginan.

El problema es más sencillo. Una parte importante del ecosistema cultural y mediático occidental contempla a Trump con una hostilidad casi genética. Corren el riesgo de analizar primero al personaje y después los hechos.

El orden debería ser exactamente el contrario. Trump puede ser vulgar, narcisista, errático y capaz de meterse él solito en charcos completamente innecesarios. Lo he escrito muchas veces. Pero ninguna de esas características convierte automáticamente en equivocada cada decisión que adopta su Administración.

La realidad no tiene obligación de respetar nuestras simpatías políticas. Cuando uno empieza por decidir quiénes son los buenos y los malos y solo después interpreta los datos, ha dejado de informar. Está construyendo un relato.

El fin del monopolio 
Para los medios tradicionales, el problema es que el mundo ha cambiado. Durante más de un siglo disfrutaron de algo parecido a un oligopolio sobre la información. Un número relativamente reducido de periódicos, agencias y cadenas decidía qué era noticia, qué experto merecía ser escuchado y qué interpretación llegaba finalmente al ciudadano.

Aquello tenía enormes virtudes. Los grandes medios y enciclopedias funcionaban como filtros. Expertos, corresponsales y editores separaban el trigo de la paja antes de entregárselo al lector. Pero también había un elemento profundamente paternalista: nosotros sabemos; usted no.

Internet dinamitó aquel modelo. Las redes sociales terminaron de desintermediarlo. Y ahora la inteligencia artificial amenaza con darle el golpe definitivo.

No porque ChatGPT, Claude, Gemini o Grok sean oráculos infalibles. Todo lo contrario. También se equivocan, reproducen sesgos y pueden inventarse cosas con una tranquilidad admirable (cada vez menos, por cierto). La diferencia es que permiten al ciudadano preguntar, repreguntar, comparar argumentos y acudir directamente a las fuentes.

Y los hábitos del consumidor ya están cambiando. El Digital News Report 2026 del Reuters Institute señala que las redes sociales y las plataformas de vídeo ya superan globalmente a las webs y aplicaciones de los propios medios como vía de acceso a noticias. Entre los menores de 35 años la ruptura es todavía mayor. El uso de chatbots para informarse está creciendo rápidamente, especialmente entre los jóvenes. El chaval de veinte años ya no acepta necesariamente que el presentador del telediario le entregue una conclusión empaquetada. Pregunta. Y eso cambia todo.

La solución: más información, no un nuevo árbitro 
Por supuesto, la desintermediación tiene un precio. En X –antes Twitter– circulan mentiras a una velocidad espectacular, casi tan rápido como en El País y RTVE. TikTok puede convertir al idiota del pueblo en un experto internacional con tres millones de seguidores. Y cualquier teoría conspiratoria suficientemente divertida encuentra público antes de que alguien haya terminado de comprobarla.

Pero la respuesta a los errores de un mercado abierto de información no puede ser devolver el monopolio a quienes lo perdieron por pecados propios. Y mucho menos entregárselo al Estado. La solución es precisamente la contraria: más competencia.

Más fuentes. Más transparencia. Más acceso a los datos primarios. Más capacidad del ciudadano para comparar versiones. Y más responsabilidad individual para decidir a quién otorgar su confianza. La libertad de información nunca ha garantizado la verdad. Lo que garantiza es algo más importante: que nadie tenga el monopolio sobre ella.

Durante siglos aprendimos que la competencia funciona razonablemente bien para descubrir precios. Quizá tengamos que acostumbrarnos a que también funciona para descubrir cuales son los hechos. Habrá basura. Muchísima. Pero también habrá millones de ciudadanos comprobando en tiempo real lo que antes dependía de cuatro corresponsales, tres agencias y un consejo editorial.

El verdadero problema de la prensa Por eso creo que el peligro para los medios tradicionales no es tecnológico. Es reputacional.

La inteligencia artificial no destruirá a los periódicos porque escriba más rápido. Los destruirá si el lector llega a la conclusión de que puede obtener una explicación más completa preguntando a una máquina y contrastando cinco fuentes que leyendo un artículo cuyo desenlace político conoce antes de llegar al segundo párrafo.

Ahí está la verdadera amenaza. Los periódicos siguen siendo necesarios. Los buenos periodistas también. Quizá más que nunca. Necesitamos gente que viaje, investigue, pregunte, encuentre documentos y descubra cosas que el resto desconocemos. La IA puede ordenar el conocimiento existente; pero alguien tiene que producir conocimiento nuevo.

Y necesitamos también foros de opinión. Una sociedad libre sin discusión áspera sería insoportablemente aburrida y probablemente poco libre. Pero información y opinión no son lo mismo. El medio que quiera sobrevivir tendrá que volver a distinguir con claridad entre ambas cosas. Contar primero qué ha ocurrido. Y después, si quiere, explicarnos qué piensa sobre ello.

Los petroleros no leen editoriales Ormuz ofrece una metáfora perfecta de este nuevo mundo. Durante semanas hemos escuchado que el estrecho estaba cerrado, que la estrategia estadounidense había fracasado y que Teherán tenía la sartén por el mango.

Mientras tanto, los ingenieros reparaban oleoductos, los saudíes desviaban crudo hacia el mar Rojo, los emiratíes bombeaban hacia Fujairah y los petroleros seguían apareciendo en las pantallas de seguimiento.

La realidad hacía su trabajo. Silenciosamente. Ese es el problema de construir relatos demasiado rígidos: tarde o temprano aparece un petrolero atravesando la pantalla. Y contra eso no hay editorial que valga.

Los medios tradicionales todavía pueden recuperar su papel. Pero para hacerlo tendrán que aceptar una idea: ya no son los propietarios de la verdad. Son competidores en el mercado de la información. Y, como en cualquier mercado libre, conservarán clientes mientras aporten valor.

Si informan, contrastan y separan hechos de opiniones, sobrevivirán. Si prefieren convertirse en un actor político más, también están en su derecho. Pero entonces no deberían sorprenderse cuando el ciudadano deje de tratarlos como árbitros y empiece a tratarlos exactamente como lo que han decidido ser: otro participante en la pelea.

En Ormuz, al menos esta vez, los petroleros han hablado más alto que los titulares.

Ceuta llamando a Moncloa
Fermín Bocos. https://www.diariosigloxxi.com. 4 Octubre 2026

MADRID, 2 (OTR/PRESS) Cuando se han cumplido más de sesenta días de la invasión que sufrió Ceuta -80.000 marroquíes franquearon la valla o entraron por el mar superando el espigón- hemos sabido que Juan Jesús Vivas, presidente de la ciudad autónoma, en vísperas de la invasión y el mismo día 30, desbordado por la situación, llamó en diez ocasiones a La Moncloa. Infructuosamente porque según ha relatado no consiguió hablar con Pedro Sánchez. En Moncloa aseguran que sí se le puso al teléfono en una ocasión.

Pero Vivas lo ha contado en sede judicial y también después, a la salida de la Audiencia Nacional, tras acudir como el primero de los testigos citados por la jueza María Tardón en la causa que instruye para establecer posibles responsabilidades penales de quienes instigaron y permitieron los hechos o de la inacción frente a la invasión de quienes pudieron haberla impedido y no lo hicieron. Miguel Ángel Pérez Triano, que era el delegado del Gobierno durante el asalto y quien fuera su jefe de gabinete, Gonzalo Sanz, están en la lista de testigos.

En diferentes entrevistas ambos han reconocido que recibieron información del CNI avisando de la inminencia del asalto que se estaba preparando. Información que trasladaron: el jefe de gabinete del delegado a su superior y éste al suyo: el ministro del Interior. Ante la inminencia y magnitud de lo que se estaba moviendo al otro lado de la frontera el presidente de Ceuta intentó, sin éxito, llevar al ánimo del Gobierno la conveniencia de una declaración de emergencia nacional y un refuerzo del despliegue policial.

Conocemos el resultado: Vivas solo consiguió hablar con Diego Rubio, jefe de gabinete de Pedro Sánchez, quien ante lo reiterado de las llamadas acabó quitándoselo de encima llamándole "pesado". Vivas también fracasó en el intento de encontrar eco en el Ministerio del Interior a sus desesperadas llamadas de ayuda. En La Moncloa restaron importancia a lo que les estaban anunciando y a ese error se abonaron en los días posteriores tanto Pedro Sánchez como el ministro Grande-Marlaska empecinados en negar que el CNI había alertado de la inminencia de la invasión.

