Recortes de Prensa Viernes 3 Junio 2022
Cien días de agresión rusa a Ucrania: crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad
José Ángel López Jiménez. vozpopuli. 3 Junio 2022
La evolución que desde el 24 de febrero ha tenido la "operación militar especial" rusa en curso contra Ucrania nos ha mostrado unas cuantas evidencias y, al mismo tiempo, un buen número de incertidumbres. Entre las primeras, parece claro que no nos encontramos ante una intervención militar "relámpago", siguiendo el modelo de Abjasia y Osetia del norte durante el mes de agosto del año 2008. Comparar a Ucrania con Georgia en términos poblacionales, de extensión territorial, capacidades militares, y –en particular- espíritu de resiliencia, ha significado un notable error de cálculo por parte del Kremlin.
Qué decir de las peticiones exprés de adhesión a la OTAN cursadas por parte de Suecia y Finlandia, rompiendo su histórico estatus de neutralidad. Putin ha conseguido un dos por uno en su atribulada e ilegal imposición a Ucrania de mantenerse al margen de la organización militar de carácter regional. Escenario que, por lo demás, constituía una violación flagrante de principios estructurales del Derecho Internacional contemporáneo como el de no injerencia en asuntos de exclusiva jurisdicción interna de los Estados.
Pero es que la fractura que el comportamiento de Moscú y sus acciones contra Ucrania está causando en numerosos ámbitos del ordenamiento jurídico internacional vulnera la esencia de la Carta de Naciones Unidas en aspectos tan esenciales como la prohibición de la amenaza o del uso de la fuerza, o el principio de integridad territorial de los Estados. Los derechos humanos están siendo pisoteados con total impunidad; la más que evidente comisión de ilícitos de especial gravedad –crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad- que afectan al Derecho Internacional humanitario y al Derecho de los conflictos armados no son más que las consecuencias del crimen de agresión cometido por Putin y su círculo más próximo, con independencia de las dificultades o imposibilidades que existan de llevarlos ante la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.
La respuesta mancomunada por parte de la UE -que comparte el vecindario común con Rusia en el que se están perpetrando estas acciones- y las principales potencias occidentales combinando sanciones con ayuda económica y militar ha sido muy diferente a la del año 2014, tras la anexión de Crimea y el inicio del conflicto en la región del Donbás.
En el capítulo de las incertidumbres, la duración temporal de la agresión constituye una de las principales. A pesar de los numerosos mensajes en torno a cómo Rusia se replegaba e iba perdiendo la guerra, se confundían deseos con realidades. El discurso oficial en Occidente ha comenzado a lanzar el mantra de un conflicto largo, aunque asimétrico. Otra de las dudas, conectada con la anterior, se centra en los objetivos reales e irrenunciables de Putin en Ucrania.
La conexión territorial de todo el sur (Donbás, Mariupol, Crimea) con Odesa y Transnistria recrearía el proyecto de Novoróssiya, desconectando la salida de Ucrania al mar Negro. Pero como nunca se han explicitado abiertamente Putin podría finalizar la intervención en cualquier momento reivindicando la consecución de los objetivos inicialmente previstos. Las repercusiones en la economía rusa e internacional (crisis energética, alimentaria, comercial) y su calado también constituyen un motivo de severa duda. Por último, las consecuencias en la política interna rusa y la contestación al régimen, así como la firmeza de sus alianzas internacionales (China, India y espacio post-soviético) tampoco están claras a largo plazo. En cualquier caso, no olvidemos lo esencial: la pérdida de vidas humanas y la terrible diáspora del pueblo ucraniano, auténtica víctima de esta brutalidad.
José Ángel López Jiménez es profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas (ICADE)
Los 1.000 kilómetros de la línea del frente de la resistencia ucraniana
ROSTYSLAV AVERCHUK. LEÓPOLIS. la razon. 3 Junio 2022
Cerca del 20% del territorio de Ucrania está ocupado por Rusia (incluida la Crimea anexada y las pseudo repúblicas controladas por los rusos en Donbas), indicó Volodimyr Zelenski en su discurso ante el parlamento de Luxemburgo el jueves. Zelenski volvió a pedir más suministros de armas y más sanciones contra Rusia. También proporcionó los datos más recientes sobre las batallas más grandes de Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
Según el presidente ucraniano, 3620 localidades han sido ocupadas en algún momento por el ejército ruso después de que invadió Ucrania hace 100 días. 1017 de ellos han sido liberados desde entonces por el ejército ucraniano. 12 millones de personas han sido desplazadas dentro de Ucrania, 7 millones de personas tuvieron que huir al extranjero. Rusia ha lanzado 2478 misiles contra objetivos, en su mayoría civiles, en todo el país.
La enorme línea del frente se extiende 1000 kilómetros en el sur y el este del país con la mayor parte del ejército ruso combatiendo actualmente en Ucrania. En el sur, las fuerzas ucranianas han lanzado en los últimos días una contraofensiva, amenazando una ruta logística clave del ejército ruso en la región de Jerson. Los rusos tuvieron que retirarse cruzando el río Inhulets y volar un puente en Davydiv Brid para frenar los ataques ucranianos.
Es posible que el ejército ruso carezca de tropas en el área, ya que su objetivo ha sido conquistar la totalidad de las regiones de Lugansk y Donetsk. El ejército ruso ahora controla al menos 70% de Severodonetsk y también amenaza a la vecina ciudad de Lysychansk. Se están llevando a cabo intensos combates por el control del “camino de la vida” desde Bajmut hasta Lysychansk y Severodonetsk. Hasta ahora parece estar en manos de los soldados ucranianos, pero los constantes bombardeos lo hacen demasiado peligroso para su uso regular. Debido al bombardeo ruso en la parte oriental de Ucrania, el gran complejo industrial de Donbas sufrió una gran destrucción y está casi completamente devastado.
Varios analistas militares subrayan que si Severodonetsk cayera en manos rusas, no traería grandes beneficios militares para el ejército ruso, que está perdiendo cientos de soldados y equipos en el área. El New York Times también cita a funcionarios estadounidenses que afirman que Rusia no ha podido resolver sus problemas crónicas de coordinación de diferentes partes de su ejército. Su aviación, en particular, no ha logrado establecer el control sobre el cielo en Ucrania. Solo participa en operaciones singulares y regresa rápidamente a sus bases en Rusia. Además, no está claro si el general Dvornikov, el “carnicero sirio”, sigue al mando de las tropas rusas en Ucrania.
Aún así, Ucrania pierde hasta 100 soldados asesinados y entre 450 y 500 heridos todos los días, según Zelenski. El relativo éxito del ejército ruso ha sido posible gracias a su abrumadora superioridad en equipamiento militar. En respuesta, la mayoría de los soldados ucranianos ofrece una gran motivación, profesionalismo e ingenio táctico, según el periodista militar Yuriy Butusov. El periodista no oculta que también hay problemas de organización debido a la enorme cantidad de soldados recién movilizados, algunos de ellos sin experiencia relevante.
