Recortes de Prensa Miércoles 27 Julio 2022
JORNADA 153 DESDE LA INVASIÓN RUSA
Odesa y Mykoláiv siguen en el punto de mira de Rusia, que no ha dejado de hostigarlos como parte de sus intentos para entorpecer la anunciada ofensiva hacia Jersón
El Confidencial. 27 Julio 2022
Moscú y Kiev mantienen el pulso en el sur y el este de Ucrania, a la espera de la prometida contraofensiva ucraniana en Jersón y la anunciada ofensiva rusa para rodear Sloviansk y Kramatorsk, los principales bastiones ucranianos en el Donbás. "Las fuerzas rusas continúan fortaleciendo sus posiciones en las regiones de Zaporiyia y Jersón en preparación para las contraofensivas ucranianas", ha afirmado el estadounidense Instituto de Estudios de la Guerra en su informe diario. El centro analítico estadounidense citó al jefe de la Administración Militar de Zaporiyia, Oleksandr Starukh, quien ha informado de que las fuerzas rusas están cavando trincheras en la central electronuclear de Zporiyia, la mayor de su tipo en Europa, y emplazado equipamiento militar en barrios residenciales aledaños. Mientras, el mando ucraniano ha constatado que las tropas rusas "están concentrando sus principales esfuerzos en tratar de mejorar la posición táctica y crear las condiciones para una ofensiva en las ciudades de Siversk y Soledar" de la región de Donetsk, donde "reponen las reservas de municiones y combustible".
Odesa y Mykoláiv, dos puertos cruciales para el suministro de grano ucraniano al mercado internacional, siguen en el punto de mira de Rusia, que no ha dejado de hostigarlos como parte de sus intentos para entorpecer la anunciada ofensiva hacia Jersón. Una táctica condenada por Kiev, que acusó a Rusia de "escupir en la cara" a la ONU y a Turquía, mientras que Moscú insiste que solo ataca objetivos militares, algo que no le impide el acuerdo de Estambul, según insiste.
Las claves del momento:
Erdogan llegará el 5 de agosto a Rusia para reunirse con Putin
La UE prorroga seis meses sanciones económicas contra Rusia por la crisis ucraniana
Rusia anuncia que se irá de la EEI y tendrá su propia base en el espacio
21:26 — La responsable de la NASA en la Estación Espacial Internacional (EEI), Robyn Gatens, ha indicado este martes que por el momento no han recibido ninguna comunicación oficial por parte de la agencia rusa Roscosmos en torno a la decisión de abandonar en 2024 el llamado laboratorio orbital. Durante una conferencia sobre la investigación científica en la EEI, la directiva se ha referido al anuncio hecho hoy en Moscú por Yuri Borísov, el nuevo jefe de la agencia espacial rusa y quien tras una reunión con el presidente de ese país, Vladímir Putin, confirmó que "la decisión de abandonar la EEI tras 2024 ya está tomada".
20:30 — La Unión Europea y Ucrania abordaron este martes opciones para incrementar su cooperación energética ante el reto que supone un posible corte de los suministros de gas por parte de Rusia, en respuesta a las sanciones impuestas por la UE por haber invadido al país vecino. “Siempre que hablamos de la seguridad del suministro en Europa, Ucrania forma parte de esa conversación, estamos en contacto constante y Ucrania forma parte de la plataforma energética de la UE, así como de sus dos grupos regionales”, indicó la comisaria europea de Energía, Kadri Simson, en una rueda de prensa junto al ministro ucraniano del ramo, German Galushchenko.
20:28 — Naftogaz, la compañía nacional de gas de Ucrania, se enfrenta este martes 26 de julio a un incumplimiento de pago después de que no haya logrado convencer a suficientes tenedores de bonos para que aceptaran una congelación de pagos de dos años en el último momento. La compañía ya incumplió la fecha límite para pagar un eurobono de 335 millones y ha estado negociando con los inversionistas para retrasar los pagos durante el período de gracia de un mes que ha vencido justamente hoy.
19:10 — La Unión Europea (UE) mostró este martes su unidad frente al chantaje energético por parte de Rusia con un plan que pretende reducir un 15 % la demanda de gas, pero que contempla derogaciones para responder a la situación de cada país, como pedían España y otros. Los ministros de Energía de la UE, reunidos en un Consejo extraordinario, cerraron un acuerdo político sobre una propuesta presentada el pasado 20 de julio por la Comisión Europea y adaptada tras intensas negociaciones a las peticiones de los Estados miembros, después de una fría acogida inicial de la mayoría de delegaciones.
19:02 — El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dialogó este martes con su homólogo de Uruguay, Luis Lacalle Pou, a quien solicitó que el país sudamericano imponga sanciones a Rusia. "Agradecemos la condena de la agresión de la Federación Rusa y el apoyo de Ucrania en las organizaciones internacionales", escribió el mandatario ucraniano en su cuenta de Twitter.
18:09 — Graham Phillips ha sido el primer ciudadano británico en ser agregado a la lista de sanciones del gobierno de Reino Unido contra Rusia. Phillips ha sido acusado de ser un altavoz de la propaganda rusa por los vídeos que publica sobre los avances de Vladímir Putin en su invasión a Ucrania. Además de seguir con detalle las posiciones rusas, ha llegado a sugerir que Ucrania está dirigida por nazis y que la masacre de ciudadanos ucranianos en Bucha fue un montaje. Las sanciones forman parte del último paquete ha anunciado este martes el Gobierno británico.
16:37 — El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha confirmado que el presidente ruso, Vladímir Putin, se reunirá con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan. El encuentro se produciría el 5 de agosto, según la agencia Interfax. Peskov dijo que los dos líderes discutirán los problemas regionales y las relaciones bilaterales, las cuales habrían empeorado después de que Rusia atacara la ciudad portuaria de Odesa. El ataque con misiles tuvo lugar apenas unas horas después de firmar un acuerdo con Turquía para permitir los envíos de granos de Ucrania fuera del país.
15:33 — La relación entre la NASA y Rusia sigue tensa. Rusia no ha comunicado todavía a la agencia espacial su intención de retirarse de la Espación Espacial Internacional en 2024, a pesar de que Rusia había afirmado que se retriaría de la asociación. El anuncio se realizó después de que tres astronautas aparecieran con las banderas de los estados separatistas del este de Ucrania mientras estaban en la Estación Espacial. La NASA afirmó en un comunicado que "reprende enérgicamente a Rusia por usar la Estación Espacial Internacional con fines políticos para apoyar su guerra contra Ucrania". La NASA continuó diciendo que ondear las banderas separatistas "es fundamentalmente inconsistente con la función principal de la estación entre los 15 países participantes internacionales para promover la ciencia y desarrollar tecnología con fines pacíficos".
14:02 — Reino Unido ha sancionado a los sobrinos del oligarca ruso Alisher Usmanov, quien tiene estrechos vínculos con el Kremlin Los familiares del oligarca, Sarvar y Sanjar Ismailov, han sido incluidos en la última lista de sanciones por parte de la comunidad internacional a Rusia como respuesta a la guerra de Ucrania. "No nos quedaremos callados viendo a los actores estatales designados por el Kremlin reprimir al pueblo de Ucrania o las libertades de su propio pueblo", dijo Liz Truss, candidata a primera ministra. Sarvar Ismailov fue anteriormente director del Everton Football Club y tanto él como Sanjar tienen importantes intereses en el país, sostuvo el Ministerio de Relaciones Exteriores británico. "Continuaremos imponiendo duras sanciones a aquellos que intentan legitimar la invasión ilegal de Putin hasta que prevalezca Ucrania", continuó Truss. Además, otras figuras clave que apoyan al Kremlin han sido sancionados, como Oleg Sviridenko, viceministro de Justicia dle Kremlin.