En su inexplicable estrategia de exculpar a Rabat -uno y otro se refieren a Marruecos como "un socio fiable- vienen firmando una de las páginas más abyectas de nuestra historia reciente. Historia, qur, por cierto, también registrará que Sánchez, reacio a coger el teléfono a Vivas, encontró tiempo para subir a tiktok una lista de recomendaciones musicales. Después, al día siguiente de la invasión, pasó fugazmente por Ceuta, denunció que se había producido una "violación y ataque a la integridad territorial de España" y se fue de vacaciones a Canarias. Han pasado más de sesenta días y no ha vuelto a pisar Ceuta. Así se escribirá la historia reciente de la ciudad por la que todavía deambulan miles de marroquíes que siguen ilegalmente en España.

Invasión a Ceuta Los ceutíes vuelven a salir a la calle por segunda vez en tres días: «Ceuta no es un CETI» 
La concentración ha transcurrido de forma pacífica y sin incidencias Neila Gallego.
okdiario. 4 Octubre 2026

Los ceutíes han vuelto a salir a las calles con motivo de una nueva concentración ante la sede de la Delegación del Gobierno. Decenas de ceutíes han expresado su disconformidad con la «nueva normalidad» de la ciudad debido a la invasión con miles de inmigrantes. «¡Ceuta no es CETI!», han denunciado.

El Foro Ciudadano de Ayuda a Ceuta y Melilla ha sido el encargado de organizar la movilización. Exigen «derechos, seguridad y la recuperación de la normalidad» dos meses después de la entrada de más de 80.000 inmigrantes por la frontera de Marruecos.

«Nos están poniendo campamentos por todos lados y nos negamos a acostumbrarnos. Queremos que nos devuelvan nuestras vidas y que todos los inmigrantes que han entrado de manera ilegal vuelvan a Marruecos», han reivindicado a OKDIARIO.

La concentración ha transcurrido de forma pacífica y sin incidencias y ha reunido a decenas de personas bajo el lema Por la seguridad de las mujeres de Ceuta. Por los derechos de los niños. Por nuestros mayores y dependientes. ¡Exigimos normalidad! Los convocantes han reclamado medidas que permitan garantizar la seguridad de los ciudadanos y recuperar la normalidad perdida por la invasión. Entre ellas que los niños puedan acudir al colegio, desplazarse con seguridad o pasear por la ciudad. La organización también ha dirigido sus reivindicaciones hacia las personas mayores y dependientes.

«Ceuta está abandonada después de 60 días. Estamos desesperados, queremos un decreto para que haya una expulsión inmediata. Tenemos un Gobierno que no nos apoya. Esto no es normalidad», denuncian. «Si el 29 de noviembre hay elecciones, el sanchismo tiene que acabar», añaden.

Concentración nocturna por Ceuta Una segunda concentración se ha producido en Ceuta al grito de ¡los caballas nunca se rinden! La manifestación nocturna ha partido desde los Jardines de la Argentina hasta llegar a la Delegación del Gobierno.

Los manifestantes se han juntado con los asentados en el mini-Trampolín. Allí se ha leído un manifiesto en el que se ha agradecido el trabajo de los servicios públicos.

Sometidos a una execrable anarcotiranía 
Esta ideología izquierdista considera verdugos a quienes sostienen con su esfuerzo el orden social y víctimas a los que se aprovechan de él
Juan Manuel Blanco. Vozpópuli. 4 Octubre 2026

“Yo pago mis impuestos” es la icónica frase del cine de Hollywood, utilizada para exigir a la autoridad un trato justo y recíproco. Pero esta expresión podría resultar hoy día contraproducente. El Estado parece mostrarse crecientemente abusivo y opresor con los ciudadanos cumplidores, sometidos con frecuencia a un infierno legal, pero mucho más permisivo y dadivoso con los que viven sistemáticamente al margen, o en el borde, de la legalidad. El escritor Samuel Francis denominó a este doble rasero “anarcotiranía”: dejación frente a quienes quebrantan el orden público, pero creciente presión normativa, extractiva y sancionadora sobre los ciudadanos obedientes.

Esto explicaría una desconcertante paradoja. El Estado es extraordinariamente eficaz para recaudar cada vez más impuestos, inspeccionar innumerables actividades económicas o imponer nuevos requisitos draconianos a los automovilistas. Sin embargo, se muestra incapaz frente a esos problemas graves que justificaron históricamente su existencia: la delincuencia grave, las bandas organizadas, la reincidencia en el delito, la ocupación ilegal de viviendas, ciertas formas de violencia militante urbana o la entrada ilegal por las fronteras. En realidad, no se trata de incapacidad sino de falta de voluntad.

Aun siendo un fenómeno relativamente común en Europa, el paraíso de la anarcotiranía es, sin duda, la España de Pedro Sánchez. Basta observar la fuerte asimetría de trato entre ocupantes ilegales de viviendas y propietarios legítimos, entre delincuentes habituales y comerciantes que sufren sus hurtos, entre inmigrantes ilegales y ciudadanos cumplidores, entre grandes narcotraficantes (que se benefician de un gran alivio en la presión policial en el Estrecho) y contribuyentes (que parecen no disfrutar ni de presunción de inocencia) o entre perroflautas de diseño que acampan en Sol y vecinos de la zona. ¿Cómo se explica algo así?

La ventaja de ser okupa 
El político actual busca resultados concretos, aun superficiales y falsos, para vender ese humo a la opinión pública antes de las elecciones. Y huye de cualquier conflicto, escándalo o polémica que pudiera esgrimirse en su contra. Combatir eficazmente formas complejas, o habituales, de delincuencia o transformar zonas controladas por redes criminales son tareas que exigen esfuerzo continuado, muchos años de trabajo, pueden provocar reacciones violentas, acarrear riesgos personales o suscitar polémicas que salpiquen al gobierno. Y los resultados son muy inciertos y tardíos. Por el contrario, multiplicar exigencias o incrementar las sanciones a los ciudadanos obedientes genera resultados inmediatos sin resistencia ni escándalo y con riesgo nulo.

En un egoísta cálculo de costes y beneficios propios, la coerción gubernamental tiende a desplazarse hacia aquellos ámbitos donde es menos costosa, más fácilmente cuantificable, posee riesgo mínimo y ofrece resultados garantizados a corto plazo. Por ello, el gobierno aprieta las tuercas a los más sumisos, a quienes acatan las nuevas exigencias silenciosamente y al instante, pero ofrece mucho margen y permisividad a los que son menos controlables, más escandalosos, menos previsibles o más violentos.

En la ocupación ilegal de viviendas, que goza de enorme tolerancia y complicidad de las autoridades, resulta mucho más fácil disciplinar al propietario legal que al okupa. Este último suele carecer de bienes embargables, sabe aprovecharse de los vericuetos de la legislación, se resiste con fuerza a su expulsión y, al igual que el inquilino que no paga, recibe apoyo de activistas vocingleros y demagogos, que no esgrimen razones sino emociones.

Todo ello conduce a una terrible paradoja. El incumplimiento acaba protegiendo al incumplidor, mientras la disposición a acatar las normas aumenta la exposición del ciudadano a la coerción del gobierno e invita a que le sean impuestas nuevas obligaciones.

Inventando víctimas 
La anarcotiranía se alimenta también de ciertas corrientes intelectuales que influyeron en la forma de entender la delincuencia y la marginalidad, impulsando un deslizamiento en las categorías morales. La responsabilidad del delincuente, como un agente que causa daño de forma consciente y voluntaria fue perdiendo peso frente al creciente interés en las circunstancias sociales, psicológicas o familiares que, presumiblemente, habrían conducido al criminal por ese camino. Estos condicionantes sirvieron primeramente para explicar los actos delictivos y más tarde para disculpar o justificar algunos de ellos. Consecuentemente, el centro de gravedad moral comenzó a trasladarse desde la responsabilidad individual hacia la “vulnerabilidad”.

Pero esta transformación iba a ser todavía más intensa en los ambientes izquierdistas, que habían abrazado una ideología dogmática, un sustituto de la religión convencional. Esta nueva religión laica se elaboró proyectando sobre la política numerosos conceptos teológicos (especialmente del cristianismo protestante) que, secularizados y distorsionados, encajaban bastante bien en una sensibilidad occidental de raíz cristiana, que concedía extraordinaria importancia a la víctima y era muy vulnerable a la manipulación a través de la culpa. La figura de la víctima inocente siguió ocupando un lugar central, pero su definición cambió radicalmente: se desvinculó de las causas objetivas (del daño realmente sufrido), para quedar anclada a la mera pertenencia a determinados colectivos considerados estructuralmente oprimidos (grupos marginales, personas de otras razas, musulmanes etc.). Estos grupos fueron sacralizados.

