Recortes de Prensa Miércoles 1 Junio 2022
Tercera fase en Ucrania.
Scott Ritter. https://rebelionenlagranja.com/. 1 Junio 2022
Ninguna ayuda militar occidental ha
podido evitar que Rusia logre su objetivo militar de liberar la
totalidad de los territorios tanto de Lugansk como de Donetsk al
comenzar la Tercera Fase.
La «Operación Militar
Especial» de Rusia, que comenzó el 24 de febrero, entra
en su cuarto mes. A pesar de una resistencia ucraniana más
dura de lo esperado (reforzada por los miles de millones de dólares
de ayuda militar occidental y la inteligencia precisa y en tiempo
real del campo de batalla por parte de Estados Unidos y otros
miembros de la OTAN) Rusia está ganando la guerra sobre el
terreno, y a lo grande.
Después de más de noventa
días de incesante propaganda ucraniana, de la que se hacen eco
sin sentido los cómplices medios de comunicación
occidentales que ensalzan los éxitos en el campo de batalla de
las fuerzas armadas ucranianas y la supuesta incompetencia de los
militares rusos, los rusos están a punto de lograr el objetivo
declarado de su operación, a saber, la liberación de
las nuevas repúblicas independientes de Donbass, Lugansk y
Donetsk, que Rusia reconoció dos días antes de su
invasión.
La victoria rusa en Donbass se produce
después de semanas de intensos combates en los que los
militares rusos cambiaron de marcha respecto a lo que se conoce como
Fase Uno. Ese fue el acto de apertura de un mes que, según el
presidente ruso Vladimir Putin en su discurso del 24 de febrero,
tenía la tarea de tomar «acciones en todo el territorio
de Ucrania con la aplicación de medidas para su
desmilitarización y desnazificación.»
Putin dijo que el propósito era
restaurar «la DPR [República Popular de Donetsk] y la
LPR [República Popular de Lugansk] dentro de las fronteras
administrativas de las regiones de Donetsk y Lugansk, lo cual está
consagrado en las constituciones de las repúblicas».
El 25 de marzo, el jefe de la Dirección Operativa Principal del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, el coronel general Sergei Rudskoy, declaró que «se han alcanzado los principales objetivos de la primera fase de la operación. Las capacidades de combate de las Fuerzas Armadas de Ucrania se han reducido significativamente, lo que nos permite, una vez más, concentrar nuestros principales esfuerzos en lograr el objetivo principal: la liberación de Donbass.»
Según Rudskoy, los objetivos de la Fase Uno eran causar:
«Tales daños a la
infraestructura militar, el equipo, el personal de las Fuerzas
Armadas de Ucrania, cuyos resultados permiten no sólo
encadenar sus fuerzas y no darles la oportunidad de fortalecer su
agrupación en el Donbass, sino que también no les
permitirá hacerlo hasta que el ejército ruso libere
completamente los territorios de la DPR y LPR. Las 24 formaciones de
las Fuerzas Terrestres que existían antes del inicio de la
operación sufrieron pérdidas significativas. A Ucrania
no le quedan reservas organizadas».
Rusia ha completado la primera fase a
pesar de los esfuerzos de Estados Unidos, la OTAN y la UE por
suministrar a Ucrania una cantidad significativa de ayuda militar
letal, principalmente en forma de armas ligeras antitanque y
antiaéreas. «Consideramos un gran error», concluyó
Rudskoy, «que los países occidentales suministren armas
a Kiev. Esto retrasa el conflicto, aumenta el número de
víctimas y no podrá influir en el resultado de la
operación.»
Extremadamente malo».
La historia del conflicto ha demostrado
hasta ahora que Rudskoy tiene razón: ninguna ayuda militar
occidental ha podido impedir que Rusia logre su objetivo militar de
liberar la totalidad de los territorios de Lugansk y Donetsk.
Como admitió el ministro de
Asuntos Exteriores ucraniano, Dmitry Kuleba, en el Foro Económico
Mundial de Davos (Suiza), «no quiero que nadie tenga la
sensación de que la guerra está más o menos
bien. La situación en Donbass es extremadamente mala”.
Atrás quedaron las audaces
declaraciones realizadas en vísperas de las celebraciones del
9 de mayo del Día de la Victoria, cuando los numerosos
detractores de Rusia proclamaron que la ofensiva de la segunda fase
de Rudskoy en el Donbás se había estancado, y que Rusia
se vería obligada, en breve, a pasar del ataque a una postura
defensiva, lo que supondría el inicio de una retirada que,
según los ucranianos, culminaría no sólo con la
reconquista de todo el territorio perdido hasta ahora, sino también
de Crimea.
Estas ideas fantasiosas han dado paso a
la dura realidad que ignora la propaganda y favorece la sucia tarea
de destruir al enemigo mediante la potencia de fuego y las maniobras.
Sin embargo, lo que complica esta tarea es que durante los ocho años
de conflicto incesante en el Donbass, que precipitó la
invasión rusa, los militares ucranianos habían
preparado un cinturón defensivo que estaba, según
señaló el general Rudskoy en su sesión
informativa del 25 de marzo, «profundamente escalonado y bien
fortificado en términos de ingeniería, consistente en
un sistema de estructuras monolíticas de hormigón a
largo plazo.»
Según Rudskoy, las operaciones
ofensivas contra este cinturón defensivo fueron, por
necesidad, «precedidas por un fuerte ataque de fuego contra las
fortalezas del enemigo y sus reservas».
La ventaja rusa en artillería
fue un factor clave en el resultado victorioso de sus operaciones de
la segunda fase, pulverizando las defensas ucranianas y abriendo el
camino para que la infantería y los blindados acabaran con los
supervivientes.
Según los informes diarios
proporcionados por el Ministerio de Defensa ruso, los ucranianos
están perdiendo el equivalente a un batallón de hombres
cada dos días, por no hablar de decenas de tanques, vehículos
de combate blindados, piezas de artillería y camiones.
De hecho, varios observadores de este
conflicto, entre los que me incluyo, proyectaron que, sobre la base
de un análisis predictivo extraído de la matemática
militar básica en relación con los niveles de bajas
reales y proyectados, existía una expectativa real de que
Rusia, al finalizar la segunda fase, habría podido afirmar,
con justificación, que había logrado la mayoría,
si no todos, los objetivos políticos y militares establecidos
al comienzo de la operación.
La lógica dictaba que el
gobierno ucraniano, desprovisto de un ejército viable, no
tendría otra opción que una versión moderna de
la rendición de Francia en junio de 1940, tras las victorias
decisivas del ejército alemán en el campo de batalla.
Mientras Rusia sigue posicionándose
para lograr una victoria militar decisiva en el este de Ucrania, es
probable que se limite a la liberación del Donbass, a la toma
del puente terrestre que conecta Crimea con el territorio continental
de la Federación Rusa (a través del Donbass) y a la
ampliación de la cabeza de puente de Kherson para asegurar los
recursos de agua dulce a Crimea, que habían sido cortados por
el gobierno ucraniano desde 2014.
Los objetivos de Rusia
En su tratado clásico, Sobre la
guerra, el teórico militar prusiano Carl Von Clausewitz
escribió lo que se ha convertido en una de las máximas
de los conflictos entre naciones, a saber, que «la guerra es
una continuación de la política por otros medios».
Esto es tan cierto hoy como cuando se publicó en 1832.
Putin articuló dos objetivos
políticos principales para la operación militar:
mantener a Ucrania fuera de la OTAN y crear las condiciones para que
la OTAN acepte las demandas de Rusia establecidas en un par de
proyectos de tratados presentados a Estados Unidos y a la OTAN el 17
de diciembre de 2021. Esas propuestas de tratado establecen un nuevo
marco de seguridad europea al exigir la retirada del poder militar de
la OTAN a las fronteras que existían en 1997. Tanto la OTAN
como Estados Unidos rechazaron las exigencias de Rusia.
En cuanto a los objetivos militares,
además de la liberación de Donbass, Putin declaró
en su discurso del 24 de febrero, en el que anunció la
invasión, que Rusia «tratará de desmilitarizar y
desnazificar Ucrania, así como de llevar a juicio a quienes
perpetraron numerosos crímenes sangrientos contra civiles,
incluso contra ciudadanos de la Federación Rusa.»
Aunque la derrota del Regimiento Azov y
de otras formaciones neonazis durante la batalla de Mariupol
representó un paso decisivo hacia la consecución de ese
objetivo, varios miles de combatientes neonazis, organizados en
diversas formaciones militares y paramilitares, siguen luchando en
los frentes del este de Ucrania y realizando operaciones de seguridad
en las zonas de retaguardia ucranianas.
