Recortes de Prensa  Jueves 28 Julio 2022

JORNADA 155 DESDE LA INVASIÓN RUSA

Ucrania espera poder liberar "completamente" Jersón para septiembre

Las fuerzas ucranianas han informado, a su vez, que habían destruido parcialmente un puente en Jersón, considerado clave para los suministros rusos a la ciudad sureña

El Confidencial. 28 Julio 2022

El Ejército ruso continúa los intentos de blindar los territorios ocupados en el sur de Ucrania ante los persistentes intentos de Kiev de recuperarlos por la fuerza, a la vez que prosiguió sus ataques en dirección a Bajmut, bastión clave para el control sobre la parte de la región de Donetsk que sigue en manos ucranianas. Kiev espera poder liberar "completamente" de los rusos la región de Jersón para septiembre. Las fuerzas ucranianas afirman haber recuperado 44 de las más de 600 localidades de esta región.

Además, el ejército ucraniano ha denunciado ataques desde el territorio de Bielorrusia hacia la región de Chernígov, aunque todavía no se ha informado sobre daños y víctimas. A su vez, las fuerzas de Kiev han informado que habían destruido parcialmente un puente en Jersón, considerado clave para los suministros rusos a la ciudad sureña, la única capital de provincia bajo control ruso. El puente Antoniv sobre el río Dnipró se sitúa al este de Jersón y es una de las infraestructuras más importantes de la zona que han sido atacadas durante los últimos días, junto al puente Daryiv y la vía que discurre por la presa Kakhóvskaya, según fuentes ucranianas.

Mientras, la inteligencia británica destaca "avances tácticos" de la compañía militar privada rusa Wagner en el Donbás en torno a la central eléctrica de Vuhlehirska y el pueblo vecino de Novoluhanske. "Es probable que algunas fuerzas ucranianas se hayan retirado del área", destacan los militares británicos en su parte diario. Según las milicias prorrusas de Lugansk, todo el territorio de la instalación termoeléctrica, una de las mayores de Europa, pasó a control ruso el 26 de julio. Los combates por la central de Vuhlehirska, situada en la localidad de Svetlodarsk, a orillas del embalse de Uglegorsk, estallaron en junio.

Las claves del momento:

Rusia trata de frustrar la contraofensiva en Jersón mientras lucha en Donetsk

Tres puertos del Mar Negro han reanudado las operaciones para exportar grano, según Kiev

Turquía inaugura el centro de coordinación para la exportación de cereal ucraniano

08:40 — Las autoridades ucranianas han anunciado este jueves un ataque con proyectiles desde Bielorrusia contra la región de Chernígov, en el norte del país, alrededor de las 5:00 horas de la madrugada, según ha señalado el jefe de la Administración Militar Regional de Chernígov, Viacheslav Chaus.

A pesar de que todavía no hay información sobre víctimas y daños, Chaus ha pedido a la población que "no ignore las alarmas" y que "vaya a refugio dentro de lo posible". A su vez, ha destacado que "la frontera está bajo control". 07:30 — El Gobierno y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos estiman que Rusia lleva unas 75.000 bajas entre muertos y heridos desde que comenzó su invasión de Ucrania en febrero, según publicó este miércoles el diario 'The New York Times'.

De acuerdo con la información del Times, que cita como fuente a un legislador que ha mantenido conversaciones con representantes gubernamentales, la cifra supondría que la mitad de los 150.000 efectivos que Rusia llegó a tener desplegados en Ucrania esta primavera habrían causado baja.

07:00 — El puerto comercial de Odesa y otros dos del Mar Negro han reanudado las operaciones para proceder a la exportación de cereales ucranianos, según lo establecido en el acuerdo suscrito la semana pasada entre Ucrania y Rusia para desbloquear el grano y aliviar la crisis alimentaria mundial.

Sánchez con los separatistas y contra la ley y el español en Cataluña

EDITORIAL. libertad digital. 28 Julio 2022

Grave es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuestione al Tribunal Supremo al considerar que la sentencia que condena a Chaves y Griñán por el fraude institucionalizado de los ERE "hace pagar a justos por pecadores". Con todo, mucho más inadmisible, desde un punto de vista político y jurídico, constituye el pacto de Sánchez con los golpistas de ERC para hacer definitivamente caso omiso a la sentencia de ese mismo Alto Tribunal que, refrendando un anterior pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, obligaba a que se cumpliera el derecho de los estudiantes catalanes a recibir al menos el 25 por ciento de las horas lectivas en castellano, lengua materna de más de la mitad de los ciudadanos catalanes. No otra cosa significa el respaldo dado por el presidente del gobierno en la "mesa de diálogo" con los golpistas de ERC a ese monumental fraude de ley que la administración autonómica en rebeldía se sacó de la chistera precisamente para dar una burda apariencia de legalidad a su confesa y acreditada negativa a obedecer la sentencia del Alto Tribunal.

Es cierto que, a pesar de apreciar "los vicios de inconstitucionalidad" de este colosal fraude de ley con forma de decreto, el TSJC no tuvo más remedio que paralizar la ejecución de la sentencia —sentencia que los golpistas se habían comprometido públicamente a desobedecer— a la espera de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Aun así, se supone que un presidente de gobierno comprometido con el cumplimiento de la Ley y de las sentencias debería ser el primero en promover ese recurso de inconstitucionalidad contra este pseudo-decreto. Tal como sucedía con las no menos fraudulentas "leyes de desconexión", sólo pretenden sortear el imperio de nuestro Estado de derecho en Cataluña. Sánchez, por el contrario, no sólo es el responsable de la escandalosa pasividad de la Fiscalía General del Estado en este asunto sino que ahora respalda públicamente ese fraude de ley con el que los golpistas pretenden dejar en papel mojado la sentencia y mantener la erradicación del castellano como lengua vehicular en Cataluña.

Así las cosas, y frente al lamentable mutismo del PP de Feijoó en este asunto, cabe destacar la encomiable y rápida reacción de Vox que, por boca de Iván Espinosa de los Monteros, ha reclamado la dimisión de Sánchez por la "traición" que, ciertamente, constituye la infamia acordada por el presidente del gobierno con los golpistas en la mal llamada "mesa de diálogo". Estos acuerdos, además de blindar la erradicación del español en las aulas catalanas, pretenden otorgar una especie de impunidad a los separatistas sobre la delirante premisa de que "no hay que judicializar la política". Vamos, como si la política no pudiera ser susceptible de ser judicializada, como lo es cualquier otra actividad humana, en caso de no obedecer y respetar las leyes y las sentencias.

Finalmente, y ante estos hechos, sólo cabe destacar hasta qué punto es relevante la determinación del PSOE por controlar la cúpula del poder judicial y hasta qué punto el PP incurriría en una histórica irresponsabilidad si llegara a cualquier clase de acuerdo con el PSOE que no conllevase como premisa el restablecimiento de la independencia del Poder Judicial. Y es que siendo lamentable que el gobierno pueda indultar a quienes los tribunales han condenado, mucho más grave es que el gobierno pueda decidir, a través de Tribunales designados por el Ejecutivo, qué es y qué no es ilegal.

Sánchez y el PSOE unen su destino al de Chaves, Griñán y los ERE

El Gobierno y el PSOE respaldan a dos condenados por el mayor caso de corrupción de la historia porque todo el partido se benefició de sus terribles andanzas.

Editorial. ESdiario . 28 Julio 2022

Pedro Sánchez ha respaldado sin ambages a los dos presidentes de la Junta de Andalucía y del PSOE al decir públicamente sin pudor alguno, desde Varsovia, que habían pagado “justos por pecadores”, en referencia a sus condenas por el caso de los ERE confirmadas por el Tribunal Supremo.

Aunque no se pronunció al respecto de manera clara, su posición parece inclinada hacia la concesión de indultos, pese a que el PSOE promovió una reforma legal en 2016 para evitar que pudieran concederse para casos de corrupción que produjeran enriquecimiento propio o de terceros. Y el Código Ético socialista, promovido por el mismo Sánchez, también es contrario a esa práctica.

Con su actitud, el PSOE se convierte en heredero de la mayor trama de corrupción de la historia y, lejos de arrepentirse, disculparse y buscar la restitución del desfalco; lanza un relato falso sustentado en dos mentiras: que Chaves y Griñán son honrados políticos por no haberse llevado dinero a sus bolsillos y que la trama era algo ajeno al partido y las instituciones.

La realidad es bien distinta, como demuestra la sentencia de más de 600 folios de la Audiencia Provincial de Sevilla confirmada por el Supremo que en síntesis da por probados los siguientes hechos:

El Gobierno andaluz desvió fondos por importe de casi 700 millones, pese a las reiteradas advertencias de la Intervención, al objeto de crear un sistema clientelar que consolidara el control socialista de las instituciones y la sociedad.

Chaves y Griñán fueron conscientes de las advertencias legales de la Intervención de la Junta y no solo no hicieron nada, sino que lograron sus victorias electorales con ese régimen de corrupción institucional operativo durante casi una década.

El Gobierno andaluz, con Susana Díaz y María Jesús Montero incluso, dificultó el trabajo de la Justicia y de la Guardia Civil; renunció a recuperar el dinero defraudado e hizo lo imposible por bloquear comisiones de investigación parlamentaria.

La complicidad de todo el PSOE

Lejos de la insólita lectura del PSOE, la trama de los ERE fue una perfecta organización delictiva que entre 2000 y 2009 desvió 680 millones de euros con un sistema adulterado de ayudas públicas que se dedicaron a reforzar el control social del PSOE en Andalucía.

Y ayudarle en toda España: Andalucía representa el 20% del censo electoral y ha sido el granero de votos histórico del PSOE en todo el país: por eso Griñán y Chaves fueron presidentes del partido y por eso, por la deuda con ellos como mínimo política, el PSOE les respalda en pleno escándalo y se hace cómplice de él. Quizá porque no tiene otra opción: los dos condenados no actuaban solos y no se beneficiaron exclusivamente a sí mismos.

Indultos a bulto

ENRIQUE GARCÍA-MÁIQUEZ. Gaceta. 28 Julio 2022

La condena del Tribunal Supremo a Manuel Chaves y a José Antonio Griñán, entre otros socialistas andaluces, por el mayor caso de corrupción de la democracia española, que ya es decir, no pasará su factura al PSOE ni a Pedro Sánchez. ¿La prueba? Lo poco que entró el ladino Juanma Moreno Bonilla —que sabe latín— en esa cuestión en la campaña andaluza. Dejó el tema entero para Vox, ea, sin un pestañeo. ¿Por qué? Porque sabía bien que el PSOE en general y el PSOE en particular ya perdió muchísimos votos por los ERE hace varias elecciones. ¿Que le quedaban muchos? Sí, pero es que tenía el doble. ¿Que le quedan demasiados a pesar de eso? Pues sí. ¿Que es raro que a los que le quedan les dé igual tamaño desfalco? Es rarísimo, pero hay explicaciones, que ya se han dado cientos de veces. Por supuesto, el fanatismo del que siente unos colores partidistas hasta la ceguera. Y también que fue una corrupción con beneficiarios en racimo, con un dinero de mucha capilaridad, digamos, repartido en red (clientelar, pero red).

¿Quiere eso decir que a Pedro Sánchez esta condena le da igual? No. Pero el problema de Pedro Sánchez no viene del pasado, sino del presente. No de los votos que ya perdió el PSOE, sino de los que todavía tiene. Porque se encuentra ante una especie de dilema del prisionero, versión indulto.

Con los indultos que ha regalado a los golpistas catalanes se lo ha puesto a sí mismo muy difícil. Por un lado, negarse a indultar ahora a los suyos por cuestiones que tienen mucha menos gravedad constitucional que la de los nacionalistas catalanes no dejará de ofender a los socialistas de piñón fijo, que son los únicos que le quedan. Pero hacerlo, reabre las heridas intelectuales del indulto a los nacionalistas catalanes, vuelve a tensionar las muy quebrantadas estructuras de nuestro Estado de Derecho y, por último pero no lo menos importante, asocia la marca del PSOE postmoderno de Pedro Sánchez con el viejo PSOE de Chaves y Zarrías de forma indisoluble, que es algo que no le interesa a nadie, pero menos a Sánchez. Recordemos que él se ha hecho la imagen del hombre que derrotó a Susana Díaz, la heredera legítima de aquéllos. Y que toda distancia de Felipe González le parece poca.