13:08 — La Unión Europea ha renovado las sanciones a Rusia hasta enero de 2023. Así lo han decidido los ministros de energía europeos en una reunión en la que han decidido reducir el gas, con excepciones, un 15% ante los cortes de Rusia. La medida, que se llevaría a cabo de agosto a marzo, fue descrita por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, como "un paso decisivo" para enfrentar la amenaza de una interrupción total del gas por parte del presidente ruso Vladímir Putin. Las sanciones se refieren a las que se introdujeron en 2014 y se ampliaron después de la invasión a Ucrania este mes de febrero.
12:34 — Rusia ha destruido ocho depósitos de armas de artillería y misiles ucranianos en la región de Mykolaiv y en Donetsk, afirmó el Ministerio de Defensa en su sesión informativa diaria. Funcionarios ucranianos informaron el martes que las fuerzas rusas lanzaron un "ataque masivo con misiles" contra el sur del país durante la noche, incluidos ataques contra la infraestructura en el puerto de Mykolaiv, en el Mar Negro.
10:41 — Las autoridades de Moldavia han expresado su preocupación por una posible invasión rusa. A pesar de que este escenario sigue siendo hipotético, la primera ministra moldava, Natalia Gavrilitsa, afirmó que es un riesgo. "Si las acciones militares avanzan hacia la parte suroeste de Ucrania y hacia Odesa estaremos muy preocupados". La primera ministra señaló que Moldavia es una región complicada y que la guerra ha dañado mucho su economía. El pasado mes de junio, la inflación llegó a un 32%. En este contexto, el jefe de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, Kirill Budanov, dijo que el ejército ucraniano estaría dispuesto a ayudar a Moldavia a expulsar a los 1.500 soldados rusos que están en la zona de Transnistria, según Odessa-Journal.
Sánchez o el arte de indultar a los suyos, sean golpistas o corruptos
OKDIARIO. 27 Julio 2022
Son consumados especialistas a la hora de indultar a los suyos. Que hay que sacar de la cárcel a unos golpistas que subvirtieron el orden constitucional, pues se les perdona a cambio de sus votos en el Parlamento y punto. Que hay que sacar al que fuera presidente socialista de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, condenado a 6 años años de cárcel por prevaricación y malversación -el saqueo de más de 680 millones de euros de los parados que se emplearon en untar a los suyos-, se le indulta con el argumento de que Griñán es un hombre honrado que no se llevó ni un euro. Hombre, si se los hubiera llevado a sus casa no le habrían condenado a 6 años, sino a muchos más. Pero consintió que se repartieran cientos de millones de forma ilícita, que por eso ha sido condenado. Porque la Intervención de la Junta le advirtió de forma reiterada que aquello era un escándalo, además de una ilegalidad, y miró para otro lado.
Si alguien solicita el indulto, «no hay motivo para denegarlo» y «más teniendo en cuenta la edad de Griñán», aseguran fuentes gubernamentales consultadas por OKDIARIO. La misma argumentación que hace poco más de un año utilizó el Ejecutivo de Sánchez para indultar a los golpistas catalanes. En el PSOE y en el Ejecutivo dicen que «Pepe Griñán es una buena persona» y que «no es justo que entre en prisión». La parte socialista del Ejecutivo reconoce que el indulto les «va a costar una buena bronca con los socios de Podemos», pero que «no les quedará más remedio que tragar», porque tienen «mayoría en el Consejo de Ministros». Se imaginan qué habría pasado si Mariano Rajoy hubiera indultado a Luis Bárcenas. Se habría montado -y con razón- la mundial. Pues ahora viene Sánchez e indulta a Griñán y la izquierda y las terminales mediáticas dirán que se ha hecho justicia porque el ex presidente socialista de la Junta de Andalucía es un «hombre honrado». ¿Y el Código Penal y los Tribunales de Justicia? Eso queda para la gente corrupta de derechas.
PSOE, tu nombre es corrupción
daniel-rodriguez-herrera. libertad digital. 27 Julio 2022
Una vez confirmada la condena a los responsables del mayor robo político de la historia de nuestra democracia, 679 millones de euros, esa máquina de picar carne humana que se hace llamar PSOE ha salido en tromba a… disculpar a los condenados. Si Zapatero, hace unos días, se mostraba orgulloso de Chaves y Griñán, principales pero no únicos condenados de la trama corrupta de los ERE, hoy la nueva portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha justificado sus actividades delictivas como un ejemplo de "honestidad", lamentando que paguen "justos por pecadores". Prepara así a la opinión pública para un próximo indulto, que no me cabe duda de que intentarán publicar en el BOE antes de que Griñán ingrese en prisión.
La excusa es que oficialmente no se llevaron un duro. Aquello que excusan, en inolvidables palabras del periódico global de la PSOE, como un "sistema heterodoxo de agilización de pagos" no era ni más ni menos que un régimen de compra de voluntades que formaba parte del entramado que permitió a la empresa socialista permanecer casi cuarenta años en el poder. Con la excusa de que los necesarios controles para evitar despilfarros y asegurar el cumplimiento de la ley "alteraban la paz social", la Junta recurrió a todo tipo de mecanismos ilegales para poder dar dinero sin control a empresas cercanas a la PSOE que nunca hubieran pasado el filtro de ningún interventor. Un mecanismo perfectamente engrasado e ilegal para mantener prietas las filas e impasible el ademán en Andalucía.
El dinero defraudado, 679 millones de euros, supone la condena más alta de nuestra historia por un caso de corrupción. Pero como no se llevaron directamente dinero a sus bolsillos, parece que encima ahora les debemos algo nosotros, los contribuyentes a quienes robaron. Porque según la PSOE y toda la legión de periodistas y opinadores que siguen de rodillas sus consignas, no es lo mismo que si lo hubieran robado para ellos. Y tienen razón. No es lo mismo. Es infinitamente más grave. Un corrupto de toda la vida simplemente roba el dinero. Lo que hicieron Chaves, Griñán y toda la banda de San Telmo fue robar para comprar la permanencia de su partido en el poder, para mantener Andalucía en la pobreza y el atraso durante décadas. Robaron más que nadie en España para comprar votos.
Por eso Pilar Alegría los justifica, claro. Al fin y al cabo, antes de ocupar su cargo actual fue famosa por una propuesta electoral destinada a los jóvenes donde se proponía pagarles 300 euros para gastar en "cultura" a cargo de los presupuestos públicos "si votaban al PSOE, que es a quien se le ha ocurrido la idea". A los socialistas siempre les ha parecido bien comprar votos con dinero público, así que tienen que vender que esa actividad es de lo más honesta, y que es tremendamente injusto que nadie vaya a la cárcel por ello. Y tienen que indultar a Griñán porque es indultarse a sí mismos. Todos los partidos tienen casos de corrupción en cuanto empiezan a tener contacto de verdad con dinero público. Pero ninguno se dedica a venderlo como una actividad honesta. Ni siquiera Convergencia y todos sus herederos políticos llegaron a tanto con el latrocinio de la familia Pujol.
Por eso el caso del PSOE es un caso aparte. Para el PSOE, la corrupción destinada a alcanzar y mantener el poder no es algo malo, porque al fin y al cabo ellos son el camino, la verdad y la vida; nadie alcanza la Bondad™ si no es a través de ellos. El robo de nuestro dinero con el fin de mantenerse en la poltrona sólo puede ser, en definitiva, algo bueno, honesto y justo. Lo cual los separa del resto de los partidos políticos no ya por cantidad, que también, sino sobre todo por calidad. Ellos creen en la corrupción para un fin superior. Ellos son, en definitiva, la corrupción hecha partido político. España no podrá caminar en la buena dirección mientras el PSOE siga existiendo.
