Recortes de Prensa  Viernes 29 Julio 2022

JORNADA 156 DESDE LA INVASIÓN RUSA

El avance ruso en el Donbás se ralentiza a la espera de los refuerzos de Moscú

El Confidencial. 29 Julio 2022

El Ejército ruso sigue sin lograr apenas avances territoriales en la región de Donetsk casi un mes después de proclamar su victoria en la vecina Lugansk, a la espera de refuerzos en forma de batallones de voluntarios de varias regiones rusas. El Estado Mayor General de Ucrania ha admitido que el enemigo concentra sus esfuerzos ofensivos en lograr "el control total" del Donbás, pero que no ha logrado progresar en dirección a los bastiones ucranianos en Donetsk.

Desde principios de julio, el único éxito ruso, según reconocieron Kiev y los separatistas prorrusos, ha sido la toma esta semana de la central eléctrica de Uglegórskaya por un comando de la temida compañía privada rusa Wagner, especializada en el asalto de instalaciones energéticas en Siria y el norte de África.

Según el parte de guerra ucraniano, tropas rusas intentaron en vano avanzar hacia las estratégicas localidades de Siversk y Bajmut, que conducen directamente a Sloviansk, una de las últimas plazas fuertes ucranianas, junto a Kramatorsk. El Instituto estadounidense de Estudios de la Guerra, el Ejército ruso sólo sería capaz en estos momentos de sostener en el frente simultáneamente esas "dos operaciones ofensivas significativas".

Las claves del momento:

La Comisión Europea propone incluir a Ucrania y Moldavia en red transeuropea de transportes

Moldavia amplía otros 60 días el estado de emergencia por la guerra en Ucrania

Multada la periodista rusa que interrumpió un noticiero con una proclama antibélica

La UEFA investiga los gritos en favor de Putin de los hinchas del Fenerbahce

07:30 — El Departamento de Estado de Estados Unidos ha afirmado no haber recibido respuesta a la petición formal de una llamada solicitada al Ministerio de Exteriores ruso entre el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, y su homólogo ruso, Serguéi Lavrov.

"Hemos dejado claro a Rusia que estamos buscando una conversación entre el Secretario Blinken y el Ministro de Asuntos Exteriores Lavrov", ha recalcado en un comunicado el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price.

Price ha asegurado que una de las principales cuestiones de la llamada, será la de tratar con Lavrov una "propuesta sustancial" para liberar la jugadora de baloncesto de la WNBA Brittney Griner y el exmarine estadounidense Paul Whelan, acusados por la Justicia rusa.

07:00 — ¡Buenos días! La ONU dijo este jueves que espera que los primeros barcos cargados con cereal ucraniano puedan salir de los puertos del país en breve, posiblemente en la mañana de este viernes, gracias al acuerdo cerrado la semana pasada con este fin, aunque advirtió de que aún quedan detalles por cerrar.

CAMBIO DE TERCIO EN EL FRENTE

Si crees que Putin está ganando en Ucrania, no te estás enterando de nada

Daniel Iriarte. el confidencial. 29 Julio 2022

En este punto, seguir afirmando que tarde o temprano Rusia acabará por vencer a Ucrania implica no haber estado prestando atención a todo lo que está sucediendo sobre el terreno. La llegada de los equipos occidentales de armamento, sobre todo los sistemas Himars, ha cambiado radicalmente la dinámica bélica, al permitir a Ucrania atacar los depósitos de munición y centros de mando rusos cercanos al frente. Hasta ahora, Rusia estaba venciendo en el Donbás porque podía concentrar toda su potencia de fuego en puntos muy concretos, obligando a los defensores ucranianos a retirarse ante la imposibilidad de resistir semejante embestida de artillería. Pero con estos nuevos sistemas, el Ejército ucraniano ha obligado a las fuerzas rusas a emplazar estos puestos a mucha mayor distancia, dificultando enormemente su logística. El resultado lo estamos viendo ya: las imágenes de satélite muestran que la ofensiva rusa en el Donbás se ha detenido totalmente, con apenas algún intercambio esporádico de artillería de vez en cuando. Nada que ver con la muralla de fuego de hace apenas tres semanas.

Más preocupante aún para los invasores es lo que está sucediendo en Jersón, donde la combinación de sabotajes y acciones guerrilleras con las acciones del ejército convencional está produciendo un lento pero inexorable avance ucraniano, que ya se encuentra a las puertas de la capital regional. La artillería ucraniana lleva días bombardeando los puentes sobre el río Dnipro, dificultando la llegada de refuerzos rusos desde Crimea. Si esos puentes caen o son inutilizados —lo que parece cuestión de días, si no de horas—, las fuerzas rusas en Jersón quedarán totalmente aisladas, lo que imposibilitaría toda posibilidad de resistencia en un contexto en el que la población local es abiertamente hostil a la ocupación. Las tropas rusas, de hecho, lo saben. Están emergiendo testimonios sobre saqueos rusos en los barrios más pudientes de Jersón, lo que ha sido interpretado como un gesto anticipatorio por si los ocupantes tienen que retirarse. Un saqueo no es la mejor forma de ganarte a la población local, pero además es un indicador de que no piensas quedarte mucho tiempo. A diferencia de otras zonas del país, como Irpín y Bucha, hasta ahora las regiones del sur no habían sufrido este tipo de acciones de forma masiva, puesto que el interés de Moscú ha sido en todo momento promover una posible integración con Rusia, nombrando unas autoridades títeres y fomentando medidas como el uso del rublo y el currículum escolar ruso en las escuelas.

