Recortes de Prensa  Lunes 18 Julio 2022

JORNADA 145 DE LA INVASIÓN RUSA

Kiev recupera más de 1.000 cuerpos de civiles muertos desde el inicio

El Confidencial. 18 Julio 2022


Arranca la jornada 145 desde la invasión de Rusia a Ucrania y el jefe del Departamento de Policía Nacional de la región de Kiev, Andri Nebitov, ha alertado de que desde el comienzo del conflicto armado hasta este domingo, se han encontrado 1.346 cuerpos de residentes locales y otras 300 personas están desaparecidas. "A día de hoy, esta cifra ya es de 1.346 cuerpos de civiles muertos", ha recalcado Nebitov, precisando que la mayoría han sido asesinados con armas de fuego, y asegura que "no es la cifra final".


Mientras, el presidente Volodímir Zelenski ha apuntado a que su país seguirá "reconquistando" aquellos territorios que están ocupados por las tropas rusas, por lo que "continuarán luchando para recuperar el territorio". Asimismo, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, ha afirmado este domingo que la propuesta del presidente francés, Emmanuel Macron, de crear una "comunidad política europea" es una idea deliberadamente confrontacional con intenciones antirrusas. "Hasta ahora, han estado anunciando la 'comunidad política europea', iniciada por el presidente francés Macron, donde no habrá beneficios financieros o económicos particulares, pero habrá demandas de plena solidaridad con la UE sobre sus acciones antirrusas. Ya no se trata de un principio 'o esto o lo otro', sino de un principio 'quien no está con, está contra nosotros", ha declarado Lavrov.


Las claves del momento:

Ucrania recupera 1.346 cuerpos de civiles muertos en Kiev

Lavrov rechaza la "comunidad política europea" propuesta por Macron

Zelenski asegura que sus tropas seguirán "reconquistando"

La UE prevé aprobar otros 500 millones para enviar armas


09:16 — John Harding, un ciudadano británico capturado en Ucrania en el marco de los combates en la región de Donetsk, ha pedido ayuda al primer ministro británico, Boris Johnson, y ha alertado de que podría ser condenado a muerte como otros dos ciudadanos de Reino Unido acusados de ser "mercenarios".

Harding ha aparecido en un vídeo en el que es entrevistado por una periodista rusa y en el que confirma que fue parte del neonazi Batallón Azov y que combate en la región del Donbás desde 2018. En esta región se encuentran las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, escenario de un conflicto armado desde 2014.


08:43 — Los ministros de Agricultura y Pesca de la UE debatirán este lunes sobre el impacto de la sequía en la producción de cereal, un punto en el que España expondrá las consecuencias de las últimas olas de calor en la producción de cereal, que se situará un 15% por debajo de la cosecha media pese a las buenas previsiones iniciales.


Los Veintisiete presentarán un resumen de la situación de sus cosechas para analizar el estado del mercado de cereal a nivel europeo y considerar posibles medidas que poner en marcha, ante el impacto de la invasión militar rusa en Ucrania y el alza de los precios de la energía.


08:19 — El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha destituido este domingo a su Fiscal General, Irina Venediktova, y al jefe de los Servicios de Seguridad del país, Ivan Bakanov, por "desempeño inadecuado de sus deberes con el consiguiente coste de vidas humanas", ha anunciado a través de su cuenta en la red social Telegram.


Esta es la mayor reorganización de su Gobierno llevada a cabo desde el inicio de la invasión rusa a finales del mes de febrero.


Zelenski ha explicado que más de 60 empleados de la oficina del Fiscal y del Servicio de Seguridad que dirigían los cesados permanecieron en los territorios ocupados y "trabajan contra nuestro estado".


07:35 — La periodista rusa Marina Ovsyánnikova, que interrumpió en marzo pasado el principal noticiero de la televisión pública con proclamas antibélicas, fue detenida el domingo cerca de su casa, según informaron en su cuenta de Telegram sus abogados.


"Marina ha sido detenida. Desconocemos su ubicación", escribieron debajo de unas fotografías en las que se ve a dos agentes de la Policía llevarse a la periodista en una furgoneta blanca.


Deuda, inflación y estancamiento: el resultado de cuatro años de Sánchez

JOSÉ MARÍA ROTELLAR. libertad digital. 18 Julio 2022

Sánchez nos lleva al estancamiento, elevado endeudamiento, precios desbocados y deterioro del mercado laboral.


El presidente Sánchez ha negado -y niega- la realidad económica, agarrándose a los datos de empleo y a un cuadro macroeconómico que se ha visto superado por la realidad, pero que le permitía, todavía, esconderse. Sin embargo, ese parapeto se le empieza a caer, tal y como hemos comprobado con los últimos datos de la Contabilidad Nacional Trimestral del ITR-2022, los datos de empleo de junio -que corroboran el deterioro anticipado por la EPA del ITR-2022-, y por los de inflación.


Por una parte, el INE certifica que la economía se para cada vez con más intensidad, al revisar a la baja el crecimiento del PIB y mostrar que en tasa intertrimestral todos los sectores caen o disminuyen fuertemente su crecimiento, por el lado de la oferta, y con una fuerte caída del consumo, por el lado de la demanda, con una productividad por hora trabajada que cae, en el aspecto laboral y productivo.


De esa forma, el INE revisa a la baja una décima el crecimiento del PIB del ITR-2022 y lo deja en el 0,2% intertrimestral, 2 puntos menos que el trimestre anterior.


En segundo lugar, el Gobierno intensifica el gasto, a lomos de un incremento de recaudación sólo apoyado en el efecto inflacionista, que asfixia a los ciudadanos mientras el Gobierno lo malgasta, sin reducir el déficit y sin mitigar el enorme endeudamiento que está dejando a los españoles.


La deuda sigue su camino hacia los 1,5 billones de euros. Se ha incrementado ya en estos cuatro primeros meses en 18.191 millones respecto al cierre de 2021, de manera que el endeudamiento se incrementará en los ocho meses restantes del año en otros 47.244 millones, de manera que la deuda llegará casi a los 1,5 billones de euros (1,493 billones) y el endeudamiento sobre el PIB -tomado la estimación de PIB nominal enviado a Bruselas- se situará en el 114,1% del PIB.


Eso, en medio de una situación de liquidez abundante -aunque ya ha comenzado a girar la política monetaria, ha incentivado los cuellos de botella y presionado al alza a los precios, llevándonos a una inflación de dos dígitos, con una subyacente elevadísima.


Por último, y aunque el mercado laboral siempre actúa como indicador retrasado de la actividad económica, ha comenzado a dar sus primeros síntomas de agotamiento.


Por un lado, la EPA correspondiente al ITR-2022 muestra que la economía se ha parado de manera importante, con la destrucción de más de 100.000 puestos de trabajo, al descender la ocupación en dicho número, que no ha sido mayor debido a que todavía miles de personas se encuentran en ERTE. Esta reducción, desgraciadamente, es importante y puede ser, lamentablemente, el inicio de una senda de deterioro en el mercado laboral que muestre la ralentización, estancamiento y empeoramiento de la actividad económica española, derivado de una pésima política económica del Gobierno, equivocada, basada en el gasto público, en las subidas de impuestos y en el intervencionismo que atenaza a la economía, cuyas consecuencias se comienzan a ver.


Dentro de esa reducción de empleo, los trabajadores por cuenta propia (autónomos) soportan más de la mitad del descenso, con 55.700 ocupados menos, que refleja el enorme castigo que soporta este grupo de profesionales.


Por otra parte, los datos del mercado laboral de junio, que, pese a lo que diga el Gobierno, no son nada buenos, certifican dicho agotamiento, siendo el peor mes de junio en paro registrado desde los inicios de la anterior crisis, con excepción de 2020, cuando todo estaba cerrado por la pandemia.


Todo ello, refleja un escenario económico que cada vez se complica más. La ralentización es global, pero es especialmente importante y preocupante en España. Importante, porque se está frenando de manera más clara y está expuesta a mayores perturbaciones, como el incremento del coste de financiación y la prima de riesgo por su elevado endeudamiento; y preocupante, porque somos los que más alejados estamos de recuperar los niveles previos a la pandemia, en términos constantes, y nos estamos estancando.


Sánchez nos lleva al estancamiento, elevado endeudamiento, precios desbocados y deterioro del mercado laboral. Es el resultado de estos cuatro años de Sánchez, que nos lleva a una estanflación que todavía puede empeorar con más gasto en el tiempo que queda de legislatura para tratar de sobrevivir y aferrarse al poder.


El asalto a la Justicia

ROSA DÍEZ. Okdiario. 18 Julio 2022


Timothy Snyder dedica un capitulo de su libro Sobre la tiranía. Veinte lecciones que aprender del Siglo XX a explicar cómo fue precisamente el colaboracionismo –por activa o pasiva- de jueces, abogados, médicos y profesionales en general lo que facilitó al régimen nazi el marco para cometer en un tiempo record todas sus atrocidades: “Si los abogados hubieran cumplido la norma de que no puede haber ejecución sin juicio, si los médicos hubieran aceptado la regla de que no puede practicarse una operación sin consentimiento, si los empresarios hubieran acatado la prohibición de la esclavitud, si los burócratas se hubieran negado a realizar el papeleo que tuviera que ver con el asesinato, el régimen nazi habría tenido muchas más dificultades para cometer las atrocidades que recordamos”.


