Recortes de Prensa  Sábado 30  Abril 2022

Ucrania en un vistazo. Parte de guerra, día 66, 08.00 horas

La invasión de Ucrania por Rusia entra en su día 66. Kiev asegura que Moscú continúa enviando tropas a la zona del Donbás con el fin de deshabitarlo y destruirlo, señalan fuentes del gobierno de Zelenski. A la vez, Lavrov avisa a la OTAN de que la Alianza sí parece estar en guerra contra Rusia.

C.S. el espanol. 30 Abril 2022


Las tropas rusas siguen reagrupándose y fortaleciéndose en el este de Ucrania para intentar establecer el control total sobre el territorio de las provincias de Donetsk y Lugansk, según el último parte guerra del Alto Mando del Ejército ucraniano en el comienzo del día 66 de invasión rusa del país. Según este parte, las operaciones ofensivas rusas continúan con el objetivo de controlar las provincias de Donetsk y Lugansk y para "mantener el corredor terrestre con Crimea", y acusa a Rusia de "lanzar ataques aéreos, con misiles y artillería contra la infraestructura civil y militar".


El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, denunció este viernes que Rusia pretende deshabitar la zona del Donbás con constantes ataques al igual que hizo con la ciudad de Mariúpol, que calificó de "campo de concentración ruso en medio de las ruinas". "En Donbás, los ocupantes están haciendo todo lo posible para destruir cualquier vida en esta área. Los constantes bombardeos brutales, los constantes ataques rusos a la infraestructura y las áreas residenciales muestran que Rusia quiere deshabitar esta área", dijo en un vídeo Zelenski.


El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, señaló que su país no considera que esté en guerra con la OTAN en Ucrania, pero que la Alianza sí parece estarlo. "No consideramos que estemos en estado de guerra con la OTAN. Lamentablemente, existe la sensación de que la OTAN cree que sí está en guerra con Rusia", dijo Lavrov, según la entrevista reproducida por las agencias locales. Lavrov consideró que dicho enfrentamiento sería un paso que aumentaría el riesgo de una guerra nuclear.


Los centros de control aéreo de la OTAN han registrado esta semana un aumento del número de aviones rusos que se han aproximado a su frontera sin identificar y que han sido rastreados e interceptados por los cazas de la Alianza desplegados para vigilar el Báltico y el Mar Negro, incluidos españoles. Fuentes de la OTAN han informado de que los aviones en misiones de policía aérea han sido activados varias veces durante los últimos cuatro días para rastrear e interceptar aviones rusos cerca del espacio aéreo de la Alianza. Según han explicado, los aviones rusos que se han aproximado a la frontera de la Alianza sin cumplir con las normas internacionales de vuelo se han multiplicado desde el pasado martes, provocando la alerta en los Centros de Operaciones Aéreas Combinadas (CAOC) de la OTAN en Uedem, Alemania y Torrejón.


El Pentágono informó este viernes de que EEUU ha empezado a entrenar a militares ucranianos en Alemania para enseñarles a manejar el equipamiento de artillería que Washington está enviando a Kiev para combatir la invasión rusa. El portavoz del Departamento de Defensa, John Kirby, explicó en una rueda de prensa que los soldados ucranianos están recibiendo entrenamiento en el uso de carros blindados y los sistemas de radar que EEUU ha anunciado recientemente que iba a enviar a Ucrania en sus paquetes de asistencia militar. Kirby precisó que los uniformados ucranianos están aprendiendo a utilizar los cañones Howitzer, que les está suministrado el Gobierno de EEUU.


La Organización Mundial para las Migraciones (OIM) solicitó hoy 514 millones de dólares con el fin de asistir a los ucranianos que han tenido que dejar sus hogares a causa de la invasión rusa, incluidos 7,7 millones de desplazados internos y más de 5 millones de refugiados en otros países. La agencia de Naciones Unidas planea ayudar con este fondo a 10 millones de personas, incluidos ocho millones en el interior de Ucrania y otros dos millones que han dejado el país, destacó la agencia de Naciones Unidas en un comunicado.


La economía rusa se contraerá entre un 8% y un 10% este año debido las sanciones occidentales impuestas a Rusia por su campaña militar en Ucrania, lo que supone la peor caída del PIB ruso desde 1994, cuando el PIB del país se contrajo un 12,7 %. "El entorno externo de la economía rusa sigue siendo desafiante y limita significativamente la actividad económica", señaló la entidad monetaria rusa tras una reunión ordinaria de la junta de directores, que publicó por primera vez desde el inicio del conflicto armado el 24 de febrero pasado unas previsiones macroeconómicas.

Los equipos de rescate localizaron este viernes el cadáver de un civil entre los escombros del edificio atacado ayer por los rusos en Kiev, lo que eleva el balance de víctimas a un muerto y diez heridos. "Los rescatistas, que continúan inspeccionando y limpiando los escombros del edificio residencial en el distrito de Shevchenkivskyi golpeado ayer, acaban de encontrar el cadáver", publicó el alcalde de Kiev, Vitaliy Klitschko, en su cuenta de Telegram. Un edificio residencial de 25 pisos en el distrito de Shevchenkivskyi fue parcialmente destruido como resultado del ataque de los rusos. "Diez personas resultaron heridas. Cuatro de ellas fueron hospitalizadas" confirmó el alcalde.


Rusia informó este viernes de un segundo ataque con moteros contra un puesto fronterizo cerca de Ucrania, informaron fuentes oficiales. "El 29 de abril, una oficina del departamento fronterizo del Servicio Federal de Seguridad de Rusia en la región de Briansk en la aldea de Belaya Beriozka del distrito de Trubchevski fue objeto de fuego de morteros desde el territorio de Ucrania", escribió el gobernador de la región, Alexandr Bogomaz, en Telegram.


Calviño vuelve a presentar un cuadro macro de ciencia ficción
Daniel Rodríguez Asensio. libertad digital. 30 Abril 2022

La realidad ha podido con la política-ficción. Tras el ejercicio de funambulismo que supuso el año pasado sostener unas cuentas públicas cuyas previsiones de crecimiento para el PIB fueron un 50% superiores al dato final y, sobre todo, con la necesidad de presentar un plan de estabilidad creíble a Bruselas, Nadia Calviño ha revisado a la baja el cuadro macro de España.


El Gobierno de España ha remitido a la UE unas estimaciones en las que afirma que nuestro país crecerá un 4,3% en 2022, un 3,5% en 2023 y un 2,4% en 2024. Esto supone, para el año en curso, una rebaja con respecto al cuadro macro aprobado para los presupuestos de 2,7 puntos porcentuales o, lo que es lo mismo, un 20% menos.


España, por lo tanto, confirma el temor planteado unas semanas atrás por el FMI y confirma que será el único país, junto con Japón, que no recuperará los niveles de riqueza previos a la crisis del Covid 19 este año. Siempre que el escenario planteado por el gobierno se cumpla lo haremos durante el primer semestre de 2023 y, por lo tanto, tardaremos (al menos) un año y medio más que el resto de la UE en recuperarnos de la pandemia.


Una situación agravada por el hecho de que esto se produce en el contexto de mayor estímulo fiscal de nuestra historia. De hecho, según el cuadro macro presentado por el Gobierno de España, y a pesar de estar en niveles de máximos históricos en términos de recaudación como consecuencia de la inflación, el Ejecutivo prevé un déficit del 5% para este año, del 3,9% para 2023 y del 3,3% para 2024.


Todo lo anterior, en un contexto en el que el Ministerio que encabeza Calviño prevé un deflactor del consumo (una medida similar al IPC) del 6,1% para este año que se reduce drásticamente al que viene y se queda por debajo del 2% desde entonces.


