Recortes de Prensa Viernes 15 Julio 2022
JORNADA 142 DE LA INVASIÓN RUSA
Kiev pide catalogar Moscú como estado terrorista tras el ataque a Vinnytsia
El Confidencial. 15 Julio 2022
Arranca la jornada 142 desde la invasión de Rusia a Ucrania y el presidente Volodímir Zelenski ha reiterado su petición a los aliados occidentales para que Moscú sea considerada oficialmente como un estado terrorista, alegando que ningún otro país "se permite destruir ciudades pacíficas" con misiles de crucero y artillería cada día. "Como resultado de un solo ataque con cohetes en nuestra ciudad de Vinnytsia, en el centro del país, 23 personas han muerto, de los cuales, tres eran niños menores de diez años. Y este, desafortunadamente, aún no es el número final. El análisis de escombros está en curso. Decenas de personas figuran como desaparecidas", ha detallado el mandatario ucraniano justificando su petición. Así, la Unión Europea y la ONU han trasladado su condena al ataque perpetrado contra edificios civiles de Vinnytsia. El Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, y comisario responsable de Gestión de Crisis, Janez Lenarcic, han emitido un comunicado conjunto donde acusan a Rusia de lanzar ataques contra "bienes civiles, incluidos hospitales, instalaciones médicas, escuelas y refugios". La UE ha lamentado que la ciudad se una al despreciable listado de localidades ucranianas escenario de atrocidades rusas, como Bucha, Mariúpol, Kramatorsk, Kremenchuk, Sloviansk, Járkov, Odesa y, más recientemente, Chasiv Yar.
Las claves del momento:
Al menos 23 muertos en un ataque ruso con misiles en Vinnytsia
Zelenski pide a Occidente reconocer Rusia como "estado terrorista"
Prorrusos dicen tener "el control operativo" de Seversk
La región de Donetsk se prepara para evacuar civiles
09:13 — Las autoridades de Ucrania han denunciado este viernes ataques por parte de las fuerzas rusas contra dos universidades situadas en la ciudad de Mikolaiv, situada en el sur del país, y han denunciado que se trata de un acto "terrorista", sin que por el momento haya informaciones sobre víctimas mortales. "Hoy, la Rusia terrorista ha atacado las dos universidades más grandes en Mikolaiv con al menos diez misiles. Ahora atacan nuestra educación. Pido a las universidades de todos los países democráticos que tilden a Rusia de lo que es, un terrorista", ha dicho el jefe de la Administración Militar Regional de Mikolaiv, Vitali Kim, a través de su cuenta en la red social Twitter.
08:41 — Hay aspectos de la invasión de Ucrania que resultan difíciles de capturar en las crónicas. Estos son las alteraciones, los flujos y reflujos que se suceden, digámoslo así, en el corazón de los ucranianos. Muchos de ellos aún viven en el 24 de febrero, una jornada interminable, congelada por la desgracia y la sensación de irrealidad que produce el hecho de ver a Rusia tratando de eliminar, o dejar tullida, a su nación. También está el sentimiento de culpa de quienes dejaron atrás sus hogares y las silenciosas evoluciones, ajustes y epifanías que se dan en los lagos subterráneos de la identidad. Numerosos ucranianos del este, rusófonos, han dejado de hablar su lengua materna. Lo cuenta Argemino Barro.
08:07 — Australia ha culpado este viernes a la invasión rusa de la crisis alimentaria y energética mundial, al subrayar que la inestabilidad económica actual no se debe a las sanciones aprobadas contra Moscú. Así lo ha afirmado el ministro del Tesoro australiano, Jim Chalmers, durante la reunión de titulares de Finanzas y Economía y gobernadores de bancos centrales del G20 que se celebra de manera híbrida (presencial y virtual) en la isla indonesia de Bali hasta el sábado. "Es la invasión por parte de Rusia lo que ha socavado la seguridad energética y alimentaria y no las sanciones, y por tanto Rusia debe asumir la total responsabilidad por esto", ha señalado Chalmers en Nusa Dua, según la agencia australiana AAP.
07:35 — El secretario general de la ONU, António Guterres, se ha mostrado "consternado" por el ataque con misiles ruso contra la ciudad ucraniana de Vinnytsia en el que murieron al menos 23 personas.
"El Secretario General está consternado por el ataque con misiles de hoy contra la ciudad de Vinnytsia en el centro de Ucrania que, según los informes, mató a al menos a 22 personas, incluidos tres niños, e hirió a más de 100", ha asegurado el portavoz de Guterres en un breve comunicado, antes de que las autoridades locales elevaran el balance de víctimas a 23.
Bruselas tumba las cuentas de la lechera
EDITORIAL. la razon. 15 Julio 2022
Si el debate sobre el Estado de la Nación nos ha dejado, en lo político algunas propuestas que pueden, y deben, ser discutidas en base a su redacción y contenido, como la Ley de Memoria Democrática y el decreto intrusivo sobre el CGPJ, no puede decirse lo mismo del paquete de medidas de carácter económico, sin otro fundamento aparente que la improvisación. Hacemos esta reflexión ante la enésima advertencia de la Comisión Europea de que observa un preocupante desfase entre las previsiones de la evolución de la economía española que presenta el Gobierno y los indicadores que obran en poder de Bruselas, que no sólo pronostican una inflación sostenida para este año del 8,1 por ciento, sino que vuelven a reducir las expectativas de crecimiento del PIB, retrasando un año más el proceso de recuperación.
Dicho de otra forma, que en La Moncloa se funciona con unas cuentas de la lechera que corren el riesgo cierto de venirse al suelo al primer tropiezo con la realidad. Y si señalamos directamente a la sede de la presidencia del Gobierno es por la sospecha de que los ministerios más directamente implicados, Economía, Hacienda y Transportes, no tienen otra participación en la estrategia económica que la de armar jurídicamente las medidas que se le van ocurriendo al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Con casos paradigmáticos, como el impuesto a los beneficios extraordinarios de la banca, cuya complejidad legal en el seno de la Unión Europea hace que no se fácil determinar si se articulará a través de un incremento del Impuesto de Sociedades o con la creación de un tributo extraordinario, a modo de la fallida Tasa Tobin.
De ahí, que la propia vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, haya advertido de que la puesta en marcha del impuesto no será inmediata, porque depende de su diseño. Naturalmente, como ocurre con el castigo a las eléctricas, la eficacia de los nuevos tributos solo radica en el voluntarismo de La Moncloa, que se afana en buscar una improbable fórmula que evite que los sectores afectados repercutan buena parte del mayor coste fiscal en los consumidores, que es, con toda seguridad, lo que va a suceder, alimentando la espiral inflacionaria.
Con todo, lo peor es que esta política
que improvisa medidas a caballo de los resultados electorales y de
las previsiones de las encuestas, no hace más que aumentar el
desequilibrio presupuestario, con un gasto público no
productivo desbocado, que los ingresos extra que está
proporcionando la inflación en las cuentas de Hacienda no
consiguen corregir. Una vez más, hay que insistir en lo
erróneo de una estrategia que, por un lado, fomenta la
inflación con la barra libre de gasto público y, por
otro, traba el crecimiento de la economía con el exceso en la
imposición fiscal a empresas y familias,
que sí hacen bien sus cuentas.
Quien parte y reparte se lleva la mejor parte
OKDIARIO. 15 Julio 2022
Dice el refrán que quien parte y reparte se lleva la mejor parte. Eso es lo que está pasando con el PSOE de Pedro Sánchez. En lo político, su situación es algo más que delicada, tras las aparatosas derrotas en el País Vasco, Galicia, Madrid, Castilla y León y Andalucía, pero en lo económico el PSOE ha conseguido mejorar de forma notable su situación económica al haber reducido sus préstamos y créditos de 26.424.634 euros a cierre de 2020 a 19.275.843 euros en 2021, un recorte de deuda de siete millones en un año, lo que no es moco de pavo.
Y es que los pactos de Sánchez con formaciones de extrema izquierda le han permitido llegar al Gobierno y aprovecharse de esa situación. El poder tiene esas cosas: Sánchez ha conseguido movilizar a los militantes y han subido los ingresos por cuotas de 9.971.709 euros (2020) a 10.621.811 euros (2021). También crecen ligeramente las aportaciones de afiliados y cargos públicos de 11.002.166 (2020) a 11.465.419 (2021). Llama la atención que el PSOE gaste menos en personal, aunque, bien mirado, es normal: los que antes cobraban del partido cobran ahora del Estado y eso supone un ahorro notable. En 2020 se desembolsaron 28.398.804 euros en gastos de nóminas y cargas sociales. Un año después, esta cifra se reduce a 26.094.720. A más enchufados en la Administración, menos gastos. Un chollo. Eso sí, aunque bajan el total en sueldos, no ocurre lo mismo con la dirección. Las retribuciones a los miembros de la Comisión Ejecutiva Federal con contrato laboral y al personal de alta dirección crecen.