El PSOE o la sexta familia
EMILIO CAMPMANY. libertad digital. 27
Julio 2022
Desde que se fundó, el PSOE ha sido una desgracia para España. Pero, por limitarnos a los últimos cincuenta años, recordar que tuvo durante la Transición un comportamiento mucho más irresponsable que el PCE. Tanta prisa tenía en alcanzar el poder, que no dudó en tratar con el golpista general Armada. Ya en la Moncloa, acabó con la división de poderes reduciendo parte del régimen de 1978 a democracia sólo aparente. Corrompió todas las instituciones que tocó y se propuso perpetuarse en el poder convirtiendo a España en una república bananera. Organizó con fondos públicos una banda terrorista que, con la incompetencia con la que el PSOE hace todo, atentó contra inocentes que nada tenían que ver con la ETA. Mientras mal soportaba los estertores del Gonzalato, el líder de la oposición sufrió un atentado del que salió milagrosamente ileso y que la ETA no podría haber cometido sin que alguien le suministrara información sobre el sistema de seguridad que protegía a José María Aznar. Cuando perdió el poder, Felipe González quiso que su sucesor fuera Almunia y, para que no fuera Borrell, le sacaron en El País sus corruptas andanzas de cuando fue secretario de Estado de Hacienda. Al final, se hizo con el partido el más solemne de los solemnes, una calamidad que deja en pañales a las siete plagas de Egipto. Para entregarse finalmente a un guaperas narcisista cuya mayor virtud es perseverar tanto más en el error cuánto más grave es. No sobra resaltarlo el día en que condenan a dos presidentes de la Junta de Andalucía y a otros socialistas por el descomunal latrocinio de los ERE. El PSOE es así, el de Felipe González y el de Chaves, el Zapatero y el de Griñán, el de Zarrías y el de Sánchez. Todos son el mismo PSOE.
Al partido socialista no le ocurre más que lo de siempre, que cuando percibe que va a perder el poder entra en pánico y empieza a hacer cosas más o menos estúpidas. Da risa ver como El País, que tanto tiempo lleva cobrando sustanciosamente sus servicios al PSOE, defiende los cambios introducidos por Sánchez en la cúpula diciendo que el presidente recurre a los pesos pesados del partido. Y resulta que deja en la secretaría de organización a un señor que se llama Santos Cerdán, que mantiene en riguroso secreto todo lo que ha hecho hasta ahora; coloca en la vicesecretaría general a María Jesús Montero, una inútil que Susana Díaz extraditó desde Andalucía para que no hiciera más daño; pone de portavoz a Pilar Alegría, que al menos sabe aprenderse de memoria las consignas que idea Félix Bolaños, y hace portavoz parlamentario al más ilustre de todos, a Patxi López, conocido como Patxi Nadie. Salvo Cerdán, todos fueron enemigos de Sánchez, lo que demuestra que, en su burricie, el presidente escucha los consejos que a Michael Corleone le daba su padre, don Vito: "ten cerca a los amigos, pero aún más cerca a los enemigos". No puede extrañar que, en una organización como el PSOE, los consejos más seguidos sean los de las Cinco Familias.
Un PSOE sin propósito de enmienda ante la corrupción de Chaves y Griñán
EDITORIAL. libertad digital. 27
Julio 2022
No se trata de incurrir en ese extendido papanatismo, según el cual, las sentencias no pueden ser objeto de crítica en un Estado de derecho: las resoluciones judiciales, como toda obra humana, son susceptibles de ser criticadas según su mejor o peor fundamento y a todo ciudadano le asiste el derecho en democracia a valorarlas públicamente. Ahora bien, aceptando que lo único que obliga el Estado de derecho respecto de las sentencias es a su cumplimiento, la reacción del PSOE ante la sentencia del Tribunal Supremo, que confirma, entre otras, las condenas de seis años de cárcel para el expresidente socialista de la Junta de Andalucía Jose Antonio Griñán y nueve de inhabilitación para su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, que dictara la Audiencia Provincial de Sevilla, pone en evidencia no sólo la doble vara de los socialistas a la hora de medir la corrupción en función de las siglas políticas a las que pertenecen los implicados, sino hasta qué punto el partido que preside Pedro Sánchez carece del menor propósito de enmienda ante una trama de corrupción institucionalizada que la nueva portavoz del PSOE, Pilar Alegría, sigue empecinada en tratar como si de una pequeña corruptela a titulo individual de "cuatro golfos" se tratara.
No. El fraude de los EREs —el mayor caso de corrupción de Europa— constituyó toda una trama ilegal institucionalizada y autorizada por los presidentes de la Junta para disponer y otorgar a discreción más de 650 millones de euros, saltándose todos los controles y normas, para subvencionar y engrasar las redes clientelares del PSOE y evitar que los socialistas perdieran uno de sus feudos.
Que el PSOE, a día de hoy, siga saliendo en defensa de la "honestidad" de Chaves y Griñán, que afirme que los dos expresidentes "no se aprovecharon de nada" y que sólo hubo "unos individuos con conductas absolutamente reprochables de las que sólo ellos son responsables", pone en evidencia hasta qué punto Pilar Alegria desconoce —o finge desconocer— la naturaleza delictiva de lo que Chaves y Griñán hicieron —tanto como de lo que deliberadamente dejaron de hacer—, con absoluta independencia de que ellos no se lucraran a título personal de la monumental malversación de fondos públicos que estaban tanto ilegal como deliberadamente autorizando. ¿O acaso cree el PSOE que el desvío de fondos públicos deja de ser un delito de malversación de fondos si no llega al bolsillo particular de quien lo autoriza? ¿O acaso considera el PSOE que quien dicta una resolución arbitraria y a sabiendas de su injusticia en un asunto administrativo deja de cometer un delito de prevaricación si no se beneficia personalmente de ello?
A este respecto, y puestos a cuestionar la sentencia del Supremo, cuyos argumentos se darán a conocer en septiembre, cabría preguntarse por qué Chaves no ha sido también condenado por un delito de malversación si él era tan consciente como Griñán del riesgo de que los millonarios fondos fueran "objeto de disposición con fines ajenos al fin público al que estaban destinados", tal y como señalaba la sentencia de la Audiencia de Sevilla. Lo que no es de recibo es basar la inocencia de Chaves y de Griñan —tal y como ha hecho la portavoz del PSOE— por el hecho de que ellos no se lucraran del delito que cometían.
Así las cosas, lo que también deja en evidencia la bochornosa reacción del PSOE de Sanchez —tan indecente como el silencio de sus socios de gobierno podemitas— es el interés del Gobierno por asaltar la cúpula del Poder Judicial. ¿Cómo abrir la puerta a la independencia judicial en el sistema de elección del CGPJ si los socialistas pretenden que los Altos Tribunales sancionen como corrupción —o como inconstitucional— sólo lo que a ellos o a sus aliados separatistas de gobierno les interese?
Lo que es evidente es que, vista la reacción del PSOE de Pedro Sanchez a esta sentencia, los socialistas carecen de toda legitimidad para dar lecciones de ética y de lucha contra la corrupción al PP o a cualquier otro partido político. Y es que, ¿qué propósito de enmienda cabe esperar de un partido que, lejos de pedir perdón por lo que Chaves y Griñan hicieron, tiene la desfachatez de afirmar que aquello no fue constitutivo de delito? Lo único que cabe esperar es el indulto.
Los ERE, el mayor escándalo de corrupción de la democracia y es del PSOE
Las condenas en firme a Chaves y Griñán señalan a todo el PSOE y a Pedro Sánchez, que llegó al poder denunciando corrupción y ahora calle y se hace cómplice de este bochorno.