Esta semana el Gobierno ha dado una nueva vuelta de tuerca en su estrategia de parasitar los órganos de la Justicia para liquidar en España la separación de poderes y asegurarse que podrá cambiar a voluntad el orden constitucional sin someter la reforma a la voluntad de los españoles. Eso es lo que supone la aprobación por la vía exprés (sin debate, sin informe previo del CGPJ que lo había solicitado en un acuerdo de plenario…) de una ley ad hoc, plenamente inconstitucional por tanto, en la que se mandata, vía enmienda in extremis del PSOE, al CGPJ para que en un plazo de tres meses nombre a los dos magistrados del TC que les corresponde, mientras mantienen la prohibición (establecida por otra ley ad hoc) de hacer nombramientos en otras instancias judiciales, como el Tribunal Supremo es un autentico atraco. El mismo gobierno socialcomunista que quitó al CGPJ las competencias para hacer nombramientos – en una ley también ad hoc y aprobada por la vía exprés- devuelve competencias pero solo para hacer posible que el Gobierno nombre los otros dos magistrados y poder así hacer presidente del TC a Conde Pumpido, el que siendo fiscal general del Estado animaba a los jueces a mancharse la toga con el polvo del camino, o sea, a ciscarse en la sangre de las victimas.


Sánchez, como explicaba Snyder, sabe que es imposible subvertir un Estado regido por la ley mientras existan jueces independientes y funcionarios que antepongan la ética profesional a su interés particular –al ascenso, a un cargo político, a una regalía, a formar parte del club de los adeptos al régimen…- y defiendan la ley y las instituciones. Por eso acelera su asalto a la Justicia, porque sabe que es un paso imprescindible para que triunfe su estrategia de demoler la democracia. Como cualquier gobernante totalitario, él quiere dejarlo todo “atado y bien atado”. Y el tiempo se le acaba.


Unas horas antes de que Sánchez cometiera esta nueva tropelía, la Unión Europea reiteró -esta vez de manera mucho más tajante- que actuará contra España “con todos los instrumentos” si no se produce la renovación del CGPJ y si la norma por la que se elije ese órgano continúa sin homologarse a los estándares europeos. Vamos a ver qué dicen ahora, cuando vean la maniobra política con la que el Gobierno pretende trasladar al TC el resultado de las elecciones generales, lo que constituye una quiebra en toda regla del Estado de Derecho.


La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial acaba de advertir que esta norma que sale adelante “violará los principios de la normativa trasnacional europea, tanto de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como de las recomendaciones de la Comisión Europea, muy en particular a la vista de los paralelismos entre los estados español y polaco”. Y recuerda las recomendaciones de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho de la UE: “Las injerencias del Ejecutivo en el procedimiento normal para la designación de jueces del Tribunal Constitucional afectan a la legitimidad e independencia del mismo, en consecuencia, a la existencia de un control eficaz de constitucionalidad de las normas».


Confío en que la UE actúe y lo pare de la misma manera que impidieron que Sánchez llevara adelante la reforma en la que pretendía cambiar la ley del 85 para que el CGPJ dejara de ser el reflejo del parlamento y fuera elegido por la mayoría que sostiene al gobierno. Pero les ciudadanos no podemos limitarnos a esperar que otros actúen en nuestro nombre. Las instituciones no se defienden solas, todos y cada uno de nosotros, cada uno en nuestro ámbito, tenemos la obligación de movilizarnos para que el plan de Sánchez fracase. Con la denuncia ante los tribunales, levantando la voz en y ante cada nuevo atropello, saliendo a la calle… Recuerden: mientras haya un juez independiente, un abogado que actúe de forma profesional, un ciudadano que levante la voz, un político que de buen ejemplo, un periodista que no se pliegue a la obediencia y cuente la verdad… Sánchez no podrá cumplir su sueño de dejar trufadas las instituciones cuando los españoles le mandemos a casa.


Todos y cada uno de los españoles tenemos la obligación de defender las instituciones; los magistrados del CGPJ también. Señorías, asuman su responsabilidad. Forman ustedes parte del Tercer Poder del Estado, defiendan la institución. Recuerden que la Justicia y la Jefatura del Estado son, hoy por hoy, las únicas instituciones que el Ejecutivo de Sánchez no ha logrado controlar. Son ustedes el escudo de la democracia. No miren para otro lado. Plántense.


La democracia española y las minas anticonstitucionales y antipersonales

PEDRO DE TENA. libertad digital. 18 Julio 2022

Hubo un tiempo en que se habló mucho de las minas anti-personas, minas letales terrestres que no tenían como fin principal matar a las víctimas sino herirlas de forma muy grave. Se trataba de dañar al enemigo de forma perdurable y económicamente gravosa. Al muerto se le entierra y a otra cosa. Pero al herido hay que considerarlo, intentar que sane, prestarle atención o proporcionarle una pensión vitalicia o no. Un costo. Por si fuera poco, no acaban con la guerra sino que la sostienen al permitir que continúe a pesar de los lesionados. Esto es, se mantiene el sistema pero se va alterando poco a poco y sustancialmente.


Creo que legítimamente puede establecerse una relación comparativa con lo que voy a llamar minas anticonstitucionales y antipersonales (la persona es la base de los derechos y deberes constitucionales aunque no aparezca hasta el artículo 10 por detrás, entre otros, de los partidos y las organizaciones, los grandes beneficiarios del dinero y el poder públicos). Estos explosivos antidemocráticos van introduciéndose en los miles de leyes, decretos, órdenes y reglamentos que asfixian la vida civil española. La cuestión esencial es si, dada una Constitución, los partidos pueden, desde el gobierno y mediante este tipo de minas legales aprobadas por mayorías suficientes ir modificando el sentido de la Constitución y el ejercicio de la democracia.


Es, para mí, sin duda alguna ya, el problema del socialismo español. Nunca creyó en la democracia. Antes, por marxistas. Ahora, por filocomunistas. La democracia es un régimen de organización socio-político que impide el exterminio de una parte de la población por otra debido a razones ideológicas. Esto es, la democracia es el antídoto contra la guerra civil. Pero el social-comunismo español no desea convivir con quienes discrepan, con quienes difieren, con quienes no comparten el universo de valores y creencias. Antes quisieron exterminarlos. Ahora quieren arrojarlos fuera de la vida socio-política como apestados.


Para ello, el método utilizado, desde la etapa de Felipe González, es la llamada ley de la conversión de la cantidad en calidad, ley básica del marxismo en la práctica, aunque pocos la consideran sostenible lógica y filosóficamente. Engels, que no era muy fino en cuestiones filosóficas, la enunció diciendo que "en ciertos grados del cambio cuantitativo se produce repentinamente una conversión cualitativa". Su ejemplo, bien desacreditado a estas alturas, fue el calentamiento del agua que lo explica el predicador Georges Politzer de este modo:


Hay muchos cambios continuos, pero al acumularse terminan por producir cambios bruscos. 3. La argumentación científica. Tomemos el ejemplo del agua. Partiendo de 0° y haciendo subir la temperatura del agua a 1º, 2º, 3º hasta 98°, el cambio es continuo. Pero ¿puede continuar así indefinidamente? Llegamos hasta 99°, pero a los 100º tenemos un cambio brusco: el agua se transforma en vapor.


Traduciendo a la realidad política española, un cambio total o parcial de la Constitución se alcanza al perpetrar pequeños o medianos cambios legales anticonstitucionales que pasan desapercibidos para los profanos ( y los no profanos) y que al final logran ese objetivo anticonvivencial. Así empezó la conquista de las Cajas de Ahorro en toda España que dio al PSOE, vía poder municipal, el poder sobre el 40 por ciento de los depósitos financieros de España mediante una Ley. Y ahora sigue de muchas maneras. Se trata con ello de echar de la vida pública y legal a los adversarios políticos.


Desde hace cinco años, estamos certificando cómo el propósito evidente a estas alturas de Pedro Sánchez es el de eliminar a la derecha española y su derecho a estar presente en la vida nacional. Incluso en la memoria histórica, como si la memoria y la historia fueran equivalentes. El problema no es su mala voluntad o su deseo de exterminio de media España o más. Va en los genes. El problema es la aceptación de las derechas del destino de ser eliminadas. Poco a poco, algunas o todas ellas salen heridas de las minas jurídicas, teóricamente inconstitucionales pero disfrazadas de legales, que se lanzan o disponen día tras día. Mes tras mes, año tras año.


Y nosotros aquí. Viendo el espectáculo de este matadero político nacional sin poder hacer casi nada porque las personas, individuales y desorganizadas, no podemos hacer mucho frente a las embestidas de esta nueva barbarie. Nadie nos escucha, nadie nos tiene en cuenta, nadie percibe la importancia de nuestra voz que es el futuro de nuestros votos. Alea jacta est.


Portugal y España: las diferencias entre socialdemocracia y socialcomunismo

José Luis Feito. vozpopuli. 18 Julio 2022

La socialdemocracia puede ser de centro izquierda, como en Portugal, o liberal, como en Alemania y algunos países escandinavos. El socialcomunismo, encaramado al poder en España desde 2018, es algo radicalmente diferente. Poco importa que sea el resultado de las convicciones de extrema izquierda del actual partido socialista o de la necesidad, atendida con evidente gusto, de satisfacer las demandas de los partidos coaligados para salvar la coalición. Sea como sea, se trata de una opción política enormemente dañina para el bienestar económico, social e incluso democrático del país, una opción de la que apenas estamos empezando a ver sus consecuencias.


Es interesante comparar el funcionamiento de la economía española bajo la coalición socialcomunista de Sánchez con el de la economía portuguesa bajo Costa, un socialista menos radical y políticamente más inteligente que nuestro presidente. Ya sea por lo uno o por lo otro o por ambas cosas a la vez, el hecho relevante es que no cedió a demandas alocadas de sus socios comunistas de Gobierno como reiteradamente, por convicción o por conveniencia o por aleación de ambas cosas, viene haciendo Sánchez.