En cuanto al balance de situación, otro milagro económico: la subida de tesorería es grande: de 48 millones de euros a 74. «La actividad del PSOE, por sus características, no se está viendo afectada económicamente por la evolución y extensión de la pandemia en los próximos meses», reconocían en su memoria anual. Pues serán los únicos. Lo dicho: políticamente, un desastre. Económicamente, mejor que ninguno.
Democracia
y Código Penal
EDITORIAL. gaceta. 15
Julio 2022
De vez en cuando, y con prudencia, merece la pena detenerse a escuchar a los separatistas catalanes. Entre apelaciones sentimentales, protestas identitarias y un sinfín de falsedades históricas, algunas veces deslizan nuevos conceptos que los retratan y que, por desgracia, también nos retratan a nosotros.
Hoy ha sido la portavoz del partido golpista ERC la que ha añadido un término nuevo de negociación con el Estado para solucionar el mal llamado conflicto en Cataluña —que sólo devino conflicto después de que se destapara la corrupción de los políticos nacionalistas—. El nuevo concepto enunciado hoy por los republicanos catalanes es el de exigir que España «respete la democracia sin recurrir al Código Penal».
No hace falta haber sido educado en la ciudadanía, o quizá sea una ventaja, para saber que la democracia, el gobierno del pueblo, tiene unas reglas muy precisas: elecciones, libres, separación efectiva de poderes, independencia judicial, sujeción al imperio de la ley, prevalencia del interés general y del bien común y respeto al Estado de Derecho.
El interés de los golpistas catalanes es el de que el Gobierno y sus socios se avengan en una mesa de negociación bilateral a reducir la democracia a una cuestión nominal en la que la mera voluntad de unos políticos baste. Esa idea totalitaria sería risible si no fuera porque muchos otros partidos, que forman el Gobierno socialcomunista o lo amparan, comparten esa misma visión iuspositivista que piensa que una mayoría política está legitimada para hacer todo lo que le venga en gana sin sujetarse al imperio de la ley; sin respetar el Estado de Derecho y atendiendo el interés particular al interés general de la nación.
Hoy, con la aprobación de una reforma vergonzosa del método de elección del Poder Judicial y con la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, como lo será en breve la Ley Trans y como fue antes la Ley del Menor… como también los indultos, el asalto al Tribunal de Cuentas, los estados de alarma ilegales y tantas otras acciones positivistas que están en la mente de todos, la democracia española está mucho más cerca de ser una democracia degradada sin códigos.
Por eso, porque se ha demostrado que es posible, ERC se atreve a reclamar hoy en la Tribuna del Congreso lo que no se le ocurriría plantear a cualquier universitario que apenas haya oteado en el horizonte la facultad de Derecho. O por lo menos no lo plantearía si es que no quiere suspender Derecho Natural. Y Penal. Y Civil. Y Administrativo, Mercantil, Internacional Público y Privado. Ni siquiera Canónico.
El favor de Llarena a Europa
Editorial ABC. 15 Julio 2022
Aún falta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dicte sentencia, pero, por el momento, el informe del Abogado General de este tribunal a favor de la tesis del magistrado Pablo Llarena sobre las euroórdenes es una gran noticia para España y su Estado de derecho. Después de que un tribunal belga se inmiscuyera en el reparto de competencias entre los tribunales españoles para denegar la entrega del fugado Lluis Puig, el magistrado Llarena tomó el toro por los cuernos y planteó ante el TJUE, sencillamente, si la orden europea tenía o no futuro. Si la tesis del tribunal belga prosperara, el problema no sería español, sino europeo, porque la Unión Europea se habría quedado sin el elemento esencial de su espacio judicial común. La orden europea es la manifestación más importante de la confianza recíproca entre los Estados miembros, la consecuencia natural de un estándar común de respeto a los derechos y garantías procesales, y la colaboración propia entre tribunales que persiguen acabar con la impunidad que propician las fronteras. El criterio belga no era una garantía procesal, sino un retroceso histórico en el proyecto de integración europea.
No se está reconociendo suficientemente el esfuerzo de la Sala Segunda del Tribunal Supremo por construir una estructura jurídica que, con base en la Constitución española y en el marco de la UE, proteja eficazmente la unidad constitucional de los Estados y el imperio de la ley, frente a comportamientos separatistas unilaterales. El golpe independentista contra el Estado perpetrado el 1 de octubre de 2017 dio lugar a un conflicto jurídico inédito en España y en Europa. Hasta ahora, la Sala Segunda ha sabido resolverlo con acierto, paciencia y confianza en sus propias decisiones, sin respaldo político del Gobierno. Las instituciones europeas, una tras otra, han dado la razón a los magistrados del Alto Tribunal en sus principales decisiones sobre Oriol Junqueras y demás condenados y procesados por los hechos del 1-O que han buscado en Europa un santuario de impunidad. Gracias a la determinación de Pablo Llarena y al respaldo de la Sala Segunda, Europa tendrá más difícil ser santuario de enemigos de la democracia.
El Abogado General respalda sin fisuras el criterio de Llarena de que la normativa europea no permite denegar la entrega de un sospechoso por motivos que no tengan fundamento en esa misma normativa. Muy importante es que tampoco se puede rechazar la entrega por riesgo de vulneración del derecho del sospechoso si no hay «datos objetivos, fiables, precisos y debidamente actualizados» de «deficiencias sistémicas o generalizadas en el funcionamiento del sistema judicial» del Estado que pide la entrega. Dicho con otras palabras: el juez belga se pasó de listo. Frente a la manipulación y la desinformación del independentismo, el informe del Abogado General reafirma la calidad de nuestro sistema judicial. Los argumentos son tan favorables a la idea de una Europa cohesionada, que no hay apenas lugar para dudar sobre lo que hará el TJUE en su sentencia. Los prófugos de la justicia como Carles Puigdemont están desde ayer un poco más cerca del banquillo de los acusados.
Política de limosnas y giros a la izquierda
Cristina Losada. libertad digital. 15 Julio 2022
El Gobierno no entiende qué ha pasado. No entiende che cosa é succeso, por decirlo en el idioma de Draghi, que acaba de caer, como era previsible. No entiende que no le aplaudan con las orejas en todos los rincones de España. No entiende por qué no va primero en las encuestas. Y desde las elecciones de Andalucía de junio, no puede entender por qué las marcas del PSOE y de su socio de Gobierno están de capa caída, y no sólo de Despeñaperros abajo. No lo puede entender quien está convencido de que lo ha hecho todo bien. No puede entenderlo quien cree que sus políticas sociales, blasonadas por (supuestos) hitos históricos como el Ingreso Mínimo Vital y la reforma laboral, no reciban el premio que merecen en intención de voto. El Gobierno estaba perplejo.
Aguantó, asombrosamente, el tirón de la pandemia, pero el de la subida de precios, el de la inflación, esa escalada que aseguró que no se produciría (era "temporal"), lo está triturando. Y su reacción, su salida de la perplejidad, consiste, como muestran las medidas anunciadas en el debate del Estado de la Nación, en hacer más de lo mismo. Hay, sí, una pequeña diferencia, que ha permitido codificar lo anunciado como un giro a la izquierda. Una no sabe ya qué es un giro a la izquierda. Podríamos decir que un giro a la izquierda se da cuando la prensa de izquierdas dice que hay un giro a la izquierda. Amén. Para decirlo ha bastado que el presidente dijera que no va a tolerar que haya empresas que se aprovechen de la crisis. Con eso y el anuncio de un par de impuestos a la banca y las energéticas, estos sí temporales, ya se puede proclamar que estamos ante un izquierdismo genuino.
