Recortes de Prensa Domingo 1 Noviembre 2026
Europa en guerra
Nubes, asaltos con robots y hambre en los refugios: las claves de la Operación Vivaldi contadas por sus protagonistas
Soldados ucranianos cuentan cómo Kiev volvió a liberar territorio de la ocupación rusa en el campo de batalla más vigilado de la historia
Alberto Rojas. Izium. el mundo. 1 Noviembre 2026
Dicen que cuando maneja su dron es una especie de ángel exterminador con cientos de bajas enemigas en su historial, pero en persona Andrií es un chaval tímido y educado, con manos de ratón de biblioteca, gafitas de maestro relojero y cara de estudiante de física cuántica. "No me saques las fotos de cintura para abajo, que no llevo el calzado reglamentario", dice, en su perfecto inglés, cuando se da cuenta de que lleva zapatillas de deporte con el uniforme. Estamos en el edificio destruido de lo que era una escuela, en una de las ciudades liberadas de los rusos ya muy cerca del Donbás.
Hemos venido para encontrarnos con varios protagonistas de la llamada Operación Vivaldi, una ofensiva que ha conseguido liberar 277 kilómetros cuadrados de territorio ocupado por las tropas de la Z. Durante meses, Kiev guardó silencio sobre los avances que hacían sus tropas en este entorno infernal, con miles de drones de varios tipos vigilando metro a metro el frente e impidiendo cualquier ruptura: el contexto más hostil de la Historia para un soldado de infantería. Aun así, Ucrania, de la mano de su Tercer Cuerpo de Ejército, uno de los mejor preparados de Kiev y dirigido por el general Biletski, trabajó en un sistema metódico de avance para minimizar pérdidas propias y empujar al enemigo hasta el río Zherebets.
Esta operación, que se produjo durante meses en silencio de radio, tiene su importancia en el actual contexto de la guerra, porque ha eliminado la pinza de avance rusa que tenía que tomar la ciudad de Limán y rodear las últimas grandes urbes que Ucrania controla en la región de Donetsk: Sloviansk y Kramatorsk. Además, esta ofensiva ha degradado a la 144ª División de Fusileros Motorizados rusa hasta dejarla inútil para el combate. Las cifras que dejó la operación son 250 soldados rusos capturados (muchos de ellos mostrados en vídeo) y otros 5.000 muertos, aunque otros hablan de 5.000 bajas en total, no de muertos. Zelenski afirmó que las pérdidas ucranianas fueron varias veces inferiores a las del ejército ocupante.
Valentin, comandante de infantería de la Brigada 66 y uno de los oficiales al mando, relata que el uso de la meteorología fue una de las claves: "Aprovechábamos los días nublados y con poca visibilidad, justo cuando los drones espía del enemigo no sirven de nada". Sin embargo, esos días, pilotos de drones como Oleksí volaban sus aparatos a ras del suelo, rastreando cada línea de árboles en la que pudieran esconderse los soldados rusos. "Antes de que nuestra infantería se pusiera en marcha, reconocíamos el terreno y buscábamos posiciones rusas ocultas. Cuando las encontrábamos, lanzábamos drones y robots terrestres sobre ellas".
Seguimos preguntando a Andrií :
—¿Estaban bien entrenados y equipados los soldados rusos en esta zona?
—Sí, lo estaban, pero el problema es que les cortamos durante meses la logística. Algunos no tenían nada que comer y nos los encontramos muy debilitados al permanecer meses en la misma posición, escondidos sin moverse.
Ucrania usó masivamente el engaño en sus estaciones de radio: los rusos creyeron que Ucrania atacaría por otra dirección, y eso les distrajo del objetivo principal, la aldea de Nove, en su flanco norte. También hubo silencio informativo y guerra electrónica: Kiev mantuvo la operación en secreto, perturbó los drones de reconocimiento rusos y su guerra electrónica, y atacó el suministro de combustible y los depósitos en la retaguardia. Además, llevó robots aerotransportados más allá de las líneas enemigas para crear el pánico, a veces con asaltos robóticos lanzados por drones bombarderos pesados a más de 10 kilómetros dentro de la retaguardia enemiga. Además, utilizaron blindados BTR-60 de forma kamikaze contra fortificaciones rusas, es decir, robots suicidas con el cascarón de viejos blindados soviéticos.
Ahora preguntamos al comandante de su infantería, que son los que deben despejar esas zonas arboladas:
—Cuando alcanzáis sus posiciones, ¿prefieren rendirse o combaten hasta el final?
—Casi todos combaten hasta el final. La propaganda rusa les ha dicho durante años que nosotros los matamos cuando están ya desarmados. En realidad nunca es así. A los prisioneros los tratamos de un modo humano.
Cuando la línea de árboles era despejada, entonces entraba la infantería, pero escoltada por drones ucranianos, encargados de derribar los aparatos rusos que aparecieran por allí. Ahí entraba también el papel de los drones bombarderos, mucho más grandes, capaces de lanzar una bomba de 40 kilos de peso sobre un refugio y convertirlo en un gran cráter. De eso se encargaba, entre otros, Pavlo, un piloto de drones pesados (o bombarderos) con barba y gafas de sol que no para de sonreír. "Este tipo que ves aquí tiene más de 100 rusos abatidos en su historial sólo en esta operación", asegura el comandante Valentin.
Pavlo asegura que hubo días en los que el dron se usó para muchas cosas: "Podías comenzar el día destruyendo una posición enemiga con una bomba de 40 kilos, luego el dron volvía, cambiabas las baterías y lo cargabas de comida, agua y munición para tu infantería. Después, ese mismo dron podía volver con el arma y las pertenencias de un soldado herido que necesitaba ser evacuado".
Los dos ejércitos casi han renunciado al uso de blindados, pero en este caso Ucrania volvió a usarlos. "En algunas misiones, y con una preparación exhaustiva, los avances con carros de combate han de hacerse con escolta de drones, para impedir que los drones enemigos actúen", comenta el comandante. "Todo estaba muy planificado, hasta el punto de que el primer día sólo tuvimos un herido en la liberación de la primera población bajo control ruso. Y ni siquiera fue de gravedad". El nombre de Vivaldi hace referencia a Las cuatro estaciones. El general Biletski respondió esta ironía cuando le preguntaron por el objetivo final. Las fuentes abiertas apuntan a que el objetivo era empujar a los rusos más allá de las orillas del río Zherebets, y que se hizo en cuatro estaciones, es decir, en cuatro fases.