Pero si Jersón cae, sucederán varias cosas. La primera es que cualquier pretensión rusa de lanzar una ofensiva terrestre sobre Odesa —cuya conquista habría permitido a Rusia establecer un corredor terrestre hasta Transnistria— se esfumará irremediablemente. La segunda es que Ucrania consolidará una base desde la que puede amenazar no solo el resto de la provincia, sino también Crimea, o al menos las áreas vitales desde las que se suministra agua potable a la península, cuya conquista era uno de los objetivos primordiales de la invasión. La tercera es que la retirada rusa probablemente galvanizará la resistencia en otros lugares como Melitópol, al demostrar que la liberación es posible. Pero es la cuarta la que quizá tenga mayores consecuencias. La pérdida de Jersón no solo dificultaría enormemente los planes rusos de anexionarse los territorios ucranianos al sur del río Dnipro, tras un referéndum predeterminado que, según la agencia Bloomberg, podría tener lugar el próximo 15 de septiembre. Su caída también supondría una debacle muy difícil de explicar para un público ruso a quien día tras día se le está diciendo que la “operación especial” marcha según lo planeado, y aumentaría el descontento entre los halcones rusos que consideran que su país no está lo suficientemente comprometido desde un punto de vista militar, y que Rusia debería entrar con todo en Ucrania. Esto, naturalmente, contribuye a erosionar el liderazgo político de Putin, y probablemente derive también en la enésima purga entre los cabecillas militares a cargo de la invasión.

Sin soldados suficientes

Pero el principal indicador de que la guerra no va bien para Putin es la creciente dificultad para encontrar tropas para la ofensiva, así como para motivar a quienes ya están luchando. Las autoridades rusas han lanzado un plan para formar batallones de voluntarios en cada una de las regiones de Rusia, con los que esperan reclutar más de 34.000 soldados nuevos para Ucrania. Anuncios en televisión y en volantes repartidos por la calle piden nuevos participantes para la campaña, en los que se ofrecen salarios de 200.000 rublos (unos 3.400 euros al cambio), a pesar de lo cual el número de enrolados está muy por debajo de las expectativas. El diario 'The Moscow Times' reporta que los voluntarios son enviados al frente tras apenas cinco días de entrenamiento. Mientras tanto, cientos de soldados profesionales y miembros de la Guardia Nacional se han negado a servir en Ucrania —algo que en teoría están en su derecho de hacer, dado que la invasión no está formulada como una guerra sino como una 'operación especial'—, ayudados por una red de ONG y defensores de derechos humanos con formación legal. La semana pasada, además, se hizo público un vídeo, enviado por un soldado ruso a su madre, en el que se ve cómo un grupo de ingenieros militares se niega a obedecer las órdenes de su coronel. Los hombres se encuentran ahora a la espera de ser juzgados por un tribunal militar. En al menos otro incidente, varios miembros de la 11ª Brigada de Guardias de Asalto Aéreo, una unidad militar de la República de Buriatia desplegada en Ucrania desde el principio de la invasión, presentaron su dimisión. Sus comandantes, en lugar de permitirles regresar a casa, les pusieron bajo arresto e incomunicados, según denuncia la Fundación Buriatia Libre. Y no son los únicos casos.

Todo esto supone un problema serio a la hora de reemplazar las numerosas bajas en combate, similares a las que tuvo la URSS durante una década de invasión en Afganistán. Tanto los servicios de inteligencia de EEUU como los del Reino Unido estiman que la cifra de soldados rusos muertos en Ucrania ronda los 15.000, a los que se suman unos 45.000 heridos. Las bajas en el bando ucraniano son similares, pero la diferencia estriba en que en este último caso los combatientes están librando una guerra por la liberación de su país, un factor que siempre ha sido determinante a lo largo de la historia (véanse los dos millones de norvietnamitas muertos durante la guerra de Vietnam, frente a menos de 60.000 estadounidenses).

Impacto de las sanciones y la supuesta resiliencia

A todo ello se suma el impacto de las sanciones. Existe bastante debate al respecto, pero frente al triunfalismo del Kremlin y la asunción de que Rusia está capeando bastante bien la situación, un grupo de expertos de la Universidad de Yale ha analizado múltiples indicadores privados —y no solo los datos públicos, que hace meses que el gobierno ruso maquilla a su conveniencia— y ha concluido que la economía rusa resiste a duras penas, y que casi todo lo que se dice sobre la supuesta resiliencia rusa es un mito. Incluso si estos expertos se equivocan, existe consenso en varios aspectos: que Rusia es incapaz de reemplazar los avanzados componentes tecnológicos occidentales que su industria militar necesita, lo que le está obligando a recurrir a armamento cada vez más desfasado y precario, y que las sanciones están lejos de ser inocuas. De hecho, la mayoría de especialistas, tanto dentro como fuera de Rusia, señalan septiembre como el mes en el que empezarán a notarse de verdad.

Y aunque tras la batalla de Jersón la guerra podría simplemente estancarse, eso no significa que el tiempo corra a favor del Ejército ruso, contrariamente a lo que piensan muchos (incluido el propio Kremlin). En 2024 Putin se presenta a una reelección que en condiciones normales debería ser un mero formalismo, pero lo cierto es que en sus más de dos décadas de gobierno los únicos momentos en los que su mandato se ha visto amenazado por protestas populares ha sido bien por sus esfuerzos para mantenerse en el poder (como en 2011-2012, cuando Putin anunció que regresaba a la presidencia para suceder a Dimitri Medvédev tras su interregno como primer ministro), bien por razones económicas (como en 2017-2018, cuando las movilizaciones contra la corrupción se fusionaron con las protestas por la reforma de las pensiones). Aunque el contexto —y el nivel de represión— es ahora muy diferente, el inevitable malestar económico derivado de las sanciones podría llevar a muchos rusos a cuestionar la conveniencia de que Putin siga al mando del país, especialmente si el esfuerzo bélico no marcha bien. En este contexto, uno podría esperar cierto pragmatismo por parte del gobierno ruso, pero hasta ahora la única reacción ha sido redoblar la apuesta. Esta semana, Gazprom volvió a reducir el suministro a través del gasoducto Nord Stream 1 al 20%, lo que demuestra que Rusia se mantiene inflexible incluso ante un actor tan dispuesto a hacer concesiones al Kremlin como es Alemania. Moscú cree que de esta manera refuerza sus bazas negociadoras, pero es al contrario: con cada una de estas medidas, convence al resto de países de que el único camino posible es apoyar a Ucrania hasta el final.

