Recortes de Prensa Miércoles 11 Noviembre 2026
proveedor clave de combustible
Ucrania ataca con drones la segunda mayor refinería de Rusia, en San Petersburgo
Rusia sitúa en unos 430 los drones ucranianos derribados a lo largo de la noche en su espacio aéreo. La situación ha provocado la activación de los sistemas de defensa antiaérea y varias familias han tenido que ser evacuadas
Europa Press. el confidencial. 11 Noviembre 2026
Las Fuerzas Armadas de Ucrania han atacado la madrugada de este lunes la refinería de petróleo de la ciudad de Kirishi, la segunda más grande de Rusia y situada en la región de San Petersburgo, donde se ha registrado un incendio poco después del impacto.
El gobernador de la región, Alexander Drozdenko, ha indicado en un comunicado que los ataques se han concentrado en la zona industrial de Kirishi y ha confirmado que se han podido derribar unos 80 drones.
La refinería, que se encuentra aproximadamente a 100 kilómetros al sureste de San Petersburgo, se ha visto envuelta en llamas. La situación ha provocado la activación de los sistemas de defensa antiaérea y varias familias han tenido que ser evacuadas de sus viviendas.
Las instalaciones de Kirishi, propiedad de la empresa rusa Surgutneftegaz, es la segunda refinería de petróleo más grande de Rusia y la única instalación de este tipo en la región noroeste del país. Entró en funcionamiento en 1966 y cuenta con una capacidad de diseño de entre 20 y 21 millones de toneladas de petróleo al año. La planta produce gasolina, diésel, queroseno de aviación, fuelóleo, betún, gas licuado y productos petroquímicos.
Además, es un proveedor clave de combustible para San Petersburgo y de queroseno de aviación para el aeropuerto de Púlkovo. El año pasado, Estados Unidos impuso un paquete de sanciones contra la propia Surgutneftegaz y otras entidades vinculadas, incluida la refinería.
Las autoridades rusas han alertado de que alrededor de 430 drones ucranianos han sido derribados a lo largo de la noche en su espacio aéreo.
Mientras, Kiev ha situado en 1,6 millones las bajas registradas en el Ejército ruso desde que comenzó la invasión de Ucrania hace ya más de cuatro años. Los datos del Ministerio de Defensa ucraniano apuntan a que, además, se han destruido más de 600.000 drones y 52.000 sistemas de artillería desde el inicio de la guerra.
El marido de Begoña se hipoteca al éxito de la huelga para intentar remontar en la campaña
La huelga general de los comegambas sindicales en apoyo de Sánchez, apunta a fracaso y se inicia con violencia
La primera huelga general en la era del teletrabajo y en plena precampaña apunta a 'pinchazo' y limita el coste a 1.700 millones
Manuel Trujillo. periodista digital. 11 Noviembre 2026
Apunta a pinchazo, pero veremos como se desarrolla el día.
Que es crucial para el corrupto Sánchez, que ve en los altercados y paros de hoy 11 de noviembre, uno de sus los últimos clavos ardientes a los que colgarse para intentar revitalizar la agónica campaña electoral del PSOE.
La primera huelga general en 14 años ha llegado acompañada de enfrentamientos, presión sobre las empresas, amenaza a los comercios y un intenso debate político.
Y con violencia: Los piquetes sindicales y colectivos de extrema izquierda asaltan sedes inmobiliarias en Madrid y bloquean infraestructuras críticas en Cataluña.
Lejos de la imagen de un paro cívico y voluntario que intentan proyectar las organizaciones de izquierda, la madrugada de este miércoles ha estado marcada por la irrupción de grupos de choque que han tomado las calles para imponer su agenda política.
Los autodenominados piquetes «informativos» han protagonizado episodios de intimidación contra comercios y bloqueos estratégicos diseñados para asfixiar la economía.
El incidente más notable tuvo lugar en varias oficinas de Alquiler Seguro.
El Sindicato de Inquilinas llevó a cabo un piquete en la sede de la empresa en Madrid.