Sin embargo, la desnazificación
tiene un importante componente político que, por el momento,
no está siendo abordado por la operación militar rusa,
a saber, la existencia continuada de los partidos políticos
ucranianos de extrema derecha y neonazis en un momento en el que toda
otra actividad política ha sido clausurada bajo la ley
marcial.
En todo caso, la «nazificación»
de la vida política ucraniana se ha expandido exponencialmente
desde la invasión rusa, con Ucrania más bajo la
influencia de la ideología de Stepan Bandera, el nacionalista
ucraniano cuyos seguidores mataron a cientos de miles de judíos,
gitanos, polacos y rusos mientras luchaban junto a la Alemania nazi
en la Segunda Guerra Mundial.
Mientras que antes Rusia podía
concebir un acuerdo político que viera a los partidos
políticos de derechas del gobierno ucraniano y a su progenie
militarizada, el hecho es que hoy el gobierno ucraniano se ha
alineado cada vez más con el movimiento neonazi para reforzar
su dominio ante la creciente oposición política interna
a la guerra con Rusia.
La verdadera desnazificación, en
mi opinión, requeriría que Rusia desalojara del poder
al gobierno de Zelensky y lo sustituyera por un nuevo liderazgo
político que sostuviera agresivamente el objetivo ruso de
erradicar la ideología neonazi en Ucrania. Hasta ahora no hay
indicios de que ese sea un objetivo ruso.
Remilitarización
Asimismo, la desmilitarización se ha vuelto mucho más difícil desde la invasión del 24 de febrero. Mientras que la ayuda militar proporcionada a Ucrania por Estados Unidos y la OTAN antes de esa fecha podía medirse en términos de cientos de millones de dólares, desde que comenzaron las operaciones de la Segunda Fase esta ayuda ha crecido hasta el punto de que el total de la ayuda militar proporcionada a Ucrania por Estados Unidos se aproxima a los 53.000 millones de dólares.
Esta ayuda no sólo ha tenido un
impacto medible en el campo de batalla en términos de personal
militar ruso muerto y equipos destruidos, sino que también ha
permitido a Ucrania reconstituir el poder de combate, que había
sido previamente destruido por las fuerzas rusas.
Si bien este apoyo masivo no podrá
revertir la marea de lo inevitable en cuanto al alcance y la escala
de la victoria militar rusa en el Donbass, sí significa que
una vez que Rusia haya cumplido su objetivo declarado de liberar las
repúblicas escindidas, la desmilitarización aún
no se habrá producido. Además, dado que la
desmilitarización tiene como premisa que Ucrania sea despojada
de toda la influencia de la OTAN, incluyendo el equipo, la
organización y el entrenamiento, se puede argumentar que la
invasión rusa ha logrado convertir a Ucrania en un socio más
cercano a la OTAN que antes de comenzar.
Las cuestiones legales
Si Rusia fuera Estados Unidos, operando
bajo la noción de un «orden internacional basado en
reglas», la cuestión de sobrepasar la justificación
legal de un conflicto no representaría un problema –
sólo hay que ver cómo una sucesión de
administraciones presidenciales estadounidenses abusaron de la
autorización del Congreso para el uso de la fuerza militar
(AUMF) aprobada tras los ataques del 11-S, utilizándola
erróneamente para justificar operaciones que quedaban fuera de
sus atribuciones legales.
Una parte puede salirse con la suya con
estas incoherencias si es responsable, como Estados Unidos, de crear
y aplicar las reglas del juego (es decir Sin embargo, Vladimir Putin,
al reunirse con el presidente chino Xi Jinping durante la
inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno, se
comprometió a seguir una línea política según
la cual Rusia, junto con China, rechaza el orden internacional basado
en normas que define la visión de un mundo unipolar dominado
por Estados Unidos, y lo sustituye por un «orden internacional
basado en el derecho» multipolar basado en la Carta de las
Naciones Unidas.
Putin fue muy cuidadoso al tratar de
vincular la operación militar de Rusia con las autoridades
legales que existen en virtud del artículo 51 de la Carta de
las Naciones Unidas que rige la autodefensa. La construcción
específica en cuestión -que citaba lo que equivale a
una reclamación de autodefensa colectiva preventiva- gira en
torno a las afirmaciones rusas de que «las Fuerzas Armadas de
Ucrania estaban completando la preparación de una operación
militar para tomar el control del territorio de las repúblicas
populares».
Es la amenaza inminente que supone esta
supuesta operación militar ucraniana lo que da legitimidad a
la reclamación de Rusia. De hecho, tanto la primera como la
segunda fase de la operación rusa se adaptaron específicamente
a los requisitos militares necesarios para eliminar la amenaza que
suponía para Lugansk y Donetsk la acumulación de poder
militar ucraniano en el este de Ucrania.
Sin embargo, surge un problema cuando
Rusia completa su tarea de destruir, desmantelar o dispersar al
ejército ucraniano en la región del Donbass. Aunque
anteriormente se podría haber argumentado que seguiría
existiendo una amenaza inminente mientras las fuerzas ucranianas
poseyeran suficiente poder de combate para retomar la región
del Donbass, tal argumento no puede hacerse hoy.
En algún momento, Rusia
anunciará que ha derrotado a las fuerzas militares ucranianas
desplegadas en el este y, al hacerlo, pondrá fin a la noción
de amenaza inminente que dio a Rusia la justificación legal
para emprender su operación.
Esto se debe a los grandes éxitos
del ejército ruso en el campo de batalla. Pero dejará a
Rusia con una serie de objetivos políticos sin cumplir, como
la desnazificación, la desmilitarización, la
neutralidad ucraniana permanente y la conformidad de la OTAN con un
nuevo marco de seguridad europeo según las líneas
trazadas por Rusia en sus propuestas de tratado de diciembre de 2021.
Si Rusia suspendiera su operación militar en esta coyuntura,
estaría cediendo la victoria política a Ucrania, que
«gana» al no perder.
Tercera fase
El reto al que se enfrenta Rusia en el
futuro es, por tanto, cómo definir la escala y el alcance de
la Tercera Fase de forma que conserve el tipo de autoridad legal que
reivindicó en las dos primeras fases, a la vez que reúne
suficiente poder de combate para cumplir sus tareas. Entre ellas me
parece que está la de derrocar al gobierno de Zelensky y
sustituirlo por otro dispuesto y capaz de proscribir la ideología
de Stepan Bandera. También podría implicar el
lanzamiento de una operación militar en el centro y oeste de
Ucrania para destruir por completo los elementos reconstituidos del
ejército ucraniano junto con las fuerzas afiliadas neonazis
supervivientes.
Tal y como están las cosas, las
acciones de Rusia se están llevando a cabo sobre la base de
las limitadas autoridades legales concedidas a Putin por la Duma
rusa, o parlamento. Uno de los aspectos más restrictivos de
estas autoridades es que limitan la estructura de fuerzas de Rusia a
lo que se puede reunir en condiciones de paz. La mayoría de
los observadores creen que Rusia está llegando al límite
de lo que se puede pedir a estas fuerzas.
Cualquier expansión a gran
escala de las operaciones militares rusas en Ucrania, que pretenda ir
más allá del territorio conquistado por Rusia durante
la Primera y la Segunda Fase, requerirá recursos adicionales
que Rusia puede tener dificultades para reunir bajo las limitaciones
impuestas por una postura en tiempos de paz. Esta tarea sería
prácticamente imposible si el conflicto ucraniano se
extendiera a Polonia, Transnistria, Finlandia y Suecia.
Sólo los dirigentes rusos pueden
decidir lo que es mejor para Rusia, o lo que se considera viable
militarmente. Pero la combinación de un mandato legal
caducado, unos objetivos políticos incumplidos y la
posibilidad de una expansión masiva del alcance y la escala de
las operaciones de combate, que posiblemente podría incluir a
uno o más miembros de la OTAN, apunta a la absoluta necesidad
de que Rusia articule la misión de la Tercera Fase y por qué
la necesita.
No hacerlo abre la puerta a la
posibilidad de que Rusia se ponga en una posición en la que
sea incapaz de concluir con éxito un conflicto que optó
por iniciar a finales de febrero.
(*) Scott Ritter es un antiguo oficial
de inteligencia del Cuerpo de Marines de Estados Unidos que sirvió
en la antigua Unión Soviética implementando tratados de
control de armas, en el Golfo Pérsico durante la Operación
Tormenta del Desierto y en Irak supervisando el desarme de armas de
destrucción masiva.