Esto, que no dejan de ser cifras, es importante traducirlo a un lenguaje que entendamos todos: El Gobierno plantea un escenario de crecimiento económico muy débil, inflado artificialmente con esteroides por la situación de unas cuentas públicas que están fuera de los principios de estabilidad presupuestaria de Bruselas (máximo del 3% de déficit público y del 60% de deuda pública) y envueltas con un Rosario a ver si algún tipo de presencia sobrehumana obra el milagro de que la inflación vuelva a cauces normales pronto y no se lleve por delante buena parte de la renta disponible de las familias.


Ante tal sucesión de despropósitos debemos hacernos varias preguntas.


La primera: ¿Es creíble este nuevo escenario macro? Difícilmente. Tanto es así que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya ha advertido de que podría quedarse corto y el Consejo General de Economistas ha incidido en que sus previsiones siguen siendo las de una economía que crece entre un 3,7% y un 3,9% este año, es decir, entre 4 y 6 décimas menos de lo que dice el Gobierno. Esta semana también hemos conocido datos preocupantes, como son:


⦁ La EPA ha dibujado el peor primer trimestre desde la crisis de 2012, con una pérdida de 100.000 empleos y un incremento del paro que multiplica por 2,5 el promedio entre 2016 y 2019.

⦁ La tasa de crecimiento del PIB español ha sorprendido a la baja en el primer trimestre del año (crecimiento pírrico del +0,3%), con el consumo privado siendo el principal lastre de la economía.

⦁ La inflación continúa subiendo a un ritmo inaceptable (8,8%), y cada vez es más evidente que el carácter temporal era otra excusa más para evitar asumir la situación con la firmeza que requería.

⦁ Y, por último, el índice de comercio minorista ha caído un 3,8% mensual en el mes de marzo y ya acumula 3 de los últimos 4 meses en negativo.


O, dicho de otra manera: La cadena de revisiones a la baja que hemos venido viendo en los últimos meses nada ha tenido que ver con la guerra de Ucrania (aunque nos lo hayan vendido así); buena parte de todas esas estimaciones en las que se basa el Gobierno para afirmar que las que ha enviado a Bruselas son acorde con casas de analistas ya están obsoletas, y la evolución a la baja es más que evidente.


¿Qué le queda a España por delante?

España no ha sido el único país que ha decepcionado con el dato de crecimiento económico. Recordemos que Alemania ya presentó una tasa de crecimiento trimestral negativa para el último trimestre de 2022 (-0,3%) y esta semana Estados Unidos también ha sorprendido a la baja con una caída del -1,4% en el PIB del primer trimestre. Esto ya de por sí es una mala noticia, pues nos enfrentamos a un escenario internacional en el que dos de las principales potencias a nivel mundial muestran problemas de crecimiento y eso supone un riesgo a la baja para el sector exterior, que es uno de los que mejor ha evolucionado.


Pero, además, hay notables diferencias entre los motivos que subyacen tras el dato de Estados Unidos y el de España: Mientras que en el primer caso la reducción es debida a un menor impulso del consumo público, en nuestro caso es debido a un parón en el sector privado. O, dicho de otra manera: los efectos de la inflación ya golpean en la renta disponible de los hogares y empresas españolas y hay varios indicadores que lo ponen en evidencia. Por citar solo algunos:


⦁ La matriculación de vehículos se ha desplomado un 30% en el mes de marzo. En 2022 se siguen vendiendo un 50% de vehículos menos que en marzo de 2019, cuando la pandemia ni tan siquiera se vislumbraba en el horizonte.

⦁ La demanda de electricidad acumula caídas del 3% en los 3 primeros meses del año.

⦁ Y el Banco de España ya ha advertido de que hay 94.000 millones de euros en préstamos a PyMEs al borde de ser considerados morosos, con lo que la tasa de morosidad podría dispararse hasta superar el 10%.


El BCE ya ha advertido de que va a reducir notablemente el volumen de compra de deuda pública, y eso dejará al Gobierno de España con la necesidad de financiarse en los mercados privados por valor de 100.000 millones de euros en los últimos seis meses. En la última subasta de deuda pública a tres años, los tipos subieron medio punto, y debemos esperar una reducción en los plazos de amortización de la deuda.


Tampoco debemos descartar una subida de tipos por parte del máximo organismo monetario de la UE, que añadiría aún más presión a los tipos de interés públicos y privados. Y, por último, no debemos descartar un shock financiero en Estados Unidos, que se sume a la delicada situación de China. Los síntomas de sobrecalentamiento en Norteamérica son evidentes, las condiciones de financiación están empeorando notablemente y el apalancamiento del sector privado ha ido a parar a los mercados de renta variable, que, junto con la renta fija, se están desplomando.


En momentos de máxima incertidumbre como ahora hay un principio que cualquier gestor conoce: Prepárate para lo peor, y así podrás gestionar lo que venga. A Nadia Calviño nadie le exige que acierte con sus previsiones de crecimiento. Lo que sí que se le exige es un cuadro macro que sea capaz de soportar unas decisiones de política económica adecuadas. Y no está ocurriendo ni una cosa, ni la otra.


El Gobierno de España sólo está centrado en recaudar lo máximo posible para seguir manteniendo una estructura de gobierno megalómana y unas redes clientelares lo suficientemente amplias para llegar a las siguientes elecciones con un mínimo de opciones de ser reelegidos.

Lo pagaremos todos los españoles, como lo pagamos en la crisis de 2008. El cuadro macro y las últimas medidas adoptadas para luchar contra esta crisis dejan a España en una situación de debilidad extrema.


No voten más al socialismo

EDITORIAL. LGI. https://gaceta.es/. 30 Abril 2022


Los datos de la EPA conocidos ayer, la pérdida de más de 100.000 empleos, junto al recorte de tres puntos en la previsión de crecimiento de la economía española —la peor de Occidente— y la subida de apenas un 0,3 por ciento en el PIB en el primer trimestre del año por el frenazo en seco del consumo de las familias, de las maltratadas familias españolas, forman un escenario de crisis. Cuando a estos datos se les une los datos de una inflación permanente y en ascenso, de la descomunal subida del índice de precios industriales, la subida del precio de las importaciones muy por encima del de las exportaciones, la inflación diferida que anticipan todos los datos anteriores y el nivel de endeudamiento acumulado que no disminuye pese a una mayor recaudación, nos da como resultado una crisis económica como no se había visto en España desde la década de los 70.


Podrá el Gobierno usar todas las mentiras y excusas sobrevenidas que le parezca, desde la invasión de Ucrania a la tensión entre Marruecos y Argelia o la escasez de microchips, pero la realidad es que todos, absolutamente todos los datos de la crisis que hoy padecemos, fueron anticipados hace más de diez meses, en junio de 2021. Y todos aquellos datos y proyecciones, absolutamente todos, fueron negados por el Gobierno socialcomunista que se lanzó a una política irresponsable de gasto y endeudamiento mientras alardeaba en los medios adictos, casi todos, de las magníficas perspectivas de recuperación.


Dio igual que los medios no adictos, casi ninguno, informáramos con lealtad, no a este Gobierno, sino a España, de que la tormenta perfecta estaba en formación. En su momento, pedimos políticas económicas de ajuste, de contención del gasto, de austeridad presupuestaria. En su momento, informamos de que con los datos que anticipaban el desastre, y con los objetivos irrealizables del Gobierno, los Presupuestos Generales del Estado nacían muertos. No preveíamos entonces que nuestro Gobierno destrozaría nuestra política internacional en el norte de África hasta rendirnos a Marruecos, enemistarnos con nuestro suministrador de gas, Argelia, y hacernos dependientes de, quién lo iba a decir, Estados Unidos. O tempora!, o mores! Es verdad que el papel en el que se escribieron los Presupuestos Generales lo aguanta todo, pero también es la mejor prueba de la incompetencia.


