Recortes de Prensa  Viernes 17 Junio 2022

Ganar o perder a medias en Ucrania

EMILIO CAMPMANY. libertad idioma. 17 Junio 2022

Cuando a finales de febrero Rusia invadió Ucrania, muchos analistas militares creyeron que era cuestión de semanas que el régimen de Kiev cayera. Gracias a la resolución de los ucranianos y a la ayuda militar occidental, los rusos, después de sufrir graves pérdidas humanas y materiales, tuvieron que moderar sus ambiciones y concentrarse en la conquista del Dombás y del litoral bañado por el Mar de Azov. Hoy, la impresión general es que Moscú está en vías de alcanzar este relativamente modesto objetivo. Es así porque, habiendo sido suficiente el armamento enviado para repeler el asalto inicial, el que estamos suministrando ahora no es bastante para contener a los rusos en un frente mucho más estrecho. Es verdad que las ayudas occidentales se incrementan en cantidad y calidad, pero no son por ahora suficientes para que Ucrania gane la guerra.

¿Podemos hacer más? Claro que podemos, pero desde el principio nuestra ayuda ha sido limitada con el fin de evitar que una excesiva capacidad ofensiva de los ucranianos pueda empujar a los rusos a escalar el conflicto y recurrir en su caso a las armas nucleares. También nos da miedo que una derrota total de Rusia la desestabilice y su arsenal atómico caiga en manos todavía más peligrosas que las de Putin. Estos temores son los que se esconden tras las ansias que hay en Occidente de que ucranianos y rusos firmen una paz por la que Ucrania renuncie al territorio que hoy ocupan los rusos a cambio de conservar su independencia en el resto. Es decir, nos conformamos con que Ucrania pierda y Rusia gane a medias esta guerra con tal de evitar el riesgo de una deriva que podría arrastrarnos a un conflicto mucho más grave.

Sin embargo, llegados a este punto, vistas la crueldad del ejército ruso y la destrucción de Ucrania, Occidente no debe permitir que de ninguna manera Rusia se salga con la suya. Ni siquiera a medias. No es sólo lo moralmente exigible, sino que también es lo deseable estratégicamente, pues, de consentirlo, Rusia y China se sentirían animadas a emprender nuevas aventuras, conscientes de que Occidente abandona a sus aliados al primer atisbo de escalada o de desestabilización. Es evidente que Putin, en trance de ser derrotado, puede sentirse tentado de recurrir a armas no convencionales, pero hay que dejar bien claro que, si recurre a ellas, se emplearán contra él. Y si Rusia se hunde en el caos debido a la derrota, habrá que ayudarla a salir de él. Porque la única forma que tenemos de garantizar que Putin no recurrirá a las armas nucleares y que Rusia no se desestabilizará es negándole a Ucrania las armas que necesita para vencer. Y eso es lo que ya no nos podemos permitir. ¿Arriesgado? Claro que lo es, pero indispensable si queremos ganar esta guerra. Y debemos ganarla del todo, no a medias, para no tener que hacer frente en el futuro a otras más difíciles y peligrosas de librar.

DÍA 114 DESDE EL INICIO DE LA INVASIÓN

Guerra Rusia Ucrania

Severodonetsk resiste y Kiev acusa a Moscú de "puñales por la espalda"

El Confidencial. 17 Junio 2022

Comienza la jornada 114 desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania. La estratégica ciudad de Severodonetsk, en el este ucraniano, punto clave para controlar toda la región de Lugansk, resiste los ataques rusos que tratan de hacerse con el único polo de resistencia que queda en la urbe y que se localiza en las instalaciones de la factoría química de Azot. Por otra parte, Mykhailo Podoliak, asesor del presidente ucraniano Volodímir Zelenski, ha asegurado que todas las propuestas de negociación que ha realizado Rusia para resolver la guerra con Ucrania "han sido un intento de apaciguamiento antes de apuñalarnos por la espalda". En cuanto al enfrentamiento armado, casi un mes después de entrar en la ciudad de Severodonetsk, en el este de Ucrania, las tropas rusas controlan la mayor parte de la urbe, pero aún no han conseguido despejar la zona industrial, donde se refugian más de 500 civiles y centenares de soldados ucranianos. En el sur, las tropas ucranianas han logrado crear una línea de contraataque de hasta 80 kilómetros cerca de la ocupada ciudad de Jersón, mientras esperan el armamento pesado prometido por Occidente. Por su parte, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, interviene este viernes en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo cuando se cumplen casi cuatro meses de la contienda militar en Ucrania y el país está aislado política y económicamente debido a las sanciones sin precedentes impuestas por Occidente.

