Recortes de Prensa  Domingo 4 Septiembre 2022

JORNADA 193 DE LA INVASIÓN RUSA

Kiev planea exportar energía a Alemania ante su dependencia rusa

El Confidencial. 4 Septiembre 2022

Ucrania planea apoyar a Alemania suministrándole energía ucraniana con el objetivo de limitar la dependencia de Berlín de las importaciones de la energía rusa. "Actualmente, Ucrania exporta su electricidad a Moldavia, Rumanía, Eslovaquia y Polonia. Pero estamos preparados para expandir nuestras exportaciones a Alemania", ha afirmado el primer ministro de Ucrania, Denys Shmyhal, a DPA. Shmyhal ha asegurado que comentará esta medida con las autoridades alemanas durante la visita que realizará este fin de semana a Berlín, ya que tienen "suficiente electricidad en Ucrania gracias a las centrales nucleares".

Por otro lado, Ucrania denunció que Rusia manipuló la visita de los expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) la víspera a la central nuclear de Zaporiyia, controlada por las tropas rusas, por lo que será "difícil" que la agencia nuclear de la ONU pueda elaborar un informe imparcial sobre la situación real en la planta, que está bajo constantes ataques. "El Ejército ruso miente, manipula y tergiversa la realidad en la planta nuclear de Zaporiyia al diseminar solo aquella información a la misión del OIEA que le beneficia", escribió la empresa estatal de energía nuclear de Ucrania en Telegram.

Las claves del momento

La OIEA establece una presencia "continuada" en Zaporiyia

Ucrania denuncia que Rusia manipuló la visita a la central nuclear

Rusia asegura causar 330 muertos a Ucrania al rechazar contraataque

El Kremlin asegura que no tiene armamento pesado en la central

08:00 — El presidente ucraniano, Zelenski, ha advertido que Rusia está preparando un "golpe decisivo" en la ofensiva energética en la que ha suspendido sus envíos de gas a través del gasoducto Nord Stream 1. "Rusia estos días intenta incrementar aún más la presión energética sobre Europa. El envío de gas a través del Nord Stream 1 se ha paralizado completamente", ha apuntado Zelenski en su mensaje de vídeo diario.

Acoso a la justicia

Editorial ABC. 4 Septiembre 2022

Esta semana será crucial para el futuro del poder judicial más desprestigiado de las últimas décadas y para el deterioro institucional que viene sufriendo el Tribunal Constitucional por el acoso partidista del que es víctima, por su politización y por el afán del Gobierno de controlarlo. La estrategia del presidente del Gobierno en ese sentido es una trampa. Meses atrás forzó una reforma legal que impedía al Consejo General del Poder Judicial realizar nombramientos determinantes en el Tribunal Supremo o los Tribunales Superiores de Justicia, y tal bloqueo persiste. Sin embargo, como su afán es alterar la mayoría actualmente conservadora del Tribunal Constitucional, Pedro Sánchez sí ha modificado de nuevo esa ley para autorizar al CGPJ a realizar únicamente los dos nombramientos del TC que le corresponden, lo cual es un trágala inasumible para el normal funcionamiento de las instituciones y un manoseo de la cúpula judicial.

El presidente del Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, está ante una disyuntiva diabólica: la de mostrarse sumiso al Gobierno para cumplir una ley que aún se desconoce si es constitucional o no (sigue en debate en el propio TC), o la de afrontar una negativa de vocales para que no exista el 'quorum' mínimo de tres quintos para forzar esos nombramientos. Y todo, basado en la pretensión de Sánchez de no desbloquear todas las designaciones de nuevos jueces que necesita el sistema judicial, sino solo las dos que le convienen para alterar la mayoría vigente del TC y tratar de garantizarse así la constitucionalidad de todas sus normas en discusión. En este contexto, Sánchez lleva meses avanzando un discurso falso y victimista, según el cual la Justicia es de derechas y se está rebelando contra la propia democracia. Es cierto que el CGPJ lleva casi cuatro años sin ser renovado por la falta de acuerdo entre PSOE y PP, lo cual es una anomalía institucional, pero también lo es que si alguien está vetando que se cubran vacantes determinantes en nuestros tribunales es Pedro Sánchez. De momento, la presidencia de siete tribunales superiores sigue sin cubrirse, el Supremo necesita renovar a catorce magistrados, y lo mismo ocurre con la presidencia de la Sala Penal de la Audiencia Nacional y con una veintena de jefaturas en las Audiencias Provinciales. Este es el diagnóstico de la parálisis.

En realidad todo parte de una premisa discursiva chantajista al Poder Judicial por parte del Gobierno. Sánchez tiene razón cuando argumenta que de las cuatro plazas pendientes de renovar en el TC, tres deben ser progresistas, una a cuenta del CGPJ (la otra sería de corte conservador), y dos deben ser designadas directamente por el Gobierno, sin consultar nada con nadie. Es la ley, así ocurre desde 1981, y es legítimo que el Ejecutivo exija que no haya bloqueos por parte del PP. Pero en los modos y maneras de Sánchez, con una notoria invasión de las propias competencias del Poder Judicial, hay mucho de autoritario, y el descrédito se multiplica. Cuando el CGPJ se someta el próximo jueves a las formas con que Sánchez aborda esta renovación, no actuará solo por criterios de legalidad, que es lo que se pretende presentar a la opinión pública, sino de sumisión y dependencia. Es decir, coaccionado. Nunca antes ningún Gobierno había impuesto por decreto una fecha al Poder Judicial como ultimátum para cumplir sus deseos.

A día de hoy no existe en el CGPJ el mínimo de tres quintos de vocales para asegurar los nombramientos. Hasta ahora, siempre, los cambalaches entre partidos y vocales han ido lastrando la imagen de la Justicia hasta hundirla. Por eso conviene apelar de una vez por todas a la normalidad institucional y al respeto del debate para disponer del mejor TC posible, y no del más politizado al servicio de Sánchez. Cabe invocar el diálogo y el acuerdo sin imposiciones del Ejecutivo porque lo contrario sería permitir que con un legalismo forzado del Gobierno se manipule la auténtica función del CGPJ. Las instituciones han de permanecer al margen de toda sospecha de rebeldía. Pero si esta semana fracasase la maniobra de Sánchez, no será ninguna sorpresa ni una afrenta de desleales manejados por una derecha antidemocrática que se encastilla. Será solo una muestra de independencia de criterio de los vocales, también por cierto cumpliendo la ley. El descrédito no puede ir más allá y muestra de ello es que hay magistrados de prestigio, a izquierda y derecha, que se están negando a entrar en el TC para no someterse al juego partidista. Hay que preguntarse por qué. Y la única razón es su rechazo a participar de un mayor emponzoñamiento de la Justicia a las órdenes de los partidos y, en este caso, del Gobierno.