Éstas son las coordenadas políticas de la situación. Ahora mi pronóstico: Pedro Sánchez no indultará a los suyos. O para ser más exacto: yo apuesto a que no lo hará, aunque la mayoría apueste a que lo hará. No será, obviamente, por respeto a la legalidad, que a Sánchez, plim, ni a la separación de poderes, que ja, ja, ja; sino porque sopesará milimétricamente su conveniencia. Y le convendrá más hacerse el sueco.

Es una ley de nuestra democracia. El juego de las mayorías parlamentarias da un enorme poder a las reivindicaciones de los otros partidos de cuyo voto depende el Gobierno. A la vez deprecia el valor de los votos propios, sometidos a otra ley inexorable: la disciplina de voto de sus diputados y senadores. Y a otras dos: las listas cerradas y la elaboración de las listas por los organismos cerrados del partido. Ha pasado constantemente con los intereses de las regiones que habían votado mayoritariamente a los partidos en el Gobierno: se posponían para satisfacer a las minorías de otras regiones que votaban a partidos nacionalistas que vendían sus mínimos votitos a precio de oro. Lo mismo pasará con los indultos y los presos del PSOE, vaticino.

Probablemente José Antonio Griñán está vaticinando lo mismo. Recurre al Tribunal Constitucional la sentencia del Supremo para no entrar en prisión. ¿No sabe que eso da la excusa perfecta a Sánchez para dilatar el indulto? Lo sabe, pero prefiere amarrar por otro camino.

¿Y qué harán los votantes fieles al PSOE que han seguido votando a pesar de los ERE incluso en Andalucía? Seguirán votando al PSOE, por supuesto. Quizá alguno con una mueca de disgusto o con un recuerdo amable al bueno de Manolo Chaves. ¿Alguno? Sí, dos o tres. Al resto de votantes del PSOE les bastará una retórica buenista que sea empática con los presos, sin llegar a acompañarlos a la puerta de la cárcel, pero casi. O Chaves y Griñán tienen cartas debajo de la manga con la que pueden forzar la voluntad del líder, que a estas alturas lo dudo, o nada. O el Tribunal Constitucional. O ya los indultará el PP. Sánchez se va a despistar.

Feijóo y el populismo cleptocrático

José García Domínguez. libertad digital. 28 Julio 2022

Con toda seguridad el Gobierno procederá a conceder el indulto al compañero Griñán tras esperar a que se consume el rutinario trámite de la apelación del convicto ante el Constitucional. Una seguridad absoluta que se desprende de la rápida puesta en marcha por tierra, mar y aire de esa campaña de comunicación del PSOE, la que tiene por objeto exonerar a los condenados por el hurto multimillonario en el asunto de los ERE. Así, ya se está transmitiendo a la opinión pública, en especial a la de izquierda, el argumento exculpatorio de que la inocultable verdad fáctica, el haber levantado ilegalmente tanto dinero público durante tantos años y con tanta impunidad, se debe contraponer a una verdad superior, la moral.

¿Y en qué consistiría esa suprema verdad moral? Bueno, básicamente en que Pepe Griñán era un seudónimo tras el que se escondía Robin Hood. Y, como es sabido, Hood no desvalijaba para sí mismo, sino que distribuía entre los prójimos los frutos de sus asaltos. Ergo, Pepe Hood o Robin Griñán, como se prefiera, en ningún caso debieran cargar con pena alguna por lo muy altruista y desinteresado de su actividad delictiva. A tales efectos, podemos hablar ya de la "doctrina Griñán" en tanto que novedad doctrinal en la defensa militante de ciertas variantes redistributivas de las cleptocracias populistas.

Una doctrina, esa tan polivalente, que igual le podrá servir al Ejecutivo para también librar de la persecución de la Justicia a los sediciosos catalanes, los que prevaricaron a calzón quitado para financiar la independencia del País Petit con cargo a los impuestos de todos los españoles. A fin de cuentas, Puigdemont tampoco se quedó la pasta en el bolsillo de su pantalón. Mas siéntase tranquilo el Gobierno, pues el leal jefe de la leal oposición ya le ha hecho llegar su intención firme y solemne de no hacer ruido con ese pecadillo administrativo menor, el de los casi setecientos millones de euros esfumados con nocturnidad y alevosía, amén de algún que otro jolgorio puteril amenizado con sus preceptivas rayas de cocaína, de la Hacienda andaluza. Empezamos bien.

Sánchez rinde España al separatismo

PABLO PLANAS. libertad digital. 28 Julio 2022

Anda ofuscado el sector más tractoriano del separatismo porque los acuerdos entre el Gobierno y el gobiernillo de la Generalidad no contemplan de forma explícita e inmediata la disolución del Tribunal Supremo, el retorno de Puigdemont en loor de multitud, una paga vitalicia para los delincuentes condenados por el golpe de Estado de octubre del 17 y el sobreseimiento del caso Borràs, la señora esa que preside el parlamento autonómico y que va por las esquinas del Twitter llorando que si la quieren muerta por corrupta la tendrán que matar. Ya se sabe, antes muerta que sencilla, ay que sencilla.

Es lógico. Los separatistas quieren que este Gobierno les trate como a Chaves y Griñán, que si robaban a los pobres era para dárselo a sus pobres. La encendida defensa por parte de Sánchez de la honradez de ambos pájaros es algo que les escuece a los Jordis, Tururull y Junqueras porque a ellos los indultó después de entrar en la trena (de aquella manera) y no antes. Y luego lo de Borràs, en cuyo caso la fiscalía que depende de él no aprecia malversación ni que la señora se lo llevara crudo. Otra como Griñán, gran defensora del bien común que bien entendido empieza por sus amigos.

No les vale que el pacto de la "desjudicialización" abra la puerta a amnistiar a todos los golpistas pasados, presentes y futuros. Y tienen prisa. Que el Gobierno de Sánchez se comprometa a torpedear todas las causas abiertas contra los independentistas con cambios legislativos que pueden pervertir el Código Penal hasta el punto de eximir a los políticos del delito de malversación por razones "democráticas" les sabe a poco.

En cambio, para este Gobierno, según uno de los pactos que ha firmado con el gobierno separatista de la Generalidad, "la superación de la judicialización debe garantizar un proceso de diálogo y negociación equilibrado y con garantías, rechazando la criminalización de los proyectos políticos democráticos", etcétera, etcétera. El golpe de Estado, por tanto, habría sido un "proyecto político democrático".

Más grave si cabe es que el Gobierno avale la política de erradicación del idioma español en la enseñanza obligatoria catalana. La inmersión lingüística es uno de los arietes del plan de desespañolización de Cataluña emprendido por Pujol y continuado por todos los gobiernos autonómicos. Y el Gobierno apoya sin ambages, negro sobre blanco, a los separatistas porque considera que el idioma catalán es fundamental para el "progreso social" y el idioma español no es más que una escurriaja "curricular" en el mejor de los supuestos. Está claro que para al personal latino o magrebí del servicio doméstico y para sus descendientes el manejo fluido del catalán, como buenos charnegos agradecidos, les puede proporcionar las simpatías de sus señoras y señoritos y quién sabe si mejores empleos en el futuro. Lástima que Irene Montero no haya previsto una campaña sobre cómo tratar al servicio en Cataluña.

El acuerdo firmado por el Gobierno con la Generalidad sobre el catalán es de tal gravedad que consagra el acoso y la discriminación que sufren las pocas familias que entre cientos de miles se atreven a pedir unas pocas horas de "castellano" para sus hijos en medio de una "escuela catalana" tomada por partidos, sindicatos y profesores nacionalistas. Pero eso es lo menos que se puede esperar de un partido, el PSOE, que sólo pronuncia la palabra España fuera del País Vasco y Cataluña. Digan lo que digan los separatistas más recalcitrantes, el 27 de julio de 2022 es un día histórico para ellos y el sanchismo. Un Gobierno del PSOE se compromete a indultar a los corruptos de su partido, a amnistiar a todos los separatistas y a borrar todo rastro de idioma español en Cataluña. ¿Qué más quieren? ¿Expulsar de España a los españoles que no entiendan el catalán?

Coincide todo ello con la subvención de más de medio millón de euros a Jordi Cuixart, el que retó a los jueces del Supremo con el "lo volveremos a hacer", para que expanda su empresa de embalajes a Suiza y con la graciosa concesión de 2.240 millones de euros del Gobierno a la Generalidad en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado en paralelo a la "mesa de diálogo", según titulaba un medio afecto a la causa independentista. "Giró consigue 2.240 millones más de financiación estatal para Cataluña", decía en concreto el digital que dirige el exdirector de La Vanguardia Pepe Antich. Pero ellos, los independentistas, no paran de llorar y llorar. Seguro que también es culpa de Ayuso, de Putin o del cambio climático. Quién sabe si de Franco también, por no haber hecho más pantanos.

La insoportable levedad de la corrupción socialista

Santiago Navajas. libertad digital. 28 Julio 2022

1994. Felipe González está noqueado por los casos de corrupción que cercan al PSOE y su presidencia: Juan Guerra, Mariano Rubio, Luis Roldán. Jordi Pujol advierte a González que no podrá apoyarle más si no limpia las cuadras. ¡Jordi "Rinconete" Pujol dándole lecciones de ética a Felipe "Cortadillo" González! Podríamos reírnos si no fuese trágico. Desde entonces, hasta llegar a Chaves y Griñán, la política española ha estado contaminada por una corrupción estructural, no solo casos puntuales, que sigue estando latente en la clase política pero también en el conjunto social.

Mis amigos socialistas andaluces me están justificando lo de Chaves y Griñán como si fuesen Robin Hood y San Francisco de Asís. Y, por supuesto, dan por descontado el indulto. ¿No es la picaresca sino el arte de transformar el vicio en virtud? Andaluces que conocían la corrupción que infestaba los entresijos de la administración y la sociedad de su tierra se declaraban devotos patriotas, y aun así votaban a los causantes de tanta putrefacción moral y descalabro económico.

Pues los mismos andaluces que se arrastraban a los mítines y a las urnas por una paguita y una subvención, ahora claman por la honestidad de Chaves y Griñán. Lo que me recuerda a cuando Keynes tranquilizaba a Hayek acerca del intervencionismo estatal: mientras hubiese gente inteligente y bienintencionada (como el mismo Keynes) al mando, podrían evitar que las cosas se fuesen de las manos. Hayek veía el gran problema de esta forma de pensar, y trataba de explicárselo a Keynes: incluso la gente buena se corrompe o se ve obligada a echar mano de la coacción injustificada para que la planificación central funcione. Keynes, como quien oye llover. ¿Quién no cree de sí mismo que es bueno y está a salvo de cualquier tentación de corrupción? Los progres de la superioridad moral, desde luego. Son capaces de esnifar cocaína en el ombligo de prostitutas, todo ello pagado con tarjetas de crédito ligadas a fundaciones públicas, mientras peroran sobre la necesidad de estimular keynesianamente la demanda agregada, por supuesto con perspectiva de género.

Se dice que el catolicismo es una religión atractiva porque se puede conseguir el perdón de los pecados mediante el arrepentimiento y la mediación de un sacerdote que impone una penitencia y borra los pecados en nombre de Dios. Los socialistas han mejorado el pasaporte a la salvación: no hace falta ni arrepentirse y la penitencia se la pone uno mismo, que también se borra los pecados como si tal cosa. En Ferraz y Moncloa llaman a este procedimiento de remisión de la culpa, "indulto". Se aplica especialmente a golpistas, terroristas y banqueros amigos. Por esto, gran parte de los terroristas, sobre todo en su cúspide, no se han arrepentido. La mayor parte de los golpistas, sobre todo sus líderes, volverían a hacerlo. La mayor parte de los socialistas, sobre todo en su cúpula, no creen que su corrupción esté mal. Y lo volverán a hacer.