Así, los colectivos víctima quedaban exentos de responsabilidad mientras se desviaba la culpa al ciudadano normal de origen europeo. Esta mitología moderna no solo era irracional y disparatada; también profundamente masoquista. Supuestamente, los pueblos de origen europeo deben al resto deferencia, reparación, humillación y un trato preferencial para expiar imaginarios pecados heredados. Al inducir un fuerte sentimiento de culpa colectiva, y un corrosivo odio a uno mismo, estas creencias conducían a Occidente hacia la autodestrucción.

La inversión moral alteró también la percepción social del delincuente, que fue transformándose en una víctima de circunstancias sociales, económicas o culturales desfavorables. Cualquier inconveniente, dificultad o contratiempo sufrido en el pasado es capaz de levantar simpatías y convertir al malhechor en una persona merecedora de disculpa, ayuda, apoyo y protección, especialmente si pertenece a algún grupo sacralizado. La culpa fue trasladándose paulatinamente al ciudadano honrado, el que sufre el delito, pues llevar una vida íntegra de trabajo, ahorro y sacrificio lo convierte en miembro de un “colectivo privilegiado”. En definitiva, esta ideología izquierdista considera verdugos a quienes sostienen con su esfuerzo el orden social y víctimas a los que se aprovechan de él. La cordura y el sentido común habían saltado por los aires.

Ceuta, la tormenta perfecta La invasión de Ceuta creó las condiciones ideales para una anarcotiranía casi transparente. De un lado, ciudadanos cumplidores, que pagan impuestos, respetan las leyes y muchos tienen alguna propiedad. Son fácilmente disciplinables y, según los nuevos apóstoles, miembros de un grupo pecador por tener la nacionalidad española. Por otro, gentes que cometieron la ilegalidad de forzar violentamente una frontera, no contribuyen a las arcas públicas, hacen caso omiso de muchas normas y tienden a resistirse a las fuerzas del orden. Son muy difícilmente disciplinables y, por provenir de culturas no europeas, supuestamente miembros de un “grupo víctima”.

Deslumbrados por la cristalina nitidez del contraste, Pedro Sánchez y los suyos no podían dudar un momento. Impusieron su particular ley del embudo, comprometiendo el orden en la ciudad y el bienestar de los ceutíes, mientras mostraban una condescendencia paternalista con los invasores. Así, les permitieron acampar en las playas, algo estrictamente prohibido al ciudadano común, y les ofrecieron todo gratis. Como detalle significativo, el gobierno permite a un solo miembro de las patrullas militares portar un arma cargada (al principio, ni siquiera a uno), mostrando a las claras que prefiere que muera un soldado a que resulte herido alguno de los invasores cuando ataca a los uniformados.

Los frágiles pilares del orden social La asimetría de trato que caracteriza a la anarcotiranía no solo es abusiva y discriminatoria; también peligrosa pues pone en riesgo el entramado social. La estabilidad de un sistema político no se mide por su fortaleza para generar normas, recaudar impuestos o imponer sanciones sino por su capacidad para mantener una percepción ampliamente compartida de justicia, objetividad e imparcialidad. El orden descansa, en última instancia, sobre un pilar muy frágil: la disposición voluntaria de la mayoría a cumplir las normas, incluso cuando podría incumplirlas. Este capital moral tarda generaciones en construirse, pero puede socavarse rápidamente si quienes sostienen el orden social se percatan de que su disposición a cumplir es el motivo por el que sufren cada vez más abusos, cargas, castigos y discriminaciones frente a los que burlan o retuercen las leyes.

Cuando sale a la luz la naturaleza de la anarcotiranía, con sus enormes dosis de injusticia y parcialidad, los ciudadanos sensatos tienden a perder la confianza en las instituciones, a reducir la cooperación espontánea con la autoridad y a incumplir crecientemente las normas. Y comienzan a votar, como ocurre en Europa, a grupos que se encuentran fuera del consenso políticamente correcto, a formaciones que, aunque no siempre ofrezcan las respuestas acertadas, al menos plantean las preguntas pertinentes: esas que los partidos convencionales nunca se atrevieron a formular.

Ley de Nietos, no, Ley de Tataratataratataranietos
OKDIARIO. 4 Octubre 2026

Ahora que el Tribunal Supremo ha decidido suspender la inscripción en el censo de los nacionalizados en virtud de la denominada Ley de Nietos, convendría detenerse un rato a desenmascarar la trampa del Gobierno y sus efectos. En realidad, la norma, trucada convenientemente por la puerta de atrás por la entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia, Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes, permite extender la nacionalidad a sucesivas generaciones a través del Código Civil. Fue en mayo de 2023 cuando Puente remitió un oficio a los cónsules para aclarar sus dudas sobre el alcance del proceso para la obtención de la nacionalidad. Los responsables consulares preguntaban si los hijos e hijas menores de edad de aquellos españoles que adquirieron (por la Ley de Memoria Histórica) o adquieran (por la Ley de Memoria Democrática) la nacionalidad podían optar, a su vez, a la nacionalidad en base a la Ley de Memoria en vez de hacerlo por el Código Civil. Y la directora general contestó tajante: «En cualquier caso, podrán optar por la nacionalidad española en aplicación del artículo 20.1.a) del Código Civil».

Quiere decir que esta circunstancia abre la puerta a un efecto expansivo de la Ley de Nietos, pues el acceso a la nacionalidad ya no se circunscribe únicamente a los descendientes de emigrantes españoles que la hayan adquirido en virtud de dicha norma. Las sucesivas generaciones podrán ir adquiriendo dicha nacionalidad recurriendo al Código Civil, que en su artículo 20.1.a) establece que «tienen derecho a optar por la nacionalidad española las personas que estén o hayan estado sujetas a la patria potestad de un español». Dicha vía permite el acceso a la nacionalidad a los menores de edad. O sea, la cadena de acceso a la nacionalidad no tendrá fin. Y con ello tampoco sus consecuencias electorales. La obtención de la nacionalidad española es el primer paso para tener derecho al voto. Y a partir de ahí, eternamente.

Ley de Nietos La Ley de Nietos permitirá dar el derecho a voto ‘sine die’ a los descendientes de emigrantes del siglo XIX Los descendientes de nacionalizados podrán inscribirse como españoles con el Código Civil Luz Sela. okdiario.

La maniobra del Gobierno con la nacionalización de los descendientes de emigrantes españoles no acaba con la Ley de Nietos, cuyo plazo expiró en octubre del año pasado (tres años después de su entrada en vigor). Sus efectos van más allá, y permiten extender la nacionalidad a sucesivas generaciones en un futuro, no ya a través de esta ley, sino del Código Civil.

El 22 de mayo de 2023, la entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia, Sofía Puente —hermana del ministro Óscar Puente—, remitió un oficio a los cónsules para aclarar sus dudas sobre el alcance del proceso para la obtención de la nacionalidad.

Los responsables consulares trasladaron al Gobierno varios supuestos concretos en espera de instrucciones sobre cómo actuar. Uno de ellos, planteaba la siguiente cuestión: «¿Pueden los hijos e hijas menores de edad de aquellos españoles que adquirieron (por la Ley de Memoria Histórica) o adquieran (por la Ley de Memoria Democrática) la nacionalidad optar, a su vez, a la nacionalidad en base a la Ley de Memoria en vez de hacerlo por el Código Civil?».

Puente respondió que no podrían hacerlo a través de la ley, pero matizó a continuación: «En cualquier caso, podrán optar por la nacionalidad española en aplicación del artículo 20.1.a) del Código Civil».

La vía del Código Civil, evidentemente, no es nueva. Pero, sumada a la Ley de Nietos, abre la puerta a un efecto expansivo. El acceso a la nacionalidad ya no se circunscribe únicamente a los descendientes más directos de los emigrantes españoles —hijos, nietos, incluso bisnietos— a través de la ley. Las sucesivas generaciones podrán ir adquiriendo dicha nacionalidad recurriendo al Código Civil, que en su artículo 20.1.a) establece que «tienen derecho a optar por la nacionalidad española las personas que estén o hayan estado sujetas a la patria potestad de un español». Dicha vía permite el acceso a la nacionalidad a los menores de edad.

Derecho a voto Así, la cadena de acceso a la nacionalidad se alarga en sucesivas generaciones. Y con ella las consecuencias electorales. La obtención de la nacionalidad española es el primer paso para tener derecho al voto. No lo otorga automáticamente. Tras ello, los nacionalizados deberán inscribirse en el Registro de Matrícula Consular y el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), cuyo espectacular incremento ya está en el punto de mira del Tribunal Supremo. Según los últimos datos facilitados por el Gobierno, hasta el 31 de agosto se había concedido la nacionalidad a 600.684 personas, de las cuales, 369.017 ya tienen derecho a voto.