España se adentra en una crisis gigantesca de la que no nos salvarán unos fondos europeos que ahora parecen raquíticos y que están mal gestionados. Tampoco nos salvaremos con un 30 por ciento de nuestro tejido empresarial destruido por la pandemia y la ineptitud de este Gobierno. Las únicas soluciones son las de siempre: bajada de impuestos, permitir que el dinero esté en manos de las familias, eliminación del gasto político, incentivar y agilizar la creación de empresas, acabar con la persecución fiscal a los nuevos emprendedores, bajar las cotizaciones y comenzar a recorrer sin miedo el camino de la soberanía energética que nos permita en el futuro encarar las crisis de otra manera.


Todo lo anterior… y no volver a votar socialismo. Eso, desde luego, sería la mejor solución.


Ni votar al socialismo ni al pp.

Nota del Editor. 30 Abril 2022


No hay que equivocarse de enemigo. El enorme enemigo de Espapa es el dr cum fraude, apoyado por los filoterroristas, separatistas y comunistas con el apoyo durante muchos años del pp que nunca ha tenido interés por España, como ha demostrado en todas las ocasiones en que los españoles les confiamos nuestros votos.


El pp ha sido el colaborador suficiente y necesario para que España esté a punto de desaparecer arruinada, vilipendiada.


Así que si alguien se siente español, que apoye a Vox, es nuestra última oportunidad.


Elecciones en Andalucía, ¿para hacer qué?

PEDRO DE TENA. libertad digital. 30 Abril 2022


El PSOE dejó a Andalucía en muy mala posición y el Gobierno del "cambio" no ha podido sino esbozar cómo puede salirse de los círculos viciosos del subdesarrollo.


Antes que decidir quiénes van a hacer algo, habrá que decidir qué es lo que hay que hacer y por qué y para qué hay que hacerlo. Para tener claro qué es lo que hay que hacer hay que tener un mapa de la situación en la que Andalucía se encuentra y el punto al que se quiere llegar en un tiempo tasado y determinado. Eso de esperar eternidades es para santos.


Dos realidades son absolutamente contundentes si se piensa en Andalucía. Una es la desgraciada historia de su distancia injustificable de los niveles de bienestar y desarrollo de la media nacional y europea. Otra es el enquistamiento de los hechos consumados por un régimen socialista desde 1982 que lastran de manera notable el ejercicio de una democracia abierta aceptable y homologable a las europeas.


La historia del subdesarrollo andaluz respecto a otras regiones de España, cuyo origen fue precisamente la decisión política de las opciones conservadoras desde el siglo XIX que beneficiaron especialmente a las regiones catalana y vasca de manera casi obscena, es una constante no resuelta.


En uno de los estudios más serios sobre la cuestión se demostró que la situación de retraso de Andalucía y otras regiones como Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia y Canarias dura desde hace, al menos, 120 años. De hecho, el que se considera el mejor indicador de las diferencias provincias y regionales, el índice físico de la calidad de vida (que suma el Índice de Desarrollo Humano al índice de renta per cápita), muestra a las claras cómo Andalucía, entre las citadas, lleva más de cien años a la cola de España.


Lamentablemente, porque las esperanzas depositadas fueron muchas, la gestión del PSOE, mayoritario junto con comunistas y andalucistas durante casi 40 años, tanto en la Junta de Andalucía como en la mayoría de diputaciones y municipios, no logró resolver este gravísimo problema de la sociedad andaluza expresado en renta, educación y paro. Es más, está por explicarse cómo tras haber recibido más de 100.000 millones de euros extras –casi tres presupuestos anuales de la Junta– de Europa y muchos millones de la solidaridad nacional, el resultado seguía siendo en 2018 de estancamiento en la convergencia con las medias nacionales y europeas de bienestar.


El PSOE dejó a Andalucía en muy mala posición y el Gobierno del "cambio", con pandemias y crisis, no ha podido sino esbozar cómo puede salirse de los círculos viciosos del subdesarrollo destacados por Antonio Burgos hace décadas, pero no se ha atrevido. No ha expuesto abiertamente una ruta de reformas en profundidad que hagan del sur de España lo que puede y merece ser: una zona puntera en riqueza y oportunidades.


Igualmente lamentable, aquel PSOE esperanzador del cambio y la "honradez" dio paso a un PSOE ocupador de instituciones, dineros y libertades, haciendo de la Junta de Andalucía un poder desmotivador y controlador de la sociedad andaluza en su conjunto. Uno de cada cuatro euros que circulan entre los andaluces sale de la Junta. Todo desde la Junta. Nada sin la Junta: ni empresas, ni empleos, ni administración, ni ley, ni educación ni nada. En vez de impulsar un desarrollo democrático abierto que estimulara no sólo la autonomía regional y municipal sino las autonomías empresariales, familiares y personales, se esforzó en tejer una espesa tela de araña para maniatar la alternancia política durante décadas.


Desde radios a televisiones, desde cajas de ahorros a subvenciones o publicidad institucional, desde adjudicaciones a colocaciones y enchufes, desde dirigismos e imposiciones culturales a marginación de la disidencia, todo fue dirigido a consolidar un régimen donde el que se moviera no saliera en la foto, profecía cumplida de Alfonso Guerra. La consecuencia fue un estallido tras otro de gravísimos casos de corrupción desde la década de los 80, que alcanzarán su máximo exponente con la próxima sentencia de los ERE, que puede llevar a un expresidente de la Junta y del PSOE a prisión y a un buen grupo de sus responsables a la cofradía de los poseedores de antecedentes penales.


Ambas metas se ven altamente inalcanzables para un PSOE andaluz que no ha hecho jamás autocrítica alguna sobre lo ocurrido y por un PSOE nacional que está en manos de los nacionalismos xenófobos que succionan el dinero y las oportunidades del resto de las regiones. Si a ello se une que el candidato socialista es el peor de toda la historia autonómica, con flancos débiles personales y sin tirón, parece razonable pensar que la izquierda andaluza – lo del comunismo andaluz es esperpéntico y sigue a la baja– no va a tener oportunidades en estas elecciones.


El futuro de Andalucía y su reconducción hacia el bienestar, el desarrollo y el disfrute de todas las libertades que la democracia exige, consecuentemente, va a estar en manos de lo que se conoce como centro-derecha, formado por PP y Vox tras el fracaso nacional estrepitoso de Ciudadanos. Es más, buena parte del futuro de la nación española va a depender de que Andalucía consiga una estatura económica, social, política, cultural y ética tan respetable que impida el anonadamiento de España por sus enemigos.


Algo de una grandeza tan evidente no puede estar condicionado por complejos, por cobardías o por personalismos. Lo que se ha visto en estos tres años de "cambio" es que se han mejorado algunos mecanismos de gestión y se han aliviado algunas discriminaciones pero tan tímidamente que los resultados han sido decepcionantes. Cada día que Andalucía despierta, el dinosaurio del retraso socioeconómico sigue aquí y el régimen de privilegios e irregularidades erigido por el PSOE persiste casi intacto. Véase por ejemplo Canal Sur, el destrozo causado a la Administración Pública y la persistencia de las leyes ideológicas de género o memoria histórica.


Las encuestas indican que puede ganar el PP y obtener, siempre gracias a Vox y al muerto viviente de Ciudadanos, una amplísima mayoría absoluta que podría llegar hasta los tres quintos del Parlamento, mayoría cualificada de 66 escaños, lo que permitiría afrontar reformas de calado en todos los campos necesarios. Si además se diera el caso de que lograra llegarse a 72 diputados, algo no imposible si las candidaturas entusiasmasen, se alcanzarían los dos tercios, la cima de todas las mayorías. Si se quiere cambiar de verdad Andalucía, estos deben ser los empeños principales con una estrategia decidida y apasionada.


