Recortes de Prensa Domingo 28 Agosto 2022
JORNADA 186 DE LA INVASIÓN RUSA
Kiev contabiliza 46.500 soldados rusos "eliminados"
Mientras que Rusia insiste en que las tropas ucranianas bombardean la región de Zaporiyia, el presidente Zelenski incidió en que Putin está poniendo al país y a todos los europeos "a un paso de un desastre radiológico"
El Confidencial. 28 Agosto 2022
El Gobierno de Kiev asegura que, durante las 186 jornadas que han transcurrido desde el inicio de la invasión, sus tropas han "eliminado" a 46.500 soldados rusos, una información que se debe coger con pinzas, ya que ambos bandos facilitan datos de bajas favorables a sus intereses. Dentro del campo de batalla, la situación de la central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa, es "extremadamente peligrosa" y el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) está a la espera de que se pueda materializar una visita de sus expertos. Dada la situación con los dos contendientes, la organización no descarta el riesgo de un accidente: "La instalación funciona, pero con dificultades, de forma que en las circunstancias actuales no se puede excluir el escenario de un accidente. Hay continuas interrupciones de la alimentación eléctrica, problemas con el combustible usado".
En paralelo, Rusia ha afirmado que el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (TNP) no ha logrado encontrar un consenso por diversas objeciones relacionadas con la guerra en Ucrania y el conflicto alrededor de la central de Zaporiyia. Un representante ruso ha indicado que el principal problema es que la distancia entre las partes no se ha superado, de forma que "el consenso es poco razonable".
Las claves del momento:
Kiev advierte del "riesgo de una fuga radioactiva" en la central de Zaporiyia
El Kremlin bloquea la revisión del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares
Rusia quema 10 millones de euros al día del gas que podría enviar a Europa
La central de Zaporiyia ha vuelto a quedar conectada a la red eléctrica de Ucrania
El OIEA insiste en que espera ir "muy pronto" a Zaporiyia
Un incendio provoca la desconexión total de la red eléctrica de la central
09:31 — Otras seis embarcaciones con cereales han partido este domingo desde puertos ucranianos en virtud del acuerdo firmado a finales de julio entre Kiev y Moscú para permitir la exportación de grano ucraniano, según ha informado el Ministerio de Defensa turco. De acuerdo con el último balance, un total de 46 barcos han partido ya desde los puertos ucranianos con cereales hacia el Centro de Coordinación Conjunta, donde se llevan a cabo inspecciones conjuntas en las entradas y salidas a fin de garantizar la seguridad de las rutas.
09:10 — El Ministerio de Defensa británico ha explicado que "es poco probable" que el decreto firmado esta semana por el presidente ruso, Vladímir Putin, para aumentar el personal militar de sus Fuerzas Armadas produzca un "progreso sustancial" en su capacidad de combate en el este de Ucrania. "Esto se debe a que Rusia ha perdido decenas de miles de tropas; se están reclutando muy pocos nuevos militares contratados; y los reclutas técnicamente no están obligados a servir fuera del territorio ruso", ha explicado en su último informe la Inteligencia británica.
09:02 — El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania contabiliza unos 46.500 soldados enemigos "eliminados" desde el inicio de la invasión rusa del país el 24 de febrero y hasta el sábado 27 de agosto, informó la agencia ucraniana de noticias Ukrinform. Según datos de las autoridades militares ucranianas recogidos por Ukrinform se destruyeron 1.939 tanques, 4.254 vehículos blindados de combate, 1.045 sistemas de artillería y 274 lanzacohetes múltiples del ejército ruso.
08:14 — Tanto la OTAN como el Gobierno de Estados Unidos han señalado esta semana que aumentarán su presencia en el Ártico, como consecuencia del aumento de la actividad militar de Rusia en el norte de sus territorios. El secretario de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha declarado en una entrevista para el periódico alemán 'Welt am Sonntag' que la Alianza Atlántica "debe aumentar su presencia en el Ártico, debido a que Rusia está expandiendo su influencia en dicha zona".
08:00 — El Ministerio de Defensa británico ha anunciado que está enviando drones submarinos a Ucrania para que limpie su costa de minas con el objetivo de despejar las vías de suministro de alimentos, atrapados durante meses debido a la invasión rusa. El personal ucraniano que se encuentra en Gran Bretaña recibirá formación sobre la utilización de las máquinas en las aguas frente a la costa ucraniana.