El izquierdismo no ha conseguido que el Ingreso Mínimo Vital llegue ni a la mitad de los beneficiarios previstos. Y las nuevas adiciones a su política de cheques y bonos prometen ser de una eficacia parecida. Es como si estuvieran diseñadas para ser sólo eficaces como reclamos publicitarios. Lo que gusta al izquierdismo actual es la consigna de quitarles a los ricos para darles a los pobres. La consigna. Si la limosna llega y si la política de la limosna funciona, eso ya no importa. Luego se asombran de que los grupos a los que dijeron que iban a beneficiar no vayan jubilosos a votarles. El giro a la izquierda de Sánchez es tan peculiar que se lo mantuvo oculto a su socio podemita, que está, se supone, a su izquierda. Pero al desvelarse el secreto, lo celebraron. No celebrarán tanto cuando perciban que el giro se da para entrar, al pillaje, en su territorio, donde quedan los restos del naufragio.
El catalán, arma de guerra contra España
Jesús Rul. VZ.
15
Julio 2022
La recuperación castellano o español (en adelante) en la escuela catalana no será posible por ahora. Los nacionalistas en el poder de la Generalidad han logrado torcer el brazo a la Justicia: la sentencia firme que garantizaba un mínimo del 25% español no se aplicará. El bien jurídico de aprender con una mínima equidad en ambas lenguas oficiales ha sido vulnerado otra vez por la prepotencia tramposa de la Generalidad y la endeblez de los tribunales.
Los derechos lingüísticos, culturales y cívicos de los alumnos seguirán pisoteados después de 40 años de políticas identitarias de dominación y exclusión de todo lo que tenga que ver con España.
El lector interesado se preguntará: ¿Cómo es posible? Se dirá: había una sentencia firme con deber de ejecución desde el 16 de diciembre de 2020. La Generalidad la ha incumplido, violando derechos acreditados de los alumnos, con desdén y ostentación. El Gobierno de España y las Cortes Generales siguen eludiendo sus responsabilidades por intereses políticos en detrimento del interés general de la Nación. Así estamos.
El bien jurídico de conocimiento y uso del español (art. 3.1 CE) está cercenado durante décadas por la Generalidad con la colaboración necesaria de los gobiernos de España y la equidistancia calculada cuando no equívoca y contradictoria del Tribunal constitucional.
Para la Generalidad era bien simple aplicar una sentencia de mínimos: sólo una cuarta parte del horario escolar en español para que los alumnos pudieran sentirse en casa y lograr un mínimo conocimiento estándar y culto de la lengua española. Consiste a la práctica en aprender la lengua española ente dos y tres horas a la semana, y una materia no lingüística, como matemáticas o ciencias, en español. Sólo esto. Pero ni siquiera este mínimo están dispuestos por las buenas a aplicarlo.
Durante años que abarcan décadas han creado una costumbre, una nueva moralidad que muchos ciudadanos han normalizado: "Una escuela, una lengua, una nación”. Sólo el pensamiento libre de ciudadanos responsables, cada día en aumento, es capaz de discernir y juzgar el daño que genera el nacionalismo étnico-identitario, incompatible con España, que en su afán totalitario utiliza las instituciones y los recursos públicos para sus intereses sectarios en detrimento del interés general de todos los catalanes.
En todo este tiempo se ha impuesto la voluntad nacionalista: reducir el español a lengua residual en su afán de imponer el catalán como lengua preferente en los espacios que controlan, y de forma obsesiva en la vida escolar. Forma parte del proyecto secesionista de enajenar España de la mente y conducta de los alumnos para aumentar las filas del movimiento de construcción nacionalista. Creen que lo logran cuando un alumno de habla familiar española cambia de lengua y adopta el catalán como lengua primera entre sus amigos e incluso con su familia, y cuando un alumno de habla catalana, además de hablar siempre en catalán incorpora la doctrina identitaria. Han convertido la lengua catalana, cargada de significados nacionalistas, en un arma en su guerra contra España.
Como respuesta a tantas familias que exigen su derecho a aprender en español y catalán redoblan su empeño de dominación cultural mediante planes para presionar a los alumnos a usar el catalán siempre y sin exclusión en la vida escolar. Nada de esto está en la Constitución. Pero volvamos a la cuestión que plantea la reciente Providencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Intento separar grano de paja entre tanto ruido de sentencias y pronunciamientos no sea que perdamos lo fundamental en la polvareda cruzada de fallos y opiniones como expresa el romance: “Con la grande polvareda perdieron a don Beltrán y nunca lo echaron de menos hasta los puertos pasar”.
Sobre el carácter oficial del español y de las otras lenguas de España, reconocidas en los estatutos autonómicos, hay doctrina jurídica, desde el año 1982 hasta el presente, tanto del Constitucional como del Supremo. En las democracias serias esto es suficiente para que los políticos cumplan sin dilación. No es nuestro caso.
Puede resumirse en los siguientes enunciados sacados de los fundamentos jurídicos:
-El carácter oficial del español con la obligación de conocerlo y el derecho a usarlo (art. 3.1 CE) lo constituye en lengua vehicular de todos los españoles (STS 796/2009 y STC 31/2010, J.F. 24º), esto es, lengua propia de uso normal. Estos derechos y deberes deben garantizarlos los poderes públicos, estatal, autonómico y local. Por lo que venimos exponiendo no es así.
-Las otras lenguas oficiales de España no tienen preferencia sobre el español (STC 31/2010, F.J. 14º). El Decreto Ley 6/22 y la Ley 8/22 que se han sacado de la manga los nacionalistas catalanes —cuyos contenidos caracterizo después— para boicotear la aplicación de la sentencia firme, afirman la preferencia del catalán como lengua propia, normal y vehicular de la educación en detrimento del español, mantenido en situación residual.
-Los poderes públicos están obligados a fomentar el conocimiento de las lenguas oficiales en igualdad, respetarlas y protegerlas (STC 337/1994, F.J. 9º). En contra, la Generalidad ha fomentado con exclusividad el catalán excluyendo el español. Los gobiernos de España han omitido su deber de garantizar el español en toda la Nación y, en especial, en el sistema educativo.
-En coherencia con los criterios anteriores, las lenguas cooficiales tienen un estatus jurídico de igualdad vehicular (STS 5581/2013, F.D. 1º); es decir de uso normal en la vida escolar: comunicación institucional e interpersonal oral, escrita y digital, y en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esto es lo que viene a significar el modelo de conjunción lingüística entre español y catalán.
-La enseñanza en ambas lenguas oficiales es garantía de derechos en igualdad de condiciones (STC 137/1986, FJ. 1º). En ausencia de legislación orgánica de desarrollo del artículo 3 CE (reclamada infructuosamente por los tribunales superiores en diversas sentencias entre 1982 y 2018), el TS y TSJC han establecido en firme la obligación de un mínimo del 25% de horas lectivas en español y en lengua española (STS de 23.04.2015 y STSJC 30.01. 2014). Es un mínimo no equitativo, pero, expresa el umbral básico inherente a la oficialidad de una lengua: establece un estado inexcusable de uso o conditio sine qua non, condición sin la cual una lengua oficial deja de serlo. Su incumplimiento, como está sucediendo, vulnera derechos constitucionales de todos los alumnos, catalanohablantes y castellanohablantes.
En síntesis, este es el marco jurídico básico. La Generalidad a finales de mayo de 2022 debía ejecutar la sentencia firme del 25% en castellano. No sólo no la ha ejecutado, sino que ha maniobrado para neutralizarla y parece que lo ha logrado a la vista de la Providencia citada del TSJC. Veamos:
—La Generalidad emite dos normas con rango de ley (Decreto Ley 6/22 y Ley 8/22), y presenta un recurso contra la ejecución de la sentencia en base a estas normas que, supuestamente, hacen inaplicable la sentencia firme.
—El TSJC acepta los argumentos del recurso de la Generalidad de “imposibilidad legal de ejecutar la sentencia”, dado que “el nuevo marco legal ha alterado el que estaba vigente” cuando se dictó la sentencia, y declina los argumentos a favor de la aplicación de la sentencia, presentados por la entidad legitimada, Asamblea por una Escuela Bilingüe.
El “marco nuevo” es un refrito reiterativo de normas anteriores de prevalencia del catalán como lengua propia, de uso normal y vehicular, y el castellano como lengua curricular (ya lo era con 2-3 horas semanales de lengua española). La única novedad, para oponerse al 25% de español, es la exigencia de “inaplicación de parámetros numéricos, proporciones o porcentajes en la enseñanza y uso de las lenguas” en la gestión de los proyectos lingüísticos de los centros educativos. No hay más.