La compañía ha declarado que alrededor de 40 personas accedieron a sus instalaciones, denunciando pintadas, cerraduras selladas con silicona y amenazas a sus empleados.
Los incidentes impactaron a 27 de sus 63 oficinas en toda España.
De forma simultánea, la maquinaria logística de la izquierda sindical ha desplegado todo su arsenal en Cataluña con un objetivo claro: el estrangulamiento de la cadena de suministro.
Desde las 20:00 horas del martes, los líderes autonómicos de CCOO y UGT, Belén López y Camil Ros, capitanearon el despliegue de piquetes hacia dos de los grandes pulmones económicos de la región: la fábrica de Seat en Martorell y el mercado mayorista de Mercabarna.
El paro, convocado por los comegambas de CCOO y UGT en defensa de la vivienda y los salarios, coincide con la precampaña electoral y genera el riesgo de que una protesta laboral se transforme en un escenario político.
Una protesta con impacto sobre la actividad
El caso de Mercabarna es un claro ejemplo de cómo una huelga puede trasladarse rápidamente desde la calle hacia la economía. Este recinto alberga a alrededor de 550 empresas y recibe a miles de trabajadores y operadores cada día. El bloqueo de camiones interfiere en la llegada de productos frescos, lo que obliga a mayoristas, minoristas y supermercados a modificar sus compras para evitar interrupciones.
La actividad empresarial enfrenta un doble coste:
Pérdida de producción durante la jornada de paro.
Retrasos en el transporte y la distribución.
Cambios de turnos y adquisiciones preventivas.
Riesgo de daños materiales y deterioro de la confianza.
Menor facturación para comercios y autónomos.
El crecimiento económico no se basa únicamente en la cantidad de contratos. También requiere que fábricas, mercados, transportistas y negocios operen con normalidad. Cuando una protesta interrumpe una cadena logística, los costes pueden ir más allá de las horas no trabajadas, afectando a empresas que no están involucradas en el conflicto.
El sindicato de maquinistas ha decidido posponer al 23 de noviembre la huelga que estaba programada para este jueves, tras la aprobación de medidas específicas para el sector ferroviario. Esta decisión alivia en parte la presión sobre el transporte, aunque mantiene viva la incertidumbre para usuarios y empresas.
Salarios, vivienda e inflación
CCOO y UGT plantean el paro como una respuesta ante el deterioro del poder adquisitivo y el aumento en los precios de la vivienda. La situación es evidente: los trabajadores lidian con alquileres altos, alimentos más caros y cuotas hipotecarias que limitan su capacidad de consumo. Sin embargo, una jornada de huelga por sí sola no solucionará una inflación persistente ni incrementará automáticamente los salarios reales.
La presión sobre los salarios puede incrementar la renta disponible si se apoya en una mejora de la productividad. Pero, si se traduce completamente en precios, también puede provocar nuevas tensiones inflacionarias. El equilibrio requiere de medidas que combinen:
Mayor oferta de vivienda y reducción de obstáculos administrativos.
Ayudas dirigidas a hogares vulnerables.
Negociación salarial vinculada a la productividad y los precios.
Una competencia efectiva en sectores esenciales.
Seguridad jurídica para la inversión y el alquiler.
Las empresas se enfrentan, además, a costes laborales, energéticos y financieros. Un aumento de costes sin mejoras en la productividad puede dificultar las contrataciones, especialmente en los pequeños negocios. La incertidumbre también retrasa las decisiones de inversión, con repercusiones sobre el empleo futuro.
La dimensión fiscal y electoral
Esta convocatoria se produce a pocos días de que arranque la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre. La cercanía ha llevado a la oposición y a diversas organizaciones empresariales a calificarla de política. Además, CCOO y UGT reciben financiación pública, lo que aviva el debate sobre la independencia de los sindicatos y el uso de recursos del Estado.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha intensificado la celebración de consejos de ministros para aprobar medidas de impacto social antes de la cita electoral. Este esquema sitúa la política fiscal en el centro del debate: más ayudas, bonificaciones o programas de vivienda podrían beneficiar a algunos hogares, pero también incrementan el gasto público si no hay una financiación adecuada.