El PSOE, con la reivindicación que ha hecho Pedro Sánchez del golpista Largo Caballero, con la beatificación de Chaves y Griñán que tuvo el descaro de hacer Zapatero en plena campaña andaluza, con los indultos a los golpistas y las alianzas con los terroristas, vuelve a demostrar que tiene un núcleo mafioso que lo hace más afín al crimen político organizado que a un partido homologable con las democracias civilizadas. No es de extrañar que, en cuanto pueden, los socialistas se vayan de luna de miel ideológica a Venezuela y Argentina, esas democracias marxistoides en las que gustan también de chapotear Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, para darse baños de populismos. Lo que no les parece contradictorio con hacer una parada en Nueva York para irse de shopping pijoflauta y hacerse selfies chulísimos. Se está dando por descontado el indulto a Griñán y Chaves. Poco es eso. El aplauso con el que los recibirán en el próximo Congreso del PSOE va a ser atronador. Si han sido capaces de reivindicar a Largo Caballero y Álvarez del Vayo es porque saben que su impunidad es total y su vergüenza, ínfima.

El día después de Sánchez

Fran Carrillo. libertad digital. 28 Julio 2022

Es mejor asumir lo que hay para poner remedio a lo que vendrá. Sánchez es la voz autorizada de la autocracia constitucional que ya es España. Mientras él toque los acordes moderados (falsos), dejará que la mitad de su Gobierno (autoritario sin pose ni postureo, a diferencia del presidente) admire a los peores sátrapas del mundo. Sonarán los acordes de la subvención y acudirá a recibirle la élite roedora. Lo sustancial de esta táctica que pergeñó en su día el flautista redondo es que hace tiempo que está demodé. Nadie cree ya en la voz de curita redomado de ese autócrata derivado en impostor autoritario. Lo que perpetró en Ermua es un despropósito calculado. No le importa pisotear la nación que gobierna con tal de sentar sus posaderas en el trono del poder. Nadie, desde Fernando VII, ha merecido con mayor justicia el calificativo de felón que el sujeto Sánchez.

Pero no dimite de su ya nada sutil estrategia, aplicable a cualquier tema o conflicto que cierta prensa, aliada a la causa, se encarga de amplificar. Sucede con Putin, sucede con la oposición, sucede con cualquier tema en el que el pueblo tenga una opinión, y ya sabemos que la tiene para todo. Primero saca a las huestes podemitas, totalitarias hasta en el DNI, para que formen corrillo de posicionados. Deja a continuación que el tema cuaje entre radicales digitales y ya saldrá él en subvencionado medio para que le den el masaje moderado de Estado que su sanchidad merece. Y vuelta a empezar. Acontece a diario con el asalto a mano armada (de pasta) que hace a las instituciones o su enésima bajada de calzones ante la dictadura alauita con el tema migratorio. Melilla es el espejo en el que Narciso mira al mundo libre desde su poltrona escabechada de secretos. Prefiere la tranquilidad de Marruecos a la seguridad de los españoles. Para un descastado, es más fácil ser siervo en reino ajeno antes que ciudadano en patria propia.

Pero en el podium del latrocinio está su conchabeo con los hijos de ETA a cuenta de la memoria histórica, la más sectaria y totalitaria de las leyes socialistas, y no es sencillo decir esto. En el futuro, la historia que aprendimos será cuentos de fachas, y los que cuestionamos la nueva historia oficial, seremos calificado de revisionistas o peligrosos reescritores de la misma. Alterar el orden lógico de los hechos, la razón de lo acontecido, es el objetivo principal de la Plataforma Sanchista de Obedientes Embusteros, deriva moderna del tradicional PSOE golpista de Largo Caballero e Indalecio Prieto y del socialismo corrupto pero simpático que desde González inundó de cortijos subsidiados la España postfranquista.

España será los que los escribas del régimen impongan. Sánchez será historia un día, cuando se vaya, sin derecho a entrar en ella, más allá de retrato que a todos los presidentes hacen por servirse del pueblo al que engañan. El foco habrá que ponerlo, cuando llegue el momento de su despedida, en su sustituto y qué hará con la nación herida que nos dejará el autócrata. Si cuando derrotas al socialismo sólo te dedicas a vender gestión y sacar pecho de tu pericia con la economía, pero renuncias a derribar los perversos y falsos axiomas de aquel, el socialismo enseguida volverá al poder, aupado por un pueblo cada vez más dócil y monitorizado, subvencionado y cautivo, sin crítica ni preparación para combatir lo evidente, reforzando a sus próceres de izquierdas más demagógicos y autocráticos cada vez. Para derrotar al socialismo e impedir que creen leyes que anulan la igualdad entre hombres y mujeres, que balcanizan la nación y empobrecen al individuo, hay que derribar toda su arquitectura moral, filosófica y económica. Presentarle como lo que es: una doctrina enemiga de la libertad, enemiga del progreso y enemiga, por tanto, del individuo, sea hombre o mujer.

La continuidad de España como nación depende de la derogación de una política y una forma de entenderla: lo que el sanchismo ha instaurado en la sociedad española es un trágala en el recorte de libertades individuales. Su desaparición de la esfera pública es un imperativo categórico de urgente aplicación. Pero Sánchez, advertido del futuro, construye sobre esa ley inmutable que dice que la izquierda puede perder el gobierno, pero nunca pierde el poder. Se ocupan, como bien enunció aquel día Errejón ante camaradas abducidos, de colocar en los diferentes aparatos del Estado a sus secuaces ideológicos, para que sigan nutriendo de doctrina la casa que habitan: RTVE, CIS, CGPJ, Indra, INE...no hay institución que no sea parasitada por los inquilinos perpetuo de lo público.

Porque, a fin de cuentas, ser de izquierdas es un chollo que no perece. Da igual lo que digas, hagas o defiendas. Siempre te salvará tu condición vital de poseedor de la verdad absoluta, la moral incorruptible y el carnet de verdadero defensor de las causas perdidas si a cada opinión le añades el salvoconducto progresista. Vivir bajo el paraguas del autoperdón perpetuo debe ser un pasaporte al cielo de los justos. La izquierda siempre creyó estar por encima de las leyes. Porque ser de izquierdas es su única ley. Y con eso basta para ir por el mundo dictando a los demás lo que es bueno o malo, moral o inmoral, correcto o incorrecto. Sus Tablas divinas se recogen en un buenismo zen y una pátina de soberbia que les hace levitar mientras caminan. Son maestros y alumnos, trabajadores y empresarios, ricos y pobres. No hay colectivo que no presuman de representar. Dicen ser del pueblo aunque desprecien a la mitad de él y se aprovechen de la otra mitad para vivir como aquellos que odian. La izquierda lo es todo, aunque sea la nada.

Representa hoy, mal que le pese a la progresía de ático y gin-tonic, una burocracia de eslóganes precipitados, una industria de funcionarios al servicio de axiomas fracasados pero rentables, mantras caducos pero aprovechables. Aún. Mientras haya dinero ajeno que saquear, su supervivencia está asegurada, porque siempre habrá ciudadanos serviles a sus causas de buena fe. El día después de la autocracia constitucional fundada por Sánchez, toca recomponer la nación de ciudadanos libres e iguales que es España. Cambiando la alternancia de trapicheos institucionales por alternativa de proyecto y rumbo. Sin complejos. Con firmeza. Sin trágalas nacionalistas ni concesiones a la reinvención woke, canto a la ignorancia oficial. Al socialismo no sólo se le derrota con un cambio de gobierno. Esto es lo primero que deben asumir los que lleguen el día después de Sánchez.

CRISIS INSTITUCIONAL

El Gobierno publica en el BOE su reforma para dominar el Tribunal Constitucional

https://rebelionenlagranja.com. 28 Julio 2022

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves la reforma exprés para obligar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a nombrar a dos magistrados del Tribunal Constitucional, y que entrará en vigor mañana.

La reforma coinciden con el anuncio de la interposición de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para solicitar la revocación de la Sentencia del Tribunal Supremo que confirma la condena de Chavez y Griñan.

Con esta reforma, impulsada por el gobierno, Sanchez pretende sortear el impedimento que él mismo puso al CGPJ para hacer nombramientos mientras estaba en funciones.

Desde el CGPJ, algunos vocales han cuestionado esta iniciativa legislativa por «contradictora e incoherente», ya que consideran: «tan órgano Constitucional es el Tribunal de Garantías como lo son los Juzgados y Tribunales, servidos por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial», para los que sí se mantienen la prohibición de efectuar nombramientos.

La ley Orgánica 8/2022, de 27 de julio, de modificación de los artículos 570 bis y 599 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que entra en vigor este viernes, consta de un preámbulo y un artículo único referido en exclusiva al nombramiento de los dos magistrados del Tribunal Constitucional.

El asunto se remonta al pasado 12 de junio. En esa fecha venció el mandato de cuatro magistrados del TC, dos de los cuales deben ser nombrados por el Gobierno y otros dos por el CGPJ, que hasta este momento no podía, dado que el gobierno lo prohibió mientras el órgano de gobierno de los jueces estuviera en funciones.

En un primer momento, el PSOE echó un pulso al Constitucional lanzando la idea de que podía nombrar a sus magistrados y que tomaran posesión, pero el mensaje del tribunal fue claro: se renueva por tercios.

Ese varapalo llevó a Sánchez a enmendarse a sí mismo con una proposición de ley para sortear el bloqueo del Consejo para así nombrar a dos magistrados de TC y garantizarse la ansiada mayoría progresista en el tribunal de garantías.

El PSOE confía que el Consejo acatará la ley nombrando a los dos magistrados, pero para blindarse ante una eventual rebelión entre los vocales conservadores, los socialistas añadieron una enmienda para obligar al CGPJ a que realice los nombramientos antes del 13 de septiembre, es decir, tres meses desde que venció el mandato de los cuatro magistrados del Constitucional.

Para el TS no hay colores: quien la hace la paga

¿Dónde esta la pretendida superioridad moral de esta izquierda chapucera?

Miguel Massanet. SX. 28 Julio 2022

Han sido años en los que la derecha ha tenido que soportar el estigma de ser corrupta. No es que no haya merecido el recibir el castigo por lo que, alguno de sus miembros notables, aprovechándose de sus cargos ha conseguido para sí o para el propio partido por métodos ilegales o por medio de contactos poco recomendables que, finalmente fueron descubiertos y denunciados por quienes, naturalmente, estaban interesados en que aflorasen al conocimiento público para el descrédito del PP y de quienes, aunque no tuvieran nada que ver con los delitos cometidos ( los que lograron probarse, que muchos de los imputados no han acabado con condenas, siendo archivados por los distintos jurados donde se sustanciaron).

El conocido caso Gürtel se ha convertido, para el partido popular, en una pesadilla que viene durando desde el noviembre del 2007, en el momento en el que fue iniciada, por la fiscalía, la investigación para que, a través de un largo proceso judicial y tres sentencias, haya servido a las izquierdas de este país como principal argumento en contra de la derecha, que se ha visto obligada a hacer verdaderas piruetas políticas para intentar salvar los muebles y superar una situación difícil debido a que la fama de corruptos, hábilmente dirigida por el aparato de propaganda de socialistas, comunistas y separatistas se desplegó con todos sus medios.

El hecho de que, después de tantos años (15) de haber tenido lugar aquellos hechos delictivos ( una muestra más de cómo la lentitud de la Justicia en los tribunales españoles produce, como efecto colateral, la presunción , llamada del telediario, de que el encausado, antes de ser condenado, si es que lo es, ya tiene el san Benito de que la opinión pública ya lo ha juzgado antes de que la Justicia haya tomado la decisión de hacerlo o de absolverlo) todavía las izquierdas sigan insistiendo en unos hechos que, en nada afectan a los actuales dirigentes del PP, ninguno de los que lo regentan en la actualidad pudo tener la más mínima relación ni participación en aquellas actuaciones ilegales. El señor Zapatero, una de las personas más nefastas para España pertenecientes al socialismo más radical, menos sensato y, por ende más estúpido, hace apanas unos meses en un acto electoral en las elecciones andaluzas se desgañitaba hablando del orgullo por el señor Griñán y el orgullo por el señor Chaves, a los que ponía como ejemplo de buenos gobernantes.