CAMBIÓ PARA BIEN EL MUNDO

El gran regalo de Gorbachov

HERMANN TERTSCH. gaceta. 4 Septiembre 2022

Ha muerto Mijaíl Gorbachov y toda la prensa mundial ha ponderado a la persona y su obra. Nada puede haber más justo. No hay nadie, ni siquiera en el bando de los vencedores de la Guerra Fría, cuyas decisiones personales fueran más trascendentes en el gran cataclismo mundial que se produjo entre el festivo corte de los alambres de espino de la frontera entre Hungría y Austria en junio de 1989 y las dramáticas y convulsas jornadas de tanques y pronunciamientos de la desaparición de la URSS dos veranos después. Pocas veces en la historia un individuo ha tenido una intervención personal tan relevante en un cambio el mundo para bien.

Y digo para bien porque a nadie debiera caber duda de que la destrucción de la URSS y la liberación de toda Europa Central y oriental así como otros países fue un bien absoluto para la humanidad. Entre Tallin y Tarifa, entre Jarkov, Estambul y Finisterre, habrá pocos europeos que puedan tener hacia Gorbachov otro sentimiento que el de gratitud. Porque con todos sus problemas, tensiones e incluso dramas, la historia de los últimos treinta años de los países liberados del yugo comunista es clamorosamente positivo. Aunque en algunos de ellos las democracias arrastren todo tipo de lacras y perversiones de su calvario socialista y subdesarrollo previo, todos ellos sin excepción son países mejores hoy que cuando Gorbachov llegó al poder en 1985.

Y no pocos se han convertido en vanguardia de desarrollo económico y social, de civismo, de probidad e identidad, como son los bálticos, Hungría o Polonia, ese pionero que en 1979 en la visita de Juan Pablo II y después con la huelga de Gdansk en 1980 puso en marcha la cuenta atrás para la dictadura en Europa Central y Oriental. El inmenso regalo de Gorbachov a la humanidad, por mucho que fracasara en lograr una salida digna para su propia Rusia, fue permitir sin derramamiento de sangre la libertad de más de una decena de países. Integrados en la Unión Europea ellos han traído consigo lo que Europa occidental hace tiempo que olvidó y perdió: la certeza de que hay un bien y un mal que los individuos y las sociedades en Europa no pueden relativizar si no quieren destruirse como parte de la civilización de los tres faros, de Atenas, de Roma y de Jerusalén. Esa convicción fortalecida y omnipresente por su experiencia reciente de los calvarios nacionalsocialista y comunista hace a estos países el músculo moral de Occidente.

Con una fuerza y firmeza que temen socialdemócratas globalistas, colectivistas y demás liberticidas, porque es la principal amenaza para sus planes de ingeniera social y desmantelamiento nacional y deconstrucción social con su vital e incondicional defensa de la nación, de los valores judeocristianos, de la libertad y la sacralidad de la persona. Para nosotros, es un regalo colosal que debe dotar a todo Occidente, América incluida, de las armas morales, culturales, políticas, para la reconquista de la libertad, también donde no ha sido el comunismo soviético, sino el narcocomunismo y el crimen organizado como en Iberoamérica, o la socialdemocracia y el mensaje «woke» como en Europa occidental o Norteamérica. La Hispanidad es el tesoro que puede permitir a España jugar ese papel de puente y catalizador de los valores de la verdad y la libertad hacia toda la Iberosfera.

A mí me regaló Mijaíl Gorbachov la mejor era que puede recordarse y hasta concebirse para el periodismo como relato de la realidad de trascendencia inmediata, de la historia en acción y pasión. Son miles las crónicas de la década milagrosa. El regalo no fue solo de él, pero sí sobre todo él y de ese trío que tuvo enfrente la URSS y que le hizo a él posible: Ronald Reagan, Margaret Thatcher y Juan Pablo II, los tres «deslegitimadores» del sistema criminal que es el comunismo. Ellos tres neutralizaron la que hoy sabemos tramposa y cómplice Ostpolitik de Alemania y apostaron por la libertad y la verdad, los dos enemigos mortales del socialismo y no por aquel «apaciguamiento del consenso» que pretendía que los sistemas convergieran.

Considero que los años ochenta del siglo XX en Europa oriental fueron para el periodismo político el momento mágico y paraíso profesional que probablemente solo se haya dado otra sola vez en la historia en los años que van de la Primera Guerra Mundial, el hundimiento de los imperios y la Revolución Bolchevique. El privilegio de presenciar los momentos más dramáticos del hundimiento de una tiranía y el advenimiento, la irrupción, de la libertad en las personas, y el fervor de la emancipación nacional de países tanto tiempo sometidos, marcó mi vida y sigue siendo fuente inagotable de inspiración, emoción y gratificación íntima.

Yo he visto perder a los peores. Y he sentido la felicidad de ver a las víctimas de los peores erigirse en vencedores y saber que entre ellos estaban los mejores, los que más aceptaron sufrir por mantener viva la llama de la esperanza y de la verdad. Los hombres y mujeres que asumieron ir presos por defender la verdad, ser torturados por preservar la memoria limpia, sufrir ellos en nombre de su nación esclavizada, para mantener la sagrada vigencia del mensaje de la integridad personal, la identidad nacional y el amor a la patria.

Da igual que después llegaran los oportunistas y los codiciosos y los «normales». La felicidad de los mártires fue realidad en Europa, yo estaba allí y Gorbachov lo hizo posible. Esta admirada gratitud no la eclipsa ninguno de sus fracasos, su debilidad y su impotencia posterior.

En casi todo el mundo han sido muy amables y agradecidos los obituarios salvo en su patria, Rusia, donde su nombre esta irremediablemente unido al naufragio, al fracaso, a la debilidad y la humillación. Es de justicia, lo uno como lo otro. Hizo posible una bendición para Europa, que fue devolver su libertad y su soberanía a todos los países que habían pasado como satélites sometidos más de cuarenta años. Pero también desencadenó la maldición sobre los rusos que comprobaron que siete décadas bajo la terrible disciplina de un régimen criminal habían impedido el desarrollo de unos códigos de conducta cívica que les permitieran una transición hacia una sociedad con libertad y responsabilidad individual y colectiva.

Por el contrario, se había desvanecido la mera memoria de la responsabilidad que emanaba de religiosidad, autoridad, civismo y patriotismo en la Rusia prerrevolucionaria. Enteramente suplantada por el miedo al Estado criminal y abusador durante siete décadas como único factor de contención, cuando bajo Gorbachov desaparece el miedo al Estado sobrevino el caos. El caos y el terror contra la población por parte del crimen ya no centralizado, sino fraccionando en miles de bandas bajo Boris Yeltsin, trajeron la añoranza del orden y protección del Estado, y llegó Vladimir Putin y puso orden, el suyo. Se endiosó el dinero y la fuerza, y los ricos se pusieron a las órdenes de Putin y todos a ganar dinero a espuertas. Ellos, los oligarcas y sus fuerzas acompañantes. Para todos los demás desapareció toda posibilidad del avance hacia una sociedad más veraz, más libre y más humana.

