Recortes de Prensa Domingo 18 Octubre 2026
Ucrania lanza contra San Petersburgo uno de los mayores ataques con drones de la guerra
Raquel R. Campos. la razon. 18 Octubre 2026
El ejército ucraniano lanzó esta noche contra San Petersburgo, la segunda ciudad rusa, uno de los mayores ataques con drones de toda la guerra, en los que murió una persona y otras cinco resultaron heridas.
Según las autoridades y canales de Telegram, han sido atacados y dañados con unos 144 drones la principal terminal de petróleo de la región, una subestación eléctrica, un almacén de comercio electrónico, un centro de datos de Vkontakte -el Facebook ruso- y un puente, informa EFE.
Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la noche un total de 1.015 drones ucranianos sobre los cielos de quince regiones de la parte europea del país.
El Ministerio de Defensa ruso precisa en su parte de guerra matutino que el principal objetivo del ataque fueron Moscú y la segunda ciudad del país, San Petersburgo, que sufrió numerosos daños.
También fueron atacadas, entre otras, las fronterizas Bélgorod, Kursk y Briansk, la sureña Krasnodar y la anexionada península ucraniana de Crimea.
El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, aseguró que más de medio millar de drones fueron abatidos cuando se dirigían a la capital del país, por lo que tuvieron que cerrar de nuevo los aeropuertos, donde ya han sido cancelados y retrasados cientos de vuelos en los últimos días.
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, respondió así a las últimas decisiones del líder de EE UU, Donald Trump, que autorizó la exportación de diésel ruso y frenó en el último momento la aplicación de un nuevo paquete de sanciones contra Rusia.
Las treguas que solo obligan a uno
Washington no puede anunciar lo que no va a hacer ni hacer lo contrario de lo que anuncia. Tampoco puede exigir a Ucrania que se desarme ante quien comete crímenes de guerra permanentemente
Gustavo de Arístegui, diplomático. la razon. 18 Octubre 2026
En septiembre de 1901, en la Feria Estatal de Minnesota, Theodore Roosevelt resumió en una frase la diplomacia de una gran potencia: habla suave y lleva un gran garrote. La Administración Trump ha invertido la fórmula. Habla muy alto, anuncia demasiado y blande el garrote contra quien no debe. Llevo meses señalando estos errores estratégicos. Todos comparten un mismo vicio: el cortoplacismo. Washington no parece entender que lo que hoy le da un respiro electoral es, ya a medio plazo, un desastre para todo Occidente. Estados Unidos incluido.
Anunciar lo que no se va a hacer
Donald Trump prometió en campaña que acabaría con la guerra de Ucrania en veinticuatro horas. Lleva un año y nueve meses en la Casa Blanca, y la guerra sigue. El domingo 11 de octubre anunció en su red social una «tregua energética» con efecto inmediato. Aseguró que ambas partes la habían aceptado. Kiev se enteró por la prensa. Moscú nunca la confirmó. Al día siguiente, el propio presidente admitía que tendría que estudiarlo y hablaba de violaciones «por ambas partes». Una tregua que solo existe en una red social no es una tregua es una absurda quimera. Ronald Reagan, el mejor presidente estadounidense de la segunda mitad del siglo XX, firmó el tratado INF (limitación de armas nucleares de alcance medio) en 1987 con un proverbio ruso: confía, pero verifica. Esta vez no hubo ni lo uno ni lo otro.
Hacer lo contrario de lo que se anuncia
En julio de 2025, Trump dio a Putin cincuenta días para aceptar un alto el fuego bajo amenaza de sanciones demoledoras. Luego redujo el plazo a diez o doce días. El ultimátum terminó en agosto con una alfombra roja en Anchorage. El Kremlin aprendió entonces que los plazos de Trump son líneas en la arena.
Ahora el método ha ido más lejos. El mes pasado, Trump firmó una ley de sanciones contra los bancos rusos y la flota fantasma. El 9 de octubre, tras una llamada con Putin, anunció la compra inmediata de más de 300.000 toneladas de diésel ruso, otras 500.000 en noviembre y un millón más después. Minutos más tarde, el Tesoro levantaba por licencia general las sanciones al diésel ruso hasta abril de 2027. Según fuentes diplomáticas europeas, Moscú aspira además a que se descongelen sus activos inmovilizados.
Firmar con la Rusia de Putin un acuerdo que levanta sanciones, abre la puerta a descongelar activos y convierte su diésel en mercancía estratégica bendecida por Washington es simplemente vomitivo e inaceptable. Es un gravísimo error cuyas consecuencias geopolíticas y geoeconómicas son hoy difícilmente calibrables, pero sin duda serán dramáticas. El senador Richard Blumenthal, coautor de la ley de sanciones, advirtió de que la decisión convierte a Estados Unidos en cómplice de la guerra de Putin. Zelenski vaticinó que Rusia pagaría el diésel con más terror y más perfidia. No tardó en acertar. Ese mismo fin de semana, cinco bombas planeadoras rusas cayeron sobre edificios de viviendas en Zaporiyia.
Un cortoplacismo que también hiere a Estados Unidos
El cálculo es transparente. El diésel se ha encarecido cerca de un 70 % desde que empezó la guerra con Irán, y las elecciones de medio mandato se celebran el 3 de noviembre. Pero el problema no está en Ucrania. Está en Ormuz. Es un sistema de vasos comunicantes: Ormuz encarece el crudo, el crudo caro alivia a Rusia y el alivio de Rusia se convierte en drones contra Ucrania. Culpar a Kiev de la factura del surtidor es equivocarse de culpable.
El precio de este atajo lo pagará el propio Estados Unidos. Primero, porque nadie respetará unas sanciones secundarias que Washington levanta cuando le conviene: ni India, ni Turquía, ni los navieros de la flota fantasma. Segundo, porque Taipéi, Tokio y Seúl toman nota de cómo trata Washington a un aliado en apuros. Tercero, porque Pekín lee lo mismo y concluye que la paciencia estratégica rinde. Cuarto, porque cada tonelada de diésel vendida es divisa para reconstruir el ejército que amenaza a la OTAN. Un respiro de tres semanas en el surtidor volatiliza décadas de disuasión creible.