Pero, afortunadamente, después de casi 20 años de exhaustivas investigaciones por parte de la guardia Civil y la policía y de la labor ardua, incansable y fructífera de la primera juez que se hizo cargo del caso, la señora Mercedes Alaya, que consiguió encontrar motivos sospechosos de haber delinquido para empapelar a casi un centenar de personas que, de una forma u otra, tenían o habían tenido relación con los hechos objeto de expediente. El PSOE no ha cejado en ningún momento de intentar descafeinar el caso, desacreditar a la juez Alaya, llegando incluso a promocionarla al TSJA con el objeto de que tuviese que renunciar a la instrucción del caso. Vergonzoso, inmoral y, a todas luces una interferencia inadmisible en la labor de los tribunales de justicia.

Finalmente, para no remontarnos a otros tiempos y no perdernos en demasiados detalles o para ceñirnos a lo que pretendemos denunciar este comentario; después de un retraso por parte del tribunal sentenciador motivado, vayan ustedes a saber en virtud de qué norma legal inexistentes, se decidió retrasar el anuncio de la sentencia al parecer para que no tuviese efectos indirectos en la campaña electoral que tenía lugar en Andalucía, precisamente cuando era más necesario que los votantes supieran la calidad de quienes los habían gobernado durante tantos años convertidos en meros delincuentes que colaboraron en que personas sin derecho al cobro de ERTE lo cobraran y otras que deberían haber sido beneficiarias de las ayudas oficiales, no lo fueron.

Un fraude organizado por sindicatos, políticos y todo un sin fin de personalidades del PSOE que contribuyeron a la malversación de caudales públicos de unos 700 millones de euros. La confirmación de un sistema de fraudes en la concesión de ayudas sociolaborales. La sentencia de la Audiencia de Sevilla del 2019 condenó a 19 de los 21 acusados en el juicio de los ERE, saliendo dos absueltos. Estos señores, encabezados por Manuel Chaves y José Antonio Griñán, aquellos a los que Zapatero encumbraba en su apología mitinesca; han resultado culpables y, en el caso del señor Agriñán se habla de una condena de privación de libertad de seis años y dos días de prisión y de 15 años y dos días de inhabilitación absoluta por malversación y prevaricación. Manuel Chaves, otro de los personajes del PSOE que pasaron por toda la escala de autoridades, desde ministro a presidente de la Junta de Andalucía,ha sido ha condenado a 9 años de inhabilitación especialpor un delito continuado de prevaricación.

Por no alargar más el tema diremos que entre los socialistas condenados tenemos a Magdalena Álvarez (9 años inhabilitación); Gaspar Zarrías (9 años de inhabilitación) Antonio Fernández (7 años, 11 meses y un día de cárcel) y con diversas sentencias hasta el resto de los que han sido condenados por la sentencia del Supremo.

¿Qué se hizo de la superioridad moral de esta izquierda que nos han venido fregando por los morros durante años, menospreciando, condenando, insultando, y presumiendo de su ”inmaculada” gestión? ¿Qué va a argumentar ahora el señor Sánchez para justificar el desaguisado de los ERE fraudulentos? ¿Van a seguir teniendo la cara dura de criticar a la derecha por sus delitos, mientras siguen apoyando a los delincuentes de su partido? Un hachazo más a la credibilidad de aquellos que vienen pretendiendo que el pueblo piense que la derecha es la culpable de la gran pifia de este Gobierno completamente desfundado, deslavazado, desunido y haciendo aguas por los cuatro costados.

Ahora, ya lo verán ustedes, todo se va a centrar en desprestigiar a los magistrados del Supremo; a querer hacer valer los votos singulares de dos de los magistrados del alto tribunal; a decir que es una más de las jugadas de la derecha y que se trata de desprestigiar a las izquierdas de cara a las municipales, que están en puertas. Da igual, ya en España los ciudadanos se han empezado a dar cuenta de que las promesas, las ayudas prometidas, la recuperación imaginaria de la economía y las espurias relaciones del presidente Sánchez con los partidos separatistas y Bildu, no son más que la evidencia de que estamos ante unos revolucionarios que intentan despedazar a España desde el mismo gobierno de la nación.

Las excusas que los ministros y el mismo presidente del Gobierno, argumentan para justificar la caída vertical de nuestra nación, no son más que intentos de hacernos ver que le inflación (en España es superior a la del resto de Europa) La guerra de Ucrania, el problema de la energía, el Covid (se han olvidado de que sigue siendo un problema para muchos españoles y la viruela del mono ( con más de 3.000 contagiados) a la que tampoco se menciona.

¿Por qué los ministros de economía, Hacienda e Industria, no nos informan a los españoles, de que la refinanciación de la deuda española, 162.000 millones de euros en plena escalada de tipos?¿De verdad piensa el ejecutivo que, aumentando el tope del gasto público, va a conseguir financiar todos los proyectos de ayudas que vienen anunciando, la mayoría de los cuales no se vienen aplicando por falta de una organización eficiente y adecuada, pese a que el dinero recaudado por impuestos y por lo que representa el aumento de precios de los productos, como consecuencia de la inflación y del incremento que percibe Hacienda de este aumento inflacionista?

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, después de que sea publicada es importante sentencia, podremos dar por muerta la pretendida “virginidad” de las izquierdas que tanto han venido explotando gracias a sus eficientes servicios de propaganda que, ahora, nos imaginamos que van a tener que medir sus acusaciones antes de cargar contra la derecha acusándola de corrupción.

El escritor, ensayista y traductor, Idries Shah, nos obsequió con este pensamiento: “El proverbio dice que ‘la respuesta a un tonto es el silencio’; La observación, sin embargo, indica que prácticamente cualquier otra respuesta tendrá el mismo efecto a largo plazo”.

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La condena del PSOE: breves interrogantes colaterales

PEDRO DE TENA. libertad digital. 28 Julio 2022

El primero de todos salta a la vista pero no parece tan visible para muchos. ¿Qué hubiera pasado si la sentencia del Tribunal Supremo se hubiera conocido antes de las elecciones andaluzas de junio? Aun más, ¿por qué no se conoció si ya estaba decidida y tal vez redactada? Los futuribles no son científicos, pero hay veces que ayudan a iluminar lo que pasa. Fíjense en 1984 de Orwell o en Sumisión de Houellebecq. Es muy probable que la suma de PP y Vox hubiera superado con creces la cantidad de diputados necesaria para un cambio esencial en Andalucía, que podemos cifrar en 2/3 del Parlamento andaluz.

Alguien logró evitarlo. Tal vez fueron los propios jueces que, animados por un ingenuo afán de neutralidad, rompieron su independencia procesal y judicial sin conseguir el equilibrio deseado beneficiando claramente a un partido y politizando ellos mismos lo que debería regirse por plazos reglados y trabajos conclusos. O tal vez fue la mano que mece tantas cunas, la que se esmera en ensuciar las togas con el polvo de los caminos. Y hay más. ¿Por qué anunciar el fallo de un modo tan anómalo sin sentencia ni documentos a finales de julio? ¿Es que era preciso este anuncio cuando en mayo ya estaba redactada la sentencia y se aplazó su exhibición pública? ¿Es que alguien espera que la canícula de agosto disuelva el escándalo para siempre?

El segundo es inquietante. Nunca antes dos presidentes nacionales del PSOE habían sido condenados por delitos, que vamos a llamar los "delitos comunes" entre los servidores públicos, prevaricación y malversación. Desde su fundación en 1879, algunos de sus presidentes fueron condenados —Besteiro y Largo Caballero tras la huelga de 1917—, pero por sedición, esto es, un delito político. Incluso este último ni siquiera fue condenado en el juicio que le acusó de ser el organizador del golpe de estado de 1934, que lo fue, como él mismo reconoció cínicamente en Mis recuerdos. Tampoco fue condenado en el juicio republicano por su abandono militar de la Málaga "roja" que originó la fuga masiva de milicianos y población civil cuando los "nacionales" llegaron a sus puertas a comienzos de 1937.

Chaves y Griñán han sido presidentes del PSOE de forma sucesiva desde el año 2000 al año 2014. Han sido la cúpula del partido en toda España y han sido la cúpula y todas las demás partes del templo socialista en Andalucía desde 1990 a 2012, 22 años, desde el campanario a la pila de agua bendita, al retablo y al cepillo (no se olvide). Además, han sido ministros del gobierno de España varias veces, junto con Magdalena Álvarez y dirigentes máximos de UGT (Manuel Chaves). De consejeros y viceconsejeros de la Junta andaluza ni hablamos. Tras esta sentencia, la segunda de un tribunal que los condena por delincuentes del dinero público, ¿se espera algún examen de conciencia general de un PSOE que jamás ha pedido perdón por nada a pesar de sus evidentes responsabilidades en tantas cosas?. Si lo hace, tendrá una esperanza de futuro. Si no, como pareció ayer, no tendrá otro camino que la desaparición de la escena histórica como en Francia e Italia.

El tercero. ¿Tiene alguna posibilidad el clavo ardiendo al que se quieren aferrar los condenados para no ir a la cárcel o al ostracismo político o a ambos? El clavo ardiendo se llama Tribunal Constitucional. Ayer, con los nervios desatados, se dijo de todo, hasta de una petición de indulto. Lo primero sería elevar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para impedir de forma inmediata y cautelar la entrada en prisión de los ocho condenados a tal pena, Griñán entre ellos. De no prosperar, se abriría el camino al indulto, camino ya trasegado por el inescrupuloso Sánchez.

La politización de la justicia en España ha llegado a tal extremo que ya se sabía que las dos juezas de la Sala del Supremo (ambas pertenecientes a Jueces para la Democracia) que los ha condenado iban a presentar un voto particular, voto clave para que el Constitucional admita a trámite los recursos de amparo. Miguel Ángel Pérez y yo examinamos la circunstancia hace meses. Pero reparen en un detalle cruel. ¿Qué habría pasado si en vez de dos hubieran sido tres los magistrados "progresistas" en este tribunal? No lo sabemos pero la cárcel habría desaparecido probablemente del horizonte penal.

Hay más. ¿Qué ocurrirá cuando el nuevo Tribunal Constitucional, que, como todo el poder judicial, debe renovarse tras la urgentísima ley instigada por Sánchez y aprobada con los votos de separatistas, comunistas, proetarras y cualquiera que pasara por allí? Pues puede ocurrir que el Tribunal Constitucional que hipotéticamente admita a trámite los recursos de amparo no tenga los mismos miembros que el Tribunal Constitucional que deba resolver sobre ellos, donde muy probablemente el peso político de la "izquierda judicial" se habrá incrementado.

¿Y si no se admitieran los recursos de amparo? Pues, visto lo visto, y asumido que ninguno de los condenados contempla la posibilidad de entrar en la cárcel como lo ha hecho, por ejemplo, la esposa de Luis Bárcenas o el propio Iñaki Urdangarín, y por mucho menos en cantidad y calidad, no me cabe duda de que Griñán y pandilla pedirán el indulto arbitrario del gobierno forzando la desconsideración pública del Tribunal Supremo y sus decisiones. Ya lo mencionaron ayer. Será un escándalo, pero por Sánchez no quedará. Ya ha entrenado con los separatistas catalanes y con algunas feministas delincuentes.

Hay un último interrogante dedicado al PP de Feijoo y Juan Manuel Moreno. La sentencia de los ERE es la punta del iceberg de la tela de araña andaluza (que hay otras en otras regiones) tejida por el PSOE durante casi 40 años con el fin de impedir la alternancia democrática y demonizar como fascistas a todo el centro derecha, algo que parece haber olvidado el actual PP.