¿Es posible seguir avanzando en esta situación? ¿Podéis seguir avanzando incluso en invierno, cuando caen las hojas de los árboles y se acaba la cobertura vegetal para cubrirse de los drones? "Sí, podemos seguir liberando territorio con esta misma idea. El asunto es usar el clima a nuestro favor, y las condiciones invernales quizá nos ofrezcan buenos momentos para cumplir objetivos. Quizá lo hagamos en este mismo frente o quizá cambiemos. Nosotros sólo obedecemos las órdenes y planificamos con cuidado cada paso", cuenta Valentin. El general Biletski asegura que habrá más operaciones como esta y que anunciará "buenos resultados muy pronto".
El grito desesperado de Ceuta, invadida desde hace tres meses: "Está aún peor"
Los ceutíes describen un escenario dramático. Viven con miedo, prácticamente confinados. Las calles huelen a orina y las urgencias siguen colapsadas.
Yésica Sánchez. Libertad Digital. 1 Noviembre 2026
"Recuperar la seguridad significa poder utilizar nuestros barrios con tranquilidad", señalaba el pasado 25 de octubre Yolanda. Una de las madres que han impulsado el movimiento cívico Mujeres Caballas y se plantaron en Madrid para reclamar sus derechos con una gran manifestación que superó todas las expectativas.
Ceuta sigue sin ser la que era antes de la invasión. De hecho, algunos de los ceutíes que participaron en la marcha nos aseguraron que la situación "está aún peor" desde que se desalojaron los asentamientos que los ilegales habían levantado en las playas, debido a que no hay sitio para todos en los recursos de acogida.
"Aquello se ha convertido en un CETI", nos decía una de las manifestantes. Los que quedan —se estima que alrededor de 15.000— se ocultan en los montes y duermen donde pueden. "Se cuelan en los portales", nos aseguran. "Se están quedando sin dinero" y "están robando", relataban a Libertad Digital.
¿Cuántos siguen en Ceuta?
Lo cierto es que no ha habido manera de saber cuántos quedan ni cuántos entraron realmente. El Gobierno dice que alrededor de 13.000 de los invasores que permanecieron en Ceuta tras el asalto de los días 30 y 31 de julio —que inicialmente cifró en 2.500— han regresado voluntariamente a territorio marroquí.
A los cerca de 10.000 que hay en las carpas, hay que sumarles los 3.500 menores que han sido filiados. Pero sobre todo los miles de inmigrantes que no han conseguido plaza en ninguno de los campamentos de acogida y los que han huido a los montes por miedo a ser expulsados.
El escenario que describen los ceutíes, tres meses después, es el de una ciudad en la que las mujeres pasan miedo, sus mayores viven confinados, los parques infantiles continúan okupados, las calles huelen a excrementos, los servicios de urgencias están colapsados y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, agotados.
El pulso de Marruecos
Inexplicablemente, Pedro Sánchez y sus ministros siguen sacando la cara por las autoridades marroquíes y defendiendo la excelente colaboración del Reino alauí para solucionar esta crisis. Pero la realidad es que nos enfrentamos al enésimo desafío de Marruecos.
El país vecino promovió la avalancha unas semanas antes de que se celebraran las elecciones parlamentarias de Marruecos, el pasado 23 de septiembre. Ahora sabemos que incluso envió buques de la Armada a nuestras aguas mientras se producía el asalto masivo de inmigrantes a Ceuta.
Por otra parte, lleva semanas reclamando la devolución de los menores invasores y culpando a España de que no se hayan producido las reagrupaciones familiares. Sin embargo, no ha contestado a ninguna de las solicitudes de repatriación tramitadas desde Extranjería.
Y también se ha atrevido a defender que tiene derechos históricos sobre Ceuta y Melilla en el Parlamento. Sus intenciones son las mismas desde hace décadas. Hassan II, el padre de Mohamed VI, ya dijo en 1978 a un periodista que las ciudades autónomas serían de Marruecos "tarde o temprano".
En 2021 —ya con Pedro Sánchez en el Gobierno— Marruecos envió a 10.000 inmigrantes a tomar las calles de Ceuta. La crisis se resolvió en unos días, devolviendo a los ilegales. El pasado mes de julio, la cifra de invasores se multiplicó por diez y la solución sigue sin llegar. ¿Qué pasará la próxima vez?
Los españoles se merecen un gobierno que no les mate
Jesús Cacho. Vozpópuli. 1 Noviembre 2026
Once de marzo de 2004. España sufre el mayor atentado terrorista de su historia. 192 personas mueren vilmente asesinadas y varios cientos resultan gravemente heridas. Una operación con el tufo a servicios secretos europeos y mano de obra marroquí. En la jornada de reflexión previa a las generales del 14 de marzo, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), junto con la izquierda comunista, se lanza a la yugular de un tan soberbio como desbordado José María Aznar cercando las sedes del PP y provocando graves algaradas callejeras. El líder y portavoz entonces del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, un tipo al que algunos han subido a los altares por pura y simple comparación con el detritus humano que ese partido ha expelido después, pronunció el 13M aquella frase según la cual “los españoles se merecen un Gobierno que no les mienta”. La politización de la tragedia cumplió plenamente su objetivo: llevar a la presidencia del Gobierno a un tonto de baba que no hubiera pasado de jefe de negociado en una oficina bancaria de provincias, un miserable que se creyó ungido y urgido por la misión de lanzar al arroyo el más luminoso gesto de concordia que ha conocido la historia de España, el abrazo que tras la Guerra Civil se dieron vencedores y vencidos concretado en la Constitución del 78, una siniestra tarea que muy probablemente era lo que perseguían los autores intelectuales de la masacre. Tras el PSOE de Felipe González, a la palestra española volvió en 2004 el peor PSOE de siempre, el de la revolución de Asturias del 34 y el del comunista Largo Caballero en el 36. El socialismo regresó al poder con 192 muertos, y 22 años después se despide del poder con 115. Los españoles se merecen un Gobierno que no les mate.
Ahora, el epígono de Largo Caballero que nos preside pide que no se politice la tragedia ferroviaria de Urda. Sea. Lo que resulta imposible de despolitizar son sus ocho años de desgobierno, su voluntad de dañar la convivencia construyendo un muro capaz de dividir a los españoles en buenos y malos, su radical desprecio por las más elementales normas de la democracia, su decidida apuesta por la destrucción del orden constitucional para llevarnos a esa Confederación de Repúblicas Socialistas Ibéricas con lo peor que ha producido este país, y, en fin, su sectarismo y su abismal incompetencia, una incompetencia que le ha llevado a hacer a los españoles más pobres y a convertir una de las redes ferroviarias mejores del mundo en un desastre al que los ciudadanos intentan dar la espalda ante el riesgo cierto que supone poner pie en un tren de alta velocidad. Un tipo que se compró la presidencia del Gobierno pagando los 7 votos de Junts con la amnistía a los golpistas catalanes, que ha envilecido las instituciones, y que se ha corrompido hasta el tuétano, porque hoy nadie puede albergar duda, más allá del ejército de estómagos agradecidos que medran en su derredor, que desde junio de 2018 hemos estado gobernados por una mafia, una organización criminal con vocación de permanencia en el poder dispuesta a hacerse inmensamente rica, una corrupción que hoy cerca al capo di tutti capi y con la que diariamente se mete en la cama.