Para empezar, la economía portuguesa recuperó su nivel de PIB pre-covid en el primer trimestre de este año mientras que la economía española, según las últimas previsiones de la Comisión Europea, no lo recuperará hasta la segunda mitad del año próximo. Según estas mismas previsiones, el crecimiento económico de Portugal alcanzará el 6,5% este año, frente a un 4% en España, y la inflación se situará en el 6,8%, frente a un 8,1% en nuestro país. Cabe señalar, al respecto, que la inflación en Portugal en 2021 fue del 0,9% y en España del 3%. La tasa de paro alcanzará este año el 6,5% en Portugal, frente a un 13% en España. Este marcado diferencial de resultados macroeconómicos favorable a Portugal se consiguió a pesar de (o gracias a) llevar a cabo dicho país una política fiscal más rigurosa que la nuestra. Así, el déficit público en % del PIB se situó en el 2,8% en 2021 y se prevé que cierre en el 2,2% en 2022, mientras que las cifras correspondientes para España son del 4,6 y 4,5% respectivamente.


Detrás de los mejores resultados de Portugal hay factores coyunturales y factores estructurales. Entre los primeros destacan la mucha mejor gestión de la pandemia en Portugal -es difícil encontrar un país que lo hiciera peor que España- y su más diligente actuación en relación con los fondos europeos. Al margen de cuestiones ideológicas, la mera incompetencia y estulticia de buena parte de los miembros del Gobierno existente en nuestro país desde la segunda mitad de 2018 es un factor que no se debe descuidar al realizar comparaciones internacionales. Pero los factores estructurales, más permeables a la ideología, son ciertamente más decisivos. Entre ellos, yo destacaría dos de similar importancia: la tributación, y más específicamente la tributación empresarial, y el marco laboral.


El impuesto de sociedades en Portugal es, con carácter general, del 21% y se reduce hasta el 17% para los primeros 20.000 € de beneficios en el caso de las pymes. En España es del 25 y 20% respectivamente, si bien el tipo efectivo ha aumentado con diversas medidas estableciendo mínimos de tributación, y lo harán aún más con los recientes atracos a los beneficios de empresas energéticas y bancarias. El argumento utilizado, por cierto, de que son beneficios extraordinarios provocados por los elevados precios energéticos y la (aún leve) subida de los tipos de interés sólo tendría sentido si el impuesto se hubiera reducido en los años cuando los precios energéticos estaban por los suelos y los tipos de interés eran negativos. En el caso de los bancos, además, sus beneficios por acción son inferiores a su coste de capital, por lo que se dificultará aún más su necesaria capitalización para hacer frente a futuras crisis.


Luego están las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, que en Portugal en 2020 alcanzaban el 23,75% del coste salarial y en España el 29,90%, cifra esta que a la fecha habrá aumentado sensiblemente después de las subidas del salario mínimo y sus correspondientes cargas sociales con cargo a la empresa y del destope de cotizaciones. Por otro lado, el tipo máximo del impuesto sobre la renta de las personas físicas en Portugal apenas ha variado, no supera el 50% y no existe impuesto de patrimonio. En España, por contra, el Gobierno ha aumentado sensiblemente los tipos marginales del impuesto (superan el 55% en varias CCAA), así como la tributación de los rendimientos de capital y baraja subir aún más el, con mucho, mayor impuesto de patrimonio del mundo.


En cuanto al mercado de trabajo y la sistemáticamente abismal diferencia entre la tasa de paro de Portugal y la de España (que prácticamente la dobla), las razones son bien conocidas desde hace tiempo. Las causas de este diferencial son atribuibles a que en España los costes efectivos del despido son sensiblemente mayores y la negociación colectiva es menos flexible y determina una estructura de costes salariales peor adaptada a los diferentes niveles de productividad existentes en unas y otras empresas, además de fijar salarios mínimos por convenio muy superiores, que hace inempleable a un elevado contingente de trabajadores de baja productividad. A estos factores habría que añadir las significativamente mayores cotizaciones empresariales a la Seguridad Social de nuestro país. Todos estos factores se han agravado desde la llegada al poder del socialcomunismo, con subidas intensas del salario mínimo y de las cotizaciones sociales de las empresas, así como con una contrarreforma que ha aumentado los costes de despido y ha hecho más rígida la negociación colectiva reduciendo o eliminando las posibilidades de descuelgue de las empresas. Aunque ya se perciben claramente, cuando llegue la próxima recesión veremos en toda su destructiva plenitud las nefastas consecuencias de estas medidas.


La pandemia y la guerra de Ucrania han favorecido políticamente al gobierno porque han mezclado los daños que está ocasionando a la economía con los provocados por esos desgraciados acontecimientos. Pero el rápido descenso de nuestro país en el escalafón de renta per cápita europea, que la comparación realizada con Portugal ilustra claramente, no es imputable a fuerzas exteriores sino exclusivamente a la ineptitud del gobierno y a la mortífera ideología socialcomunista que lo alimenta.


HISTÓRICO DECLIVE BAJO LA ADMINISTRACIÓN BIDEN

La economía de EEUU sufre su peor situación en casi medio siglo

ANTONIO O’MULLONY. gaceta. 18 Julio 2022


Todos los indicadores de la economía de EEUU muestran una situación que hace tiempo perdió el carácter coyuntural o anecdótico. Un declive, se mire desde donde se mire, cada vez más difícil de achacar a un virus, por la recuperación de la actividad habitual en las zonas del país donde más se detuvo; o a Putin, porque el conflicto en Ucrania ha supuesto un aumento excepcional de la demanda del gas norteamericano o ha servido como excusa para un aumento del gasto público tan injustificado como inconexo con lo que ocurre en el este de Europa.


Esta semana, el Fondo Monetario Internacional recortó su previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto de Estados Unidos para este año, de un 2,9% a un 2,3%, y redujo en siete décimas sus expectativas para 2023, hasta dejarlas en un 1%, augurio de un año que pasará a la historia. Desde el propio organismo se considera «un desafío creciente» evitar la temida coincidencia en el tiempo de inflación y recesión en la primera economía mundial.


Al día siguiente de que el FMI actualizara sus cifras para 2022 y 2023, se conoció que la inflación en EEUU ha alcanzado su punto más alto desde 1981, cuando aún perduraban los últimos coletazos de la crisis del petróleo de 1973, disparándose hasta un 9,1%, impulsada por la energía y la alimentación. La primera, en alza de un 41,6% en tasa interanual, algo inaudito desde abril de 1980, a pesar de que el precio del barril de petróleo Brent ha caído un 10% en lo que va de julio. La segunda, con efectos tan palpables que ya resulta normal ir al supermercado y no encontrar con facilidad productos básicos que nunca escaseaban en las estanterías.


Otro de los gastos que evidencian el efecto de la inflación es la vivienda. El precio medio de un alquiler en el distrito neoyorquino de Manhattan registró su máximo histórico en junio, hasta alcanzar los 5.058 dólares mensuales, un 29% más que el año anterior, y sin expectativas de que la tendencia se detenga ni mucho menos se revierta. En concreto, un apartamento de una habitación cuesta 4.278 dólares de media al mes y uno de tres cuartos, 9.469 (unos 3.150 dólares cada cuarto, si se trata de un piso compartido).


Ante este proceso de pérdida de poder adquisitivo del dinero, la Reserva Federal volverá a subir los tipos de interés con la esperanza de lograr el «aterrizaje suave» del que suele hablar su presidente, Jerome Powell. La duda es si lo hará en otro 0,75%, en vez el 0,50% esperado hasta conocerse el último dato de una inflación que, mes tras mes, destroza toda previsión emitida por las instituciones financieras internacionales de Washington o los principales bancos comerciales de Nueva York.


El aumento del precio del dólar, dictado desde el Banco Central de Estados Unidos, ha impulsado la cotización de la divisa, en paridad con el euro por primera vez en dos décadas; y todo indica que las sucesivas subidas de tipos lo seguirá propiciando hasta hacer de la paridad un escenario deseable para la moneda europea. En la Eurozona, los datos de inflación y de crecimiento económico no son más alentadores que en Norteamérica, y la cercanía del otoño, del frío, irá oscureciendo un panorama marcado por la dependencia de Alemania del gas ruso, unida a la renuncia (hasta ahora) de su Gobierno a la energía nuclear para generar electricidad.


Si la pujanza del dólar frente al euro y la mayoría de las divisas internacionales hace de EEUU una suerte de tuerto entre los ciegos de la economía occidental, sus datos de empleo, hasta ahora firmes, comienzan a reflejar la debacle. Es creciente el número de empresas grandes, medianas y pequeñas que anuncian su intención de despedir trabajadores, congelar las contrataciones o, simplemente, lo hacen efectivo sin previo aviso.


El mes pasado, varias de las principales compañías globalistas tomaron acciones en ese sentido. Tesla despidió a unos 200 empleados de su división Autopilot y cerró una delegación en California ante el «super mal presentimiento» de Elon Musk sobre las perspectivas económicas, por las que anunció un recorte de aproximadamente un 10% de su personal asalariado. Coinbase, la plataforma de intercambio de criptomonedas, redujo su fuerza laboral en un 18%. Netflix finalizó el contrato de 300 de sus empleados, como Robinhood (700), Peloton (2800), CVS (208) o la empresa de repartidores Getir (4480).


En general, en los últimos días se ha conocido que el conjunto de las compañías con sede en EEUU anunció planes para eliminar más de 32.500 puestos de trabajo de sus nóminas de junio, la cifra más alta desde febrero de 2021.