Desde la educación a la sanidad, desde las cajas de ahorros, desaparecidas por cierto, al control informativo de Canal Sur TV, desde la publicidad institucional y adjudicaciones de radios, desde los contratos públicos al enjambre de "chiringuitos" de sostenimiento de sus aliados (el caso de la Asociación Andaluza para la Defensa de la Infancia y la Prevención del Maltrato (ADIMA) y su Equipo de Evaluación e Investigación de Casos de Abuso Sexual (EICAS), condenada por inducir a un hijo a denunciar falsamente abusos sexuales de su propio padre), desde la perversión de la función pública a la inserción de una "administración paralela" en la Junta formada por personas afines al PSOE. Y quedan más de 200 juicios pendientes del caso ERE, más los de los cursos de formación y los grandes macrocasos, como el de la agencia IDEA, entre otros, pendientes.

La pregunta es: ¿Lo harán bien o como siempre? ¿Repetirán lo hecho en estos últimos cuatro años en los que apenas se ha movido un mueble de todo el edificio, pensando, como siempre, en que la economía es lo único que interesa a la baja gente de a pie y que, en vez de cambiar el régimen hay que asumirlo, tragarlo y digerirlo para succionar así bolsas de votantes a un PSOE malherido y al comunismo cambembo? Es lo que han hecho desde 2018 a 2022. Les ha ido bien porque tenían a Ciudadanos para sorber y a Vox para asustar. Pero ahora el PP está solo ante sus propios actos. Alfonso Guerra, que puede ser malo pero nunca ha sido tonto, lo ha clavado. El PP ha hecho lo mismo que el PSOE, ha dicho. Si lo sabrá él.

¿Lo va a seguir haciendo o, con la ayuda de Vox y de mucha gente más que está harta de que Andalucía sea el culo de Europa siendo como es la comunidad con más identidad, posibilidad de riqueza y personalidad cultural de España, se va a atrever al cambio real? ¿Se atreverá a combinar democracia limpia y sana con desarrollo y progreso, educación libre, no sectaria y crítica con una comunicación pública abierta y debates públicos de calado (ay, Balbín)? ¿Logrará equilibrar hoteles y ladrillos con campo, laboratorios de investigación e industrias y comercios avanzados? ¿Cultivará valores éticos constitucionales y respeto a la verdad histórica con empleo digno y atención social? ¿Logrará equilibrar una administración reducida con una sociedad empresarial y civil fuerte, no dependiente de la Junta y una autonomía limitada para potenciar la unidad nacional? Lo veremos. Se verá.

Atrincherados en La Moncloa

Jesús Cuadrado. vozpopuli. 28 Julio 2022

En el Comité Federal del sábado se vio qué queda del PSOE. Nada, una masa ovina que produce vergüenza ajena. Con la misma mansedumbre con la que hace nueve meses aplaudieron en el 40º Congreso la supuesta vuelta a la “socialdemocracia”, se entregan ahora a un nuevo giro a la “izquierda”. En el clonmité federal de la viñeta de Gallego y Rey, Sánchez convirtió a los delegados socialistas en figuras de cera, decorado, y exhibió al Partido Socialista como cadáver.

Esto es el sanchismo, una fórmula para esconder desastres bajo verborrea sin límite. Han pasado doce meses desde que una profunda remodelación de gobierno fue vendida como renovación generacional – feminista, digital, verde- y ahora los nuevos cambios se presentan como una vuelta a la veteranía. El nuevo portavoz Patxi López sería el PSOE de toda la vida, Santos Cerdán, “la calculadora”, el que supo hacer las cuentas con Bildu para gobernar en Navarra, y María Jesús Montero, la experiencia del PSOE de Andalucía.

De poco sirven los esfuerzos del poderoso ejército mediático para ocultar el pánico provocado por los resultados andaluces, incluidas exaltaciones como “ahora sí que hay un líder” -¡oh la la!- de los Esther Palomera y Fernando Garea de guardia. La invención de un comité de dirección con cinco ministros, fruto del miedo desatado, es un mensaje a los acongojados candidatos municipales y autonómicos de mayo-2023. “Mi cara irá en vuestras papeletas”, les advierte Sánchez.

Los patéticos “vamos a por todas” de Sánchez no disimulan la decisión de atrincherarse frente a la avalancha que les desborda, más ahora con la sentencia de los ERE. Los pepiños escondidos en Moncloa intuyen el final. Hoy, del PSOE en el que participaron los creadores de la Institución Libre de Enseñanza, con Francisco Giner de los Ríos al frente, no queda ni las cenizas. En caso contrario, habría sido impensable el crimen de pactar con EH Bildu-ETA el contenido de una ley para definir la memoria de la democracia española. Con la firma del acuerdo arrojan al Partido Socialista al basurero de la historia.

Ninguno de estos mentecatos seleccionados en su día por Pepiño Blanco -otra lumbrera- habrá leído a Santos Juliá y sus análisis de la utilización de la memoria histórica como trampa política. Nuestro gran historiador del siglo XX, en Demasiados retrocesos, publicado en marzo de 2019, poco antes de morir, denunció la instrumentalización de la “recuperación” de la memoria para resolver urgencias políticas. Con las falsificaciones se persigue la descalificación de la Transición española a la democracia, empezando por la monarquía parlamentaria. Venden que todos nuestros problemas se resolverían si los españoles condenaran aquel proceso y “erraran amnésicos por el mundo”. A ese carro se ha enganchado el PSOE.

La crítica de Juliá a quienes hacen política con la historia es hoy muy oportuna. Me imagino sus comentarios ante el protagonismo de uno de esos “historiadores de la tribu”, Fernando Martínez, que, al frente de una secretaría de Estado de la Memoria Democrática -¡santo cielo!-, está detrás del texto de la ley pactada con EH Bildu. Le alarmaba comprobar cómo colegas suyos pervierten el oficio contaminando la investigación historiográfica, que es “un saber crítico que aspira a la objetividad”, con la memoria, que es “una relación afectiva, subjetiva”, instrumentalizada en este caso como agitador de odio al servicio de objetivos electorales.

Se indignaba con esos activistas que falsifican la historia para “modificar la conciencia de un país”, como los que explotan la memoria antifranquista por motivos espurios. No es por las víctimas en las cunetas, es por votos. En este aquelarre de motivación política nunca defrauda el historiador Julián Casanova. Si Santos Juliá decía que había que guardarse de hacer política con la Historia, este académico militante no hace otra cosa. Justifica la ley como instrumento para poder gestionar la memoria de “ese pasado sucio” que el PP, “desde Fraga y Aznar a Feijóo”, querría esconder, en su opinión. Un tiro-fijo, este Casanova.

Los autores abruman con pruebas sobre la continuidad de los socios de Sánchez en el objetivo de los terroristas. En eso anda el PSOE, ya degradado a simple cachivache de la política española.

Pero la mitad de los electores socialistas rechazan esta norma pactada con Bildu. ¿Por qué? En la obra colectiva Eta. Terror y terrorismo (2021) se puede encontrar una respuesta que tampoco leerán los pepiños atrincherados. Demuestran cómo todo el independentismo vasco, el aseado del PNV y el duro de los herederos de ETA, tiene como objetivo “la promoción pública de una memoria blanda de la violencia” y de una narrativa del recuerdo al servicio del proyecto independentista. Los autores abruman con pruebas sobre la continuidad de los socios de Sánchez en el objetivo de los terroristas. En eso anda el PSOE, ya degradado a simple cachivache de la política española.

Mayoritariamente se piensa que este proceso de deterioro del PSOE ha sido provocado por Pedro Sánchez. Creo que se trata de un desenfoque. Más bien, ha sido el grado previo de degradación del partido el que hace posible que este soldado de fortuna haya llegado tan lejos. Por eso, es una ingenuidad esperar que supuestos líderes morales del socialismo -los Bono, Robles, Borrell, etc.- reaccionen contra tanta barrabasada. Ellos son parte del tinglado, y no harán nada.

Entretanto, a España se le va poniendo cara de Argentina. Les equiparan la irresponsabilidad fiscal y las falacias habituales, desde la identificación de gasto público con creación de riqueza a la obsesión por gravar con impuestos la actividad productiva, que no “a los ricos”. Incluidos resultados argentinos en aumento de la pobreza. ¿Socialdemócratas? Ni por el forro. Los pepiños tampoco leerán a Daron Acemoglu, que en El pasillo estrecho (2019) explica que no puedes ser un socialdemócrata reformista en compañía de comunistas.

Ese PSOE encastillado en Moncloa empuja inevitablemente hacia la mayoría absoluta de Alberto Núñez Feijóo, y, si el líder del PP hace caso a quienes denunciamos los desastres sanchistas desde posiciones de izquierda liberal, huirá de la tentación de sustituir una política de tribu por otra. Por ahora, desgraciadamente, no podremos librarnos de doce meses con el peor gobierno en el peor momento.

‘Crimen político, crimen económico’

MIGUEL ÁNGEL BELLOSO. Okdiario. 28 Julio 2022

Todavía recuerdo con una cierta nostalgia los tiempos en los que el Partido Socialista era decente. No tanto por su genética ideológica, que siempre se ha mostrado incapaz de promover el bienestar común a largo plazo, sino por su transparencia y sus modos inequívocamente democráticos. Convivieron durante muchos años en él dos almas antagónicas, la que representaba Felipe González, jefe de Gobierno y por tanto abierto al pragmatismo político y económico -haciendo apostasía del marxismo primero, y defendiendo la adhesión a la OTAN después, por poner dos ejemplos señeros- y la que lideraba Alfonso Guerra, hombre culto y dialécticamente corrosivo, pero apegado a la pana y dispuesto a reparar las consecuencias de la derrota de la guerra civil, a sacudir España como un calcetín y a entronizar en el poder a los pretendidamente desfavorecidos y postrados, haciendo tabla rasa de cualquier obstáculo que se impusiera en el camino, como fue menester en su momento con la independencia del poder judicial.

En aquella época, la vida en el partido era todo menos un camino de rosas, a pesar de la ascendencia de González. Una de las pruebas de fuego legendarias fue su decisión y empeño en nombrar portavoz del Grupo Parlamentario Socialista a Carlos Solchaga, que había sido su poderoso ministro de Economía durante ocho años y ocho días exactamente, y que era detestado por el ‘guerrismo’. Finalmente, el nombramiento salió adelante tras una tormentosa reunión de la Ejecutiva por sólo un voto de diferencia y gracias a que el sindicalista minero José Ángel Fernández Villa -luego implicado en latrocinio- estaba ingresado en un hospital de Asturias y no pudo asistir al cónclave.

Con tales antecedentes, el Partido Socialista del momento es lo más parecido a un moribundo. Es una formación a la búlgara, sin atisbo de discrepancia interna, en la que Sánchez pone y quita peones a su antojo sin explicaciones, que nadie demanda y que todos aprueban mansamente, los menos presididos por la resignación, la mayoría dominados por la euforia. Uno compara a Carlos Solchaga, persona de una categoría intelectual indudable y de una simpatía natural -gracias a la que ganó rápidamente para su causa a todos los diputados enemigos- con Patxi López, que es uno de los tipos con la inteligencia más precaria que ha podido concebir la naturaleza humana, además de un traidor consumado y un colaboracionista con los herederos de ETA -fue lendakari gracias a los votos del PP, que deshonró a la primera de cambio-, y te dominan unas náuseas de difícil tratamiento médico. O a Pilar Alegría, la nueva portavoz del Ejecutivo, con Alfredo Pérez Rubalcaba, un despliegue de potencia estratégica ilimitada -ya fuera para hacer el mal- e incurres en una intensa melancolía, por no citar a María Jesús Montero, nueva número dos del PSOE, que sencillamente es una verdulera en el peor sentido de la palabra. Entonces es cuando tienes la certeza -al menos es mi caso- de que los socialistas serán derrotados sin contemplaciones en las próximas elecciones generales, lo cual es un motivo de satisfacción enorme.