El periodista indica que el equipo militar proporcionado por Occidente está jugando un papel importante en la defensa de Ucrania. Sin embargo, por ahora está llegando en cantidades demasiado pequeñas para cambiar rápidamente el curso de la guerra y ayudar al ejército ucraniano a detener por completo el avance ruso en el este. Sin embargo, la esperanza es que habrá más suministros en el futuro inmediato.
Suecia anunció el jueves que suministraría a Ucrania misiles antibuque y antitanque, así como rifles y municiones, por valor de 95 millones de euros. Eslovaquia venderá ocho obuses autopropulsados “Zuzana 2″ a Ucrania con el alcance de fuego de hasta 41 km. Polonia venderá cerca de 60 obuses “Krab” a Ucrania en los próximos meses.
En otro discurso a los líderes europeos en Bratislava, Zelenski pidió acelerar las entregas de armas para disminuir el sufrimiento y las pérdidas entre los soldados y civiles ucranianos.
El miércoles ocho autobuses escolares vacíos se colocaron en la plaza central de Leópolis, en el oeste de Ucrania. Con juguetes en lugar de niños adentro, simbolizaban las muertes de 243 niños a manos de las tropas rusas que han sido confirmadas oficialmente. Más de 570 niños han resultado heridos y miles han perdido a sus familiares. Millones tuvieron que huir de Ucrania y han sido separados de sus padres ya que la mayoría de los hombres de entre 18 y 65 de edad no pueden salir del país bajo la ley marcial. Decenas de miles de niños han sido deportados a la fuerza por Rusia. Su presidente, Vladimir Putin, facilitó recientemente el proceso de adopción por los ciudadanos rusos de los niños ucranianos que perdieron a sus padres en la guerra.
Al final del día, varios misiles rusos alcanzaron objetos de infraestructura ferroviaria en la región occidental, supuestamente con el objetivo de interrumpir el suministro de armas occidentales, así como debilitar aún más la infraestructura ucraniana y toda la economía.
Por qué Putin no intimida ya a la OTAN: 100 días que acabaron con el mito de la máquina militar rusa
Enrique Lavilla. Lina Smith. Cristina Pita. el espanol. 3 Junio 2022
Todo empezó como una 'Operación especial' de Putin para "desnazificar" Ucrania. Era el 24 de febrero y el Kremlin atacó con todos los elementos a su alcance y en todos los frentes posibles. Aquello era una demostración de poderío. "Al comienzo de la invasión las fuerzas rusas progresaron con 12 ó 13 líneas de avance distintas. Utilizaron varios ejes. Eso, a nivel de controlar las tropas, es una auténtica locura", explica Guillem Colom, profesor de Ciencia Política de la Universidad Pablo de Olavide y codirector de THIBER.
Moscú había planteado la ofensiva como "una operación de conmoción y pavor", señala Colom, pero lejos de ser un ataque fácil y rápido, sin apenas oposición por parte de Ucrania ni de la comunidad internacional, la operación de Putin se ha convertido en todo lo contrario. "La limitación de Rusia para conseguir objetivos estratégicos le conducirá a pensarse dos veces el hacer lo mismo frente a las Fuerzas Armadas de la OTAN", cuenta a EL ESPAÑOL Félix Arteaga, investigador principal del Real Instituto Elcano.
Después de más de tres meses de guerra "si Rusia fracasa, su capacidad de coacción va a quedar muy dañada. Se ha visto en el caso de Suecia y Finlandia, que han puesto en marcha movimientos de adhesión a la OTAN", indica Manuel R. Torres Soriano, catedrático del Área de Ciencia Política en la Universidad Pablo de Olavide.
La cronificación de la guerra y el estancamiento de los combates han hecho que "la idea de la gran potencia militar rusa haya quedado muy dañada", apunta Torres Soriano. "Moscú ya no se va a poder proyectar como gran potencia militar", concluye. Analizamos con la colaboración de estos tres especialistas la evolución del conflicto a lo largo de estos cien días, las consecuencias (que ya se están haciendo notar) y la posibilidad (o no) de que la amenaza nuclear se acabe convirtiendo en realidad.
Invasión
Putin tenía un plan: invadir Ucrania y deponer a Zelenski. En su cabeza iba a conseguirlo en apenas 48-72 horas. Así fue como atacó el Donbás en 2014 y así pretendía hacerlo ahora: un ataque rápido, sin apenas resistencia del enemigo y con poca oposición internacional. Para ello, bombardeó zonas estratégicas y atacó por tierra, mar y aire Járkov, Chernígov y Kiev (en el norte del país), pero también lanzó acometidas en el sur, bombardeando Jersón. Envió un convoy militar de más de 60 kilómetros rumbo a la capital. Rodeó Jersón en menos de una semana. Y el día 5 de marzo sus tropas se mantenían a las afueras de Kiev, a unos 25 kilómetros, mientras en el sur, el avance de sus soldados parecía más contundente. La ofensiva ya duraba 10 días. Los planes no salieron según lo esperado.
"Rusia ha fallado en su objetivo inicial de conseguir una victoria política decisiva mediante el empleo de las Fuerzas Armadas. La idea de lograr una capitulación rápida por la vía militar ha fracasado", declara Félix Arteaga. "Han ocupado una zona de terreno que excede a la que inicialmente controlaban las milicias prorrusas del Donbás. Ahora estamos entrando en una confrontación en la que difícilmente una de las dos partes tendrá una victoria decisiva", subraya.
"La incertidumbre estribaba en saber si tras la invasión se desplomaría la resistencia o si por el contrario esa invasión daría lugar a una guerra entre dos Estados, como finalmente ha ocurrido", afirma Torres Soriano. Para Colom los planes de Vladimir Putin "eran muy arriesgados, pensaba que Ucrania se desmoronaría". Y sin embargo no ha sido así. Por eso cree que "el Ejército ruso disuadía mucho más antes de entrar en combate que ahora".
Aunque también hay que tener en cuenta la ayuda económica y militar de Occidente y su capacidad sancionadora, un factor determinante a la hora de contener la fuerza del que era considerado el tercer Ejército más potente del mundo. "En el plano militar la ayuda inicial de EEUU y la UE fue decisiva para apoyar la defensa de las grandes capitales: Kiev y Járkov", señala Arteaga. Y Colom coincide con él: "Occidente le proporciona a Ucrania muchísima Inteligencia y eso les dio a los ucranianos muchas más opciones" para contrarrestar a las tropas enemigas.