Las claves del momento:

Macron anuncia el envío de más cañones pesados autopropulsados a Ucrania

Líderes europeos apoyan que Ucrania reciba el estatus de candidato a la adhesión a la UE

Países Bajos afirma que frustró a un espía ruso que pretendía infiltrarse en el Tribunal Penal Internacional

Gazprom dice que no hay solución a los problemas del gasoducto Nord Stream

09:17 — El presidente francés, Emmanuel Macron, ha propuesto este jueves que el grano y el trigo bloqueados en Ucrania por la invasión de Rusia podrían exportarse a través de la frontera con Rumanía, según ha detallado en una entrevista con el canal francés TF1.

"Estamos en proceso de establecer un punto de enlace con Rumania para exportar cereales. Odesa está a unas decenas de kilómetros de Rumanía", ha explicado el mandatario francés, que ha visitado este jueves la capital ucraniana con el primer minsitro italiano, Mario Draghi; el canciller alemán, Olaf Scholz, y su homólogo rumano, Klaus Iohannis.

08:57 — El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha asegurado este jueves que Rusia planea resistir las sanciones occidentales y completar su misión en el Donbás, en el este de Ucrania. "El objetivo número uno es proteger a la población del Donbás y de Lugansk de quienes están bombardeando Donetsk, por ejemplo, ahora mismo, y matando a civiles allí. Y lo han estado haciendo durante los últimos ocho o nueve años", ha subrayado Peskov en una entrevista en el canal estadounidense CNN. 08:30 — La estratégica ciudad de Severodonetsk, en el este ucraniano, punto clave para controlar toda la región de Lugansk, resiste los ataques rusos que tratan de hacerse con el único polo de resistencia que queda en la urbe y que se localiza en las instalaciones de la factoría química de Azot. Según el último parte militar publicado este viernes por el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania en su página de Facebook, los "ocupantes rusos continúan disparando con cañones y cohetes contra las posiciones ucranianas" en esa ciudad.

07:50 — Mykhailo Podoliak, asesor del presidente ucraniano Volodímir Zelenski, ha dicho este viernes que todas las propuestas de negociación que ha realizado Rusia para resolver la guerra con Ucrania "han sido un intento de apaciguamiento antes de apuñalarnos por la espalda".​ Estas iniciativas para reanudar las negociaciones "son solo un intento de engañar para acumular reservas y reanudar la ofensiva" contra Ucrania, insistió Podoliak, quien ha participado en las fallidas conversaciones con Moscú, ahora paralizadas.

El Gobierno se forra con la luz, el gas y los carburantes

Ni la "Isla energética" ni nada: todo es maquillaje para esconder que, mientras la sociedad se empobrece a pasos agigantados, el Gobierno recauda impuestos como nunca.

Editorial Esdiario. 17 Junio 2022

Esta semana ha entrado en vigor el tope del gas que, durante doce meses como máximo, limitará el precio del producto a los usuarios de la llamada tarifa regulada y permitirá reducir el coste final en un máximo del 15% del recibo actual. Y ni siquiera está claro que esto ocurra viendo que, incluso con este tope, los precios han subido notablemente por las fluctuaciones del mercado y las compensaciones a las empresas gasísticas.

Lo cierto es que, sin despreciar el pequeño alivio para los bolsillos que representa esta medida para el 40% de los usuarios, la factura del gas seguirá costando hoy un 82% más que hace un año. Y lo cierto es que, con mucha probabilidad, el descuento que verán los usuarios de la tarifa regulada lo tendrán que asumir en sus recibos los usuarios de la tarifa libre o el conjunto de los ciudadanos de un modo u otro, aunque el Gobierno se resiste a precisarlo.