Este cambio de tendencia del panorama laboral evidencia aún más el contraste entre la situación económica desde que Joe Biden llegase a la Casa Blanca y la bonanza generalizada de los cuatro años de la Administración Trump. Una época, la anterior, caracterizada en lo macro por el pleno empleo, la baja inflación (el último dato fue de un 1,7%) o la capacidad del país de cubrir toda su demanda energética con la producción nacional; y en lo micro, por unos precios del alquiler hasta un tercio más bajos, por un galón (3,78 litros) de gasolina que estaba alrededor de los dos dólares frente a los cinco, seis y siete de la actualidad, o, sencillamente, por la certidumbre de saber qué productos encontrar en el supermercado.


El fachocomunismo de la Agenda 2030

ZOÉ VALDÉS. gaceta. 18 Julio 2022


Ponerse un pin de la Agenda 2030 no hace más que definir a quien lo porte, y calificarlo en dependencia del nivel de pensamiento e intenciones en que se mueva: el de la ingenuidad o en el de la componenda mundial y vergonzosa en la que algunos participan.


La Agenda 2030 no es una agenda para los ciudadanos nobles, trabajadores, mucho menos para que podamos vivir mejor. Ese «no tendrás nada y serás feliz» no es más que pura y puerca demagogia, porque varios de los que la promueven, por el contrario, poseerán una enormidad, y sin embargo sus riquezas no definirán la felicidad. La felicidad es una ilusión, no pasa de momentos puntuales. Lo que de verdad importa es la realización personal, individual, mediante el trabajo. Que un político hable de felicidad no garantiza nada, dado que en el que menos se puede confiar en la actualidad es en un político presionado bajo la categoría inmoral del izquierdismo.


Sin embargo, la Agenda 2030 propone que trabajes como esclavo, y no tengas nada, y que para colmo seas feliz. Cierto, no pasa de proposición hasta ahora… Pero, no sólo en el 2020 experimentaron con nostros, mediante una pandemia cuyo origen todavía desconocemos y cuyo fin no se ha determinado en el tiempo, además se supone que en el 2030 lo que hoy oímos como pronóstico será impuesto como orden, probablemente incluso hasta como ley; el que no cumpla la ley será muy infeliz, desde luego, en una cárcel, aunque más pequeña y mejor definida, porque la grande estará asegurada por su absoluta indefinición: ¿fascismo, comunismo, o las dos cosas?


El sistema me recuerda a Cuba, toda esa verborrea pareciera escrita por los Castro, quienes a su vez fueron seguidores de Hitler y de Stalin. Fidel Castro fue un amante de Mein Kampf, de joven no paraba de leer el libraco, que subrayó y acotó como quiso, e incluso bajo comentarios del género: “aquí Hitler se equivoca, yo haría otra cosa”. O sea, con la idea y la convicción de perfeccionar el horror hitleriano. Raúl Castro, por otro lado, nadie lo ignora, era y es el adorador de Stalin. El uno complementa al otro. De tal modo fusionaron sus ideologías en ese modelo que tanto nos envidian, desde Occidente incluido: la Agenda 2030.


No voy a atosigarles con el desmenuzamiento de los parámetros y cláusulas, porque no lo duden, de lo que se trata es de parametrar y de emitir cláusulas que reafirmen la censura y eliminación de las libertades. No habrá libertad y serás feliz. Que una gran cantidad de energúmenos aplauda esta imbecilidad sólo confirma el nivel de idiocia generalizada a la que nos enfrentamos, y la poca experiencia de realidad que algunas generaciones asumieron mediante la negación de la lectura y de la cultura, para adoptar en buena medida el camino de la tecnocracia, o de la ignorancia por comodidad.


La Segunda Guerra Mundial culminó con mucho dolor, la fiesta fue adoptada como antídoto, en lugar de la reflexión y el recogimiento espiritual, los festejos se sucedieron hasta cuando se desmochaba las cabezas de las novietas o amantes de los boches. No hay más que remitirse a los bailoteos promovidos que se eligieron por encima de los actos de conmemoración y reflexión, sin contar que en el París de la Ocupación jamás esos espectáculos de falsa alegría se detuvieron, como prueban varias obras, entre ellas la titulada ‘Y siguió la fiesta’, de Alan Riding, que hace alusión a la obra de Ernest Hemingway ‘París era una fiesta’, pero la de Riding, por supuesto, describe los tiempos de la ocupación alemana.


Reirás, festejarás, no tendrás nada, y sin embargo aparentarás felicidad, sólo porque alguien lo decidió por ti.


Tras la pandemia del PCCH, empezó la 3ra Guerra Mundial. Al inicio de la pandemia el presidente francés pronunció durante su primera intervención en seis ocasiones la palabra guerra, para definir a lo que nos exponíamos. Tenía razón, la pandemia fue lo más parecido y devastador a una guerra. Y lo que estamos viviendo ahora, la guerra real entre Ucrania y Rusia, que no es solamente entre ellos, sino que es entre todos, con un divertido espectador: China… ya nos va dejando avisos reales…


La fuerza del agua en los grifos ha mermado, la luz no ilumina con la misma fuerza. Nos ordenan que en pleno verano tomemos las menos duchas posibles, que dejemos de usar ventiladores y aires acondicionados, y nos amenazan con que moriremos congelados en el próximo invierno. ¿Es este el plan de los políticos para que en el 2030 seamos felices? ¿O se refieren ellos sólo a los que sobrevivirán a este infierno en el que nos han sumido, y que sólo podrán ser ellos quienes por su nivel de vida podrán sobrevivir?


O sea, estamos trabajando para vivir de manera pobre, incómoda, tristes, ahora con una supuesta perspectiva de felicidad, sin nada, sólo para enriquecerles los bolsillos y las cuentas bancarias a esta partida de zánganos e hijos de puta que para colmo se burlan en nuestras caras argumentando que seremos felices bajo esos planes y proyectos de basura, y que se llenan la boca con el argumento de que ponerse un pin en la solapa es una acción humanitaria. Yo no los mandaría a tomar por el sainete póstumo, no. Yo directamente los mandaría a los tribunales, ¿pero serán competentes a estas alturas los tribunales? No, nadie puede ya estar seguro de nada.


EDUCACIÓN

El Gobierno obligará a los colegios internacionales a impartir más horas de clase en las "lenguas nacionales"

OLGA R. SANMARTÍN. el mundo. 18 Julio 2022


Educación cambiará la normativa para que las escuelas extranjeras adapten horarios e instalaciones a los estándares españoles


El Ministerio de Educación está preparando un real decreto con nuevas normas para los colegios privados internacionales afincados en España que ha creado mucha inquietud en estos centros. Entre otras cosas, les obligará a dar más horas de clase en castellano y en lengua cooficial y tendrán que adaptar sus instalaciones a los estándares españoles de una forma tan drástica que se «pone en peligro su viabilidad».


El proyecto de real decreto sobre Régimen de Centros Docentes Extranjeros en España, al que ha tenido acceso EL MUNDO, viene a sustituir al de 1993 ahora vigente. Afectará a los 120.000 alumnos de los 300 centros privados que se rigen por la normativa de sus países de origen, fundamentalmente Reino Unido, EEUU, Francia y Alemania. El texto, que aún está en su fase inicial y es susceptible de ser mejorado con las aportaciones de la comunidad educativa, sostiene que esta modalidad de enseñanza tiene cada vez más demanda y que el propósito de los cambios es «conseguir una adecuada supervisión» e «incluir una acción de cesación contra las conductas que contravengan» lo establecido, «con el fin de velar por una educación de calidad», dando a entender que en estas tres décadas pueden haberse producido algunas malas prácticas.


Los centros están «muy preocupados» por esta nueva regulación, que creen que les restará autonomía al acarrear más intervención por parte de las administraciones central y autonómicas. Comenzando por el idioma en que se imparten las clases, porque el borrador apuesta por «el fomento de las lenguas nacionales», cuando precisamente estos centros se caracterizan por su inmersión en inglés, francés, alemán o italiano.


La norma de 1993 apenas entraba en cuestiones lingüísticas. Simplemente decía que, en Primaria y la ESO, las enseñanzas del sistema extranjero debían ser «completadas» por enseñanzas de lengua y cultura españolas y, en su caso, de la lengua propia de la comunidad autónoma en la que estuvieran ubicados los colegios, y que tanto el currículo como los horarios de estas enseñanzas serían fijados por el Ministerio y las CCAA. Pero no concretaba en qué proporción ni detallaba los términos. Posteriormente se han ido desarrollando por las CCAA, aunque las inspecciones autonómicas han sido comprensivas con las necesidades concretas de los centros y no han puesto muchos problemas con el horario lectivo.


INFANTIL Y BACHILLERATO, TAMBIÉN SEGÚN LAS NORMAS ESPAÑOLAS

Pero el nuevo decreto aumenta los controles lingüísticos y endurece las reglas de juego. En primer lugar, amplía el campo de actuación española a Infantil y a Bachillerato, que antes no estaban incluidos y se regulaban conforme lo que dispusiese la legislación del país de origen.


Además, ahora se habla de un «horario mínimo requerido» para la impartición de las asignaturas de Lengua Castellana y Cultura Española (el equivalente a Conocimiento del Medio español o Historia de España) que «será el fijado en la normativa básica», donde este año se ha establecido por primera vez, a través de los currículos estatales, un número de horas concretas que deben dedicarse como mínimo a cada materia.


La evaluación de las enseñanzas de lengua y cultura españolas y de lenguas cooficiales se realizará «con arreglo a las normas aplicables al sistema educativo español», mientras que hasta ahora se había hecho conforme a las normas del país de origen.