Estancamiento
Desde el 6 de marzo hasta el 3 de abril empezó a vislumbrarse el estancamiento de la guerra. Las tropas del Kremlin se mantenían estáticas a las afueras de Kiev mientras avanzaban con paso firme en el sur. Las grandes ofensivas ya no se centraban en la capital, ni en Járkov y Mikolaiv sino que Rusia puso todo su empeño en conquistar Mariúpol, ciudad a la que mantuvo bajo asedio hasta que logró someterla a su control. Putin también concentró sus tropas en el este de la ciudad de Járkov y en el norte del óblast de Lugansk, en lo que parecía un intento de avanzar y reforzar el frente este, con la región del Donbás bajo su control desde 2014.
Cruzada por la estulticia
EDITORIAL. libertad digital. 3 Junio 2022
Desde hace ya cuatro décadas, la educación en España ha sido un experimento socialista de resultado inequívoco: por lo general, cada nueva ley educativa ha sido peor que la anterior y, especialmente allí donde las comunidades autónomas no se han esforzado en aminorar los daños, la degeneración del sistema y la caída del nivel han sido alarmantes.
No obstante, en manos de Pedro Sánchez y los suyos todo es susceptible de empeorar, y la educación no va a ser una excepción: la Lomloe es un despropósito aún mayor que los anteriores y a la bajada de la exigencia –prácticamente cabría hablar de su eliminación– suma una voluntad absolutamente descarada de manipular y adoctrinar a unos niveles formidables.
Eso sí, como cabía esperar de un Gobierno en el que el nivel de infamia sólo es comparable al de idiocia, la manipulación y el adoctrinamiento son tan burdos que provocarían la risa si no estuviera en juego la formación de los escolares.
"Las matemáticas, contra el sexismo", pues, "como su propio género nos hace intuir, repelen el machismo y la desigualdad"; el dibujo técnico y su relación con el "bien común" o los despropósitos sobre el machismo de filósofos que vivieron hace milenios son algunas de las barbaridades que se pueden encontrar en la última hornada de libros de texto. Estupideces con tal ausencia de rigor académico que dejan claro que son fruto de mentes tan enfermas de sectarismo como carentes de la mínima capacidad para la importantísima tarea que se les ha encomendado.
Por un lado, probablemente el nivel es tan bajo que no hay que temer que los alumnos aprendan y recuerden ninguna de estas tonterías; por el otro, conviene no olvidar que la principal intención de esta ley educativa es, precisamente, que los alumnos españoles que no puedan asistir a colegios del más alto nivel o que no tengan una familia capaz de contribuir de una forma intensiva a su formación no aprendan nada y no logren formarse para un futuro en el que la competencia laboral no se va a reducir a cada comunidad autónoma o al conjunto de nuestro país, sino que va a ser global.
Porque la pretensión última detrás del vil arrasamiento que el PSOE y sus socios quieren hacer con la educación es destrozar el ascensor social que la enseñanza ha supuesto para generaciones de españoles y hacerlo funcionar en una única dirección: empujar a todo el mundo hacia la pobreza.
Hay decenas de razones para echar a Sánchez de Moncloa y acabar con urgencia con su legado infame, pero sin duda finiquitar esta cruzada por la estulticia es una de las más importantes.
Cuatro años en la mentira
ITXU DÍAZ. https://gaceta.es/. 3 Junio 2022
Estaba en la cafetería del Congreso de los Diputados. Se me resbaló un euro de las manos y me bastó ver los ojos brillantes de un líder del PNV siguiendo la danza de la moneda por el suelo para saber que la fe ciega de la parte alelada del PP en que se comportarían con lealtad ante la enloquecida moción censura contra Rajoy solo podía entenderse bajo los efectos del whisky. ¿Alguien del PNV leal, con sentido de Estado, responsable? Eso no lo supera ni Leo Harlem.
Allí se había organizado durante largo tiempo un golpe de Estado cuidadosamente empotrado en la frontera del bien y del mal de la legalidad democrática, aprovechando el limbo de la figura constitucional de la moción, y nadie se había enterado de nada, incluyendo a los 47 millones de españoles. Estaba el guion y toda la escenografía lista para el primer capítulo de la serie de Sánchez, que se rodó allí en el debate de la moción.
De una inmensa trola solo puede salir una sucesión de mentiras. Y aquella moción, con su sobreactuada y repentina indignación de las izquierdas, fue la gran patraña política de nuestro tiempo, y la segunda llegada al poder de la izquierda en extrañas circunstancias, tan solo unos años después de la intoxicación masiva del 13-M. Ahora ya sabemos por qué no había nadie mejor que Pedro Sánchez para liderar un Gobierno surgido de un engaño masivo. En estos casos, conviene dejar las cosas siempre en manos de un profesional.
Por lo demás, en las calles se respiraba cierto consenso –incluso hubo rechazo unánime al golpe secesionista catalán-, y España iba razonablemente bien, si exceptuamos los ramalazos progresistas y los miedos del PP a abordar cualquier cuestión que no sea económica. Quiero decir que no había nada parecido a un clamor contra el Gobierno, a menos que consideres un clamor esas marchas feministas aisladas rodeando ministerios con lemas bastante groseros, y las manifestaciones sindicales a las que no acudían ni los organizadores. La mayor de cuántas vi en aquellos días fue contra el cambio climático y el grueso de manifestantes eran escolares cuya alternativa a participar en la marcha era quedarse en clase. De niño, ante la posibilidad de fumarme un par de horas de Matemáticas, me habría apuntado incluso a una manifestación contra la cerveza.
Sea como sea, Sánchez, los golpistas, los comunistas y demás animales de la granja parlamentaria se aliaron para arrebatar por su cuenta en el Congreso lo que las urnas no le daban y, ciertamente, jamás iban a darle de otro modo. Lo que ha venido después ya lo conocemos: tanto la ruina económica como las lunáticas políticas de tipos que jamás soñaron con que les tocaría en suerte un ministerio, que dicen las malas lenguas que Sánchez diseñó su Gobierno pidiéndole a sus asesores que averiguaran quiénes era los tres tipos más tontos y analfabetos de entre sus socios comunistas.
Sin embargo, si hay que hacer balance ahora, la nota común a todo lo que ha venido con Sánchez en el Gobierno es la irrealidad. Todo es mentira. Y todo lo que dicen es mentira. Mienten hasta cuando es innecesario. Mienten sin parar. Mienten con absoluta deshonra. Mienten como si fuéramos gilipollas, lo que debería llevarnos a meditar si tendrán razón en sus sospechas.
Andaba hoy dándole vueltas al asunto de la gran farsa sanchista y tal vez tenga una sencilla explicación: la verdad del Gobierno es insoportable para la opinión pública. Es tal el desastre, la incompetencia, la amoralidad, y las corruptelas, que la única salida posible, desde el día uno después de la moción, es inventar cada mañana una realidad paralela y jugar en ese terreno ficticio las cartas de la política, con toda la apariencia de normalidad que sean capaces de ofrecer los diferentes ministros.