Lo de quiénes o quiénas sean las figuras del cartel sería de lo menos. Juan Manuel Moreno, un hombre de Rajoy, no es nada amigo de Vox ni de los cambios de fondo. Fíjense cómo ha mareado la perdiz de las elecciones, algo sencillito. De Juan Marín, si es que sobrevive, sólo podemos esperar que malmeta con Vox y acabe en el PP. Y los de Abascal, que llevaban pidiendo elecciones un año, resulta que, en el momento de la verdad, no han tenido una candidatura decidida tras hacer creer que iba a ser Macarena Olona, algo que han corregido por fin ante la presión de sus votantes.


Perdonen, pero es difícil esperar que unos y otros vayan a estar a la altura de estas circunstancias únicas que se les brindan a los andaluces para escapar de un destino inmerecido. Nada me gustaría más que equivocarme.


«Doctrina Miguel Ángel Blanco»: paso al frente contra la impunidad

Dignidad y Justicia plantea en la Audiencia Nacional una novedosa interpretación jurídica para evitar la prescripción de 430 atentados terroristas cometidos desde 1990

RICARDO COARASA. la razon. 30 Abril 2022


El 14 de diciembre de 1990, ETA asesinó en Amorebieta (Vizcaya) al policía Luis Alfredo Achurra, en cuyo vehículo los terroristas habían colocado una bomba-lapa. Ya en 1991, el 2 de enero dos encapuchados descerrajaron 16 disparos al coronel Luis García Lozano en San Sebastián. Tenía 57 años, estaba casado y era padre de cinco hijos. Entre ambos atentados apenas discurrieron 19 días, pero también les separa una línea imaginaria que, de prosperar la novedosa interpretación jurídica de la denominada «doctrina Miguel Ángel Blanco» –que Dignidad y Justicia (DyJ) ha planteado a la Audiencia Nacional–, convertiría en imprescriptibles 430 asesinatos terroristas cometidos a partir del 24 de diciembre de 1990, 198 de ellos de ETA (55 de los cuales impunes).


¿Por qué el 24 de diciembre de 1990? La fecha no es caprichosa. El 23 de diciembre de 2010, bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, entró en vigor la ley orgánica 5/2010, que estableció el carácter imprescriptible de los delitos de terrorismo cometidos a partir de entonces (ETA anunció el cese de su actividad armada en octubre del año siguiente y su último atentado mortal en España, en Palmanova, data de julio de 2009).


Pero, según argumenta el abogado de Dignidad y Justicia Miguel Ángel Rodríguez Arias en el extenso informe remitido al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón –que dirige la investigación contra nueve exjefes de ETA por el asesinato del concejal de Ermua–, esa reforma legal se hizo de espaldas al Convenio Europeo sobre Imprescriptibilidad del Consejo de Europa de 1974 (vigente desde 2003), que estableció que no prescriben nunca los delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y otras conductas «de naturaleza comparable» determinadas por cada estado.


Afecta a 55 asesinatos de ETA impunes

Ese convenio estipula en su artículo 2.2 que cuando los estados miembros lo incorporasen a sus ordenamientos, ese paraguas contra la impunidad debía abarcar también a todos los crímenes que aún no hubiesen prescrito. Es decir, aquellos de los que no hubiesen transcurrido los 20 años que marca la ley española a partir de los cuales no es posible ya que sus responsables respondan penalmente. De ahí que el letrado de la asociación de víctimas defienda que todos los asesinatos terroristas cometidos después del 24 de diciembre de 1990 (veinte años antes de la entrada en vigor de esa ley 5/2010) deben considerarse no prescritos y, por tanto, perseguibles penalmente.


El primer atentado que se beneficiaría de la «doctrina Miguel Ángel Blanco» sería el que costó la vida al coronel Luis García Lozano, pero la medida abarcaría igualmente –recalca el informe– a «todos los subsiguientes asesinatos terroristas de ETA, también los de otras víctimas mortales de grupos terroristas» yihadistas (incluidos los atentados del 11-M) y del GRAPO. Esa «línea roja divisoria» mantendría sin embargo como prescrito el asesinato del policía Luis Alfredo Achurra y todos los cometidos con anterioridad cuyo plazo se encontraba ya cerrado cuando, siempre según la interpretación de Dignidad y Justicia, el 23 de diciembre de 2010 habría entrado en vigor la nueva «prórroga» en aplicación del convenio europeo. Un convenio que aunque España no ha ratificado –matiza DyJ– sí ha asumido plenamente ratificando el Convenio Europeo de Derechos Humanos que desarrolla aquél.


Entre los 55 asesinatos terroristas todavía impunes que ya no prescribirían se encuentran los del magistrado del Tribunal Supremo José Francisco Querol en 2000, el del presidente del PP de Aragón Manuel Giménez Abad en 2001 y los de los guardias civiles Diego Salvá y Carlos Sáenz de Tejada en el año 2009.


Descuido “desafortunado”

Dignidad y Justicia defiende que en ningún caso se trata de una aplicación retroactiva de la ley (proscrita en nuestro ordenamiento, sin ir más lejos en el artículo 9.3 de la Constitución), sino de una «prórroga de perseguibilidad» de esos crímenes «cuyo anterior plazo de prescripción aún estuviese abierto». Dado que cuando España incorporó en 2010 a nuestra legislación el carácter imprescriptible de esos crímenes terroristas no introdujo una disposición transitoria que estableciese, conforme al convenio europeo, que la medida afectaba también a los casos en los que el plazo legal de prescripción no hubiese expirado, la asociación de víctimas confía en que ese descuido «desafortunado» se repare por vía casacional. ¿Cómo? Para ello la Audiencia Nacional debería hacer suya esa doctrina y que acabara pronunciándose sobre la misma el Tribunal Supremo.


El horizonte penal que abriría incluiría no solo a esos 198 asesinatos de ETA, sino también a 225 asesinatos del terrorismo yihadista, otros cinco de los GRAPO y dos más del IRA. En total, «430 asesinatos terroristas que resultarían ser ya, en realidad y de plano, imprescriptibles de pleno derecho». Rodríguez Arias sostiene en ese informe que éste sería el «primer y más vital» efecto de esta novedosa interpretación jurídica pues «daría la oportunidad real de que todos ellos pudiesen ser detenidamente investigados sin indebido límite temporal».




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 Una economía demolida

Al fin el Gobierno rebaja la expectativa de crecimiento del 7 al 4,3 por ciento. La cifra es más realista, pero rompe los presupuestos por la cuaderna y emite un pésimo mensaje a Europa

Editorial ABC. 30 Abril 2022


Es incomprensible que después de que Nadia Calviño, tarde y mal, revisase ayer a la baja la previsión de crecimiento de España en tres puntos, hasta el 4,3 por ciento frente al 7 por ciento que la euforia del Gobierno vendía, la propia vicepresidenta económica se empecine en ofrecer un mensaje de optimismo dando por hecho que la inflación está controlada. Propaganda triunfalista aparte, no es cierto. La inflación no está controlada. Solo ha bajado de una expectativa casi del 10 por ciento hasta el 8,4 por los parches del Gobierno a los precios, que solo son pura coyuntura. No hay estrategia. Seis meses ha estado el Ejecutivo dando vueltas y vueltas a las cifras de crecimiento para España, tratando de negar o relativizar las expectativas del FMI, los datos del INE, las previsiones del Banco de España o los avisos de la Comisión Europea.


Al fin, Nadia Calviño redujo ayer en tres puntos la previsión de crecimiento para España, admitiendo que en ningún caso será ya del 7 por ciento en 2022, sino del 4,3. El cambio es drástico y mucho más realista. Pero ni siquiera eso es seguro. Estamos a las puertas de mayo, queda mucho año por delante, y si algo manifiestan los datos económicos es que España sufre un estancamiento brutal en el crecimiento. Ayer el INE lo calculó en 0,3, muy por debajo de lo que esperaban los analistas, que era el 1 por ciento, o de lo que esperaba el Banco de España, el 0,9. Ese 0,3 supone un frenazo en seco, un estancamiento más que preocupante que nos conduce hacia una estanflación, el peor de los escenarios posibles. Unir un estancamiento radical de nuestro crecimiento a un incremento de los precios conduce a España a una debilidad financiera que no se producía desde hace casi medio siglo. Y el alza de los tipos de interés está a las puertas.