Hay, asimismo, otro párrafo que da carta blanca a los gobiernos autonómicos para «establecer la presencia de la lengua cooficial en términos similares a la lengua española», algo que antes no se decía. Tal es la importancia que se da a las «lenguas nacionales» que cada colegio internacional deberá contar ahora con un director técnico que coordinará las enseñanzas de lengua y cultura españolas y lengua cooficial. Y se dice, por último, que las inspecciones españolas asumirán «las mismas funciones» que tienen encomendadas respecto a las lenguas en los centros nacionales.


LA VÍA DE ESCAPE PARA BURLAR EL CATALÁN

Todos estos cambios van a notarse especialmente en relación a las lenguas cooficiales porque los colegios extranjeros dan ya un número razonable de horas en castellano, según explican en el sector. Pero el decreto tendrá efecto en comunidades con lenguas cooficial como Cataluña o la Comunidad Valenciana, donde las administraciones han sido flexibles hasta ahora con la lengua vehicular empleada en los colegios internacionales. Estas escuelas sirven, de hecho, como una especie de vía de escape para familias que, pudiendo pagarlo, eligen no someterse al régimen lingüístico imperante.


Fuentes de una de las escuelas británicas de Barcelona explican que ahora sólo dan dos horas semanales de catalán y entre dos y cuatro horas de castellano, dependiendo de las etapas (dos horas en Primaria, tres en la ESO y cuatro en Bachillerato). El resto se imparte en inglés. Cuando tengan que ceñirse al «horario mínimo» requerido, tendrían que modificar sus horarios para poner cuatro o cinco horas semanales de catalán y cuatro o cinco horas de castellano, además de otras tres de Cultura Española en castellano, lo que rebajará de forma considerable la carga lectiva de inglés.


Lo mismo ocurrirá en la Comunidad Valenciana. El responsable de un colegio anglosajón de esta región cuenta que ahora sólo dan una hora semanal de Lengua Valenciana, cinco horas semanales de Lengua Castellana y una hora de Cultura Española en castellano. Con el nuevo decreto tendrían que dar cuatro horas de Lengua Valenciana, cinco horas de Lengua Castellana y tres horas de Cultura España.


«Actualmente la proporción es de un 75% de currículo en inglés y un 25% de currículo en lengua española y cooficial», explica este director. «Con el nuevo decreto se pasará a como mínimo el 60% en inglés y el 40% de castellano y valenciano en Primaria y en la ESO. Pero es que, además, esto nos afecta a Bachillerato, donde hasta ahora hemos impartido las clases íntegramente en inglés: con los cambios introducidos se hace inviable cumplir el currículo extranjero y se va a perjudicar el acceso de nuestros alumnos a universidades anglosajonas».


Estos son otros cambios del decreto que, según el sector, perjudicarán a los colegios internacionales:


INSTALACIONES

Hasta ahora, los colegios internacionales tenían que cumplir con los requisitos en las instalaciones que marcaba el país de origen. Pero con el nuevo decreto se exige a los centros ya creados y ya autorizados adaptarse a las mismas condiciones que los colegios españoles. Se obligará a tener amplios patios, pabellones deportivos o laboratorios, sin tener en cuenta que muchos están ubicados en pequeños chalés que no pueden albergar grandes infraestructuras.


«A muchos centros les resultará imposible adaptarse. Se pone en serio riesgo la viabilidad de muchos de los centros autorizados, que perderán su autorización y se verán abocados al cierre. Estimamos que esta medida abocará al cierre a entre un tercio y la mitad de los colegios», advierte Juan Santiago, presidente de la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (Acade).


PLAZOS

Esta disposición afecta tanto a los centros de nueva creación como a los ya existentes, que tendrán que adaptarse al nuevo régimen antes del curso 2025/26 si fueron autorizados antes de 2006 y en 2026/27 en el caso de los autorizados después de 2006. Si pasan estos plazos sin haberse obtenido la renovación de su autorización conforme a los nuevos requisitos, «no podrán continuar desarrollando sus actividades», dice el real decreto.


SIN ENSEÑANZA 'ONLINE'

El decreto no contempla impartir enseñanzas de forma semipresencial o a distancia. Acade denuncia que «se vulnera el principio de igualdad, ya que en España las enseñanzas no obligatorias sí tienen posibilidad de autorizarse bajo el régimen de enseñanza a distancia, como es el caso del Bachillerato y la FP».


PROHIBIDO LLAMAR A UN COLEGIO MONTESSORI

También se prohíbe que el método educativo o pedagógico forme parte de la denominación específica del centro (por ejemplo, no se podrán abrir colegios que se llamen The Montessori School o Waldorf School), al considerar que puede «inducir a confusión». Parece ser que algunos centros han llevado la metodología en el nombre pero luego no la han aplicado. Acade ve en esta medida «una vulneración a la libre creación de empresas o centros educativos».


GARANTÍAS

Los centros, para ser autorizados, deberán comprometerse a estar en funcionamiento «durante un periodo mínimo que permita finalizar las enseñanzas que estuvieran cursando los alumnos que, con un aprovechamiento académico suficiente, las hubieran iniciado en él». Eso significa que deben asegurar que no cierran en un plazo de 15 años. Acade cree que es un «abuso de derecho» que no se exige a los colegios nacionales.


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Desjudicializar el golpismo

IVÁN VÉLEZ. gaceta. 18 Julio 2022


El espaldarazo al trabajo del juez Llarena ha coincidido con la reactivación de la llamada «mesa de diálogo», fórmula con la que se trata de dar continuidad a las políticas desarrolladas por el PSOE y el PP durante las últimas cuatro décadas, consistentes en ir haciendo concesiones al secesionismo catalán a cambio de cierto tiempo de permanencia del candidato de turno en La Moncloa. Como era de prever, tan irresponsable conducta concluyó con un golpe de Estado que fue neutralizado de forma timorata. A la tibia respuesta de Rajoy, evacuado del poder mientras ocupaba su escaño en efigie o, por mejor decir, en bolso, se unió la concesión de indultos por parte de Sánchez, que de este modo pagaba su llegada a la presidencia del Gobierno.


Heredero de Zapatero en muchas de sus políticas, Sánchez, unido ya para siempre a las facciones secesionistas que pasan por ser más compatibles –ERC y EH Bildu- con lo que comúnmente se ha dado en llamar «izquierda», por aquello de lo social y lo verde, el doctor ha decidido retomar la mentada mesa, tratando de ganar tiempo ante un futuro electoral incierto, para el cual ha reservado una ingente cantidad de recursos con los que mantener su frondosa red clientelar.


El Sánchez rezapaterizado ha retomado la jerga del vallisoletano que se quería leonés. De hecho, uno de sus ministros de cuota, reubicado tras las últimas elecciones catalanas, Salvador Illa, ha manifestado, sin asomo de rubor, que «dialogar no es ceder», en referencia a la habitual cháchara con los golpistas, tras la cual se ocultan los objetivos tanto de los lazis como del PSOE, inexistente en una Cataluña, en la cual, se mantiene ese subproducto catalanista llamado PSC, que siempre coloca a uno de sus integrantes en los gobiernos socialistas.


Regresa, por lo tanto, la famosa murga del diálogo con el único objetivo de conseguir que el partido antaño de la rosa y el puño mantenga una suerte de coordinación sobre las diferentes sectas que administran, con altísimas cuotas de caciquismo y de diferentes especies de corrupción, las regiones más privilegiadas. Dentro de esta nueva normalidad golpista, no olvidemos que los indultados, bajo las habituales y cursis formas que les caracterizan, han manifestado, ad nauseam, su intención de volverlo a hacer, es imprescindible lo que este colectivo de delincuentes denomina «desjudicialización de la política», o lo que es lo mismo, la exigencia de impunidad a propósito de sus actividades.


Arrancado el compromiso de poder actuar de este modo, que no otro es el objetivo de la citada mesa, los golpistas, que no dudan en cuanto a sus objetivos últimos, pretenden no sólo traer, probablemente entre homenajes, al huido Puigdemont, sino, y esto es mucho más grave, pues configura el futuro electorado al que, sin duda, entre altas dosis de fundamentalismo democrático, se consultará acerca del estatus político de Cataluña, mantener la inmersión lingüística en Cataluña. Es decir, expulsar al idioma común de los españoles de las aulas catalanas.


Emponzoñadas las togas, todo sería más sencillo, no sólo con un PSOE que pudiera seguir en el poder a costa de seguir entregado al golpismo, sino también con un PP cuyo nuevo líder, que ha desarrollado en Galicia políticas parecidas a las del primer pujolato, se apresuró a reunirse con el Conde de Godó en lugar de con los padres del niño hostigado en Canet por osar pedir ser educado en español.


La infamia bilateral de Sánchez y los golpistas

EDITORIAL. libertad digital. 18 Julio 2022

El Gobierno se reunirá en los próximos días con los separatistas catalanes, en una segunda edición de la sedicente Mesa de Negociación y Diálogo creada por Sánchez para ceder a las exigencias de sus socios parlamentarios. La reunión de este órgano bilateral tendrá lugar en los últimos días del mes de julio, de manera que la oposición no tendrá apenas margen para valorar con eficacia mediática los contenidos de este encuentro, celebrado a pocas horas de que comiencen las vacaciones de verano.


Sánchez no hizo la menor mención a sus enjuagues con el separatismo en el discurso del estado de la nación, a pesar de que ésta es una cuestión que afecta de manera fundamental a la unidad nacional como elemento constitutivo de nuestro sistema democrático. El Gobierno tiene el deber de informar puntualmente a las Cortes de estas cuestiones para que se produzca el debido debate en la sede de la soberanía nacional, pero la honradez política y la mera cortesía parlamentaria son dos principios a los que Sánchez es completamente ajeno, pues todas sus acciones al frente del Gobierno de la nación van dirigidas única y exclusivamente a mantenerse en el poder.