Caerá, sin duda, este Gobierno de la mentira. Y caería hoy mismo sin dudarlo, de celebrarse elecciones. Pero mientras tanto tendremos que seguir haciendo horas extras para poner en evidencia todas y cada una de las trolas que, día y noche, tratan de colarnos los de La Moncloa, como si fueran parte de una vulgar secta luciferina.
España está llena de gente infinitamente mejor y más preparada que esta banda de Golfos Apandadores.
Once catalanes sensatos
EDITORIAL. LGI. https://gaceta.es/. 3 Junio 2022
Después de 44 años de progresiva y consentida deslealtad nacionalista en Cataluña y, lo que es peor, de rebeldía abierta frente a la ley por parte de unos poderes públicos catalanes que lo son sólo por delegación de la soberanía nacional, lo peor que podemos decir sobre el Partido Socialista y el Partido Popular es que no sabemos qué piensan hacer al respecto.
La anunciada rebelión ilícita por decretazo del sedicente Gobierno catalán ante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que manda impartir (sólo, muy poco) un 25 por ciento de las asignaturas en español —lengua materna de una mayoría de catalanes, lengua de cohesión y que nos hermana con cientos de millones de personas en todo el mundo—, es un atentado de una extraordinaria gravedad contra el interés general de los españoles que no sólo desacata una sentencia, sino a la propia Constitución.
La inobservancia de la ley por parte de las autoridades políticas de una comunidad autónoma como es la región catalana, merece, sin duda alguna, la aplicación de medidas coercitivas que garanticen que los derechos de los catalanes no sean pisoteados. Mucho más cuando sabemos que todo forma parte un plan de ruptura de la nación a través de la quiebra de afectos que supone el uso y abuso de la lengua catalana para construir en las aulas, y por tanto en las mentes de los más vulnerables, una identidad artificial.
Como decimos, después de 44 años de progresiva deslealtad consentida por el bipartidismo que hasta ahora ha dominado la política nacional, lo peor que nos puede ocurrir es saber, como sabemos, que PSOE y PP sólo recurrirán a las fracasadas políticas de apaciguamiento. Fracasadas porque no han servido, como se ve, para nada. Incluso para todo lo contrario.
En medio de esta gigantesca anomia del bipartidismo, incapaz de encontrar más soluciones que la federalización de España propuesta por el socialismo indultador o la exaltación plurinacionalista del régimen autonómico que encabeza el PP, encontramos en la oposición activa e insobornable de Vox, que exige la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, un camino de sensatez.
Lo sensato, en contra de los tópicos con los que se han despachado estas décadas tantos políticos socialistas, populares y los periodistas que les son propios, es exigir que el Estado de Derecho actúe contra cualquiera (no digamos ya si ese cualquiera en un cargo público) que incumpla la ley con el fin de quebrar la unidad de España. Lo insensato es apartar la mirada y dejar hacer.
Lo mejor que nos ofrece Vox es su previsibilidad, algo muy original en la política española. Sabemos lo que Vox exige y lo que hará en defensa de los derechos de los españoles aun a costa del acoso diario que sufren sus cargos y sus militantes por parte de los poderes establecidos de esta España que, como predijo Alfonso Guerra, ya no la reconoce ni la madre que la parió.
El ejemplo perfecto de este sacrificio diario son los once diputados de Vox en el Parlamento de Cataluña, liderados por Ignacio Garriga, que desde que se convirtieron en la primera fuerza nacional en Cataluña el 14 de febrero de 2021, no han dado un solo paso atrás, como les pidió Santiago Abascal aquel día, en la defensa de la Constitución y en la oposición exigente e implacable ante el desvarío nacionalista, la complicidad del socialismo y la moderación inútil —como está demostrado— del Partido Plurinacional que hoy lidera Feijóo.
Ayer, sin miedo a nada ni a nadie, Vox presentó ayer un documental sobre el primer año de Ignacio Garriga y sus diez valientes en el Parlamento de Cataluña, donde fueron recibidos con un desprecio que enmascaraba el miedo del secesionismo a la reconquista del Estado de Derecho que propugna Vox allá donde sea necesario. Recomendamos a todos los lectores de La Gaceta de la Iberosfera que lo vean. Son los mejores y más reconfortantes 30 minutos que hemos visto para volver a confiar en que, pese a la enormes dificultades, hay once catalanes sensatos que en representación de millones de españoles de dentro y de fuera de Cataluña, no abandonarán a los catalanes de bien, que a pesar de todos los esfuerzos del nacionalismo y la indignidad del bipartidismo, son la mayoría.
Con estos once comenzará todo. Cataluña se queda.
Tercer varapalo del TC al Gobierno por las medidas que adoptó durante la pandemia de covid
El Gobierno quebró el principio de separación de poderes y limitó la exigencia de responsabilidad política y jurídica al Ejecutivo.
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha anulado este jueves la reforma legal del Gobierno que dejó en manos de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) el aval judicial a las restricciones sanitarias adoptadas por las comunidades autónomas, lo que supone el tercer varapalo de la corte de garantías al Gobierno por las medidas anticovid, después de que declarara inconstitucionales ambos estados de alarma.
En un fallo que ha adelantado el TC en un comunicado, los magistrados consideran que con esa remisión a los TSJ se quebró el principio de separación de poderes porque atribuyó a jueces y tribunales "funciones ajenas a su cometido constitucional", por cuanto la potestad reglamentaria para dictar las restricciones anticovid corresponde al Poder Ejecutivo. "El Poder Judicial no es cogobernante", subrayan.
Limita exigir responsabilidad al Ejecutivo
El TC indica que esta "confusión" de funciones "limita o dificulta igualmente la exigencia de responsabilidades políticas y jurídicas al Poder Ejecutivo, en relación con sus disposiciones sanitarias generales para la protección de la salud pública, en detrimento del principio de responsabilidad de los poderes públicos".
De esta forma, estiman la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Aragón en relación con el artículo 10.8 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Pleno dividido
Igual que ocurrió en la decisión sobre el primer y segundo estado de alarma, en la decisión conocida este jueves el Alto Tribunal también ha votado dividido.
Los magistrados han respaldado la ponencia de Enrique Arnaldo con una mayoría de siete a cuatro. Cándido Conde-Pumpido, María Luisa Balaguer, Ramón Sáez e Inmaculada Montalbán han anunciado voto particular porque creen que atribuir a jueces y tribunales la función de aprobar medidas de policía sanitaria de alcance general tiene expresa cobertura constitucional en el artículo 117.4 CE.