Sánchez y el PSOE unen su destino al de Chaves, Griñán y los ERE

El Gobierno y el PSOE respaldan a dos condenados por el mayor caso de corrupción de la historia porque todo el partido se benefició de sus terribles andanzas.

Editorial ESdiario. 29 Julio 2022

Pedro Sánchez ha respaldado sin ambages a los dos presidentes de la Junta de Andalucía y del PSOE al decir públicamente sin pudor alguno, desde Varsovia, que habían pagado “justos por pecadores”, en referencia a sus condenas por el caso de los ERE confirmadas por el Tribunal Supremo.

Aunque no se pronunció al respecto de manera clara, su posición parece inclinada hacia la concesión de indultos, pese a que el PSOE promovió una reforma legal en 2016 para evitar que pudieran concederse para casos de corrupción que produjeran enriquecimiento propio o de terceros. Y el Código Ético socialista, promovido por el mismo Sánchez, también es contrario a esa práctica.

Con su actitud, el PSOE se convierte en heredero de la mayor trama de corrupción de la historia y, lejos de arrepentirse, disculparse y buscar la restitución del desfalco; lanza un relato falso sustentado en dos mentiras: que Chaves y Griñán son honrados políticos por no haberse llevado dinero a sus bolsillos y que la trama era algo ajeno al partido y las instituciones.

La realidad es bien distinta, como demuestra la sentencia de más de 600 folios de la Audiencia Provincial de Sevilla confirmada por el Supremo que en síntesis da por probados los siguientes hechos:

El Gobierno andaluz desvió fondos por importe de casi 700 millones, pese a las reiteradas advertencias de la Intervención, al objeto de crear un sistema clientelar que consolidara el control socialista de las instituciones y la sociedad.

Chaves y Griñán fueron conscientes de las advertencias legales de la Intervención de la Junta y no solo no hicieron nada, sino que lograron sus victorias electorales con ese régimen de corrupción institucional operativo durante casi una década.

El Gobierno andaluz, con Susana Díaz y María Jesús Montero incluso, dificultó el trabajo de la Justicia y de la Guardia Civil; renunció a recuperar el dinero defraudado e hizo lo imposible por bloquear comisiones de investigación parlamentaria.

La complicidad de todo el PSOE

Lejos de la insólita lectura del PSOE, la trama de los ERE fue una perfecta organización delictiva que entre 2000 y 2009 desvió 680 millones de euros con un sistema adulterado de ayudas públicas que se dedicaron a reforzar el control social del PSOE en Andalucía.

Y ayudarle en toda España: Andalucía representa el 20% del censo electoral y ha sido el granero de votos histórico del PSOE en todo el país: por eso Griñán y Chaves fueron presidentes del partido y por eso, por la deuda con ellos como mínimo política, el PSOE les respalda en pleno escándalo y se hace cómplice de él. Quizá porque no tiene otra opción: los dos condenados no actuaban solos y no se beneficiaron exclusivamente a sí mismos.

PP-PSOE y el fin de nuestra democracia

Juan Antonio de Castro. https://rebelionenlagranja.com/. 29 Julio 2022

Resulta patético en estos días constatar la deriva acomodaticia de dirigentes del Partido Popular que, mecidos por la ola del tiempo, están convencidos de que tienen a su alcance y sin mover un dedo, la victoria con la que hace algún tiempo ni soñaban. ¿Pero qué victoria?

La principal victoria, que una gran mayoría de españoles queremos que ocurra, es que desaparezca del poder este gobierno inepto, dirigido por un Presidente mentiroso compulsivo y traidor a la Constitución y a España. Ante la previsible ausencia de mayoría absoluta para el PP, bastaría con que se entendiesen dicho partido y VOX con vistas a, o posteriormente a, las elecciones, y estaría hecho. Pues no. Hay quienes quieren complicar las cosas. Así, el Partido Popular ha empezado a mostrar abiertamente sus cartas. Este partido tiene meridianamente claro que los tiempos han cambiado y, ante la imposibilidad de llegar solo a mayorías absolutas, entiende que es necesario pensar en coaliciones. ¿Pero en cuáles? Es aquí donde ese partido, en el que confiaron muchos españoles a lo largo de décadas, va anunciando sigilosamente, no vaya a despertar al votante adormilado por las vacaciones, que su idilio con un PSOE, en el que desaparezca el Sanchismo, tiene visos de ser mucho más que un ligue pasajero. Esto huele a amor del bueno, a un enlace anunciado. Feijoo no se atreve aún a pedir la mano y difundirlo públicamente, es solo cuestión de tiempo, el tiempo que tarden en cerrarse los colegios electorales de esos futuros y anhelados comicios. Mientras todo eso ocurre, no olvidemos que socialistas y populares vienen ya disfrutando juntos de trabajo en coalición, en particular desde despachos de abogados como ACENTO Public Affairs, donde conviven para quedarse con la mayor cantidad de migajas del pastel en su trabajo por “asesorar”, en el marco de las ayudas comunitarias que recibe España y, entre otros, con los proyectos Next Generation. Allí, esta consultora del socialista Pepe Blanco y el Popular Alfonso Alonso, y en la que trabajan el hijo del Popular Gonzalez Pons, la socialista Elena Valenciano y el socialista Antonio Hidalgo, entre otros, han duplicado en un año su cifra de negocios, para alcanzar los 4,5 Millones de Euros, con cerca de un millón de Euros de beneficio y multiplicando por cuatro su plantilla.