Las empresas se ahogan: los costes laborales se disparan tras la reforma de Díaz

Porque Europa ha rechazado, en realidad, cambiar el sistema de cálculo del recibo y sigue manteniendo el gas como referencia. Y ha rechazado, igualmente, topar su precio de manera universal. Solo le ha permitido a España aplicar una “excepción ibérica” que en realidad no existe: cualquier socio de la Unión puede reducir los recibos ya, bajando la fiscalidad que el Gobierno de España mantiene y le permite batir récord de recaudación.

La maniobra del Gobierno es, con el gas, similar a la ya aplicada con el combustible: en un caso subvenciona con 20 céntimos cada litro de carburante, sin frenar la escalada de precios y sin renunciar al cobro de impuestos. Y en el otro, mantiene la fiscalidad salvo en casos excepcionales de rentas bajas o poco consumo, y le aplica un tope al precio que compensará el resto de usuarios.

Recaudación voraz

Lo cierto es que, con la inflación disparada y los precios de la energía en máximos históricos, el Gobierno no ha renunciado a ingresar más que nunca y se niega a aplicar rebajas generales: en lo que va de año, ha recaudado ya 13.000 millones de euros más de lo previsto.

Para el ciudadano, pues, no hay “isla energética” alguna, pese a la leve mejora. Pero para el Gobierno, en cambio, sí existe un “paraíso fiscal” recaudatorio que solo se frenará cuando suban los tipos de interés y empiece a bajar la inflación.

Es inaceptable, pues, que el peor periodo de empobrecimiento de la sociedad en décadas coincida con la mayor voracidad recaudatoria del Gobierno, que se aprovecha sin duda de esa paradoja con pocos escrúpulos y medidas decorativas de escaso efecto práctico.

LAS PROMESAS INCUMPLIDAS SUPONEN UNA PINZA LETAL PARA LA PROVINCIA

Cádiz: desindustrialización, inmigración ilegal, desempleo y la asfixia de Gibraltar

JAVIER TORRES. https://gaceta.es/. 17 Junio 2022

El 21 de diciembre de 1979, diez años después del cierre de la verja, El País dedicó un reportaje a La Línea de la Concepción señalando que “muchos linenses ven en la apertura de la verja la solución a sus problemas”. El entonces alcalde, Francisco Niebla, denunciaba que “resulta triste que, a la vuelta de diez años, el Gobierno español esté favoreciendo que La Línea vuelva a depositar su mirada en aquella roca como única solución para ella”.

Tres años después la verja se reabrió entre promesas de un futuro dorado. Sin embargo, la decisión de Felipe González palidece hoy ante la crudeza de los datos: La Línea registra la mayor tasa de paro (34 por ciento) de la provincia, la menor esperanza de vida de España (79,9 años), sufre los estragos del narcotráfico y su economía ha sido estrangulada por el crecimiento de Gibraltar. 40 años más tarde de la reapertura de la valla, esta ciudad es el paradigma de todos los problemas de Cádiz.

Todos miran con disimulada vergüenza para otro lado, pero la economía sumergida es el verdadero motor de la ciudad y, en general, de todo el campo de Gibraltar. La riqueza de La Línea depende del Peñón y casi 10.000 españoles (la mayoría linenses) cruzan cada día la frontera para trabajar allí. Otros lo hacen para dedicarse al contrabando. Y aún peor, un tercer grupo se dedica al narcotráfico que asola la costa gaditana. El Consejo de Europa, por cierto, admitió en 2020 que es tal la opacidad financiera en Gibraltar que incluso se podrían estar encubriendo actividades de apoyo al terrorismo.

Si los ciudadanos están desesperados, sus representantes políticos no le andan a la zaga. El abandono que sufre La Línea provoca medidas precipitadas como la de impulsar un referéndum para erigirse en ciudad autónoma. El año pasado el partido que gobierna la ciudad (La Línea 100×100) aprobó los trámites para impulsar la secesión de la localidad de Andalucía.

Un disparate que, sin embargo, tienes sus razones. La Administración regional y la Administración central han marginado sistemáticamente a esta localidad fronteriza con Reino Unido. El Consejo de Ministros acordó en noviembre de 2018 reactivar la comarca con un plan de más de 900 millones de euros para invertir en infraestructuras ferroviarias y viarias, una zona franca en Los Barrios que debía operar desde 2019, formación para adultos con baja cualificación y un programa para reducir las altas tasas de desempleo. Nada de eso ha ocurrido.