El fracaso de Rusia para emprender una nueva era se manifiesta trágicamente ahora más de 30 años después de que Gorbachov fracasara en su empeño de hacer funcionar la URSS por medio de inyecciones de probidad y verdad. Era imposible porque el sistema es criminal. Lo mismo le pasa al «nuevo» por mucho que lo disfrace con casullas de Popes ortodoxos a sueldo. Rusia lleva más de dos décadas en manos de un tirano que ha impuesto un orden que le beneficia a él, a su entorno, al colosal aparato de seguridad y control, y a quienes en la pirámide se sitúan en posiciones que les permiten sentirse privilegiados por modesto que el privilegio sea. Siempre en comparación con los que están más abajo. En medio de la fiebre del oro permanente de las clases pudientes. Y con un Estado garante de toda la arbitrariedad que requieren sus gobernantes para imponer el abuso y la total disuasión a la oposición o crítica.

Esa es la Rusia de Putin, cuya vida real cotidiana solo puede gustar fuera a propagandistas bien pagados y forofos muy engañados. Veinte años de Putin y el país vive de lo mismo que entonces, de sus materias primas, como los países del tercer mundo. Ni un avance significativo con repercusión, ni una patente, ni grandes empresas ni tecnología. Petróleo, gas, piedras y minerales. Como un país africano, pero con muchas armas nucleares. Con una sociedad resignada, enferma, depresiva y alcoholizada y nuevas generaciones de jóvenes que, aburridos de promesas, no creen ya en mejoras ni tras la muerte de Putin y buscan formas de irse a vivir lo más lejos posible.

Vienen tiempos peligrosos y tormentosos que se nos echan encima y el jardín de los privilegiados que son aún hoy las democracias occidentales están amenazadas por la jungla exterior y por la jungla que le crece dentro por falta de cuidados, por indolencia, molicie, codicia y cobardía. Pero cuando llegan tiempos en los que van a pasar tantísimas cosas, que nadie dude de que habrá cosas buenas. Desde la resistencia y la nobleza de espíritu en la dificultad hasta la eventualidad de que se vuelvan a ordenar los astros en una constelación que abra el camino a la verdad y la libertad, es decir, al bien.

La ciudadanía lingüística de los españoles, eliminada

Jesús Rul. vozpopuli. 4 Septiembre 2022

El 41,28 % de los españoles vive en autonomías con lengua cooficial (catalán, valenciano, vascuence, gallego). El modelo autonómico ha sido utilizado por los nacionalistas para construir regímenes antiespañoles, con la diferenciación lingüística, cultural y política. Muchos españoles han sucumbido al proselitismo nacionalista, la mayoría lo soporta, y otros lo combaten porque amenaza sus libertades. En la educación es especialmente lesivo, por su voluntad de cambio lingüístico y cultural de los menores en su ambición de enajenar España de su mente y conducta. Miles de familias en Cataluña, País Vasco, Baleares, Valencia y también Galicia han dicho basta. Su lucha por la dignidad de sus hijos encuentra un muro en la vía administrativa. La vía judicial se ha revelado ineficaz como garantía efectiva de derechos. La mayoría de los más de 19 millones de españoles que viven en autonomías con otras lenguas cooficiales, controladas por nacionalistas y otros partidos, ven vulnerada, perseguida y eliminada su ciudadanía lingüística.

Antes de avanzar en el concepto de ciudadanía lingüística interesa coger perspectiva sobre su significado. Podemos convenir que la punta de lanza del desarrollo civilizatorio humano son los derechos de ciudadanía, su reconocimiento constitucional, pero sobre todo la garantía efectiva de los derechos de vida, libertad y dignidad de las personas. Cada día comprobamos su fragilidad. Los derechos más elementales son pisoteados por guerras, como la actual en Europa por la invasión de Ucrania por la Rusia de Putin; por ideologías, como los totalitarismos teocráticos, nacionalistas, comunistas, bolivarianos…

La idea de ciudadanía es una aportación de la República romana al instituir derechos o privilegios personales, privados: familia -ius civile-; contratos -ius commercium-; justicia -ius actionis-…), y políticos: voto -ius sufragii-; cargos públicos -ius honorum-…

El valor de la ciudadanía cobró fuerza y se fue ampliando con el tiempo hasta abarcar a todos los habitantes del imperio con la Constitutio Antoniniana de Civitate (212 p. C); después se extendió a los habitantes de las provincias como instrumento de romanización, pero decayó con el Principado y, finalmente, con el Dominado los ciudadanos terminaron siendo súbditos.

Pero la idea revolucionaria de ciudadanía había nacido y renacerá. Inspiró a Carlomagno en las instituciones europeas del Imperio carolingio, pese a su fracaso en el siglo X y su evolución en la fragmentación medieval. Inspiró a la monarquía hispánica -europea y americana- con la Pax Austriaca unida por el vínculo imperial y el catolicismo. Influyó en los imperios otomano e inglés (Raj británico en la India, ente 1858 y 1947). Influyó en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente francesa (1789), y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la ONU en 1948.

Uno de los pilares fundamentales del constitucionalismo moderno es el derecho de ciudadanía, formado por valores, principios, derechos y libertades públicas. Curiosamente, aunque parezca increíble, la pionera e ilustrada Constitución de los EE. UU. (1789), que recoge la separación de poderes, la unión y sujeción constitucional, no contenía declaración de ciudadanía. Habrá que esperar 81 años y una guerra civil hasta la aprobación de la XIV enmienda (1868) para aprobar, entre otros, el “derecho de ciudadanía”, después de la Proclamación de Emancipación de esclavos (orden ejecutiva de Lincoln, 1863).

Esta breve aproximación a la experiencia de ciudadanía muestra, de entrada, su naturaleza bifronte: individual y política. Como he expuesto, los ciudadanos de la República romana tenían reconocidos derechos, privados y políticos, y los podían ejercer; eso les distinguía de otros individuos sin ciudadanía romana. Opuestamente, los derechos civiles de los habitantes de la República norteamericana estaban limitados, pues no hubo derecho de ciudadanía hasta la aprobación de la XIV enmienda que reconocía la ciudadanía de las personas con independencia de la raza, etnia u origen. Aun así, hasta 1919 no se logró el derecho al sufragio femenino (XIX enmienda).

Puede afirmarse, en consecuencia, que los derechos de ciudadanía sólo tienen sentido si una sociedad instituida los proclama y garantiza y, a la vez, los ciudadanos, individualmente, los ejercen con libertad y plenitud. El ciudadano libre y responsable, con derechos y dignidad personal, es un logro frágil de la civilización, siempre amenazado por los abusos de poder, pero también expuesto a la propia irresponsabilidad individual.