Aunque los centros educativos en los proyectos lingüísticos obvien, por la obcecación nacionalista, el factor tiempo (horas, porcentajes), no puede evitarse en la gestión de la educación: la educación sucede en unidades temporales se quiera o no (los humanos no vivimos fuera del Tiempo). Aun así, más allá de los proyectos lingüísticos, tenemos los horarios de los alumnos y profesores. Además, la gestión global del centro se regula mediante el Plan Anual (LOE) que contiene programas con previsiones temporales, y el curriculum oficial de las etapas educativas de la Generalidad tienen asignaciones de horas para cada una de las materias curriculares. Es decir, el mínimo del 25%, correspondiente a las lenguas oficiales, sigue siendo aplicable perfectamente. Lo suyo sería exigirlo sin dilación porque no tiene nada que ver con las nuevas normas, sino que deriva directamente de la Constitución: es un derecho de los alumnos.
Así las cosas, llama la atención la levedad argumental de la Providencia del TSJC. Afirma sorprendentemente que el modelo lingüístico de las nuevas normas es incompatible con la sentencia firme. No hay tal contradicción entre el “modelo de conjunción lingüística” de la sentencia y el supuesto modelo legal implantado, basado en “una correlación entre ambas lenguas oficiales”. Juego de palabras, cuyo significado no es contradictorio: “conjunción lingüística” se refiere al nexo relacional entre ambas lenguas oficiales, y “correlación” significa relación recíproca, en este caso, entre ambas lenguas oficiales.
Aunque parezca increíble, este argumentario le sirve para “constatar la incompatibilidad de la Sentencia y el nuevo marco legal” por lo que suspende el plazo para resolver las alegaciones de la inejecución y la ejecución forzosa de la Sentencia. Y da un paso más. Dice que la Sentencia toma pie en la jurisprudencia constitucional, y da 10 días a las partes para alegar si procede la cuestión de inconstitucionalidad o sobre las nuevas leyes citadas por posible vulneración de la CE.
Parece que había prisa por cerrar el caso y pasar la patata caliente al TC y/o al Gobierno cuyo recurso al TC paralizaría el proceso. En su caso, parece improbable que el TC declare inconstitucionales las nuevas normas por lo que he expuesto. En todo caso, como es costumbre, hará interpretaciones conformes a la CE y reiterará su propia doctrina. Sería novedoso bajar al terreno de lo concreto y confirmar el mínimo del 25%, y más novedoso, por equidad, que lo elevara al mínimo del 50% en español.
El pronunciamiento del TC puede ser a plazo corto o largo; dependerá de factores políticos. Lo seguro es que el próximo futuro continuará la dominación nacionalista en las escuelas sin garantías para los derechos de los alumnos. La tutela judicial efectiva seguirá durmiendo en el papel de la CE para oprobio de la Justicia y frustración de los ciudadanos responsables.
Los nacionalistas, ahora que han conseguido dominar a la Justicia, así lo proclaman, no hay que descartar que el curso próximo incluyan alguna actividad educativa en español para demostrar quién manda y neutralizar a los “otros”. Este interés circula entre ERC y PSC: ceder un poco para que todo continúe igual. ¡Perded toda esperanza! En el Infierno nacionalista, el español nunca será lengua vehicular en las mismas condiciones objetivas que el catalán.
Es lo que pasa cuando el Estado (Suárez, González, Aznar, Sánchez) cede competencias clave, como la educación —cuyo titular único es el pueblo español en su conjunto— a nacionalistas sin garantías ni contrapesos. Llegará el día que la Nación recupere las competencias, tan mal servidas, para el interés de los españoles.
El bien
jurídico
Nota del Editor. 15
Julio 2022
“El bien jurídico de aprender con una mínima equidad en ambas lenguas oficiales” realmente no se que significa. Lo que está claro como el agua clara es que la c.e. por muchos disparates que el t.c. le haya infligido, sigue estableciendo el deber constitucional de conocer el español y no establece deber de conocer lengua regional alguna. Si alguien considera que el conocimiento de cualquier lengua regional es un bien, por favor, que se lo guarde y que no se lo diga a nadie, porque cualquier bien puede ser sujeto a todo tipo de impuestos.
¿Una verdad que prohibirá la 'memoria'? La matanza de diputados en la guerra
pedro-fernandez-barbadillo. libertad digital. 15 Julio 2022
Este jueves, 14 de julio, el pleno del Congreso votará el proyecto de Ley de Memoria Democrática.
Las guerras revolucionarias y contrarrevolucionarias del siglo XX buscaban la aniquilación del enemigo. Debido a la ideologización provocada por los totalitarismos, primero el comunista y luego los fascistas, no puede haber neutrales ni tampoco armisticios. Las potencias monárquicas capturaron a Napoleón, pero en vez de ahorcarle le desterraron por dos veces, una Elba y otra a Santa Elena. La Unión no ejecutó ni al presidente de la Confederación, Jefferson Davies, ni al general Robert Lee. Y el gobierno de Isabel II reconoció el grado y la paga de teniente general a Rafael Maroto, que rindió los restos de las tropas carlistas.
A partir de 1917, la piedad o la reconciliación con el enemigo derrotado será inconcebible, se trate de las hijas del zar Nicolás II o del capturado Gadaffi.
En este sentido, la guerra civil española fue una de las más despiadadas del siglo XX, pues afectó a grupos sociales que solían quedar al margen, como la población civil, los generales y los diputados. En España, las masacres de civiles o los magnicidios los cometían terroristas de izquierdas, sobre todo anarquistas. Pero en los años 30, la violencia se convirtió en cotidiana: atentados, tiroteos entre bandas de jóvenes, huelgas, censura de prensa, asonadas y hasta descarrilamiento de trenes. Bastaba que unas monjas trataran de votar para que los matones de izquierdas las apalearan. Y en 1934 el PSOE y la UGT organizaron la mayor sublevación armada en la Europa de la primera posguerra.
A este clima de violencia y odio contribuyó la máquina de propaganda de las izquierdas. En las Cortes fraudulentas de 1936, numerosos diputados del Frente Popular insultaban a los del Bloque Nacional y hasta les amenazaban de muerte.
La comunista Dolores Ibárruri afirmó que ningún diputado de derechas había obtenido su acta limpiamente y acusó a José Calvo Sotelo y José María Gil Robles de ser autores de la supuesta represión de Asturias, cuando no estaban en el gobierno. El socialista Ángel Galarza le espetó a Calvo Sotelo en el pleno del 1 de julio la siguiente amenaza: "La violencia puede ser legítima en algún momento. Pensando en su Señoría, encuentro justificado todo, incluso el atentado que le prive de la vida". El 13, el diputado gallego fue secuestrado en su casa y asesinado por un comando terrorista socialista.
El 18% de los diputados de las Cortes republicanas
Casi un 30% de los generales españoles fueron fusilados o asesinados por los dos bandos, un porcentaje descomunal que se acerca a las purgas entre el generalato del Ejército Rojo perpetradas por Stalin. Los diputados de las Cortes republicanas sufrieron una mortandad enorme, aunque no tan alta: casi el 20%.
De acuerdo con la investigación del catedrático Octavio Ruiz-Manjón, de las 1.007 personas que fueron elegidas en algunas de las tres legislaturas (para cubrir 1.409 escaños), a partir del 18 de julio de 1936, murieron de manera violenta 184; es decir, 18,3% del total.
Ruiz-Manjón los distribuye de la siguiente manera. Los sublevados mataron a 73 diputados y ex diputados de izquierdas durante la guerra y 34 más en los años posteriores. El Frente Popular asesinó a 77 diputados y exdiputados derechistas. En total, 184.
En la lista que ofrece Ruiz-Manjón en Violencia vs. representación. Los diputados de las Cortes de 1936, víctimas de la guerra civil española, hay un par de ausencias que no debemos olvidar.
La primera, la de Marcelino Oreja Elósegui, diputado elegido en 1931 y 1933, y asesinado durante la revolución de octubre de 1934 (esa que el panfletista Paul Preston considera "huelga general pacífica") por un terrorista socialista, Celestino Uriarte. Su asesinato se suele olvidar, porque ocurrió antes de 1936. La segunda corresponde a Gregorio Balparda de las Herrerías, diputado liberal y monárquico vizcaíno en las Cortes de Alfonso XIII, que se negó a participar en los tribunales de depuración del Frente Popular y por ello fue encerrado en el barco-prisión Cabo Quilates y luego asesinado.
Los ladrones Prieto y Negrín
La mayoría de los diputados sobrevivieron a la guerra. José Ortega y Gasset, Gregorio Marañón y Ramón López de Ayala, parlamentarios en las Constituyentes (1931-1933), escaparon de la España ‘leal’ y una vez a salvo apoyaron a los alzados. Acabada la guerra, regresaron a España.