Un tipo cuya norma moral está seguramente a la altura del derecho de admisión de las saunas gais con las que su suegro financió su carrera política. España se ha convertido en un Estado fallido. Nada funciona. Ni la sanidad, ni la educación, ni los transportes, ni las infraestructuras, ni la Guardia Civil (dirigida por paniaguados), ni el Ejército (descabezado y desmotivado). Un Gobierno de ineptos que diariamente luce con desparpajo su total incapacidad para gestionar la nevera de su casa. Su gran éxito, su siniestro éxito, ha consistido en poblar las instituciones de amigos y conmilitones, fieles gregarios dispuestos a seguir sus órdenes con fidelidad perruna. Todo lo ha ocupado con su ejército de fieles sirvientes: los organismos de regulación y control (CNMV, CNMC), el Tribunal de Cuentas, el Banco de España, el Constitucional… nada ha quedado fuera de su control. Todo lo ha fundido mediante una política de nombramientos que ha privilegiado a personajes de una clamorosa mediocridad, eliminando a técnicos y expertos y expulsando cualquier muestra de talento. Al frente de Renfe está Álvaro Fernández Heredia, un hombre a una nariz pegado, la de Óscar Puente. El citado dirigía la empresa municipal de autobuses de Valladolid cuando Puente se desempeñaba como regidor en la capital castellana. Ya ministro, lo nombró secretario general de Movilidad Sostenible en 2024, y en enero de 2025 lo colocó en la presidencia de Renfe, sin la menor idea de un sector crítico como el ferroviario. Las consecuencias de esta irresponsable purga están a la vista, yacen estos días en los cementerios: 115 muertos en dos tragedias ferroviarias en un solo año. “Es la concepción del poder que permitió la contratación de prostitutas en empresas públicas sencillamente porque todo valía”, decía el editorial que este diario publicó el pasado jueves.
No había dinero para invertir en el mantenimiento de infraestructuras críticas pero sí lo había para disparar el gasto corriente con el que alimentar el voto cautivo. Jamás Gobierno alguno en la historia de la democracia ha dispuesto de tanto dinero, de tantos recursos para haber convertido España en el mejor y más seguro país de la Unión, digno émulo de ese Japón que en 62 años no ha registrado un solo accidente en su muy cualificada red de alta velocidad. “Yo quiero saber adónde han ido a parar los miles de millones que nos entregó la UE para arreglar la red ferroviaria”, escribía estos días Juan Manuel Jiménez en la red social X. “Y quiero saber a cuántas prostitutas, amigas de Ábalos, ha enchufado el PSOE en Renfe y Adif. Y quiero saber a cuántas Miss Asturias ha colocado. Y quiero saber qué consecuencias se han sacado del accidente de Adamuz. Y quiero saber por qué Puente dedica más tiempo a tuitear en redes sociales que a arreglar los trenes…” Adif ha recibido 2.909 millones de los fondos Next Generation y Adif Alta Velocidad otros 2.898: 5.807 millones en total. Con ese respaldo, el Ejecutivo invirtió en 2025 apenas 435 millones al mantenimiento de la red de alta velocidad más extensa de Europa. Ese mismo año, España destinó más de 4.550 millones a ayuda oficial al desarrollo, un 13 % más que en 2024. El corolario es trágico: Sánchez dedica diez veces más dinero a “ayuda al desarrollo” que a conservar las vías por las que circulan a diario cientos de miles de españoles.
Cada martes, los Consejos de Ministros regalan cientos de millones, a veces miles de millones, a una variopinta lista de ONGs del más variado pelaje, todas con “perspectiva de género”, ayudas cuya trazabilidad resulta materialmente imposible seguir, que despiden un tufo insoportable a evasión de capitales, a robo a mano armada. Los españoles mueren en Adamuz y Urda mientras ellos se hacen ricos. El panorama de nuestra red de AV es dantesco. El 1 de febrero de este año escribí aquí que : «En abril de 2007, el ingeniero Manuel Melis, catedrático de Geotecnia en la ETS Caminos de La Coruña y de Ferrocarriles en la ETS Caminos de Madrid, toda una autoridad en ingeniería de proyectos, escribió un largo artículo en la Revista de Obras Públicas en el que diseccionaba la línea de AV Madrid-Barcelona. “Para que los trenes puedan circular a su Alta Velocidad de 350 km/h (y superior en los próximos años) no puede utilizarse la vía en balasto por los problemas del vuelo del balasto o schotterflug y el asiento de la traviesa. Debe utilizarse vía en placa, como el propio Ministerio ha reconocido”. El trabajo aludía in extenso a “los descensos y movimientos de los terraplenes y rellenos que llevan a una vía de muy mala calidad, lo que ha dado como resultado que el movimiento de los trenes en esa vía es hoy, a los 3 años de puesta en servicio, mucho mayor que el de la vía de Sevilla con 15 años de funcionamiento”». De modo que no es que Núñez Feijóo tenga razón cuando pide una auditoría integral de la red de AV española, es que habría que cerrar la línea Madrid-Barcelona para cambiar a vía en placa la actual de balasto y reforzar terraplenes, entre otras cosas, porque los españoles que la utilizan, entre ellos mis dos hijas semanalmente, se están jugando literalmente la vida.
Este país no puede seguir soportando un día más la presencia en el Gobierno de esta mafia liberticida y ladrona. Los derechos individuales a la seguridad (la vida), la libertad y la propiedad, el corazón mismo del sistema del Rule of Law desde Locke a esta parte, están hoy más en peligro que nunca en España. El 29 de noviembre hay que enviarles al paro y sentarles después en el banquillo. Y mantener los ojos bien abiertos hasta la noche de ese 29N, porque este bandolero no ha dicho su última palabra. Envalentonado por el éxito de otro corrupto de similar porte como Lula da Silva en Brasil, el sujeto había puesto en marcha una campaña electoral frívola, musiquita, bailecitos en el estrado con la camisetita roja ajustadita, todo muy guay, muy banal, muy estilo Lula, para hacer olvidar en el último suspiro los crímenes por él cometidos contra la nación de ciudadanos libres e iguales. No es ocioso recordar que esto no está ganado, y que si este tirano vocacional llegara a poder formar Gobierno otra vez, podríamos ir despidiéndonos de nuestras libertades. Brasil se parece cada día más a la Venezuela chavista (alguien ha dicho que Venezuela no es lo que pasa cuando el socialismo fracasa, sino cuando triunfa), con la oposición en la cárcel o en el exilio. Francia camina hacia el enfrentamiento civil tras la alianza entre la izquierda comunista de Mélenchon y el islamismo, y España estaría condenada al mismo trágico destino en caso de que el malhechor lograra repetir Gobierno. El 29 de noviembre los ciudadanos tienen la oportunidad de manifestar en las urnas lo que piensan de tanta iniquidad. Porque no es que los españoles se merezcan un Gobierno que no les mienta, es que se merecen un Gobierno que no les mate.