Desde el siglo XIX La instrucción de Sofía Puente extendió extraordinariamente los beneficiarios de la ley, mucho más allá de lo dictado en el texto. «Presumió» el exilio de quienes habían salido de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, de forma que sus familiares no tendrían que aportar ninguna prueba de ese supuesto exilio para solicitar la nacionalidad. El Tribunal Supremo ha pedido ahora a los consulados que aclaren si los nacionalizados lo han acreditado, como exigía la autodenominada Ley de Memoria Democrática.

Sin embargo, los efectos van más allá. La instrucción de Puente, como viene demostrando OKDIARIO, permitió además que los descendientes de emigrantes de finales del siglo XIX solicitasen la nacionalidad. Emigrantes que, evidentemente, nada tuvieron que ver con la «reparación y justicia» a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, como era la intención original de la Ley de Memoria Democrática que salió aprobada de las Cortes -gracias al apoyo de Bildu-. En atención al Supremo, los consulados deberán revisar ahora 170.000 expedientes de nacionalidad.

También bajo sospecha está la inscripción de los nacionalizados en el censo electoral y la acreditación del municipio elegido.

La Junta Electoral Central (JEC) ha reforzado los requisitos y quienes nunca han residido en España tendrán que acreditar documentalmente su arraigo con el municipio de inscripción a efectos electorales mediante pruebas como el certificado de nacimiento de su ascendiente, su empadronamiento, copia del DNI o cualquier documento que venga a demostrar una vinculación clara con la localidad. Cuatro vocales de la Junta consideran, no obstante, que las garantías siguen siendo insuficientes.

La otra invasión: UE y fiscalía denuncian el creciente narcotráfico de Rabat tolerado por Sánchez 
Marruecos produce 3.000 toneladas de hachís anuales, permite su cultivo en 28.000 hectáreas ilegales y otras 5.000 legales ("cannabis medicinal") mientras Marlaska desarma su lucha antidroga y las narcolanchas dominan Andalucía. 
Francisco Mercado. gaceta. 4 Octubre 2026

Marlaska suma una decena de citas desde 2018 con su homólogo marroquí, Laftit. Omite siempre el narcotráfico, salvo en dos. Y sus requisas de hachís marroquí bajan tras liquidar OCON-Sur (unidad antidroga de la Guardia Civil), denuncian fiscalía, UE y AUGC.

1. Primera cita Marlaska-Laftit. “El 55% de las interceptaciones [de pateras] han sido llevadas a cabo por fuerzas marroquíes". No tocan la droga.

2. Marlaska elogia “una operación conjunta con 16 toneladas de hachís incautadas”. Una broma. España requisa 300 toneladas de hachís de Marruecos ese año.

3. Dos reuniones. Marlaska destaca "las numerosas operaciones conjuntas contra el tráfico de drogas". No se nota. España captura 345 toneladas de hachís de Marruecos. Un 15% más.

4. España requisa 490 toneladas de hachís de Marruecos.

5. Dos citas de Marlaska con Laftit sobre migración y terrorismo. Disuelve la OCON-Sur creada por él en 2018. Y, como consecuencia, Interior captura 241 toneladas de hachís marroquí. Un 50% menos.

Esta merma de alijos interceptados la fiscalía “la atribuye a una menor presión policial y a la desaparición del grupo OCON-Sur”.

La UE respalda tal acusación: “la cantidad de cannabis incautada en la UE se redujo significativamente en 2022, en gran parte debido a la disminución de las incautaciones por España”.

Laftit cifra su cultivo nacional ilícito de cannabis en “28.000 hectáreas”. Lo juzga un éxito porque se ha reducido.

1. Marlaska y Laftit refuerzan la seguridad vial. Interior captura 247 toneladas de hachís de Marruecos. La mitad que con OCON-Sur.

2. Marlaska agradece el "esfuerzo” con la inmigración ilegal. Interior requisa 143 toneladas de hachís de Marruecos. Un 42% menos que el año anterior y un 70% menos que con OCON-Sur.

3. Marlaska y Laftit blindan el Mundial de Fútbol. Pero la fiscalía antidroga española pierde partido tras partido: “La provocación que realizan los narcotraficantes con el uso a plena luz del día de embarcaciones de alta velocidad es un desafío al Estado que requiere respuesta firme y adecuada. No se quedan ya en el Estrecho, sino que amplían su itinerario por provincias colindantes y entran incluso por el Guadalquivir”. Apenas se decomisan 198 toneladas de hachís marroquí en Andalucía, qué lejos de los 490 de antaño. El 77% del hachís desembarca en sus costas. ¿Será que viene de Marruecos?

Mal puede combatir Marlaska un negocio que su homólogo tolera o legaliza. Más de 760.000 marroquíes dependen de su cultivo.

Según la ONU, Marruecos produce 3.000 toneladas anuales de cannabis. Y su cultivo legal, bajo control estatal, se duplica en 2025 (4.751 hectáreas). Lo controla el mismo régimen policial que tolera invasiones migratorias y narcolanchas. Toda una garantía.

España lo que recibe masivamente no es cannabis medicinal marroquí. Rabat exporta mafia y drogadicción a Europa por el coladero andaluz.

En 2025 "el hachís lidera el ranking de drogas incautadas con 257 toneladas. La cifra supone un aumento de 29 por ciento en respecto a 2024, pero se mantiene en la franja más baja de la serie histórica, lejos de los registros de 2023 (357 toneladas), 2022 (318 toneladas) o 2021 (672 toneladas)".

Y esto lo publica Interior sin sonrojo. ¿Produce menos droga Marruecos o hay una huelga policial de brazos caídos en España? La ONU lo aclara. Marruecos sigue en la cúspide de la producción mundial de hachís. 3.000 toneladas se esfuman cada año. Ni Rabat ni Madrid las paran.

Pero Marruecos es un aliado fiel dice el palafrenero del alado Pegasus. Por tanto, ni perpetra invasiones ni introduce drogas.

Es más fiable que Moreno Bonilla, los sindicatos de la Guardia Civil como AUGC, la fiscalía o la UE. Todos añoran OCON-Sur, cuya cabeza regaló Marlaska al amigo marroquí.

Sánchez renunció a torpedear un negocio nacional tan rentable para las arcas de Mohamed VI como para su guerra híbrida contra España.

Analizando el contraste entre la hispanidad y la modernidad liberal 
Lisandro Prieto Femenía www.diariosigloxxi.com. 4 Octubre 2026

“La Hispanidad no es un mero accidente geográfico o histórico, sino una vocación universal, una forma de entender y ordenar la vida política y social”
Miguel Ayuso, La Monarquía hispánica y el Nuevo Mundo: La Leyenda Negra al descubierto (2014), p. 12.

Comienza octubre y, antes de empezar a soportar barbaridades en los medios, se me hace necesario ofrecer esta humilde reflexión. Hemos escuchado un millar de veces esta sentencia: “la historia siempre la redacta y la cuenta el vencedor”, y sí, es cierto, porque aquellos cuyas ideologías han prevalecido, suelen velar verdades incómodas y construir relatos que justifican ciertos paradigmas. Como ya hemos proclamado en otras oportunidades, la persistencia de la Leyenda Negra sobre la conquista española es un ejemplo paradigmático de cómo una narrativa, nutrida desde los albores de la modernidad, ha logrado arraigarse en el imaginario colectivo, eclipsando la riqueza y la complejidad de la hispanidad. Esta operación ideológica no fue fortuita; constituyó, en rigor, una de las primeras campañas formales de guerra psicológica y de desprestigio geopolítico de la historia humana, diseñada por las potencias emergentes del norte de Europa para erosionar el prestigio de la monarquía hispánica. Para comprender un poco mejor esta trama, la mirada de un excelentísimo pensador como Miguel Ayuso resulta invaluable. Su agudo discernimiento sobre los males de la modernidad liberal y su reivindicación de la tradición hispánico-cristiana nos ofrecen una mirada crítica para reinterpretar no sólo el pasado, sino también las implicaciones del presente.