Invierno duro y medidas erróneas
El «plan de ahorro energético» nace muerto al reducir la demanda de energía pero aumentar la de gas natural
DANIEL LACALLE. la razon. 28 Agosto 2022
El Gobierno, por fin, reconoce que España se enfrenta a un invierno duro. La euforia con la que han lanzado los mensajes de propaganda contrasta con la realidad. Hasta Moody’s, agencia de calificación de riesgos muy diplomática habitualmente en las estimaciones que hace, prevé una caída de la economía española que retrasaría todavía más la recuperación del PIB de 2019, previo a la pandemia. Se agradece que el Ejecutivo abandone la propaganda y trate a los ciudadanos como adultos, pero no es suficiente.
España se enfrenta a un invierno muy duro con las peores medidas posibles. El «plan de ahorro energético» propuesto ha nacido muerto al reducir la demanda de energía pero aumentar la de gas natural. Las causas de ese fracaso vienen de lejos. España tiene un mix energético volátil, intermitente y muy caro y es así por diseño político. En los meses de verano, con la ola de calor, la producción eólica y solar se han visto muy afectadas. Sí, la producción solar pierde eficiencia con el calor y el exceso de sol. Un estudio de Massachusetts Inistitute of Technology (MIT) muestra que la producción de las células fotovoltaicas disminuye a medida que aumentan las temperaturas: pierden un 0,45% de eficiencia por cada grado adicional, como refleja Ambientum.
Es más, el plan energético no tiene sentido cuando el Gobierno mantiene un atasco burocrático en las licitaciones solares que puede poner en peligro las expectativas de capacidad instalada a 2023. Adicionalmente, el Gobierno mantiene la decisión de desmantelar la central nuclear de Garoña, continúa con sus planes de cierre de nucleares y además seguirá con la política de quitar pantanos. Conclusión, menos energía autóctona y menor seguridad de suministro.
Se repite algo recurrente con este Gobierno. Copia lo que hacen mal nuestros socios europeos y lo hace peor, e ignora lo que hacen bien.
Este Gobierno solo se compara con los socios europeos para gastar y subir impuestos y para imponer medidas contra los derechos y libertades civiles. Y, efectivamente, cuando se trata de cercenar libertades y aumentar los desequilibrios fiscales, el Gobierno resalta en su proactividad.
Políticas equivocadas
No solo son malas medidas energéticas, sino también económicas. El Gobierno de Pedro Sánchez ha implementado más de cuarenta subidas de impuestos desde su llegada, el 80% de ellas contra la clase media, además de seguir negándose a deflactar los impuestos a la inflación, lo cual deja a los españoles sufriendo más inflación y pagando más impuestos por ella.
Los españoles asalariados se enfrentan a un duro invierno con la mayor caída de poder adquisitivo en dos décadas y más impuestos. El Gobierno, además, quiere seguir subiendo más la carga fiscal con peajes en todas las autovías, un proyecto rescatado de nuevo, impuestos en el aire acondicionado y otros que se les ocurrirán.
Ya explicamos la semana pasada que los datos de España son claros. Partimos de la peor recuperación, más endeudados y con la mayor tasa de paro de la Unión Europea y nos enfrentamos a una crisis con políticas que empeoran la situación de todos.
Más escollos a la contratación y mayores costes para los empleadores. El Gobierno se lanza al invierno con otra subida del salario mínimo interprofesional (SMI) que conlleva una subida de las bases mínimas y, por lo tanto, más impuestos para la mayoría. Los escollos burocráticos y fiscales a la contratación permanecen y se aumentan, empeorando la capacidad de la economía de salir a flote tras dos años de importante esfuerzo.
Todas las medidas que anuncia el Gobierno de Sánchez se resumen en dos palabras: represión y expolio. No hay una sola medida que no sea prohibir, limitar, vigilar y excluir tirando siempre del bolsillo del contribuyente. Esto no es administrar.
Sánchez lleva a cabo una política en la que los contribuyentes, familias y empresas están al servicio del Gobierno y no al revés. No se ha anunciado la más mínima medida de reducción de ministerios, gasto superfluo, asesores, etc. Para el ciudadano español, el invierno será muy duro. Para el Gobierno y sus socios, como si nada.