España no es un Estado fallido pero lo parece: la degradación no tiene fondo
Tras la invasión de Ceuta y el drama de Urda, el Estado ha tocado fondo. Los pilares del bienestar se tambalean, con la vivienda y las infraestructuras a la cabeza. La falta de inversión también mata
Juan T. Delgado. Vozpópuli. 1 Noviembre 2026
“Creo que los españoles no debemos aceptar este horror. Al menos a mí, se me ha acabado la paciencia”, confesaba el vicepresidente primero de CEOE y líder de CEIM, Miguel Garrido, a primera hora de este miércoles, sin saber aún que una amiga viajaba en el Iryo 6076, camino de Sevilla. No tardó en extenderse el pánico en la patronal: Fátima Báñez, presidenta de la Fundación CEOE, no daba señales de vida. La ex ministra de Trabajo la había perdido, junto a 68 personas más, cuando un AVE embistió brutalmente su Iryo. La tragedia se habría evitado si el sistema de señalización hubiera funcionado como debía. La falta de inversión no sólo empeora la vida de los ciudadanos: también los mata.
El apagón de abril de 2025 y la tragedia de Adamuz el pasado enero constataron el colapso de las infraestructuras clave. La invasión de Ceuta en julio y el drama de Urda esta semana confirman que España ha dado un paso más en su regresión y arroja una imagen que se asemeja demasiado a un Estado fallido. “España es un país moderno y no es aceptable que sus servicios esenciales se deterioren hasta el extremo de poner en peligro la vida de sus ciudadanos”, advertía este jueves en un comunicado el Instituto de la Empresa Familiar (IEF). Es una organización poco dada a la exposición pública, al igual que algunos de sus ‘patrones’. El presidente de Mercadona, Juan Roig, es uno de ellos: sólo comparece una vez cada primavera y en los últimos tres años se ha visto obligado a explicar por qué es bueno para la sociedad que una empresa genere beneficios.
Hasta tal punto se ha llegado en un país cuyo Gobierno ha criminalizado a los empresarios, endosándoles una ‘cuña fiscal’ (impuestos más cotizaciones) superior al 41%, muy superior a la media de las 38 economías de la OCDE. Por cada 100 euros que cuesta un trabajador, 41,4 euros van a parar a las arcas de Hacienda y la Seguridad Social. Paralelamente, la coalición ha ido sacando tajada del bolsillo de millones de trabajadores de clase media. Al acabar 2025, la Agencia Tributaria estaba recaudando 116.000 millones más que en 2018, primer año de la ‘era Sánchez’. La bolsa de Hacienda ha seguido engordando en 2026, por la decisión de no deflactar el IRPF, para ajustarlo a una inflación galopante.
El Gobierno ha tenido dinero al alcance, más que ningún otro, gracias al manantial que ha proporcionado desde 2021 por la UE. España ha recibido más de 78.000 millones de euros a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Y quedan otros 25.000 millones pendientes de ingreso. Por eso, llama poderosamente la atención que el deterioro haya invadido todas las infraestructuras esenciales. “Tras el ajuste registrado durante la crisis financiera, la inversión en infraestructuras se ha mantenido, en la última década, en niveles reducidos. Incluso durante los años de recuperación económica, el esfuerzo inversor no experimenta una recuperación significativa”, señala en un informe reciente el Instituto de Estudios Económicos (IEE). Al contrario, “el ‘stock’ de capital en infraestructuras ha mostrado un crecimiento limitado, e incluso estancamiento y decrecimiento en determinados periodos”.
Nadie conoce mejor las carencias de las infraestructuras que la patronal SEOPAN. Según sus estimaciones, requieren una inversión anual de 11.300 millones. Más de 3.100 millones deberían destinarse urgentemente a la red ferroviaria y otros casi 2.000 millones a la de carreteras, que cuentan con 54.000 kilómetros en mal estado. Hay grietas, baches y socavones en el 55% de la red viaria.
Hay otras infraestructuras muy necesitadas. Por ejemplo, las del agua requieren una inyección anual de 4.452 millones. Al igual que en el tren, hay una relación directa entre la falta de inversión en mantenimiento y los daños personales. España no ha logrado recortar el número de víctimas mortales en la carretera, pese a la modernización del parque automovilístico (la cifra de fallecidos está estancada en torno a los 1.700 anuales). También hay expertos que aseguran que el número de víctimas que dejó la DANA, hace justo dos años, habría sido inferior si se hubieran acometido previamente las obras necesarias.
El desastre de la inversión no puede entenderse sin el caos presupuestario. “Este Gobierno se ha gastado más de un billón de euros sin autorización”, denunciaba recientemente Alberto Núñez Feijóo en un congreso empresarial. La coalición ha gobernado a golpe de modificaciones presupuestarias. Un botón de muestra: en el primer semestre de este año, había ampliado créditos valorados en 44.682 millones. En el mismo periodo de 2023, cuando el país ‘funcionó’ por última vez con Presupuestos, sólo se habilitaron 11.790 millones en créditos, cuatro veces menos.
Pedro Sánchez ha intentado acostumbrar a los españoles a considerar normal lo que no era. Que España lleve más de 1.000 días sin unas nuevas cuentas del Estado no lo es. Tampoco que los trenes de alta velocidad vibren, como si soportaran las turbulencias de un avión. Ni que los sindicatos convoquen una huelga general sin una excusa laboral y contra la oposición. O que miles de inmigrantes se cuelen en Ceuta con el beneplácito marroquí y el Gobierno no llame inmediatamente a consultas a la embajadora.
Colapso estructural al más alto nivel
“La gestión política y estratégica del Gobierno de España ante la ofensiva sufrida en Ceuta y sus secuelas ha dejado al descubierto un colapso estructural en la toma de decisiones al más alto nivel”, señala en un informe sobre la ciudad autónoma el ‘think tank’ Freemarket. Y añade: “Lejos de actuar con la contundencia, la soberanía y la firmeza que exige la protección del territorio nacional, la respuesta del Ejecutivo se ha caracterizado por una combinación de parálisis política, improvisación táctica y sumisión diplomática, que erosiona la imagen de España como Estado soberano capaz de defender sus fronteras”.