Por eso sobra el infantilismo del Gobierno en el diagnóstico. Mucho ha tardado La Moncloa en asumir la realidad, y ahora pretende seguir poniendo paños calientes al deterioro de nuestra economía. Desde hace meses era una tesis unánime que España no crecería al 7 por ciento de su PIB. Los Presupuestos Generales del Estado fueron ideados y aprobados bajo esa premisa, y ahora solo queda la posibilidad de que le cuadren al sanchismo aumentando el déficit público, y desde luego la deuda, hasta límites no previstos. Y todo ello, incrementando los impuestos a los españoles. Este Gobierno vende humo en nuestro país y después envía a la Unión Europea, al límite de la fecha exigida, una previsión macroeconómica algo más realista, la misma que negaba en conferencias de prensa y comparecencias públicas hace solo dos semanas. España no está saliendo de la crisis. Está bloqueada en ella mientras el Gobierno salva todas sus iniciativas a golpe de decretazos, o a base de cesiones al chantaje del independentismo. Ni siquiera Pedro Sánchez ha hecho amago de sentarse a negociar soluciones a la crisis económica con el PP, que ha propuesto toda una batería de medidas homologables a las de otros países europeos. Su voluntad pactista es nula, salvo con sus socios de siempre, en especial Bildu.


Este recorte de previsiones deja a España sin presupuestos y sin una auténtica política económica. Todo es improvisación, y empieza a percibirse un olor a legislatura moribunda, solo sostenida por los manotazos de un náufrago en altamar. Sánchez aguantará. O al menos lo intentará, pero desde una perspectiva económica será solo al vaivén de los acontecimientos porque no existe una estrategia económica solvente. La recesión ha arrollado a un Gobierno irresponsable que solo escucha los cantos de sirena de un sanchismo escondido en su búnker mientras elude la realidad de una economía demolida.


La opción del PSOE es Bildu

Los socialistas han consumado unos pactos escandalosos con terroristas sin arrepentirse y con golpistas contumaces a cambio de aprobar un decreto que en nada resuelve la crisis

Editorial ABC. 30 Abril 2022


Nada cambia con Pedro Sánchez en La Moncloa y todo empeora, aunque parezca difícil. Los socialistas sacaron ayer adelante la convalidación del real decreto-ley anticrisis con el apoyo de EH Bildu, como contraprestación a la entrada de los proetarras en la comisión de gastos reservados, en la que tendrán acceso a información confidencial elaborada por el Centro Nacional de Inteligencia. El sueño de ETA se está haciendo realidad con Sánchez en La Moncloa, porque, en efecto, está en la dirección del Estado que quieren destruir. El voto de Bildu, como antes fue su pacto con el PSOE para derogar la reforma laboral del Partido Popular, no es una humillación a Pedro Sánchez, sino la ejecución escrupulosa de un acuerdo político de los socialistas con la izquierda proetarra.


Nada cambia y nada sucede sin la voluntad expresa de Sánchez de que los sucesores de ETA sean socios de referencia en un proyecto cuyo fin último es la confrontación con la derecha y la derogación paulatina del Estado constitucional de 1978. La desafección ayer de Esquerra Republicana de Cataluña es un gesto sin más recorrido, porque entrando también en la comisión de gastos reservados ganan más de lo que pierden votando en contra del Gobierno. El reparto de papeles entre Bildu y ERC funciona a la perfección para garantizar al PSOE y a Pedro Sánchez la continuidad en el poder, único proyecto político que vertebra la coalición de Gobierno y la alianza con separatistas y proetarras.


El PSOE prefiere a Bildu y a ERC, y no al PP ni a Ciudadanos. No tiene sentido seguir pensando que los socialistas son empujados a los brazos de Otegi y Rufián por la cicatería de los populares. Es una opción consciente y constante por los partidos más anticonstitucionales de la política española. Esta opción alcanza al PSOE en su conjunto, a los parlamentarios y a todos los ministros socialistas del Ejecutivo. Eso de criticar en privado y callar en público no es un ejercicio de responsabilidad, sino de cobardía. El Gobierno es un órgano colegiado y sus decisiones son tan solidarias como el consentimiento que prestan sus miembros a los votos de separatistas y proetarras para seguir en sus cargos. No vale seguir en la mesa del Consejo de Ministros y luego denostar de los apoyos que les permiten seguir en el Gobierno.


Los socialistas no existen como partido político, sino como gabinete personal de Pedro Sánchez. Han procesado internamente unos pactos escandalosos con terroristas sin arrepentirse y con golpistas contumaces. Sus lecciones al PP sobre con quién pactar o no pactar resultan, en estas condiciones, un acto de inmoralidad política. El saneamiento ético, político y legal del país será una tarea prioritaria para quien lidere el cambio de gobierno. Ahora mismo, las instituciones del Estado están infectadas por los pactos del PSOE con el comunismo pro-Putin, el separatismo golpista catalán y el frente político de ETA. Solo faltaba llevar esta alianza siniestra al corazón de la seguridad del Estado, a la comisión de gastos reservados donde, hasta ahora, el PSOE y el PP habían preservado de común acuerdo la confidencialidad del CNI. Para el socialismo español hay un objetivo prioritario, la coalición de una izquierda revanchista, por el que merece la pena sacrificar hasta el último escrúpulo moral. El voto negativo del PP era la única opción política que le quedaba a Núñez Feijóo. Y era por cierto la única que debió mantener desde el principio sin jugar al despiste condicionado. Debió prever que su esfuerzo negociador iba a ser despreciado por el Gobierno. Ahora Feijóo ya sabe la pauta de lo que le espera hasta el final de la legislatura.

El PSOE deja España como un solar ucraniano

Sánchez paga el apoyo de Bildu a su reforma de la luz con un plan de adoctrinamiento infantil en Navarra

GRACIANO PALOMO. Okdiario. 30 Abril 2022


Ni barcos, ni honra. Ni pan, ni dignidad. Ni sentido de Estado, ni limpieza democrática. Subsiste gracias a EH Bildu. El resto es música sin letra.


El jefe del Gobierno de la todavía cuarta potencia europea se arrastra ante los herederos de una banda terrorista; el jefe ejecutivo de España, a la que humilla, que coloca a los enemigos del Estado en el corazón del mismo y, obliga a su particular felpudo parlamentario, Meritxell Batet -250.000 euros, más sinecuras- a cambiar las reglas del juego a la mera conveniencia de otro poder instituido. Escríbase por corto y por derecho: los blanqueados proetarras salvan a Sánchez. Por precio, naturalmente. Probablemente, este post debería acabar aquí. Es un epitafio –que llegará más pronto que tarde- que inundará la obscena vida política de un sujeto inexportable que crea una comisión para investigar a una ministra del Gobierno, Margarita Robles, y no es capaz de decir a los contribuyentes en qué se gasta personal y familiarmente el dinero que vienen obligados a entregarle.


Ni pan. Toda esa politiquería sanchista, que estruja hasta el paroxismo principios éticos y valores básicos -no es de extrañar que sus filas sólo se mantengan disciplinadas exclusivamente por el terror– alcanza su cénit el mismo día del pasado jueves cuando consigue aprobar con Bildu sus medidas anticrisis que cualquier mediano economista sabe que son mero papel mojado, como los son los Presupuestos Generales. Ese día, según datos oficiales, es decir, del propio Sánchez, durante los tres primeros meses del año, el desempleo aumentó en 100.000 parados nuevos y la inflación anota un 8,4%, la más elevada (un mes más) de toda la Unión Europea.