La cuestión no es solo cuánto dinero se destina, sino cómo se gestiona. Un aumento constante del gasto requiere más ingresos, reducir otros gastos o incrementar la deuda. Si la deuda crece sin un plan viable, el Estado podría enfrentarse a mayores costes financieros y a un menor margen para proteger el empleo en una futura desaceleración.
Los datos iniciales sobre el comienzo de la jornada indican una convocatoria con menor efecto de arrastre del que anticipaban sus organizadores, aunque el seguimiento definitivo dependerá de la participación a lo largo del día. La violencia y la coacción pueden debilitar el mensaje sobre salarios y vivienda, ya que cuando el piquete ocupa el centro de atención, la discusión económica se ve desplazada por el enfrentamiento político.
CCOO y UGT, al
servicio de Sánchez
Editorial.el debate. 11
Noviembre 2026
Las dos centrales se han convertido en un lamentable ariete subvencionado del peor político de España desde 1978
Los sindicatos CCOO y UGT han convocado hoy una huelga general política, electoralista y a las órdenes de Pedro Sánchez. Por todo ello es un paro ilegal, ajeno a los requisitos que debe tener e inmerso, por completo, en el programa de campaña de un partido, el PSOE, que pretende beneficiarse de algo que técnicamente debería preocuparle.
Porque las huelgas generales se convocan contra los gobiernos, no en su favor, y mucho menos para señalar a sus rivales, como ya se hace desde organismos públicos asaltados por el PSOE como RTVE, el CIS o el mismísimo Tribunal Constitucional.
El descrédito de los sindicatos alcanza así su clímax, tras ocho años de sometimiento bien subvencionado a los intereses de Sánchez, ajenos a la naturaleza de las organizaciones y a su papel formal. Ejercer de arietes de un proyecto político en derribo que dé contrapeso a sus decisiones dañinas para España les retrata como lo que son. Unas vulgares herramientas políticas de un proyecto fracasado que probablemente vive sus últimos estertores y moviliza a la desesperada a todos sus peones.
El silencio sindical durante ocho años ha sido escandaloso, pese a los múltiples desperfectos padecidos por los trabajadores y, en general, la sociedad española: un encarecimiento sin precedentes de todo, un empobrecimiento masivo al que no se le adivina suelo y un incremento inaceptable de la recaudación fiscal, soportada tanto en las empresas como por las nóminas.
En ese escenario, José Álvarez y Unai Sordo no han alzado la voz ni una sola vez y, al contrario, han blanqueado la propaganda oficial de La Moncloa, básicamente centrada en vender una falsa prosperidad derribada por los hechos. Y lo han hecho recibiendo a cambio más fondos y subvenciones públicas que nunca en la historia reciente.
Por todo ello, es de esperar que el nuevo gobierno salido de las urnas tome nota de esta lamentable sumisión y redefina su relación con las centrales clásicas, potencie el papel de otras más creíbles y no pase por alto su bochornosa labor en estos años de oprobio. Solo esta debe ser la consecuencia de la ilegal huelga general convocada hoy por unos rentistas, estos sí que lo son, que viven imperturbables, ordeñando a todos los españoles.
Uno de los principales motivos de preocupación es el crecimiento del puerto de Dajla Atlántico
Bruselas castiga con tasas «verdes» y recortes a los puertos de Canarias mientras financia la red de megapuertos de Marruecos que esquiva la regulación europea
LGI. 11 Noviembre 2026
Nuevo golpe de Bruselas a los puertos españoles de Canarias, que afrontan el encarecimiento del transporte marítimo por las exigencias medioambientales comunitarias mientras Marruecos recibe financiación de instituciones europeas para ampliar su red de grandes infraestructuras portuarias. La situación ha provocado una reacción conjunta de las autoridades marítimas del archipiélago, que advierten del riesgo de perder actividad económica frente a los complejos marroquíes de Tánger, Nador y Dajla.