La inflación de la eurozona fuera de control: el mayor dato de la serie histórica
Agencias. https://rebelionenlagranja.com/. 1 Junio 2022
La tasa de inflación interanual de la zona euro se ha situado en mayo en el 8,1%, frente al 7,4% registrado en abril y marzo, en lo que supone el mayor encarecimiento de los precios en la región del euro de toda la serie histórica, según el avance del dato publicado por la oficina comunitaria de estadística, Eurostat, que añade presión al Banco Central Europeo (BCE), que volverá a reunirse la semana que viene.
Según la oficina estadística comunitaria, la escalada de los precios de la zona euro en el quinto mes de 2022 responde a la subida interanual del 39,2% del precio de la energía, que se aceleró desde el 37,5% de abril, mientras que el incremento del precio de los alimentos frescos en mayo fue del 9,1% interanual, una décima menos que el mes anterior.
A su vez, los servicios se encarecieron un 3,5% interanual, frente al 3,3% del mes anterior, mientras que los precios de los bienes industriales no energéticos subieron un 4,2%, cuatro décimas más que en abril.
Al excluir del cálculo el impacto de la energía, la tasa de inflación interanual de la zona euro se ha situado en mayo en el 4,6%, frente al 4,1% del mes anterior, mientras que al dejar fuera también el efecto de los precios de los alimentos frescos, el alcohol y el tabaco, la tasa de inflación subyacente alcanzó un máximo histórico del 3,8% desde el 3,5% correspondiente a abril.
Entre los países de la eurozona, las mayores subidas de los precios se registraron en Estonia (20,1%), Lituania (18,5%) y Letonia (16,4%), mientras que las subidas menos fuertes correspondieron a Malta (5,6%), Francia (5,8%) y Finlandia (7,1%).
Además de la inlfación armonizada récord del 5,8% de Francia, los precios también subieron a un en Alemania con un alza interanual del 8,7%, mientras que en Italia, tercera economía del euro, la inflación armonizada alcanzó el 7,3%.
En España, la tasa de inflación armonizada se situó en mayo el en 8.7% frente al 8.3% de abril.
La España de Sánchez, una ruina económica sin paliativos
La gestión del Gobierno se resume en paro, deuda, déficit, despilfarro, subvenciones y sufrimiento para los ciudadanos y la economía productiva.
Editorial. ESdiario. 1 Junio 2022
La inflación de mayo volvió a subir en España hasta el 8.7%. muy superior a la de los países más cercanos del entorno: Francia se quedó en el 4.8%, Portugal en el 7.2%, Italia en el 6.2% y Alemania en el 7.4%. Solo los países bálticos, Grecia, Chequia y el Reino Unido están aún peor que España.
El escenario va a agravarse en los próximos meses, de manera inminente, tras confirmar la Comisión Europea y el FMI el fin del “Gran estímulo”: el Banco Central Europeo dejará de comprar deuda soberana; los tipos de interés comenzarán a subir hasta llegar al 1% y se prohibirá elevar el gasto público por encima del crecimiento económico de cada país.
De hecho, ya ha comenzado a subir el euríbor, que es el índice de referencia para millones de hipotecas, lo que comportará un encarecimiento medio de unos 600 euros anuales para los propietarios de casas financiadas por los bancos. Y todo irá a peor si, como presagia el Banco de España, la ruptura comercial con Rusia reduce aún más el crecimiento y eleva todavía más los precios de todo.
La enorme inflación afectará al Estado, aunque hasta el momento no ha dejado de hacer caja gracias a ella: mientras el consumo interno se enfriaba, las arcas públicas han podido reducir en 16.000 millones de euros el déficit gracias a la recaudación extra derivada de los sobreprecios de la luz, el gas, el combustible o los alimentos.
De cabeza al barranco
Pero ese récord de recaudación es insano porque deriva de un crecimiento desproporcionado del “impuesto al consumo” que es la inflación y no de un mayor consumo. Y porque provoca la nueva política de tipos de interés y de retirada de estímulos anunciada por Europa, de aplicación este mismo verano, que se comerá desde la rebaja del gas por el tope provisional hasta la subvención de 20 céntimos por litro de gasolina y, además, miles de millones de euros anuales por el pago de la deuda pública.
El Gobierno carece de una respuesta
conocida, y toda su política se sustenta en elevar la
recaudación, mantener el gasto público y confiarlo todo
a los Fondos Europeos y las subidas de impuestos, sea a los autónomos
o por conceptos “verdes”: una hoja de ruta “kamikaze”
que explica por qué España es el país, entre los
grandes de Europa, más rezagado y alejado de recuperar los
niveles económicos previos a la pandemia.
Sánchez, en caída libre, se lanza a la compra del voto con dinero público
OKDIARIO. 1 Junio 2022
Tal como están las encuestas, con Pedro Sánchez en sus horas más bajas en mitad de una crisis económica que no cesa, el Gobierno ha decidido recuperar la estrategia de aquellos Consejos de Ministros en los que el presidente le daba a la manivela del gasto público para anunciar, cada semana, una medida distinta para comprar voluntades. De aquellos «viernes sociales» hemos pasado, ahora, a los martes de la propaganda. Lo último han sido 800 millones de euros para un Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica sobre economía social y de los cuidados. En vísperas de las elecciones andaluzas, Sánchez recupera el baile y, además de esos 800 millones de euros, el Gobierno ha aprobado un Plan de Empleo para Andalucía dotado con 50 millones de euros. El plan estaba en los Presupuestos Generales de 2021 y 2022, pero mientras el año pasado la partida se aprobó en julio ahora se ha adelantado a mayo para que se convierta en reclamo electoral del PSOE en la inminente campaña de las elecciones andaluzas. Y es que, a medida que las encuestas certifican la caída libre del PSOE, Sánchez intensifica su plan de derroche para intentar, a la desesperada, ‘comprar’ los votos perdidos por el socialismo.
La estrategia es muy simple: gastar como si no hubiera un mañana y tratar de rentabilizar electoralmente cada euro en reconstituir la maltrecha figura de un presidente del Gobierno que se precipita en los sondeos. Cómo tienen que estar de mal las cosas para el socialismo para que Sánchez haya decidido convertir cada Consejo de Ministros de los martes en una tómbola en la que se tira la casa por la ventana con pomposos planes dotados con partidas millonarias. Con el dinero de todos los españoles, los martes de la propaganda recogen el testigo de aquellos «viernes sociales» que Sánchez puso en marcha al poco de llegar a La Moncloa.
Adoctrinamiento pleno
LIBERAL ENFURRUÑADA. okdiario. 1 Junio 2022
La ministra de Educación, Pilar Alegría, sólo es diplomada en Magisterio, aunque a pesar de ello Pedro Sánchez la consideró capacitada para implementar la reforma educativa que afecta a millones de niños españoles y que se empezará a aplicar ya el curso que viene, después del verano. En realidad, en el currículum de Pilar Alegría no consta que jamás haya ejercido como maestra, ni que haya trabajado nunca en nada que no estuviera vinculado al PSOE y a la política, así que sólo se la puede considerar como una mujer del partido, algo así como una Adriana Lastra, pero teñida de rubia. Y dice la ministra que es un «mantra» eso de que su Gobierno pretende adoctrinar a nuestro hijos porque es ridículo suponer que la ministra llama por teléfono a los profesores todas las mañanas para decirles que adoctrinen a los niños y absurdo creer que ellos obedezcan.
Pilar Alegría niega que exista adoctrinamiento ante las fotografías de los libros de texto del próximo curso que se han publicado este fin de semana y en las que todos hemos podido ver cómo están plagados de la ideología que representa la ministra y su Gobierno socialcomunista. «¿Qué es una democracia plena?» se pregunta uno de esos manuales, ilustrando esa pregunta con dos carteles electorales del PSOE, dos fotografías de Pedro Sánchez, otra de Mónica Oltra y ninguna del PP ni de nadie de VOX. Casualmente, el texto con el que se pretende responder a esa pregunta es un artículo publicado en el Diario de Córdoba por el catedrático de Historia del Derecho Manuel Torres Aguilar, casualmente también, número cuatro en las listas del PSOE al Congreso. El socialista publicó ese artículo en marzo de 2021 y en él concluye que la España de Pedro Sánchez es una de las pocas democracias plenas del mundo. Casualmente.