Ni honra, ni barcos. Ni pan, ni dignidad. Esta es la verdad. Y la verdad es siempre la verdad.


Esta es la España de Sánchez. No es el país que les relatan en RTVE, ni en el Grupo Prisa, ni en los tabloides que viven por la gracia y dadivosidad de La Moncloa y cuyo dinero es nuestro. La foto auténtica la podrán escuchar en boca de las amas de casa, los autónomos, los parados, los jóvenes sin esperanza, los medianos y pequeños empresarios ahogados por una voracidad fiscal que aún así no puede ocultar la quiebra financiera del Estado con billón y medio de deuda pública y un déficit por cuenta corriente brutal a inasumible. ¿Los que más sufren las consecuencias de un poder inútil, corrupto y alocado? Los más pobres, los sin empleo, los pensionistas y los marginados.


¿Puede un Gobierno, que se tambalea cada vez que estornuda la muchachada de Bildu y los independentistas, sacar de la sima en la que han colocado al país? Difícilmente.


Es más, seguro que la historia reconocerá en Pedro Sánchez como aquel primer ministro que rindió el Estado por una poltrona para que la que no estaba capacitado.


PD: El PP de Feijóo ha resistido las presiones enormes que durante la última semana han tenido que soportar por parte del sanchismo. La Moncloa debe saber a esta hora que su cupo de engaños a la alternativa se acabó durante los tres años largos de Casado al frente del principal partido de la oposición. Feijóo se ha salvado, al menos en esta ocasión, del cepo.


Cómo dar un golpe sin que lo parezca

JAVIER SOMALO. libertad digital. 30 Abril 2022

El golpe catalán de 2017 comenzó en su Parlamento. Ahí nos enseñaron cómo se pisotea, sin más, el reglamento, la ley… la democracia.


Sucedió con la "tramitación" de las leyes de desconexión del 6 y 7 de septiembre de 2017, necesarias para el golpe del 1-O con el referéndum ilegal y la posterior declaración de independencia del 27 de octubre.


Los independentistas, ya golpistas en ciernes, se inventaron e impusieron una nueva forma de trámite parlamentario que comenzó con la alteración del orden del día de los plenos del 6 y 7 de septiembre. Tras ello, sin más, se suprimió el debate de admisión de la ley y la posibilidad de presentar enmiendas a la totalidad. Para redondear la faena, limitaron a dos horas el plazo para presentar enmiendas parciales a unos textos que aún ni se conocían. Quedan en la memoria las imágenes de los diputados constitucionalistas clamando al cielo, entrando y saliendo. Nada, nada… era un golpe parlamentario sin pistola.


Y como se les dejó hacer, pues se puede repetir.


Bien es verdad que un poco antes, el 13 de noviembre de 2003, el todavía candidato José Luis Zapatero dio las primeras instrucciones: "Pascual… apoyaré la reforma del Estatuto que apruebe el Parlamento catalán". Pasó lo que pasó: que aquel Estatuto era una Constitución ajena a la nacional y que el Tribunal Constitucional lo avaló con apenas cuatro pellizquitos de monja. ¡Cómo discutían María Teresa Fernández de la Vega y María Emilia Casas aquel 12 de octubre de 2007 durante el desfile de las Fuerzas Armadas!


Y también es cierto que poco después nos cayó el 11-M, tragedia, infamia, enigma desolador y eficaz precipitador de las desgracias que llegan hasta hoy. Todo lo que sucede sin consecuencias, acaba sucediendo de nuevo. Y España es un paraíso del eterno y tormentoso ciclo.


Meritxell Batet, como hiciera Carme Forcadell, puso el Parlamento nacional boca abajo esta pasada semana para que partidos como Bildu, ERC, Junts o la CUP sean miembros de la comisión de secretos oficiales. Fácil: se suprimió la exigencia, en vigor desde 1982, de una mayoría de tres quintos de la Cámara, que son 210 votos, por la mayoría absoluta de 176 votos, la que saben que pueden comprar. Y rápido: en tres días estaba dicho y hecho. Era el precio para que saliera adelante el decreto de medidas excusadas en la invasión de Ucrania. Perder esa votación habría sido una señal inequívoca de debilidad del Gobierno. Bildu compró la mercancía a buen precio, y con eso era suficiente.


Batet, por orden de Sánchez, se cargó un requisito vigente desde 1982, naturalmente después de un intento de golpe de Estado, el 23-F de 1981. Ha llovido mucho y de todo desde entonces. Muchos secretos oficiales, muchos más fondos reservados y esa especial relación del PSOE con la ETA, entre el crimen de Estado y el compadreo. Todo fluye. Hasta hoy.


La repetición es a veces excesiva. Vuelve a estar ahí Margarita Robles… y hasta Garzón, ahora Balta, tan presente como aquella que bebe de su copa, la actual Fiscal General y muy poco antes ministra de Justicia Dolores Delgado. Pero ahora la ETA está de su lado. Ahora piden la cabeza de Margarita Robles ellos, los de ERC y la banda. Ellos estarán presentes en los secretos de España, donde antes se les vigilaba, como es lógico y por el bien de todos, y además quieren fuera a la ministra porque dicen que les espió. Vaya por Dios. ¿Van a defender a Robles en el Gobierno? El PSOE siempre embarra el camino en el que acaban enfangados propios y extraños.


Fue Margarita Robles la que comunicó a Baltasar Garzón que no iba a ser secretario de Estado de Interior porque lo sería ella. Él quería hasta el Ministerio pero se habría conformado con el puesto que Juan Alberto Belloch había reservado para Robles. Como mucho, el ex juez seguiría al frente del Plan Nacional sobre Drogas. La promesa política llegada de la Audiencia Nacional se despidió del gobierno de González sin haber pisado la moqueta ministerial, ni de primero ni de segundo:


Vuelvo a la carrera judicial. Espero que la relación del Ministerio de Justicia e Interior y del Gobierno con la Justicia sea buena y que el Gobierno colabore con ésta a erradicar todos los comportamientos de corrupción.


Se quitó la chaqueta de diputado, volvió a enfundarse la toga, como nueva, y se puso a indagar en la X de los GAL, de la que ya tenía noticias e instrucción (Amedo y Domínguez) cuando se dejó querer por el PSOE de Bono y González. ¡Secretos a Garzón! En dos años había sucedido todo.


Pero el último giro es más peligroso. Para pagar la permanencia en el poder, el PSOE ha abierto una de las puertas más críticas de nuestras instituciones a los que las quieren demoler sin ambages, sin caretas.


Mercedes Aizpurua, portavoz parlamentaria de EH-Bildu, fue condenada por apología del terrorismo. Era editora de aquel Egin que tantas portadas dedicaba a sus "gudaris", a los asesinos de jueces, fiscales, policías, guardias civiles, militares, concejales del PP y el PSOE, industriales, viandantes, niños… Ese Egin que a veces usaba la propia banda terrorista para avisar de la colocación de bombas con el tiempo justo, sin tiempo o con trampas añadidas. Ese Egin de tinta roja. ¿Hay que echar a Robles por espiar y que entre Aizpurua a espiarnos?


Poco hay que esperar de la seguridad de un Estado que permite que un amago de ministro, forofo confeso de la Stasi (Seguridad del Estado de la Alemania soviética), Alberto Garzón, se reúna con el Frente Polisario estando vigente la incompetencia de Pedro Sánchez con el siempre vigilante vecino del sur Mohamed VI. Pero meter a la ETA y a ERC es renunciar a la propia seguridad interior y exterior del Estado, dinamitarla. Una provocación que no puede quedar sin responder.


Dicen algunos que con tanta grosería política lo que pretendía Pedro Sánchez es que el nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se viera obligado a votar ‘no’, a decir ‘no’, a aparecer como el que bloquea todo nada más llegar. Y, desde luego, debe seguir haciéndolo si las ofertas son estas.