Para edulcorar un poco la píldora que nos van a hacer tragar lo Populares, nos dicen ahora que, para evitar enfrentamientos seculares que solo trajeron violencia y muerte en la historia política de España, y lograr una estabilidad duradera, es necesario que los polos antagónicos se unan. Claro, para repartirse el poder, cuatro años tú, cuatro años yo. Edificante, pero el Señor Feijoo sabe que todo esto es mentira. Lo que él sabe que sucede en realidad, es que el PP ha perdido toda autonomía política en Bruselas. Con los lobbies y Think-Tanks globalistas influyentes de fondo, los dirigentes populares se han arrodillado literalmente ante las directivas del Grupo Parlamentario al que pertenecen en Europa, así como de aquellas que les recomiendan/imponen varios altos funcionarios de Bruselas. Ya lo experimentamos cuando volvió Casado de aquellos lares y arremetió contra Abascal en aquella famosa moción de censura, mostrando la cara más trágica de lo que puede llegar a ser una auténtica traición, por parte del PP, a los valores que durante muchos años han venido compartiendo esos dos partidos. Lo vimos también cuando dirigentes de la Comisión le advirtieron al nuevo Presidente Popular de Castilla la Mancha que esperaban que ese tipo de entendimientos con VOX no se repitiese más en el futuro. La sumisión del PP a sus amos en Europa y más allá de ella, trazando una línea roja y dejando fuera de juego a VOX, es palmaria. No olvidemos que esa sumisión lo es, a su vez, a los poderes de la oligarquía empresarial que se dedica a privatizar la Res Publica a lo largo y ancho del mundo.

Los dirigentes del PP, con Feijoo al frente, saben de sobra lo que están haciendo y nos ocultan lo más importante, y es que esa “Grosse Koalition”, ya sea porque gobiernen conjuntamente con el PSOE, o se apoyen puntualmente en sus votos para gobernar, representa la adhesión de España al pensamiento único, al Nuevo Orden Mundial con su Bildelberg, su Davos y a su Agenda 2030. En definitiva, el PP se ha hecho con todos los accesorios del set de la nueva “Barbie totalitaria” que no es ni PP, ni PSOE, sino la excrecencia de dos fuerzas políticas que comparten ideario común y totalitario globalista, con sumisión total a Bruselas, e incluso a la OTAN. Es preocupante que el nuevo concepto estratégico de la OTAN en Madrid promueva, por meros intereses económicos estratégicos, una nueva política global y agresiva, incluso contra China, por encima, muchas veces, de los intereses de nuestra nación.

Sin VOX, quedara fuera la defensa de la unidad de España, acrecentándose su fragmentación y las diversas derivas independentistas, el respeto y las obligaciones hacia la lengua común de todos los españoles, nuestras libertades en aspectos clave como es la seguridad nacional, la defensa de la libertad de expresión, la cultura de la vida y la lucha contra el aborto y la Eutanasia. El nuevo engendro político que significará esta deriva del PP hacia el PSOE representará la aceptación de las políticas aberrantes de defensa a ultranza de minorías LGTBIQ, de la inmigración, del feminismo extremo, de desdén con la institución de la familia, de la permisividad con las drogas, de políticas que debiliten la propiedad privada, y un largo listado de políticas alineadas con el credo globalista.

Con esta situación, el PP será el único responsable, a partir de ahora, del destrozo que se le haga a España con esa decisión política de enorme calado. Es cierto que desgraciadamente, y a lo largo de nuestra historia, muchos de nuestros compatriotas, al timón de nuestra gran nación, se plegaron a influencias de potencias extranjeras traicionando a España, pero esta vez es demasiado flagrante y amenaza nuestra independencia. Rechazar a VOX para gobernar, por mandato de fuerzas externas, traerá el globalismo totalitario a nuestra nación. Podría ser el fin de la democracia que hemos conocido hasta ahora. Si nos quejábamos del Sanchismo, preparémonos a lo que nos espera con esta pareja de amantes impuestos desde fuera.

Dicho todo esto, aún estamos a tiempo de reaccionar. No debemos esperar que cambie la actitud de un PP, que no va a hacer olas y esperará así que la corriente le lleve a las playas del poder. En cuanto al PSOE, sabe que si sigue en caída libre deberá renunciar al Sanchismo para seguir contando en la política nacional. En todo caso, no nos engañemos, el PSOE será siempre socialista y sus tics, los del marxismo cultural y su deriva globalista. En cuanto a Vox, no cambiará de rumbo y hará bien, pues es actualmente el único baluarte, en la política española, que no se dejará chantajear por los globalistas enemigos de la soberanía y los valores de nuestra gran nación. En las manos de cada uno de nosotros esta dar a conocer y difundir la amenaza que se cierne sobre España y en elegir muy seriamente a quien votaremos. Una amenaza que se va a ver acrecentada por la extremadamente peligrosa situación económica a la que nos enfrentaremos desde este próximo otoño. Esperemos que al menos esa crisis permita adelantar elecciones, porque de no ser así, los destrozos que este gobierno habrá hecho a España podrían ser irreversibles.

El 'milagro' laboral de Sánchez: 300.000 nuevos empleos públicos desde su llegada a Moncloa

Buceando en las cifras del INE, se observa la ralentización del mercado laboral y el dopaje del empleo público de los últimos 4 años.

Beatriz García. libertad digital. 29 Julio 2022

A primera hora de la mañana de ayer jueves, el Instituto Nacional de Estadística (INE) desveló los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) relativos al segundo trimestre del año.

No era difícil anticipar que las cifras publicadas por Estadística tendrían varios resultados positivos cuando, ayer miércoles, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, convocaba para hoy una rueda de prensa con el objetivo de "analizar la situación del mercado de trabajo", una cita muy poco habitual desde que está al frente de la cartera de Trabajo, por lo que los tintes propagandísticos son más que evidentes.

Uno de los elementos principales que ha revelado la EPA es que la ocupación ha aumentado, lo que supone un comportamiento muy habitual en un segundo trimestre del año debido a la campaña turística. En concreto, el número de ocupados en España aumentó en 383.300 personas entre abril y junio, lo que elevó la cifra total hasta los 20,47 millones de ocupados en nuestro país, que es la cota más alta desde 2008 y se aproxima al máximo histórico de 2007.