Pero hay más. Se les explica a los niños quiénes son los MENA y cuántos hay en España, desde el punto de vista socialista, faltaría más. La «resignificación» del Valle de los Caídos aparece como materia de estudio. Se les enseña que no tiene importancia el sexo biológico, sino que lo único que cuenta es el género elegido por cada cual. Se ensalza y convierte en heroína mundial a Greta Thunberg, modelo de activista a imitar. Y se usa la película de Amenábar sobre la eutanasia, Mar adentro, para contradecir las teorías de santo Tomás de Aquino. De todo esto ya hemos podido ver fotografías. Pero tenemos que estar tranquilos, porque la ministra diplomada en Magisterio, aunque nuca ejerciera de maestra, nos promete que ella no piensa llamar por teléfono a los maestros de nuestros hijos, que tendrán que estudiar y examinarse con estos libros.
La Ley Orgánica 3/2020 de Educación, más conocida como Ley Celaá o LOMLOE, entró en vigor en enero de 2021 y sus efectos se ven reflejados en los nuevos libros de texto que ya hemos empezado a ver porque serán los que tendremos que comprar para el próximo curso. En la Ley Celáa, la palabra «matemáticas» aparece repetida 8 veces, pero «sexual» se lee en 21 ocasiones y «sostenible» en 25. 9 veces nos habla de la educación «afectivo-sexual», 6 de la «igualdad de género», 5 de la «orientación sexual», 4 del «cambio climático» y 3 de la «identidad sexual». Así que la diplomada en Magisterio Pilar Alegría se cree que puede tratarnos como a imbéciles cuando, cada vez que se le pregunta sobre el adoctrinamiento en los nuevos libros de texto, responde la misma idiotez de que no pensemos que ella va a llamar a los maestros. Nos hemos estudiado sus leyes de educación, hemos visto cómo se aplican en los nuevos libros de texto y sabemos en qué consiste su adoctrinamiento pleno. Menos mal que nuestros hijos tampoco serán tan zoquetes como ella cree y ya les enseñaremos sus padres a reírse de la ministra, de sus memeces y del Pedro Sánchez que la sostiene.
La Generalidad no puede seguir desobedeciendo impunemente a la Justicia
Editorial. libertad digital. 1 Junio 2022
Los dirigentes regionales separatistas siguen rabiosamente comprometidos con la violación de los derechos fundamentales y la corrosión del Estado de Derecho.
Expirado el plazo dado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a la Generalidad para el cumplimiento de su sentencia de diciembre de 2020 que obliga a que al menos un 25% de las horas lectivas impartidas en Cataluña sean en castellano, el Gobierno regional catalán ha consumado su desobediencia, tal y como se comprometió a hacer desde el primer momento. No cabe la sorpresa, dado que el separatismo con mando en plaza en el Principado lleva décadas haciendo caso omiso de los pronunciamientos judiciales –incluidos los del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional– que han dictaminado la incompatibilidad de la inmersión lingüística integral en catalán con la Carta Magna.
Por desgracia, tampoco es novedosa la condescendencia del Gobierno central ante este reiterado delito de desobediencia y ante el no menos clamoroso fraude de ley con el que la Generalidad ha querido dar una burda apariencia de legalidad a su intolerable desacato. Lo novedoso es que esta vez dos partidos –Vox y Ciudadanos– se han mostrado partidarios de lo único que puede dar solución a este problema de la máxima gravedad: intervenir la Administración regional catalana y denunciar por desobediencia tanto al presidente de la Generalidad, Pere Aragonès, como a su consejero de Educación, Josep González-Cambray.
Lamentablemente, la indolente reacción del PP de Alberto Núñez Feijoó no dista mucho de la que protagonizó Mariano Rajoy en circunstancias similares: plantear la posibilidad de un recurso ante el TC... "en caso de que Pedro Sánchez siga mirando para otra parte". Como si Pedro Sánchez no llevara años "mirando para otra parte" y como si los nacionalistas no hubieran ignorado siempre los pronunciamientos del TC sobre la materia. Igual de lamentablemente, la reacción de Feijoó apenas difiere de la del Ejecutivo social-comunista, que se ha limitado a dejar en manos del burlado TSJC la ejecución de la sentencia y a advertir con la boca pequeña al Gobierno regional catalán de una "posible prevaricación".
El problema de la inmersión lingüística que, desde hace décadas, se perpetra en Cataluña no reside precisamente en una falta de pronunciamientos judiciales, sino en la reiterada e impune desobediencia de la Generalidad y en el no menos reiterado entreguismo de los Gobiernos centrales, que se supone tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes y las sentencias. Claro que se puede y se debe interponer (como también han planteado Vox y Ciudadanos) un recurso ante el TC contra el decreto aprobado este lunes por el Parlamento catalán, con el que los separatistas han querido sortear el cumplimiento de la sentencia del TSJC; pero además, y de forma paralela, se han de aplicar en Cataluña los protocolos del artículo 155 de la Constitución, decisión esta que no es de índole penal sino política y que está prevista no para castigar delitos sino para evitar que se perpetren desde las propias instituciones. Por desgracia, la única y fugaz intervención de la autonomía catalana en aplicación del 155 –que se debió haber aplicado para evitar las consultas secesionistas del 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017– se hizo no para restablecer el orden constitucional en Cataluña sino meramente para preparar una convocatoria electoral.
La intervención no se debió revocar hasta obtener un compromiso público y verificable de acatamiento del orden constitucional por parte de los sediciosos. Pero no fueron así las cosas y ahora lo que tenemos son unos dirigentes regionales separatistas que siguen rabiosa e impunemente comprometidos con la violación de los derechos fundamentales y la corrosión del Estado de Derecho.
Enrique Ossorio, sobre los libros de texto ideologizados: "No vamos a meter esos horrores"
El consejero de Educación de la CAM ha comentado en esRadio cómo el Gobierno incluye en los libros de texto "tanta ideología de una manera tan burda".
EsRadio. Libertad Digital. 1 Junio 2022
La Comunidad de Madrid ha abierto un nuevo frente contra el Gobierno de Sánchez después de que se conozca el contenido de los libros de texto que recogen lo impuesto en el último currículo enviado por Educación. Estos libros adaptados a la LOMLOE están sembrado de "material sectario", en palabras de Isabel Díaz Ayuso.
En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha comentado también el contenido de este material didáctico. Ha contado que lleva "trabajando en estos currículos desde marzo" por los que está "curado de espanto". Ha apuntado que "te entra la risa pero es una cosa de llorar".
En estos libros de texto "han metido tanta ideología de una manera tan machacona y tan burda" y que desde la CAM lo que han hecho es "revisarlos profundamente" y como desde la región tienen que "aprobar el decreto" han quitado "toda la ideología". "No vamos a meter esos horrores", ha prometido el consejero de Educación. Ossorio ha dicho que van a "encargar" esa revisión a "la inspección educativa" para "comunicar a las editoriales casos de adoctrinamiento o de ideología" y que "los rectifiquen o los retiren del mercado".
Además, pedirán una reunión a la ministra de Educación, Pilar Alegría, "ante la alarma social" que se ha provocado en el mundo educativo al conocerse el contenido de estos libros de texto. Enrique Ossorio también ha contado que han acudido "a la Unión Europea" para "pedir amparo ante lo que está sucediendo" y una reunión a la patronal de las editoriales de libros de texto.
El consejero de Educación también ha comentado que desde la CAM no pueden pedir los libros antes de poder revisar sus contenidos. "Es a posteriori, cuando el libro está producido, cuando se revisa y la inspección educativa puede actuar", ha explicado.
Ossorio ha añadido que a pesar de los contenidos ideologizados desde la CAM confían "en los docentes" que, además de lidiar con esto tienen que hacerlo también con la obligación de hacer pasar de curso a los alumnos con numerosos suspensos. En este sentido, el consejero de Educación ha dicho que "la labor del Gobierno ante los docentes es terrible".
El engaño de la Generalidad con el 25%
Enrique Ossorio también ha comentado cómo la Generalidad intenta saltar la sentencia del TSJC que le obliga a dar un mínimo del 25% de las clases en español. "Se produce un auténtico fraude de ley, un engaño. Me parece patético", ha apuntado.
Ha destacado que "es tremendo" y ha recordado como pese al decreto del Gobierno de Sánchez en contra del "distrito único" de la Comunidad de Madrid se les mandó "un apercibimiento". "Nosotros respetando la ley y nos mandan un apercibimiento, me gustaría ver qué han mandado a Cataluña", añadido.