Otros diputados no volvieron, fuese por su vinculación con asesinatos y saqueos, como los comunistas y socialistas, fuese por sus responsabilidades políticas, como Santiago Casares Quiroga y el peneuvista José Antonio Aguirre, o fuese por testarudez antifranquista, como el historiador Claudio Sánchez Albornoz y el diplomático Salvador de Madariaga.
Sin embargo, algunos diputados de las Cortes de la República después de la guerra disfrutaron de una vida envidiable. El monárquico Antonio Goicoechea fue gobernador del Banco de España entre 1938 y 1950. El financiero Juan March siguió con sus negocios y conspiraciones. La comunista Dolores Ibárruri, mantenida por Stalin, animó el maquis y los asesinatos de camaradas desobedientes y consiguió presidir la mesa de edad de las Cortes elegidas en 1977. Y los socialistas Indalecio Prieto y Juan Negrín, murieron en 1962 en México y 1956 en París como dos hombres riquísimos, gracias a lo que robaron a los españoles y nunca devolvieron.
De aprobarse la ley de ‘memoria democrática’, el Estado podrá honrar a los diputados muertos por un bando y prohibir y castigar los homenajes a los otros, que al parecer "se merecían morir con los zapatos puestos". Porque lo que pretenden la izquierda y los nacionalistas es la exclusión de quienes no comulgan con ellos.
El idioma español pierde fuelle en España
Nuestra lengua sigue en expansión -y continuará- porque lejos de nuestras fronteras goza de buena salud
Gabriel Muñoz Cascos. diariosigloxxi. 15 Julio 2022
La frase que me sirve de título es una verdad a medias y solo válida para la España oficial, ya que, en el resto del mundo, el español no deja de crecer constantemente y está entre los más bellos y aceptados. Parece mentira que todavía tengamos que aguantar, tanto en el lenguaje escrito como en el hablado, a los acérrimos que se mofan de nuestra bella lengua; y, lo que es peor, a quienes se dicen defensores “con la boca chica” y actúan casi con el mismo desinterés que los otros.
Voy a poner un solo ejemplo: Una ciudad de Cataluña que en español se llama Gerona, en catalán es Girona. El español es un idioma que hablan más de seiscientos millones de personas mientras que el catalán lo hablan unos ocho millones) la denominan Girona. Pues estoy harto de oír y leeren las cadenas de televisión y periódicos españoles, cómo al referirse a Gerona, no solo no usan la palabra en español, sino que, además, pronuncian en catalán: “Yirona” o “LLirona”. Es tan incorrecto como el que refiriéndose a Nueva York dijera Niu York, el que refiriéndose a Londres dijera London, o al referirse a la ginebra dijera yinebra o llinebra.
Como antes digo, esto es solo un
ejemplo, pero podría estar escribiendo sin parar de las
incorrecciones que cada día se pueden leer y escuchar. Gracias
a Dios, nuestra lengua sigue en expansión -y continuará-
porque lejos de nuestras fronteras goza de buena salud. Pero hay que
dar a cada cual lo suyo y la política no debería hacer
imposiciones tan lastimosas y desagradables. ¿Se puede
entender que los catalanes quieran desterrar el español de su
región y -además- el resto de los españoles
hagamos perder fuelle a nuestra lengua con el empleo constante de
catalanismos, anglicismos y otras miserias?
******************* Sección "bilingüe" ***********************
Una ley para dividir españoles
Santiago Navajas. libertad digital. 15 Julio 2022
Si no fuese por la UE, cada vez más perdida en la elefantiasis burocrática, por otra parte, España se habría despeñado por el peronismo-bolivariano que asola Hispanoamérica. Pedro Sánchez es tan ridículo, incompetente y venenoso como López Obrador o Alberto Fernández. Y la suma de PSOE, Bildu, ERC, Podemos, PNV nos habría arrastrado a cancelar la Constitución del 78 por franquista como está sucediendo en Chile, al borde del desastre constitucional más espantoso desde la Venezuela de Chávez. Como no se atreven a declarar caduca la Constitución, por ahora, establecen leyes como la de la Memoria Democrática, al estilo de la Ley de Defensa de la República del 31, cuyo objetivo es exactamente el contrario del que proclama su título, ya que lo que pretende es establecer una categoría de españoles buenos frente a españoles malos. ¿Quiénes son los buenos? Basta con identificar a los que padecen tal síndrome de superioridad moral que siguen exhibiendo símbolos totalitarios, vociferando himnos dedicados a famélicas legiones mientras brindan con champán y celebrando a personajes genocidas como si tal cosa en las ceremonias de sus partidos.
Los Pactos de la Moncloa se firmaron en 1977 entre las fuerzas políticas más representativas, de Fraga a Carrillo pasando por Suárez y González. Se trataba de dar una respuesta de Estado a problemas acuciantes para la jovencísima democracia liberal, de la inflación al desempleo pasando por el terrorismo y el déficit comercial. Veinticinco años después, volvemos a la inflación, el desempleo nunca se fue, el déficit comercial se ha convertido en una estratosférica deuda pública y ETA se ha disuelto, pero en el País Vasco y Cataluña los nacionalistas siguen acosando a los constitucionalistas, amén del golpismo subyacente a la clase dirigente catalanista.
¿Cómo es posible que Suárez y Carrillo pudieran sentarse a hablar y negociar, incluso a congeniar? Suárez había sido el último en conseguir la Orden Imperial del Yugo y las Flechas que también tenían Hitler y el resto de la plana mayor nazi. Carrillo, por su parte, había animado a derrocar la Segunda República siendo dirigente juvenil del PSOE en tiempos de Largo Caballero, y posteriormente se había hecho comunista y fan de Stalin. Pero, de repente, el yugo hacía migas con la hoz y las flechas se aliaban con el martillo.
El secreto residía en que ambos, y también González y Fraga, a pesar de sus muchas diferencias, estaban dispuestos a hablar y alternar, cosa que Carrillo reconocía que era imposible en los tiempos más polarizados y sectarios de la Segunda República. Sin duda, Carrillo tenía modos autoritarios leninistas en su liderazgo comunista, pero de mismo modo que tuvo el coraje de enfrentarse al Politburó soviético por la invasión de Hungría, fue todavía más arrojado cuando, de la noche a la mañana, hizo que el PCE apoyase la "monarquía habitable" (así la definía), aceptase la bandera rojigualda, el himno tradicional y se olvidase de veleidades revolucionarias, violentas y populistas.
El único defecto en la Transición cabe achacarlo a los nacionalistas que, como destacó el socialista Peces Barba, habían sido sumamente desleales, en el mejor de los casos, y terroristas en el caso más extremo. La traición nacionalista al espíritu y la letra constitucional, a la esencia de la democracia liberal, sigue estando hoy tan vigente como entonces, aunque hayan limado las aristas más violentas. El problema es que la izquierda, ayuna de un Carrillo adulto, se ha lanzado en los brazos de adolescentes políticos como Pablo Iglesias.
La Transición fue un matrimonio entre la clase media y la clase obrera, de políticos e intelectuales, unidos por un deseo de mayor libertad, lo que se manifestó culturalmente en fenómenos como la Movida y en la administración en las Autonomías. Lo que estamos viviendo ahora es el Acabamiento: un divorcio entre españoles promovido fundamentalmente por la izquierda a través de un feminismo sectario, una memoria envenenada, un afán revanchista y el incesante, interesado y entusiasta apoyo de los nacionalistas. Lo que está provocando el empobrecimiento del país, la debacle educativa, la fragmentación nacional, el quebranto de la confianza en la intelectualidad y la ciencia, la justicia sustraída a sus órganos propios para imponer la perspectiva de género y los tribunales populares, y una concepción absolutista y autoritaria del poder a golpe de decreto ley, fake news y adoración al líder.
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Sánchez logra luz verde a su asalto al Constitucional
LUZ SELA. Okdiario. 15 Julio 2022
Pedro Sánchez culmina su asalto al Poder Judicial. El Gobierno -gracias a sus socios independentistas y proetarras- ha logrado sacar adelante en el Congreso de los Diputados su reforma exprés para desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional (TC) devolviendo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aunque esté en funciones, su capacidad de designar a sus dos candidatos.