En este contexto, la oposición debe ofrecer políticas que mejoren la situación de familias y empresas. No valen males menores ni mantener los destrozos acumulados. Hay que ser valientes e ilusionar a una población que está sufriendo un deterioro de su poder adquisitivo y sus condiciones de vida sin precedentes cercanos.
Pobreza y miseria, el objetivo cada vez más confeso de nuestros gobernantes
Luis F. Quintero. libertad digital. 28 Agosto 2022
"En 2030 no tendrás nada y serás feliz", fue la predicción del FMI en el marco del foro de Davos y que no tiene nada de retórico, o de conceptual. Ese es el ojetivo, empobrecer a la población y lo están consiguiendo a pasos agigantados.
La miseria y la pobreza es el objetivo. No es una conjetura o una elaborada conclusión de este redactor, ese el objetivo confeso de los gobernantes que dominan el mainstream mundial y sus satélites en cada país. En nuestro caso, el gobierno de socialistas y comunistas que decide nuestro futuro lleva tiempo empeñado en restringir nuestras comodidades o consumos con la excusa del cambio climático. El Gobierno tiene una cruzada contra los coches, contra las fábricas, contra la carne, contra la calefacción y el aire acondicionado, contra el azúcar, contra los refrescos y las explotaciones agrarias.
Uno de los fundamentos de la ecología política, que gravita en todo el movimiento ecologista y de lucha contra el cambio climático, es el del paradigma del progreso y el consumo. Para los ecologistas, la única manera de progresar en un mundo donde los recursos son escasos y la población creciente es dar marcha atrás en el consumo, reducir nuestras comodidades y retroceder.
Pues bien, por marciano que pueda parecer, éste es el objetivo que llevan años dibujando los diseñadores de las tendencias políticas globales y que empezamos a saborear ahora.
Un claro ejemplo es el tiro en el pie que se ha dado la Unión Europea con su política energética. Una política desquiciada que ha olvidado la física o las matemáticas para dejarse dominar por la política, llegando a tomar decisiones tan alucinantes como la alemana al terminar con todo su parque nuclear, o la española al negarse la posibilidad de explorar y explotar las reservas energéticas que tenemos, por ejemplo, en gas.
Pero más allá de esto, los mensajes que estamos escuchando este año de la clase dirigente no dejan lugar a dudas: su objetivo es que la miseria nos alcance y vamos a pasos agigantados. Lo que hace unos años traería la pobreza energética cuando el recibo de la luz subía un 5%, ahora, que prácticamente se ha doblado, con subidas del 80%, de lo que se trata es de ahorro energético.
Con la excusa de la guerra de Putin, los países de la Unión Europea (y el nuestro no es una excepción) mandan mensajes llenos de moralina eco-progre para que dejemos de consumir, ahorremos en energía y nos preparemos para pasar frío este invierno: "Estamos viviendo el fin de la abundancia", decía este miércoles Emmanuel Macron tras su consejo de ministros. Y pedía, con tono grave, cambiar de mentalidad.
Lo que, sin embargo, no señaló Macron es que ese fin de la abundancia no llega por castigo divino. Ni siquiera por la invasión rusa a Ucrania. Llega por los pecados cometidos durante demasiados años al rentable aroma del kilovatio verde y la financiación sin límites.
Tras la invasión de Putin a Ucrania, era un español, Josep Borrell, quien salía a la palestra para pedir a los europeos que bajemos la calefacción. El objetivo no era otro que "disminuir la dependencia de gas ruso"
Sin embargo, no pidió, por ejemplo a su país, España, que derogara las leyes que prohíben la prospección en busca de combustibles fósiles como el gas, o la negativa española a emplear el fracking para extraer gas de nuestras reservas naturales en lugar de pagar a precio de oro el gas extraído por la misma tecnología que exporta EEUU, uno de los grades beneficiados del conflicto ruso .