Abandonar al aliado frente al enemigo declarado
Rusia es enemiga de Occidente porque así lo ha decidido ella misma, y lo ha puesto por escrito. Su Concepto de Política Exterior de marzo de 2023 presenta a Estados Unidos como el principal inspirador y ejecutor de la política antirrusa del «Occidente colectivo». Es doctrina oficial del Kremlin.
Frente a ese enemigo, Washington presiona al aliado y no al agresor. Según Axios, los enviados Steve Witkoff y Jared Kushner amenazaron con cortar el intercambio de inteligencia si Ucrania seguía atacando refinerías rusas. The Washington Post añadió que la advertencia llegó a la embajada ucraniana el 12 de octubre. Esa misma noche, Kiev sufrió un ataque con misiles balísticos y no pudo prepararse sin la inteligencia que venía recibiendo hasta ese momento. Días después, SpaceX limitó la conexión de los terminales Starshield (la versión militar de Starlink) ucranianos en movimiento. Un aliado que duda de si recibirá la alerta a tiempo combate a ciegas.
Ucrania ya sabe lo que valen ciertas garantías. En 1994 entregó el tercer arsenal nuclear del mundo a cambio del Memorándum de Budapest. Estados Unidos, el Reino Unido y Rusia prometieron respetar su integridad territorial. Uno de los tres la invadió. La vergonzosa huida de Kabul en agosto de 2021, recordó lo que espera a quien confía en Washington cuando Washington se cansa.
El crimen de guerra que se quiere ignorar
No se puede exigir a Ucrania que deje de atacar objetivos energéticos estratégicos rusos mientras la Rusia de Putin no deja de atacar objetivos energéticos civiles ucranianos. Lo segundo es un crimen de guerra. No lo digo yo. Lo dice la Corte Penal Internacional. En marzo de 2024 dictó órdenes de detención contra el general Serguéi Kobylash y el almirante Víktor Sokolov por los ataques con misiles contra la red eléctrica ucraniana entre octubre de 2022 y marzo de 2023. En junio de 2024 hizo lo mismo con el exministro de Defensa Serguéi Shoigú y el jefe del Estado Mayor, Valeri Guerásimov. Los cargos: ataques dirigidos contra bienes civiles, daños excesivos a la población civil y el crimen de lesa humanidad de actos inhumanos.
Los casos se acumulan. El 10 de octubre de 2022 comenzó la gran campaña contra la red ucraniana para dejar a millones de personas sin luz ni calefacción en invierno. El 22 de marzo de 2024, Rusia golpeó la presa y central hidroeléctrica del Dniéper y destruyó la central térmica número 5 de Járkov. El 11 de abril de 2024 arrasó por completo la central de Trypilia, la mayor que abastecía a la región de Kiev. El día de Navidad de 2024 lanzó otro ataque masivo contra el sistema energético. En marzo de 2025, Putin aceptó una pausa de treinta días tras hablar con Trump. A mediados de abril, Kiev había contabilizado más de treinta violaciones rusas. En septiembre de este año, el "Financial Times" informó de que Putin rechazaba cualquier tregua energética antes del invierno, porque el frío en los hogares presiona a Kiev más que cualquier negociación.
Octubre lo ha confirmado. La misma tarde del anuncio de Trump, la misma central número 5 de Járkov fue alcanzada al menos dos veces. Al día siguiente, Zelenski contabilizó seis instalaciones energéticas atacadas. Después llegó el gran ataque: al menos nueve muertos, dos centrales de calefacción colectiva y electricidad de Kiev alcanzadas y más de medio millón de personas sin luz. Ucrania, mientras tanto, cumplió. Suspendió durante varios días sus ataques contra refinerías rusas. El 15 de octubre dio por terminada una tregua que solo respetaba una de las partes. Trump calificó la reanudación de «vergüenza». No dedicó un calificativo equivalente a las centrales de Járkov y de Kiev. Según The New York Times, la Administración entiende además que la tregua solo cubre las refinerías. Ucrania no tiene ninguna operativa. Sería una tregua que solo protege al agresor.
No hay simetría moral posible. Una refinería rusa produce el combustible de los carros que invaden Ucrania y los ingresos que pagan la guerra. Es un objetivo estratégico de la maquinaria de un invasor. Una central térmica de Kiev da calefacción a una anciana en un bloque de viviendas en pleno invierno. Atacarla es castigo colectivo contra una población civil. Confundir ambas cosas no es equidistancia es complicidad repugnante. George Kennan lo explicó en su Telegrama Largo de febrero de 1946: el poder soviético era impermeable a la lógica de la razón y muy sensible a la lógica de la fuerza. El Kremlin de Putin es su heredero directo. Pedir contención a quien se defiende y comprar diésel a quien ataca es invertir la lección de Kennan.
El sistema responde
El sistema estadounidense funciona, como he defendido siempre. Siete senadores de ambos partidos, entre ellos los republicanos Susan Collins, Thom Tillis, Lisa Murkowski y John Curtis, exigen revocar el acuerdo del diésel. El congresista republicano Brian Fitzpatrick prepara una votación para bloquearlo. Confío en que esas voces, y la diplomacia profesional que encarna Marco Rubio, terminen por imponerse a la improvisación.
Europa también ha reaccionado, por una vez con hechos. El Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea ha aprobado el mayor paquete de sanciones de su historia: 1.569 personas y entidades del complejo militar-industrial ruso. Pero no basta. La Unión no puede ofrecer hoy a Ucrania una alternativa militar a Starlink, e IRIS² no estará plenamente operativo hasta 2030. Mientras Europa no se tome en serio su propia defensa, seguirá dependiendo del humor de un solo despacho.
Winston Churchill lo advirtió por radio en enero de 1940, cuando media Europa creía aún poder comprar la paz: cada neutral esperaba que, si alimentaba lo suficiente al cocodrilo, este se lo comería el último. Ucrania no es el cocodrilo ni su alimento. Es el dique que nos separa de él. Una gran potencia no anuncia lo que no va a hacer. No hace lo contrario de lo que anuncia. No castiga al aliado que resiste ni premia al agresor que comete crímenes de guerra. Cuando lo hace, no gana la paz. Gana el Kremlin.