Este es el puerto final que espera sin duda a Pedro Sánchez, debido a su manera tiránica y dictatorial de ejercer el poder, a su cesarismo chulesco y macarra, así como a su desprecio por la crítica embargado de una sensación de impunidad insólita, como no hemos visto jamás en el país. El problema es que esta manera inapropiada y antidemocrática de conducir el partido centenario que preside es la que aplica, con el mismo ahínco y desdén hacia el adversario, en la política económica. Su última felonía es el establecimiento de un impuesto nuevo a las compañías eléctricas y a la banca, a fin de gravar unos beneficios económicos extraordinarios que no existen, pues los márgenes de unas y otras a lo largo del año están siendo inferiores a los de 2021, y por tanto su contribución al incremento de la inflación equivalente a cero. Él es muy consciente de esta realidad pero, animado a explotar el resentimiento de buena parte de la opinión pública herida por la subida de los precios, ha decidido buscar los chivos expiatorios propicios para descargar la responsabilidad del Gobierno en la crecida de la inflación, que conviene recordar que ya había llegado al 7% dos meses antes de la invasión de Ucrania. Como es lógico, estos nuevos tributos han despertado la alarma, por ejemplo en el Banco Central Europeo, que teme que afecten a los estándares de solvencia que se exigen a las entidades financieras, y pueden drenar el volumen de crédito que conceden. Sumado al aumento de los tipos de interés, que acaba por fortuna con la anomalía histórica del dinero gratis -solo favorecedor de decisiones de inversión equivocadas-, lo normal es que los préstamos se encarezcan a partir de ahora y que la alegría consumista vaya disipándose procurando un enfriamiento económico que es la única vía rápida de estrangular lo más rápidamente la inflación.

Pero como estamos en presencia de un demagogo compulsivo, y de un dictador de corte eminentemente chavista, el presidente Sánchez ha anunciado también que la proposición de ley que prepara para castigar a las eléctricas y a la banca incluirá un artículo específico para «prohibir que las empresas puedan trasladar los costes de este impuesto a los trabajadores». Esta es la prueba definitiva, asegura el tirano, de que «este Gobierno elige siempre defender a la gente de a pie y protegerla». Toda esta artillería dialéctica, el nuevo artefacto contra dos sectores que cuentan con empresas poderosas y bien valoradas por los inversores, constituyen un ataque sin parangón contra la economía de mercado impropio de la ortodoxia que debe guiar a cualquier socio europeo que se precie. Todavía no se sabe cuál será la fórmula para impedir, prohibir o vetar que las compañías encajen los nuevos impuestos, pero no es aventurado predecir que si se produce algún riesgo para la solvencia de los bancos, producto de este nuevo expolio fiscal, el Banco Central Europeo, por ejemplo, decida limitar los dividendos de reparte la banca, algo que tendría un coste automático en la cotización de las entidades financieras perjudicando a sus miles de accionistas.

Que el Gobierno intervenga los precios en un momento en que estos deben subir inevitablemente coarta la libertad de empresa y es altamente peligroso. Los bancos naturalmente se han quejado ante el atropello, y han mostrado su rechazo, pero con la timidez habitual, que se acrecienta lógicamente cuando te enfrentas a un mandarín implacable sin principios, cuya capacidad e inclinación por hacerte daño es imprevisible. En todo caso, es muy criticable que no sean capaces de vencer el miedo y que, sobre todo, la patronal bancaria, la AEB, no desate toda su ira ante la injusticia y el perjuicio que se va a causar al bienestar general. Tiene todo el derecho del mundo a hacerla pública y a contradecir el daño colosal que Sánchez está infligiendo a la reputación del sector. Todo lo cual me lleva también a evocar con melancolía las mejores épocas de la AEB. Ahora la dirige Alejandra Kindelán, una señora preparadísima puesta allí por el Banco Santander, cuya presidenta Ana Botín ha sido hasta ahora una admiradora del ‘sanchismo’ -y entre otras cosas de su ecologismo y feminismo recalcitrantes-, al que ya se ve que no lo tiembla el pulso repudiando indiscriminadamente a lo mejor del país. Yo recuerdo los magnos tiempos en los que la presidía mi viejo amigo Rafael Termes, que en gloria esté. No tengo duda de que en estos momentos estará haciendo esfuerzos hercúleos para levantarse de la tumba.

La pesadilla continúa en Cataluña

Pablo Sebastián. Republica.com. 28 Julio 2022

La pesadilla del ‘sanchismo’ contra España y los españoles ha continuado su arrollador ritmo de crucero en la ‘mesa de diálogo’ catalana celebrada ayer en La Moncloa. Y ello a pocas horas del cierre de curso político en el que la condena del Tribunal Supremo a los altos responsables de las pre jubilaciones y los ERE fraudulentos de Andalucía bajos los Gobiernos de Manuel Chaves y Jose Antonio Griñán ha inundado el debate político.

Y ha destrozado el Comité Federal del PSOE y su llamativa fusión entre los ministros del Gobierno y los altos cargos del PSOE con la que el presidente Sánchez pretendía iniciar un relanzamiento del Partido Socialista en pos de buscar una recuperación electoral del PSOE que no se ve por ninguna parte.

Al final los pactos Frankenstein de Sánchez con los nacionalistas y con UP, unidos a la pésima y populista gestión de la crisis económica se confirman como las causas fundamentales del desplome electoral del PSOE tal y como se vio recientemente en Andalucía.

En este doble sentido el Gobierno ha aprobado para 2023 un techo de gasto de casi 200.000 millones de euros para facilitar en el próximo año electoral la actualización de las pensiones al IPC de 2022, que se aproxima al 8 %.

Y ayer mismo en el campo nacionalista el Gobierno ha apoyado las últimas decisiones de la Generalitat contrarias al 25 % de enseñanza en español en los colegios catalanes en contra de la sentencia del TSJC y de los mandatos del Tribunal Constitucional.

Asimismo Sánchez y sus ministros sin escrúpulos democráticos acordaron, mientras persiguen la enseñanza del Castellano en Cataluña, iniciativas para promocionar el catalán en el Parlamento Europeo.

El presidente Sánchez pedalea cuesta arriba en busca de un otoño político y económico que se presenta amenazante en los campos energético y de la inflación, lo que puede abrir una oleada de protestas sociales, mientras en el conjunto de España crece la indignación con las concesiones soberanistas y políticas a los independentistas vascos y catalanes.

A los que se pretende regalar un plan de ‘desjudicialización’ de la Justicia para evitar, con ayuda del nuevo fiscal general, que se persiga a los jefes de ETA que ordenaron el asesinato de Miguel Ángel Blanco. O para reformar o suprimir el delito de sedición en el Código Penal a fin de facilitar el regreso de Puigdemont a España con un juicio menor y otro indulto como el que, por otra parte, Sánchez ya prepara para Jose Antonio Griñán. Y todo esto a los pocos días de que Sánchez le otorgará a Bildu la potestad de condicionar la Ley de la Memoria Histórica desvirtuando la grave responsabilidad de ETA en los años de la Transición.

Todas estas tropelías anti democráticas y anti españolas que aplauden los ministros del Gobierno y todos, sin excepción, los dirigentes del PSOE solo buscan sola la permanencia de Pedro Sánchez en el poder y nada tienen que ver con el interés general de los españoles. Los que, como lo señalan las encuestas están hartos de esta larga pesadilla sanchista y es por todo ello por lo que ahora se está anunciando el fin del ciclo sanchista y un claro y profundo vuelco electoral.

Visto bueno del Gobierno a los hechos consumados en Cataluña

EDITORIAL EL RUGIDO DEL LEÓN el espanol. 28 Julio 2022

De la literatura del acuerdo pactado ayer entre el Gobierno y la Generalitat en la Moncloa se deduce que el Ejecutivo asume como propia, y renuncia a recurrir o fiscalizar, la aplicación de la norma autonómica que relega al español en la escuela catalana a la categoría de "curricular", la misma consideración de la que disfruta el inglés.

Dicha norma no es más que una treta que pretende esquivar las varias sentencias judiciales, tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo como del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que, una y otra vez, han defendido la condición de vehicular del español en una proporción mínima del 25%.

El acuerdo no se detiene ahí y pide también impulsar "reformas legislativas" que permitan superar la "judicialización" del "conflicto político" y "sus efectos" en Cataluña.

Como viene siendo habitual, el pacto entre el Gobierno y la Generalitat debe ser interpretado de acuerdo con el sentido que los términos clave tienen en Cataluña, y no con el que estos tienen en el lenguaje común.

Así pues, cuando el acuerdo habla de "superar la judicialización y sus efectos" se está hablando en realidad de una reforma del delito de sedición que evite la condena de aquellos líderes del procés, como Carles Puigdemont, que huyeron de la Justicia en octubre de 2017 y que todavía permanecen fugados.

Se está hablando también de todos aquellos cargos independentistas que están siendo investigados por su implicación en el golpe contra la democracia de septiembre y octubre de 2017.

Como informa hoy EL ESPAÑOL, el Gobierno ya tiene lista la reforma del delito de sedición y cuenta para ello con 190 votos asegurados en el Congreso de los Diputados.

¿Pretende dicha reforma del delito de sedición (tras la flexibilización del objetivo de déficit de las comunidades autónomas hasta el 0,3% del PIB que le permitirá a la Generalitat disponer de 500 millones de euros extra en 2023) ser la moneda de cambio que Pedro Sánchez entregue a ERC a cambio de su aprobación de los próximos Presupuestos Generales del Estado? El tiempo confirmará o desmentirá la sospecha.

Anomalía democrática

Esta es la primera vez que el Gobierno central asume, no ya la inmersión lingüística, que ha sido defendida por el PSC desde su implantación progresiva en las escuelas catalanas a mediados de los años 80, sino una norma destinada de forma obvia a esquivar la aplicación de una sentencia judicial contraria a los intereses de la Generalitat.

Si a esa aceptación de la casi total marginación del español de las escuelas catalanas sumamos la reforma del delito de sedición llegamos a una conclusión inquietante: la de que el Gobierno está tolerando que la Generalitat lleve a Cataluña a un escenario de hechos consumados en el que el Estado sea poco más que residual en la región.

A cambio, el Gobierno logra del Gobierno catalán una renuncia a la unilateralidad plasmada en la expresión "la apuesta por avances paulatinos y concretos sobre la base de acuerdos públicos que sean representativos de una mayoría amplia y transversal en el ámbito social y parlamentario". Expresión que parece aludir a la necesidad de que cualquier nueva intentona que pueda desbordar el ámbito de la legalidad vigente cuente con una mayoría que vaya más allá del votante estrictamente separatista.

Cataluña es la única región de un país occidental en la que sus ciudadanos no pueden estudiar en la lengua común, ampliamente mayoritaria y oficial en todo el territorio nacional. Con su acuerdo de ayer miércoles con la Generalitat, el Gobierno avala los hechos consumados y acepta esa anomalía democrática y lingüística. A cambio, se asegura el apoyo de ERC hasta el final de la legislatura.

Una vez más, el Gobierno paga con concesiones políticas de muy largo alcance minúsculas ganancias partidistas.

La letra pequeña de los pactos entre Gobierno y Generalidad

Dos acuerdos para dinamitar la acción judicial contra el golpismo, abrir la puerta a un referéndum y reforzar los planes para eliminar el español.

Pablo Planas. (Barcelona). libertad digital. 28 Julio 2022

Gobierno y Generalidad catalana han dado a conocer el texto de los dos acuerdos anunciados este miércoles por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y la consejera autonómica también de Presidencia Laura Vilagrà. El primero de ellos alude a la "desjudicialización" del "conflicto político" y contiene frases que revelan la existencia de una agenda oculta para desmontar toda la acción judicial contra los delitos cometidos por independentistas.

Bajo el título de "Acuerdo para superar la judicialización y reforzar las garantías", el Gobierno asume la "apuesta por soluciones políticas, siempre en el marco de la seguridad jurídica y de la atención a las demandas democráticas avaladas por una mayoría social amplia y transversal según los principios y el ordenamiento democrático y debe concretarse en medidas que supongan un avance que mejore la situación de partida y contribuyan a la resolución del conflicto político".