Primer estado de alarma
La primera vez que el TC estudió las decisiones tomadas por el Gobierno para frenar la expansión del coronavirus fue a cuenta de la declaración del primer estado de alarma, que entró en vigor el 14 de marzo de 2020.
En julio de 2021, en respuesta a un recurso presentado por Vox —estimado parcialmente—, el Pleno declaró inconstitucional el confinamiento, es decir, la limitación de la circulación de personas y vehículos en espacios y vías públicas, así como la capacidad del Ministerio de Sanidad para modificar y ampliar las medidas de contención en la actividad comercial.
Los magistrados expusieron que el instrumento jurídico a aplicar debería haber sido el estado de excepción, atendiendo a la "gravedad y extensión" de la pandemia, que imposibilitó de facto un normal funcionamiento de las instituciones democráticas mientras que los ciudadanos vieron afectados el normal ejercicio de los derechos, saturados los servicios sanitarios y afectadas las actividades educativas "y las de casi cualquier otra naturaleza".
No obstante, la votación se resolvió con una diferencia de seis a cinco y contó asimismo con los votos particulares de González Rivas y los magistrados Andrés Ollero, Xiol, Conde-Pumpido y Balaguer.
Segundo estado de alarma
El Tribunal Constitucional también tuvo que analizar el real decreto por el que se declaró el segundo estado de alarma debido a otro recurso de Vox. Y, de la misma forma, el pasado octubre lo declararon inconstitucional al entender que durante la pandemia quedó "cancelado" el "régimen de control" que corresponde al Congreso de los Diputados en esas circunstancias excepcionales.
En su resolución sobre el segundo estado de alarma, el resultado de la votación fue de seis votos contra cuatro, con los votos particulares del entonces presidente, Juan José González Rivas, y los magistrados Juan Antonio Xiol, Conde-Pumpido y Balaguer.
'Cuentos de 2030' para fabricar votantes del PSOE en los colegios
Rubén Arranz. vozpopuli. 3 Junio 2022
Hay un libro de la Editorial Anaya que explica en su edición bilingüe la Revolución Cultural de Mao de una forma un tanto 'singular'. “El Partido Comunista chino (…) puso en marcha una reforma económica a la que llamó 'El Gran Salto Adelante'. Se basó en el desarrollo de la industria pesada y en la creación de comunas, autosuficientes, en las que el trabajo colectivo combinaba las labores agrícolas e industriales. El objetivo era alcanzar el nivel de desarrollo de los países del Oeste en muy poco tiempo. Aunque es cierto que produjo algún avance agrícola e industrial, el plan no dio los resultados esperados”. El buen lector que me envía la fotografía de este contenido, añade: “De las decenas de millones de muertos que causó este programa, ni mu”.
El libro de texto en cuestión también se refiere al 'embargo' cubano como 'bloqueo' y atribuye la convocatoria de las elecciones de 1996 a los GAL y al impacto de la crisis global sobre España. Sobre las corruptelas y pelotazos que minaron la credibilidad y la legitimidad del Gobierno de Felipe González, nada de nada. Con el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, el autor del tomo hace lo mismo: atribuye su caída a la recesión internacional. No hubo más.
Aseguraba el pasado martes Isabel Díaz Ayuso que pondrá a trabajar a los inspectores educativos para evitar que los alumnos madrileños reciban ideología en los libros de texto. Visto lo visto, estos funcionarios deberán esforzarse de forma concienzuda. Los ejemplos de progresismo barato en las páginas de los manuales son múltiples. En un ejercicio de la asignatura de Lengua, a los muchachos se les emplaza a señalar las locuciones y locuciones conjuntivas de distintas oraciones. Una de ellas, afirma: “Los accidentes laborales no se producen por culpa de los trabajadores, sino por culpa de los empresarios”. En otra: “No te saques el carnet de conducir, aunque te lo aconsejen”.
Educación y control social en los colegios
Es difícil ser padre en estos tiempos porque cada vez complican más el ejercicio de la libre ciudadanía. Los sacerdotes de esta ideología prometieron en sus orígenes la 'libertad' al pueblo. Dado que el pueblo terminó por concluir que lo único que querían es aferrarse al poder, sustituyeron ese término por el de 'democracia'. Y dado que su ideología de cabecera, como es el socialismo, guarda en el armario diversos ejemplos de dictaduras terribles, desde Camboya hasta Angola; desde Cuba hasta China, ahora tratan de movilizar a los individuos a través del concepto de la 'igualdad'. Pero reitero: porque lo de la democracia y la libertad... ya no cuela.
Su actitud es la misma de siempre. La que les impulsa a invadir todos los espacios de la sociedad en aras de la extensión de unos principios que enarbolan con una incuestionable superioridad moral. No dejan ni un hueco libre para la crítica ni para el pensamiento autónomo. Tampoco para la libertad de educación. No quieren los colegios e institutos para instruir a los niños y los adolescentes, sino para convencerlos de que su concepto de 'ciudadanía' es el mejor. Y esa palabra la emplean como vector para transmitir toda su purrela ideológica.
Se queja este padre de que en los últimos meses han impartido a sus hijos varias charlas sin avisarle. Versaban sobre el Día Internacional de la Mujer, sobre la violencia de género y sobre el racismo en Estados Unidos. El progenitor elevó una queja a los responsables del centro y le respondieron que, como en Madrid no existe el PIN Parental, entienden que no hay ningún problema en programar esas actividades. Y realmente no debería haberlo si estas charlas trasladaran una visión completa, abierta y crítica de estos problemas; y no mera ideología.
Los casos que han saltado a los medios invitan, cuanto menos, a sospechar. ¿Confiaría usted en que alguien ofrezca una charla sobre la transexualidad a su hijo adolescente a sabiendas de que la teoría queer defiende la existencia del alma, en cuanto a que considera que un hombre puede nacer en el cuerpo de una mujer, y viceversa? Al psicólogo José Errasti -que no tiene mucho de conservador- le hicieron un escrache durante la presentación de su libro (Nadie nace en el cuerpo equivocado) por afirmar que esos postulados son irracionales y acientíficos. Y por advertir de que existe una tendencia a atribuir la depresión que surge en los adolescentes por la levedad de su personalidad a cuestiones de identidad sexual, lo que deriva a veces en tratamientos hormonales que no tienen vuelta atrás.
La estrategia de los tiranos
La educación ha sido siempre el cauce que han utilizado los sectarios más indeseables para imponer su catecismo, dado que es mucho más barato sorber el seso de los adolescentes que pegar disparos a quien disiente. La Ley Celáa deja claro por dónde van los tiros, dado que realiza referencias constantes a la Agenda 2030 y sus objetivos, que parecen ser irrebatibles. Marina Alías lo ha contado muy bien en Vozpópuli durante los últimos meses. El plan es inundar la mente de los alumnos de conceptos relacionados con la “educación psico-afectiva”, los “animales sintientes” que no tienen sexo biológico o con emergencias climáticas y derivados. La historia se pervierte, los ejes cronológicos se manipulan para que los alumnos no tengan la perspectiva adecuada sobre la evolución de la civilización; y se salpimenta el currículum con charlas que son ofrecidas por miembros de su secta que, además, ganan mucho dinero con la tarea.