ESdiario Editorial. 27 Julio 2022
El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a seis años de cárcel a José Antonio Griñán y nueve de inhabilitación a Manuel Chaves, ambos presidentes de la Junta de Andalucía y del PSOE, como responsables de una trama de corrupción institucionalizada que durante años desvió casi 700 millones de fondos públicos a través de los llamados ERE.
El escándalo no tiene parangón, por la jerarquía de los condenados, la participación de las instituciones, las inmensas cantidades defraudas y el objetivo perseguido, quizá lo más grave de todo: alterar el funcionamiento normal de la democracia para implantar un sistema clientelar que perpetuara al partido en Andalucía y le ayudara a ganar elecciones en toda España.
Ha habido muchos casos de corrupción en España, en todas las orillas ideológicas, pero ninguno de esta dimensión y naturaleza, por mucho que el PSOE y su formidable maquinaria mediática se empeñen en minimizarlo: sorprende que los mismos que aún hoy persiguen a Rajoy o a Cospedal con unos audios del infame Villarejo o han hecho del hermano de Ayuso o las mascarillas de Almeida un leiv motiv diario se dediquen ahora, sin demasiado pudor, a camuflar un bochorno sin precedentes.
Que afecta desde luego a los condenados, pero también a su partido y especialmente a su actual líder, el presidente Sánchez, por varias razones. La primera y más relevante es porque él accedió por vez primera a la Moncloa con una moción de censura que justificó en la necesidad de relevar a Rajoy por un caso de corrupción ajeno en cuyo juicio solo participó como testigo.
El caso de los ERE no solo juzga a
chaves y a Griñán, también al conjunto del PSOE
durante lustros hasta los tiempos de Sánchez
Que entonces pusiera el listón de exigencia tan alto y hoy guarde silencio o movilice a sus portavoces para atacar al PP e infravalorar este caso, es simplemente inadmisible y definitorio de un dirigente capaz de sostener lo uno y lo contrario sin el menor atisbo de escrúpulos.
Sánchez, señalado
Pero es que además él mismo es deudor del PSOE andaluz, que en tiempos de Susana Díaz le cedió todo su poderío para suceder a Rubalcaba: aquel desconocido dirigente local de Madrid llegó a Ferraz por el préstamo de la dirigente andaluza, que quiso situar a alguien provisional y sin peso mientras ella concurría a las Elecciones Autonómicas. Que luego fuera traicionada es otra historia, pero el comienzo de todo fue así.
Por lo demás, queda por resolverse el futuro personal de los condenados, que en un caso incluye penas de prisión y ya ha suscitado un intento de petición de indulto que a buen seguro Sánchez valorará: si lo hizo con los golpistas de Cataluña, ¿cómo no va a estudiarlo con los compañeros que hace nada presidían el partido que ahora le padece a él?
La ministra de Hacienda y entonces consejera de Griñán se negó a reclamar la devolución de los 680 millones de los ERE
María Jesús Montero pudo haber ordenado iniciar acciones para solicitar que se devolviera el dinero defraudado. No lo hizo.
Carlos Cuesta. libertad digital. 27 Julio 2022
El PP ha empezado a apuntar hacia una persona que sigue en estos momentos muy en activo y con un cargo muy decisivo en el Gobierno de Pedro Sánchez: María Jesús Montero, ministra de Hacienda. El Tribunal Supremo acaba de confirmar la sentencia condenatoria por el caso ERE con una cifra escandalosa en materia de corrupción pura y dura: 680 millones de euros. Y ella, Montero, fue consejera bajo el mando directo del condenado por malversación y prevaricación José Antonio Griñán y del también condenado por prevaricación Manuel Chaves.
Además, mantuvo una posición privilegiada en el Gobierno andaluz bajo el mando de Susana Díaz. De hecho, con Díaz, María Jesús Montero ocupó el cargo desde el que debía haber solicitado la devolución del dinero defraudado, según la legislación. Y no lo hizo.
María Jesús Montero podía haber aliviado una gran parte del daño provocado por la inmensa corrupción de los 680 millones de euros de los ERE, según el sistema normativo. Y no lo hizo. No solicitó la restitución del dinero cobrado fraudulentamente. Y no lo hizo pese a que la legislación la designaba como la persona encargada de hacerlo: la consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía.
Montero formó parte de los dos Gobiernos salpicados por esa época de corrupción: fue consejera de Salud y Bienestar Social entre el 7 de mayo de 2012 y el 9 de septiembre de 2013, con José Antonio Griñán como presidente autonómico. Griñán, el mismo que acaba de recibir la confirmación de la condena que lo lleva a prisión por malversación y prevaricación. Pero es que previamente —desde el 25 de abril de 2004 hasta el 7 de mayo de 2012— ocupó la cartera equivalente de Sanidad y Consumo, tocando años, por lo tanto, del mandato del también condenado por prevaricación Manuel Chaves.
Y Montero no acabó ahí su carrera de la mano del PSOE andaluz, ni mucho menos. Su labor y lealtad gustó y fue premiada: ocupó el cargo de consejera de Hacienda entre el 9 de septiembre de 2013 y el 6 de junio de 2018, ya con Susana Díaz.
Aunque esta última etapa de Gobierno no ha entrado en la Sala encargada del caso ERE, fue decisiva para recuperar el dinero de la corrupción. Cosa que nunca se hizo. Y era Montero la que debía haber reclamado la devolución de las subvenciones recibidas ilegalmente, según detallan las normas andaluzas.
Desde el PP no han tardado en recordar su papel decisivo en esta última fase: porque la ahora ministra de Hacienda, María Jesús Montero, decidió no reclamar los 680 millones robados en los ERE. Y es que Montero era en las fechas en las que se adoptaron las primeras decisiones judiciales ahora plenamente confirmadas —2016 y 2017— la consejera de Hacienda.
Los equipos jurídicos del PSOE tomaron la decisión en 2016 y 2017 de combatir el proceso judicial del caso ERE. Esos equipos jurídicos tenían una dependencia obvia de la entonces presidenta andaluza, Susana Díaz. Y es que hay que recordar que en aquel momento, esos equipos pidieron directamente el archivo de la causa penal e impidieron la reclamación de la devolución de los 680 millones de euros robados por la trama corrupta.
Pedro Sánchez también tuvo un papel importante en el apoyo a esas decisiones. Él ganó las primarias del PSOE en mayo de 2017 y decidió admitir como reacción a esa enorme caso de corrupción la omisión absoluta de respuesta: nada hizo para exigir la devolución de los 680 millones robados manteniendo el bloqueo a la recuperación de semejante importe.
Pero una persona cobró especial relevancia en esa operación de pérdida del dinero de los ERE: la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Porque la reforma legal andaluza de 2011 señala a la Consejería de Hacienda como responsable de decidir si se reclaman o no judicialmente los importes defraudados: y en aquellos años decisivos de 2016 y 2017 la consejera de Hacienda era la actual ministra de Hacienda.
El texto que reguló esta función del consejero de Hacienda es el "Decreto 367/2011, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de Organización y Funciones del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y del Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía". Esta norma destaca en su "disposición adicional primera, delegación de competencias" que "de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 101 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, se delega en las personas titulares de las distintas Consejerías la competencia que se recoge en los artículos 41.1, 42.2, y 64.2 del Reglamento de Organización y Funciones del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y del Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía, para autorizar o ratificar, en su caso, el ejercicio de acciones, incluyendo la presentación de querellas, así como el desistimiento y el apartamiento de éstas, por parte del Gabinete Jurídico". Entre esas decisiones se encuentra, efectivamente, la de reclamar el dinero en un caso de fraude como el de los ERE.