Toque al Tribunal de Cuentas

Pero mucho más concreto es el párrafo en el que alude al "refuerzo de los derechos fundamentales, asegurando que las instituciones públicas preservan el interés general y adoptan las máximas garantías, especialmente cuando su actuación pueda tener un efecto sobre los derechos y las libertades o el patrimonio de las personas". La alusión al Tribunal de Cuentas y a las fianzas impuestas a los líderes separatistas por los recursos públicos destinados al denominado procés está implícita en el redactado.

También es evidente el compromiso del Gobierno para unos "avances" que "se deben concretar en reformas legislativas, normativas, reglamentarias o de cualquier otra índole para superar la judicialización y sus efectos, tomando además como referencia los mejores estándares y recomendaciones europeas e internacionales".

Se abre la puerta así a las modificaciones de los delitos como el de "sedición" y otros que se imputan a dirigentes independentistas como la fugada Marta Rovira o los diputados también de ERC Josep María Jové y Josep Lluís Salvadó, inmersos aún en un proceso por su participación en los preparativos del referéndum ilegal cuando eran altos cargos de la consejería de Economía.

La puerta de un referéndum separatista

Pero para Vilagrà, la alusión a los "estándares y recomendaciones europeas e internacionales" abre la puerta directamente al reconocimiento del supuesto derecho de autodeterminación de Cataluña.

Además, hay prisa por llevar a cabo los cambios que doten de impunidad a los dirigentes separatistas. "Ambas partes manifiestan su voluntad de que dichas modificaciones legislativas sean aprobadas, en su caso, antes de finalizar el próximo periodo de sesiones", concluye este primer acuerdo.

El catalán, "perseguido"

En cuanto al segundo pacto, su título es Acuerdo para la protección y el impulso de la lengua catalana y supone que el Gobierno se suma a la Generalidad en su ofensiva para reducir el español en las escuelas a la mínima expresión posible, como si en vez de una lengua oficial fuera un idioma extranjero en Cataluña.

A tal efecto y después de un espeso introito que incluye consideraciones como que "el deber de las diferentes administraciones es que el catalán no sea nunca una lengua minorada, como lo fue en regímenes pasados fruto de su persecución política", el Gobierno se compromete a "garantizar el nivel de conocimiento y de uso del catalán" y "contribuir al fortalecimiento y la mejora del modelo educativo de Cataluña, de acuerdo a la Ley 12/2009, de 10 de julio, de Educación de Cataluña, y la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por LO 3/2020, de 29 de diciembre".

La primera de esas leyes es la que se reformó por el procedimiento de urgencia para convertir en papel mojado la sentencia del 25% de español en la enseñanza obligatoria en Cataluña. El Gobierno también se compromete a "facilitar el uso de la lengua catalana en todos los sectores, especialmente en aquellos donde ahora tiene menos presencia".

Papel residual del español

El texto incide en el apoyo del Gobierno a la inmersión lingüística en estos términos: "Ambos gobiernos comparten que el catalán debe seguir siendo la lengua normalmente usada como vehicular y de aprendizaje en el sistema educativo de Cataluña y el aranés en la Val d’Aran, que la enseñanza y el uso curricular y educativo del castellano también tiene que estar garantizado y tener una presencia adecuada en los currículos y proyectos lingüísticos, y que se debe fortalecer la autonomía y capacidad de los centros para desarrollar proyectos educativos adaptados a la realidad social y lingüística de su entorno, y de acuerdo con la evaluación de las competencias lingüísticas. En todo caso, la determinación de la presencia de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria deberá estar basada exclusivamente en criterios pedagógicos de forma singularizada para cada uno de los centros".

Es decir, carta blanca para reducir el español a una lengua de "uso curricular y educativo", pero nunca vehicular, cómo sí lo son las otras lenguas oficiales en el territorio autonómico, el catalán y el aranés en su zona de influencia.

También hay un respaldo explícito al "desarrollo del marco normativo reciente, consagrado por el Parlament de Catalunya, encabezado por la Ley 8/2022, de 9 de junio, sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria, que da amparo a los usos y aprendizajes lingüísticos del catalán, del castellano, del aranés en la Val d’Aran, de las primeras y las segundas lenguas extranjeras, de las lenguas de origen de los alumnos y de la lengua de signos catalana, de acuerdo con la evolución metodológica del aprendizaje, los instrumentos de control, evaluación y mejora de las competencias lingüísticas y de la realidad lingüística de cada entorno educativo. Consideran, asimismo, que las disposiciones de dicha ley se adecuan al marco constitucional y estatutario".

Proyección internacional

Además, el catalán será objeto de especial cuidado en la proyección internacional de España. "En concreto, el Gobierno de España solicitará a la presidencia del Parlamento Europeo la consideración del catalán como lengua de uso en el pleno y a efectos del ejercicio del derecho de petición ante la institución. A tal efecto, presentará la solicitud ante la Mesa del Parlamento Europeo, junto con una propuesta para que sea técnica y financieramente viable, y trabajará para conseguir una mayoría suficiente en ella que avale esta petición antes de finalizar el año en curso", afirma el pacto.

En el Senado y en la administración periférica

También se quiere "ampliar el derecho de los representantes de los españoles a realizar su labor en todas las lenguas del Estado. En este sentido, se empezará por impulsar la revisión del reglamento del Senado para ampliar ese derecho en la Cámara Alta". El Gobierno también "promoverá, durante la presente legislatura, las reformas normativas necesarias para garantizar la plena disponibilidad lingüística y el derecho de ser correspondido oralmente y por escrito en catalán en la administración periférica del Estado".

El acuerdo contempla también que la Generalidad envíe "representantes a los foros que traten políticas con dimensiones lingüísticas y que permitan representación no estatal" y que el Gobierno facilite "la incorporación de representantes del Govern de la Generalitat de Catalunya a las delegaciones gubernamentales a foros internacionales que traten políticas con dimensiones lingüísticas".

Tras prometer que el Gobierno financiará todas estas medidas, el Ejecutivo de Sánchez "entiende que todas las previsiones contenidas en el presente acuerdo referidas al catalán pueden ser extensibles al resto de lenguas oficiales del Estado distintas al castellano si así lo requiere".

Bolaños cede al chantaje de ERC: renuncia a la Justicia y fulmina al castellano

El ministro de la Presidencia, satisfecho por los resultados, asegura que en la reunión entre Moncloa y la Generalitat emppiezan a verse los "frutos" de las negociaciones.

Andrea Jiménez España. Esdiario. 28 Julio 2022

El Gobierno ha dado los primeros pasos para contentar a los independentistas de ERC. La llamada Mesa de Diálogo entre Moncloa y la Generalitat ha terminado con dos acuerdos, dos "frutos" según el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que muestran la voluntad del Ejecutivo de ceder ante el independentismo, pues no hay que olvidar que el PSOE aspira a contar con los republicanos para sacar adelante los presupuestos de 2023. Por un lado, Sánchez acata la "desjudicialización" del asunto catalán, al tiempo que da libertad a los centros educativos para acabar con el castellano.

La mesa de diálogo entre el Gobierno Central y la Generalitat de Cataluña ha finalizado a mediodía después de una hora y 45 minutos de reunión, según han informado fuentes de Moncloa y tras la reunión ha sido el ministro Bolaños el que ha explicado q que gracias a estos dos acuerdos se abandonan los "monólogos" y se abraza el diálogo como forma de hacer política, renunciando a acciones "que saquen la política fuera del juego democrático".

El juicio confirmado a Laura Borrás revienta la mesa bilateral de Sánchez y ERC

Los acuerdos se materializan en que, por parte del Gobierno, no habrá iniciativas judiciales que persigan a políticos independentistas y la Generalitat logra que sean las escuelas catalanas las que decidan cuánto catalán y castellano se imparte en clase.

"Ha sido una reunión en un ambiente sincero, amable y constructivo", ha dicho Bolaños, que asegura que la "desjudicialización" permitirá seguir "potenciando el diálogo" entre las partes. "Apostamos por la política. Cada vez hay más cosas que nos unen. Con el diálogo no pierde nadie, gana Cataluña y España. Pero queda mucho diálogo por delante", ha apuntado

Por su parte, otra de las cesiones del Gobierno tiene que ver con el castellano, que con la excusa de defender el catalán quedará relegado a un segundo plano. Según Bolaños, el acuerdo "se basa en dos premisas: el reconocimiento de la diversidad lingüística como riqueza del país y la necesidad de que esa diversidad lingüística sea una riqueza para el país" por lo que además, impulsarán la presencia del catalán -junto con el gallego y el euskera- en el Parlamento Europeo y en el Senado.

Nuevo golpe al castellano

Así, el Gobierno termina por garantizar la autonomía de los centros educativos apoyando la nueva ley del catalán que suprime el 25% del uso de la lengua en castellano, de forma que permitirán que cada centro escolar refuerce una y otra lengua en función de su contexto social y cultural, como recoge la ley del catalán aprobada por el 80% del Parlament.

Pero la trascendencia de la reunión va más allá pues el Gobierno quiere recuperar a ERC como socio de cara a los presupuestos y para ello ya ha concedido alguna de sus peticiones, aunque queda pendiente la reforma de los delitos de sedición y rebelión sobre los que Bolaños no ha dado detalles.

Sin embargo, ha dado pistas acerca de sus intenciones: "Buscamos mayorías parlamentarias que saquen adelante nuestras iniciativas. No hemos tratado nada diferente de estos dos acuerdos, aunque confiamos en seguir sacando una agenda progresista en un momento de enorme incertidumbre. Queremos seguir siendo capaces de gestionar la crisis con un reforzamiento del estado del bienestar y avanzar en nuestra hoja de ruta. Esperamos contar con mayorías parlamentarias suficientes para demostrar que hay dos maneras distintas de gobernar", ha apuntado.

Moncloa asume la política lingüística del Govern con el blindaje del catalán

La mesa de diálogo entierra la sentencia del 25% de castellano en la escuela y aparca la reforma del delito de sedición

AINHOA MARTÍNEZ. CRISTINA RUBIO. MADRID. BARCELONA. la razon. 28 Julio 2022

Gobierno y Generalitat se reunieron ayer en el marco de la “mesa de diálogo” en Moncloa para intentar afianzar su relación bilateral, después de una etapa convulsa y de máxima tensión a cuenta del escándalo “Pegasus”. La cita se desarrolló en un clima “sincero, amable y constructivo” y estuvo cargada de secretismo, con un hermetismo absoluto por parte de ambas delegaciones, que se reservaron hacer oficiales los avances que han alcanzado, sobre los que llevan semanas trabajando, hasta después de las intervenciones públicas de Félix Bolaños y Laura Vilagrà valorando el encuentro. Fuentes gubernamentales destacaban el “valor muy especial” de esta última convocatoria, porque en ella “empezamos a recoger frutos concretos con acuerdos específicos”

El ministro de la Presidencia compareció en Moncloa para detallar el grueso de los acuerdos, que se orientan en dos direcciones: “para superar la judicialización de la política y reforzar garantías de diálogo” y para reforzar la lengua catalana. En el primer aspecto, en lo relativo a la desjudicialización de la política, desde ERC se comprometen a desenvolverse “dentro del ordenamiento jurídico” y el “marco normativo”. Un punto y aparte respecto a los desafíos a la legalidad que se produjeron por sus dirigentes en 2017. En este sentido, se establece que “la renuncia a sacar la política de las reglas del juego democrático”.

En este contexto, no se ha avanzado, como querían desde Esquerra, en la revisión del delito de sedición. Una puesta por adecuarlo a los estándares normativos europeos que el Gobierno central mantiene, pero para la que considera que “no existe” ni un acuerdo, sobre el que trabajar, ni una “mayoría suficiente” para emprenderlo. Tal como publicaba hoy este diario, en Moncloa se parapetan en el “no” del PP para abordar la reforma del Código Penal en este sentido.