Los socialistas han maniobrado para una tramitación en lectura única, de forma que el Pleno del Congreso la ha aprobado de una tacada, sin pasar por ponencia ni por comisión, y la remitirá ahora al Senado para que pueda estar lista la próxima semana. Esta treta ha impedido escuchar en el Parlamento al propio CGPJ, como reclama la Unión Europea.
La reforma enmienda la modificación que el propio Gobierno llevó a cabo meses atrás para impedir precisamente que el Consejo General del Poder Judicial pudiese realizar nombramientos con el mandato caducado. De esta forma, el Ejecutivo nombrará a los otros dos nuevos magistrados del Tribunal Constitucional y cambiará así el perfil conservador por otro progresista. Una cuestión clave para el Gobierno socialcomunista, que contará así con una mayoría favorable ante posibles recursos a sus leyes más sectarias.
Sánchez consuma esta nueva injerencia al Poder Judicial apenas un día después de que la Comisión Europea, en su nuevo informe sobre el Estado de Derecho, haya advertido a España de que es una «prioridad» que desbloquee la renovación del CGPJ instándole además a reforzar su independencia.
Bruselas ha instado además a que, tras esa renovación -paralizada por el Gobierno al no aceptar la despolitización-, se permita que los siguientes nombramientos de este órgano de gobierno los realicen los propios jueces, en línea con los estándares europeos. Alberto Núñez Feijóo trasladó hace unos días a Sánchez su propuesta para renovar el CGPJ conforme a la ley vigente, siempre que el Ejecutivo retire dicha contrarreforma para controlar el TC, y que en paralelo a la renovación se tramite una «reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que asegure un cambio del modelo de elección del CGPJ de consenso, que impida que la presente situación de deterioro vuelva a producirse y que logre despolitizar el gobierno de la Justicia».
En esa propuesta, los populares apuestan por introducir «una disposición adicional, en virtud de la cual el CGPJ recién nombrado, tomando en cuenta los modelos de países europeos con constituciones parecidas a la nuestra, presentará a las Cámaras, en un plazo de seis meses desde su toma de posesión, presentará una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales del turno judicial que mejore la independencia del proceso y que garantice una decisiva participación de los propios jueces y magistrados en la elección».
Reunión
La reforma sale adelante en vísperas del encuentro entre Pedro Sánchez y el presidente catalán, Pere Aragonés.
Moncloa pretende reanudar con esta reunión la agenda de negociación con sus socios separatistas, encallada tras la polémica por el espionaje con Pegasus.
La semana pasada, en un encuentro preparatorio, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y la consejera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrá, firmaron un documento en el que se establecen algunas bases de enorme simbolismo, como avanzar en la desjudicialización del «conflicto político» y «garantizar los derechos fundamentales, la privacidad y la libertad política e ideológica» de las posiciones políticas en Cataluña, sea cual sea el modelo de relación con el Estado que defiendan. Además, se reconoce «la plena legitimidad política de las diferentes ideologías».
El primer paso a la república sanchista-bolivariana
EDITORIAL. libertad digital. 15 Julio 2022
No hay que llamarse engaño por las explicaciones que algunos de sus creadores exhiben con la impudicia con la que suele manejarse la izquierda española de unas décadas a esta parte: la Ley de Memoria Democrática no pretende reparar nada, no va a solucionar nada y, por supuesto, tampoco es una exigencia de una sociedad que, excepto en sus elementos más sectarios y fanatizados, había superado el franquismo hace como mínimo 40 años.
Se trata, lo ha admitido este jueves Yolanda Díaz, de "reescribir la historia", y esa es una tarea que sólo emprenden los totalitarios y que sólo tiene un propósito: controlar el pasado para imponer un presente y un futuro.
De hecho, si alguien podía albergar alguna duda de la falta de respeto por la historia de estos supuestos defensores de la memoria ahí está el grotesco espectáculo protagonizado por podemitas, bildutarras y separatistas cuando el diputado de Vox José Contreras les ha dado, precisamente, una auténtica lección de historia.
Cualquier intento de reescribir la historia debe levantar las alertas democráticas, pero si además llega de la mano de partidos como Podemos y ERC y de bandas como Bildu directamente se impone luchar contra una norma que no puede ser más que totalitaria.
Y ese es el caso ante el que nos encontramos ya que la pretensión de todos aquellos que han pergeñado y apoyado esta norma es clara: deslegitimar la democracia que los españoles nos dimos hace ya 45 años –en un proceso ejemplar que ha despertado admiración en todo el mundo– y, a partir de ese desprestigio del régimen actual avanzar hacia una república de evidentes tintes bolivarianos y, en algunos casos, hacia la disolución de la Nación.
Sería en cualquier caso un proceso ilegítimo porque se está haciendo por la puerta de atrás y ocultándoselo al pueblo y negándole la posibilidad de tomar decisiones al respecto, pero es que, además, si terrible es la forma aún peor es el fondo: como no puede ser de otra forma ni los Bildutarras, ni los golpistas, ni los comunistas y ni mucho menos el propio Sánchez aspiran a otra cosa que una caricatura de democracia en la que puedan gobernar sin ningún freno a su poder.
En definitiva: este jueves Sánchez y sus socios totalitarios han dado el primer paso para instaurar una república sanchista-bolivariana y conviene que la sociedad y la oposición no olviden que, por muy de capa caída que estén en las encuestas, todavía cuentan con una mayoría parlamentaria para hacerlo.
República de Taifas
Antonio Robles. libertad digital. 15 Julio 2022
Desentierran la Guerra Civil y ahora quieren dar lecciones de olvido y perdón a quienes aún sufren las pérdidas y siguen 379 asesinatos sin resolver.
El debate sobre el estado de la nación no ha podido ser más clarificador. Nunca un debate en el Congreso retrató con mayor nitidez los fines de cada partido ni mostró con mayor naturalidad la complacencia de sus líderes al exponerlos. A excepción del presidente. A éste lo retrataron los demás, sobre todo sus socios. En astrofísica a veces intuimos la existencia de fenómenos que no vemos por su relación con otros que se muestran con nitidez.
Después del debate, quien tuviera alguna duda de las intenciones de los valedores nacionalistas y populistas del presidente Sánchez, las han disipado. Quieren cargarse la Transición del 78, derribar la Monarquía parlamentaria e instaurar un nuevo régimen basado en un Estado plurinacional transitorio como primer paso a una república de taifas. Ya no es una suposición, han levantado acta notarial con solemnidad y sin tapujos en el mismísimo Congreso de Diputados.
El problema no es que Aizpurúa, de Bildu, nos siga tratando con la condescendencia de quien se cree superior moralmente al resto de españoles, el problema es que Pedro Sánchez ha demostrado en este debate que no tiene suelo moral, que es capaz de pactar con el mismo diablo si eso le permite resistir un día más en el poder. No lo digo sólo porque hoy le haya entregado el control de la Ley de Memoria Democrática a los herederos de ETA, o haya asestado un nuevo golpe a la independencia judicial, sino porque es capaz de subirse a la Tribuna del Congreso con la frialdad de un psicópata, y largar un cuento (antes llamado relato) sin escrúpulo alguno, a la vista de todos. ¡Qué no podrá pactar y con quién! si muestra el aplomo de un estafador, la sangre fría de un asesino en serie, o la confianza de un charlatán de feria sin inmutarse.
Ahora sabemos que está dispuesto a todo. Inés Arrimadas se lo echó en cara. Y logró irritarlo hasta sacarle su alma paranoico-narcisista en una frase de parvulario: "No entiendo ese odio [suyo] hacia mí". Para a continuación ponerse campanudo ante las críticas al blanqueamiento que hace de los herederos de ETA: "Tengo que darle una buena noticia, ETA ya no existe". ¡Anda!, añadiría yo, ¿Y Franco sí?
Insistía hoy en el reproche el socialista Patxi López acusando a la derecha de utilizar a las víctimas del terrorismo en el debate del estado de la nación, cuando "ETA ha desaparecido ya hace 10 años". Toma —añado yo de nuevo—, al franquismo lo derrotamos oficialmente hace 44 años y no cejan. Tiene bemoles, desentierran la Guerra Civil, y ahora quieren dar lecciones de olvido y perdón a quienes aún sufren las pérdidas y siguen 379 asesinatos sin resolver.
Debería el ex lendakari socialista preocuparse más por la soberbia y chulería con que su compañero Pedro Sánchez contestó a Inés Arrimadas y al resto de la oposición, mientras se mostraba modosito, casi como un gatito de peluche, con Bildu, PNV, ERC o PDeCAT. Y como donde las dan, las toman, la dulce Arrimadas le recordó con quién está encamado: "Para la mayoría de los españoles, la señora Aizpurúa y sus compañeros de Batasuna seguirán siendo siempre unos hijos… de ETA".