Aquí centro la atención en la lengua y su estatus social y constitucional. En 40 años el orden lingüístico constitucional ha sido desnaturalizado y subvertido. Los nacionalistas han sabido maniobrar en la política estatal y los tribunales: han impuesto su voluntad de poder, usando la potestad legislativa transferida por el Estado, y han salido ilesos de los tribunales con argucias lingüísticas y procesales, pues no han modificado un ápice de su estrategia de exclusión del español del sistema educativo que controlan a sus anchas. Es así de real y está sucediendo pese a que el español es la lengua habitual mayoritaria de más del 80% de los españoles y, especialmente, garantizado por la Constitución.

En efecto, la Constitución (1978), instituye una carta amplia de derechos, libertades y deberes fundamentales en el Título I, y, singularmente, instituye en el Título Preliminar, el derecho a usar la lengua española y el deber de conocerla (art. 3.1). Instituye, pues, la ciudadanía lingüística (ius linguae). Este derecho lingüístico otorga a los españoles la capacidad de ser, expresarse y exigir a los otros su reconocimiento y pleno ejercicio en libertad. Es un derecho personal; es decir, un tipo de poder y facultad que es otorgado por la ley objetiva, en nuestro caso, constitucional.

En este punto, interesa clarificar que la lengua española y las demás lenguas cooficiales no están en el mismo plano constitucional, pues en la fase constituyente, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso, en sesión plenaria de 5.07.1978, rechazó por amplia mayoría la enmienda 106, presentada por el grupo de Minoría Catalana, que pretendía imponer el deber de conocimiento de las otras lenguas a todos los residentes en Autonomías con otra u otras lenguas. Es lo que están imponiendo.

Eso explica cómo quedó redactado el artículo 3. En el 3.1, se instituye la primacía de la lengua española como lengua oficial del Estado, y lengua común de derechos y deberes. Es en toda regla una proclamación de ciudadanía lingüística sin restricciones o límites: lengua preferente en todo el espacio público; educativo incluido, cuyo ejercicio y garantía vincula a ciudadanos y poderes públicos.

En el punto 3.2, instituye la oficialidad de las demás lenguas españolas de acuerdo con los Estatutos autonómicos. Oficialidad, pero no preferente como establece la STC 31/2010, F.J. 14º: “Las otras lenguas oficiales de España no tienen preferencia sobre el castellano”. Y, “El castellano es la única lengua que hay obligación de conocer…” (STC 82/1986, F.J.2º).

En este punto, cabe preguntarse ¿qué hemos hecho tan mal para que la ciudadanía de los españoles sea vulnerada impunemente?

- Hemos hecho mal el proceso autonómico seguido durante 40 años porque se ha ajustado al patrón de fragmentación identitaria, instigado por la voluntad de poder de los nacionalismos antiespañoles, terrorismo e intentos de secesión incluidos, con la cesión de los partidos nacionales PSOE (González, Zapatero, Sánchez) y PP (Aznar). En ello estamos. Pero ha tenido un efecto adverso que ha contaminado la descentralización racional, sostenible y solidaria del Estado que habrá que corregir si queremos Nación y futuro. Uno de los efectos adversos ha sido la vulneración de la ciudadanía lingüística del castellano en Cataluña, irradiado a Valencia y Baleares, y País Vasco, en expansión a Navarra.

Pero no sólo es responsabilidad de los nacionalistas. En un Estado de derecho, el orden constitucional debe prevalecer. Los poderes públicos deben garantizarlo. No ha sido así. Veámoslo:

- Los nacionalistas antiespañoles han hecho un uso desleal de las competencias estatales transferidas; han restringido el uso del castellano hasta el límite de la exclusión. En cuatro décadas, los derechos de ciudadanía lingüística han sido eliminados. Y se vanaglorian de ello. Hoy (1.09.2022) el consejero catalán de educación, Sr. González-Cambray, dice en un tuit en un alarde totalitario: “Hemos evitado la imposición judicial del 25% de castellano gracias a una respuesta de país”. Hoy la secretaria general del Dep. de Educación, Sra. Patricia Gomà, comunica a todos los centros docentes la obligación de eliminar “las medidas judiciales aplicadas”, conseguidas por familias para que sus hijos tuvieran una materia en castellano. Abuso de poder y maldad.

- Los gobiernos de España han hecho mal la transferencia de competencias legislativas sin garantías políticas y sanciones ejecutivas. Han sido y son cómplices al dejar hacer a los nacionalistas en contra de los derechos de ciudadanía. Han rehuido “garantizar la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos (en este caso lingüísticos) y el cumplimiento de los deberes constitucionales” (art. 149.1.1 CE), pese a que el TC les ha dicho que “la regulación de los derechos lingüísticos (…) es competencia del Estado”, reiterado en más de siete sentencias entre 1982 y 2018. Ahora mismo, el Sr. Sánchez ha dejado pasar el plazo sin recurrir ante el TC el Decreto Ley 6/2022, hecho para bloquear la aplicación de la sentencia firme del mínimo del 25% en castellano.

- El Tribunal constitucional (TC) lo ha hecho mal habida cuenta de su responsabilidad. Ha eludido pronunciarse de forma clara y asertiva sobre la prevalencia del castellano como lengua oficial común de toda la Nación. Con apaciguamiento, ha operado en el marco mental impuesto por los nacionalistas con argumentos metajurídicos. Llega a decir que el catalán sea “centro de gravedad” del sistema educativo de Cataluña, en contradicción con “no existe el deber de conocer el catalán” (STC 337/94). Ha dado cobertura a la dominación lingüística con la inmersión lingüística obligatoria al restablecer la relación entre el carácter cooficial del occitano en Arán y la inmersión lingüística. Es increíble, pero dice que “una se deriva de la otra” (STC 5/2019, F.J. 5º). Se ha extralimitado al dar cobertura a la “normalización lingüística” que para los nacionalistas significa imposición del monolingüismo orientado a la “sustitución lingüística”. Ha caído en las trampas lingüísticas, tendidas por los nacionalistas, para ganar tiempo en dilatados procesos con estos anzuelos: lengua propia territorial (como si los territorios hablaran), lengua normal, vehicular, de aprendizaje, curricular. Ahora utilizan la pedagogía como espantajo para imponer su voluntad. Nada de esto está en la Constitución.

En resumen:

1. La Constitución establece la ciudadanía lingüística del castellano. Pocas constituciones son tan explícitas en este derecho, pero en ningún otro país la lengua oficial de la Nación es marginada como en España.