La disposición adicional lo aclara y añade que "todo ello sin perjuicio de las competencias que correspondan al titular de la Consejería competente en relación con la defensa de los derechos económicos de la Hacienda de la Comunidad", que es, una vez más, la de Hacienda. La ocupada en aquellas fechas por Montero.
Desde el equipo de la ahora ministra de Hacienda siempre han desviado balones en este asunto, señalando que, como quedó recogido en el Diario de Sesiones del Parlamento de Andalucía del 12 de abril de 2018, el consejero de Empleo Carnero Sierra reconoció que la orden de autorización de personación fue otorgada el 8 de febrero de 2011 por el que era consejero en ese momento. Y, según esa versión, desde ese momento, el Gabinete Jurídico ostentaba la representación procesal de la Junta de Andalucía, y podía adoptar y realizar todas aquellas acciones jurídicas, procesales y procedimentales necesarias para la defensa de los intereses que representa y que le otorga el ordenamiento jurídico. El Gabinete de la ministra ya ha negado en otras ocasiones su responsabilidad y ha señalado que las decisiones como la reclamación civil de los 680 millones quedaban bajo la responsabilidad del equipo jurídico de la Junta de Andalucía y que no existió orden alguna de su parte. Pero la legislación es clara al respecto y la señala a ella como responsable de la no recuperación del dinero.
Caso ERE: España no necesita al PSOE
Irene González. vozpopuli. 27
Julio 2022
La defensa que hace el PSOE de la honorabilidad de Chaves y Griñán, tras su condena por el mayor caso de corrupción, es una reivindicación del delito para legitimar todo lo que mantenga en el poder al PSOE. Todo. El caso de los ERE tiene una particularidad clave y sofisticada gracias a la cual el PSOE pudo malversar a espuertas durante 15 años en la Junta de Andalucía, 680 millones de euros, convirtiéndose en el mayor caso de corrupción de España. Los ERE no consistieron en la burda y habitual comisión. Como en el caso de MercaSevilla, descubierto cuando un sindicalista de UGT estaba exigiendo el pago de comisiones a unos empresarios, que lo grabaron en el año 2009.
Los ERE fueron un mecanismo de robo masivo introducido en la Ley de presupuestos de la Junta del año 2000 cuando era presidente Manuel Chaves y llevado a cabo por los órganos de las Administración autonómica cumpliendo dicha ley. Se maquilló la malversación dándole apariencia de ayuda legal, pero sin los controles de auditoría necesarios para todo gasto público. Lo que imposibilitaba la legalidad de las ayudas. Sólo tenían su apariencia.
El mecanismo consistió en aprobar por ley de presupuestos un programa presupuestario (fondo con una finalidad de gasto), destinado a financiar oficialmente unas ayudas a desempleados y empresas con pérdidas para hacer frente a los gastos de despido y prejubilaciones, (los ERE). Pero se ideó otro sistema, en lugar de tramitarse por el procedimiento ordinario, en el que la empresa solicita esa subvención presentando la justificación correspondiente y, tras pasar el trámite de control de la Intervención, la Administración concede y paga esa ayuda.
Ese programa presupuestario se nutría con ingresos bajo el epígrafe “transferencias de financiación” y lo gestionaba un ente de la Administración paralela de la Consejería de Empleo, la Agencia IDEA, encargada de materializar los pagos, mientras los expedientes se tramitaban en la Consejería. De este modo, no había necesidad de justificar las circunstancias alrededor de la ayuda, pues no era objeto de control de la Intervención General, el órgano que hace la auditoría interna de la Administración y se encarga de controlar la legalidad de los gastos públicos.
La Intervención emitió informes denunciando que dichos fondos no estaban siendo objeto de control y por tanto eran irregulares. Dichos informes solo podían estar destinados a la Consejería de Empleo, donde han recaído las mayores condenas al ser el último órgano ejecutor de la malversación; y a la Consejería de Hacienda, de la que fue titular Jose Antonio Griñán desde el 2004 al 2009. Por este hecho, el haber sido destinatario de informes de la Intervención denunciando la irregularidad de dicho mecanismo y haberlos ignorado, ha sido condenado a seis años de prisión por malversación. Chaves era presidente y al no ser éste destinatario de dichos informes sólo se ha podido probar la prevaricación.
Este expolio de una Administración extractiva de recursos de los ciudadanos ayudó a mantener en el poder al PSOE en Andalucía durante 20 años más nutriendo su red clientelar. Se pudo juzgar gracias a la Juez Mercedes Alaya, que sufrió todo tipo de acoso por parte de esa estructura del delito que ha sido el PSOE en Andalucía.
Ni una sola condena del PSOE por la sentencia, sino una reivindicación de la honorabilidad, de la legitimidad que tienen para acudir al delito si ello les mantiene en el poder. Ante este hecho el líder de la oposición, Núñez Feijóo, sale a reivindicar la honorabilidad del PSOE frente a dos casos aislados “que no han estado a la altura”.
Quizá Feijóo crea que debe salvar al PSOE de unos medios silentes dedicados a cuestionar al Tribunal Supremo por existir votos particulares de personas nombradas por el partido al que juzgan. Quizá crea que hay que salvar al PSOE de esas manifestaciones inexistentes en la calle de los parados y los andaluces que fueron expoliados. Quizá Feijóo aspira a presidir el PSOE como única forma de alcanzar la presidencia de España, pues piensa y actúa como si viviese en el año 2010, en una España imaginaria socialista, en la que no entiende el sistema sin el PSOE porque el sistema es el PSOE.
La continuidad de la democracia no exige mantener al PSOE, ni mucho menos España. Como el mercado no requiere el sostenimiento de una empresa deficitaria que desvía recursos de las que podrían transformar la realidad. Pero la permanencia de la democracia española quizá sí requiera depurar un partido que no juega en el mismo tablero ético, ni de legalidad, con el suficiente poder para usar ese ordenamiento jurídico contra el ciudadano, blindar su impunidad y su permanencia en el poder.
Quien pretende salvar al PSOE está condenando a España al subdesarrollo democrático, económico y político al confundir los intereses de la nación con los de un partido contrario a ella.
Babel en el Congreso de los Diputados
Rafael Del Moral. vozpopuli. 27 Julio 2022
Que nada, que ahora piden que se puedan hablar las lenguas cooficiales en las intervenciones del pleno, y acabarán pidiendo, en busca del más allá de lo insensato, que se enseñe catalán, valenciano, vasco y gallego en todos los institutos y universidades del Gobierno central, también llamado este país.
El hundimiento de Sánchez en las andaluzas permite a los nacionalistas chantajear al humillado a cambio de un mayor apoyo en las causas desestabilizadoras. Al fin y al cabo, el objetivo es astillar al estado, ganar terreno con chulería y pitorreo, sacar más músculo que el primo de Zumosol. Hace unos días el vicepresidente segundo de la Mesa del Congreso llamó al orden al portavoz del BNG cuando se expresaba en gallego: "Haga un uso lógico y sensato de su lengua.”
Y lo dijo de manera irreprochable porque el diputado Néstor Rego tiene dos lenguas propias, gallego y castellano, y si no tuviera la segunda, el pobrecillo se quedaría medio mudo. Sus dos lenguas viajan fundidas, como el café con leche. La naturaleza del diputado Rego es tan dependiente de una como de la otra, tan mamado va el gallego como el castellano. ¿O no, señor Rego? Y el espectáculo se adornó con un bufón usuario de la fabla aragonesa para montar el retablo de la confusión, vamos, como en la Torre de Babel.