*Gustavo de Arístegui es diplomático y fue embajador en India, Bután, Maldivas, Nepal y SriLanka (2012-2016) gustvodearistegui.substack.com
Donald Trump golpea a Zelenski y frena las sanciones a Rusia
Anderson Simanca. la razon. 18 Octubre 2026
Donald Trump ha vuelto a aliviar la presión sobre Vladimir Putin en uno de los momentos más delicados de la guerra de Ucrania. El presidente estadounidense suspendió el viernes la aplicación de un amplio paquete de sanciones contra Rusia, aprobado por el Congreso con apoyo de ambos partidos y promulgado por él mismo apenas un mes antes. La decisión, justificada por la Casa Blanca como una medida de interés nacional, ha abierto una nueva fractura en Washington y provocado una dura respuesta de Kiev. La orden ejecutiva paraliza los castigos previstos en la Ley Lindsey Graham, concebida para reducir los ingresos que permiten al Kremlin financiar su ofensiva. Las medidas debían entrar en vigor hoy. Entre ellas, figuraban sanciones contra entidades y personas vinculadas al aparato económico ruso, así como aranceles extraordinarios sobre importaciones procedentes de países que compran petróleo y gas a Moscú.
El texto contemplaba gravámenes del 100% sobre productos de los cinco principales compradores de energía rusa y un incremento del 500% sobre determinados bienes de origen ruso. Sin embargo, el propio Congreso había incluido una cláusula que permitía al presidente suspender su aplicación si certificaba que hacerlo respondía al interés nacional. Trump ha utilizado precisamente esa excepción para dejar las nuevas penalizaciones sin efecto por ahora.
La suspensión no elimina las sanciones anteriores contra Rusia. La orden presidencial especifica que siguen vigentes las medidas adoptadas mediante otras disposiciones ejecutivas. Pero sí priva a Washington de una nueva herramienta de presión económica que legisladores republicanos y demócratas consideraban esencial para forzar concesiones de Putin.
La reacción ucraniana no se hizo esperar. Volodimir Zelenski denunció que la relajación de las sanciones ofrece incentivos al Kremlin para prolongar la guerra. El presidente ucraniano vinculó su advertencia con los últimos ataques rusos contra la infraestructura energética del país, que amenazan con agravar las dificultades de la población cuando se aproxima el invierno. Según Zelenski, Rusia atacó el viernes más de 15 instalaciones de generación y transmisión eléctrica.
El malestar también ha alcanzado al Capitolio. El senador demócrata Richard Blumenthal, uno de los impulsores de la legislación, acusó a Trump de desoír al Congreso y a los aliados europeos. El congresista Don Beyer sostuvo que la decisión supone una concesión a Putin y reclamó corregir la ley para impedir que la Casa Blanca neutralice su propósito. Las críticas se han extendido a sectores republicanos, aunque una respuesta legislativa inmediata parece improbable mientras el Congreso permanece en receso. El movimiento se produce, además, después de que Trump anunciara un controvertido acuerdo para facilitar la llegada de diésel ruso al mercado internacional, presentándolo como una fórmula para contener los precios de los combustibles. La iniciativa ha despertado inquietud entre legisladores que consideran contradictorio buscar una salida negociada a la guerra mientras se abren nuevas vías de ingresos para Moscú.
La energía explica buena parte del cálculo político. A pocas semanas de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, los republicanos afrontan el descontento por el encarecimiento del combustible, en un mercado sacudido también por la guerra de EE UU e Israel contra Irán. Imponer aranceles a grandes compradores de petróleo ruso, como China e India, podía añadir tensiones comerciales y presiones sobre los precios. En Moscú, por el contrario, la noticia ha sido recibida favorablemente. Kirill Dmítriev, representante del Kremlin para inversiones, la calificó de momento histórico y señaló que las sanciones habrían bloqueado prácticamente cualquier cooperación económica entre Rusia y EE UU. La decisión deja una paradoja política: una ley respaldada por amplias mayorías para endurecer el cerco a Putin ha quedado desactivada por el presidente que la firmó. Mientras Kiev reclama más presión para detener los ataques, Trump apuesta por preservar margen de maniobra económico y diplomático. El resultado es una señal de alivio para Moscú y una incertidumbre para Ucrania.
El precio del crudo y la presión electoral
Las elecciones del 3 de noviembre condicionan la estrategia energética de EE UU. La decisión de Trump llega en la recta final hacia las elecciones de mitad de mandato. El Partido Republicano intenta conservar su ajustada mayorías en el Congreso mientras el coste de la energía preocupa. La guerra de Irán ha aumentado la tensión en los mercados petroleros y la Casa Blanca busca contener los precios con una mayor oferta de combustible. Pero, aliviar la presión sobre Rusia puede prolongar la guerra en Ucrania y complicar las relaciones con Europa.
Ucrania se queda sin interceptores Patriot en plena escalada con Trump: por qué son tan difíciles de reemplazar
Kiev afronta una nueva oleada de ataques rusos contra su infraestructura energética mientras crecen las dudas sobre el suministro de una de sus principales defensas frente a los misiles balísticos
Carmen Oporto. la razon. 18 Octubre 2026
Los misiles Patriot vuelven a situarse en el centro de la guerra en Ucrania. CNN reveló este jueves en exclusiva que Kiev habría agotado sus reservas de misiles interceptores para los sistemas de defensa aérea Patriot de fabricación estadounidense, una de las principales herramientas con las que cuenta el país para hacer frente a los ataques con misiles balísticos rusos. La cadena citó a una fuente conocedora de la situación.
La advertencia llega después de meses de peticiones de Volodimir Zelenski a sus socios occidentales para conseguir más interceptores. El presidente ucraniano ha insistido repetidamente en que reforzar la defensa antiaérea es una de las principales necesidades militares del país y ha buscado además que Ucrania pueda producir este tipo de munición.
Donald Trump anunció en julio que Estados Unidos permitiría a Ucrania fabricar interceptores Patriot bajo licencia. Dos meses después, durante el encuentro que ambos mantuvieron en Nueva York con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas, Zelenski agradeció que los equipos estadounidense y ucraniano continuaran trabajando para poner en marcha esa producción en territorio ucraniano. Es decir, el proyecto está en marcha, pero todavía no supone una solución inmediata a la falta de munición.