2. Después de 40 años de vigencia constitucional, el artículo 3 de la CE se incumple rotundamente en la educación catalana. Los derechos de familias y alumnos son atropellados. Los nacionalistas en el poder han impuesto la dominación lingüística en la lengua cooficial. La vida escolar sucede sólo en catalán y con los contenidos y significados proclives al ideario nacionalista antiespañol.

3. Los poderes públicos, por acción u omisión, contraviniendo el orden constituido, instauran su exclusión, y permiten su vulneración con daño a los bienes jurídicos que deben garantizar.

Ante tanta desmesura y desamparo, los ciudadanos libres, haciendo uso del derecho de manifestación, son convocados por la plataforma Escuela de Todos a manifestarse en defensa de los derechos lingüísticos:

 Que el español sea lengua vehicular de la enseñanza junto con el catalán.

 Que la neutralidad institucional prevalezca sobre el adoctrinamiento. Sólo así la Escuela Catalana será de Todos, superando décadas de dominación y ofensa a la dignidad de las personas.

Pobre lingüístico
Nota del Editorial.4 Septiembre 2022

Si, yo quiero ser un pobre lingüístico: declino toda la riqueza que pudiera proporcionarme cualquier lengua regional.

Y eso de “Que el español sea lengua vehicular de la enseñanza junto con el catalán” me parece una afirmación muy peligrosa, desde el punto de vista lógico, es contradictoria. No se puede afirmar al mismo tiempo que el español sea lengua vehicular y al mismo tiempo que la lengua regional sea vehicular. Si lo que pretender decir es que quien quiera estudiar en español, debe quedar libre de cualquier imposición de lengua regional, puede valer; pero sobra la segunda parte.

El que cualquier lengua regional sea vehicular en la enseñanza es un peligro tremendo para la ciudadanía: ? hasta qué nivel ? (infantil, primaria, secundaria, FP, universitaria, etc. ), ? en donde podría utilizarse ¿ (sanidad, justicia, administración, etc.); ¿sería obligatorio que el “trabajador” público que se relacionara con esos usos la conociera, que fuera excluyente para otros ? Está claro que el berenjenal requiere tratamiento siquiátrico. Y dejen de utilizar las lenguas regionales como arma de destrucción masiva de España.

******************* Sección "bilingüe" ***********************

Voces viejas, voz nueva

LUIS ASÚA. gaceta. 4 Septiembre 2022

Este periódico publicó recientemente «Las siete muertes de VOX», un editorial muy importante y clarificador sobre el partido político.

https://gaceta.es/editorial/las-siete-muertes-de-vox-20220824-0846/

Feijóo, aunque juega a una imagen viejuna, consistente, de derecha de toda la vida, es quizás el político más notoriamente postmoderno que ha producido la derecha española. O más bien futbolero, pues ha entendido a la perfección que una inmensa parte del electorado lo que quiere es que ganen sus colores sin importarle demasiado -siempre hay algún límite- como se gane.

Se decía del primer ministro laborista Harold Wilson que llegó a la política para hacer, no para ser alguien. VOX tiene exactamente la misma vocación y es lo interesante, lo muy interesante, de esta formación política.

La nueva voz es sensible hacia la gente que vive en un desencanto profundo ante la falta de respuesta a una serie de retos esenciales en la sociedad. Un desencanto que se convierte en desencuentro frente a un globalismo que, al menos en nuestro país, y probablemente en gran parte de UE, no innova, sino que acapara y que tiene como consecuencia un estatismo furibundo, hiperregulación y sadismo fiscal, inmigración descontrolada, paro insostenible y una penosa sensación de impotencia frente a los grandes poderes como China y Rusia. Reiterar el apoyo hacia los españoles que madrugan es el gran acierto de Vox, pues son estos españoles, los de las pymes y los autónomos, quienes más esfuerzo hacen por mantener nuestra sociedad.

Ante la debacle sanchista, Feijóo triunfará -como lo habría hecho Casado, por cierto- y sólo queda por ver si lo hará como Moreno en Andalucía o Ayuso en Madrid. Es decir, si necesitará el apoyo de Vox o no. Incluso podría repetirse el escenario de Castilla y León y el gobierno de coalición con Vox. En cualquier caso, Feijóo tendrá un éxito rotundo que dará mucho brillo a los colores del PP.

Frente a Vox seguirán atizando el fantasma del autoritarismo, ante la pasividad del PP, pues imaginan que ahí esta la clave para que Vox no crezca. Resulta paradójico que el gobierno que blanquea y pacta con Bildu, con los estalinistas y con los independentistas catalanes atice un solo mensaje como es el del autoritarismo de Vox, y por ende de su potencial aliado el PP. Pero pedirle coherencia al sanchismo es un esfuerzo inútil.

Volvamos a lo importante, a preservar la voz de Vox ante los previsibles éxitos del PP. Recojamos el guante del editorial con la que iniciamos este artículo. La voz de Vox que para muchos se caracteriza por la denuncia lleva ya algunos años proponiendo medidas positivas en todas las instituciones de España e incluso en la UE, pues en todas se ha ganado la presencia con los votos. Ha llegado el momento de digerir todas estas medidas en un cuerpo compacto de propuestas positivas. En términos gaullistas, ha llegado el momento de proponer una cierta idea de España, o más bien una idea cierta de España.

Serán tiempos difíciles para el liderazgo de Vox. Tiempos de decisiones difíciles y de mucho riesgo, aunque dudo que el núcleo duro del electorado de Vox que muchos cifran en el doce por ciento se vaya a perder mientras que se mantenga una voz clara, nueva y moderna frente a las viejas voces del consenso progre.

TERRORISMO DE ETA

Los proetarras agitan el odio hacia la Guardia Civil en Alsasua con la permisividad del Gobierno

SEGUNDO SANZ. okdiario. 4 Septiembre 2022

Los proetarras han acosado este sábado a la Guardia Civil en Alsasua (Navarra) con la celebración del Ospa Eguna (día del adiós), exigiendo que se marchen los agentes del Instituto Armado destinados en el País Vasco y la Comunidad Foral. En esta edición, que se ha desarrollado con la permisividad del Gobierno central de Pedro Sánchez y del autonómico de María Chivite, los batasunos han agitado el odio hacia la Guarda Civil con lemas del tipo: «Fuerzas represivas, fuera» (Talde represiboak kanpora) o «Fuera de aquí» (la consigna etarra Alde Hemendik), entre otros insultos.

Decenas de radicales han recorrido las calles de Alsasua con estos ataques al Instituto Armado y se han concentrado luego en la plaza del municipio navarro bajo una pancarta donde podía leerse en grande: «Combate a la policía, construye el socialismo» (Polizia borrokatu, sozialismoa eraiki).