Entre las recomendaciones que ha puesto encima de la mesa la UE para tratar de reducir la dependencia energética del gas ruso por miedo a que, llegado el invierno, Putin corte el suministro y deje helados a países como Alemania, está la de limitar el consumo energético de los hogares europeos. Sí, lo que leen. Limitar el consumo en los hogares. Eso sería lo que está preparando el Departamento de Teresa Ribera y que está previsto que anuncie en unos días: un plan de contingencia que podría abrir la puerta a recortes de suministro. No en vano, la señora Ribera ya habló de las lecciones que había aprendido el Gobierno de la pandemia y el confinamiento.
Pues bien, existe una corriente dominante entre quienes ponen en marcha estas medidas que considera que el futuro es hacer de la pobreza virtud, como hizo el filosofo griego Diógenes. Así lo expresaron unos periodistas especializados en sostenibilidad y cambio climático, cuando felicitaron a España por ser el país en el que se habían aplicado las medidas más duras de toda la UE y de una manera más contundente.
La terrible inflación que sufrimos en España, más pronunciada que en el resto de países de la UE por obra y gracia del empeño de nuestro gobierno en disparar el gasto público y la deuda, está ejerciendo sus perniciosos efectos en la población que ya pasa literalmente calor en verano y frío en invierno, no porque se sientan solidarios, sin porque no tienen con qué pagar los suministros.
El Gobierno mantiene su puño de hierro sobre la economía de las familias y no alivia ninguno de los impuestos que sufre, tampoco ha deflactado la tarifa del IRPF para evitar que el Gobierno se forre aún más de lo que debe con el empobrecimiento de los españoles.
El grado de pobreza que ya alcanza la sociedad española ha pulverizado todos los récords. Quizá el termómetro más dramático es el de la caída de consumo de carne, pescado y hortalizas. Que se consumen un 13% menos, según las estadísticas del INE.
Una situación que, lejos de preocupar al Ejecutivo, lo celebra. Así se desprende del comunicado del Ministerio de Agricultura en el que se felicitaba de que los españoles estén arrojando menos desperdicios alimenticios a la basura. Es lo que tiene la escasez, le faltaba a la nota ministerial.
Y como estos, ejemplos tenemos muchos. Los problemas a la sequía no se solucionan con trasvases o con más pantanos (soluciones que eliminarían de raíz el problema de la escasez de agua), no. La solución de nuestros políticos es eliminar o reducir los regadíos.
Soltemos el departamento de Planas y cojamos el de Alberto Garzón. Aquí la escasez es la norma: no al azúcar, no a las bebidas azucaradas, no a la carne, no a las granjas, no a las bebidas alcohólicas, no al roscón de reyes, no a los juguetes de niños y de niñas. Y un larguísimo etcétera.
El gran problema que vivimos en estos días es que el main stream dominado por la clase política intenta convencernos de que el racionamiento energético o alimenticio es bueno porque es necesario ahorrar, pero no explican las causas de la escasez y mucho menos reconocen que ellos las han provocado.
Y si no lo reconocen, no cabe esperar que traten de solucionar los problemas de dependencia energética con más centrales de carbón, gas o nucleares, con la construcción de más pantanos que solucionen la sequía, o trasvases que eviten cortes de agua en periodos de escasez.
La necesaria y urgente regeneración
Jesús Banegas. vozpopuli. 28
Agosto 2022
Cuando el ilustrado británico G.K. Chesterton sacó a la luz hace un siglo su genial e imperecedera sentencia, recientemente recordada en esta columna: "El mundo moderno se ha dividido a sí mismo en conservadores y progresistas. El negocio de los progresistas está en seguir cometiendo errores. El negocio de los conservadores en impedir que los errores se corrijan", se refirió naturalmente a la sempiterna democracia inglesa, que con todas sus imperfecciones jamás bordeó su marco liberal y por tanto nunca cometió el error de cuestionar la separación de poderes, ni por supuesto ha recurrido a prácticas totalitarias bolivarianas como en la España gobernada por Zapatero y Sánchez.
La llevadera ironía británica aplicada a la España de nuestros días cobra, sin embargo, tintes mucho más graves y preocupantes dada la sinigual deriva totalitaria del actual gobierno recientemente glosada aquí. Mientras que los gobiernos conservadores de Aznar y Rajoy corrigieron los principales errores económicos de los progresistas; muy "chestertonianos" ellos, apenas hicieron correcciones en el ámbito institucional. La acumulación de actuaciones políticas progresistas degeneradoras de nuestro sistema democrático ya ha superado en España las peores expectativas "inglesas", para encaminarnos por una senda populista-bolivariana que nos aleja, cada día más, de las buenas prácticas de los países civilizados.