El secesionismo quiere arrancar compromisos concretos del Gobierno a cambio de sus votos para aprobar los próximos Presupuestos Generales del Estado, los últimos del sanchismo y de cuya confección depende en gran medida que pueda llevar a la práctica el programa confiscatorio anunciado esta pasada semana. Así, Aragonès ya anunciado que exigirá poner fin a "la represión", eufemismo separatista para referirse al indulto de todos los procesados por los episodios de violencia callejera ocurridos en los últimos años, además de poner sobre la mesa la exigencia de un nuevo referéndum —ahora lo llaman "decidir el futuro"—, con el que tratará de llevar a buen término la secesión de Cataluña.


La mera creación de esta mesa de negociación partidista al margen de las Cortes Generales, del Parlamento de Cataluña y sin representación de más de la mitad del pueblo catalán, es otra felonía de un personaje capaz de cualquier vileza para tratar de agotar esta infame legislatura. Pero no estamos ante una reunión protocolaria; a través de estos encuentros van tomando carta de naturaleza los chantajes del separatismo, que el Gobierno acepta una y otra vez con una sincera convicción porque, como es público y notorio, ambos se necesitan: Sánchez para seguir en el poder y sus socios para mantener viva la intentona golpista de la que pronto se cumplirán cinco años.


Adelanto electoral para diciembre

AGAPITO MAESTRE. libertad digital. 18 Julio 2022

Salvo el propio Sánchez, todo el mundo tiene claro que la tarea del Ejecutivo es inaguantable; Sánchez no tiene pilar alguno sobre el que sostenerse.

El proyecto político de Feijóo no existe. Él sólo quiere heredar el poder para gestionar ordenada y decentemente lo que quede de Estado-nación, cuando Sánchez sea desalojado de La Moncloa. Aunque las inexistencias no se prueban, diría que la carencia de un designio político en la cabeza de Feijóo es tan evidente que ni siquiera ha nombrado equipos sólidos para llevar a cabo un futuro programa político del PP. Feijóo ha ratificado a todo el mundo en su puesto, o mejor dicho, todos están pendiente de lo que pase. Mantener en vilo a los gestores, técnicos y personal preparado para llevar a cabo un supuesto proyecto político es la mejor manera de declarar su inexistencia. El nuevo líder del PP reduce la política a mera gestión. Por aquí, por el lado de la Oposición del PP, Sánchez puede estar tranquilo.


Naturalmente, Feijóo apretará a Sánchez, incluso aprovechará la ocasión para hacer alguna crítica acerada al Gobierno, pero no llevará la cosa hasta el punto de provocar una moción de censura. Pedirá con la boca chica la convocatoria de elecciones generales, pero no las forzará con una Oposición potente y fundamentada en un amplio programa gubernamental. No, la Oposición de Feijóo a Sánchez será suave. Quiere ganar sin bajarse a pelear en el barro. El presidente del PP no forzará adelanto electoral alguno, ¿entonces cuál sería la causa última y clave que llevaría a Sánchez a un adelanto electoral? Es relativamente sencilla de ver y hasta de nombrar. En verdad, no es una razón sino un motivo. Está a la vista de todos, pero Sánchez se niega a verlo y mucho menos a darle importancia. Él es así de obstinado. Mas el motivo fundamental que llevará a Sánchez a convocar elecciones anticipadas, seguramente para el próximo mes de diciembre, es sencillo de ver. La mayoría de las encuestas, los analistas políticos más serios del país, un número significativo de líderes socialistas, especialmente barones autonómicos, alcaldes y concejales, y militantes socialistas cualificados, tienen claro que el Presidente del Gobierno de España provoca rechazo en todas partes.


He ahí el motivo clave para adelantar las elecciones. Salvo el propio Sánchez, todo el mundo tiene claro que la tarea del Ejecutivo es inaguantable; Sánchez no tiene pilar alguno sobre el que sostenerse. El vuelco social y político se dio hace mucho tiempo y Sánchez es incapaz de detenerlo. El destino está escrito. Ni siquiera la manipulación del Tribunal Constitucional ni las maniobras para apoderarse del Consejo General del Poder Judicial conseguirán detener el rechazo que provoca este individuo en el electorado. Podrá pavonearse de que ha ganado algo en el Debate de la Nación, incluso de que ha conseguido algunos votos para el PSOE de la formación de la comunista gallega, Yolanda Díaz, pero a la hora de la verdad las encuestas son inapelables: el 82 % de los encuestados, después del Debate de la Nación, no han cambiado su intención de voto.


La cosa no es nueva. Los resultados electorales de las autonómicas de Madrid, Castilla-León y Andalucía son inapelables y, por supuesto, son indicadores serios de lo que puede pasar en próximas contiendas electorales. El rechazo que provoca Sánchez se da no sólo entre los votantes demócratas, especialmente de la derecha, sino también entre los separatistas, exterroristas y comunistas. Y, por supuesto, hay un rechazo amplio de Sánchez, mantenido en el último año, entre las huestes socialistas.


Sí, serán los socialistas, especialmente el grupo formado por los cargos electos del PSOE en comunidades autónomas y ayuntamientos, los principales estímulos, o mejor, electrochoques para que Sánchez abra los ojos y asuma su destino: "Los españoles no quieren este Presidente de Gobierno". García-Page y Lambán no cesarán en la crítica. Serán estos socialistas los primeros en presionar para que no coincidan sus respectivas elecciones con Sánchez en La Moncloa. No quieren esos líderes socialistas suicidios anunciados. De ahí que insistan en un adelanto de la generales para que no coincidan con las autonómicas y municipales del próximo año. Tampoco creo que las medidas populistas propuestas por Sánchez la semana pasada en el Congreso sirvan para detener la crisis, entre otras razones, porque la más importante no podrá llevarse a cabo. En efecto, la subida de impuestos, en este caso a las grandes empresas, exige leyes. ¿Quién apoyará esas leyes que hagan viable esa subida de impuestos pregonada por el Gobierno? Desde luego, el PP y VOX no lo harán, y tampoco el PNV dará su consentimiento, más aún los nacionalistas vascos ya se han negado. Y por si tuviera pocos problemas, ahora se le unen las peticiones de Aragonès y la posible entrega policial de los golpistas catalanes a las autoridades españolas.


En fin, tiendo a creer que habrá elecciones para diciembre.


La verdadera excepción es Sánchez

Ignacio Ruiz-Jarabo. vozpopuli. 18 Julio 2022

Según extendido relato, argumentar que España es una excepción energética es lo que habría permitido convencer a la Unión Europea para que permitiera una de las medidas adoptadas por el Gobierno, el tope del precio mayorista del gas. Es posible que, como se describe en el relato, seamos una excepción energética, pero nuestra auténtica excepcionalidad en el entorno de la Unión Europea es tener como presidente del Gobierno a un personaje como Sánchez.


Ya fue excepcional en el contexto de la Unión la composición de la mayoría parlamentaria en la que Sánchez se apoya: comunistas y postcomunistas, independentistas, filo-etarras… También lo es su Gobierno, mastodóntico en tamaño, con los populistas de ultraizquierda en su interior y en permanente guerra interna. Claro, con estas excepciones, resulta imposible que las decisiones de Sánchez sean normales y en línea con las adoptadas en los países de nuestro entorno. Por el contrario, se constata consuetudinariamente que sí, que somos un bicho raro del club al que pertenecemos. Como vamos a exponer, la rareza es especialmente perceptible en el campo de la fiscalidad.


Una evidencia: ningún país de la Unión Europea ha aumentado los impuestos preexistentes durante la actual crisis: Sánchez sí, pues en el actual 2.022 han entrado en vigor en los impuestos de devengo periódico las varias subidas aprobadas previamente. Además, de una forma ignominiosa y sin que se le mueva un músculo de la cara -a lo que se ve, caracterizada por su dureza- Sánchez sigue utilizando la inflación como impuesto, llenando las arcas del Fisco a costa del empobrecimiento que a todos nos supone el alza del IPC. Es ésta una táctica hacendista propia de los antiguos Señores mediante la que esquilmaban a sus vasallos del modo tan ilegítimo como Sánchez esquilma ahora a los españoles. Como ejemplo, un asalariado que cobre el salario medio español y tenga dos hijos paga en IRPF 500 euros/año adicionales merced a la trampa de Sánchez de no deflactar y no actualizar el impuesto.


Por si no fuera suficiente lo anterior, ahora Sánchez nos ha anunciado dos nuevos impuestos: uno a las compañías energéticas -solo han optado por él una escasa minoría de países comunitarios- y otro a las entidades bancarias -solo aplicado en Hungría-. De ser emitido en prime time, el show protagonizado por la ministra de Hacienda cuando los explica rompería todos los récords de audiencia. ¿Cómo se puede llamar “extraordinarios” a los beneficios que obtiene una sociedad en el desarrollo de su actividad habitual? Y ¿cómo se puede afirmar que el Gobierno va a impedir que sean “repercutidos” a los clientes? ¡Si la repercusión es imposible en este tipo de impuestos! Vamos a explicarlo.


La repercusión es una técnica exclusivamente propia solo de los impuestos indirectos, en los que la carga tributaria (impuesto) que recae sobre una operación concreta (una venta o un servicio) es incluida en el precio que cobra la empresa a su cliente. Por el contrario, los nuevos impuestos son directos, no gravan operaciones concretas y, por tanto, no pueden ser repercutidos. Pero no porque el Gobierno lo vaya a prohibir, sino porque la repercusión no es posible.


¿Será el Gobierno capaz de calcular cuál es el aumento de precio que refleje estrictamente solo el aumento de los costes ajenos al nuevo impuesto?