La escasez llega además en un momento de nuevas fricciones entre Kiev y Washington. Trump ha alcanzado un controvertido acuerdo para permitir la entrada de diésel ruso en el mercado estadounidense y ha reclamado a Ucrania que detenga sus ataques contra las refinerías de Moscú, argumentando que contribuyen al encarecimiento mundial de los combustibles. Zelenski ha rechazado esa estrategia y ha calificado la venta de productos energéticos rusos como una forma de financiar la guerra. Ucrania retomó esta semana sus ataques contra instalaciones petroleras rusas.
Las consecuencias de la falta de interceptores resultan especialmente preocupantes ante la llegada del invierno. El 14 de octubre, Rusia lanzó una nueva oleada de misiles y drones contra Ucrania que causó tres muertos, dañó una treintena de instalaciones energéticas en Kiev y Járkov y dejó sin electricidad a unas 600.000 personas. Ucrania logró interceptar únicamente cuatro de los 39 misiles utilizados en el ataque.
¿Por qué son tan importantes los Patriot?
La clave está en los misiles balísticos rusos. Ucrania dispone de diferentes sistemas para derribar drones y misiles de crucero, pero sus opciones frente a proyectiles balísticos son mucho más limitadas debido a la velocidad y la trayectoria con la que alcanzan sus objetivos. El propio Zelenski reconoció en septiembre que Ucrania había aprendido a interceptar misiles de crucero y drones, pero aseguró que, frente a los misiles balísticos, los Patriot seguían siendo por el momento la única opción realmente eficaz a su disposición.
Una batería Patriot no consiste únicamente en un lanzador. El sistema integra radares, puestos de mando, comunicaciones y varios lanzadores que pueden utilizar diferentes interceptores. Entre los más avanzados se encuentra el PAC-3 MSE, fabricado por Lockheed Martin y diseñado específicamente para hacer frente a misiles balísticos y otras amenazas de alta velocidad.
¿Por qué es tan complicado conseguir más?
El problema no es exclusivamente ucraniano. La demanda mundial de interceptores Patriot se ha disparado mientras las guerras de Ucrania y Oriente Próximo presionan los arsenales estadounidenses. Polonia reconoció esta misma semana que sus propias entregas de misiles PAC-3 MSE sufrirán retrasos por la reducción de las existencias de Estados Unidos.
Y aumentar la producción requiere tiempo. Lockheed Martin produjo una cifra récord de 620 interceptores PAC-3 MSE en 2025 y actualmente tiene capacidad para fabricar aproximadamente 600 anuales. La compañía y el Gobierno estadounidense han acordado elevar esa cifra hasta las 2.000 unidades al año, pero dentro de un plan de siete años que exige ampliar fábricas, proveedores y plantilla.
Por eso, incluso disponer de una licencia para fabricar Patriot en Ucrania no resuelve la urgencia actual. Kiev necesita interceptores ya, mientras Rusia intensifica nuevamente los ataques contra su sistema energético. La llegada del invierno convierte así la falta de munición Patriot en algo más que un problema militar: amenaza con dejar a millones de ucranianos más expuestos a los ataques contra la electricidad, la calefacción y las infraestructuras esenciales.
Juego
sucio
Ignacio
Sánchez Cámara. el debate.
18 Octubre 2026
No hay que olvidar lo que está en juego. Ni ignorar lo que puede pasar hasta el 29 de noviembre. Todo es posible. Incluso, por supuesto, lo peor. Tal vez no haya elecciones. Si no entendemos cómo hemos llegado hasta aquí, no entenderemos nada. Es necesario repetirlo. Hasta la saciedad. Todo empezó con la mayoría absoluta de Aznar. Algo intolerable para la izquierda radical. Allí nació un pacto de toda la izquierda, por supuesto incluidos los herederos de la ETA y la derecha antiespañola. El lema era: nunca más la derecha en el gobierno. El objetivo, la deslegitimación de la derecha. Un cambio de régimen. La democracia es de izquierdas. La derecha es antidemocrática. Nada se entiende sin esto.
El modelo es el Frente Popular. La política es la guerra con otros medios. La izquierda perdió la guerra. Ahora se trata de reescribir la historia. Es necesario aprender de ella. Si el Frente Popular accedió al poder mediante un fraude electoral, no hay que descartar que el nuevo Frente intente hacer lo mismo.
El origen está en Zapatero. Naturalmente, no da para ser el cerebro de esta historia. Fue solo el instrumento. La necedad ha ido de la mano de la codicia y la corrupción. No es la primera vez. Sánchez es la secuela. El Frente Popular se nutre de la violencia y la crispación. «Nos conviene que haya tensión». Y en esas estamos. Lo que creemos que son errores del Gobierno son muchas veces resultado de su estrategia deliberada, y no descabellada ni torpe. La mayoría de lo que está sucediendo no son errores del Gobierno, sino efectos de un plan deliberado.
El primer elemento se encuentra en la diabólica estrategia sobre la crisis de la vivienda. Siempre Madrid. Un caso más y de los menos relevantes se convierte en el arquetipo. Un Gobierno que no ha hecho nada en favor de la vivienda durante casi ocho años, abandera un caso y convierte la protesta en un movimiento contra la oposición. Cualquier lector atento de los Evangelios conoce la astucia de los enemigos del Reino de Dios. Y promueven una huelga general contra la oposición y no contra el responsable de la situación, que es el Gobierno. La marioneta sindical coopera. Obedecen a su amo.
Arde la educación pública. Naturalmente, en Madrid. En vísperas electorales. Nada pasa en la educación pública en otras comunidades. Nada ha pasado en los últimos ocho años. Ahora es el momento. Son casualidades. «Nos conviene que haya tensión».
Y lo que nos queda por ver. Esto no es nada. La llamada «ley de nietos» no es sino un intento de alterar el censo electoral. Seguirán intentándolo. Nunca en la historia de la actual democracia española había sido tan verosímil la posibilidad de un fraude electoral.