La otra pata del acuerdo es la relativa al impulso de la lengua catalana y su impulso en todos los niveles, reconociendo la diversidad lingüística como una “riqueza de nuestro país”. El Gobierno asume como propia la promoción del catalán, por tratarse de una lengua española, y lo defenderá en varias direcciones, entre ellas, dando autonomía a los centros educativos para que refuercen el castellano o el catalán en función de sus intereses. Este precepto está recogido en el artículo 8 de la ley sobre el uso de las lenguas oficiales en la escuela que el Parlament aprobó recientemente por amplia mayoría, una norma que el Ejecutivo considera “perfectamente adecuada a la Constitución y al marco estatutario”.

Es decir, el Gobierno se hace suya la política lingüística de la Generalitat con la inmersión en el centro del sistema y da carpetazo definitivo al 25% de castellano en las aulas, un porcentaje que ordenaron los tribunales a través de una sentencia marco del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña avalada por el Supremo. Cabe recordar en este sentido que el independentismo impulsó una nueva ley en el Parlament -secundada también por el PSC de Salvador Illa- que no fija porcentajes lingüísticos como ordena la justicia, sigue blindando el catalán como lengua “vehicular” y “propia de Cataluña” y sitúa el castellano como idioma “de uso curricular” y no “de aprendizaje”, como así pedían en un inicio los socialistas.

Blindar el catalán y dar por enterrado definitivamente el 25% de castellano en la escuela es un aspecto capital para ERC. “Se trata de un elemento clave, nuclear”, ha admitido la propia consejera Laura Vilagrà en la comparecencia posterior a la mesa. La republicana ha recordado que el TSJC llevará ante el Tribunal Constitucional la normativa porque impide ejecutar la sentencia y aplicar el 25% de castellano en las aulas, y ha presumido de contar con e apoyo de la Moncloa: “El Gobierno da cobertura al Parlament”.

También se dará una “perspectiva lingüística a los proyectos legislativos” y se proyectará la diversidad lingüística en el exterior, solicitando que el catalán sea lengua de uso en el Parlamento Europeo e integrando a representantes de la Generalitat en las delegaciones que acudan a los foros internacionales donde se traten cuestiones lingüísticas. Desde el Gobierno anticipan que estos avances serán extensibles al resto de lenguas cooficiales que lo soliciten.

En Moncloa existe satisfacción, porque consideran que se ha dado un paso más en la forma de “hacer política útil”, poniendo en valor que en cuatro años de diálogo se ha conseguido más que en tres legislatura de enfrentamiento. “Queda mucho diálogo por delante, hoy no es un punto y final es un punto y aparte”, ha señalado Bolaños, anticipando que “cuando haya nuevos acuerdos, celebraremos una nueva mesa de diálogo y los expondremos públicamente”.

Como acostumbra a ser habitual, la Generalitat ha puesto el acento en sus reclamaciones y ha advertido que su empeño sigue siendo la “autodeterminación”. “EL conflicto no se resolverá hasta que la ciudadanía vote”, ha zanjado Vilagrà.

Texto íntegro de los dos acuerdos firmados entre el Gobierno y la Generalitat para “desjudicializar la política” e “impulsar y proteger” el catalán

El Gobierno se compromete a solicitar que el catalán sea lengua de uso en el parlamento europeo, al igual que en el Senado español

ADELA SANCHIDRIÁN. la razon. 28 Julio 2022

Este es el texto íntegro de los dos acuerdos que el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña han sellado este miércoles para “desjudicializar la política” y para “impulsar y proteger la lengua catalana”, dando autonomía a los centros educativos en Cataluña para que decidan sobre el reforzamiento de esta lengua y para fomentar su uso en el Parlamento europeo.

El ministro de la presidencia ha concretado que en el impulso a la desjudicialización, la actividad política e institucional debe llevarse a cabo dentro del ordenamiento jurídico vigente y que la eventual mejora del marco normativo se ha de producir mediante mecanismos ya establecidos, además de que los acuerdos deben ser con mayorías “grandes”.

Bolaños ha incidido en que las instituciones públicas han de preservar el interés general y en referencia al acuerdo para impulsar la diversidad lingüística ha avisado de que el objetivo es preservar la “riqueza” de las lenguas en España.

Entre las premisas que centran el pacto con la Generalitat sobre la lengua catalana, el ministro de la presidencia ha reconocido y valorado la ley sobre la protección de la lengua catalana aprobada por el Parlament “con un 80 % de consenso” y ha señalado que el Gobierno aprueba que cada centro educativo tenga autonomía para fomentar la lengua que considere que se debe reforzar.

Asimismo, el Gobierno se ha comprometido a proyectar la diversidad lingüística en el ámbito internacional y a solicitar que el catalán sea lengua de uso en el parlamento europeo, al igual que en el Senado español.

El ministro ha destacado el ambiente sincero y constructivo de este tercer encuentro -que en su opinión- supone un paso más con respecto a las dos primeras ya que empiezan “a recoger frutos concretos” y ha aseverado que en cuatro años de diálogo con el gobierno socialista “se ha hecho más que en tres legislaturas de enfrentamiento e inmovilismo”.

Ha hecho un llamamiento también al diálogo entre partidos catalanes, en referencia a ERC y JxCAT, ya que es imprescindible porque “gana Cataluña y la mayoría social”, toda vez que Junts no ha querido participar en esta reunión.

ENTREVISTA A ANA LOSADA, PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA POR UNA ESCUELA BILINGÜE (AEB)

"La vehicularidad del castellano está en la Constitución, no la decide un director escolar"

Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, denuncia que la "izquierda ha comprado los mantras del nacionalismo. Los defiende como ellos o incluso más"

BORJA NEGRETE. vozpopuli. 28 Julio 2022

El acuerdo del Gobierno de Pedro Sánchez con el Govern catalán es una nueva estocada para los catalanes que llevan años luchando por una educación bilingüe en Cataluña. "El PSOE ha traspasado límites nunca vistos", lamenta Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), en conversación telefónica con Vozpópuli. En el pacto cantado por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, el Gobierno de todos los españoles muestra su apoyo a la norma aprobada en la Generalitat que hace desaparecer de facto al castellano como lengua vehicular. Una nueva concesión a los independentistas que tira por la borda el esfuerzo de sociedades civiles como la que representa Losada, y a las que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dio la razón en una reciente sentencia.

Bolaños ha señalado que el Gobierno aprueba que cada centro educativo tenga autonomía "para reforzar la lengua que considere más oportuna", como establece un decreto ley que se sacó de la manga ERC para driblar la sentencia del TSJC que defiende la obligatoriedad de utilizar el castellano como lengua vehicular en un 25% de la formación escolar. Ahora, serán los directores escolares los que decidan su implantación en tal porcentaje o no. Es más, la ley sobre el uso de lenguas oficiales en la escuela catalana que aprobó el Parlament a los pocos días con el apoyo de ERC, Junts, los comunes y el PSC de Salvador Illa, relega al castellano a una asignatura curricular más al nivel de la educación física o las ciencias sociales.

"Es muy grave que el Gobierno de España haya negociado en una mesa de independentistas los derechos lingüísticos de los catalanes. El Gobierno de nuestro país se posiciona, de esta forma, en contra de la sentencia del TSJC que llama la atención sobre la inconstitucionalidad de la Ley 8/2022, de 9 de junio, sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria", lamenta Losada. El TSJC explica que la ley "establece la consideración del castellano como lengua de uso curricular, en contradicción con el fundamento constitucional que determinó el fallo de la sentencia y que se concretó en el reconocimiento del castellano como lengua vehicular”.

"La vehicularidad del castellano viene en la Constitución, no la puede decidir el director de un centro educativo. El director escolar lo que tiene que hacer es aceptar la Constitución. Bolaños está defendiendo como bilingüismo algo que no lo es. Es una vergüenza que el Gobierno de España ningunee la Constitución y negocie con el independentismo cómo va a ser la escuela catalana", añade Losada. "¿Cómo puede ser que el Gobierno de España incluya una ley de la que a las dos semanas de aprobarse el TSJ dijo que tiene visos de ser inconstitucional porque ataca el artículo 3 de la Carta Magna? -'El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla'-. El Gobierno, con toda la chulería, pasa del tribunal e incluye esta ley en el acuerdo. Es un desafío a la justicia".

Esta semana, el Govern publicó unas instrucciones de cara al curso 2022-2023 donde se establece el catalán como lengua, no solo vehicular, sino a ser utilizada de manera funcional en el centro (carteles, indicaciones, comedor escolar, etc.). "Básicamente, desde que entras por la puerta del colegio no se va a poder decir una palabra que no sea en catalán. Eso lo ha aceptado nuestro Gobierno español".

Desamparo hasta la decisión del Constitucional

Losada explica que su situación y la de los padres que quieren que sus hijos estudien en castellano el 25% del temario es de "desamparo". La ley aprobada por el Parlament y el decreto ley del Govern dejan sin efecto la sentencia del TSJC hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie, "algo que puede ocurrir en 6 meses o en 6 años. Hasta entonces, nadie protege nuestro derecho constitucional. Estamos peor que antes de la sentencia del 25%".

El pacto para "promover el catalán" de Sánchez y los independentistas incluye el compromiso para proyectar la diversidad lingüística en el ámbito internacional y solicitar el catalán como lengua de uso en el Parlamento Europeo, al igual que en el Senado español. Un camino que despeja también para las otras lenguas cooficiales si "así lo requieren los gobierno autonómicos".

"Cómo duele que el Gobierno de España no mueva un dedo por una escuela que cumpla el marco constitucional. La Abogacía del Estado ha sido una muleta de la Abogacía de la Generalitat en todo momento. A mí me parece muy bien que si el Senado vota que el catalán sea utilizado en la cámara, que se utilice. ¿Pero dónde está el Gobierno que nos defienda a nosotros? A nosotros ni nos escucha", subraya Losada. La presidenta de AEB lamenta, además, que el acuerdo da a entender que "la cultura catalana es la cultura que se escribe en catalán, lo que demuestra que el Gobierno ha comprado todos los términos del nacionalismo lingüístico".

Ana Losada

Losada acusa al Gobierno de polarizar la situación en Cataluña, y de hacer que esa polarización traspase las fronteras autonómicas regando toda España: "Las etiquetas del independentismo las utiliza la izquierda para aquellos que no comulgamos con su ideario. La izquierda ha comprado los mantras del nacionalismo. Los defiende como ellos o incluso más. A la mínima, te conviertes en un provocador o de ultraderecha. El Gobierno de España no ha hecho nada para frenar la polarización. Al contrario, este Gobierno fomenta la desigualdad desde el primer día, ya que en nuestro país hay ciudadanos de primera (catalanes) y de segunda (extremeños, murcianos, etc.)".

Tres horas de castellano a la semana

En Cataluña, con la normativa actual, se estudian cero horas de español en Infantil. En Primaria, dos horas a la semana, y en Secundaria, tres. Losada dice que en Bachillerato se da la asignatura de lengua castellana entre tres o cuatro horas. "No es lo mismo estudiar en castellano que dar una asignatura de castellano. Además, se ha convertido en una asignatura maría. En muchas ocasiones no hay exámenes, ni se hacen deberes. Hoy, en Cataluña, no se puede estudiar en español, lo han borrado".

Además, el Gobierno de Pere Aragones promueve para el curso que viene la figura del consejero lingüístico, una suerte de "inquisidor", como lo califica la presienta de AEB: "Ese inquisidor lingüístico va a poder entrar en mitad de una clase para ver si el profesor está impartiendo su asignatura en catalán".

Ninguneo de Podemos

Podemos, socio del PSOE en el Gobierno central, se ha negado a recibir en el Congreso a la asociación que representa Ana Losada. Su excusa es que su organización está "politizada". "Dicen que defienden un criterio pedagógico, no político, respecto al tema lingüístico en Cataluña. En definitiva, que les parece bien que el castellano no sea la lengua vehicular allí".

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