Sería estúpido que los jóvenes crecieran sin referencias sobre el ecologismo, la sexualidad, las estructuras sociales o los problemas emocionales de cualquier tipo. Máxime cuando se van a topar en unos años con un mundo acelerado que cada vez resulta más complejo de entender para los individuos contemporáneos, en cuanto a que es global, diverso y veloz. Pero dejar ese proceso en manos de los radicales tan sólo transmitirá a los muchachos una visión sesgada de la realidad. Y desconozco si les hará votar al PSOE, pero lo que es evidente es que les generará una distorsión que les hará sufrir. Porque el mundo del que les hablaron no será el mismo que vean y que sufran. Y eso les hará sentir como marcianos una vez crucen la puerta de su portal.
Sería bueno hablar del aborto con una perspectiva amplia, tratando de entender los motivos por los que surgen las distintas posturas. O del terrorismo o de los totalitarismos. Habría que incidir en que estos últimos no se explican en las ideologías -que son una mera herramienta de transmisión-, sino en la voracidad de una especie con tendencias destructivas, como la humana, que a veces está afectada por una mezcla de superioridad, inseguridad y soberbia que le lleva a ensalzar a fascistas, comunistas y líderes mesiánicos de todo pelaje. Algunos, sin más principios que el de tiranizar a los suyos y masacrar a los contrarios.
De ese modo, quizás entenderían que no hay tantos enemigos como víctimas de la locura de los tiranos. Y tendrían una mejor perspectiva sobre la condición humana y sobre lo que van a encontrar cuando salgan al mundo. Y, claro, se desengañarían mucho antes del fascismo...y del socialismo.
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Y Pedro Sánchez, de rodillas
OKDIARIO. 3 Junio 2022
Mientras se pasa por el forro de sus caprichos la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que le obliga a impartir un 25% de las materias educativas en castellano, la Generalitat de Cataluña estrecha el cerco sobre el español en los colegios catalanes. El plan del Ejecutivo autonómico pasa también por marginar el español en las actividades lúdicas del alumnado, en espacios como el patio de recreo, el comedor escolar y las extraescolares.
En una carta remitida esta semana por el consejero de Educación, Josep González-Cambray, a los directores de los centros catalanes para que no apliquen la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) se asegura que su Departamento «está desplegando» el Plan de Impulso de promoción del uso de la lengua catalana en los centros educativos para «incrementar y normalizar su uso». Se refiere a un plan piloto puerto en marcha en 200 colegios en el que, tras constatar «el uso infrecuente del catalán en las interacciones orales del alumnado» en comedores, actividades extraescolares y patio, se asegura que la Inspección educativa hará un «seguimiento de la aplicación del proyecto lingüístico de cada centro» para garantizar que el alumnado hable catalán también fuera de las aulas.
En conclusión: no sólo desacata la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, sino, que en una nueva vuelta de tuerca, la Generalitat pretende desterrar también el castellano en los patios y los comedores de los centros educativos. O sea, que el Gobierno catalán mandará inspectores a los colegios para que se cumpla el plan de exclusión del español. Así es como se las gastan los golpistas aliados de Sánchez y así es como Sánchez traga ante el desafío de los sediciosos a los tribunales de justicia. En lugar de mandar a la Inspección del Estado a los colegios catalanes para que se cumpla la ley, los inspectores los mandan los separatistas para comprobar que, en efecto, en los colegios catalanes se están pasando la sentencia del TSJC por salva sea la parte.
"Apartheid lingüístico"
José García Domínguez. libertad digital. 3 Junio 2022
Probablemente dejándose llevar por alguno de esos llamados expertos en comunicación que ahora les sacan los cuartos a los políticos por la sencilla vía de fabricar cuatro frasecitas impactantes a fin de llamar la atención de los medios y así tratar de hacerles un hueco en las portadas, el debutante Feijóo acaba de declarar a propósito del incumplimiento de la sentencia sobre el castellano que en Cataluña existe un "apartheid lingüístico", expresión que suena muy rotunda pero que, si bien se mira, no tiene ningún sentido. Más que nada porque en Cataluña no existe ningún apartheid lingüístico, salvo que con ese término se quiera referir a la segregación que, vía chequera, se puede permitir la minoría adinerada de la demarcación, esa que envía a su prole a los muy contados y exclusivos colegios enteramente privados que allí existen, todos ellos respetuosos desde siempre con el uso docente del idioma español.
Verbigracia, el presidente de la Generalitat y su consejero de Educación, ambos célebres usuarios de ese tipo de instituciones multilingües. Lo sustancial, no obstante, de lo dicho por Feijóo no remite, sin embargo, a la frasecita estrepitosa de marras sino a lo que añadió a continuación. Y es que, acto seguido, el líder del PP exteriorizó su hondo escándalo moral frente al hecho de que el Gobierno "mire para otro lado ante el incumplimiento de una sentencia judicial como esta", dejación de funciones que consideró "inédita en Europa".
Y, en efecto, esas cosas son inéditas en el resto de Europa, pero aquí, en España, Galicia incluida, existe ya una larguísima tradición de silencios e inacciones cómplices en relación a eso que ahora tanto ruboriza al nuevo líder de la mitad de la derecha. Porque de Pedro Sánchez ya sabemos que es muy malo, pero Sánchez no lleva gobernando España desde hace cuarenta años. Y esa sentencia, la que la Generalitat se acaba de pasar por el forro, resulta que no es la primera, ni la segunda ni la tercera sobre el particular. Porque aquí han tragado todos. El PSOE, por supuesto. Pero el PP exactamente igual. O, si no, que se lo pregunte el tan escandalizado Feijóo a su paisano Rajoy y a Aznar. Todos, sin excepción, nos vendieron a los leales a España que resistíamos en Cataluña. Nada nuevo bajo el sol, caro Alberto.
De español en la escuela ni el 25 ni el 50: el 155
TERESA GIMÉNEZ BARBAT. Okdiario. 3 Junio 2022
Ni amor a la lengua ni nada de nada: aquí sólo va de quién manda. Y los independentistas son expertos en tomarnos el pelo. El conseller de Educación, Josep González Cambray, y otros responsables del Departamento de Educación, quieren pasarse la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que les obliga a aplicar un 25% de castellano en nuestras sufridas y manipuladas escuelas por su “arco del triunfo”. Que no es el que está precisamente en la parte de arriba del Paseo de Picasso.