Lo que sucede o puede suceder -dependiendo del mercado- en los impuestos directos es la traslación, instrumento por el que el sujeto pasivo gravado (empresa energética o bancaria) se resarce del coste tributario total que se le impone repartiendo la carga global que les supone el impuesto entre el conjunto de sus clientes mediante una subida de los precios que les cobra. Explicado esto ¿cómo proyecta el Gobierno impedir la traslación? ¿Va a prohibir legalmente que las entidades gravadas aumenten sus precios? Reparemos en que entonces, ante el crecimiento general del conjunto de sus costes, puede provocarles un funcionamiento en pérdidas. ¿Será el Gobierno capaz de calcular cuál es el aumento de precio que refleje estrictamente solo el aumento de los costes ajenos al nuevo impuesto? No es creíble, al margen de las dificultades legales con las que se encontraría para limitar la subida de los precios. Entonces ¿Cómo va a impedir la traslación? Y, de no poder impedirla, sus nuevos impuestos los vamos a pagar, otra vez, el conjunto de los españoles.


Fíjense la que ha liado Sánchez, la auténtica "excepción" de Europa. Todo ello sin dejar de considerar que sus nuevos impuestos: 1) Constituyen una doble imposición para la parte del beneficio que graven, pues ésta tributa también en el Impuesto sobre Sociedades; 2) Pretenden incorporar una retroactividad jurídicamente dudosa; 3) Resultarán arbitrarios al determinar la base de la tributación; y 4) Serán inflacionistas, por la descrita traslación. Claro que, al provocar más inflación, provocarán una recaudación tributaria mayor también en el IRPF -ilegítima, pero mayor-dada la indigna conducta de Sánchez al seguir negándose a deflactar el IRPF.


No hay duda. Somos una excepción. La voracidad fiscal impulsada por Sánchez que sufrimos los españoles, junto a la espeluznante ausencia de técnica tributaria y de seguridad jurídica que le acompañan nos convierten en una auténtica isla dentro de la Unión Europea.


Sánchez se entrega definitivamente a Bildu y blanquea el inolvidable terror

El líder del PSOE ha dado un paso irreversible al consagrar su ya firma alianza con el partido heredero de Batasuna y aceptar un cambalache infame con Otegi.

Editorial. Esdiario. 18 Julio 2022


El Gobierno ha aprobado, con el apoyo decisivo de Bildu, la nueva Ley de Memoria Democrática, que entrará en vigor cuanto la certifique el Senado a la vuelta del verano. Se trata de una ampliación de la ya polémica Ley de Memoria histórica de Zapatero, de 2007, que reabre las heridas de la Guerra Civil y resucita el espíritu de las “dos Españas” y le añade una novedad indignante.


Porque consagra la reescritura de la historia reciente del terrorismo, al incluir en el epígrafe de víctimas a los supuestos represaliados del universo abertzale. En síntesis, la Ley se resume en dos ideas: protege el recuerdo de las víctimas del franquismo pero no de las de ETA y prohíbe los marginales actos de exaltación de la Dictadura pero no los homenajes a etarras, mucho más frecuentes y dolorosos.


Bildu se crece tras sus pactos y arremete contra la Transición en la misma cara de Sánchez


La excusa de que con la Ley se cierra una herida es falsa: ya el 20 de noviembre de 2002 el Congreso aprobó, por unanimidad y con el respaldo del PP, una condena formal de la Dictadura y honrar a todas las víctimas, algo que se desprecia ahora con las más recientes, tantas de ellas con familiares asistiendo en directo al triste espectáculo.


La nueva ley es en realidad un paso más en la tarea de demolición de la Transición, denostada siempre por Podemos y el separatismo, que se sustenta en una gran reconciliación nacional para asentar la paz y apostar por la democracia.


Al intento de revivir la España de los bandos se le añade el desprecio a las víctimas de ETA y el blanqueamiento de sus socios políticos, una imposición de Bildu que enlaza con la exigencia pública de Otegi: respaldará a Sánchez en todo si, a cambio, da una salida a los presos terroristas.


Con el jefe de ETA

El Gobierno aprueba así una ley del agrado de Bildu, una coalición de partidos dominada por Sortu, heredera directa de Batasuna con el último jefe de ETA, David Pla, en su dirección, lo que añade un grado más de indignidad en un partido, el PSOE, definitivamente irreconocible.


Y lo hace en el sentido opuesto a las indicaciones de Europa: mientras Bruselas considera a ETA autora de crímenes de lesa humanidad y reclama que se resuelvan los 379 asesinatos pendientes de juicio; el Gobierno de Sánchez impulsa una ley que blanquea la historia del terrorismo y minimiza la Transición para dar un salto en el tiempo hasta 1936 y aquella España terrible que culminó con una Guerra Civil entre hermanos.


Vaya hermanos

Nota del Editor. 18 Julio 2022


Han transcurrido unas cuantas decenas de años y los otros "hermanos" siguen empeñados en romper España otra vez, en el quinto frente de la guerra que provocaron y que para ellos nunca termina si no ganan.


Sánchez pacta con Bildu la deslegitimación democrática del PSOE

JAIME IGNACIO DEL BURGO. Okdiario. 18 Julio 2022


El proyecto de Ley de Memoria Democrática preveía la creación de una comisión “técnica” para investigar los crímenes franquistas desde el golpe de Estado de 1936 hasta la promulgación de la Constitución de 1978. Pero tras su debate en comisión hace unos días Bildu pactó con el PSOE y Podemos que la referida comisión investigue los presuntos crímenes cometidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hasta 1983, es decir, cinco años después de la entrada en vigor de la Constitución. El Congreso aprobó la enmienda y cuando el Senado apruebe el texto de la Cámara Baja la nueva ley entrará en vigor.


Considerar a Bildu, heredero político de ETA, que acepta con orgullo su herencia, como interlocutor privilegiado para implantar la sedicente Memoria Democrática es un insulto no sólo a las víctimas del terrorismo etarra sino a la inmensa mayoría del pueblo español. No pueden dar lecciones de democracia quienes cometieron después del franquismo cerca de 1.000 asesinatos, hirieron de gravedad a otras 2.600 personas y secuestraron a casi 100 ciudadanos, movidos por el odio a las raíces españolas del País Vasco y de Navarra. Todo ello sin contar los casi 40 millones de euros que ETA recaudó mediante el llamado “impuesto revolucionario”, extorsión ante la que claudicaron miles de ciudadanos.


Es bien sabido que desde el asesinato en 1973 del almirante Carrero Blanco, presidente del Gobierno franquista, se produjo una violenta reacción por parte de algunos grupos de ultraderecha, con ciertas conexiones en los Cuerpos de Seguridad, que a toda cosa querían evitar la desaparición la dictadura. Tales actuaciones han sido profundamente investigadas tanto por la Justicia como por diferentes instituciones, entre ellas, la Oficina de Víctimas del Terrorismo del Gobierno vasco. En un informe publicado en 1999 la OVT concluye que desde la muerte de Franco y hasta 1983 fueron 36 las víctimas de los grupos incontrolados (Batallón Vasco Español, Triple A, Guerrilleros de Cristo Rey, Grupos Armados Españoles y otros), bajo los Gobiernos de Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo. A las víctimas anteriores hay que añadir, desde el tercer trimestre de 1983 hasta 1986, 27 asesinatos cometidos por los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), bajo el Gobierno socialista de Felipe González. Asimismo, y en lo que se refiere a los crímenes de la ultraderecha durante la transición, el informe de la OVT señala que «los antes citados sectores políticos de extrema derecha y elementos vinculados a los aparatos de unas fuerzas de seguridad del Estado aún pendientes de democratizar y con una incuestionable motivación política sembraron el terror en determinados sectores sociopolíticos vascos, normalmente vinculados a la izquierda, y sobre todo al nacionalismo vasco”. En ningún caso reprocha al Estado haber tenido complicidad con los grupos antiterroristas. Tampoco dice que durante ese mismo periodo fueron 456 los asesinatos perpetrados por ETA ni que todos los miembros de la banda terrorista en 1977 pudieron acogerse a la amnistía aprobada por las Cortes españolas para reinsertarse en la vida civil para defender sus postulados por la vía democrática. En la actualidad todavía hay sin resolver 349 crímenes de ETA, a los que el Parlamento Europeo, en una resolución de 21 de abril de 2022, insta a que se evite la prescripción pues podrían calificarse como crímenes contra la humanidad.


Es evidente que Bildu, a tenor de las manifestaciones de su portavoz, la proetarra Mertxe Aizpurua, editora y directora de periódicos al servicio de ETA como Egin y Gara, pretende imputar a los Gobiernos de la UCD (Suárez y Calvo Sotelo) haber practicado la violencia de Estado para así deslegitimar todo el proceso de la transición. Es ridículo pensar que cuando Suárez, siguiendo las instrucciones del Rey Juan Carlos, llevaba a cabo la ardua tarea de pasar sin violencia de la dictadura a la democracia, hubiera organizado o consentido atentados terroristas como, por ejemplo, el asesinato de cinco abogados comunistas en la calle Atocha de Madrid en enero de 1977, que estuvo a punto de hacer descarrilar todo el proceso de reforma democrática de la transición. Esta masacre no quedó impune pues, gobernando la UCD, la Policía detuvo a sus autores. vinculados al sindicalismo falangista, y los puso en manos de la Justicia. Dos de ellos fueron condenados a 193 años de cárcel.