La Delegación del Gobierno en Navarra había señalado que este Ospa Eguna no se podía prohibir «con los datos de los que se dispone y los antecedentes previos». Según afirmó el socialista José Luis Arasti, delegado del Ejecutivo de Sánchez en la Comunidad Foral, estas convocatorias sólo se pueden prohibir «cuando existan razones fundadas de alteración del orden público con peligro para las personas o bienes».

En la comunicación previa de este Ospa Eguna figuraban tanto la manifestación que ha recorrido las calles de Alsasua como el eslogan «Poliziarik ez. Langileon aurkako errepresioa gelditu» (Policía no. Detengamos la represión contra los trabajadores). Un lema ofensivo hacia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que el abogado del Estado «tampoco considera constitutivo de delito», según remarcó el socialista Arasti, añadiendo, con un doble discurso, que, a su juicio, «este acto no se debería producir». Eso sí, evitó el verbo «condenar» para referirse a ello.

El delegado socialista se excusó en que «todas las instituciones tenemos las limitaciones y herramientas tanto jurídicas como legales que tenemos y con esas hay que trabajar». Sin embargo, cuando los partidos de la oposición han planteado reformas en este sentido al Gobierno de Sánchez, como la prohibición de los homenajes a etarras, el PSOE las ha rechazado para seguir teniendo el apoyo de sus socios de Bildu, herederos del brazo político de la organización terrorista ETA.

Asimismo, tal y como ha publicado OKDIARIO, desde la Dirección General de la Guardia Civil y desde el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska se dieron órdenes precisas a los agentes ante este Ospa Eguna: mantener un «perfil bajo» en las actuaciones policiales.

Por su parte, asociaciones profesionales de la Guardia Civil, colectivos de víctimas del terrorismo y partidos de la oposición (PP, Vox, Ciudadanos y UPN) pidieron al Gobierno de Sánchez, con llamamientos al ministro Grande-Marlaska, que no se celebrara esta fiesta del odio hacia el Instituto Armado. El Grupo Popular ha solicitado en el Congreso de los Diputados la comparecencia del titular de Interior.

«Aislamiento»

La decana Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) denunció el hecho de que el Ejecutivo de Sánchez no vea ningún problema en que los radicales señalen a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. «Mantenemos que estas manifestaciones sólo pueden reforzar e incrementar la antipatía, el acoso y el aislamiento, hacia los profesionales, sus familiares o amigos; y no deberían tener cabida porque afecta a la convivencia social de las personas», recalcó la AUGC.

Por su parte, JUCIL, asociación mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil, exigió que se aplicaran los «medios administrativos y judiciales necesarios» para la suspensión de este Ospa Eguna, ya que esta manifestación «persigue como única finalidad la humillación, el acoso y el ataque» hacia los guardias civiles y también las víctimas del terrorismo.

Miguel Ángel Blanco no volverá a casa por Navidad; Txapote, sí

EDUARDO INDA. okdiario. 4 Septiembre 2022

—No sabéis cómo son los terroristas, seguro que después de mi liberación asesinan a alguien—.

Desgraciadamente, el vaticinio de José Antonio Ortega Lara se cumplió, vaya si se cumplió. Casi once días después de que la Unidad Especial de Intervención (UEI) de la Guardia Civil diera con el paradero del funcionario de prisiones burgalés, la banda terrorista ETA se vengó del éxito policial asesinando a Miguel Ángel Blanco, concejal del PP en Ermua. De la maldad infinita de los ahora socios de Pedro Sánchez nadie le podía contar nada porque él ya lo sabía todo: pasó 532 días —que se dice pronto— encerrado en un zulo de 2 metros de alto, tres de largo y dos de ancho al que lo condujo ese malnacido llamado Bolinaga al que Satanás tenga en su gloria.

Al economista de Ermua, un tipo hecho a sí mismo que había iniciado su vida laboral de albañil, lo secuestró el 10 de julio de 1997 un comando integrado por Francisco Javier García Gaztelu, alias Txapote, José Luis Geresta Mujika, Ttotto, e Irantzu Gallastegi, Amaia. El primero de esta panda de hijos de perra descerrajó dos tiros en la cabeza y a cañón tocante al concejal popular después de que el segundo lo hubiera obligado a ponerse de rodillas. La tercera, pareja de Txapote y madre de sus dos hijos, fue la encargada de encañonarle y obligarle a subir a un coche aquel jueves para olvidar si no constituyera una obligación moral recordarlo eternamente. Ttotto al menos tuvo la decencia de suicidarse dos años después y desaparecer de este mundo en el que tanto dolor había generado. Los otros dos siguen ahí más chulos que un ocho.

El clamor de España entera, con más de 10 millones de ciudadanos echándose a la calle para exigir su inmediata puesta en libertad, no sirvió para nada por mucho que representase un acto de decencia colectivo manifestarse por el centro de las ciudades con las manos pintadas de blanco. El sábado 12, cumplido el ultimátum dado por los ahora aliados de Sánchez para acercar al País Vasco a 600 reclusos, cumplieron su amenaza tras responder el Gobierno de José María Aznar con un contundente “no” al chantaje.

El vía crucis de la familia de Miguel Ángel Blanco no acabó con la insufrible cuenta atrás de 48 horas que concluyó con el vil asesinato en un descampado de Lasarte. No. Los ahora aliados de Pedro Sánchez profanaron la tumba del gran mártir de la democracia en varias ocasiones hasta que la familia dijo “¡basta ya!” y se lo llevó a Galicia, donde finalmente pudo reposar en paz. A Faramontaos para ser exactos, el bello pueblo orensano del que partieron sus progenitores en busca de un futuro mejor en tiempos del desarrollismo franquista. Por no hablar de las amenazas que tanto ellos como la hermana de nuestro protagonista, Mari Mar, han sufrido a posteriori de manos del entorno proetarra, vamos, de los amiguetes del presidente del Gobierno. Miguel y Chelo pasaron las de Caín en los 23 años que transcurrieron entre el óbito de su vástago y su fallecimiento en Vitoria en la primavera de 2020 víctimas del maldito Covid.

Silvia Pino, de 7 años, Silvia Ballarín, de la misma edad, Rocío Capillo, de 12, Pedro Alcaraz, de 16, Esther Barrera Alcaraz, de 3, y su gemela Miriam dormían plácidamente en la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, en la que sus padres estaban destinados. En teoría el lugar más seguro para residir si eras miembro de la benemérita en los años de plomo. Una bomba puesta por el comando itinerante de ETA se llevó a los seis infantes a las 6 de la mañana del segundo viernes de diciembre de 1987. El balance mortal se completa con los cinco adultos que perdieron la vida en aquel indiscriminado atentado que llevaba el sello de Henri Parot, el terrorista más esquivo para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Los volvía locos, no sabían quién era, pasaba desapercibido por el mero hecho de que no era español sino ciudadano francés. Su currículum provoca escalofríos: 82 muertes.