Los agravios no quedan ahí. El Gobierno andaluz anunció en septiembre de 2019 hasta 69 medidas para atajar las consecuencias del Brexit en el campo de Gibraltar. Elías Bendodo prometió destinar cuatro millones de euros a situaciones económicas no previstas derivadas de la salida británica de la UE. Sin embargo, en junio de 2020 la Junta eliminó esa partida de los fondos destinados a la epidemia del covid.

Las promesas incumplidas y el crecimiento de Gibraltar tolerado por las autoridades españolas (construcción de un aeropuerto, submarinos nucleares y misiles en la base militar británica, hostigamiento a pescadores gaditanos) suponen una pinza letal para La Línea y para toda una provincia que está ahogada por el desempleo: tiene la mayor tasa de toda España (26 por ciento), sólo por detrás de Ceuta (29 por ciento). Con esos datos, el narcotráfico se mantiene al alza, pues cada año genera unos 300 millones de euros en esta zona. Según Interior, desde 2018 la Guardia Civil y la Policía Nacional han incautado 1.400 toneladas de droga y han detenido o investigado a 10.840 personas en el campo de Gibraltar.

La provincia de Cádiz, desde luego, tiene otros problemas como la desindustrialización. Se han marchado gigantes como Airbus, Tabacalera o Delphi y otras empresas importantes como Gadir Solar, Visteon o Torres Papel. Todas se fueron o cerraron, entre otras razones, por la deslocalización en terceros países donde la mano de obra es más barata o porque cuando se han cerrado se prefirió la fórmula de despidos y pensiones antes que reinventar el modelo productivo. Claro que cuando se ha intentado la reindustrialización tampoco ha funcionado. Ahí están los casos de Bahía Competitiva, Quality Food, Cádiz Solar, Rilco o Plan Aletas.

Con este panorama a la provincia le queda el turismo, con el inconveniente de ser un sector estacional, y Algeciras, el primer puerto de España y el segundo de Europa. Sin embargo, hay algo que también influye en la economía y, sobre todo, en la seguridad: la inmigración irregular. Seis de cada diez ilegales que entran a Andalucía lo hacen por la provincia de Cádiz, siendo Algeciras la ciudad más castigada. En ella es habitual ver deambular por las calles a inmigrantes de los que se desconocen sus antecedentes. También ocurre con los menas, que llegan en su mayoría a esta provincia a pesar de que sólo dispone de 139 plazas en sus ocho centros.

Madrid aprueba que todas las empresas de España puedan operar en la región sin licencias adicionales

Libre Mercado. 17 Junio 2022

La Asamblea de Madrid, gracias a los votos de PP y Vox, ha aprobado el Proyecto de Ley de Mercado Abierto de la Comunidad de Madrid que pretende que, con carácter general, todo operador económico establecido legalmente en el territorio nacional pueda desplazarse libremente a la región para ejercer su actividad sin sujetarse a los requisitos de acceso previstos en la normativa autonómica.

Este se trata de uno de los compromisos de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, recogidos en el acuerdo de investidura.

Al respecto, el pasado 17 de marzo PP y Vox tumbaron las enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos de izquierda (Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos) al Proyecto de Ley de Mercado Abierto del Gobierno regional. Una vez analizado el texto en comisión y después de que se hayan incorporado las enmiendas parciales, este jueves se ha procedido a su aprobación definitiva.

Esta nueva ley busca así "acabar con la fragmentación de la unidad de mercado, el exceso de regulación sobre los operadores económicos y las cargas administrativas que suponen un inconveniente para el desarrollo económico".

Se pretende crear "un marco regulatorio eficiente que simplifique la legislación existente, elimine las regulaciones innecesarias, establezca procedimientos más ágiles y minimice las cargas administrativas".

Esta iniciativa legislativa quiere renovar y reinterpretar los objetivos originales de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, desde el ámbito competencial de la Comunidad de Madrid, haciéndolo compatible con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

El Gobierno regional estima que con esta normativa se incrementará a medio y largo plazo el PIB de la Comunidad de Madrid en 1,6 puntos, lo que se traducirá en una creación de riqueza próxima a los 4.000 millones de euros anuales y en aproximadamente 50.000 nuevos empleos.