Si como es de esperar, tras unas próximas elecciones, dejan de gobernar quienes enzarzados en perversas políticas secesionistas, comunistas y socialistas han degenerado institucionalmente España, el nuevo Gobierno deberá no solo arreglar los desastres económicos –decrecimiento económico, desempleo, deuda pública desorbitada- que heredará, sino emprender contrarreformas de los desmanes –más que errores– progresistas. He aquí un catálogo de imprescindibles reformas institucionales que una sociedad civil responsable debiera exigir a un nuevo gobierno.
- Cumplimiento de la ley: Garantizar el cumplimiento de las leyes y las sentencias judiciales en todo el territorio nacional, sin excepción alguna.
- Decretos leyes: Uso extraordinario y claramente justificado.
- Leyes "ómnibus":
Prohibición expresa de este recurso.
- Uso de la lengua oficial: cumplimiento del artículo 3º de nuestra Constitución: "El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla". En ningún caso el uso de la lengua oficial puede ser objeto de discriminación negativa en las administraciones públicas, con especial énfasis en la educación y la función pública.
- Justicia: Despolitización de sus órganos de gobierno, agilización de las sentencias y renuncia al uso de los indultos de políticos.
- Educación: Regreso al ejercicio de sus sempiternos valores: disciplina, rigor, jerarquía del saber, esfuerzo, mérito, autoridad del profesor, etc... amén de un cambio copernicano en la selección de los profesores de educación primaria y secundaria; de haber sido los peores estudiantes, a los mejores.
- Unidad de mercado: Supresión de todo tipo de limitaciones autonómicas al libre ejercicio de actividades personales, profesionales y empresariales.
- Despolitización de las instituciones públicas: Deben estar regidas por expertos independientes elegidos con criterios profesionales. Los asesores del gobierno deben ser radicalmente reducidos y estar tasados en su número.
- Simetría de responsabilidades público-privadas: Las obligaciones impuestas a los ciudadanos deben ser igualmente exigidas a las administraciones públicas: cumplimiento de normas, plazos, responsabilidad patrimonial, etc.
- Frenos a la proliferación legislativa: Establecimiento del criterio -de uso anglosajón– "two out & one in": cada una nueva norma exigirá la supresión de dos previas.
- Subvenciones públicas: Severa reducción en todos los ámbitos y transparencia de las adjudicaciones sometidas a reglas previas.
- Presupuesto base cero: En cada legislatura, todas las administraciones deben estar obligadas a practicarlo, al menos una vez.
- Mercado laboral: Supresión de sus rigideces para asimilarlo al de los países con mayor tasa de empleo (% de trabajadores / nº de personas en edad de trabajar), que en España se sitúa por debajo del 50% frente a Suiza, Holanda, etc que superan el 60%.
- Pensiones sostenibles: Sobre las bases de la reforma sueca: sistema mixto –reparto & capitalización-, imposibilidad de déficit, cuantía de la pensión según cotizaciones efectivas, libre edad de jubilación a partir de los 61 años y despido libre desde los 67, etc.
- Libre ejercicio de la función empresarial: Revisión a fondo y supresión de todos los obstáculos acumulados contra la libre empresa impulsora del crecimiento económico y del empleo.
Además de estas obvias y urgentes reformas para sanear nuestras instituciones e impulsar de nuevo la creación de riqueza, un Parlamento con mayoría suficiente integrado por fuerzas con una responsabilidad histórica equivalente a las que hicieron posible nuestra Transición, debiera afrontar la reforma de nuestro sistema electoral que ha quedado obsoleto y alejado del de los países de referencia.
El nuevo sistema electoral debiera:
- Garantizar la estabilidad de los gobiernos.
- Eliminar las injustificadas prebendas de los partidos nacionalistas.
- Atraer a la política a los mejores.
- Acercar a los ciudadanos a sus representantes políticos.
Los sistemas electorales mayoritarios basados en circunscripciones unipersonales a doble vuelta cumplen los anteriores requisitos, siendo Alemania la mejor referencia al respecto.