La crisis de Ceuta alienta la imagen de que el Estado no funciona y, lo peor, de que no se hace Justicia. Un informe publicado este viernes por el Instituto Juan de Mariana pone cifras al colapso judicial. A finales de 2018, había 2,6 millones de asuntos en trámite en los juzgados y tribunales españoles. Al concluir el tercer trimestre de 2025 (últimos datos disponibles), la cifra ascendía a 4,6 millones, un 80% más. El informe aporta otro dato, que sale de la estadística del Consejo de Europa: un asunto civil o mercantil tardaba en 2024 una media de 423 días en resolverse en primera instancia en España, frente a una mediana europea de 245 días.
Las cifras son sólo una parte de la crisis que aguanta la Justicia. La politización y el acoso -que se lo digan a la jueza Beatriz Biedma, que instruyó la causa de David Sánchez- han elevado la presión hasta niveles insostenibles. La intromisión en otros organismos independientes ha sido la tónica reinante en el último tramo de la legislatura. El ejemplo más simbólico es la designación de un ministro en activo (José Luis Escrivá) como gobernador del Banco de España.
Las consecuencias de la decadencia estatal las pagan los ciudadanos en muchos ámbitos del día a día. Y la factura será mucho mayor para las futuras generaciones. No se ha priorizado la inversión en vivienda, ni se ha fomentado el ansiado pacto de Estado en educación, vital para afrontar un futuro laboral muy incierto, por el impacto de la inteligencia artificial.
De la crisis de educación a la de vivienda
Los datos del informe PISA son elocuentes. La última edición, publicada en septiembre, arroja pésimos resultados para España. Los alumnos caen por debajo de la media de la OCDE en tres asignaturas competencias básicas (matemáticas, lectura y ciencias). Y luego está el drama de la vivienda, el asunto número uno en la lista de preocupaciones de los españoles; sobre todo, para los más jóvenes.
La carestía del mercado (tanto la venta como el alquiler) se ha convertido en un factor impulsor de la pobreza en España. Según Fedea, en 2025, la tasa de pobreza convencional se situaba en el 19,5% de la población. Sin embargo, aumentaba hasta el 23,5% cuando se descuenta de la renta el coste de acceso a la vivienda. “La vivienda no solo hace que más personas crucen el umbral, sino que agrava la situación económica de muchas de quienes ya se encontraban por debajo de él”, señala el ‘think tank’ en un estudio difundido el mes pasado.
Como suele recordar el economista y ex ministro socialista Jordi Sevilla, el ascensor social ha dejado de funcionar. “El hijo del pobre tiene ahora más probabilidades de ser pobre que hace unas décadas”, escribía recientemente en Cinco Días'. De hecho, la OCDE sitúa a nuestro país entre los que ofrecen menos igualdad de oportunidades. En su libro ‘La España herida’, el ex titular de Administraciones Públicas daba una clave: “Son cada vez menos los políticos que quieren resolver los problemas de la gente, mientras que aumenta el número de políticos que viven del conflicto”.
La ausencia de soluciones no sólo mantiene los problemas, sino que los intensifica. El desfase entre las viviendas existentes y las necesarias asciende a 750.000. Esa brecha llegará al millón en 2028, según las proyecciones del Banco de España. También engordará el gasto de las pensiones, que supondrá un 16% del PIB en apenas un par de décadas, frente al 13% actual. Y crecerá más aún la factura de los intereses de la deuda. Un 50%, nada menos, según Funcas. Cruzará la barrera de los 60.000 millones en 2030.
El endeudamiento creciente, en un entorno geopolítico que impide bajar los tipos de interés, complica aún más la misión de renovar las infraestructuras y devolverle el brillo perdido al Estado. Los principales centros de estudios económicos y las cúpulas empresariales tienen identificados los fallos del sistema, pero también las soluciones. Por eso, España necesita con urgencia que emerja un verdadero líder político, con agallas -como afirma Sevilla- para “resolver los problemas de la gente”.
El derrumbe de una nación
Carlos Marín-Blázquez. gaceta. 1 Noviembre 2026
Antes de que un país se caiga a pedazos, ha habido una labor previa. Un arduo trabajo de demolición, intenso, concienzudo. Un proceso de inversión jerárquica que ha permitido a los peores hacerse con los mandos del sistema. La consolidación de un clima adecuado para el fermento de los ególatras, los narcisistas, los psicópatas, los degenerados. La apoteosis de un régimen tan sumamente cuarteado en sus pilares que ha permitido que por entre sus grietas se cuele a diario un frío calamitoso de impunidad, una letal gelidez asesina.
Así se gesta el derrumbe de una nación. Poco a poco, sin grandes convulsiones, sin alterar apenas el pulso cotidiano. Con perseverancia, desde luego, insistiendo en una misma dirección, día tras día, año tras año, un trabajo de pico y pala, hasta que el despropósito y la negligencia se vuelven sustancia vital, alimento del que se nutre la mentalidad colectiva.
Funcionan los sistemas de sedación en masa: un poco de pan, ingentes cantidades de circo. Niños que van al colegio y no aprenden ni lo básico, durante décadas. Una generación condenada a cumplir la treintena bajo el techo de sus padres. Arrasamiento del tejido industrial y abandono del sector primario. Colapso de los servicios públicos. Un proyecto delirante de ingeniería demográfica encaminado a disolver el principio de identidad y fragmentar la sociedad hasta extremos aún inimaginables. En lugar de empleos estables y salarios dignos, una red de subsidios que, bajo la falacia nominativa de «Escudo social», desincentiva la búsqueda de trabajo y genera una masa de desclasados cautivos del poder al que le deben su supervivencia.
Pero no sucede nada. La vida sigue. Un poco más precaria cada día, eso sí. El horizonte de nuestras expectativas se encoge. Se aprende a vivir con menos. «Qué se le va a hacer. Los políticos, ya se sabe. Todo está podrido», es la reacción más común mientras los síntomas del deterioro se suceden. En los rostros se insinúa un leve rictus de desaprobación, desde luego. Pero, a la vez, la conciencia individual aprende a sepultarse bajo un caparazón de conformismo. Hay que apañarse con lo que hay.
Entretanto, el objetivo del gobierno no es exactamente de naturaleza política. Trasciende cualquier fenómeno que hayamos conocido hasta la fecha. En pocas palabas, aspira a distorsionar la percepción que tiene de la realidad una porción significativa del electorado. Se pretende que lo excepcional se convierta en norma, que la iniquidad y el horror, la ineptitud y el nepotismo sean una costumbre que incorporemos a nuestras vidas con la naturalidad del que se habitúa a respirar un aire viciado.