Por el lado del paro, el desempleo bajó en 255.300 personas entre abril y junio de este año, el mayor descenso para un segundo trimestre desde 2018, y el número de parados cayó por debajo de tres millones por primera vez desde 2008. Hasta aquí, las buenas noticias.

Sin embargo, no hay más que bucear en las cifras del INE para percatarse de que esa cifra es menor que los 464.900 empleos que se crearon el año pasado en el mismo periodo (81.600 menos, en concreto). Además, también hay más de 86.000 ocupados menos si comparamos el dato de hoy con el empleo que se creaba en ese mismo trimestre del año 2018, justo cuando Pedro Sánchez llegó al Gobierno.

En cuanto al paro, también hay que tener en cuenta que, en el segundo trimestre de 2018, el desempleo caía en 306.000 personas, lo que implica 50.700 personas menos en el paro que ahora. De este modo, la ralentización del mercado laboral es clara

Casi 300.000 empleados públicos más en 4 años

Otra de las sombras laborales de las que el Gobierno no habla es el dopaje en el crecimiento del empleo que ha generado el sector público desde que Sánchez llegara a Moncloa. Y es que, el Ejecutivo no ha escatimado en nóminas públicas con el dinero del contribuyente en los últimos años.

Así, el segundo trimestre del año ha terminado con 3.453.900 funcionarios a sueldo de todo tipos de Administraciones, mientras que en el segundo trimestre de 2018 había 3.117.800 ocupados en el sector público, como se observa en las siguientes tablas. Dicho de otra forma, uno de los milagros laborales de Sánchez consiste en haber incrementado el empleo público en 276.100 personas en los últimos cuatro años.

Además, en los 12 últimos meses del año, el empleo público ha aumentado en 14.300 personas. La única lectura positiva es que el empleo público se ha reducido también en 14.300 personas respecto al primer trimestre de 2022.

En plena revalorización de sueldos

Una de las derivadas del aumento del número de funcionarios en nuestro país es el agujero en las cuentas públicas que va a causar la inflación por la revalorización de los salarios de este colectivo. En el caso de los jubilados, el Gobierno ha asegurado que actualizará sus pensiones respecto al IPC "sea el que sea" y todo apunta a que este indicador terminará el año rozando un desbocado 9%.

Hasta ahora, el Gobierno se está resistiendo en indexar la subida del sueldo de los funcionarios al IPC medio del año, aunque el Ministerio de Hacienda está elaborando otro pacto salarial que, también sea el que sea, detraerá miles de millones de los Presupuestos. Mientras tanto, los funcionarios preparan movilizaciones porque anticipan que el Ejecutivo les decepcionará.

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Tot per la pasta

OKDIARIO. 29 Julio 2022

La negativa de la imputada Laura Borrás, presidenta del Parlamento catalán y presidenta de Junts, a echarse a un lado tras la apertura de juicio oral por corrupción amenaza con provocar un cisma de dimensiones colosales en la formación independentista que forma parte del Gobierno catalán.Mientras dirigentes como Jordi Turull la han expresado su apoyo a Borrás, los ‘consellers’ de Junts no son tan explícitos. La situación es compleja después de que Esquerra, la CUP y el PSC decidieran suspenderla de sus funciones en aplicación del reglamento del Parlamento catalán que prevé apartar de manera temporal a los diputados a los que se les abre juicio oral por delitos de corrupción. En el fondo, que nadie se engañe, está el dinero, porque no menos 250 altos cargos de Junts verían peligrar su puesto de trabajo si se rompe el pacto de Gobierno.

Todo se resume en el clásico ‘Tot per la pasta’. Han sido décadas incrustados en la Administración catalana y ahora la situación derivada de la imputación de Laura Borras les coloca en una situación imprevista, porque muchos de ellos se irán a la calle. No es de extrañar, pues, que en Junts haya algo más que división de opiniones. Quienes tienen un cargo público desearían que la presidenta del Parlament diera un paso a un lado y aceptara quedar fuera del escenario político hasta que se resolviera su situación procesal. Piensan que el empecinamiento de Borrás por enrocarse puede provocar graves daños colaterales. Y es que, con la que está cayendo, quedar fuera del paraguas de la Administración catalana es un riesgo que la mayoría de ellos no puede permitirse. Al final, la pela es la pela y muy pocos están dispuestos a inmolarse por su jefa. La situación es de máxima tensión. Junts es un polvorín a estas horas y a muchos no les llega la camisa al cuello. Y es que el independentismo se mueve por convicciones hasta que le tocas el bolsillo.

Un día cualquiera en la España de Sánchez

AGUSTÍN GARCÍA. Okdiario. 29 Julio 2022

Cada día tiene su afán, nos recuerda la Biblia. Y eso Sánchez no lo ha cambiado. Si espera usted un verano tranquilo, de aquellos sin más aspiración que cañita, tortilla, sopor, siesta, crucigrama, heladito y vuelta a empezar, en los que lo único molesto son las moscas y lo único interesante en los periódicos las crónicas de las fiestas de los pueblos, lo lleva claro.

He cogido la prensa un día al azar y esto es lo que hay: un expresidente autonómico del PSOE tiene que ingresar en prisión y en Ferraz se ponen nerviosos, si no lo indultan Guatemala y si lo indultan Guatepeor. Aunque, siempre cabe la solución sanchista que también sugiere algún medio: meter algún juez con un perfil más “abierto” en el Tribunal Constitucional y presentar un recurso. No hace falta que prospere (Griñán le importa a Sánchez lo mismo que usted o yo); basta que sea admitido y pasen las elecciones sin que el TC resuelva (así, ni indulto ni prisión). Y luego, ya, qué más da.