Los alcaldes deben ser los candidatos que obtengan más de un 50% de los votos, en primera o segunda vuelta; excluyendo así los trapicheos políticos que tanto abundan. Como en un sistema electoral mayoritario puro –tipo inglés– los perdedores en los distritos se quedan sin representación parlamentaria, para compensar este desequilibrio representativo cabría –como en Alemania– asignar un porcentaje de los escaños del parlamento a la suma de votos "perdidos" en cada circunscripción. De este modo, todos los partidos están representados, siempre que superen un mínimo porcentaje a nivel nacional, mientras que la estabilidad de los gobiernos quedaría garantizada.
¿Quién y por qué puede estar en contra de estas medidas regeneradoras de nuestra salud institucional y facilitadoras de un mejor porvenir económico –más crecimiento y empleo con menos deuda pública– para todos? España ha demostrado históricamente –Plan de Estabilización de 1959, Transición política de 1977, integración en la Unión Europea en 1986 y en el sistema monetario del Euro en 1999– que cada vez que se han llevado a cabo reformas adecuadas, los resultados han sido siempre muy buenos.
En lo que va de siglo, Zapatero y Sánchez, además de arruinar nuestra economía –como nunca había acontecido- han venido envileciendo, sin cesar, nuestras instituciones de la mano de partidos contrarios a nuestra Constitución e incluso a la mera existencia de España como nación. Afortunadamente, parece ser que una mayoría de españoles podría estar dispuesta en unas próximas elecciones a votar por opciones políticas con voluntad de Regenerar la democracia y reconstruir el Estado –título de un magistral ensayo del maestro Gaspar Ariño–; y si así resultara, todo lo dicho debería convertirse en un irrenunciable compromiso del nuevo gobierno.
UNA GRAN PARTE VOTA HOY EN CLAVE FEMENINA
El voto cautivo y la utilización de la mujer como palanca revolucionaria
JAVIER TORRES. gaceta. 28 Agosto 2022
Cuando los estudiantes de la Sorbona acudieron a las fábricas a que los obreros franceses se unieran a ellos, éstos les recibieron a pedradas. Los trabajadores dejaron de seguirles, fue la gran lección de mayo del 68: la izquierda cambió al obrero autóctono por el foráneo, de modo que el inmigrante se convirtió en la nueva clase revolucionaria. Y así hasta el siglo XXI, en que un nuevo sujeto político ha llegado para quedarse: la mujer.
La izquierda posmoderna lleva al menos década y media centrando sus propuestas en ella. Citando de memoria, en España se han aprobado en los últimos años leyes contra la violencia de género que rompen el principio de igualdad hombre-mujer y la presunción de inocencia del varón, otras que obligan a la paridad en la contratación o una reforma del aborto que permite eliminar al bebé en gestación de forma libre hasta las 14 semanas de embarazo.
Es verdad que otras imposiciones no se han hecho a golpe de BOE, pero sí de costumbre. La más destacada es el lenguaje inclusivo, algo de lo que muchos se reían hace años pero que hoy usa hasta la izquierda al otro lado del charco, como vimos en el juramento de la nueva vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, el 7 de agosto: «Juro ante mis ancestros y ancestras».
Del mismo modo que se difunde un modo de vida específico para la mujer en la literatura, el cine, el trabajo (éxito profesional) o el ocio (mejor sin hombres), la izquierda ha entendido que hay un nicho potentísimo ahí y a ello se entrega con entusiasmo. Zapatero constituyó el primer Gobierno paritario en 2004 y desde entonces (aunque ellos siguen mandando) ningún líder progresista se ha atrevido a nombrar a más hombres que a mujeres en su gabinete.
Como sucede con las minorías homosexuales o inmigrantes, las mujeres sufren los mismos problemas que el común de los mortales y sería un error creer que no es así. Sin embargo, la izquierda ha logrado colectivizar a gran parte de ellas, que votan en clave femenina, dejando al margen realidades que afectan a toda la población como el paro, la inflación o la subida de la luz y los alimentos. Mejor pasar hambre a que gobiernen los malos. Es el planteamiento que ya han introducido en otros sectores de la población convencidos de que sus derechos desaparecerían si ganase el rival. Se trata, por tanto, de fabricar un voto gregario y cautivo ajeno al devenir de los tiempos.