Ayuso, figura prominente del pensamiento tradicionalista, no se limita a realizar una revisión histórica, sino que su análisis es una profunda crítica a los cimientos ideológicos que moldearon el Estado moderno, y con él, la forma en que se ha interpretado la aventura transatlántica de España. Para él, el liberalismo, con su énfasis puesto únicamente en el individuo atomizado y un contractualismo desprovisto de ligazones naturales y trascendentes, ha disuelto la noción de una verdadera comunidad política. Frente a la visión organicista aristotélico-tomista, en la que el ser humano es por naturaleza un ser social emparejado con cuerpos intermedios (gremios, municipios, familias y reinos), el liberalismo hobbesiano y lockeano impuso una ficción antropocéntrica basada en el egoísmo utilitario. Como bien lo explicita en su obra titulada “La constitución cristiana de los Estados”, “el liberalismo desvertebra la sociedad, haciendo de la suma de individuos la única realidad política admisible, sin atender a los cuerpos intermedios o a las relaciones comunitarias naturales” (Ayuso, 2008, p. 57). Esta “atomización” es crucial, pues contrasta vivamente con la visión orgánica de la sociedad que subyacía en la monarquía hispánica, que buscaba integrar, aunque con normales imperfecciones, a diversas realidades en un todo armónico bajo principios trascendentes.

Frente a la despersonalización y el utilitarismo del Estado liberal, Ayuso postula la hispanidad como una comunidad política natural y enraizada en el derecho natural y el derecho público cristiano. Esta concepción se opone diametralmente a la visión de una “tabula rasa” sobre la cual se construirían sociedades ex novo, propia del pensamiento ilustrado y luego liberal. Mientras que el proyecto anglosajón en Norteamérica se inclinó por el desplazamiento y la segregación de los nativos, partiendo de una lógica de apropiación de tierras vacías para individuos que buscaban su fortuna, la empresa española incorporó una dimensión misional y de integración. La Corona, influenciada por juristas y teólogos, debatió sin cesar sobre la condición del indio, llegando a reconocer su humanidad y sus derechos inalienables (discusión que en Inglaterra jamás se dio, por cierto). Conviene destacar aquí la trascendencia insoslayable de la Escuela de Salamanca, con figuras tutelares como Francisco de Vitoria (Relectio de Indis) y Domingo de Soto, quienes sentaron las bases primigenias del derecho internacional moderno. Eventos inéditos en las anaglifas de la historia universal, como la Junta de Valladolid (1550-1551), llevaron a la Monarquía a paralizar sus conquistas para discernir sobre la justicia de sus títulos y el trato debido a los aborígenes. El mestizaje, tanto biológico como cultural, lejos de ser una anécdota, fue un pilar fundamental de la nueva sociedad hispanoamericana, una realidad que no encuentra parangón en otras conquistas de la historia de la humanidad.

La concepción de Ayuso pone el foco en que la hispanidad no fue un mero conglomerado territorial, sino una civilización con una vocación universalista, impulsada por principios católicos. Esta vocación se manifestó en la fundación de universidades, hospitales y ciudades, y en la temprana promulgación de leyes para la protección de los indígenas. Las estructuras virreinales no actuaban simplemente como “colonias” de extracción sumisa, sino como reinos e instituciones con personalidad jurídica propia, reflejadas en las Leyes de Indias y en instituciones como la Real Audiencia o los Cabildos, garantizando incluso cátedras universitarias en lenguas vernáculas como el quechua y el náhuatl. Mientras la modernidad liberal europea comenzaba a gestar las ideas de la segregación racial y el positivismo jurídico que justificaría, siglos después, la exclusión de minorías en sus propios territorios -recordemos que la integración educativa de afroamericanos en Estados Unidos no se concretó sino hasta mediados del siglo XX-, la monarquía hispánica ya había establecido marcos legales que, aunque a los ojos de presente pueden acusarse de imperfectos, al menos reconocían la dignidad de todos sus súbditos, independientemente de su origen étnico. Al respecto, José Antonio Escudero, en su estudio sobre el derecho indiano, resalta que “la preocupación de la Corona por el buen tratamiento de los indios y por su evangelización fue constante, dando lugar a una legislación casuística de una magnitud sin precedentes” (Escudero, 2005, p. 112). Esta preocupación, emanada de una concepción teocéntrica de la justicia, dista bastante de la fría racionalidad utilitarista que caracterizaría a las demás potencias coloniales, cuya máxima fue y sigue siendo “cuánto tienes, cuánto vales” y la adoración de un billete verde en lugar de una cruz.

La imposición del Estado liberal no fue un simple cambio de régimen, sino que representó una ruptura epistémica y ontológica para los vastos territorios que conformaban el reino español. Lo que se presentó como un proceso emancipador de “independencia” fue, en no pocas ocasiones, la disolución forzada de una unidad orgánica y policéntrica, dando paso a la fragmentación de una comunidad civilizatoria que se extendía desde Ushuaia hasta California. Ayuso, en su ardua e incisiva crítica a la Modernidad, ha sostenido con vehemencia que el liberalismo, al desmantelar las estructuras naturales de la sociedad y sustituirlas por un contrato social abstracto, minó los fundamentos de la verdadera comunidad política. Para él, “el Estado liberal es el resultado de la atomización social y la consiguiente despolitización de la vida pública, donde los lazos naturales de pertenencia son reemplazados por una agregación de individuos desvinculados” (Ayuso, 2011, p. 89). Esta intencional disgregación, importada acríticamente, contrastaba totalmente con la concepción hispánica de un orden jerárquico y orgánico, donde los cuerpos intermedios y las leyes divinas y naturales daban cohesión al conjunto.

Asimismo, el precitado desmembramiento no fue un fenómeno natural, sino la consecuencia directa de la importación de modelos políticos ajenos, diseñados bajo premisas individualistas y contractualistas opuestas a la tradición hispánica. La promesa de libertad y progreso, vehiculizada por las nuevas élites criollas imbuidas del pensamiento ilustrado y liberal, se tradujo paradójicamente en una era de caudillismo, guerras civiles y una inestabilidad crónica que aún resuena en el presente. Los siglos XIX y XX son testigos de las consecuencias devastadoras de esta imposición foránea. La disolución política derivó en la creación de múltiples repúblicas, muchas veces con fronteras artificiales, que rápidamente se vieron envueltas en conflictos fratricidas por cuestiones territoriales, aduaneras o ideológicas. Esta división, lejos de fortalecer, debilitó estructuralmente a los nuevos Estados, haciéndolos vulnerables a la injerencia de potencias externas que veían en la fragmentación hispanoamericana una oportunidad fantástica para consolidar su propia hegemonía económica, política y cultural. Como bien señala Vicente Gonzalo Quesada en su obra sobre la historia de la América del Sur, “la desintegración política, consecuencia del influjo de las ideas liberales y de la ambición de los caudillos, dejó a estas naciones a merced de los intereses extranjeros, incapaces de forjar una verdadera unidad de propósitos” (Quesada, 1876, vol. II, p. 345). En este punto, la crítica de Ayuso se vuelve muy pertinente, ya que al comprender que la debilidad de estos nuevos Estados radicaba precisamente en su origen desvinculado de las raíces históricas y sociales de los pueblos que pretendían representar, inaugurando un ciclo de ingobernabilidad y dependencia que dura hasta nuestros días.

El legado de esta fractura es un continente dividido, empobrecido y en constante conflicto interno. La promesa de prosperidad liberal, se trocó en la consolidación de oligarquías, la explotación de los recursos naturales en beneficio de metrópolis externas, y una persistente desigualdad social orquestada intencionalmente. Los sistemas educativos, herederos de la narrativa de la Leyenda Negra y de la glorificación de la “independencia” disgregadora, han perpetuado una visión que ignora la profunda herida que supuso la disolución de la unidad. Hoy, los territorios que otrora compartieron un mismo idioma, una misma fe, una misma moneda (como el Real de a ocho, primigenia divisa de cambio global) y un mismo marco jurídico-político, se encuentran segregados por fronteras aduaneras, visiones nacionalistas estrechas y, en muchos casos, por un empobrecimiento endémico que contrasta con la inmensa riqueza natural de la región. En pocas palabras, la imposición del modelo liberal, que desestructuró la organicidad hispánica, puede ser vista, en retrospectiva, no como el amanecer de la libertad, sino como el inicio de una era de vulnerabilidad y fragmentación cuyas cicatrices son visibles todavía en la América hispánica contemporánea.

Llegando a este punto de la reflexión, queda claro que la Leyenda Negra no es sólo una tergiversación histórica, sino que representa un arma ideológica gestada en el seno de la modernidad liberal para desacreditar un modelo de civilización alternativo. Al presentar a España como el epítome de la crueldad y el genocidio, se buscaba no sólo justificar la propia expansión de otras potencias, sino también eclipsar los principios de comunidad, tradición y derecho natural que el imperio hispánico, con todas las falencias que pudo tener, intentó encarnar. La pervivencia de esta leyenda nefasta en la currícula de los sistemas educativos actuales tampoco es casual, porque responde a la hegemonía de una visión del mundo que prefiere la anulación de lo diferente a la comprensión de lo complejo.