El multiculturalismo y la jauría
Irene González. vozpopuli. 1 Junio 2022
El multiculturalismo es una consecuencia trágica de las políticas socialistas de 'open arms' practicada por ricos
Los sucesos de Saint-Denis fueron una especie de Epifanía para los defensores del multiculturalismo, todos con bolsillos pudientes para asistir a una final de Champions. Pero de nada servirán las caídas de caballo de la idealizada integración mientras se mantenga el perverso relato de la desigualdad social.
Oriana Fallaci en La fuerza de la razón, la segunda entrega de su trilogía sobre la verdad de la islamización en Europa, defiende que la indignación alumbra la razón y la reflexión. Pero no tenemos tiempo de esperar a que el último progresista acomodado se indigne con su primer contacto con la verdad fuera de su burbuja ideológica. A que el agravio personal le lleve a ser consciente de la inmunda realidad, inherente a la inmigración masiva y descontrolada de origen islámico en una cultura que desprecia y que es incompatible con ella, como es la occidental.
El multiculturalismo es una consecuencia trágica de las políticas socialistas de open arms practicada por ricos. Un Estado del bienestar mal entendido en Europa, que mantuvo su discurso de ensoñación adolescente del izquierdista bueno ante una masiva inmigración. Sin trabajo y sin una remota aspiración de ser europeo, pero sí de acceder a su bienestar social y su territorio. Alemania, Suecia o Francia han destinado durante décadas una ingente cantidad del presupuesto público a inútiles políticas de integración conscientes de que es a fondo perdido. Las enormes subvenciones, ayudas múltiples, casas, lugares de reunión y recreo según su comunidad de origen han comprado una paz intermitente en las calles de sus barrios acomodados, pero no fuera de ellos.
Tras varias generaciones y miles de millones de presupuesto para la integración, los hombres de zonas como Saint-Denis ni están integrados, ni quieren. No trabajan porque su oficio es el crimen organizado en la tribu (el gueto) contra aquellos que están fuera. Disfrutan saqueándolo por el odio al europeo, al que además exigen subsidios eternos, como si fuese una deuda por la desigualdad. Aprendieron el discurso de la izquierda colaboracionista. Una especie de pago, de tributo de servidumbre occidental en forma de políticas sociales a la integración.
El fracaso del Estado del bienestar en la consecución de estos fines ha derivado en un estado ruinoso que castiga y empobrece a las clases medias y trabajadoras que son las que nutren el presupuesto público sin beneficiarse de un ascensor social ya destruido y sin solventar los problemas de convivencia e inseguridad que crean quienes viven a costa de su esfuerzo. Así, los que se autoperciben élites pueden mantener su discurso hipócrita, falaz, rebosante de miseria moral en favor de la diversidad multicultural mientras tachan de racista y dedican gestos de soberbia y de desprecio al trabajador que demanda seguridad para sus hijos e hijas en el barrio degradado del que no podrán salir a causa de las leyes educativas inclusivas -y sin matemáticas- que han ideado los socialdemócratas de la diversidad multicultural.
Francia es un estado fallido porque fallida ha resultado la socialdemocracia europea. Bajo la excusa de la desigualdad social abrió fronteras sin control y mantiene subsidiada la inmigración masiva, incluso tras varias generaciones, con éxitos tan notables como el de Saint-Denis. Los problemas de difícil solución se previenen, no se solucionan.
El ministro del Interior francés culpó a los aficionados ingleses para ocultar la realidad de la Francia impune multicultural. Es más fácil señalar a blancos que se han salido de la Unión Europea en el imaginario enfermo de la progresía francesa. El diario Le Parisien recogía los incidentes como resultado de una mala organización porque alguien estaba de huelga en Francia. ¿Y cuándo no?
Ocultaron las imágenes que sólo gracias a las redes hemos podido conocer. Ataques organizados con robos, palizas, destrozos, agresiones sexuales a algunas aficionadas, terror a los pequeños, pánico entre las familias. Ocultaron las imágenes para que no se desvanezca el relato de un pobre inmigrante en busca de oportunidades por la desigualdad de renta. Escondieron esos documentos gráficos para que no pudiera comprobarse el origen africano de los asaltantes que se regocijaban con sadismo en sus agresiones impunes. Para escamotear la realidad de quienes son estos tipos que viven de sus impuestos, que les odia sin remedio por su origen europeo, por no pertenecer a su tribu del gueto, de la que no quiere salir, salvo para humillar todo vestigio de la civilización occidental que desprecian. Y eso no lo va a cambiar ningún gasto social porque el problema no es la desigualdad de renta, sino de cultura.
¿Es un Estado si la maquinaria sólo funciona para extraer recursos de la empobrecida y cautiva clase trabajadora? ¿Es democracia o un remoto imperio de la Ley si no rige para una parte de la sociedad, subsidiada e impune?
La principal desigualdad social es la que conocen quienes denuncian la inseguridad del multiculturalismo subsidiado porque la sufren en sus barrios y a quienes llaman racistas desde esas zonas privilegiadas donde no se padecen estas situaciones desesperadas.
La Guerra Civil inédita de Wenceslao Fernández Flórez
Alfredo Valenzuela. https://rebelionenlagranja.com/. 1 Junio 2022
EFE.- «Crónicas de la Guerra Civil» reúne las crónicas que para la prensa suramericana escribió entre 1937 y 1938 Wenceslao Fernández Florez, el autor más leído de su época y uno de los cronistas parlamentarios más brillantes del periodismo español, pese a lo cual esos textos han permanecido inéditos en España hasta ahora.
Publicadas por Ediciones 98, estas 39 crónicas tratan sobre las batallas de Teruel y del Ebro, sobre la intervención soviética en la guerra y los efectos del comunismo y su propaganda, y sobre los métodos de la represión soviética trasladados a las checas, entre otros asuntos.
Ediciones 98 considera que «Crónicas de la Guerra Civil» completa la trilogía de Wenceslao Fernández Flórez dedicó al conflicto las novelas «Una isla en el mar rojo» y «La novela número 13» y el libro testimonial «El terror rojo», título que también ha permanecido inédito en español hasta este año que lo tradujo del portugués Jesús Blázquez, director de este sello editorial.
Blázquez ha dicho a Efe que estas crónicas son, precisamente, una «continuación» de «El terror rojo», título que el escritor no quiso traducir después de que se publicara en Portugal en plena Guerra Civil y que tampoco quiso incluir en sus obras completas -unas 12.000 páginas en nueve volúmenes de papel biblia- por tratarse de un libro demasiado personal y de recuerdos demasiado amargos, ya que cuenta su peripecia en sedes diplomáticas de Madrid durante el primer año de guerra huyendo de los milicianos chequistas que pretendían asesinarlo.
La familia de Fernández Flórez ha conservado los mecanoscritos con correcciones a mano del propio autor de estas 39 crónicas -casi 300 páginas inéditas- que, entre finales de 1937 y mediados de 1938, fueron enviadas a periódicos suramericanos -los originales no especifican a cuál o cuáles-, y algunas de ellas fueron reutilizadas después de la primavera de 1938 por el «Diário da Manha» de Lisboa.
Las crónicas se conservaron sin la fecha, por lo que los editores han debido de hacer un estudio del contenido para poder situarlas temporalmente, y algunas sin título, por lo que han sido bautizadas en razón de su contenido o de los hechos referidos en cada una.
Jesús Blázquez considera estas «Crónicas» una «continuación» de «El terror rojo», libro que también ha permanecido inédito en español hasta este mismo año que lo ha publicado Ediciones 98, porque además de informar de sus propias actividades y viajes durante 1937 y 1938 ofrece «un impactante fresco sobre trascendentes acontecimientos sucedidos durante aquellos luctuosos años de guerra civil»
El editor también ha dicho que estas crónicas constituyen unas «memorias» y «una crónica vívida de cuanto acontecía entre el invierno de 1937 y la primavera de 1938» y que es la continuación natural de «El terror rojo», donde «recogió su odisea personal en el primer año de guerra para salvarse de un seguro asesinato en el Madrid revolucionario, y en la Valencia bombardeada».
Blázquez ha destacado igualmente la importancia literaria, periodística y testimonial de estos textos que, publicados por primera vez en España 84 años después de haber sido escritos, reflejan la visión personal de un escritor de la categoría de Wenceslao Fernández Flórez.
«Se recogen en esta obra las vivencias e impresiones del escritor de forma magistral, junto a la aguda crónica de los acontecimientos acaecidos en aquellos tristes años, y se ocupan de la constitución del Instituto de España en Salamanca, del chequista García Atadel, de la conformación de los gobiernos de uno y otro bando contendiente, además de incluir una serie de entrevistas con personalidades del momento como Nicolás Franco y Ríos Capapé», ha añadido el editor.