Prueba de ello es la extraordinaria capacidad de movilización de la izquierda cada 8 de marzo (Día Internacional de la Mujer), única causa que le permite recuperar la iniciativa en la calle. No sucede con ningún otro asunto: ni la lucha por unos salarios dignos, ni la vivienda, ni el acceso al empleo de los jóvenes, ni la inmigración… son banderas inservibles para una izquierda que ya no tiene discurso que ofrecerles.
El mejor ejemplo son los sindicatos que, vendidos al poder, cada vez representan a menos trabajadores que les acusan de traidores. Así, mientras UGT y CCOO han guardado silencio ante la reforma laboral, el encarecimiento de los carburantes, la luz, el gas o la cesta de la compra, sí se manifestaron en Cataluña contra el español en la escuela junto a los acosadores del niño de Canet de Mar. Es decir, no responden a criterios objetivos (defensa de los obreros), sino a los intereses partidistas de quienes les untan de dinero.
En cualquier caso, el verdadero éxito del 8-M es que ha obligado a todos a posicionarse. Desde los partidos hasta los medios de comunicación pasando por bancos y grandes multinacionales, por eso ya no escandaliza que en España el mayor patrocinador del feminismo sea el Banco Santander, ni que la propia Ana Botín declare que ha sido objeto de prejuicios a lo largo de su carrera. La presidenta del primer banco español, una víctima.
Este alineamiento no es ajeno, por supuesto, al periodismo, donde la mayoría de empresas colaboran con el movimiento, las periodistas acuden a la huelga y las estrellas hacen de altavoz. Para la historia quedan referentes como Susanna Griso, que animó a acudir a la manifestación de 2020 cuando el covid ya campaba a sus anchas por España. Ni ella ni tantas otras, que lo sabían, se atrevieron a desmarcarse por la presión social. «Nos va la vida en ello», llegó a decir Carmen Calvo.
Sabemos que ninguna de ellas pidió perdón, pero no a cuántas mujeres se les caería la venda al ser utilizadas como carne de cañón ese 8 de marzo. Si aquello sirvió para algo fue para recordarnos que la mujer es usada, como antes el inmigrante o el obrero, como abstracción, concepto y palanca revolucionaria con la que empuñar consignas y transformar la sociedad.
Por ello, se comparta o no este feminismo de Estado, cualquier opción política que aspire a crecer deberá enfrentarse a la realidad: existe el voto femenino.
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El nuevo 'procés'
Editorial ABC. 28 Agosto 2022
Aunque el detonante del proceso de declaración unilateral de independencia culminado en octubre de 2017 fue el 'Acuerdo para la Transición Nacional' firmado por Artur Mas y Oriol Junqueras en diciembre de 2012, se puede remontar su origen político a la decisión del socialismo catalán de impulsar en 2003 un estatuto soberanista para Cataluña. La arquitectura política de aquella iniciativa fue un gobierno de coalición formado por el PSC y Esquerra Republicana, bajo la presidencia de Pasqual Maragall. Fue socialista la idea de un estatuto de corte confederal, que definiera a Cataluña como sujeto soberano y que diera legitimidad a su propio gobierno sobre la base de unos 'derechos históricos'. Y fue entonces cuando Zapatero se comprometió a respaldar el Estatuto que saliera de Cataluña, cosa que hizo, aunque en 2010 el Tribunal Constitucional, por un recurso del PP, en una sentencia de corto alcance y efecto largo, apoyada por la mayoría progresista, segó de raíz cualquier intento de equiparar un estatuto autonómico a la Constitución. Este era el objetivo del pacto aún vigente entre el nacionalismo catalán y el socialismo español, con la vista puesta en una derogación encubierta, pero efectiva, de la Constitución de 1978, y en un pacto de hierro contra la derecha española.
La sentencia del TC fue la excusa del separatismo para hacerse el ofendido y montar una campaña bien financiada y organizada que diera vida al proceso de independencia. Todas las normas aprobadas para esta finalidad fueron anuladas por el TC, pero, gracias al mantenimiento del poder autonómico, el nacionalismo perseveró en sus objetivos y convocó una primera consulta ilegal en 2014, celebró unas elecciones plebiscitarias en 2015 y, finalmente, desplegó el proceso que culminaría en la trama sediciosa del 1 de octubre de 2017.