Uno de los principales motivos de preocupación es el crecimiento del puerto de Dajla Atlántico, que Marruecos construye en el Sáhara Occidental. El proyecto cuenta con una inversión prevista de aproximadamente 1.500 millones de dólares y, según las estimaciones difundidas, entrará en funcionamiento en 2029 con capacidad para gestionar 35 millones de toneladas de mercancías y un millón de contenedores anuales.
La infraestructura, situada a menos de 500 kilómetros de Gran Canaria, aspira a convertirse en un importante centro logístico del Atlántico. Su desarrollo podría atraer parte de los servicios de transbordo, suministro de combustible y mantenimiento naval que actualmente encuentran en las instalaciones canarias un punto estratégico para sus operaciones.
A esta competencia se suma la expansión de Tánger Med, que ya gestiona alrededor de 11,1 millones de contenedores anuales. Marruecos prepara una nueva terminal para incrementar progresivamente la capacidad del complejo hasta los 20 millones de contenedores. Por su parte, el puerto de Algeciras registra un movimiento cercano a los 4,73 millones.
El reino alauita también está reforzando su posición en el Mediterráneo mediante Nador West Med, construido a poco más de 30 kilómetros de Melilla. El proyecto ha movilizado inversiones multimillonarias y ha recibido financiación del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD), que ha comprometido aproximadamente 310 millones de euros.
Este apoyo financiero contrasta con las dificultades que denuncian los responsables de los puertos españoles para competir bajo las exigencias regulatorias de Bruselas.
Según recoge Libertad Digital, las autoridades portuarias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife han decidido coordinar sus reivindicaciones con el presidente canario, Fernando Clavijo, para exigir un tratamiento diferenciado que tenga en cuenta las particularidades geográficas y económicas del archipiélago.
La principal controversia gira en torno al régimen europeo de comercio de derechos de emisión (ETS), incorporado al transporte marítimo en 2024. Este mecanismo obliga a las compañías navieras a adquirir derechos por las emisiones contaminantes sujetas a la normativa comunitaria, con costes que, según las estimaciones recogidas, pueden alcanzar los 150.000 euros por buque en determinados supuestos.
La aplicación se está realizando de manera progresiva. En 2026, las navieras deben entregar derechos correspondientes al 70% de las emisiones verificadas de 2025, mientras que a partir de 2027 deberán cubrir el 100% de las emisiones correspondientes a 2026 y ejercicios posteriores.
Aunque existen exenciones específicas hasta 2030 para determinados trayectos marítimos entre Canarias y otros puertos españoles, los operadores advierten de que las rutas internacionales siguen expuestas a un incremento de los costes que puede favorecer a instalaciones situadas fuera del territorio comunitario.
Esta preocupación ha llevado a representantes de los puertos de las regiones ultraperiféricas a constituir una asociación conjunta después de dos años de negociaciones. La organización reúne a los sistemas portuarios de Canarias, Azores, Madeira y seis territorios franceses de ultramar con el propósito de defender sus intereses ante las instituciones europeas.
Beatriz Calzada, presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, y Airam Díaz, subdirector del organismo portuario de Santa Cruz de Tenerife, han advertido de las consecuencias que puede tener la aplicación de normas diseñadas sin contemplar suficientemente la distancia de estos territorios respecto al continente europeo.
Además, existe inquietud por la propuesta presupuestaria comunitaria para el periodo 2028-2034, ante la posibilidad de que una reducción de determinados fondos limite las inversiones necesarias para modernizar las instalaciones, ampliar su capacidad y mejorar su competitividad.
El sistema portuario canario gestionó 41,8 millones de toneladas de mercancías en 2024, una actividad fundamental para el abastecimiento de las islas y su conexión comercial con otros continentes.
Las autoridades del archipiélago reclaman ahora que Bruselas tenga en cuenta estas circunstancias antes de profundizar en las obligaciones medioambientales y de definir el próximo marco presupuestario europeo. Su preocupación es que los costes adicionales y la expansión de los puertos marroquíes terminen desplazando inversiones y tráfico marítimo fuera de España.
******************* Sección "bilingüe" ***********************
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