Alrededor de ese propósito estratégico orbita la acción del gobierno. Parasitar las instituciones, asfixiar impositivamente a la clase media (no hay tiranía sin extracción de recursos), intoxicar las mentes mediante una maquinaria propagandística manejada por una caterva de estómagos bien cebados, todo eso apunta a un doble fin: por una parte, trazar una línea de férrea demarcación emocional entre buenos y malos, adeptos y disidentes, que destruye la convivencia; por otra, sumergirnos en la pura simulación, degradarnos a súbditos y partícipes de su imperio de la mentira y, de ese modo, envilecernos hasta un punto en que ya no nos sintamos revestidos de la suficiente fuerza moral como para denunciar la ignominia.
Esta corrosión de los principios de decencia básica sobre los que se sostiene una sociedad rinde sus frutos, no hay duda. La oligarquía corrupta que nos gobierna, a la vez que somete a la nación a un desguace implacable, a un obsceno expolio de malversaciones, exhibe un vistoso trampantojo tras el que se oculta un panorama de ruinas. Pero llega un momento en que los velos caen. Aflora la inmensa perversión del régimen, las entrañas hediondas de quienes manejan sus resortes. Desde el engaño de la tesis plagiada hasta el paisaje de hierros retorcidos y vidas segadas en Urda, pasando por la criminal ausencia de respuesta inmediata en las inundaciones de Valencia, el gran apagón, Adamuz o Ceuta, hay una línea de puntos que, al unirlos, componen un esbozo que, nos guste o no, es lo que hay, y porque es lo que hay, en algún momento habrá que empezar a reconstruirlo. Es, en definitiva, el dibujo estremecedor, apenas creíble hace no tantos años, de una nación derruida.
Despojar a la izquierda de su falsa superioridad moral
Juan Manuel Blanco. Vozpópuli. 1 Noviembre 2026
Una de las falacias más extendidas en estos tiempos es la creencia de que la protección de los débiles es patrimonio moral de la izquierda. Esta confusión ha otorgado bula a los izquierdistas para cometer innumerables abusos y tropelías sin sufrir apenas reproche de la opinión pública. Pueden ejercer la violencia, entregarse a la corrupción, despedazar el estado de derecho o arruinar las infraestructuras de un país, pero siempre obtienen disculpa porque son “los buenos”. El bulo se encuentra tan arraigado, que incluso la derecha mayoritaria lo interiorizó, cayendo en una subordinación moral a los dictados “progres”. Aún hoy se muestra acomplejada y timorata al enfrentarse a un Pedro Sánchez que ha triturado las instituciones, vulnerado las leyes y utilizado el Estado como finca privada.
El centro derecha llegó a creer que sus principios liberales eran demasiado fríos, asépticos y carentes de carga moral. Por ello capituló ante la avalancha de moralina progresista, cediendo gratuitamente el liderazgo moral. Olvidaron que sus propios principios, esos que inspiran la democracia constitucional, son los que realmente defienden al desfavorecido, no la bazofia moral de la izquierda. Este olvido ha dejado a Occidente postrado y a España al borde del abismo.
El liberalismo clásico fue formulado originalmente con un fuerte contenido moral, como principios dirigidos a defender al débil frente al poderoso. Con el tiempo, el discurso fue descuidando esta dimensión, enfocándose en otros aspectos que, aun revistiendo gran importancia, no conmueven al público. Urge, por ello, recuperar ese contenido moral en esta encrucijada electoral sin precedentes, donde nos jugamos todo. La gente debe saber que, de forma discreta y sin exhibicionismos, el universalismo moral liberal, con sus principios y reglas estables, protege al humilde mucho más que ese particularismo izquierdista, teatral, presuntuoso y emocional, pero repleto de favoritismos, incoherencias, discriminaciones y privilegios a los cercanos.
Cuéntame un cuento
El discurso moral izquierdista posee la consistencia de un rascacielos de cartón. Los “progres” transforman problemas sociales complejos en emotivos cuentos de buenos y malos, donde ellos representan el papel de ese héroe siempre dispuesto a hacer justicia, pero sin llegar nunca a hacerla. Solo crean nuevos problemas, los dejan crecer, no resuelven nada, dilapidan el dinero del contribuyente y finalmente exigen la adhesión del público por sus “buenas intenciones”.
Los izquierdistas desprecian los derechos universales; en su lenguaje “derecho” significa “privilegio”. Buscando rentabilidad electoral, identifican colectivos “oprimidos” y reclaman para ellos un estatuto jurídico o moral distinto. En ese instante, la condición de víctima deja de ser temporal y se convierte en una identidad permanente, que otorga para siempre derechos exclusivos, menos exigencias, nula responsabilidad o mayor credibilidad. Y lo que podía ser un problema resoluble se enquista, exigiendo cada vez mayor dotación presupuestaria, un inmenso mar donde los dirigentes “progresistas” pescan cargos, prebendas y canonjías. A este círculo vicioso lo denominan “avanzar”.
El resultado final no puede ser más injusto: las ventajas se otorgan a los colectivos que poseen más capacidad para difundir sus mensajes, ejercer presión y proyectar influencia sobre el gobierno. Los más menesterosos suelen ser peor tratados porque no tienen recursos para hacerse oír. La izquierda no favorece a quien más lo necesita, sino a los activistas que más chillan, berrean y patalean… a su favor.
Sembrando discordia y sedición
En contra de lo que pregonan, los izquierdistas no protegen a los trabajadores. Sánchez está crucificando a impuestos a los asalariados humildes con su decisión de no deflactar los tramos del IRPF, recortando así el poder adquisitivo de muchas familias. Y el dinero que sustrae a quienes ganan el pan con su esfuerzo no lo utiliza para mantener adecuadamente las infraestructuras; lo usa para comprar votos, concediendo más y más paguitas. Cicerón señaló que “quienes favorecen a un sector de los ciudadanos mientras descuidan a otro, están introduciendo en el Estado algo sumamente devastador: la discordia y la sedición”.
En efecto, lo más destructivo del discurso izquierdista es el odio irracional que siembra entre sus irreflexivas masas. Porque no solo señala víctimas, también apunta a los correspondientes malvados, esos supuestos causantes del sufrimiento de la humanidad: capitalistas, especuladores, liberales, derechistas, Occidente o, para englobar a todos ellos: “los fascistas”. Incuban así un rencor desmedido, una dinámica tribal que a veces desemboca en una monstruosa sed de venganza por imaginadas afrentas. Los abducidos prosélitos tienden a justificar la violencia contra los “malos” y amenazan con caos y destrucción en las calles si la derecha gana las elecciones. Estos dogmas izquierdistas potencian y destapan la parte más siniestra, envidiosa y vengativa del alma humana, allanando el camino al totalitarismo.