Jamás en la historia contemporánea de España se han visto los niveles de maldad exhibidos por Txapote y Henri Parot. El primero no sólo mató a Miguel Ángel Blanco. Es su crimen más conocido pero no el único. También robó la vida a Gregorio Ordóñez, al correligionario de Pedro Sánchez Fernando Múgica —hermano del gran Enrique—, a tres concejales del PP y a varios guardias civiles. Del siniestro récord del francés no les contaré más porque está elocuentemente resumido en el párrafo anterior. Su macabra afición al asesinato era tal que le daba igual llevarse por delante los niños que fueran necesarios si con ello conseguía eliminar de la faz de la tierra a policías, fiscales, jueces y muy especialmente a esos guardias civiles que eran su gran obsesión.

Pues bien, tanto el uno como el otro han sido agraciados esta semana por el Ministerio del Interior con un acercamiento al País Vasco, antesala de una puesta en libertad o semilibertad que se materializará más pronto que tarde. Las cuentas, que no los cuentos, que hicimos en OKDIARIO son demoledoras: Txapote estará en la calle, con ocasionales vueltas a prisión, en Navidad. Este vomitivo milagro de los panes y los peces será posible gracias a la cesión de las competencias penitenciarias del Gobierno de España al Ejecutivo autonómico vasco el pasado 1 de octubre.

Los presos etarras, a los que se dispensaba el mismo trato que a cualquier otro asesino en serie en cárceles del resto de España, viven ahora como auténticos pachás en los centros penitenciarios vascos. La manga ancha del Ejecutivo de Iñigo Urkullu es más propia de la Colombia de Pablo Escobar que de un estado de la Unión Europea que se supone es la 14ª economía mundial y que en teoría debería ser eso que los politólogos denominan “democracia plena”. Los más bestias asesinos de ETA se pegan la vida padre en módulos de respeto, sin el control de los funcionarios, pernoctan en celdas unipersonales y hasta cobran un sueldo, tal y como relataba esta semana ese gran periodista vasco que es Josean Izarra.

El Ejecutivo peneuvista del País Vasco ya ha dejado caer que va a utilizar con flexibilidad el artículo 100.2 de la Ley General Penitenciaria, un auténtico chollo que permite ir sólo a dormir a la cárcel aunque no estés aún clasificado dentro del tercer grado. Es lo que se va a aplicar a Txapote en primera instancia y a Parot antes de lo que pensamos o pensaría cualquier persona con un mínimo de principios morales. Todo ello gracias al hijoputesco acuerdo suscrito entre el presidente del Gobierno y el ex jefe de ETA Arnaldo Otegi. Do ut des: “Yo te mantengo en Moncloa, tú liberas a mis pistoleros”.

Lo de Pedro Sánchez empieza ya a adquirir tintes cuasidelictivos. Yo ya sólo espero, confío y deseo que la ciudadanía lo mande a su casa cuando quiera que se celebren las elecciones y que el karma le aseste el golpe moral que se merece por traicionar la memoria de Miguel Ángel Blanco, Fernando Múgica, las niñas de la casa cuartel de Zaragoza, en resumidas cuentas, de las cerca de 100 víctimas mortales que se cobraron entre Txapote y Parot. Dos bastardos a los que le deseo lo peor de lo peor: ya que no se pudrirán en la cárcel, que al menos se pudran en su casa lo antes posible.

Claro que este suplicio de las familias de las víctimas, que se suma al que sufrieron en su día cuando su padre, su hermano o su hijo fueron obligados a irse antes de tiempo, se habría evitado si el Gobierno de Rajoy se hubiera negado a aplicar la sentencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos que abolió la Doctrina Parot. Una jurisprudencia que obligaba a efectuar las rebajas de pena ateniéndose al número de años totales de condena y no al máximo de 30 contemplado en el Código Penal vigente cuando esta gentuza asesinaba como si no hubiera un mañana. Hasta entonces te daba prácticamente igual matar a uno o dos que a 82 como Henri Parot porque el cumplimiento efectivo era prácticamente el mismo. Cuando ha habido fallos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que lesionaban gravemente sus intereses, naciones como Alemania o Reino Unido se han negado a cumplirlos. Igualitos que nosotros que, más que legalistas, somos los panolis del mundo libre.

Sea como fuere, un juego de niños al lado de la traición a las víctimas y a la ética más elemental que ha perpetrado esta semana el más indigno presidente que ha tenido este país en 45 años de democracia. Contemplar a Txapote circulando chulescamente por las calles de San Sebastián o a Parot por las de Hendaya nos revolverá el estómago, más teniendo en cuenta que ninguno de los dos se ha arrepentido de sus salvajadas. Siempre nos quedará el consuelo de vengarnos democráticamente en las urnas de un sujeto que jamás debió llegar a Moncloa. Lo que sí podemos constatar es que lo que ni en la peor de nuestras pesadillas pudimos imaginar, que ETA esté en el Gobierno de España, es definitivamente una triste realidad. Maldito seas, Pedro.

Ana Losada (AEB): "Esto no va de porcentajes, sino de hispanofobia"

La presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe denuncia la actitud sectaria del Govern y la presión a las escuelas para que incumplan la sentencia sobre el 25% de castellano

NOELIA CARCELLER. MARÍA JESÚS CAÑIZARES. CG. 4 Septiembre 2022

Ha recibido amenazas e insultos por defender los derechos lingüísticos de los alumnos castellanohablantes. Pero a pesar de su larga pugna judicial y de la soledad con la que ha liderado esa lucha junto a otras asociaciones, Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), asegura que no ha pensado en tirar la toalla. En una entrevista con Crónica Global, denuncia la actitud sectaria del Govern y la presión de la Consejería de Educación de la Generalitat para que los centros incumplan la sentencia que obliga a impartir un 25% de horario lectivo en castellano en Cataluña.

--Pregunta: Los colegios ya han recibido la orden del Departamento de Educación de no cumplir el 25%, ni siquiera en aquellos grupos donde ya se aplicaba…

--Respuesta: Las resoluciones judiciales se deben cumplir y el conseller ha dado orden para que no lo hagan. Es muy importante que los directores sepan que, tanto las medidas cautelares como medidas en firme, vienen en nombre de la dirección del centro, por lo que ellos son responsables de su aplicación y de no hacerlo.

--¿La AEB tomará medidas si no lo hacen?

--Si detectamos que dejan de cumplir, informaremos al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y, quien será responsable de ello, será el director del centro. Igualmente, esta decisión parte de una impunidad del Govern que nace de un decreto y una ley que son inconstitucionales y ante lo que el Gobierno de España no ha hecho nada. Esto lleva a la situación en la que la Generalitat demuestra que detrás de esas decisiones no hay pedagogía. Esto no va de porcentajes, va de hispanofobia. No tengo otra palabra para definir las actuaciones sucedidas desde el año pasado.