La estrategia gubernamental en Ceuta no es una patochada ni una exhibición de incompetencia. Al margen de la sumisión a Marruecos, forma parte de una estrategia deliberada y tal vez acertada, desde el punto de vista de sus intereses. Se entiende desde el punto de vista del mal. «Nos conviene que haya tensión». Los defensores de Ceuta son fachas. No hay más que ver las banderas que exhiben.
Mi conjetura es que el Gobierno sabe que va a perder las elecciones, a menos que haya fraude o suceda algo que impida que se celebren. El fraude se intentará y solo lo impedirá lo que queda del Estado de derecho. Si esto falla, siempre quedará la posibilidad de crear una situación de tal gravedad que impida la celebración de las elecciones. Puede ser un conflicto con Marruecos o una situación de emergencia interior. El Gobierno no entregará el poder, si no le queda más remedio. Y es coherente, aunque perverso. La derecha no puede gobernar, ya que el objetivo es la instauración de un nuevo régimen antidemocrático en el que solo tiene cabida la izquierda. Algo muy parecido a una revolución comunista: la transición de la democracia a la autocracia.
Construir una España decente (y confortable)
Jesús Cacho. Vozpópuli. 18 Octubre 2026
Un diario digital envió días atrás a uno de sus periodistas, cámara en ristre, a la localidad madrileña de Parla con el encargo de testar el problema de la inseguridad ciudadana. Y en plena calle se topó con una aguerrida podemita, militante del movimiento LGTBI local, que, protegida por varios fornidos parleños, se lanzó a la yugular del reportero.
No te voy a responder, puto nazi. Fuera de Parla, anda.
¿Por qué fuera de Parla?
Porque no queremos nazis en Parla
Yo tampoco, pero esa es una actitud nazi.
Que no queremos nazis en Parla. ¡Que te largues…!
No me insultes, que yo no te he insultado a ti, no me llames nazi
Nazi no es un insulto, es una descripción. Llámame tú comunista, que estoy muy orgullosa de serlo.
La señora estaba muy orgullosa de ser comunista y de que la calificaran como tal. Orgullosa de una ideología que ha producido cien millones de muertos de 1917 a esta parte y un paisaje de ruina y miseria allí donde consiguió implantarse. La anécdota, real como la vida misma, es un buen ejemplo de la degradación de la convivencia a la que nos ha conducido un Gobierno de extrema izquierda dispuesto, en esta su hora postrera, a someter al país a un estrés difícilmente soportable. "Nos conviene que haya tensión". La tensión boba de la que alardeaba Zapatero ante Gabilondo en febrero de 2008, convertida por Pedro Sánchez en un intento descarado de enfrentamiento entre españoles, a quienes ha dividido en dos bandos que sueña irreconciliables. El caso más llamativo de esa intención de destruir la convivencia es lo que está ocurriendo desde hace semanas en la República Independiente de la Puerta del Sol, un escándalo que interpela a un Gobierno que no solo se niega a desalojar a los paleocomunistas que allí campan a sus anchas, sino que protege y alienta las prácticas que allí ocurren a diario y que han conducido a un deterioro profundo del espacio público. La Puerta del Sol convertida en metáfora de la España de Sánchez, y en retrato vivo de la tragedia que amenaza al país si esta extrema izquierda encantada de ser comunista lograra, con Sánchez, su indiscutible líder, al frente, volver a gobernar durante cuatro años más.
A seis semanas de la fecha crucial del 29 de noviembre, el nuevo Gobierno que salga de las urnas estará obligado a enfrentar una triple crisis, Hannibal ad portas, de cuya gestión debería salir un país fortalecido y capaz de abordar las próximas décadas con perspectivas de éxito. En primer lugar, la crisis económica, que es a la vez crisis financiera a cuenta de la dramática situación por la que atraviesa el vecino galo y el riesgo de contaminación que la quiebra francesa podría ocasionar en la zona euro. Francia es hoy un país en bancarrota. A finales de septiembre, la deuda pública francesa superaba los 3,6 billones de euros, o el 119% del PIB, con riesgo cierto de escalar al 122% en 2027. Tras años de adicción al dinero fácil (como días atrás denunciaba el WSJ) y el BCE como garante de cualquier desafuero, los mercados de bonos han empezado a fijarse en Francia y no para bien. Los tipos de interés han superado el 5% (el servicio de esa deuda, que este año se comerá 78.000 millones, escalará en 2027 hasta unos astronómicos 91.000 millones), y el diferencial con Alemania ha alcanzado los 150 puntos básicos. Francia se encuentra ahora mismo en la situación por la que atravesó Italia en 2011, un país que con una deuda del 120% del PIB, tipos de interés del 7%, un diferencial de 150 pb con Alemania y un déficit del 4,6% (5,4% el déficit galo previsto para este año) conoció la caída del Gobierno Berlusconi y la puesta en marcha de un severo plan de ajuste bajo la autoridad de Mario Monti y la supervisión del BCE.
El viejo lema del "too big to fail" aplicado a Francia ha dejado de tener valor, hasta el punto de que el próximo presidente de la V República que salga de las elecciones de mayo del 27 tendrá todas las papeletas para convertirse en el Alexis Tsipras francés, porque, con una clase política incapaz de abordar el problema desde dentro (cualquier intento de recortar el gasto es automáticamente derrotado en la Asamblea Nacional), la solución al cáncer francés vendrá impuesta desde fuera, la impondrá la troika del FMI, Bruselas y el BCE, con la receta conocida: reforma de las pensiones, recorte drástico del gasto público (más del 57% del PIB), venta de activos, reforma fiscal, cambios en la legislación laboral y un largo etcétera, traducido en una caída del PIB que podría llegar al 20%. Una catástrofe desde todos los puntos de vista. Adiós al más que generoso Estado del Bienestar francés. Está por ver cómo abordará el BCE un eventual default galo, pero con los inversores institucionales vendiendo y los fondos de cobertura comprando con fines especulativos, el horizonte no puede ser más peligroso a corto plazo. Con el riesgo añadido de contaminación a bancos y aseguradoras (y con nuestra banca cargada de deuda pública española).