Inútil insistencia, a Pedro Sánchez le han tomado la medida. Resulta sorprendente que sean dos chantajistas nacionalistas, el vasco Aitor Esteban y el curita analfabeto, Gabriel Rufián, los que le hayan recordado que sin ellos no es nadie. ¿Con quién podrías formar gobierno aparte de nosotros? Esta coalición de intereses interdependientes no la rompe ni la OTAN.
Pedro Sánchez ha tomado a España como una finca privada. Sabremos librarnos de él en las próximas elecciones. De lo que no nos libraremos fácilmente es de la disolución de la verdad y la honestidad en política y de la degradación ética que cualquier Estado de Derecho necesita para que sus fundamentos jurídicos resistan.
PD: Mertxe Aizpurúa insistía en eso de: "Nos oyen pero no nos escuchan, si nos hubieran escuchado…". Y uno no puede por menos que completar la frase: ¿no nos hubierais matado? Creo que el PNV y todos los vascos que tanto callaron merecen un gobierno de Bildu.
PRESENTES RECORDADOS, MEMORIAS INCOMPLETAS Y COLABORACIONES TÁCITAS
La ‘gauche moral’: genealogías de la Ley de Memoria Democrática
PEDRO CARLOS GONZÁLEZ CUEVAS. Gaceta. 15 Julio 2022
La Ley de Memoria Democrática, que tanto escándalo ha suscitado entre las derechas españolas no es, desde luego, un producto improvisado, sino que posee una genealogía y un inexorable desarrollo que va cumpliéndose paso a paso, sin que casi nadie haya osado en enfrentarse políticamente, salvo VOX, a su instauración.
Hace ya algunos años, el filósofo y científico belga Jean Bricmont, conocido por sus críticas al posmodernismo, alertaba de la aparición de una nueva tendencia política que denominaba “gauche moral”. Según Bricmont, era el producto de los fracasos históricos del socialismo real y de la crisis de la socialdemocracia. Suponía el abandono de los proyectos tradicionales de transformación social, centrando su interés en la reivindicación de las minorías —homosexuales, LGTBI, emigrantes— y en temas como la memoria histórica, la lucha por el pasado o el antifascismo. Todo lo cual llevaba, en opinión del autor, a la tiranía de lo políticamente correcto y a la instauración de una “República de censores”.
En ese sentido, una de las armas de la “gauche moral” era el recurso al sentimentalismo, una deliberada manipulación de los sentimientos. Algo que resulta evidente en su recurso a las llamadas políticas de memoria. Desde esta perspectiva, viene a definirse toda la historia de la Humanidad como una lucha entre víctimas y verdugos, oprimidos y opresores, el Bien y el Mal. Lo cual tiene como consecuencia privar al conjunto de la población –y en particular a las nuevas generaciones- de la posibilidad de desarrollar el sentido de la proporción, sin el cual la información no es más que una forma superior de ignorancia. Sin duda, el primer representante español de la “gauche moral” fue José Luis Rodríguez Zapatero. Desde el principio, su estrategia política estuvo muy clara: sentimentalismo y memoria histórica contra las derechas. Sin embargo, el precursor del recurso a la “memoria histórica” no fue, en realidad, Rodríguez Zapatero. Lo fue el hoy anhelado por nuestras derechas más torpes, Felipe González Márquez, con el célebre video del dóberman y la imagen del PP como heredero de Miguel Primo de Rivera y de Francisco Franco. Pero en ese ámbito el político andaluz pecó todavía de una cierta tosquedad; era necesario dotar a la nueva estrategia político-cultural de una mayor sofisticación.
Durante casi veinte años, la sociedad española ha sido sometida, a través de los medios de comunicación, la literatura, el teatro, el cine y la historiografía a un claro proceso de sentimentalización política, por parte de una izquierda intelectual afecta a los postulados de la “gauche moral”. Novelistas como Alberto Méndez, Manuel Rivas o Dulce Chacón publicaron obras de relativo éxito, como La voz dormida, Los girasoles ciegos o El lápiz del carpintero, en las que se ofrece una interpretación de la guerra civil, cuyo maniqueísmo y contenido sentimentaloide resulta, al menos en mi opinión, difícilmente soportable. Y lo mismo ha ocurrido en el cine. Películas dedicadas a la guerra civil, como Libertarias, La lengua de las mariposas, Los girasoles ciegos o El laberinto del fauno, inciden deliberadamente en la caricatura, por la presencia de personajes intachables por su progresismo en contraposición a curas perversos y militares, falangistas y burgueses deliberadamente sádicos.
En este proceso, la historiografía ha tenido igualmente un papel de primer orden, con su incidencia en el tema de la denominada “memoria histórica”. Y es que la “memoria histórica” tiene como objetivo fundar una identidad o la defensa de las reivindicaciones de grupos sociales y políticos concretos. Se trata de un modo de relación con el pasado de carácter afectivo y sentimental; lo que implica un culto al recuerdo y a la conmemoración obsesiva de ciertos sucesos: fosas comunes, campos de concentración, monumentos, etc. La “memoria histórica” es, además, selectiva por naturaleza, ya que tiene como fundamento una selección partidista de los acontecimientos. Por ello, resultan muy significativas la referencia de historiadores de izquierdas como Ricard Vinyes a los “pasados utilizables”; y la de Josep Fontana, a los “presentes recordados”. Y es que, en el fondo, “memoria histórica” e Historia representan dos formas antagónicas de relación con el pasado. La “memoria histórica” se sostiene en la conmemoración, mientras que la búsqueda histórica lo hace mediante el trabajo de investigación. La primera está, por definición, al abrigo de dudas y revisiones; la segunda admite, por principio, la posibilidad de revisión, en la medida en que ambiciona establecer los hechos y situarlos en su contexto para evitar anacronismos. La “memoria” demanda adhesión; la historia distancia. Y es que, como señala Tzvetan Todorov, el mayor peligro de las políticas de memoria es la instauración de una memoria incompleta, es decir, una narración que descontextualiza el proceso histórico concreto, silencia acontecimientos claves del pasado y margina a los sectores sociales y políticos que se sentían amenazados por los procesos sociales de carácter revolucionario.
Y es que, bajo el manto sentimentaloide, laten proyectos políticos muy concretos. Como señala uno de los portavoces de los movimientos memorialistas, Rafael Escudero Alday, su objetivo es la reivindicación histórica de la II República, como “un instrumento político de futuro”. Historiadores de izquierdas, como Ricard Vinyes, demandaron una “memoria de Estado”. Esta demanda no quedó en mera teoría, sino que cristalizó en el denominado Memorial Democrático, instaurado en Cataluña en 2007. Vinyes definía la institución como una plataforma para difundir “el pasado utilizable”, cuyo objetivo era acabar con “el modelo de impunidad y sus consecuencias en la construcción del relato fundacional de nuestra democracia que han mantenido los sucesivos gobiernos desde 1977”. Para otro de sus promotores, Jordi Borja, el Memorial Democrático servía para “deslegitimar el franquismo y los neofranquistas que perviven todavía en la vida pública española, en el ámbito estrictamente político, en algunos medios de comunicación, en la Iglesia católica y en ciertos grupos económicos y profesionales«. Según Vinyes, los “modelos democráticos” eran militantes comunistas como Clara Zetkin, Dolores Ibárruri o Carlo Feltrinelli.
El 26 de diciembre de 2007 se dio el primer paso hacia la instauración de una memoria incompleta de Estado con la publicación en el BOE de la Ley de Memoria Histórica, en la que se identificaba la democracia con las izquierdas, incluidos los miembros de las comunistas Brigadas Internacionales, y se definía la era de Franco como “doloroso período de nuestra Historia”.