Todo lo que ha sucedido a partir del 1-O demuestra que sigue en marcha otro 'procés', con métodos y contenidos diferentes, con el asombroso apoyo del socialismo catalán y del Gobierno central, pero con el mismo objetivo de excluir a Cataluña del ámbito de la Constitución de 1978 mediante legislaciones que hagan innecesaria una derogación formal de la norma fundamental del Estado. Por ejemplo, mediante la ley que aniquila el castellano en el sistema educativo catalán, a pesar de las sentencias del TC, del TS y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Los acontecimientos hablan por sí solos. El PSOE condicionó al PP –y este se dejó– para aplicar un 155 limitado, en tiempo, forma y fondo, al Gobierno catalán. Desde entonces, el PSOE puso punto final a la colaboración con el PP en el asunto político más grave de la democracia española y optó por relanzar el viejo pacto del Tinell, aquel guion de Zapatero y Rubalcaba para aislar a los populares con un 'cordón sanitario', en el que solo faltaba Arnaldo Otegi. Y también hoy está Otegi. La sentencia del Supremo contra los sediciosos tuvo las réplicas partidistas de los indultos a los condenados y la deslealtad del Gobierno y del PSOE con la Sala Segunda del alto tribunal dentro y fuera de nuestras fronteras. Hoy, separatistas y socialistas son socios estables en el Congreso y en el Parlament, comparten una 'mesa de diálogo' y diseñan entre sombras la desconexión catalana del resto del Estado mediante leyes privilegiadas para Cataluña.
Las discusiones internas del nacionalismo ni son nuevas ni alteran los planes conjuntos del separatismo, el cual sigue dando cuerda a un nuevo 'procés', más acompasado a los efectos de las condenas penales impuestas por la Sala Segunda, aunque hayan sido indultadas, pero igualmente ratificado en sus objetivos, con el apoyo del socialismo español.
Y EXIGE QUE SE PROTEJA A LAS VÍCTIMAS
VOX pide que se suspenda el nuevo aquelarre batasuno programado en Alsasua
gaceta. 28 Agosto 2022
VOX ha enviado un escrito a la Delegación del Gobierno en Pamplona en el que solicita la suspensión del acto conocido como Ospa Eguna en Alsasua (Navarra), que está programado para el sábado 3 de septiembre, y cuyo objetivo es «mostrar rechazo a la Policía, a la Guardia Civil, a su presencia, y por lo tanto al cumplimiento encomendado por las normas del Estado: velar por la ley».
La Vicesecretaría Jurídica Nacional de VOX, bajo la dirección de Marta Castro, advierte de que este mensaje, además de rechazar la presencia de la Guardia civil y Policía, «difunde la idea de que sus integrantes no son dignos de respeto y autoridad, y de forma absolutamente falsa propaga que son los causantes de una ‘represión a los trabajadores’ para crear en el imaginario de sus seguidores la maldad de los integrantes de estos cuerpos y conseguir con ello difundir el rechazo de los mismos».
Además, fundamenta Castro en su escrito que la finalidad de este acto es constitutiva de un delito de enaltecimiento del terrorismo, de acuerdo con el artículo 578 del Código Penal (CP), y de un delito de odio, artículo 510 del C.P.
El acto, recuerda la formación que preside Santiago Abascal, debe ser suspendido por la Subdelegación del Gobierno de acuerdo con la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, que establece que el Estado asume la defensa de la dignidad de las víctimas; las Administraciones Públicas, en el ejercicio de sus competencias, adoptarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a esta prohibición, y prevendrán y evitarán la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, exaltación del terrorismo, homenaje o concesión pública de distinciones a los terroristas. Además, los delegados del Gobierno en las comunidades autónomas velarán por el cumplimiento de la obligación establecida en los apartados anteriores.
Además de VOX, también la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha pedido su suspensión. Además de criticar la gran pasividad por parte del Ministerio del Interior y del Gobierno de Navarra, quienes permiten este evento.
En un comunicado, la AUGC ha señalado que “el Ejecutivo debería prohibir las manifestaciones de este tipo por proferir odio hacia nuestros compañeros, sus familiares y hacia la propia Institución».
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