Una situación que debería mantener en guardia a los responsables de nuestra economía, porque una quiebra francesa tendría graves consecuencias para toda la zona euro y para España, claro está, aunque aquí todo el mundo parece vivir en el mejor de los mundos, ajeno a la tormenta que se avecina. El nuevo Gobierno que salga de las urnas estará obligado a proceder a una consolidación urgente de las cuentas públicas, con una revisión integral del gasto público para barrer de un plumazo toda esa zona gris del subsidio destinado a la compra del voto. No es de recibo, por insostenible, que la deuda pública española haya escalado ya a los 1,7 billones (la mitad de la francesa, para un PIB que es la mitad del francés), por mucho que el denominador de la ecuación sirva de consuelo a quienes sostienen que nuestra situación es tolerable al no rebasar el 100% del PIB. No es sostenible que el Gobierno, este o el que venga, siga pretendiendo financiar las pensiones con deuda, porque eso nos conduce colectivamente al abismo a plazo fijo. Debería ser mandato constitucional la obligación de los Gobiernos de tratar a los ciudadanos como seres adultos a los que no se les puede engañar con cuatro abalorios. Obligados a decir la verdad sobre las cuentas públicas. No es aceptable la existencia de un Gobierno enemigo declarado de la actividad empresarial, pero al mismo tiempo dispuesto a presumir de un crecimiento (básicamente debido a la población inmigrante y el aumento consiguiente del consumo) en cuyo favor no ha movido un dedo. ¿Qué medida de política económica o fiscal ha introducido este Gobierno en los últimos 8 años que haya animado a un español dueño de un millón de euros a abrir un pequeño negocio y generar 5 puestos de trabajo? Ninguna. Un Gobierno obligado a poner freno al rally alcista de los impuestos, a aliviar la presión sobre las cotizaciones empresariales y a primar, por encima de todo, el crecimiento económico y el empleo.
Y luego la crisis política. España ha llegado a octubre de 2026 arrastrándose por la pendiente de una aguda crisis política que ya era evidente desde el 2008, con la implosión de la burbuja, y debería haber obligado a nuestros políticos a adoptar las medidas correctoras pertinentes. El escenario actual, con un elemento disruptor de la categoría de Sánchez, líder de uno de los dos tradicionales partidos dinásticos, ha impedido cualquier acuerdo tendente a grandes pactos o a cambios sustanciales en la Constitución. Todo está parado en espera de lo que ocurra el 29 de noviembre. Una derrota del sátrapa que nos gobierna (muy mal tiene que ver las cosas para protagonizar ayer ese beso a lo Bonnie & Clyde), y una derrota explícita, rotunda, podría abrir la puerta a cambios en la dirección del PSOE capaces de volver a colocar a la antigua socialdemocracia española, hoy echada al monte del radicalismo más extremo, en la centralidad, posibilitando los grandes acuerdos que se antojan imprescindibles para abrir la Constitución e insuflar nueva vida al moribundo régimen de la Transición. Dos reformas constitucionales urgentes (además de reformas prácticamente en cada rubro que se aborde): fijar las competencias exclusivas del Estado (las que jamás debió haber cedido) y armonizar los estatutos de autonomía, cerrar de una vez la sangría competencial urgida por los nacionalismos disgregadores. Y naturalmente abordar la efectiva separación de poderes ("Vamos a acabar con el obsceno espectáculo de ver a políticos nombrar a los jueces que pueden juzgar a esos políticos", Ruiz Gallardón en la precampaña de las generales de noviembre de 2011), de acuerdo con el mandato constitucional. Y hacer efectiva la independencia de los organismos de control, obligando a los Gobiernos, a cualquier Gobierno, a sacar las manos de los tradicionales y democráticos checks and balances. Y poner coto al nombramiento de conmilitones en los altos cargos de la Administración, y revitalizar el prestigio de unas instituciones sometidas a un brutal castigo por este Gobierno corrupto. Y tantas cosas más que no caben en el espacio de esta pieza. Y hacerlas deprisa, porque la izquierda no le va a dar tregua. Los primeros cien días serán claves para el futuro de un eventual Gobierno PP+Vox. Se trata de actuar de forma resuelta, evitando rectificaciones y pasos atrás. La experiencia de Macri en Argentina enseña que el intento de acometer las reformas de manera pausada para contentar a tirios y troyanos solo conduce al fracaso. Mauricio quiso templar gaitas con el peronismo y el peronismo terminó matándolo. Reformas con valentía desde el primer día, con pedagogía, paciencia y total determinación.
Y la crisis social, que en realidad es crisis convivencial. La fractura interna en muchas familias, tan común en la Cataluña del procés, se ha ido extendiendo paulatinamente al resto del país. Familias y grupos de amigos que han dejado de hablar de política, o sencillamente de hablarse, para no terminar a palos. La España airada. La acampada de Sol, además de un problema de salud pública, se ha convertido en un escenario de violencia y hostigamiento contra cualquier ciudadano que se atreve a asomarse al recinto. El Gobierno Sánchez se niega a desalojar a la extrema izquierda marginal que ha sustituido al dizque Sindicato de Inquilinas porque busca precisamente eso: crispar, radicalizar, enfrentar a unos contra otros, importar a España el clima de violencia callejera que hoy arrasa Francia con el aliento de los neocomunistas de LFI de Mélenchon. Estudiantes, sindicatos y sectores que no han abierto la boca durante ocho largos años se muestran de pronto cabreados, jaleados por los millonarios de izquierdas, esa "burguesía urbanita progresista, fascinada", en palabras de Houellebecq, "por el populacho y la chusma". Nuestros anabelenes y victormanueles. Un clima de violencia soterrada, a veces explícita, se extiende por el país. Las banderas rojas, desaparecidas durante décadas, han vuelto a las calles. Es la consecuencia de tener al frente del Gobierno a un tipo dispuesto, en palabras del primer ministro checo, Andrej Babiš, a "sustituir a la población autóctona con emigrantes para mantenerse en el poder". Es la búsqueda consciente del conflicto institucional y social como revulsivo electoral. La prueba de que España está gobernada por un delincuente que no acepta las reglas del juego democrático. Un crimen contra la nación.