El nuevo marco legal permitirá, por ejemplo, según asegura la Comunidad, que "las empresas de mudanza que operan en Valencia o Zaragoza no necesitarán inscribirse en el Registro de Empresas del sector de la Comunidad de Madrid".

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La sociedad catalana es cómplice del supremacismo

Antonio Robles. libertad idioma. 17 Junio 2022

La sociedad catalana nacionalista, la que vota a los partidos que legislan contra los derechos lingüísticos de más de la mitad de los catalanes, es cómplice de su supremacismo. Hablemos claro, si la semana pasada ERC, Junts y PSC votaron una ley en el Parlamento para incumplir la sentencia judicial del 25% de castellano en la escuela fue porque hay una sociedad catalana nacionalista que lo consiente. Y cuando digo una sociedad catalana nacionalista no lo digo en abstracto, me estoy refiriendo a catalanes aseados que votan, consienten y callan, cuando no cooperan.

Recordemos de qué estamos hablando: en un Estado de la Unión Europea cuya lengua común y oficial es además la mayoritaria de una de sus comunidades autónomas, aquélla lleva 40 años vetada como lengua docente. Y sus hablantes, despojados de sus derechos civiles en nombre de los abusos supremacistas de unos catalanes sobre otros.

Durante cuarenta años han negado la evidencia, ahora, abiertamente, incumplen la sentencia del 25%, se mean en la separación de poderes y pisotean los derechos lingüísticos de ciudadanos con los mismos derechos que ellos. A la vista de toda la sociedad catalana. Como si no fuera con ella. Pero beneficiándose del abuso.

Por eso afirmo que no son sólo los políticos de ERC, Junts, PSC y CUP, también y sobre todo la gente corriente catalana que les vota a sabiendas. A sabiendas de que legislan como verdaderos racistas. No son mejores que los franquistas que consideraban a la lengua catalana un simple dialecto y a sus hablantes perros catalanes, ni son más dignos que aquellos millones de alemanes aseados de la década de los treinta y cuarenta que ni oían ni veían cuando desaparecían de sus barrios familias judías enteras, dejando sus negocios a la intemperie de su codicia. Las consecuencias son incomparables, pero el alma clasista que los anima es idéntica. Ante la evidencia, ¿ha pensado aplicar el Gobierno sanchista el 155 para restaurar la separación de poderes y evitar un nuevo golpe secesionista contra el Poder Judicial? No, se ha sumado al golpe con el PSC y Salvador Illa de palanganeros. Vergüenza y traición. Si lo han hecho con nuestros hermanos del Sáhara, qué no harán con nosotros.

Somos una nación con más de 500 años de antigüedad constituida en un Estado Social y Democrático de Derecho. Si no logramos hacernos respetar cuando la ley está con nosotros, habremos de sufrirla cuando esté contra nosotros. Si con la ley a favor somos ciudadanos de segunda, con la ley en contra seremos extranjeros en nuestro país. Al menos hasta que definitivamente nos hagan extranjeros a secas, si logran destrozar el que tenemos.

El domingo habrá elecciones autonómicas en Andalucía. Los derechos civiles pisoteados en Cataluña no les deben ser ajenos. De hecho son los mismos derechos soberanos que nos constituyen como una nación de libres e iguales. Votar allí contra Pedro Sánchez, que tiene el cuajo de colaborar con la persecución de los derechos civiles en Cataluña de la mano del PSC, es una manera de reivindicar la soberanía española y rebelarse contra los que la están vendiendo a sus enemigos. Dentro y fuera de nuestras fronteras. Con los mismos resultados. Pedro Sánchez se pavonea de haber desactivado el secesionismo catalán. ¿Desactivado? Sólo lo está asistiendo cuando más desprestigiado y dividido estaba y dándole cuanto necesita para volver a la carga en cuanto tenga oportunidad. No es cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo. Y eso debe ser duramente sancionado por cualquier español, en cualquier elección.