Para el editor, que cuenta en su catálogo con autores como Baroja, Pla, González Ruano y Stefan Zweig, Wenceslao Fernández Flórez «es uno de nuestros más importantes escritores del siglo XX»
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Inda: «Si los golpistas desacatan la sentencia del 25% de español, que los procesen y los encarcelen»
OKDIARIO. 1 Junio 2022
Eduardo Inda analiza lo que sucede en Cataluña con el español. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) obliga a impartir un 25% de clases en castellano en la comunidad autónoma presidida por Pere Aragonés, pero la Generalitat se niega a ejecutarla y todo indica que en la práctica el español seguirá totalmente marginado en el sistema educativo catalán. Un hecho sobre el que el director de OKDIARIO tiene muy clara su postura y los pasos a seguir: «Si los golpistas catalanes no cumplen la sentencia del 25% en español, que los procesen y los metan en la cárcel».
Inda explica así su postura: «España ha dejado de ser un país serio con Pedro Sánchez. ¿Y por qué ha dejado de ser un país serio? Pues lisa y llanamente porque no se cumplen las sentencias judiciales. Y en un país en el que no hay Estado de Derecho no hay democracia. Sin legalidad no hay democracia. Y si hay cada vez menos legalidad, hay cada vez menos democracia, que es lo que está pasando en España; todavía queda algo del Estado de Derecho».
El director de OKDIARIO añade que se refiere»obviamente al caso de la sentencia del TSJC que obliga a impartir el 25% de las clases en aquella comunidad autónoma en español. La Generalitat catalana lleva cuatro años y medio en un golpe de Estado permanente. Y ese golpe de Estado permanente ha llevado por ejemplo a que expire el plazo para cumplir la sentencia y se la hayan pasado por el arco del triunfo. Y lo están haciendo con la complicidad del Gobierno».
«Yo espero, confío y deseo que la Justicia catalana procese por prevaricación y por desacato a los dirigentes de la Generalitat de Cataluña que se niegan a cumplir la sentencia. Y si no la cumplen, lo que tiene que hacer el TSJC es procesarlos y meterlos en la cárcel», afirma Inda.
El Govern impide aplicar el 25% de castellano y obliga a retirarlo de todos los colegios
El consejero Cambray desafía y ordena seguir con la inmersión el día en que vence el plazo del TSJC. La Generalitat alega ahora ante la justicia que el fallo es inaplicable
CRISTINA RUBIO. BARCELONA. la razon. 1 Junio 2022
La Generalitat culmina el desafío y ordena a los 5.000 colegios catalanes no fijar ningún tipo de porcentaje en las aulas, a retirarlo de todos aquellos centros que ya lo aplican y a mantener la inmersión lingüística. Un triple órdago como respuesta al 25% de español oficializado ayer, justo el día en que venció el plazo otorgado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para ejecutar la sentencia. De hecho, y en un escrito mandado a la justicia, el Govern alega «la imposibilidad legal» de ejecutar el bilingüismo amparándose en su propia normativa, aprobada a trompicones y de forma unilateral por el Govern para burlar a la justicia.
El último día para aplicar el 25% empezó con un un paquete de instrucciones que el titular de Educación, el republicano Josep González-Cambray, firmó de su puño y letra y remitió a primera hora a todos los centros públicos y concertados. En una circular de cuatro páginas, Educación recopila todo el armazón jurídico que la Generalitat ha tratado de levantar para esquivar la sentencia del castellano: recoge la ley que PSC, ERC, Junts y Comunes han pactado y está pendiente de aprobación en el Parlament, el decreto que la Generalitat aprobó ayer para hacer «inaplicable» el 25% –Educación reproduce en las instrucciones la literalidad de este punto– y añade un anexo con siete preguntas binarias, de sí o no.
La consejería de Educación explica a los equipos directivos de las escuelas que si responden positivamente a las siete preguntas del cuestionario en un plazo de 30 días su proyecto lingüístico quedará automáticamente validado a efectos de la normativa vigente. Eso es, del decreto aprobado que fija incumplir con el 25% de castellano, y con la ley pendiente en el Parlament.
En caso contrario –si se responde que no a una o más preguntas– los colegios e institutos dispondrán del próximo curso para modificar el proyecto lingüístico, que requiere aprobación del consejo escolar del centro o de la titularidad del centro, en el caso de los concertados. Por tanto, hace imposible aplicar el 25% e incluso dar más presencia al castellano.
Y aquí entra en juego la última pregunta del cuestionario, que dice lo siguiente: «¿El proyecto lingüístico evita la utilización de porcentajes en la enseñanza y el uso de las lenguas?». Si los colegios responden afirmativamente tendrán validado su proyecto, mientras que si responden negativamente deberán cambiar su plan. Por tanto y en la práctica, la Generalitat obliga a no fijar ningún porcentaje lingüístico, con la vista puesta en aquellos centros que ya dan más español en las aulas. Es decir, a los que ya aplican el 25% fruto de una sentencia individualizada como puede ser el caso de la escuela Turó del Drac de Canet de Mar.
En concreto son 47, y preguntado por ello, el consejero fue tajante: «Un profesor no puede escoger en qué idioma hace clase, debe hacerlo en la lengua que fija el proyecto lingüístico». «Tomaremos las medidas que hagan falta en las sentencias que tenemos», avisó Cambray en rueda de prensa tras la reunión semanal del Govern. Una treta con la que el Ejecutivo busca no sólo no aplicar el 25% sino retirarlo de todas las escuelas que ya lo imparten.
En las instrucciones remitidas a los centros, además de interrogar sobre si el proyecto lingüístico «evita el uso de porcentajes» en la enseñanza y uso de las lenguas, el test pregunta si los centros prevén que el catalán es la lengua normalmente usada como lengua vehicular y de aprendizaje, y la lengua de uso normal en la acogida de alumnado recién llegado.
También interroga sobre si el proyecto contempla el uso curricular y educativo tanto del catalán como del castellano, y si incorpora «criterios exclusivamente pedagógicos y desde un abordaje global, integrador y de transversalidad curricular» para determinar la presencia y el tratamiento de las lenguas.
De hecho, la estrategia de la Generalitat pasa por esgrimir que ahora hay un nuevo marco normativo vigente que «supera» la sentencia del TSJC a favor del 25% de castellano y que por tanto el fallo es «inaplicable». Así lo remitió también ayer y a última hora en el mencionado escrito de alegaciones en el que la Generalitat dice que «no puede hacer otra cosa» que pedir al tribunal la declaración de imposibilidad legal de ejecutar la sentencia «por concurrir una causa sobrevenida, como es el cambio normativo operado».
A nivel político, la maniobra de la Generalitat ha generado ya una auténtica polvareda. La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) denunció ayer la «desobediencia clara y visible» del Govern, advirtió de medidas para volver a pedir la ejecución del fallo del 25% -que este miércoles anunciará- y exige al Gobierno de Pedro Sánchez a que mueva ficha para cumplir con el fallo.
El PP recurrirá al TC
La portavoz del PP en el Parlament, Lorena Roldán, acusó al Govern de «prevaricación» con el decreto ley sobre el catalán en las aulas, que a su juicio incumple la sentencia que obliga a impartir un 25% de clases en castellano, y anunció que lo recurrirán ante el Tribunal Constitucional (TC).
«El decreto exige a los centros educativos que incumplan con esta resolución del TSJC, que se salten la ley y rompan el Estado de Derecho. Nos parece una tremenda irresponsabilidad», lamentó. Vox, además, se querellará por desobediencia contra algunos miembros del ejecutivo catalán. Ciudadanos también ha anunciado recurso al TC
Frikis, trileros y facinerosos lingüísticos
Gerard Mateo. cronica global. 1 Junio 2022
¿Dónde está la bolita? ¿Aquí?, ¿o aquí? La Generalitat vuelve a recurrir a números circenses para esquivar la sentencia judicial que acaba con la inmersión lingüística. Los argumentos de las últimas horas esgrimidos por la portavoz y el consejero de Educación vienen a confirmar las sospechas de que la intención es desobedecer la orden de los tribunales que impone el bilingüismo en la escuela, dado que los responsables de asegurar la igualdad del catalán y del castellano en las aulas son ¿incapaces? de hacerlo.