Es fundamental reconocer que la expansión y la imposición de ciertos modelos hegemónicos no siempre se manifiestan a través de la ocupación militar directa o la anexión territorial. Si bien la historia registra episodios de invasión con ejércitos y cañones, la influencia y el control pueden ejercerse de maneras más sutiles y, a menudo, más perdurables. El caso de la influencia anglosajona en Hispanoamérica ofrece un contrapunto crucial a la narrativa de la conquista española. A excepción de episodios como la contienda por las Islas Malvinas, la dominación británica no se concretó primariamente mediante la invasión militar masiva de territorios americanos, sino a través de un dominio económico y cultural estratégicamente orquestado.

Este predominio se materializó en la imposición de restricciones comerciales y productivas que limitaban el desarrollo autónomo de las nacientes repúblicas hispanoamericanas. Mediante acuerdos comerciales leoninos y la consolidación de deudas externas, se configuró una dependencia económica que ahogó la posibilidad de una industrialización propia y diversificada. Paralelamente, se desplegó una eficaz agenda cultural que, a lo largo del tiempo, ha permeado las instituciones, los sistemas educativos y los medios masivos de comunicación. Esta agenda no sólo promovió una visión particular del progreso y la civilización, sino que también ha dictado -y en muchos casos, sigue dictando- lo que se considera políticamente correcto, estableciendo paradigmas de pensamiento y comportamiento que invisibilizan o deslegitiman otras cosmovisiones, incluyendo la propia herencia hispánica. Esta forma de “invasión invisible” ha demostrado ser extraordinariamente efectiva en moldear identidades y en perpetuar dependencias que trascienden la ausencia de una ocupación militar formal. En la posmodernidad, esta hegemonía ha derivado en la imposición del constructivismo social atómico y la ingeniería cultural anglosajona. Sólo alcanza con explicitar que, entre tantas agendas culturales impuestas, la agenda LGBT y el movimiento WOKE no fueron fundados en Lima, Santiago, Buenos Aires o Asunción, sino en naciones donde se habla la lengua inglesa y francesa, actuando como la continuación refinada del mismo proyecto individualista y desvinculante que ataca las raíces tradicionales de los pueblos.

En definitiva, queridos lectores, queda claro que en un mundo globalizado que tiende a homogeneizar y a disolver las identidades, la reflexión de Miguel Ayuso nos interpela de manera crucial: ¿estamos condenados a aceptar la historia que nos ha sido impuesta, o tenemos la responsabilidad de desenterrar las capas de silencio y tergiversación que ocultan la verdadera esencia de nuestra herencia? ¿Acaso la crítica a la modernidad liberal, tan lúcidamente expuesta por Ayuso, no nos ofrece una clave para comprender no sólo el pasado, sino también los desafíos contemporáneos que enfrenta la noción misma de comunidad y pertenencia? Pues bien, caros amigos, la desmitificación de la Leyenda Negra no es un mero ejercicio de revisionismo, sino un acto de honestidad intelectual que busca reconciliarnos con nuestra compleja identidad y abrir caminos hacia una comprensión más profunda de la humanidad misma.

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¿Se volverá a sentar la derecha en el Consejo de Ministros? 
EDUARDO INDA. okdiario. 4 Octubre 2026

Dolores Ibárruri, Pasionaria, 16 de junio de 1936, Congreso de los Diputados:

—Es la última vez que este hombre [José Calvo-Sotelo] ha hablado aquí—.

(La izquierda, la política y la mediática, niega esta versión, que está sustentada en el testimonio de dos personas implacablemente honradas política y moralmente: Salvador de Madariaga y el gran Josep Tarradellas).

Pablo Iglesias Turrión, 23 de septiembre de 2020, dirigiéndose a Teodoro García-Egea, entonces secretario general del PP, en el mismísimo escenario que su idolatrada asesina comunista:

—Ustedes nunca volverán a formar parte del Consejo de Ministros de este país—.

La historia no es sino una sucesión de hechos que se repiten constantemente. Distintos actores, naturalmente, pero idéntico guion. Siempre, absolutamente siempre. Lo que está aconteciendo en España desde que el sanchismo tomó el poder gracias a una morcilla prevaricadora en la sentencia de Gürtel —justa en términos generales, escandalosa en aspectos particulares— resulta un calco de lo vivido en la Segunda República tras la victoria de la derechista CEDA en las elecciones generales de 1933.

José María Gil-Robles se impuso con autoridad en la cita con las urnas de noviembre de 1933, pero el presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora, tan buena gente y preparado como acomplejado frente a la izquierda, optó por impedir que formara gobierno. Es más, lo encargó a Alejandro Lerroux, caudillo de una coalición aglutinada en torno al Partido Radical, que nombró varios ministros de la CEDA. Entre Lerroux y Gil Robles totalizaban el 57% de los votos, lo cual no obstó para que socialistas, comunistas e independentistas —los mismos de ahorita— les hicieran la vida imposible.

No había transcurrido ni un año de la incontestable victoria de la CEDA cuando el PSOE, el mismito PSOE de Pedro Sánchez, perpetró un golpe de Estado en eso que los falsarios historiadores zurdos denominan “Revolución de 1934”. Les faltó tiempo para subvertir la legalidad. El 5 de octubre, para ser exactos. Dejaron un reguero de más de 2.000 muertos. La CEDA de Gil-Robles, que no Gil-Robles, el ganador de los comicios, apenas pudo gobernar unos meses en 1935, exactamente cuando Alcalá-Zamora se percató de que la fórmula Lerroux estaba más muerta que viva. La persecución zurda a los políticos de derechas, a sacerdotes y religiosas, que caían como chinches, resultó implacable.

Y en un episodio clónico al que está ejecutando Pedro Sánchez, ese Frente Popular 3.0 que nos gobierna ahora robó las elecciones de febrero de 1936 con alevosía, premeditación y nocturnidad. Ya se sabe: los votos de los muertos y los vivos se cuelan mejor en la urna a oscuras que a plena luz del día. Que se lo digan o que se lo cuenten a la golfísima jefa del PSOE en Argentina, Lorena Suárez, que contribuyó a tangar las generales de 2023. No sé si decisivamente, creo que sí, pero desde luego a tangarlas clara e inequívocamente. Ahí está la grabación conseguida por nuestra Paula Ciordia.

El zurdismo republicano se puso como objetivo “eliminar” a la derecha —¿les vuelve a sonar?— y a fe que lo consiguieron. Asesinaron, violaron y mutilaron a todo el que pudieron y al resto los encarcelaron sometiéndoles a todas las modalidades de vejaciones y palizas. Así se las gastaban los papás ideológicos y orgánicos del actual socialismo, comunismo e independentismo. El apogeo de esta orgía de terror sobrevino el 13 de julio de 1936 cuando la escolta del gerifalte socialista Indalecio Prieto —“Don Inda”, le llamaban, manda huevos— acribilló mortalmente a José Calvo-Sotelo, líder de la oposición monárquica, tras la premonición de la genocida Pasionaria. El cristo estaba servido y la guerra de españoles contra españoles, también.

La izquierda ha expoliado, dinero y presumiblemente elecciones, ha prevaricado y ha asesinado civilmente a todos los que no pensaban como ellos estos últimos ocho años. Que se han quedado con dinero ajeno no hace falta explicarlo. Si no fuera así, Ábalos y Koldo no estarían en prisión, el farlopero Tito Berni tampoco andaría caminito de Jerez, Cerdán no se habría pasado cinco meses a la sombra y Bego no estaría biprocesada ni David condenado.

Lo de la prevaricación constituye otra especialidad marca de la casa, con la pucheril Ley de Nietos como último epítome. Y lo de asesinar civilmente a los rivales tampoco se lo tengo que detallar, querido lector, porque usted sabe casi tan bien como yo la persecución a la que hemos sido sometidos unos granos en el culo llamados periodistas libres. A mí personalmente me han señalado Sánchez y ese embajador del narcochavismo que es el delincuente de Pablo Iglesias.

Por no hablar de los cero euros de publicidad institucional que ha invertido este maldito Gobierno en el tercer periódico en audiencia, OKDIARIO, en otro ejemplo de prevaricación nivel dios, mientras inflaban millonariamente a modo y manera a los escolares, pedrojotas, marañas, angélicas y demás sanchistas de pro.

Ahora Sánchez está desarrollando su particular, y de momento pacífica, Revolución del 34. Maricarmen es una jeta profesional que ha servido para liar el pollo padre en las calles de España y para invadir una Puerta del Sol en la que, casualmente, se encuentra el despacho de Isabel Díaz Ayuso, la gran bestia negra del presidente que no eligieron los españoles. ¿Qué culpa tiene ella de los desahucios o de las cero viviendas públicas construidas desde 2018 si carece y ha carecido de competencias a nivel nacional?