Y, con toda la desvergüenza, amenazan a los profesores que pudieran utilizar la lengua común. El conseller, esta semana, en el desayuno Nueva Economía Forum, ha anunciado que lanzará su inspección educativa para asegurar el cumplimiento de un nuevo decreto lingüístico que se han montado para seguir sorteando la sentencia. Y ha enviado instrucciones a más de 5.000 escuelas asegurándoles que «Educación asume la responsabilidad sobre la legalidad de los proyectos lingüísticos». “Los proyectos lingüísticos deben cumplirse», ha dicho refiriéndose sólo a los pensados para construir la nació, y que «los docentes no pueden elegir en qué idioma quieren hacer la clase».
El conseller siempre insiste en que la escuela catalana es «un modelo de éxito», pero es un secreto a voces que gran parte de los políticos independentistas llevan a sus hijos a escuelas privadas donde la lengua prohibida se estudia sin ningún tipo de problema. El director de la publicación e-noticies le preguntaba esta semana sobre la escuela a la que lleva sus hijos, que no es un centro público. Pero se escaqueó : «Es una pregunta personal que no voy a responder», dijo muy cuco.
La lengua es su línea roja de poder. En Cataluña esa idea del “modelo de éxito” o de la “cohesión social”, tan falsas ambas, calaron durante demasiados años. En algunos, por románticos: gente de cultura, familia y lengua catalana a quienes les apenaba la posibilidad de que retrocediera y desapareciera, como tantas otras lenguas que se han ido minorizando en el planeta. En otros, por ideología nacionalista, ahora ya independentista. Profundamente hispanófobos, la lengua es claramente para ellos un marcador grupal y un elemento diferenciador comunitario imprescindible. En realidad la usan para avanzar su agenda separatista. Y a todos ellos se les unen oportunistas políticos como Ramón Cotarelo, que ha sido noticia estos días por denunciar que en Salt (como si no hubieran problemas reales en Salt) un camarero latinoamericano no le había querido atender en catalán.
La mitad de Cataluña hubiera podido simpatizar y comprender a esos “románticos” antes del intento de golpe contra el estado del otoño del 2017. Ahora ya no. Gente maltratada durante años por un sistema escolar que la discrimina y que utiliza todos los medios a su alcance para hacer oír una única voz. Y también por un Estado cuyos sucesivos gobiernos no han reaccionado ante la conculcación de derechos que este juego perverso significa para la ciudadanía.
Van a seguir con su coacción indisimulada. Por ello, la incansable Ana Losada, y con ella la Asamblea por una Escuela Bilingüe, han reclamado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que multe al conceller “matón” (como le califica Inés Arrimadas) con 1.500 euros diarios, además de otras consecuencias penales. También el PP ha presentado una proposición no de ley exigiendo al Govern que obligue la Generalitat a aplicar la sentencia del TSJC, y Ciudadanos ha llevado el incumplimiento a la fiscalía. Pero son expertos en marear a la justicia. Ni 25 ni 50. Sabemos que 155 sería mano de santo.
La ley del catalán, enmendada por decreto
José Antonio Sorolla. cronica global. 3 Junio 2022
Decíamos ayer... que la ley del catalán acordada por ERC, Junts per Catalunya, el PSC y los comunes era muy ambigua y que solo su aplicación podía aclarar esa ambigüedad y confirmar o no si cumplía con las exigencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de que los colegios impartan un 25% de las materias en castellano. La ley está retrasada por el envío por los partidos de derechas al Consell de Garanties Estatutàries, pero el decreto que aprobó el 30 de mayo el Govern, un día antes de agotarse el plazo, demuestra claramente que la Generalitat no tiene ninguna intención de cumplir la sentencia.
Al contrario de lo que decidió el TSJC, el decreto, que ni menciona la sentencia, establece “la inaplicación de parámetros numéricos, proporciones o porcentajes en la enseñanza y el uso de las lenguas” y afirma que el catalán es la única lengua vehicular, sin matices como los recogidos en el acuerdo cuatripartito en el que se dice que el castellano será lengua “curricular” y se utilizará como lengua de aprendizaje en materias no lingüísticas en función de la realidad sociolingüística de los centros.
El Govern, según dijo su portavoz, “garantizará que las sentencias no condicionen el modelo de escuela catalana” y que cada centro de los 4.500 existentes en Cataluña decida la proporción del uso “curricular y educativo” de las dos lenguas teniendo en cuenta la realidad sociolingüística y cumpliendo siempre “el objetivo del dominio oral y escrito del catalán y el castellano”. Cada colegio deberá enviar ahora el proyecto lingüístico a la Conselleria de Educación para su validación y si el departamento hace correcciones los centros tendrán que revisar sus proyectos.
La prueba de que se da por supuesto que habrá colegios que no cumplan la sentencia es que el Departamento de Educación se hace responsable de los proyectos que valide para tranquilizar a los directores de los centros ante una hipotética acusación de desobediencia en los tribunales. El Departamento de Educación considera que el decreto habilita para no cumplir la sentencia del TSJC porque el marco legal ha cambiado y por la “imposibilidad legal” de cumplirla. Es decir, para no cumplir la sentencia se aprueba un decreto que la ignora y después se argumenta que hay “imposibilidad legal” de acatarla. ¿Hay algo más parecido a un fraude de ley?
El decreto no contará con el apoyo del PSC porque, según su portavoz, Alícia Romero, no cumple el auto del TSJC, “no recoge con plenitud el acuerdo de consenso y no menciona el uso curricular del castellano”. Los socialistas se encuentran así en la tesitura de apoyar una ley que el decreto contradice. Pero desde el primer momento el PSC había advertido que no respaldaría el decreto porque suponía que sería como ha sido, con lo cual la contradicción no solo se produce entre ley y decreto, sino en el seno del propio partido socialista, que ahora lamenta --tarde y mal-- no haber negociado el decreto, que ya está en vigor desde el lunes y será ratificado, en el plazo de un mes, en el Parlament, con los votos de ERC, Junts y los comunes.
Cuando el Govern aduce que no serán las sentencias de los tribunales las que dicten el modelo de escuela, una aspiración en principio razonable, hay que recordar que la inacción de la Generalitat durante 40 años de inmersión lingüística, convertida en un tabú intocable, sin admitir flexibilización alguna en función de los cambios sociolingüísticos y demográficos, es lo que al final propició el recurso a los tribunales de quienes reclamaban parte de la enseñanza en castellano. Dos asignaturas en castellano (la de lengua y otra) no ponen en peligro al catalán como “centro de gravedad” del sistema educativo.