Si el centro derecha quiere gobernar debe mantenerse de veras en ese rotundo ‘no’ a los chantajes y las trampas. Y quedan muchos por venir, entre otros el del CGPJ que consiste en renovarlo con el espíritu contrario a la Constitución porque así lo pervirtió el PSOE en 1985. Pues no y mil veces no. Cumplir la Constitución, haciendo además caso a las demandas de Europa, es irreprochable. Queda un mayo florido de portadas en las que la izquierda señalará con el dedo a Feijóo, como si él tuviera la culpa del parón democrático que salta a la vista, que el PSOE convierte en perverso ciclo.


¡Qué alegría ver a Mercedes Aizpurúa de risas con la prensa! No sonríen al peligroso Abascal, mejor a Aizpurúa la del Egin. Ya no hay miedo... Rosa Díez siente "asco" documentado, necesario y lógico. Pero ¿no es mejor que estén haciendo política que matando? Deberían estar en la cárcel y colaborando en el esclarecimiento de sus crímenes sin resolver. Pero somos así. ERC y la ETA conocerán secretos de Estado, la mayoría provenientes de ellos mismos, serios peligros de Estado para la nación. Ambos presumen de haber transitado "de las armas a las urnas", que es más bien llegar a lo segundo usando lo primero y por rendición de quien debía oponerse. Tragedia sobre tragedia.


Así hemos resuelto los problemas de nuestra democracia. Nos gusta poner al pederasta de director de guardería, al ladrón vigilando las joyas de la abuela y, en fin, a la zorra en el gallinero. Y así el Estado es más importante que el ciudadano. El Estado totalitario, claro.


Forcadell propició el golpe de octubre en Cataluña rompiendo el reglamento para ganar sin posible oposición la votación de leyes preparatorias para el referéndum ilegal y la proclamación de la república catalana. Batet ya ha cumplido la primera fase en el Congreso de los Diputados, al borde del final de legislatura, con el gobierno exhausto.


Se ve que los agujeros del 23-F en el techo del Congreso se conservaron como adorno, no como memoria.


Cómo torear al Supremo con la sentencia del castellano

Rafael Del Moral. vozpopuli. 30 Abril 2022

El índice de felicidad que coloca en los primeros lugares del mundo a los países nórdicos se debe, en gran medida, al respeto a la justicia. Se sabe que la justicia no existe, es verdad, que no puede ser justa por la multiplicidad de interpretaciones, pero que tiene que ser independiente, que las sentencias deben respetarse y cumplirse para que la convivencia no sea un caos. Un país donde funciona la justicia es un país feliz. En España nos encanta el caos, sobre todo al Gobierno de Cataluña.


Ya tiene experiencia en provocarlo, siempre a favor de la independencia. Por eso se empeña en modificar a su antojo todo lo que le parece adverso. Por eso dice que sería "contraproducente" cambiar las dinámicas de impartición de las asignaturas a dos meses y medio del final del curso, que los autores de la demanda, la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) no tienen legitimación activa para pedir la ejecución de la sentencia y otras justificaciones de peleas de patio de colegio.


El Govern carga contra todo aquel que lo critique, y mucho más si lo espía. Pide a la justicia que se inadmita o desestime la demanda de la AEB y que se le impongan costas procesales. Matar al mensajero, vamos. Y como está de moda negar la evidencia, añade que "no es lícito afirmar que el departamento de Educación no ha realizado ninguna actividad normativa". En fin, que les dejen más tiempo, mucho más, a ver si se calman las aguas y vuelven a lo suyo.


La obstinación es el deterioro de la voluntad. Y si va acompañada de burla boba, estamos ante un desconsiderado desprecio a la justicia, a la legalidad y a la ciudadanía.


El acuerdo dice garantizar el castellano, pero evita señalar cuotas. Cada colegio, cada instituto, buscará la evasiva necesaria

Los partidos catalanes, excepto PP, Vox y Ciudadanos, suscribieron recientemente un pacto para reforzar la presencia del catalán en las aulas y esquivar el cumplimiento. El acuerdo dice garantizar el castellano, pero evita señalar cuotas. Cada colegio, cada instituto, buscará la evasiva necesaria para sumar las situaciones en las que los estudiantes hablan castellano, incluso las del recreo, y las de acogida previa a las clases y las salidas de las clases y las charlas entre alumnos en las clases de los profesores descuidados. Una buena trampa para cuadrar los números


Y como al tribunal y al gobierno le interesa más tener paz que tener razón, pues ahí dejamos eso, como han hecho otras veces, hasta que los periodistas se olviden y las demandas desaparezcan traspapeladas en las carpetas de los ordenadores y algún día, por error intencionado, desaparezcan.


Las lenguas no son de nadie

Las lenguas no son de nadie, deberían saber en la Generalitat, y al mismo tiempo de quien las necesita. Ninguna define a un pueblo. En la India no son menos hindúes, ni en los países nórdicos menos suecos o noruegos por haberse apropiado del inglés; ni siquiera los galeses son menos galeses por hablar permanentemente inglés, ni los escoceses, ni los irlandeses. Tampoco los bretones por estudiar todas las asignaturas en francés. Ninguna lengua es más ni menos que otra en ningún lugar del mundo ni en ningún instante. El catalán no está por encima del castellano, ni lo contrario. La lengua más importante es la que nos sirve, no la que nos imponen. El éxodo del Reino Unido no ha impedido que en Europa se siga estudiando más inglés que nunca porque los gobiernos, señores exclusivistas, no eligen las lenguas. Es la gente, el pueblo quien se acerca a ellas guiados por la utilidad, y mucho menos por las emociones.


Ya no cabe hablar de pueblo y lengua, pues vivimos en la época de la comunicación, sino de hablante y lenguas, del patrimonio de lenguas de las personas. Catalán y castellano son dos códigos que funcionan como uno. Silenciar uno de los dos, propios de todo catalanohablante, es algo así como intentar separar la leche del café en el café con leche.


Una chiquillada más de corte independentista, de mentes minorizadas en uno de los territorios más interesantes y acogedores de la Unión Europea

El nacionalismo obstinado en la inmersión se moviliza apoyado en las instituciones (dirigidas por reconocidos independentistas), en los profesores (que tienen prohibido protestar) y en la calle (de la que se creen los amos). Ignoran, y rechazan que le recuerden que cualquier idioma puede servir a cualquier persona, que depende de la eficacia. Una decisión seria y conciliadora debería facilitar la lengua que desea a todo aquel que la solicite, pero prefieren la imposición. Una chiquillada más de corte independentista, de mentes minorizadas en uno de los territorios más interesantes y acogedores de la Unión Europea. No creo que merezcan que se les dé la razón a quienes hacen más ruido y le tapen la boca a la mayoría de los catalanes que, silenciosos y pacíficos, desean una educación que permita elegir en libertad. Mala suerte, amigo. La libertad no va con los nacionalismos. El respeto a la justicia es propio de otras gentes, aquí la justicia depende cada uno y de su exégesis.


VOX registra tres iniciativas en el Congreso para terminar con la impunidad de la banda terrorista ETA

RECLAMA QUE SUS CRÍMENES SE CONSIDEREN DE LESA HUMANIDAD

LGI. https://gaceta.es/. 30 Abril 2022


El Grupo Parlamentario de VOX ha registrado tres iniciativas en el Congreso, dos para su debate en pleno y una en la comisión de Interior, con el objetivo de considerar los crímenes de la banda terrorista ETA de lesa humanidad, y exigir el fin de los homenajes a etarras y que se tomen las medidas necesarias para que los beneficios penitenciarios vayan ligados a la colaboración activa y efectiva con la Justicia.