Premiar a unos; azotar a otros
El gobierno de Sánchez, y la turbamulta que lo apoya, redujo el complejo problema de la vivienda a un cuento infantil de inquilinos buenos y arrendadores malos. Solución: premiar a unos y azotar a los otros, sin reparar en que esas medidas son tan eficaces como un tiro en el propio pie. Cuando alguno de los progresistas logra madurar y liberarse de los dogmas, queda deslumbrado por la riqueza y variedad de matices que ofrece la realidad. Hay inquilinos que sufren, pero también otros que abusan y no pagan. Muchos son honrados; otro no. Y ocurre lo mismo con los arrendadores. Incluso, para urticaria de alborotadores, hay “especuladores” entre los dirigentes socialistas.
En su extremada simpleza, los sectarios progres no pueden comprender que el bien y el mal se encuentran entremezclados en cualquier grupo, incluso coexisten en el alma de todo ser humano. Están convencidos de que una proverbial bondad caracteriza a todos los inmigrantes de origen no europeo (el “buen salvaje”) sin entender que en esos colectivos hay personas de muy diversa condición moral.
Los problemas sociales no pueden abordarse imponiendo injustas discriminaciones sino estableciendo reglas del juego claras, justas y estables. Los criterios objetivos garantizan que la ayuda a una persona no se conceda porque tenga influencia, simpatice con el partido, atraiga publicidad o arrastre votos para el gobierno, sino porque ese individuo realmente lo necesita. Este es el fundamento del universalismo liberal.
Como caballo de Atila
Los principios universalistas liberales seducen poco a las masas porque se presentan desvestidos de cualquier rasgo que emocione o entusiasme. Así, la igualdad ante la ley, la seguridad jurídica, la imparcialidad de los jueces, la neutralidad de la administración o los límites al ejercicio del poder parecen meras reglas de organización institucional. Por ello, cuando se socavan, vulneran o abandonan, no saltan alarmas ni surgen fuertes protestas. Pero es un error porque su desaparición implica la quiebra de un marco moral dirigido a proteger al ciudadano de a pie. Montesquieu consideraba que la separación de poderes y los límites al gobierno son condiciones necesarias para vivir sin miedo, para impedir que la suerte de una persona común dependa enteramente del capricho de los poderosos.
Los principios universalistas garantizan que nadie necesite riqueza, contactos, posición social o adhesión al gobierno para que su vida, su libertad y sus derechos sean respetados. Otorgan a toda persona la capacidad de exigir un trato justo en lugar de verse obligada a mendigar el favor de los poderosos. Estos principios protegen formalmente a todos por igual, pero en la práctica resultan mucho más imprescindibles para los humildes. El rico puede contratar buenos abogados, conseguir contactos con el gobierno, negociar excepciones o esperar largos años una sentencia judicial. Pero el ciudadano sin recursos depende crucialmente de que la norma sea clara, el funcionario imparcial y la resolución llegue a tiempo. Cuando estas garantías del sistema constitucional liberal son devastadas (como ha hecho Pedro Sánchez, tras pasar sobre ellas como el caballo de Atila), regresa la arbitrariedad. Los derechos permanecen sobre el papel, pero su ejercicio vuelve a depender, como en épocas premodernas, de la riqueza, la posición social, la orientación política, la capacidad de influencia y, sobre todo, de la cercanía al gobierno.
La actual permisividad ante la ocupación ilegal de viviendas no perjudica especialmente a los ricos, que poseen recursos para desocuparla, disponen seguramente de otras viviendas y pueden esperar años a que el pleito se sustancie. Esta quiebra del marco legal golpea sobre todo a los humildes, a los que dependen de una renta para completar sus escasos ingresos y no poseen medios para recuperar su vivienda.
No existe “Neverland”
El concepto de “pensamiento izquierdista” es un oxímoron, una combinación de dos términos contradictorios. Los socialistas no usan el razonamiento sino la emoción, un canto de sirenas que susurra al incauto: “vótanos y te sentirás bondadoso”. Su éxito consistió en tomar muy bien la medida a los estúpidos, esos que, aun siendo inteligentes y cultos, tienen dificultades para gobernar sus emociones y sienten gran aversión a aceptar la incomodidad de ciertas verdades. Estos individuos pueden comprender que Sánchez ha destrozado las instituciones, saqueado el presupuesto, actuado como un capo mafioso, planeado un fraude electoral o puesto el gobierno español al servicio de Marruecos, pero siguen emocionalmente aferrados a él. Saben que el personaje es letal para la democracia, pero su corazoncito sufriría al votar por los que siempre creyó que eran “los malos”.
Alguien debe explicar a estos sujetos que “Neverland” nunca existió, que Peter Pan ya es adulto y que estos socialistas jamás se preocuparon por el pueblo, ni por los desvalidos, ni por el progreso; solo por su propio lujo y confort. El mejor obsequio que pueden recibir estas almas melindrosas es un billete de regreso a la realidad. Porque vivir cautivado por la mentira es todo lo contrario a la dignidad.
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Destrucción y pillaje, el legado de ETA
Carlos de Urquijo. El Debate. 1 Noviembre 2026
En apenas un mes se han producido en el País Vasco dos hechos muy preocupantes. El primero, el 17 de octubre, cuando la Ertzaintza detuvo a dos militantes de Jardun –coordinadora que continúa considerando válido el uso de la violencia para lograr un Estado vasco independiente y socialista–. En la detención de estos dos individuos les fue incautada información sobre objetivos policiales, planos de antiguos zulos de ETA y teléfonos encriptados. Las evidencias eran tan concluyentes que, cuatro días después, el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña decretaba su ingreso en prisión sin fianza por delitos terroristas.
El segundo ha tenido lugar en Bilbao el día 26. Con la excusa de un acto convocado por un «activista político» considerado de derechas, varios centenares de jóvenes convirtieron las calles de la capital vizcaína en un campo de batalla. El balance, media docena de coches incendiados, comercios asaltados, transeúntes agredidos y policías atacados. Durante unas horas, Bilbao fue un caos en el que estos salvajes camparon a sus anchas, atemorizando a la población y profiriendo gritos a favor de la banda terrorista ETA. Pese a que la Ertzaintza detuvo finalmente a 17 personas, la sensación generalizada es que, de haber actuado antes, el impacto de estas algaradas habría sido mucho menor.
El día 27, el alcalde de Bilbao pretendió aprobar una declaración institucional de condena que no pudo salir adelante al negarse a firmarla EH Bildu. El «problema» del texto para la coalición es que en el mismo se condenaban los gritos de apoyo a la banda terrorista ETA. Hasta aquí los hechos tal cual se han desarrollado y a partir de ahora mi opinión sobre los mismos.