Maricarmen y esos millones de jóvenes que no pueden comprarse una casa les importan una mierda. De ahí que todas las manifestaciones y okupaciones de espacio público estén celebrándose en ciudades gobernadas por el PP con la excepción de Las Palmas y Barcelona, donde los piojosos arremeten violentamente no contra la Generalitat o el Ayuntamiento sino contra el reductillo de la Policía Nacional que queda en Vía Layetana.

Parafraseando al genial Dominique Lapierre, arde España. Que una turba de piojosos, porreros y vagos acampe impunemente sine die en la Puerta del Sol, tal vez la plaza más conocida del país, sólo ocurre en España. Y no porque lo consienta Pedro Sánchez, que también, sino sobre todo y por encima de todo porque lo instiga. Él es en realidad el jefe de la banda de sucios que se están apoderando a las bravas de las calles de Madrid mientras amenazan o apalean a la gente con la que se topan por el simple hecho de que visten con normalidad y están duchados.

Lo que está implementando el marido de la dos veces presunta delincuente Begoña Gómez es a la vez un acto matonil para meter el terror en el cuerpo a la derecha y para lanzar un aviso a navegantes de lo que será España si consiguen gobernar tras las próximas generales. Purito 36. Lo normal en un Frente Popular cuasi clónico al de entonces.

Veremos cómo termina el pulso que ha echado Pedro Sánchez a PP y Vox en particular y a la democracia en general. El asunto pinta mal toda vez que la violencia implícita o explícita que se respira en la calle es extraordinaria. Acojona literalmente. En el fondo lo que buscan es que haya muertos, si es posible de su lado, para poder disparar ad infinitum el miedo a una “ultraderecha neonazi” que sólo existe en sus enfermas mentes. El enésimo Rodea el Congreso, anteayer, ponía los pelos de punta porque lo que en el fondo quieren no es rodearlo sino asaltarlo para clausurarlo.

Pedro Sánchez Pérez-Castejón, que según el Gallardón alcalde era el concejal “más de derechas, incluidos los del PP”, se está develando como una suerte de posmoderno Largo Caballero, un socialista más malo que el mismísimo Belcebú que no dudó en emplear los métodos más viles para imponer una dictadura prosoviética en España. De momento, nuestro todavía ultraizquierdista presidente es más sutil, y por tanto más peligroso, ya que afortunadamente no ha ordenado quitar la vida a nadie. O sí, quién sabe, porque la cloaca de Ferraz quería “eliminar” con la ayuda de unos narcos pacenses a esa juez Beatriz Biedma que condenó al ladronesco hermanísimo.

Veremos si esto termina como el rosario de la aurora, pero me temo lo peor. Dios quiera que me equivoque. Ayuso siempre se ha preguntado en voz alta qué ocurrirá el día en que a Sánchez no le den los números, ni siquiera yendo de la mano de quienes protagonizaron un golpe de Estado en 2017 y de quienes asesinaron a 856 españoles. Sobra recordar que vaticina que el primer ministro socialista se resistirá a dejar el poder con uñas y dientes. Y que si, finalmente, da su brazo a torcer y se muda a la bancada de la oposición, convertirá las calles de España en un remake del País Vasco borrokil de los años de plomo con el indisimulado objetivo de provocar un fallo multiorgánico del sistema. Ni admiten ni admitirán jamás la alternancia. Nada nuevo bajo el sol porque ya pasó entre 1933 y 1936. Exactamente. Sin una coma de más ni un matiz de menos.

Sánchez quiere pegarle fuego a España como Melenchon a Francia
Federico Jiménez Losantos. libertad digital. 4 Octubre 2026

La hoguera, con perroflautas, invasores marroquíes y medios de comunicación obscenamente entregados a la demagogia, que Sánchez ha encendido en España es idéntica a la que en los últimos días ha incendiado Francia. Naturalmente, cada país tiene sus peculiaridades, pero el objetivo es el mismo. Sánchez quiere convertir toda España en Ceuta, ciudad sitiada con los delinuentes que trae el gobierno, y Mélenchon quiere convertir toda Francia en Saint Denis, cubil islamista que presume de perseguir a "la Francia de los blancos". La católica que hemos visto recibiendo al Papa.

No nos centremos en las diferencias de los países sino en la identidad de los proyectos: hay un partido que no se considera un partido más, la Francia Insumisa o el PSOE, que toma violentamente en las calles para imponer, primero, un relato, básicamente televisivo, de lo malo que es el capitalismo y los desastres que está produciendo en Francia. En segundo lugar, para negar la alternancia democrática, en vísperas de unas elecciones en las que las izquierdas y la inmigración islamista que han propiciado, es ampliamente rechazada y la derecha es la preferida por los ciudadanos, en Francia Marine Le Pen y "Reconquéte" de Zemour, en España PP y VOX.

La negación de la alternancia, o sea, de la democracia 

En tercer lugar, los medios apesebrados y la mayoría izquierdista de los periodistas elogian las formas de violencia como legítimas, mientras critican, por principio, la represión de esos comportamientos vandálicos. Las entrevistas a los pijoflautas de Sol, incluso en medios escritos que, en teoría, defienden la democracia y la propiedad, van más allá de la simpatía: adelantan en sus preguntas sentimentales la justificación de las respuestas.

En cuarto lugar, se cierra el espacio a la pluralidad democrática. Según la fórmula de la Revolución Francesa, no hay más que "ellos" y "nosotros" y uno de los dos destruirá inevitablemente al otro. Esto es esencial para entender la gravedad de la apuesta de la izquierda: no se puede convivir con los que piensan distinto, hay que impedir como sea, por la fuerza, si hace falta, que llegue al poder para mantener unos "derechos" que se supone han inventado las izquierdas y sólo sobrevivirán con ellos.

En cuanto a la economía, las viejas recetas comunistas aseguran el despilfarro; todo debe estar en manos del Estado y la propiedad privada es un robo intolerable que hay que perseguir, legal e ilegalmente, con el Fisco y a palos, con leyes que favorecen a los okupas o quemando los comercios.

La mano de obra para esta estrategia revolucionaria, porque lo es en todos los sentidos, y por eso para Moscú es una perfecta "guerra híbrida", la ponen los denominados "jóvenes" de todas las edades: ancianos del 68, viejales de Seattle y Génova, etarras y catanazis, bolivarianos al contado, adolescentes que no saben de dónde les viene el acné y estudiantes sin costumbre de estudiar, entre los 13 y los 53 años, enmascarados para que no se vean las caras y las arrugas, más gente curtida en la gresca futbolera. En Francia estamos viendo cómo queman los institutos y apalean a sus directores dizque para pedir más medios. Rompen y piden aulas nuevas a las que, además, no van, porque las asignaturas son heterooccidentales. Los islamofascistas son los sans-culotte de Melenchon: Revolución o muerte.

Dos generaciones para un mismo botín 
En España, hay que reagruparlos. Hace ya quince años que los que se llamaban "juventud sin futuro" disfrutan de un comodísimo presente. Se han instalado en la mansión y la familia, financiadas con dinero público, y disfrutan todos los chiringuitos humanitarios que en tiempos de ZP crearon sus cuates y que, por supuesto, nunca suprimió el pánfilo Rajoy. Pero no es difícil la fusión de los golfos de ayer y las golfas de hoy. Nada se parece más a los cretinos totalitarios, aquellos podemitas coletudos de los años de Zetapé, que los matones estúpidos de estos años de Sánchez.

El medio favorito de la horda podemita era la televisión. Prefiero los telediarios a los ministerios, decía, porque lo suyo era propaganda y cobrar sin trabajar. Tampoco sabían nada, y menos aún gestionar dinero público, así que disfrutaban su momento en plan matón, llenando los platós de televisión, para amedrentar a los presentadores. Hoy eso es innecesario, ya que son los presentadores, productores y directores los que encabezan la propaganda. Ellos van a hacer bulto. Pero hay más medios para asomar el careto y llenar el bolsillo, así que nadie se pelea por el protagonismo. Los publicitas de ayer abrazan a los de hoy, y viceversas, los viejos reconocen en los nuevos las mismas bobadas de antaño. Todo se repite con precisión de tortura soviética. La comisaria del Sindicato de inquilinas es la Ada Colau de los desahucios, con más noche y madrigada. El 15M al 15Meme, pocos cambios: las tiendas son hinchables, más porros y se nota el reúma.