Todo ello se utiliza de nuevo en la batalla política. Las tres derechas --PP, Ciudadanos y Vox-- ya han anunciado que recurrirán al Tribunal Constitucional y comienza a haber iniciativas para acusar al conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, por la vía penal. Algunos partidos reclaman incluso la suspensión de la autonomía catalana, mediante la aplicación de un "155 educativo", y el nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, habla de “apartheid lingüístico” en Cataluña. La lengua, herramienta de comunicación, es utilizada, una vez más, como instrumento político.
La Generalitat también vigilará el uso del catalán en patios y comedores mientras incumple el 25%
LUZ SELA. Okdiario. 3 Junio 2022
La obsesión de la Generalitat separatista por el uso del catalán no se limita a las aulas. El plan del Govern pasa también por promover que sea la lengua de elección en todos los ámbitos educativos. Y ello incluye el patio, las actividades extraescolares o en grupo.
Así lo recuerda la carta remitida esta semana por el consejero de Educación, Josep González-Cambray, a los directores de los centros catalanes para que no apliquen la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a impartir un 25% de las materias en castellano.
En la misiva, firmada por Cambray, se destaca que su departamento «está desplegando» el Plan de impulso de promoción del uso de la lengua catalana en los centros educativos «para incrementar y normalizar su uso». Se trata de un plan piloto que este año se ha estrenado en 200 centros para reforzar el uso del catalán en todos los ámbitos educativos, con la idea de que en los próximos tres cursos se extienda a 3.000 centros más. El objetivo abarca no sólo la promoción del catalán en el aula sino «en todos los ámbitos de la escuela».
«Constatamos un uso infrecuente del catalán en las interacciones orales del alumnado, una tendencia por parte de los profesores al cambio de lengua y que esto también se da en el tiempo no lectivo: comedores, actividades extraescolares y en el patio», señaló el consejero en su presentación. El plan se basa en «grupos impulsores» del catalán en las actividades lectivas y lúdicas.
En la misiva remitida ahora a los directores de los centros, consultada por OKDIARIO, se insiste precisamente en que el uso del catalán ha registrado «un retroceso significativo» y se indica que la Inspección educativa hará un «seguimiento de la aplicación del proyecto lingüístico de cada centro», tanto a través de visitas ordinarias, como en el marco del mencionado plan de impulso de la lengua o en un «plan de actuación específico».
La Generalitat se apoya en una encuesta realizada por el Síndic de Greuges o Defensor del Pueblo catalán que concluye que «el catalán es lengua de uso escolar durante un 62,1% de la jornada de Primaria y un 60,6% de Secundaria, mientras que el castellano, durante un 33,1% y un 32,9%, respectivamente». Esa encuesta incluye tanto el uso de la lengua en el aula, como en el patio y en el comedor escolar.
25%
Mientras, la Generalitat separatista prosigue en su ofensiva para desobedecer la sentencia que obliga a impartir el 25% de las clases en catalán.
El Govern, que el lunes aprobó un decreto en el que se establece expresamente la «inaplicación» de porcentajes en el uso de lenguas en la enseñanza, ha alegado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la «imposibilidad legal» de ejecutar la sentencia.
El Gobierno separatista se ampara ahora en la imposibilidad legal de ejecutar la sentencia por «la concurrencia de manera sobrevenida de una causa como es la aprobación de un nuevo marco legal», en alusión a ese decreto.
Ante la inacción del Ejecutivo, Partido Popular y Ciudadanos tomarán la iniciativa y presentarán un recurso ante el Tribunal Constitucional por este decreto, «un apartheid lingüístico en el que parece ser que los alumnos no pueden tener conocimiento de castellano», ha reprochado Núñez Feijóo.
DICTADURA LINGÜÍSTICA BALEARES
El Govern de Armengol exige catalán para ser cocinero de un hospital pero no experiencia en los fogones
I. RIBELLES / M. A. FONT. Okdiario. 3 Junio 2022
Para ser cocinero en el Hospital público Mateo Orfila de Mahón (Menorca) que gestiona el Govern balear que preside la socialista Francina Armengol no se requiere tener experiencia y pericia al frente de los fogones, sino titulación avanzada de catalán, en concreto, el B2.
Es el principal de los requisitos que se exigen en la convocatoria hecha pública por la dirección del centro hospitalario adscrito a la Conselleria de Salud presidida por la socialista Patricia Gómez para la cobertura de una plaza vacante en los servicios de cocinero a la que podrán optar los empleados laborales del hospital.
Es una promoción interna temporal a la que podrá concurrir el personal estatutario fijo del Servicio de Salud de Baleares y donde, curiosamente, no se exige como requisito experiencia alguna en la materia y sólo se contempla como mérito (0,105 puntos) en las baremaciones el tiempo trabajado como pinche o ayudante de cocina. Así lo especifica la convocatoria de la plaza de cocinero publicada en el Boletín Oficial de las Islas Baleares con fecha 26 de mayo.
Los requisitos para optar a la plaza en este centro público hospitalario pasa por disponer del título de Bachiller, o haber superado las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 años, y presentar el certificado pertinente de catalán reconocido por la Dirección General de Política Lingüística, con la independentista Beatriu Defior (Més per Mallorca) al frente.
Nada de cocinero titulado, ni experiencia en la materia como requisito, sino catalán, y en el apartado de méritos a valorar, además del citado tiempo trabajado como pinche (en último lugar en la baremación) los meses de servicio prestado en instituciones sanitarias públicas, la formación académica en general, y eso sí, hasta seis puntos adicionales por los tres grados superiores de titulaciones en catalán al B2: cinco puntos por el C1, cuatro por el C2 y uno por certificado de lenguaje administrativo en esta lengua.
La oferta laboral lleva el sello indiscutible de la consellera Gómez, que exige las titulaciones de catalán a todo el que opta a un trabajo público en Baleares, pero lo hace a su conveniencia, prescindiendo del mismo cuando se ve apurada para ocupar determinadas plazas consideradas imprescindibles. Las excepciones afectan preferentemente a los médicos especialistas y a los enfermeros, no a los cocineros.
La noticia se conoce días después de que el Govern balear de izquierdas haya expulsado a otros 1.150 aspirantes a ocupar una plaza de auxiliar precisamente por no haber presentado el título que certifica el conocimiento del catalán.
En una resolución del director general del IB-Salut, Juli Fuster, aparecen las listas de los admitidos y excluidos para formar parte del bolsín de interinos. Todos los excluidos del listado son por no haber acreditado que dominan el uso hablado y escrito del catalán.
El pasado 29 de septiembre OKBALEARES ya desveló que el Ejecutivo de Armengol había decidido excluir a 2.600 aspirantes a ocupar una plaza en los hospitales y centros de salud de Baleares por no tener acreditado el conocimiento del catalán. En aquella ocasión eran 12 enfermeras de Urgencias, 2.500 celadores y unos 40 trabajadores sociales e higienistas bucales.