Casi todos los medios abren con ese tema salvo El País, ese periódico que llevó 169 veces los trajes de Camps a su portada, hoy no considera que esta noticia tenga el mismo nivel, incluso en el digital prefiere llenar la pantalla con un especial sobre el quebrantahuesos. Eso sí, luego editorializa sobre el tema, inculpando a los “gestores del programa” y exculpando a “los responsables políticos”. Ya, ya…

Mientras tanto, los indepes a lo suyo, con la inestimable colaboración del amic Iceta que les da el 85% de las últimas subvenciones culturales (ya sabemos que la cultura es fundamental para la ingeniería social) y encima les libra de Xavier Sardá, tras ser cancelado en Cataluña. RTVE, a razón de 180.000€ por programa, ha recuperado al periodista, que también la tele es clave para la ingeniería social y, como Sardá, pocos saben hacerlo.

También, en la misma mañana, puedo leer que la Generalitat impone comisarios lingüísticos en los centros educativos para evitar que se hable español en el comedor o el recreo, que el Gobierno da a los Mossos d’Esquadra el dinero que niega a Policía Nacional y Guardia Civil para generosas prejubilaciones, y que Sánchez retoma la reforma de la sedición en el Código Penal para atraer a los huidos a Cataluña y a ERC a los presupuestos. Para que digan que en la Mesa de Dialogo no se avanza en la normalización.

Sigamos, porque el ala podemita del Gobierno no quiere perder protagonismo y en un acto LGTBI subvencionado por Irene Montero (con su dinero de usted), unas drag queen se dedican a golpear con un bate de béisbol figuras de Ayuso y Abascal, en un ejercicio de pluralismo político y tolerancia que tanto caracteriza la nueva izquierda española.

Y, como le sobra dinero, también nos informan de que se ha gastado casi 100.000 euros (con su dinero de usted), en combatir “la violencia estética” que impide a las gordas ir a la playa sin acomplejarse por los cánones de belleza heteronormativos. Gracias a Irene seguirán yendo a la playa (¿antes no iban?), pero no creo que evite que sigan siendo gordas (salvo que ellas quieran, o salvo que el camarada Garzón se gaste otros 100.000 en advertirnos de lo malo que es untar). Pero lo que quiere Irene es que vayan sin complejo. Psicología de Estado.

Todo esto y más pasa en un solo día (el 28 de julio, por si quieren comprobarlo). Y mañana habrá más, pero como dice la Biblia no nos preocupemos del mañana, “el mañana se preocupará de si mismo. Cada día tiene bastante con su propio mal” (Mt. 6.34). Es lo que hace Sánchez que, también por las noticias de ese mismo día, sabemos que batirá su récord de vacaciones veraniegas: 20 días. ¿Será su último verano con cargo al contribuyente?

El TSJC recurre ante el Constitucional el decreto y la ley catalana contra el 25%

El TC tendrá que pronunciarse sobre la validez de las normas separatistas que apoya el Gobierno para impedir el 25% de español en las aulas.

Pablo Planas. (Barcelona). libertad digital. 29 Julio 2022

El idioma español en las aulas catalanas ha vuelto a entrar en el bucle judicial. El Gobierno ha pactado con la Generalidad un acuerdo de "fomento" del catalán que pasa por apoyar el aparataje legal ideado para incumplir la sentencia del 25%. El documento firmado no puede ser más claro. El Ejecutivo respalda el "desarrollo del marco normativo reciente, consagrado por el Parlamento de Cataluña, encabezado por la Ley 8/2022, de 9 de junio, sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria" y tanto el Gobierno como el Govern "consideran, asimismo, que las disposiciones de dicha ley se adecuan al marco constitucional y estatutario".

No opinan lo mismo los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que el pasado 4 de julio notificaron a las partes la imposibilidad de aplicar el fallo del 25%. En ese auto, los jueces avanzaban que las nuevas normas legales "suscitan dudas de inconstitucionalidad, de cuya validez depende la decisión que debemos adoptar sobre la continuidad o sobre la imposibilidad de la ejecución de Sentencia dictada en este proceso, lo que nos obliga a plantear la cuestión ante el Tribunal Constitucional".

El TSJC abundaba en que "el artículo 35.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional dispone que cuando el Juez o Tribunal, de oficio o a instancia de parte, considere que una norma con rango de Ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante dicho Tribunal".

El auto proseguía de este modo: "En el presente caso, estando las piezas de ejecución forzosa y la de inejecución por imposibilidad legal pendientes de resolución, sin prejuzgar la decisión que pueda adoptar el Tribunal a la vista de las alegaciones que se formulen, procede emplazar a las partes y al Ministerio Fiscal en los términos del citado artículo a los efectos de que se pronuncien sobre la eventual inconstitucionalidad del Decreto Ley 6/22 y de la Ley 8/22".

Siete artículos vulnerados

Los magistrados se referían en concreto a que tanto el decreto como la norma autonómica reformada para evitar la aplicación del 25% son contrarias al artículo 3 de la Constitución, que alude a la condición del español como lengua oficial del Estado y también al artículo 27 de la Carta Magna, relativo al derecho a la educación. También consideran que esas normas son contrarias al propio Estatuto de Autonomía, cuyo artículo 35 se refiere a los derechos lingüísticos en la enseñanza y que dictamina que "la enseñanza del catalán y el castellano debe tener una presencia adecuada en los planes de estudios". Los jueces del TSJC apreciaban además "posible vulneración de los artículos 3, 9.3, 24.1, 27, 86, 117 y 118 de la Constitución española".

El auto emplazaba a las partes y la Fiscalía para que en un plazo de días para que "puedan alegar lo que a su derecho convenga sobre la pertinencia de plantear cuestión de inconstitucionalidad". Vencido el plazo, el TSJC ha elevado al TC tanto el decreto como la ley catalana a fin de que se pronuncie sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado y también la Generalidad han informado a favor de la cuestión de inconstitucionalidad.

El español, excluido

En el nuevo auto emitido por el TSJC, la sala contenciosa del TSJC refiere que la Generalidad ha "utilizado de forma abusiva la institución de la legislación de urgencia", haciendo un uso "arbitrario" de la misma, al usar de forma "irregular" el decreto ley con la "voluntad manifiesta de apartarse del cumplimiento" de la sentencia del 25 %.