La Asociación por la Tolerancia, nave nodriza de todas las asociaciones constitucionalistas en Cataluña que luchan contra la segregación social, contra el apartheid lingüístico y en defensa de los derechos civiles, ha vuelto a sacar un pequeño YouTube para recordarnos que los derechos civiles son sagrados aquí, en EEUU o en cualquier lugar de la Tierra. Y que sus detractores no ganarán en Cataluña lo que los supremacistas blancos ya perdieron en EEUU hace más de medio siglo.

Depende de nosotros que el segregacionismo dure más o menos.

Las víctimas del terrorismo piden unidad política y social para no olvidar ni blanquear a ETA

A través de un manifiesto del primer congreso internacional que se ha celebrado en la capital y que ha clausurado la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso: «ETA tiene ahora su maquinaria política cosechando más frutos que nunca»

Jorge Navas. ABC. 17 Junio 2022

Madrid, la ciudad donde más han asesinado los etarras y yihadistas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha clausurado este miércoles el Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo que durante dos días ha reunido en la capital a representantes de los afectados y expertos nacionales e internacionales de distintos ámbitos. Desde el policial hasta el judicial, pasando por el político, científico o mediático.

El resumen de este congreso se ha recogido en el denominado 'Manifiesto de Madrid', que señala que la mejor forma de combatir el terrorismo es con la «máxima unidad y la solidaridad inquebrantable entre los distintos actores políticos y sociales». Una idea en la que han insistido casi todos los ponentes, un total de 25 procedentes de distintos países, como España, Francia, Reino Unido o Bélgica.

El 'Manifiesto de Madrid' también insta a todas las instituciones y administraciones públicas a «garantizar que las víctimas del terrorismo jamás caigan en el olvido y para que sus voces se escuchen». Además, califica de «fundamental» que los poderes públicos «no mantengan equidistancias» con quienes dañan a las víctimas ni tampoco «con quienes defiendan planteamientos que justifican los actos que las victimizan».

Ayuso, por su parte, ha destacado que un Estado democrático tiene la «obligación» de combatir el terrorismo, lo que pasa por su «derrota política». Asegura que su Gobierno regional «no quiere cambiar la realidad ni la historia», en clara referencia a las estrategias de blanqueamiento del terrorismo etarra por parte de algunos sectores políticos y mediáticos. «ETA tiene ahora su maquinaria política cosechando más frutos que nunca», lamenta Ayuso, además de advertir que el líder de Bildu «podría acabar siendo lendakari para ofensa de un país digno como España». «Y esto es así porque se les está proporcionando un salvoconducto político», según la presidenta madrileña.

Derrota incompleta

El director adjunto de ABC, Agustín Pery, ha moderado este miércoles una de las mesas, en la que han intervenido María Jesús González, madre de Irene Villa; la vicepresidenta de la Fundación Villacisneros, María San Gil; el director del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, Florencio Domínguez, y el cineasta vasco Iñaki Arteta.

Todos ellos han incidido en la necesidad de mantener viva la memoria de las víctimas, especialmente entre los jóvenes. Arteta y San Gil se han mostrado muy críticos con el concepto del «relato» para explicar el medio siglo durante el que ETA causó hasta 857 asesinatos y cerca de 6.400 heridos en nuestro país. Ambos prefieren hablar de «memoria o historia», ya que el relato se presta a la manipulación de un nacionalismo «que no quiere que se hable de lo que ocurrió, sino tergiversar los hechos para hacer tabla rasa y empezar de cero», sostiene San Gil.

Arteta ha lamentado otra de las cuestiones que han estado presentes en todo el congreso, como es la actual y creciente influencia de Bildu, heredero de ETA, en la política española y en la gobernabilidad de España: «Eso transmite la idea perversa de que tampoco debieron hacer tanto mal si ahora se les trata tan bien». Tanto Arteta como San Gil no creen que se haya derrotado a ETA y lo que representa, sólo en el plano operativo y policial tras disolverse en 2011. «ETA era un proyecto político que hoy está más cerca de conseguir sus objetivos que cuando mataba a casi 100 personas en un año», apunta San Gil.