Así, reclama que se dé cumplimiento inmediato a las recomendaciones del Parlamento Europeo, que en el reciente informe de la misión de la comisión de Peticiones recuerda que durante más de cinco décadas los españoles «han tenido que convivir con el terror y la barbarie» del terrorismo etarra.


En un comunicado, VOX subraya que el texto de la UE deja claro que «los hechos delictivos perpetrados por la organización terrorista se cometieron como parte de un ataque sistemático contra una parte de la población civil constituida por grupos perseguidos exclusivamente por razones políticas e ideológicas».


En este contexto, VOX ha llevado al pleno del Congreso dos iniciativas: una con la intención de que la Cámara considere todos los delitos cometidos por ETA como crímenes de lesa humanidad y otra en la que insta a que se adopten las medidas necesarias para articular los mecanismos jurídicos necesarios con el fin de que los beneficios penitenciarios de los terroristas vayan ligados a una colaboración activa y efectiva con la Justicia.


En este sentido, el Grupo Parlamentario llama a promover una modificación del Código Penal con el fin de «configurar la colaboración activa y efectiva con las autoridades judiciales y policiales como requisito autónomo y desvinculado de la petición de perdón expresa a las víctimas». Esta petición, añade VOX, obedece a que actualmente el Ministerio del Interior considera la petición de perdón requisito suficiente para comenzar la concesión de beneficios penitenciarios.


Además, la formación liderada por Santiago Abascal ha presentado una Proposición No de Ley para

su debate en la comisión de Interior para que se termine con los «Ongi Etorri» y demás actos de enaltecimiento del terrorismo que humillan a las víctimas, y promover la modificación de la Ley de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo para que incluya un régimen administrativo sancionador que garantice el derecho al honor y dignidad de las víctimas.


EDUCACIÓN

La 'catalanización' del Gobierno valenciano: de los apellidos de los bebés al acoso del español en las aulas

J. L. Fernández. ALICANTE. ABC. 30 Abril 2022


Las recientes denuncias de familias que han denunciado cómo sus hijos ven bajar sus notas solo por usar el castellano en las aulas de la Comunidad Valenciana parecen un episodio más en una apuesta de la Generalitat gobernada por Ximo Puig -presionado por su socio Compromís- por "catalanizarse". Y ya intenta calar a todas las edades, empezando por los niños, aunque alcanza otros ámbitos como el comercio, el funcionariado, la cultura y hasta los apellidos.


En el entorno educativo, la Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística ha difundido en redes sociales este viernes un vídeo en el que se veía en 2020 al secretario autonómico Miguel Soler (PSPV-PSOE) lanzar un mensaje tranquilizador sobre la Ley de Plurilingüismo: cada estudiante podía elegir en qué lengua examinarse.


Tras varias sentencias y tiras y aflojas con las pretensiones de Marzà y lo que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha ido modulando, todavía no está definido por completo el panorama, si bien hay unos mínimos para el castellano, el valenciano y el inglés.


No obstante, la actualidad reciente ha dejado en evidencia aquellas palabras de Soler hace dos años, con dos conflictos candentes hoy en centros de Cheste y en Paterna. Aquella temida norma no solo obliga a pasar la evaluación en valenciano -si es el proyecto lingüístico del centro- sino que el alumno debe incluso utilizar ese idioma para hacer los deberes.


Esa terminología que define el plan pedagógico de cada colegio o instituto recuerda a la «inmersión lingüística» en Cataluña, una política de sustitución del castellano por el catalán que tanto inspira a Compromís. No en vano, su conseller de Educación, Vicent Marzà, nunca ha ocultado sus anhelos independentistas.


«Inmersión lingüística» desde la cuna

Y qué mejor «inmersión» que empezar desde la cuna, debieron pensar en la docena de ayuntamientos en los que lanzaron la peculiar recomendación de «valencianizar» los apellidos de sus bebés. Enviaron cartas a los padres para que recuperaran las grafías originales de algunos, como Jordà y Cassany, que aunque son poco comunes en su versión castellanizada (Chordà y Casañ), exactamente 78 y 96 inscritos sobre una población de cinco millones de habitantes, representaban una buena causa para esta campaña con el logotipo de la Conselleria de Educación y Cultura, que no obstante minimizó su vínculo a la iniciativa, precisó que solo destinó subvenciones indirectas a estos municipios por la promoción de la lengua.


«Empezar en valenciano, es empezar con buen pie», era uno de los lemas de esta campaña dirigida a los progenitores, en el momento en que acaban de tener descendencia.


Aunque esta acción queda más en anecdótica, por no afectar a un sector amplio de población, no es la única. En Elche, la tercera ciudad de mayor tamaño demográfico, Ciudadanos tuvo que llamar al orden al equipo de gobierno (coalición de socialistas y Compromís, también), porque empezaron a colocar las señales de tráfico locales únicamente en valenciano.


Funcionarios

Donde sí lleva varios causando algunos estragos y controversias la imposición del valenciano es para algunos trabajadores, por las consecuencias que emanan de la Ley de Función Pública.


Por ahora, solo en las oposiciones de Educación se exige el requisito de disponer de la titulación oficial, mientras que está pendiente de confirmarse si se hace extensivo a las ofertas de empleo para convertirse en funcionarios de Justicia y de Sanidad. En este caso, ya cuenta como un «mérito».


El sindicato UGT ya puso el grito en el cielo en 2017 cuando un millar de profesores interinos se quedaron sin trabajo por no estar al día en su capacitación de valenciano, después de muchos años de hacer suplencias y mantener a sus familias. Para colmo, faltaban docentes y algunos estudiantes se quedaron sin clases hasta cubrir las vacantes. La justificación desde la Generalitat fue, en aquel caso, que se habían agotados las moratarias para sacarse el título.


«Policía lingüística» y atención en los comercios

Más recientemente, en noviembre el año pasado, el Tribunal Supremo echó para atrás la misión encomendada a la denominada Oficina de Derechos Lingüísticos, una suerte de «policía» para detectar discriminaciones y vulneraciones de la ley en perjuicio de los valencianohablantes.


Esa vigilancia combinada entre la Administración y entidades privadas no se ajustaba a Derecho, entre otras cosas, porque se pretendía que pudiera sancionar y las multas no podrías ser recurridas ni impugnadas.


Con un espíritu similar, ese mismo mes Compromís planteó un cambio en el Estatuto de las Personas Consumidoras para que los comerciantes contesten obligatoriamente en valenciano en sus establecimientos a los clientes que se dirigieran a ellos en la lengua autóctona.


Según la portavoz adjunta de la formación nacionalista en las Cortes Valencianas, se produce «una discriminación solo en un sentido», por lo que seguirán buscando una nueva normativa en este sector.


Honores al inventor de los «Países catalanes»

En el mundo de la cultura, la polémica está más fresca en la memoria, ya que este año 2022 se ha dedicado a honrar la memoria de Joan Fuster, el ideólogo que acuñó el término «Países catalanes» en 1962, fallecido 30 años después.


El departamento del conseller Marzà ha aportado 70.000 euros de subvención al Ayuntamiento de Sueca para organizar estas actividades divulgativas del literato, que afirmó en su día: «Llamarnos valencianos es nuestra forma de llamarnos catalanes».


De hecho, las ayudas a entidades catalanistas posiblemente fueron el primer gesto de esta política al sur del Ebro, prácticamente desde que Ximo Puig llegó al poder en 2015, con el apoyo de Compromís y Unides Podem.


La autodenominada «ONG del catalán», la Plataforma per la Llengua, cuenta con 25.000 euros del Ayuntamiento de Valencia (gobernado por Compromís) para su fundación, que señala con el dedo a los comerciantes que no utilizan el valenciano, a quienes acusa con pegatinas de «discriminar». Pero los recursos públicos totales que recibe ascienden a más de 300.000 euros, según los cálculos del grupo del PP en las Cortes Valencianas, que apunta a los presupuestos autonómicos.


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