En el campo político de la derecha no hubo respuesta, ni política ni cultural. El gobierno presidido por Mariano Rajoy no derogó la Ley de Memoria Histórica, limitándose, cínicamente, a paralizar su financiación. Para la plus bête droite du monde, se trataba, todo lo más, “cortinas de humo”. Incluso, años antes el inefable José María Aznar no dejó de celebrar la torva figura de Manuel Azaña, seguramente sin haber leído una sola página de sus Obras Completas. Lo cual tuvo consecuencias, porque el antiguo comunista Jorge Semprún, ministro de Cultura con Felipe González, sostuvo, con toda lógica, que con aquel gesto el líder del Partido Popular, reconocía que la razón moral e histórica estaba en el bando vencido en la guerra civil. Quizás sin darse cuenta, Aznar se había abierto la espita para el desarrollo de las leyes de memoria histórica. De hecho, disfrutando de mayoría absoluta, el Partido Popular condenó el alzamiento del 18 de julio de 1936, y posteriormente la dictadura de Franco, viniera o no al cuento. No eran conscientes de que, desde esta perspectiva demonológica acerca del significado y características del régimen político nacido de la guerra civil, resultaba imposible defender el proceso de transición a la democracia liberal, para ellos la época cenital de la historia de España. De lo radicalmente malo no podía surgir el bien por antonomasia; algo metafísicamente imposible.
Naturalmente, la ofensiva memorialista iba más allá. En febrero de 2014, se publicó un manifiesto de intelectuales de izquierda, firmado entre otros por Josep Fontana, Ángel Viñas, Nicolás Sánchez Albornoz, José Luis Abellán y José Manuel Caballero Bonald en favor de la instauración de la III República. Los firmantes deseaban, entre otras cosas, poner fin a la “anomalía” de que el Jefe de Estado fuese un “Rey impuesto por el dictador”; y la República como “una urgente necesidad de regeneración democrática”.
Otra de las grandes victorias simbólicas del conjunto de las izquierdas y de los secesionistas fue la exhumación del cadáver de Francisco Franco de su tumba en el Valle de los Caídos en octubre de 2019. En la derecha, nadie, salvo VOX, se opuso a la medida; ni tan siquiera la Iglesia católica, gran beneficiaria del régimen presidido por el agraviado. Todo un símbolo de la nueva situación. Pensar que el proceso iba a finalizar con esa arbitraria medida, es propio de necios; pero en la derecha oficial española –el PP- todo parece posible, salvo la inteligencia y la virtud. Y es que la exhumación del cadáver de Franco significó la ruptura simbólica de toda la narración oficial del período de transición. Ya no había reconciliación, sino revancha. Y abría una espita más en el camino a la ruptura política.
En enero de 2020 se dio un nuevo paso a la instauración de la memoria incompleta. El Gobierno PSOE/Podemos elaboró una nueva Proposición de Ley de Memoria Democrática, en el mismo sentido que las anteriores: “Consejo de la Memoria”, sanciones económicas e ilegalización de las fundaciones que defiendan el franquismo, resignificación el Valle de los Caídos, etc. En septiembre de 2020, el Gobierno aprobaba el proyecto, cuyo objetivo era, según Carmen Calvo, la “ordenación del pasado”. Nada menos. Sin embargo, su aprobación ha sufrido retrasos por la falta de acuerdo del gobierno con sus socios secesionistas. Por un momento, parecía que el funesto proyecto de Ley iba a perderse en los cajones de los despachos de La Moncloa. No ha sido así, El fanatismo de las izquierdas en general, y de Pedro Sánchez en particular, no parece tener límites. Y el Gobierno social/podemita no ha dudado en llegar a un pacto con EH Bildu, los herederos y apologetas de ETA, es decir, el enemigo más persistente y sanguinario del proceso de transición a la democracia liberal. El pacto y su contenido supone un golpe brutal contra todo el andamiaje simbólico del actual régimen político. No sin razón, la portavoz de EH Bildu ha dicho que con el contenido del pacto van a “sacudir el relato de la Transición ejemplar”. Y es que los secesionistas vascos y catalanes han logrado la ampliación de la Ley de Memoria Democrática de la fecha de 1978 a la de 1983, lo cual pone bajo sospecha a los hombres representativos de la Santa Transición, Juan Carlos I, Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo e incluso a Felipe González. Es decir, las figuras carismáticas que encarnan la legitimidad del actual régimen político. De la ruptura simbólica a la ruptura política no hay más que un paso, ya iniciado por los secesionistas catalanes en 2017.
El nuevo líder de la derecha oficial, Alberto Núñez Feijoo, hombre adusto y opaco, ha prometido, coincidiendo con al aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, derogar esa Ley, eso sí “con los votos del próximo Partido Socialista”. O sea, lo mismo que Rajoy; no hará nada. Y es que su partido, como hemos mostrado, ha sido cómplice, por omisión, por desidia o por miedo, lo mismo da, en este proceso. El PP carece de credibilidad, en esto como en casi todo. Y es que los pasos de Núñez Feijoo en ese sentido han sido, desde el principio, significativos. El “efecto Feijoo” significa economicismo vulgar, pacto con los nacionalistas –ahí están sus conversaciones con Urkullu y su genuflexión ante La Vanguardia y la burguesía catalana-, y destrucción de VOX. En definitiva, el retorno al bipartidismo, con bisagra nacionalista. Digestiones sosegadas, gestión económica y grandes negocios. De combate cultural, nada de nada, ni tocarlo, como dice Moreno Bonilla en Andalucía. Centrismo puro. Razón cínica a tope. ¿De verdad quiere eso la derecha española?
LEY DE "MEMORIA DEMOCRÁTICA
"Sánchez saca adelante la Ley de «memoria» que permitirá a Bildu blanquear la historia asesina de ETA
LUZ SELA. Okdiario. 15 Julio 2022
La llamada Ley de «Memoria Democrática» pactada entre Pedro Sánchez y Bildu pasa este jueves su trámite decisivo en el Congreso de los Diputados. El Pleno ha tumbado todas las enmiendas a la norma, que el Gobierno quiere tener aprobada de forma definitiva ya en el mes de septiembre.
La ley, que ha estado durante meses paralizada en el Congreso al no disponer Sánchez de los apoyos necesarios, sufre varias modificaciones tras el acuerdo con el partido de Arnaldo Otegi. En uno de sus puntos más polémicos, el Ejecutivo se ha comprometido con Bildu a la constitución de una «comisión técnica» que deberá realizar un estudio de los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas «por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución y el 31 de diciembre de 1983». Es decir, ya en plena democracia y bajo el mandato de Felipe González. Ese estudio recogerá «posibles vías de reconocimiento y reparación a ese colectivo».
Además, se constituye comisión estatal «independiente» de carácter académico para «contribuir al esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos durante la guerra civil y la dictadura». Su función será recoger testimonios, información y documentos y aprobar un informe de conclusiones y recomendaciones para la reparación de las víctimas de forma «objetiva e imparcial».
Tras otro de los pactos de Sánchez con sus socios -en concreto con el PDeCAT- la ley incluirá la «represión y persecución» cultural y lingüística del franquismo, declarando «víctimas las comunidades, las lenguas y las culturas vasca, catalana y gallega».
Críticas
La ley -que ha sido especialmente criticada por las asociaciones de víctimas del terrorismo- no hace alusión alguna al terrorismo y, por tanto, tampoco a ETA. En su lugar, Sánchez ha convertido a Bildu en un aliado decisivo para sacar adelante su iniciativa legislativa.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha reunido este jueves en el Congreso de los Diputados con una veintena de organizaciones de víctimas ante las que se ha comprometido a derogar la norma en cuanto gobierne.
Feijóo se ha mostrado especialmente crítico con el pacto de Sánchez con los proetarras, y ha destacado que Bildu, que es «coautor» de esta ley, «ni siquiera condena los asesinatos» de ETA. «Así no se construye sino que se destruye», ha enfatizado.
Este fin de semana, en el acto de homenaje al concejal del PP asesinado por ETA, Miguel Ángel Blanco, Feijóo ya destacó que las asociaciones y familiares de las víctimas siguen «luchando aún hoy» contra el olvido del «horror más salvaje». «Hoy más que ayer y hace un par de años. Las familias mantienen vivo el recuerdo de sus allegados pero también esgrimen el escudo de verdad. En tiempos de relatos artificiales, su verdad vencerá. Ellos no se rinden», enfatizó.
Transición
La ley de Sánchez y Bildu cuestiona la Transición, señalando la posible violación de derechos humanos.
Bildu ha insistido estos días en sus críticas a este periodo histórico, clave en la democracia española. La portavoz de esta formación, Mertxe Aizpurua, aprovechó su intervención en el Debate del Estado de la Nación para arremeter contra el «modelo de la Transición», que calificó de «hipoteca». Aizpurua instó además al bloque de la izquierda a «romper de una vez» con el «régimen del 78», además de reivindicar la República vasca que, dijo, llegará «más pronto que tarde».
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