No es una cuestión de lenguas, sino de nacionalismos. Marcar la superioridad con el numerito del bilingüismo es como amenazar con el primo policía. Un chantaje consentido por un gobierno reblandecido con las demandas de sus socios disidentes. El separatismo se ha adueñado de la arrogancia, de la supremacía y de la insensatez y de la chulería y a ver quien le quita ahora el cascabel al gato.
El separatismo manipula a la mayoría monolingüe de bebés catalanes desde el mes de septiembre del año en que cumplen tres, cuando los escolarizan para que choquen en la evolución de su aprendizaje. Se intensifica cuando llegan a los cuatro porque el ‘dónde, qué, quién, por qué y cuando’, aprendidos en ese orden, choca con una lengua que no es la que oyen en casa. Se complica más cuando dejan de chapotear en el idioma familiar y se ven heridos en su relación afectiva y social mientras el resto, que se relaciona en la lengua del profesor, no detiene su allanada evolución.
El suplicio no acaba en los cuatro años, se extiende a la educación infantil y especialmente en los años del aprendizaje de lectura y escritura. Los entornos socioeconómicos de las familias monolingües no siempre son los culturalmente elevados ni los económicamente acomodados. Niños faltos de oportunidades, de competencias emocionales, desequilibrados en sus relaciones sociales, menospreciados en el centro educativo. Niños frustrados, padres frustrados, emociones frustradas.
El separatismo se enfrenta a la Justicia catalana
El separatismo se mofa de la Ley con un despliegue para evitar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que implantaba el modelo de conjunción lingüística en el sistema educativo catalán. Pues sí. En España los poderes públicos llaman a desobedecer las resoluciones judiciales y a deslegitimar los Tribunales ante el silencio del Estado y de la Ley. El último objeto de la ira del nacionalismo lingüístico ha sido el auto de 4 de mayo de 2022 del TSJC que ordena al Departamento de Educación ejecutar la sentencia del 25% de castellano antes del pasado 31 de mayo. Ante la pasividad del Gobierno de la Nación, prohíben los porcentajes por razones pedagógicas. La Unión Soviética ya utilizó la misma fórmula para igualar al pueblo, se prohibió ser rico.
Manipulado el cuarto poder, el pueblo; y el tercero, la justicia; ahora pretenden manipular al segundo, el legislativo. Ya solo queda que el separatismo y sus veleidades lingüísticas se las arregle para gobernar España.
Las lenguas no son nacionalistas. Los europeos no expulsan al inglés después del Brexit, al contrario, cada vez gana más terreno la lengua de los británicos. Pocos piensan que utilizan la lengua imperial, sencillamente sienten que usan una lengua propia. Los argelinos expulsaron a los franceses, pero no a su lengua, hoy viva en el pueblo y en las universidades. Los judíos, tan devotos con el hebreo, acogen con sabiduría al inglés, que se convierte paso a paso en la lengua vehicular más hablada en Israel.
Uno puede ser nacionalista con cualquier lengua. Encantados están los kenianos cuando hablan inglés, y los marroquíes cuando se expresan en francés, y los mayas cuando hablan español porque son lenguas que prestan un servicio de gran utilidad. A ningún inglés se le ocurre estudiar galés, ni a ningún francés occitano, salvo con fines ajenos a entenderse mejor con galeses u occitanos, pues nada mejoraría el entendimiento en inglés o francés, lenguas propias de los interlocutores.
Pero hay un argumento irrefutable. La mayor parte de la humanidad habla dos lenguas, hebreo e ingles, árabe y francés, quechua y español, y esos hablantes no son más propietarios del hebreo, árabe o quechua que del inglés, francés y español.
Los diputados nacionalistas, envalentonados con el protagonismo de cogobernar España e influir en su futuro, prescinden, como ya hacen en sus autonomías, de todo principio moral o ético. Interesa embadurnar la política nacional con el fingimiento de hacer de una de sus lenguas una pantalla grotesca a modo de Retablo de las Idioteces.
La Generalidad ordena a los centros educativos evitar el español en todas sus actividades
Crea la figura del "coordinador lingüístico", el comisario encargado de que se cumplan las instrucciones que discriminan el castellano.
Pablo Planas. (Barcelona). libertad digital. 27 Julio 2022
Nueva vuelta de tuerca de la Generalidad catalana en su propósito de convertir el idioma español en una lengua extranjera. Tras haber logrado incumplir el fallo judicial del 25% de español en la enseñanza obligatoria e impartir órdenes tajantes de que no se apliquen porcentajes en los planes lingüísticos de cada centro, acaba de remitir un catálogo de instrucciones que refuerza la inmersión lingüística y erradica el español de todas las actividades y espacios de los centros educativos.
Con el título Documentos para la organización y gestión de los centros. Proyecto educativo del centro. Curso 2022-2023, la consejería de Educación, en manos del republicano Josep González Cambray, imparte instrucciones para asentar el modelo educativo separatista. Así, recuerda a los docentes "el papel de la lengua catalana, y del occitano en el Valle de Arán, como eje vertebrador del proyecto educativo del centro". Y a mayor abundamiento, recalca que "los centros deben velar para que el catalán en toda Cataluña, salvo en el Valle de Arán, y el occitano (denominado aranés) en el Valle de Arán, como lenguas propias, sean las lenguas normalmente empleadas como lenguas vehiculares y de aprendizaje del sistema educativo, y que la lengua de signos catalana sea la lengua de referencia cuando proceda".
Lengua de aprendizaje y más
Para ello, el parte de la consejería insiste en que "de acuerdo con la legislación educativa, la lengua catalana debe ser el vehículo de expresión y de comunicación normalmente empleado tanto en las actividades internas del centro como en las de proyección externa". Y añade: "La lengua catalana no es únicamente una lengua objeto de aprendizaje. Es la lengua de la institución y, por tanto, la lengua de uso habitual en todos los espacios del centro, en la relación con la comunidad educativa y con todos los estamentos sociales en general".
Las órdenes especifican, por ejemplo, que todas las "actividades internas de los centros, tanto orales como escritas (reuniones, actos, informes y comunicaciones), las exposiciones de los profesores, las actividades de aprendizaje y evaluación, la interacción entre docentes y con los alumnos, y las actividades de formación del profesorado" se deben llevar a cabo "normalmente" en catalán, a excepción del Valle de Arán, en el que la norma "bendice" el uso del aranés.
El español, ni en el comedor
La obsesión reguladora para erradicar el español de las escuelas llega al punto de indicar que se debe informar a los profesionales encargados del comedor escolar y las actividades extraescolares "de los usos lingüísticos de la escuela acordados en el proyecto lingüístico" para que actúen en consecuencia. También señala que la rotulación de todos los espacios escolares se debe hacer sólo en catalán.
Además, da por sentado que "los equipos docentes son conscientes del uso profesional que hacen de la lengua y del hecho de que son un modelo lingüístico de referencia para el alumnado".
La Fiscalía de Cataluña tumba las denuncias contra el consejero que boicoteó el fallo del 25% de español en las aulas
En cuanto al español, al que el documento de la Generalidad se refiere en las escasas ocasiones que cita la lengua como "castellano", la consejería de Educación recurre a la jerga habitual para reseñar que los alumnos "tengan un dominio pleno de las lenguas oficiales catalana y castellana". En otro apartado menciona "la enseñanza y uso curricular y educativo del catalán y el castellano".
Una lengua extranjera
Sin embargo, no es que el tratamiento de la lengua española no tenga la consideración de vehicular que le otorgaba la sentencia del 25%, elevada al Tribunal Constitucional por las maniobras legislativas de socialistas y separatistas, sino que es tratada como una lengua extranjera. Así, las instrucciones indican que "cuando una familia lo solicite, los equipos directivos o los titulares de los centros deben adoptar las medidas organizativas pertinentes para prestar la atención individualizada en castellano en la primera enseñanza, de manera que se haga compatible la pertenencia al grupo de clase con la especificidad del aprendizaje de estos alumnos".