El contagio internacional 
Tampoco hay que menospreciar el contagio internacional que las algaradas de la izquierda, ya toda extrema, experimentan desde siempre. La violencia de Francia animará a la de España, y los sindicatos de estudiantes añejos, las infinitas oenegés, ayer saharauis y hoy marroquíes, y la horda mediática del sanchismo, con el apoyo de la gran mayoría de juntaletras, tratarán de conseguir dos maricármenes por semana. Lo que sea para no hablar de Ceuta y destruir más el mercado de alquiler. Como bien ha resumido Ayuso, en la democracia española, se ha colado un dictador. En la francesa, tiene piso en propiedad bajo el cadalso de la Concordia, donde se proclamó la única legitimidad real que reconoce la izquierda: la guillotina.

¿Y van Pedro y Begoña a convocar elecciones? 
Y ese dictador inquiokupa de la democracia, ¿convocará elecciones? Porque en Francia, al menos, no dependen de la caída de pelo de Macron ni del burka estético al que se aproxima Brigitte. Aquí, dependemos de lo que crea el tirano que le conviene, y el tirano obedecerá a lo que diga su tirana, Begoña Gómez, que ahora resulta que no es la señora de Sánchez, sino una investigadora universitaria y mujer de negocios. Sobre todo, el del sexo, que heredó de su padre, financió la carrera de su marido, con Francisco Martín de mamporrero en Bancal de Rosas, y cuya familia disfruta de un alquiler de Muface que envidiarían las víctimas de su política de vivienda.

Mi intuición me lleva a pensar que repetirá el numerito de los cinco días de reflexión y cinco años de cloacas. Pero todo depende de Begoña, que en unos meses se sentará en el banquillo ante un jurado popular, que la puede condenar e incluso mandar a la cárcel. ¿Está dispuesta a asumirlo? Entonces, no le corren prisas las elecciones. ¿Acepta ser juzgada sin la protección del gobierno, sus bolaños y fiscales, sin sus medios y cloacas? ¿O piensa que puede ahorrarse la experiencia y largarse, ahora mismo, o la noche electoral, en secreto, a un país sin tratado de extradición con España?

Sólo ellos dos saben lo que tienen fuera. Pero ella decidirá, en última instancia, si tira la toalla o prefiere que el negocio siga, que cambien las toallas, como en los prostíbulos de su padre, y si, como Zapatero, esperan que los metan en la cárcel, o creen, que, pucherazo mediante, serán ellos los que podrán meternos en la cárcel a todos. Total, que aquí pasará lo que diga Begoña Gómez... de Sánchez. Que eso sí que es haber caído bajo, más bajo, imposible.

La macedonia PROGRE, EN PLENA INCERTIDUMBRE 
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Manuel Trujillo. periodista digital. 4 Octubre 2026

La extrema izquierda es una filfa: el jefe de la cuadrilla se llama Pedro Sánchez

Mientras SUMAR, IU, Comunes, Más Madrid y PODEMOS se pelean por siglas y candidatos, sus votantes ya se han mudado a un PSOE que hace tiempo asumió su programa

La posibilidad de que Pedro Sánchez convoque elecciones generales el 29 de noviembre ha pillado a la izquierda alternativa sin candidato, sin marca y sin acuerdo.

SUMAR, Izquierda Unida, Comunes y Más Madrid negocian a contrarreloj una candidatura conjunta mientras PODEMOS se mantiene al acecho. Las encuestas dejan a este espacio en sus horas más bajas, con el bloque de PP y VOX rozando los 205 escaños en algunos sondeos.

La llamada extrema izquierda es una filfa. Existe en los platós, en los carteles y en las tertulias, pero en las urnas se ha quedado en los huesos. El grueso de sus votantes ya no está en SUMAR ni en PODEMOS: está en el PSOE de Pedro Sánchez, que hace tiempo asumió sus postulados y se ha convertido en el verdadero jefe de la cuadrilla.

Lo que queda a su izquierda es un batiburrillo de siglas, egos y eslóganes. Y los eslóganes, para qué engañarnos, son una constante bobada: frases de camiseta que suenan muy bien en una asamblea universitaria y no resisten ni un minuto de contacto con la realidad del alquiler, la cesta de la compra o la factura de la luz.

El PSOE que se comió a Podemos

La historia de la última década es la de una absorción. En 2015, PODEMOS soñaba con asaltar los cielos y dar el sorpasso al PSOE. Diez años después, es el PSOE el que ha devorado a PODEMOS y a todo lo que vino detrás.

Sánchez no derrotó a la izquierda radical: la adoptó. Hizo suyos los indultos, la amnistía, la ley de memoria democrática, los pactos con BILDU y ERC, el intervencionismo en vivienda y el discurso de la ultraderecha como espantajo permanente. El votante que antes necesitaba a Pablo Iglesias para sentir que su voto cambiaba las cosas encontró en el PSOE una versión con más poder, más presupuesto y mejor maquinaria.

Cuatro siglas en busca de candidato

El resultado se ve estos días. SUMAR, IU, Comunes y Más Madrid tienen que decidir en tiempo récord si van juntos, bajo qué nombre y con quién al frente. PODEMOS añade una incógnita más, con una relación envenenada desde la ruptura de 2023.

Los nombres que circulan dan idea del desconcierto. Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, aparece como el perfil de más consenso. Mónica García, ministra de Sanidad, conserva visibilidad institucional. Ernest Urtasun, ministro de Cultura, podría tener un papel en una lista compartida. Y Ada Colau aporta experiencia electoral, pero también una mochila que despierta tantos fervores como rechazos.

Ninguno es un líder indiscutible. Tres de ellos se sientan en un Consejo de Ministros en horas bajas, y la cuarta dejó la alcaldía de Barcelona con más críticas que nostalgia. Y ninguno tiene detrás un electorado propio que no le haya prestado antes el PSOE.

Primarias, cuotas y papeletas

Un adelanto electoral obliga a resolver en días lo que la izquierda alternativa lleva meses aplazando: primarias, reparto de puestos, programa común y relación con PODEMOS. La política de alianzas, que antes se vendía como un debate de matices, amenaza con convertirse en el único contenido de su papeleta.

Es una ironía cruel. Una candidatura unitaria a la izquierda del PSOE puede costar más horas de negociación que un programa electoral entero. Y mientras se reparten los puestos de salida, el votante mira hacia otro lado.

Lo que dicen los números

Los sondeos ofrecen dos Españas, según quién pregunte. El CIS de José Félix Tezanos sigue situando al PSOE como primera fuerza, con un 31 % de intención de voto en su barómetro de septiembre. Los institutos privados cuentan otra historia.

El promedio de encuestas más citado coloca al PP en torno al 33 %, al PSOE cerca del 26 % y a VOX alrededor del 18 %. En escaños, unos 137 para el PP, 107 para el PSOE y 62 para VOX. El Votómetro de Redlines para The Objective eleva la suma de PP y VOX hasta los 205 diputados, con una probabilidad del 93,5 % de mayoría absoluta del centroderecha. A una mayoría de izquierdas y nacionalistas le da un 0,5 %.

Y lo más revelador: en todos los estudios, el PSOE conserva un suelo electoral sólido, mientras sus socios se desinflan. No es que la izquierda haya desaparecido. Es que ya solo tiene una ventanilla.

Tres caminos para el presidente

Sánchez tiene tres opciones. La primera, convocar para el 29 de noviembre y presentar la derrota de los decretos de vivienda como prueba del bloqueo de la derecha y de la deslealtad de JUNTS. La segunda, agotar la legislatura, ganar tiempo y esperar un viento más favorable, a costa de seguir encadenando votaciones perdidas. La tercera, ir tirando a base de acuerdos puntuales con socios que ya no se fían unos de otros.

Ha habido incluso quien ha especulado con escenarios excepcionales ligados a la crisis de Ceuta para aplazar las urnas. Conviene ser claros: las elecciones están sujetas a la Constitución y no se posponen por capricho ni por conveniencia.

Análisis: una sola tienda abierta
La izquierda española ha completado su concentración empresarial. Lo que antes eran varias tiendas compitiendo por el mismo cliente es hoy una gran superficie con un solo dueño. Sánchez marca el discurso, fija los enemigos y decide los tiempos. Los demás le hacen los coros.

Por eso el debate sobre quién encabezará la lista de SUMAR es, en el fondo, irrelevante. Se discute quién será el telonero. El cantante principal ya está elegido, y lleva siete años en Moncloa. Y si el 29 de noviembre los números se cumplen, la izquierda descubrirá que el problema nunca fue la falta de una candidatura unitaria, sino haber entregado su alma al único partido que podía venderla.

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