Y un desafío de primer orden para ese Gobierno de coalición PP+Vox salido de las urnas. Más que abordar la reconstrucción de un país institucionalmente reducido a escombros, más que poner en marcha un gran plan de inversión para mejorar unas infraestructuras abandonadas durante años, España necesita recuperar con urgencia su infraestructura moral, el tono vital de un país que hace tiempo dio la espalda a la cultura del trabajo y el esfuerzo para entregarse al sueño comunitario de un Estado que todo lo interviene, todo lo recauda, lo regula, lo subvenciona y lo administra, desde la salud hasta la educación, las pensiones, la vivienda, la energía, la cultura. La cultura como clave del arco. Todo está colectivizado por culpa de una derecha que nunca le prestó atención a la batalla cultural, la batalla de las ideas (el crimen de los Gobiernos Rajoy y sus Sorayas), la decisión de dejar la educación, por ejemplo, en manos de una izquierda, a menudo izquierda paleocomunista, que ha utilizado las aulas para adoctrinar vilmente las mentes de generaciones de jóvenes a quienes se ha privado del privilegio de pensar por su cuenta. Hay que restablecer la autoridad del maestro en las aulas y acabar con un estado de cosas en el que, por culpa de la igualdad por decreto, el bachillerato (o como se llame ahora) se ha convertido en un derecho fundamental, de modo que se ha acabado el repetir curso, se ha impuesto el aprobado general, y se ha rebajado el nivel de exigencia para que nadie, los estudiantes con dificultades, se quede atrás. Vale la frase de Bertrand Russell: "El socialismo fascina primero a los tontos y luego amordaza a los inteligentes". El resultado es que los estándares académicos se han desplomado, perjudicando especialmente a los alumnos listos de familias pobres, porque los hijos de los ricos ya se buscan la vida en los colegios privados.
He ahí un reto de primer nivel para un nuevo Gobierno con algún viso liberal: elaborar, con el consenso más amplio posible, un plan de Educación con vocación de permanencia que rescate la educación pública del sumidero en que se encuentra. Y plantear la batalla cultural a la izquierda a cara de perro. El PP tiene en sus filas a una mujer, Cayetana Álvarez de Toledo, con las ideas muy claras al respecto. Valga la recomendación del gran Condorcet, para quien "los pueblos libres no conocen otro medio de distinción que el talento y la virtud". La virtud de volver a entronizar el trabajo en el frontispicio de aquellos valores responsables de nuestro desarrollo económico a partir de los años sesenta del siglo pasado. La necesidad de que los españoles vuelvan a ganarse la vida con el trabajo y no con la subvención. Lo decía aquí Santiago Sánchez en un magnífico artículo publicado este miércoles: frente a un Gobierno que ha elevado las cargas sobre el trabajo y creado los incentivos para disuadir a los ciudadanos de apostar por la independencia económica y la libertad de elegir para pasar a depender del Estado, "trabajar y esforzarse tiene que volver a merecer la pena, tiene que tener el premio de una vida mejor". España aún está a tiempo de salvarse y huir del destino fatal al que parece irremediablemente condenada Francia. Lo expresaba en estos términos Nicolas Baverez en Le Figaro hace un par de semanas: "La deuda pública, inflada hasta niveles absurdos gracias a la protección del euro, permitió que durante casi medio siglo persistiera la ilusión de que los franceses podían seguir viviendo como ricos trabajando cada día menos, incluso con una economía en declive. Esta ficción se ha desvanecido. La proletarización de los franceses es la consecuencia inevitable del declive de Francia. Como en 1958, solo reconstruyendo Francia podremos devolver a los franceses la prosperidad y la seguridad sin las cuales no puede haber una democracia estable". Esto es lo que nos jugamos los españoles el 29N.
Cómo quitarle el Constitucional a Sánchez
Pedro Fernández Barbadillo. okdiario. 18 Octubre 2026
Pedro Sánchez ha podido hacer lo que ha querido, desde vulnerar la Constitución a aprobar la eutanasia, porque ha dispuesto de una apisonadora que ha pasado por encima de las sentencias de los tribunales de justicia. Se trata del Tribunal Constitucional (TC), donde reina Cándido Conde-Pumpido, quien, aparte de fiel ejecutor de los deseos de Moncloa, es el último juez ejerciente que juró lealtad a Franco.
El pucherazo que estaba tramando el PSOE con el regalo de la nacionalidad a cientos de miles de sudamericanos descendientes (supuestos o reales) de exiliados españoles ha sido paralizado por el Tribunal Supremo gracias a la acción de varias asociaciones y de Vox. Sin embargo, a la vista de la reacción nerviosa y desabrida del Gobierno y de sus aliados parlamentarios, así como de sus medios de comunicación adictos, cabría esperar una intervención repentina del TC para corregir al Supremo.
El objetivo sería anular las medidas cautelares del Supremo para expulsar del CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes) a los extranjeros convertidos en ciudadanos españoles merced a la instrucción administrativa dictada por Sofía Puente como directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, publicada en el BOE el 26 de octubre de 2022, sólo seis días después de la aprobación por las Cortes de la Ley de Memoria Democrática. Y esa intervención ya está en marcha.
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ex ministro de Rodríguez Zapatero, presentó el día 16 de octubre recurso de amparo para solicitar al TC “medidas cautelarísimas” a fin de que se permita el voto en las elecciones a los nacionalizados de manera ilegal. Es tal la prisa del PSOE que Gabilondo no ha esperado a que se agote la vía judicial ordinaria (arts. 43 y 44 de la Ley Orgánica del TC).
La activación del Defensor del Pueblo no ha sido una sorpresa para nadie. La sorpresa sería que el TC rechazase el recurso de amparo, como hace con más del 99%. Según la memoria de 2025 del TC, el año pasado rechazó 9.336 amparos y sólo admitió 59. ¿Cómo podría pararse esa nueva intromisión del TC para permitir el mantenimiento de Sánchez en el poder?
Una de las vías la ha señalado el Tribunal Supremo, cansado de burlas. La sala de lo Penal ha señalado en varias resoluciones y autos que los magistrados del Tribunal Constitucional podrían enfrentarse a responsabilidades penales, incluyendo el delito de prevaricación, si dictan resoluciones que excedan flagrantemente de sus competencias o incurren en actuaciones al margen de la ley.