La sentencia del TSJC es clara: fija en un mínimo del 25% las materias troncales que hay que impartir en castellano en las escuelas. “Pero, hombre, señor juez, es que usted ha tomado esa decisión basándose en una ley que ya no existe, porque nos hemos sacado otra de la manga con el fin de esquivar esa sentencia, que queda en papel mojado”, sostienen los fanáticos. Un poquito de paripé, algo más de postureo para que parezca que se obedece, pero no mucho, y a seguir. ¡Si es que no nos merecemos a unos gobernantes tan astutos! Total, que tocará seguir peleando, volver a los juzgados… nadie dijo que fuera fácil. Y ya sabemos que el independentismo es muy hábil en eso de ganar tiempo.
Para el Govern no hay porcentajes que valgan en la escuela catalana --que insiste en defender como un modelo de éxito y cohesión, por bien que el mismo consejero de Educación, Josep González Cambray, lleva a sus hijas a un centro concertado plurilingüe--, entre otras cosas porque “ya no existen asignaturas como tal” (oooolé), según defiende el secretario de Política Lingüística. A eso se agarran para defender que el 25% en español no tiene cabida, que no se puede fijar como tal. Ya con las caretas fuera, la novedad es que el Ejecutivo autonómico ha solicitado al TSJC la imposibilidad de ejecutar la sentencia.
Pero una de las afirmaciones más llamativas de los políticos independentistas es que, con la nueva ley --que mantiene el castellano como una lengua extranjera, al menos en su denominación--, se asegura que todos los alumnos terminarán su etapa educativa con pleno dominio oral y escrito del catalán y del castellano… ¿Son malos comunicando o es que realmente asumen que, hasta ahora, y 40 años llevamos, no era así? De todos modos, nadie está contento con estos cambios lingüísticos: unos, porque los consideran una triquiñuela para desobedecer; otros, porque entienden que se acepta un supuesto ataque judicial al catalán. En fin. Más lío, por si no tuviéramos pocas preocupaciones.
En mitad de esto, aparecen los oportunistas de turno para pedir un poquito de atención, que tras el confinamiento están faltos de cariño. Por un lado, unos activistas --encapuchados, como buenos superhéroes de la patria-- dinamitan las clases en la UPF contra el 25% en castellano --a pesar de que la sentencia del TSJC no repercute en las universidades, un ámbito, de hecho, en el que el Govern sí fija como objetivo alcanzar una cuota del 80% en catalán--. Por el otro, unos hombres que se ponen en huelguita de hambre por la lengua, aunque, la verdad, es que no aguantan mucho. Uno duró dos días; otro, ocho, y ahora se ha sumado un tercero en busca de un minuto mediático.
DICTADURA LINGÜÍSTICA
La Generalitat se queja a los directores de colegios de que los alumnos hablen entre ellos en español
Luz Sela. Okdiario. 1 Junio 2022
La Generalitat separatista ha remitido una carta a los directores de 4.500 centros públicos y concertados de toda Cataluña en la que les insta a no aplicar el porcentaje mínimo establecido por la Justicia, del 25%, para las clases en español. Pero, más allá, en la misiva, el consejero de Educación Josep González-Cambray se lamenta por lo que considera un «retroceso significativo» en el uso del catalán en las aulas. Pero no sólo por parte de los docentes, también entre las conversaciones que puedan mantener los menores entre sí. El Gobierno independentista advierte «del descenso en los usos del catalán cuando el alumnado interactúa con los compañeros y compañeras dentro del aula para realizar trabajos en grupo». En otras palabras, quiere influir incluso en la lengua que utilizan los alumnos entre sí.
Para sostener sus argumentos, el Gobierno catalán se remite a varias encuestas que, reafirman, «ponen de manifiesto la reducción en los usos de la lengua catalana entre el alumnado y el profesorado», especialmente, remarcan, «en las actividades educativas que se hacen en grupo».
Así, lamentan, por ejemplo, que el catalán sea, según sus conclusiones, «la lengua de uso escolar durante un 62,1% de la jornada en Primaria y un 60,6% en Secundaria», frente al «33,1% y el 32,9% del español». «Se constata la importancia del papel compensatorio que la escuela representa para muchos niños y jóvenes a la hora de proporcionar espacios de interacción y comunicación en catalán», subraya el consejero en la misiva.
Polémicas
Las maniobras de la Generalitat para conocer si los alumnos hablan en español o en catalán han sido especialmente polémicas. En este sentido, se recordará, por ejemplo, el espionaje de la Plataforma per la Llengua -autodenominada ONG del catalán- que, en 2019, realizó una «observación de incógnito» en 50 colegios de Cataluña para estudiar los «comportamientos lingüísticos» de los escolares, incluso durante el recreo.
La carta de la Generalitat se acompaña de unas instrucciones a los directores de los centros para que no apliquen el 25% de las clases en castellano, como obliga la Justicia. En concreto, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dio 15 días de plazo para que el Gobierno catalán le comunicase qué órdenes ha enviado a los centros para dar cumplimiento a la sentencia. En las instrucciones remitidas se pregunta al equipo directivo si «el proyecto lingüístico evita la utilización de porcentajes en la enseñanza y el uso de las lenguas». Si se responde afirmativamente, la Generalitat aprobará el proyecto lingüístico del centro en cuestión. En caso contrario, deberá modificarlo. «¿El proyecto lingüístico prevé que el catalán, como lengua propia de Cataluña, sea la lengua normalmente utilizada como lengua vehicular y de aprendizaje?», es otra de las cuestiones.
En su estrategia para blindarse ante la obligación de impartir español, la Generalitat aprobó este lunes un decreto en el que se exige a los centros la «inaplicación de parámetros numéricos, proporciones o porcentajes en la enseñanza y el uso de las lenguas», es decir, no fijar un porcentaje mínimo, como exige el Alto Tribunal.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha evitado tomar medidas. La portavoz Isabel Rodríguez ha evitado este martes comentar las últimas decisiones del Govern sobre el uso del español en las aulas catalanas y se ha limitado a reiterar que las administraciones deben cumplir los mandatos de los jueces.
Rodríguez ha insistido en el compromiso del Gobierno de «poner en valor» todas las lenguas del Estado y el catalán, ha dicho, es una «lengua oficial en nuestro país», con protección constitucional.
Siguen riéndose de los jueces
José García Domínguez. libertad digital. 1 Junio 2022
Tal como era de prever, la Generalitat de Cataluña acaba de maquinar por la vía de urgencia otra treta leguleya, la enésima, cuya consecuencia práctica habrá de ser que la también enésima sentencia de los tribunales de justicia a cuenta del uso docente del idioma español quede huérfana del menor efecto real. Es sabido, por lo demás, que la Generalitat tiene por costumbre ya institucionalizada el reírse tanto de los jueces como de sus mandatos.Tan sabido es eso como que también resultan ser los propios jueces y magistrados los primeros en dejar que las autoridades de Cataluña les tomen el pelo por consuetudinaria rutina.
He ahí, pues, no un tribunal cualquiera, sino uno que se dice a sí mismo supremo, ordenando de modo imperativo al señor González, que por tal responde el consejero de Educación, que a partir de ya, y sin demora, en todos los centros docentes de la demarcación se use el castellano como lengua de aprendizaje. Y también he ahí al tal González diciéndoles a los jueces españoles que, por su parte, seguirá procediendo tal como le ordene su real gana. Así las cosas, nos veremos obligados a tener que discernir sobre si pesan más los collons del tal González o las sentencias firmes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y yo no descartaría que, en efecto, pesen más los primeros.
Ocurre que el Tribunal, ante una actitud ostensible, pública, manifiesta y chulesca de desobediencia como la adoptada por el consejero, puede hacer dos cosas. Puede multar a González, primera prerrogativa. Y también puede, segunda, incoar contra él un procedimiento penal. El problema es que cualquier sanción económica que recayese sobre su persona terminaría siendo costeada por la Administración catalana con cargo a los contribuyentes, como ya ocurrió en su momento con Artur Mas y compañía, lo que añadiría un sangrante plus de sarcasmo a la burla habitual. Y si se llegase a abrir una causa penal, entonces la primera condena, nadie lo dude, recaería sobre los propios miembros del Tribunal, que verían amenazadas en el acto sus carreras profesionales, al depender su promoción futura de los partidos que tutelan con mano de hierro el CGPJ. Así que seguirán mofándose de ellos. Como siempre.