A continuación, la orden expone que "el director o directora del centro debe comunicar a los servicios territoriales o, en la ciudad de Barcelona al Consorcio de Educación, las necesidades derivadas de la organización de la atención individualizada en castellano en la primera enseñanza que no puedan ser atendidas con los recursos del centro".
Comisarios de "cohesión social"
Para que nadie se desmande, la Generalidad ordena que cada centro disponga de la figura del "coordinador de lengua, interculturalidad y cohesión social" que tendrá que velar por el cumplimiento de todas las disposiciones y promover (aún más) el uso del catalán en las actividades no lectivas y extraescolares. También se le reclama "recopilar información sobre las lenguas en que se imparten las áreas, materias o asignaturas no lingüísticas y sobre los proyectos plurilingües que se desarrollen en los centros". En la práctica, un comisario político cuyo nombramiento será, en principio, potestad de los directores.
La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) ha anunciado que recurre ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) las instrucciones impartidas por la Generalidad en la circular con fecha de 19 de julio porque vulneran derechos y preceptos constitucionales.
Recurso constitucionalista
La impugnación se sustenta, sostiene la AEB, "en la vulneración de los derechos fundamentales a la no discriminación (art. 14 de la Constitución) y a la educación (art. 27 de la Constitución)". Además pide como medida cautelarísima que : "Se ordene al Departamento de Educación que en el curso 2022-2023 se incluya en los proyectos lingüísticos de los centros educativos públicos y privados sostenidos con fondos públicos el castellano como lengua vehicular de enseñanza y de referencia (además del catalán, el aranés en el Valle de Arán y la lengua de signos catalana)".
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No hay corruptos honrados
Editorial ABC. 27 Julio 2022
Desde ayer, Manuel Chaves y José Antonio Griñán no tienen presunción de inocencia. La sentencia del Tribunal Supremo que confirma sus condenas por el caso de los ERE falsos no merma su dignidad personal, pero los declara responsables penales, sin matices, de la mayor trama de corrupción pública que ha conocido la democracia española. No hay precedente, del PSOE o de otra formación, que aguante una mínima comparación con el saqueo de ingentes fondos públicos andaluces para que fueran a parar a amigos, familiares y compañeros de partido. No hay formación política ni comunidad autónoma que tenga a dos expresidentes condenados por corrupción. Solo el PSOE. La trama clientelar tejida por el socialismo en Andalucía queda retratada con esta condena a Chaves y Griñán. Los que hablaban de las victorias 'dopadas' del Partido Popular por Bárcenas y la 'trama Gürtel' tienen ahora ocasión de aplicar sus exigencias democráticas al PSOE, con el incremento exponencial que corresponde al caso.
Siendo firme la sentencia del Supremo, cuando se notifique en su integridad a los condenados y a la Audiencia de Sevilla comenzarán los ingresos en prisión. Los anunciados recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional no deberían suspender el encarcelamiento de los que tienen penas de prisión por encima de los cinco años. Pero ya es conocida desde hace tiempo la creatividad de un Constitucional de mayoría progresista, como se vio con la absolución de la Mesa Nacional de HB y con la legalización de Bildu. El tiempo va encajando las piezas, como la prisa del Gobierno por imponer al CGPJ la renovación en septiembre de dos magistrados del TC, para que Pedro Sánchez pueda hacer lo mismo con los dos que debe designar el Ejecutivo. Y si el TC no responde a las expectativas, o si los plazos aprietan a los encarcelados, para eso está el indulto, convertido en el antídoto sectario al Estado de derecho.
El PSOE trató ayer de asimilar una sentencia que rompe por el eje su discurso contra la corrupción. Nada será igual de ahora en adelante cada vez que un socialista suba a la tribuna del Congreso. Las declaraciones amigables de los dirigentes socialistas con Chaves y Griñán demostraron esa doble moral que tienen con el Código Penal, articulada en el argumento de que la izquierda no comete delitos, sino que es perseguida por una trama político-judicial; la izquierda no roba, sino que distribuye riqueza; y si la cosa es muy evidente, como en los ERE, todo se habrá debido a un exceso de celo por el bienestar del pueblo. Que Chaves y Griñán no se hayan llevado un euro a su bolsillo no significa nada más que eso, pero en política hay otras formas de lucrarse, como es asegurarse la permanencia en el poder, esclavizar lealtades y generar servidumbres. La corrupción tiene muchas formas de manifestarse. Y no hay corruptos honrados.
El PP ha anunciado que no utilizará contra el PSOE la sentencia sobre los ERE. Es un gesto que le honra y del que esperemos que no se arrepienta, porque la reciprocidad brilla por su ausencia en el PSOE cuando se trata de apaciguar el clima político. Además, en el metabolismo laxo del PSOE acabará teniendo su digestión esta condena, como la ha tenido el pacto con los proetarras de Bildu o los golpistas de ERC. La izquierda cree ser incorrupta, pero solo sucede que ha perdido los escrúpulos democráticos, como cuando ayer la nueva portavoz de la Ejecutiva, Pilar Alegría, dijo que los ERE sirvieron para crear empleo. Es otra forma cualquiera de maquillar la verdad.
LA IMPOSICIÓN DEL CATALÁN
Cien familias se suman a la denuncia contra Armengol por impartir el 100% de la enseñanza en catalán
MIQUEL ÁNGEL FONT. Okdiario. 27 Julio 2022
Al menos un centenar de familias se ha sumado a la iniciativa lanzada por varias entidades constitucionalistas en Baleares para presentar una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas contra el Govern que preside la socialista Francina Armengol por ofrecer el 100% de la enseñanza en catalán en todos los centros públicos. En la demanda también exigen el cumplimiento de las diversas sentencias del Supremo y el Constitucional que obligan a impartir al menos el 25% de las horas lectivas en español.
La campaña para exigir clases en español la desarrollan conjuntamente Sociedad Civil Balear y la asociación de profesores Plis. Durante el curso escolar estas entidades han ofrecido información a los padres de alumnos en las puertas de los institutos y les han facilitado los trámites para denunciar la inmersión lingüística en catalán.
Hasta ahora la estrategia era presentar el contencioso de forma individual y de hecho ya se han entregado cuatro en el TSJB que se suman a la primera de todas que la presentó la entidad Hablamos Español en nombre de Salvador Iglesias, el padre de una alumna de instituto con dificultades para estudiar sólo en catalán.
Tomeu Berga, presidente de Sociedad Civil Balear, explica que ahora se ha pensado que sería más efectivo presentar una demanda conjunta ante el TSJB. De momento unas cien familias ya han cumplimentado en parte los trámites para suscribir la denuncia y de ellas medio centenar ya han firmado la demanda que se presentará formalmente en septiembre y cuando los interesados, algunos ahora de vacaciones, estampen su rúbrica.
Sociedad Civil Balear cree que al final serán más de cien las denuncias y que incluso se pueden alcanzar las 150.
Igual que en Cataluña
Para la asociación Plis y Sociedad Civil Balear la presentación de las demandas es ahora más importante visto lo que sucede con la Generalitat de Cataluña que está haciendo lo posible para vulnerar el mandato de impartir al menos el 25% de las clases en español. La última decisión ha sido la directriz remitida por el Departamento de Educación a los colegios para eliminar el castellano de las aulas.
La directriz deja claro a la dirección de los colegios e institutos que el catalán es la lengua de aprendizaje y «la lengua de la institución y, por tanto, la de uso habitual en todos los espacios del centro, en la relación con la comunidad educativa y con todos los estamentos sociales en general».