Para la sala, según apunta Efe, el nuevo marco normativo adolece de constitucionalidad porque establece el catalán "como única lengua de uso vehicular normal, esto es, como lengua habitual", mientras que el castellano "queda ceñido a la enseñanza de la propia lengua y literatura", sin fijar ninguna proporción mínima de uso. El papel que el nuevo modelo da al castellano como lengua curricular y educativa determina, para el TSJC, "su exclusión como lengua vehicular con carácter general", lo que no resulta "compatible" con la Constitución.

El auto añade que la Carta Magna "establece unos límites" que el decreto ley aprobado por el Govern "no puede franquear, uno de los cuales es que no puede afectar a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título 1 de la misma Constitución".

La impunidad de guante blanco

Antonio Robles. libertad digital. 29 Julio 2022

Ayer, tras la mesa de diálogo con los secesionistas, el Gobierno de la nación perpetró una de las villanías más sucias contra la democracia y contra el lenguaje como instrumento de comunicación: "Hemos alcanzado dos acuerdos. Un acuerdo para superar la judialización de la política y para reforzar las garantías del diálogo, y un segundo acuerdo para la protección y el impulso de la lengua catalana".

El lenguaje al servicio de la manipulación. Traduzcámoslo: superar la judialización de la política es comprometerse a que el gobierno de la nación no lleve a los tribunales delito alguno cometido por políticos nacionalistas. O sea, el pilar fundamental de la separación de poderes queda abolido cuando se trata de juzgar delitos cometidos por políticos nacionalistas catalanes. Prioritariamente aquellos que se relacionen con intentonas secesionistas. Con un agravante más, esa voluntad acordada legitima todos los delitos cometidos por los secesionistas catalanes condenados por los acontecimientos del 2017 y el lenguaje tramposo con que los envolvieron. O dicho de otro modo, todo cuanto se hizo y se dijo desde la legalidad del Estado contra esos políticos delincuentes y sus fechorías contra la Constitución, el erario público y la paz social, se habrá de cancelar y pedir perdón a sus responsables. Incluso, como nos descuidemos, habremos de indemnizarles por haberles condenado y encarcelado injustamente. No es una exageración, ya el Tribunal de cuentas ha devuelto a ERC 2.1 millones de euros por los avales entregados por el procés.

¿Quién es un político, por muy presidente del gobierno que sea, para acordar formalmente con otros políticos conchabados con él la impunidad ante la ley? Si la autonomía del poder judicial tiene sentido, es para evitar que el poder ejecutivo y el legislativo se extralimiten en sus funciones fuera de los límites de la Constitución. Si los políticos pudieran conchabarse para evitar ser juzgados, la democracia ya no sería democracia, sino un compadreo cercano a la mafia, donde los ciudadanos estarían indefensos ante la tiranía.

El manipulador de palabras no se queda ahí. Añade un acuerdo "para reforzar las garantías del diálogo". Entiendo, para dialogar, antes hay que transigir con el delito. Porque esto es lo que significa garantías de diálogo para los nacionalistas, garantizarles sus exigencias. Siempre fue así.

A eso ha llegado este déspota y los secesionistas de ERC, asegurarse mutuamente llegar al final de la legislatura. En 24 horas, el propio Sánchez nos mostró el alcance de semejante voladura del Estado Democrático con dos mordidas más a la separación de poderes: la insumisión a la sentencia del TS que garantiza el derechos de los niños a recibir un mínimo del 25% de clases en lengua española, y su descalificación en la sentencia contra la corrupción de los EREs de Andalucía, asegurando que "han pagado justos por pecadores". ¿Quiénes deben ser los justos y quiénes los pecadores para Sánchez? El autócrata que nos dio lecciones contra el PP de Mariano Rajoy amparándose en el respeto a las sentencia judiciales, ahora las desacredita de forma sibilina.

Y en aquello que ha dado largas, sale presta Margarita Robles para ir adobando el próximo envite: reformar el código penal para desactivar el delito de sedición. Y a partir de ahí, manos libres para la rebelión sin consecuencias penales.

Pero de momento se llevan por delante los derechos lingüísticos de todos los españoles en Cataluña. Y ahora a las claras, con una ley exprés de usos lingüísticos (Ley 8/2022) para dejar sin efecto la sentencia del TSJC y TS que garantiza un mínimo del 25% de enseñanza en lengua española. Y ratificada con los votos del PSC de Salvador Illa. ¡Cómo no!

¿Qué nos puede quedar a los ciudadanos excluidos cuando el propio presidente del gobierno por boca de su valido, Félix Bolaños suelta a la salida de la mesa de diálogo: "el impulso y la protección del catalán es una responsabilidad del gobierno de España". Traducción: la protección del catalán implica necesariamente la exclusión del castellano. ¿Acaso no es responsabilidad del Gobierno de España garantizar los derechos lingüísticos de todos los españoles en todos los lugares del Estado? Ante su ausencia el TSJC ha recurrido ante el Constitucional.

Todos los ciudadanos, de todas las tierras de España, han de tomar conciencia de la agresión que el presidente de la nación está infringiendo a los derechos lingüísticos de todos los españoles, y a nuestras instituciones, y conjurarse para echarle con sus votos en la próxima cita electoral del gobierno de nuestra nación, que siendo nuestra, cree que le pertenece en exclusiva.

PD: ‘Docentes Libres’/’Docents Lliures’ denuncia que el Gobierno asuma el discurso lingüístico y el proyecto de construcción nacional del nacionalismo, y ‘Escuela de todos’ convoca a la ciudanía el próximo 18 de septiembre en Barcelona para oponerse a la imposición lingüística

CATALUÑA Castellano en las escuelas

La escuela bilingüe carga contra el Gobierno: "Nos venden por unos presupuestos"

AMANDA PÉREZ GÓMEZ. Madrid. el mundo. 29 Julio 2022

"Por aprobar unos presupuestos y una legislatura se están vendiendo nuestros derechos", la presidenta de la plataforma Escuela de Todos, Ana Losada, ha denunciado frente al Congreso de los Diputados la inconstitucionalidad del pacto, acordado ayer el Gobierno y la Generalitat, para eliminar el 25% del castellano de las aulas catalanas. La portavoz ha criticado que "ninguna de las peticiones expuestas al PSOE se han tenido en cuenta" y ha añadido que "ayer se pactó todo lo contrario".