Pero hay algo más. Lo verdaderamente paradójico es que Sánchez haya pactado con los proetarras que la investigación incluya todo el año 1983. Las nuevas generaciones desconocen que, el 28 de octubre de 1982, el PSOE de Felipe González, bajo el marco de la Constitución de 1978, y por tanto mediante elecciones totalmente democráticas y libres, obtuvo una gran victoria electoral (202 diputados, casi tres quintos de la Cámara, y 134 senadores, también mayoría absoluta). Hoy Sánchez gobierna con 120 escaños, 56 menos de la mayoría absoluta, y 92 senadores, lejos de la mayoría absoluta). Si duerme en la Moncloa es por el apoyo de partidos de extrema izquierda (como Podemos) e independentistas (como ERC y Bildu), radicalmente contrarios a la actual democracia constitucional.


Pues bien, en el tercer trimestre de 1983, según la conclusión del sumario Marey-GAL, instruido por el juez Baltasar Garzón, los policías Amedo y Domínguez recibieron la orden de reclutar con fondos reservados mercenarios para los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), cuya finalidad era combatir a ETA en el sur de Francia, donde el presidente de la República, el socialista François Mitterrand, consentía que el País Vasco francés fuera un auténtico santuario para la banda terrorista.


El 15 de octubre de 1983, los GAL secuestraron en Bayona a los terroristas de ETA José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, que fueron torturados en San Sebastián y trasladados a Aguas de Buson (Alicante), donde fueron asesinados y enterrados con cal viva. Los cadáveres aparecieron en 1985 pero hasta 1995 no se consiguió averiguar su identidad.


El 4 de diciembre de 1983, los GAL secuestraron en Hendaya (Francia) a Segundo Marey, hijo de un exiliado socialista de la Guerra Civil), que no tenía nada que ver con ETA. Sus secuestradores lo confundieron con el dirigente de ETA Mikel Lujua. Al conocer su error, fue liberado diez días después en Francia.


La Justicia española actuó con independencia del poder ejecutivo y Felipe González a punto estuvo de ser imputado por el Tribunal Supremo a petición del juez Garzón, instructor del sumario del caso Marey, por haber ordenado o consentido la creación de los GAL.


El 4 de noviembre de 1996 la Sala segunda del TS, por seis votos a favor y cuatro en contra, rechazó la imputación del ya ex presidente del Gobierno. El ponente de esta resolución fue el magistrado Cándido Conde-Pumpido, actual miembro del Tribunal Constitucional y aspirante a presidirlo. Sin embargo, González hubo de comparecer como testigo ante el Supremo en el juicio oral sobre los GAL.


El 30 de julio de 1998, se dictó sentencia por la que, en la causa abierta por el secuestro de Marey, el TS condenó a diez años de cárcel al que fuera ministro del Interior José Barrionuevo y al secretario de Estado de Seguridad Rafael Vera. También fueron condenados por esta causa el ex secretario general del PSOE de Vizcaya Ricardo García Damborenea, el ex gobernador civil de Vizcaya Julián Sancristóbal y el jefe de Policía de Bilbao Miguel Planchuela. Felipe González acudió a las puertas de la prisión de Guadalajara a despedir a Barrionuevo y Vera.


En realidad, lo único que queda por esclarecer de los GAL es si la acusación del juez Garzón que apuntaba directamente a González es cierta. Hace un par de años se desclasificó en los Estados Unidos un informe de la CIA de 1984 titulado España: Terrorismo vasco y respuesta gubernamental, en el que, si bien se oculta la fuente de la información, se afirma que Felipe González había autorizado la creación del grupo mercenario antiterrorista. El PSOE rechazó la creación de una comisión de investigación. Pero a rastras, González tuvo que comparecer ante el pleno del Congreso el 27 de julio de 1995. El líder comunista, Julio Anguita, coordinador nacional de Izquierda Unida, acusó a Felipe González de no decir la verdad: “Lo que generalmente ha venido en denominarse los GAL parte de manera indiscutible, a nuestro juicio, de una decisión política a muy alto nivel. Los GAL son la frontera transgredida que separa el Estado de Derecho de la delincuencia común… He afirmado públicamente que por acción u omisión consciente el señor presidente es el responsable de todo lo que engloba la denominación genérica de los GAL; esta afirmación, que reitero y subrayo solemnemente en mi intervención parlamentaria, la hago en base a pruebas y evidencias fundamentadas y basadas en los hechos, la lógica de los mismos y el resultado de la reflexión”.


Los GAL causaron un gravísimo daño a la causa de la democracia en España, pues permitió a ETA hablar de un conflicto entre el Estado español y el pueblo vasco. El recurso a la “guerra sucia”, aunque tuviera por objeto presionar al presidente galo socialista François Mitterrand para que pusiera fin a la utilización del País Vasco francés como “santuario” de ETA, cosa que se logró en 1986, era inadmisible en un país democrático, donde todos los poderes públicos están sometidos al imperio de la ley y el respeto a los derechos fundamentales es sagrado.


Consciente o inconscientemente, Sánchez ha pactado con los proetarras el total blanqueamiento de sus crímenes infames y que la “comisión técnica” de la Memoria Democrática pueda tratar de despejar la “X” de los GAL, que apunta directamente a González según Garzón y numerosos investigadores. ¿Acaso pretende Sánchez acabar con los restos del antiguo PSOE –algunos dirigentes históricos ya se han pronunciado radicalmente en contra– para seguir avanzando en su pensamiento revolucionario socialdemócrata-marxista, fiel a los orígenes del partido que en 1879 fundara Pablo Iglesias? ¿O hay algún pacto secreto de “no agresión”, que explicaría el silencio de Felipe González y de su ex ministro de Defensa José Bono? Ambos disfrutan de un rentable y confortable asilo en aguas del Caribe después de obtener con todos los honores la nacionalidad de la República Dominicana.


S’HA ACABAT!

CARMEN ÁLVAREZ VELA. gaceta. 18 Julio 2022


Para todos aquellos abatidos por la desesperanza, tenemos buenas noticias. No todo el mundo se ha rendido ante la bobería imperante, ante el miedo a eso que ahora se denomina de una forma tan cursi «significarse», ante las políticas identitarias y ante la cobardía del silencio. Los hay que se significan y se exponen. Vaya si se exponen. El gran problema es que, contra toda lógica, no son ni los más famosos ni los más reconocidos. En estos tiempos se reconoce más a la víctima impostada que al luchador.


Contra la moda y contra la corriente, aquí apostamos por los que combaten por su libertad y la de todos. LIBERTAD en mayúsculas. Y en este lado está el movimiento S’HA ACABAT!


Contra la moda y contra la corriente, aquí apostamos por ellos, por los que no se lamen las heridas en público, por los que combaten por su libertad y la de todos. LIBERTAD en mayúsculas. Y en este lado está el movimiento S’HA ACABAT!, un grupo de jóvenes catalanes que podrían pasar sus años universitarios de forma dulzona, sin problemas, sin complicaciones ¿innecesarias? y que, por el contrario, han elegido complicarse la vida. Y mucho.


El campus universitario que debiera ser escenario de sus mejores años, de historias de amores jóvenes y amistades eternas, es para ellos territorio comanche. Un lugar donde nadie les va a apoyar ante las agresiones verbales y físicas. Donde todo vale contra ellos. Cuando las hordas nacionalistas tiran abajo su carpa en la que ondea la bandera de España como único símbolo en Cataluña de unión, igualdad, democracia y libertad, no saldrá el rector a defenderlos ni permitirá que los mozos de escuadra entren a proteger su integridad. Contra los jóvenes de S’HA ACABAT! todo vale, y no pasa nada.


A mí, este grupo de jóvenes me reconcilia con la vida, con España, me causa admiración y, por desgracia, perplejidad. ¿Cómo es posible que pasen estas cosas en un país democrático sin abrir telediarios? Que en cualquier universidad española no haya libertad de expresión debiera ser un escándalo. Sin embargo, no lo es. Nos hemos acostumbrado a ceder espacios. Les sugiero que hagan una visita a la Facultad de Políticas de la Complutense. Vacúnense antes contra la viruela y todo lo que tengan a mano, por cierto, son unos cerdos.


Si la universidad está copada por la izquierda liberticida tan aficionada a los escraches y a impedir que todo aquel que se sale del guion progre abra la boca -Rosa Díez tuvo el honor de estrenar esta moda comandada por Pablo Iglesias-, en Cataluña la situación es imposible. Por eso me reconcilia con la vida que exista un grupo de valientes capaces de decirles que SE HA ACABADO. EL SILENCIO SE HA ACABADO.


Frente a la progresía que ha aceptado el nacionalismo como algo moderno, estamos los que levantamos la bandera de España como símbolo de igualdad real y de libertad


Júlia Calvet, Andrea Llopart y muchas otras son mujeres que no se consideran víctimas por serlo y que plantan cara a los totalitarios. Y cuando digo cara, es su cara. Golpes, insultos, vejaciones. ¿Dónde están las feministas? ¡En Times Square, de turismo por la causa! No, las mujeres de S’HA ACABAT! no merecen defensa, son mujeres de segunda, no son militantes de la causa correcta, ellas son militantes de la libertad. Libertad, ¿para qué?


S’HA ACABAT! nos defiende a todos, es la España que necesitamos en todas partes. Me representa a mí, que soy madrileña, pero también soy catalana, en tanto que soy española, y vasca y gallega y andaluza y extremeña y melillense. Esta es mi bandera.


Frente a la progresía que ha aceptado el nacionalismo como algo moderno, estamos los que levantamos la bandera de España como símbolo de igualdad real y de libertad. Frente a las taifas cuya mayor ocupación es justificar su triste existencia con idiomas inventados en ocasiones, con políticas excluyentes y clasistas, estamos muchos dispuestos a dar el paso y decir en todas partes que SE HA ACABADO. EL SILENCIO SE HA ACABADO.


Nada, absolutamente nada, dignificaría más a los Premios Princesa de Asturias que conceder el Premio a la Concordia a este grupo de valientes que representa a la España más moderna, más comprometida y más libre.


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