Domínguez, por su parte, ha puesto en valor el esfuerzo de distintas instituciones entre la población más joven, por ejemplo a través de charlas y conferencias en centros educativos. La madre de Irene Villa ha pedido «cariño» para las víctimas por parte de toda la sociedad. La primera jornada de este evento internacional organizado por la Comunidad de Madrid y la Fundación San Pablo CEU contó entre el público con un centenar de alumnos de segundo curso de Bachillerato, que tuvieron así la oportunidad de conocer de primera mano el daño que ha causado el terrorismo en España, sobre todo etarra y yihadista.

Portadas de Vocento

Este congreso también ha incluido la exposición 'El terror a portada' para recordar los principales atentados terroristas a través de la hemeroteca de ABC y otras cabeceras del Grupo Vocento. La muestra, fruto de la colaboración entre la Fundación Víctimas del Terrorismo, el Centro Memorial y Vocento, ha sido visitada ya por más de 20.000 personas en media docena de localidades españolas. La próxima será Ermua, el municipio vasco del que era concejal popular Miguel Ángel Blanco cuando ETA lo secuestró y asesinó hace 25 años.

Es la corrupción moral de la izquierda

Editorial La Razón. 17 Junio 2022

Se daba por hecha una vez que la Fiscalía había señalado las sospechas y los indicios sobre su conducta y había respaldado la investigación. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha acordado la imputación de la vicepresidenta de la región, Mónica Oltra, por encubrir desde su alta responsabilidad como consejera del gobierno de coalición los abusos sexuales de su marido a una menor tutelada de 14 años. El pasado 1 de abril, el titular del Juzgado de Instrucción nº 15 de Valencia, Vicente Ríos, lo solicitaba en el marco de la causa iniciada tras una querella que acumula ya un total de 13 investigados entre funcionarios y otros cargos dependientes de Oltra.

Los magistrados fundamentan su acuerdo de forma explícita en «una serie de indicios plurales que en su conjunto hacen sospechar la posible existencia de un concierto entre la Sra. Oltra y diversos funcionarios a su cargo, con la finalidad, o bien de proteger a su entonces pareja, el Sr. Ramírez Icardi, o bien proteger la carrera política de la aforada».

Estamos ante un episodio sobre presuntas actuaciones de enorme gravedad y de honda repugnancia por la degradación política y humana que supone no solo encubrir excesos aborrecibles, sino también hacerlo a costa de la salud física y psicológica, y la integridad de la menor en una espuria utilización de la magistratura y las instituciones.

Obviamente, como siempre hemos mantenido desde estas páginas, la dirigente de Compromís tiene derecho a la presunción de inocencia, pero esa reserva se queda ahí y no puede alterar ni relativizar el alcance y la dimensión de procederes turbios propios de cloacas políticas. Sus ataques a los tribunales y a la Fiscalía, el cambio de sus versiones sobre los hechos, su grotesco intento de agitar el fantasmón de la ultraderecha, su cuestionamiento de la democracia en función de la suerte del proceso, su nula empatía con la víctima, conforman una lastimosa estrategia, azorada entre la soberbia y la angustia.

Oltra debe dimitir o ser destituida por el presidente Ximo Puig. Atrincherarse en el cargo público degrada a las instituciones y al gobierno valenciano a ojos de una ciudadanía atónita por el espectáculo de una izquierda instalada en la altanería y la ejemplaridad más impostada por un escándalo que asquea. La onda expansiva del «caso Oltra» ya ha causado un serio desgaste a los partidos afectados. Los estragos para los socialistas no serán menores mientras Ximo Puig siga de perfil y no corte por lo sano con una vicepresidenta imputada que no reconoce de facto la autoridad ni la legitimidad de la Justicia, a la que ataca con gruesas palabras y peores modos.

Veremos cuál es la capacidad de resistencia de unos y otros, de si todos están dispuestos a asumir la suerte de la encausada, incluido el movimiento de Yolanda Díaz, en el que Oltra es un puntal. La Comunidad Valenciana y sus gentes no se merecen a esta izquierda con el timbre de la corrupción moral, que es la más abominable de todas.