La plataforma reivindica la necesidad de poner solución a "un problema que afecta todo el país". Losada ha dicho que "el acuerdo ha dado apoyo a una escuela monolingüe en catalán, que incumple nuestra Constitución y que vulnera derechos". Escuela de Todos solicita que en las comunidades bilingües se ponga un límite "al avance de la lengua cooficial", convertida ya en "la única" dentro de las escuelas catalanas, baleares y valencianas.

Ante el "abandono" por parte del Gobierno, Ana Losada pide la creación de una ley de lenguas para reglamentar el uso de las lenguas oficiales y cooficiales y así impedir una situación como la actual que vulnera la Constitución. "El Partido Popular, Ciudadanos y Vox han informado que van a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional", al igual que ha hecho este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Para Ana Losada es "desolador que tengamos un gobierno de España que trabaja en contra de una parte de los catalanes" y afirma que "no todos los catalanes somos independentistas". La portavoz ha calificado como "mesa de cesión" a las denominadas mesas de diálogo que Sánchez y la Generalitat están llevando a cabo. Considera que en los pactos con los socios del gobierno se están vendiendo sus derechos. "Estamos sin recursos y sin voz", ha sentenciado.

La plataforma sentencia que el PSOE-PSC y Podemos han adoptado una postura nacionalista que está "reformando la Constitución por la puerta de atrás" y que imposibilita a una parte de España a estudiar en castellano. "No podemos vivir otras tres décadas en una escuela que vulnera derechos y que no permite a nuestros hijos una formación correcta". Con esta declaración de intenciones Ana Losada y el resto de sus compañeros piden al resto de partidos apoyo para devolver los derechos arrebatados a la población catalana.

Una fiscalía dispuesta a dar por prescrito el asesinato de Miguel Angel Blanco

EDITORIAL. libertad digital. 29 Julio 2022

Grave es que la Fiscalia dependa del Gobierno. Pero más grave aun es que un gobierno dependa de una formación proetarra como Bildu

La comparecencia del candidato a sustituir a Dolores Delgado al frente de la Fiscalía General del Estado, Álvaro García Ortiz, en la Comisión de Justicia del Congreso, como paso previo a su nombramiento oficial, no ha podido ser más bochornosa: Teniendo presente que la misión que la Constitución encomienda al Ministerio Fiscal es la de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, ya resulta bastante patético que a Garcia Ortiz no se le haya ocurrido mejor ejemplo de su compromiso en defensa de esa legalidad que el de "combatir el cambio climático" y "reforzar la perspectiva de género". Aun así, más vergonzoso ha sido su silencio ante la decisión del Gobierno de respaldar el monumental fraude de ley orquestado por los separatistas para desobedecer la sentencia del Tribunal Supremo que reclama al menos un 25% de horas lectivas en castellano en Cataluña —pseudo decreto que finalmente, y ante la pasividad de la Fiscalia, ha tenido que ser recurrido ante el Tribunal Constitucional por el propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña—, o su reacción ante las preguntas sobre el cambio de criterio de la Fiscalía respecto a la prescripción del asesinato de Miguel Ángel Blanco para los etarras Miguel Albisu Iriarte Mikel Antza, María Soledad Iparraguirre Anboto e Ignacio Miguel Gracia Arregui.

El hecho de que Garcia Ortiz haya afirmado que "no hay caso Miguel Ángel Blanco, ETA está derrotada" pone en evidencia hasta qué punto Garcia Ortiz fija su atención no en criterios jurídicos sino en criterios de conveniencia política. Porque, sí, sabemos que ETA hace años que anunció su disolución, como sabemos también que su brazo político Bildu ha pasado a ser un apoyo parlamentario del Gobierno de Pedro Sánchez. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con lo que dicta la ley respecto a cuantos años han de transcurrir para dar por prescrito un crimen como el de Miguel Angel Blanco, crimen que, como todos los perpetrados por la banda, los socios bilduetarras del gobierno siguen sin condenar? Es cierto que el articulo 131.3 del CP, que declara imprescriptibles los delitos de terrorismo con resultado de muerte, se promulgó en 2010 y no se puede aplicar con carácter retroactivo. Pero no es el caso de los crimenes de lesa humanidad, como tampoco lo es el del articulo 132.2 del CP que, ya en el momento del asesinato, señalaba los casos de interrupción en el cómputo de los 20 años que entonces se daba a la prescripción desde el momento del asesinato. Esta última es precisamente la base legal que llevó al fiscal del caso González Mota a señalar que el computo de los 20 años necesarios para dar por prescritos los delitos debían volver a empezar a contar desde el momento de la detención de Mikel Antza y Anboto en octubre de 2004 y no desde la fecha del asesinato, el 13 de julio de 1997.

Que esta sólida y fundamentada postura jurídica haya sido descartada en una mañana por Garcia Ortiz —entonces fiscal jefe de la Secretaria Técnica— sin ni siquiera solicitar un informe sobre la cuestión al fiscal del caso, ya puso en evidencia, cuanto menos, su falta de rigor jurídico, sólo superada por el hecho de dar ahora como peregrino argumento su afirmación de que "ETA ha sido derrotada". Tal vez por ello Garcia Ortiz se ha visto obligado a ultima hora a anunciar que "consultará" el caso con la cúpula fiscal. Pero que nadie se llame a engaño: dado el funcionamiento absolutamente jerarquizado del Ministerio fiscal, más que una consulta, lo que va a hacer el nuevo Fiscal General del Estado será una "llamada al orden" para que todos tengan claro que allí sólo manda él y que el criterio de la Fiscalía sólo depende —Sanchez dixit— del presidente del gobierno.

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