La asociación Hazte Oír presentó en el Supremo a principios de mes una denuncia contra Conde-Pumpido y otros seis magistrados de izquierdas por un presunto delito de prevaricación judicial al invadir competencias del Tribunal Supremo, cuando la mayoría del TC decidió que se declarase amnistiada la malversación de fondos públicos en que incurrieron numerosos cargos de la Generalidad catalana durante el “procés”, contra el pronunciamiento del Supremo.
Sin embargo, hay otro método, menos radical, pensando en quienes consideran la moderación como la guía de sus vidas. El art. 14 de la Ley Orgánica del TC dice así: «El Tribunal en Pleno puede adoptar acuerdos cuando estén presentes, al menos, dos tercios de los miembros que en cada momento lo compongan. Los acuerdos de las Salas requerirán asimismo la presencia de dos tercios de los miembros que en cada momento las compongan».
Y este organismo, extraño al Poder Judicial, hasta el punto de que sus magistrados tienen plazo limitado de nueve años y son nombrados por el Gobierno, el Congreso, el Senado y el Consejo General del Poder Judicial, lo forman doce juristas “de reconocida competencia”. Por tanto, dos tercios de doce suponen ocho. Según el reparto que han hecho el PSOE y el PP de los miembros del TC en estos años, siete magistrados militan sin fisuras en el bando sanchista, pastoreados por uno de ellos, Conde-Pumpido, y cinco del bando conservador.
Si los magistrados que defienden los principios del Derecho y el control al Gobierno, que son José María Macías, Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, César Tolosa Tribiño y Concepción Espejel, se ausentasen de los plenos y las salas, bloquearían el funcionamiento del TC y le quitarían a Sánchez su última arma. El tribunal no podría seguir haciendo constitucionales cacicadas como la ley de amnistía a los separatistas catalanes, la ley de eutanasia y la anulación de las condenas a numerosos altos cargos de la Junta de Andalucía por la concesión de EREs.
Otro método que puede usarse para rechazar el recurso de amparo presentado por Gabilondo lo da el art. 50 de la LOTC. Para aceptar a trámite los amparos, la norma exige la unanimidad de las secciones del TC, que son cuatro y las forman tres magistrados. Con que el magistrado decente que haya se oponga al recurso, éste sería rechazado. O así debería ser.
Familia de juristas leales a Franco
Cándido Conde-Pumpido está volcado en proteger a Sánchez desde antes de ser elegido presidente del TC, lo que ocurrió en enero de 2023, cuando la mayoría izquierdista incumplió la costumbre de repartirse entre los dos bloques la presidencia y la vicepresidencia del organismo como muestra de equilibrio y respeto.
En junio de 2021, se decantó, junto a otros cuatro magistrados progubernamentales, en contra de la sentencia mayoritaria que consideró que, para enfrentarse a la pandemia, el Gobierno debía haber declarado el estado de excepción en lugar del estado de alarma. Esta doctrina se rectificó en 2024, cuando el bloque socialista ya dominaba el TC.
¿De dónde le viene al jurista gallego la sumisión al poder? Quizás de su familia. Su padre, Cándido Conde-Pumpido Ferreiro, fue fiscal y magistrado durante el franquismo. Precisamente, Conde-Pumpido Tourón es ya el único juez que queda en ejercicio en España que juró lealtad al general Francisco Franco como jefe del estado y caudillo de España, puesto que se incorporó a su plaza de Puebla de Sanabria (Zamora) en 1973. También juró fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional y a las Leyes Fundamentales. Y estos compromisos los tomó el joven Cándido voluntariamente, ya que podía haberse dedicado al mundo privado, en vez de ingresar en la Administración. Por tanto, no consideraría su conciencia incompatible con el régimen franquista.
Conde-Pumpido accedió al Tribunal Constitucional como magistrado en 2017, por nombramiento del Senado, junto con otros tres juristas, gracias a un acuerdo entre el PP y el PSOE. Entonces, gobernaba España el PP y habitaba Moncloa Mariano Rajoy. El secretario general del PSOE ya era Pedro Sánchez, que sabía perfectamente a quiénes proponer.
El mandato de quien desempeñó el cargo de fiscal general del Estado entre 2004 y 2011 (todos los años de Zapatero como presidente del Gobierno), concluyó en diciembre pasado y desde entonces el PP, que controla el Senado con mayoría absoluta, no ha dado ningún paso para nombrar a los nuevos cuatro magistrados que le corresponde a la Cámara Alta de las Cortes.
El PSOE, en cambio, se está moviendo y quiere sustituir a un peón obediente por otro. Los socialistas están presentando en varios parlamentos autonómicos al profesor gallego Francisco Caamaño, que fue ministro de Justicia de Rodríguez Zapatero entre 2009 y 2011. Mientras se tramita su nombramiento, Caamaño se entretiene y aumenta sus ingresos con el puesto de consejero en la empresa Enagás, donde representa los intereses del organismo público de la SEPI.
Si el PP aceptara este nombramiento, en el TC habría dos ex ministros socialistas: Caamaño y Juan Carlos Campo, al que nombró directamente Sánchez después de haberlo tenido entre 2020 y 2021 en su consejo de ministros como ministro de Justicia. Éste intervino en la redacción de los estados de alarma durante la epidemia de covid que el mismo TC declaró inconstitucionales, y también en la concesión de indultos a los políticos catalanistas condenados por el Tribunal Supremo por sedición y malversación de caudales públicos.
En el Senado se explica la renuencia del PP a proceder a la sustitución de Conde-Pumpido y de los magistrados Ricardo Enríquez Sancho, María Luisa Balaguer Callejón y José María Macías porque el partido de Alberto Núñez Feijóo tal vez espera una victoria tan amplia en las elecciones generales de noviembre que alcance los tres quintos con sus escaños, más los de Vox y UPN, y pueda nombrar a tres de cuatro. Sin embargo, la coalición entre el PSOE y el Frente Amplio indica que la izquierda puede volver a controlar la Cámara Alta e imponer a Caamaño.
Mientras tanto, Conde-Pumpido, el último juez que juró obediencia a Franco, ahora apaña sentencias para Sánchez, a no ser que los cinco magistrados que no pertenecen al bando socialista se rebelen.
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