Ceses, adoctrinamiento en los libros y rebelión en Cataluña: las 'penas' de la ministra Alegría
MARINA ALÍAS. vozpopuli. 1 Junio
2022
Faltan pocas semanas para que finalice el curso escolar, pero los 'incendios' en el Ministerio de Educación no dejan de propagarse. Sobre todo en Cataluña, donde la Generalitat está desafiando al TSJC para no impartir el 25% de clases en castellano, y en Madrid, donde Ayuso ha lanzado un plan contra lo que considera adoctrinamiento en los libros de texto. En este contexto, la ministra Pilar Alegría ha cesado a su 'número 2', Alejandro Tiana, el secretario de estado de Educación que heredó de la era Celaá y también conocido como el "eterno ministrable".
El Gobierno catalán se reunió este lunes de manera extraordinaria para aprobar el decreto ley con el que espera que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dé por cumplida la sentencia que blinda al menos un 25% de horas lectivas en castellano en todos los centros escolares de la comunidad autónoma.
Sin embargo, el texto de la Generalitat, supone un desafío al fallo de los jueces porque, primero, no recoge la orden sobre el 25% y, segundo, aboga por la "inaplicación" de "parámetros numéricos" en el uso de lenguas en las escuelas. Las autoridades catalanas no quieren ni oír hablar de porcentajes. "El Govern garantizará que las sentencias no condicionen el modelo de escuela catalana", advirtió la portavoz Patrícia Plaja.
La ministra Pilar Alegría respondió que no conocía el decreto puesto que no se había publicado y aseguró que es el TSJC "quien tiene que determinar" si el decreto ley del catalán en la escuela "es una respuesta acertada, oportuna o correcta". Los partidos de la oposición han cargado duramente contra las autoridades catalanas. En el caso de Voz, ha solicitado aplicar el artículo 155 en Cataluña.
Cabe destacar que la propia Abogacía del Estado juega un papel importante en este asunto. Fue precisamente un abogado del Estado en Cataluña ya fallecido el que, en 2015, presentó el recurso contra las autoridades catalanas que ahora ha devenido en sentencia firme. Se llamaba Severo Bueno e interpuso el recurso en representación del Ministerio de Educación, entonces en manos del Partido Popular. Por ello, la Abogacía del Estado figura en la actualidad como una de las partes implicadas en este proceso. Una herencia judicial que no parece encajar en los planes del actual Gobierno ni de Alegría. Pese a tener potestad para ello, ni siquiera instaron a la ejecución forzosa de la sentencia.
El decreto de la discordia sigue la misma línea que la proposición de ley pactada entre socialistas, ERC, Junts y 'comuns' en el Parlament, pero el PSC se ha desmarcado de la normativa de la Generalitat porque cree que colisiona con la decisión de los tribunales. "Se habló de que ley y decreto irían en consonancia, pero por desgracia ayer vimos que no era así. No se habla del castellano, y se apoya una inaplicación de porcentajes, es decir, incumplir la sentencia", relatan desde las filas socialistas.
Ofensiva educativa de Ayuso
La 'batalla' con el gobierno catalán no es la única a la que tendrá que hacer frente el departamento de Alegría. El supuesto adoctrinamiento en los nuevos libros de texto que se basan en la 'ley Celaá' ha generado un terremoto educativo con epicentro en la Comunidad de Madrid. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ya ha anunciado un plan para que el Servicio de Inspección Educativa autonómico revise de "forma pormenorizada y urgente" el contenido de los ejemplares que están preparando las editoriales para el próximo curso 2022/23.
Fuentes de la Consejería de Educación madrileña explican que llevan tiempo denunciando que los contenidos de la ley de educación "conllevan adoctrinamiento". "Estamos de acuerdo en hablar de sexualidad y de medio ambiente, por supuesto, pero no de plagar todas las asignaturas con los mantras de la izquierda. Hay un afán de ideologización que alcanza hasta asignaturas como Matemáticas", denuncian.
Ahora, justo cuando comienzan a filtrarse en los medios de comunicación los primeros borradores de las editoriales, el Ejecutivo madrileño asegura "confirmar" sus sospechas. El plan de Ayuso, que ha criticado que "pretenden cambiar el mundo de Sofía por el mundo de Sánchez a través de la educación", consistirá en analizar los contenidos y, en el caso de que no se ajusten a la ley, solicitar aclaraciones o rectificaciones a los responsables editoriales.
El Gobierno de Madrid busca que los libros se "adaptarse al rigor científico y ser adecuados a las edades de los alumnos y al currículo". El Servicio de Inspección Educativa autonómico será el encargado de hacer estas revisiones.
Las tres cartas de Ossorio
Asimismo, el consejero de Educación madrileño, Enrique Ossorio, ha enviado una carta a la ministra Alegría para solicitarle la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Educación "con el objetivo de garantizar la neutralidad de los libros de texto y corregir esta situación antes del comienzo del próximo curso. Es nuestro deber y nuestra obligación ante la comunidad educativa y ante el conjunto de la sociedad".
Esta no es la única misiva enviada. Ossorio se ha dirigido por carta al Comité Europeo de las Regiones para comunicarle que "el Gobierno presidido por Pedro Sánchez ha aprobado unos nuevos currículos educativos, de carácter vinculante para las regiones, en los que una parte importante del aprendizaje y la adquisición de competencias ha sido sustituida por la ideología, algo contrario a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea".
"Incluso el Consejo de Estado ha cuestionado abiertamente estos currículos por su falta de concreción y por su sesgo ideológico, dando la razón a las denuncias que venimos realizando desde la Comunidad de Madrid", señala en el escrito Ossorio antes de pedir ayuda al comité. Además, ha mandado una carta al gremio de los editores para solicitarles una reunión.
Malestar entre los editores y centros
Existe un malestar generalizado entre las comunidades autónomas, los editores y los centros educativos por la tardanza en publicar los reales decretos de los distintos currículos que ahora deben desarrollar cada una de las regiones. Estos fueron publicados en marzo de este año, más de un año después de la aprobación de la 'ley Celáa'. En algunas comunidades aún no saben si van a llegar a tiempo para el próximo curso, puesto que los textos deben pasar por departamentos jurídicos, transparencia y demás etapas.
Ya en enero de este año la Asociación de Editores de Libros y Contenidos Educativos (Anele) expresó su preocupación ante la tardanza en la aprobación de los decretos curriculares de la Lomloe en las diferentes etapas educativas.
"El próximo mes de septiembre nos enfrentamos a un cambio curricular nunca visto, pues está prevista la implantación de los nuevos currículos en todos los cursos impares de Primaria, ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Básico, además de la etapa Infantil al completo", apuntó la entidad.
"Sin embargo, más de un año después de la publicación de la Ley, aún no se han publicado en el BOE los reales decretos que establecen los currículos por parte del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Esta situación impide, además, que pueda iniciarse la elaboración y tramitación del desarrollo curricular en la parte autonómica, del que se desconoce cuándo estará disponible. La Lomloe establece que las Comunidades Autónomas pueden incorporar hasta un 40% del currículo que se imparte a los alumnos en cada región", señaló Anele. Los ansiados decretos llegaron el mes de marzo de 2022.
En cuanto al contenido de los libros, Anela explica a Vozpópuli que "los diferentes proyectos, libros y materiales educativos elaborados por las editoriales plasman los desarrollos curriculares aprobados por el Ministerio y las Consejerías de Educación de las comunidades autónomas. Todos toman como base y referencia los reales decretos de Enseñanzas mínimas, así como los decretos autonómicos que los complementan".
Alegría niega el 'adoctrinamiento'
La ministra Alegría niega que haya "adoctrinamiento": tanto en la nueva ley educativa como en los libros de texto. En un desayuno informativo que tuvo lugar este lunes se le planteó que en algunos de los ejemplares aparecen carteles electorales del PSOE o fotos de Pedro Sánchez, pero la titular de Educación salió del paso: "Esto es otro mantra. ¿A qué se refieren con adoctrinamiento? ¿Qué hay carteles electorales del PSOE? Es que el Partido Socialista forma parte de la historia de este país".
"Desde el Ministerio no imponemos el contenido de los libros de texto. Cuando escucho el término adoctrinamiento no sé a qué se refieren, ¿se piensan que nuestros profesores van a las aulas a adoctrinar a los estudiantes? Un poco de seriedad, que estamos hablando de magníficos profesionales. Pero he de decir que desde el Ministerio no imponemos el contenido de los libros de texto. Lo eligen de manera colegiada los claustros de profesores a raíz de los decretos del Ministerio y de las comunidades autónomas", zanjó. El tema del adoctrinamiento será previsiblemente una de las armas arrojadizas entre las distintas fuerzas políticas de cara al próximo curso.