En Baleares la situación es similar a la de Cataluña, dado que la Ley de Educación del Govern de Armengol aprobada por el Parlament el pasado mes de febrero eliminó el español como lengua vehicular en la enseñanza y, además, estableció que los centros educativos puedan dar el 100% de las clases en catalán, como sucede en la realidad.
De momento, el TSJB ya ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por las cinco familias de las Islas que solicitan que al menos el 25% de la enseñanza de sus hijos sea en castellano.
Estas familias ya habían agotado la vía administrativa que marca el protocolo a seguir y donde el primer paso es presentar una solicitud al director del instituto para que sus hijos reciban al menos el 25% de las horas lectivas en español en cumplimiento de las diversas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.
Una vez obtenida la negativa de los directores de los centros docentes a modificar el modelo lingüístico, como ha sucedido en todos los casos, los padres presentaron, con la ayuda de Sociedad Civil Balear y la Asociación Plis, la reclamación ante la Conselleria de Educación que preside el socialista Martí March.
Los demandantes acudieron a la Justicia tras agotar la vía administrativa y obtener la negativa de la conselleria a modificar el modelo lingüístico que se aplica en los institutos y que no es otro que la inmersión lingüística en catalán.
Los trámites
Fue a finales de año cuando la asociación Plis y Sociedad Civil Balear iniciaron una campaña en las puertas de los institutos y colegios públicos para informar a los padres de su derecho a exigir que sus hijos reciban al menos el 25% de la enseñanza en español. También se les informaba de los trámites a seguir y se les ofrecía el asesoramiento y ayuda para cumplimentar los trámites.
Fruto de esta campaña, decenas de familias presentaron solicitudes que se encuentran en diferentes fases de tramitación. Una parte están en la primera fase, que es la reclamación al director del instituto para que cumpla con la legislación y ofrezca enseñanza en español a sus hijos. En todos los casos que se conocen, los directores de los centros docentes han rechazado la petición de los padres alegando que aplican el modelo educativo de inmersión lingüística en catalán aprobado por el Govern.
Otra parte de las familias ya han presentado la petición ante la Conselleria de Educación tras obtener la negativa de los directores de instituto. Al igual que sucedió con Salvador Iglesias, primer padre en acudir a la Justicia, las cinco familias ya habían agotado la vía administrativa y no han tenido más remedio que acudir al Tribunal Superior de Justicia.
La asociación de profesores Plis ha reconocido «el valor de todas estas familias que, para exigir satisfacción de derechos, deben enfrentarse a un largo recorrido de obstáculos ante la administración, que demuestra estar para impedir derechos, no para satisfacerlos». «Por si fuera poco, además han de hacerse cargo de los gastos inherentes a un juicio, contratación de apoderado y abogado, en plena época de crisis económica y contra la administración, que cuenta con ingentes recursos económicos y humanos».
El Gobierno da un cheque de 500 millones a Cataluña para que ERC apoye los Presupuestos
Las CCAA acuden al Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que se les va a comunicar oficialmente que su objetivo de déficit para 2023 se eleva del 0,1% al 0,3%, dos décimas que asumirá el Estado
MERCEDES SERRALLER. vozpopuli. 27 Julio 2022
La búsqueda del apoyo de ERC a los Presupuestos ha logrado ampliar el objetivo del déficit de las comunidades autónomas para 2023, año electoral para la mayoría de ellas. Así lo admiten fuentes de Hacienda y así lo han blandido los de Esquerra, que se precian de haber arrancado 500 millones de euros para Cataluña. Las comunidades autónomas acuden este miércoles al primer Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) presencial desde febrero de 2020, en el que se les va a comunicar oficialmente que su objetivo de déficit para el año que viene se eleva del 0,1% al 0,3%, dos décimas que asumirá el Estado, toda vez que el Gobierno mantiene el tope del 3,9% comprometido para el conjunto de las Administraciones.
El CPFF se celebra además este miércoles casi a la vez que la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat, que se reanuda tras diez meses, después de que Pedro Sánchez y Pere Aragonès se reunieran el pasado 15 de julio. Entre la mejora del objetivo del déficit y la activación completa de la mesa de diálogo en la que se buscan acuerdos concretos, el Gobierno espera tener el aval de ERC para las Cuentas y enterrar las desavenencias que se venían larvando desde el voto en contra de los de Esquerra a la reforma laboral. Y que alcanzaron su punto álgido con el escándalo de las escuchas de Pegasus. Una falta de armonía que fue palpable en el Debate sobre el Estado de la Nación.
Otras CCAA venían demandando que el objetivo del déficit de 2023 se suavizara. Ya en 2022 estaban acusando el ajuste que ha supuesto el objetivo del déficit del 0,6% para este año, una reducción desde el 0,7% de 2021, lo que supone unos 1.200 millones de euros menos para gastar.
Son unos parámetros orientativos, claro está, con la suspensión de las reglas fiscales en vigor desde 2020, que la Comisión Europea acaba de prorrogar para 2023.
Sin embargo, en el caso de las comunidades, estos límites adquieren gran trascendencia ya que si no los cumplen, el Ministerio que dirige María Jesús Montero no les permite salir a financiarse a los mercados o en todo caso deberá autorizarles si no lo hacen.
En estos momentos, Baleares, Murcia y Comunidad Valenciana incumplen la referencia del déficit. En 2021 Comunidad Valenciana y Murcia superaron el objetivo.
Con esta referencia han tenido que elaborar los Presupuestos regionales de 2022. A esto se añade que las comunidades tienen este año menos dinero para gastar, en concreto, 15.737 millones de euros menos que en 2021. Todos estos factores han complicado el margen presupuestario de las regiones desde el pasado otoño y les están provocando tensiones, según han trasladado fuentes autonómicas a Vozpópuli. En 2022 no disponen ya de los fondos Covid que tuvieron en 2020 y 2021. Todo esto, en un contexto de inflación ya por encima del 10%, con las elecciones en Castilla y León y Andalucía este año, y autonómicas el 28 de mayo de 2023.
En el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se ha celebrado, en julio de 2021, María Jesús Montero subrayó que las entregas a cuenta de 2022, de 112.213 millones, iban a ser históricas, que se abonaría la liquidación del IVA de 2017 a la que le ha obligado el Tribunal Supremo, por 3.100 millones, y que perdonaría las liquidaciones negativas de 2020 (se perciben con dos años de retraso), que cifró en 3.900 millones. Finalmente, teniendo en cuenta todos estos factores, en 2022 las regiones tienen 123.690 millones de euros para gastar, por 139.427 de que dispusieron en 2021, según cálculos de fuentes autonómicas, con un poder adquisitivo mucho menor del esperado por la elevada inflación.
El orden del día del Consejo de Política Fiscal y Financiera de este miércoles no prevé que se traten las entregas a cuenta de 2023.
Otras reformas
El Gobierno espera así allanar el camino para que ERC dé su aval a los Presupuestos de 2023, cuyo techo de gasto, el pistoletazo de salida de la negociación, de 198.221 millones, un 1,1% más, ha aprobado este martes.
En paralelo a las Cuentas, el Ejecutivo quiere tramitar los dos nuevos impuestos que ha anunciado, a energéticas y banca, en los que también ofrece un papel protagonista a sus socios. Prevé que el Grupo Socialista y Podemos registren esta semana una proposición de ley que ha dicho que sólo va a negociar con los grupos.
A lo que se suman otras reformas que debe ir validando en las Cortes, la mayoría, en el seno del Plan de Recuperación comprometido con Bruselas, como la que pretende que los autónomos coticen según sus ingresos reales, pendiente de convalidación, y las que quedan de las pensiones, como la que proyecta elevar el cómputo del cálculo y la que plantea subir las bases máximas de cotización.
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