La detención de los dos militantes de Jardun y el despliegue de vandalismo y pillaje en Bilbao aportan una singularidad al País Vasco distinta a la violencia sufrida en Barcelona o La Coruña. La singularidad es que en nuestro caso seguimos padeciendo las consecuencias del legado de más de cuarenta años de terrorismo. No solo de la violencia directa con su reguero de muerte y destrucción, sino de la cultura política que durante toda esa etapa animó, justificó o disculpó el empleo de la violencia para la consecución de objetivos políticos. La negativa de EH Bildu a firmar la condena de las algaradas es una prueba evidente de lo que afirmo.
La gravedad de estos hechos debiera ser una seria llamada de atención para todos los vascos, pero especialmente para nuestras autoridades que, además de condenar, tienen la obligación de actuar para corregir estas situaciones. No pueden ser meros espectadores; se espera de ellos que adopten las medidas necesarias para corregir esta deriva antes de que sea tarde. Medidas que deben adoptarse en primer lugar en el ámbito educativo, pero también en el de la seguridad ciudadana y, sin duda, también en el ámbito político, excluyendo de cualquier acuerdo a quienes todavía hoy siguen disculpando el recurso a la violencia para hacer política.
Mientras el Gobierno vasco no se tome en serio abordar estas medidas, volveremos a ver nuevas detenciones de presuntos terroristas y padeceremos de nuevo jornadas de terrorismo callejero como la que acabamos de vivir. Quisiera equivocarme, pero mucho me temo que, como tantas otras veces, horas después de estos acontecimientos, el enfado y la preocupación de nuestros políticos desaparecerán y todo volverá a esta curiosa «normalidad» con la que nos han acostumbrado a vivir aquí.
Carlos de Urquijo fue delegado del Gobierno en el País Vasco
Los contactos se remontan a 2025
Los nuevos etarras de Jardun mantienen una alianza con el FPLP, organización terrorista vinculada a Hamás, que participó en los ataques del 7 de octubre
LGI. gaceta. 1 Noviembre 2026
La organización separatista vasca Jardun mantiene un acuerdo de cooperación con el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), una organización incluida en la lista de grupos terroristas de la Unión Europea desde 2002 y cuyo brazo armado participó junto a Hamás en los ataques del 7 de octubre de 2023, según documentó Human Rights Watch.
Según avanza este domingo El Español, la existencia del pacto quedó acreditada por la propia coordinadora antisistema, que publicó el 27 de septiembre de 2025, coincidiendo con el Gudari Eguna, una carta firmada por Yamil Mazhar, vicesecretario general del FPLP. Dos días después, el portal La Haine difundió una versión en castellano de la misiva.
El documento reconoce expresamente una alianza para intercambiar «experiencias de lucha» y coordinar acciones, además de desarrollar campañas políticas, culturales y mediáticas. Mazhar manifiesta su disposición a extender la colaboración a los ámbitos juvenil e internacional y a impulsar iniciativas conjuntas contra lo que ambas organizaciones denominan imperialismo y sionismo.
El dirigente palestino asegura hablar en nombre del secretario general del FPLP, Ahmad Saadat, condenado en Israel a 30 años de prisión por sus actividades al frente de la organización, así como de los integrantes de su Buró Político y Comité Central.
Los contactos, sin embargo, se remontan al menos a abril de 2025. Con motivo del Aberri Eguna, Jardun difundió otra carta atribuida a Mazhar en la que este felicitaba a los independentistas vascos por organizar unas jornadas tituladas «El Eje de la Resistencia, la lucha contra el sionismo y el papel del FPLP».
El llamado Eje de la Resistencia es la denominación utilizada por Irán para agrupar a sus aliados armados en Oriente Próximo, entre ellos Hezbolá, Hamás, la Yihad Islámica palestina y los hutíes de Yemen. Estas organizaciones reciben apoyo financiero, militar y logístico de Teherán.
La relación entre Jardun y el FPLP adquiere especial relevancia por las investigaciones antiterroristas que han alcanzado a militantes de ese entorno. El pasado 20 de octubre, el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña decretó prisión provisional sin fianza para Aratz Bilbao Gómez y Malen Grünig Ibáñez, investigados por presuntos delitos de terrorismo.
La investigación comenzó después de que la Ertzaintza identificara a ambos durante un control de tráfico en Escoriaza, en septiembre. Entre el material intervenido figuraban planos de antiguos zulos de ETA, listados de guardias civiles, fotografías de entrenamientos violentos y dispositivos encriptados.
Los autos judiciales atribuyen a Bilbao responsabilidades en la captación de militantes, la gestión económica y las relaciones con organizaciones afines.
Paralelamente, el 16 de junio la Policía Nacional detuvo en Vizcaya a Asier Herranz Vázquez y Youssef Brahim en una investigación distinta sobre presuntas actividades de colaboración con Hezbolá. Ambos quedaron posteriormente en libertad provisional con medidas cautelares.
La causa investiga una supuesta estructura de propaganda y apoyo a la organización libanesa. Entre sus elementos figura The Frontflict, un canal de Telegram con más de 9.000 seguidores que difundía contenidos de las Brigadas Abu Alí Mustafá, las Brigadas Al Qasam de Hamás y las Brigadas Al Quds de la Yihad Islámica.
Los vínculos con Samidoun
La conexión entre el entorno proetarra y el FPLP tiene otra expresión en Samidoun, una red internacional de apoyo a los presos palestinos sancionada por Estados Unidos y Canadá en octubre de 2024. Washington la identificó como una estructura utilizada por el FPLP para recaudar fondos y desarrollar actividades internacionales.
La plataforma participó en 2023 en el Amnistia Eguna celebrado en San Sebastián, una convocatoria organizada por Aske, colectivo vinculado a Jardun que reclama la amnistía de los presos de ETA.
Samidoun también protagonizó el pasado 7 de octubre un acto en la parroquia de Entrevías, en Madrid, titulado «Diluvio de Al Aqsa: tres años de resistencia heroica». Entre los participantes figuró Yasir al-Barguti, dirigente de Hamás condenado a nueve cadenas perpetuas en Israel por su implicación en atentados mortales.
La red tiene como principal representante en España a Jaldía Abubakra, coordinadora de Samidoun en Madrid, a quien el Tesoro estadounidense incorporó en mayo de 2026 a su lista de sancionados.
Los contactos del FPLP con el independentismo radical vasco también se extienden al entorno de Gazte Koordinadora Sozialista (GKS). Su periódico Gedar publicó en enero de 2026 una entrevista con Fayez Badaui, antiguo portavoz europeo del grupo palestino, en la que justificaba los ataques del 7 de octubre y defendía la desaparición de Israel.
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