Oltra y la ley socialista del embudo

Editorial https://gaceta.es/. 17 Junio 2022

Conocemos la ley no escrita del embudo socialista. A la perfección. La paja en el ojo ajeno y el maltratador socialista Eguiguren en el propio. La persecución a policías condecorados como Billy el Niño y el acompañamiento entre aplausos hasta la puerta de la cárcel de Guadalajara a un ministro condenado por terrorismo. De una parte, el perro Excálibur, y de la otra los 150.000 muertos de la pandemia a los que no se iba a dejar atrás. El maltrato a Rita Barberá (este, compartido por muchos en el PP), y el orgullo de tener corruptos convictos como José Antonio Griñán y Manuel Chaves. Las 169 portadas de El País para los trajes de Paco Camps y ninguna para los cerca de 700 millones de euros robados en el caso de los ERE de Andalucía. La exigencia garantizada de una comisión de investigación del trabajito fin de máster de Cristina Cifuentes y ni una sola para investigar en las Cortes Valencianas el caso de la menor —mujer, por cierto, no es no, yo sí te creo, hermana; sororidad, el violador eres tú, etc.— abusada por el entonces marido de la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra.

Oltra no está imputada por distraer dinero público, que sepamos, ni por ingresar en una cuenta en Suiza el fruto de comisiones ilegales, que conozcamos; ni por malversar fondos públicos… Ni siquiera por financiación ilegal de su partido, por ahora. Tampoco nos consta que haya aceptado cuatro trajes de un amiguito del alma, ni tiene un jaguar en el garaje, ni un ático a bajo precio en Marbella; ni siquiera le regalaron un louisvi o una fiesta de cumpleaños de sus hijos… Incluso no tenemos noticia de que haya hurtado dos tarros de crema en un Mercadona, haya plagiado una tesis doctoral o le hayan regalado un trabajo de fin de máster. Nada de todo lo anterior. Que sepamos.

Lo que sí sabemos es que Mónica Oltra está imputada por varios delitos mucho peores que cualquiera de los anteriores, porque afectan a la vida, al honor y a la dignidad de una mujer menor de edad que sufrió los abusos sexuales de su entonces marido y que Oltra, según la acusación de la Fiscalía, trató de ocultar usando todos los recursos públicos de los que disponía en un plan premeditado para sustraer a su pareja de la acción de la Justicia y proteger su carrera política.

Si el abuso sexual a un menor es un delito que estremece a cualquier persona bien nacida, que los abusos ocurrieran mientras la menor se encontraba tutelada por los poderes públicos valencianos, en concreto por la Consejería que entonces, como ahora, dirige Oltra, y que estuviera en una situación de indefensión ante la prevalencia de un trabajador social que era el marido de la consejera, es perturbador hasta el borde de lo repugnante, e incluso más allá.

Tras la imputación formal, Oltra debería haber cesado en su cargo por voluntad propia. De no hacerlo, debería ser el presidente valenciano, Ximo Puig, el que destituyera ipso facto a su vicepresidenta, consejera y portavoz del Gobierno de la Generalitat valenciana. A estas horas, nada de lo que sería normal ha ocurrido. Bien al contrario.

No nos cabe duda de que los bien pagados activistas-tertulianos invocarán la presunción de inocencia, pero será una invocación risible. No sólo por la naturaleza de los delitos de los que la Fiscalía acusa a la vicepresidenta valenciana, sino porque el Partido Socialista de Puig y su aliado, Compromís, el partido de Oltra, hicieron en el pasado reciente encendidas protestas éticas de buen gobierno en las que no dejaban de insistir en la necesidad de apartar a cualquier cargo imputado.

El socialismo, además, no puede invocar la presunción de inocencia para uno de sus socios cuando ha hecho de la exigencia de responsabilidades políticas a presuntos delincuentes (algunos, ni siquiera eso) el centro de su estrategia de oposición y de comunicación. Véase la moción de censura que con la excusa de la corrupción del Partido Popular consiguió que Mariano Rajoy, embotado, entregara el mando de España a Pedro Sánchez.

Pero ni con la ley del embudo —bien engrasada gracias a unos medios subvencionados y complacientes— se puede entender que Mónica Oltra no haya sido puesta de patitas en la calle, a la espera de juicio, en vez de seguir en su puesto, usando y gastando el dinero de nuestros impuestos y apoyada por este socialismo que tantas veces nos hace hervir la sangre… salvo a los que la tienen de horchata, como los que todavía los votan y los que querrían pactar con ellos.

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