--¿En qué situación quedan las familias a quienes ya se les había reconocido el 25%?

--El día 5 de septiembre empieza el curso y veremos cómo se materializa esa amenaza. Si realmente los centros hacen caso al conseller y dan respuesta a las presiones del Departamento para actuar de forma ilegal. Desde luego, la AEB va a denunciar a cualquiera que incumpla con las medidas cautelares o sentencias.

--¿Con qué herramientas contáis para hacer frente a esta situación?

--Las herramientas que tenemos son exclusivamente judiciales porque no contamos con un Gobierno que actúe. Evidentemente, el Govern está en contra de los derechos lingüísticos de algunos catalanes, especialmente de aquellos que tienen su derecho reconocido por los tribunales. Por eso, el 18 de septiembre hay convocada una manifestación para decir basta a la utilización de la lengua como herramienta política y a la actuación déspota y sectaria de la Generalitat respecto a los castellanohablantes. Nos hemos de remontar al franquismo para ver una situación similar a la actual, de acoso y derribo a los derechos de los hablantes. Eso demuestra en qué situación está el Estado de derecho en Cataluña.

--¿Os habéis entrevistado con la Consejería de Educación alguna vez?

--El conseller nunca nos han recibido. Pedimos en su día una entrevista con Josep Bargalló y no nos recibió. Volvimos a pedir otra en septiembre del año pasado y nos dijeron que nos dirían algo en breve. Escuela de Todos se formó en diciembre de 2021, pedimos otra con Cambray y Aragonès y nunca se nos ha concedido. Por tanto, no hay diálogo posible con aquellos que no quieren dialogar con los que pensamos diferente. Para ellos, nosotros no existimos, no somos una parte de la sociedad a la que deben dar explicaciones. Y cuando existimos, somos el enemigo y los traidores.

--¿Volveréis a pedir otro encuentro?

--Podemos volver a hacerlo, pero ahora no es nuestro objetivo. Dialogar con quien acaba de retirar los derechos de los padres que tanto han luchado para conseguirlo es imposible. Ni él [el conseller Josep González Cambray] quiere hablar con nosotros ni esa reunión sería fructífera con esa actitud.

--Según apuntó la AEB en un reciente comunicado, ‘el TSJC ha utilizado la defensa de los derechos lingüísticos de los catalanes beneficiando los intereses nacionalistas’. ¿Ante esto, qué se puede hacer?

--Respetamos la independencia de los tribunales, aunque no pensábamos que fuera a dejar sin aplicar la sentencia del 25%, tan clara, tan de mínimos y tan bien argumentada. El TSJC recibió alegaciones de la AEB en las que le pedíamos que se aplicara la sentencia porque eso era perfectamente válido con la ley y el decreto. El 25% es una metodología, pero el castellano no ha dejado de ser lengua vehicular en Cataluña porque haya una ley y un decreto. Otra cosa es que la interpretación esté intentando bloquear esa aplicación. Por eso, nosotros esperábamos del TSJC que fuera consciente de que no aplicar la sentencia del 25% o elevar al Tribunal Constitucional esa decisión sin unas medidas de protección suponía dejar desamparadas a esas familias.

--¿Y en qué momento nos encontramos ahora?

--A los hechos nos remitimos: lo que ha pasado esta semana [el anuncio de Cambray del fin del 25%] es fruto de este limbo en el que estamos, esperando al Tribunal Constitucional para que se posicione sobre una ley y un decreto que bloquean una metodología que se había utilizado hasta ahora de aplicación de la sentencia. También estamos en un limbo derivado de que el Gobierno no impugnó la ley. Todas esas circunstancias lo que hacen es que la Generalitat tenga campo libre para ir en contra del castellano. El TSJC no escuchó nuestras alegaciones, no vio venir esa situación y, además, esta semana teníamos pedidas unas alegaciones y también nos las han rechazado. Es más, la Fiscalía ha comprado esos argumentos y ha apoyado que no haya medidas cautelares. Por tanto, estamos totalmente desamparados, no tenemos nada a lo que agarrarnos para que se cumpla la ley en Cataluña.

--Alguna vez habéis acudido al Defensor del Pueblo, que sí os ha amparado. En Cataluña, el cambio en la Sindicatura de Greuges, ¿puede suponer una mejora?

--La nueva Síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas, hizo unas declaraciones en las que hablaba en contra de los porcentajes y no decía nada a favor de los alumnos castellanohablantes. La sentencia del 25% afirma que el castellano debe ser lengua vehicular y que se deben programar asignaturas en castellano. El Defensor del Pueblo nos apoya, pero nos gustaría que fuera más claro y más proactivo. Porque yo me pregunto: ¿Y si no existiéramos nosotros? Estaríamos en manos de los partidos y de los movimientos políticos. Por eso me gustaría contar con un apoyo mayor de una institución que, en teoría, tiene que ser siempre independiente y estar al servicio de los ciudadanos.

--¿Le compensa esta lucha? Ha recibido amenazas, insultos... ¿Ha estado tentada alguna vez en tirar la toalla?

--No he pensado nunca en tirar la toalla. Sí que he pensado, como todas las personas que estamos en esto, en si merece la pena. Duele mucho ver que nadie te ayuda. No me quiero poner triste, pero tenemos el dinero justo para montar el escenario y el sonido de la manifestación del 18 de septiembre. Una manifestación modesta, porque no vamos a organizar algo similar al 8 de octubre, o las que hace Òmnium. No tenemos dinero para poner cuñas en la radio ni en digitales. Tenemos contactos buenos con los periodistas, que nos dan voz. Cuando luchas contra Goliat, sin medios, sin apoyo del Gobierno de España, y ves cómo algunos partidos te tratan como si fueras el enemigo, que te llamen facha continuamente… pues te hace plantear si alguna vez esta lucha tendrá fructificará en algo positivo.

--Pero no tirar la toalla…

--Tirar la toalla, desde luego que no. El jueves estaba muy desanimada con lo del 25%, no quiero pensar que mi hija que lleva estudiando Historia en castellano desde 2015, el año que viene no pueda. Pero puede ocurrir. Pienso en todos esos padres que han dado la cara y han sufrido acoso. Cada uno en su nivel. Lo que me pasó a mí no tiene nada que ver con lo que le pasó a la madre de Balaguer o al padre de Canet. Pero todos hemos pagado un peaje por defender nuestros derechos porque no los defendía quien debía. Esta situación te enrabia y puedes tener un día de bajón, pero vuelves y dices “no van a poder con nosotros”. Con mis compañeros de Escuela de Todos, que son magníficos, hemos estado totalmente activos este verano para que la manifestación sea exitosa. El apoyo de gente que no está en esto por dinero ni por salir en los medios de comunicación, pues te anima a seguir. Mi hija me dice “por favor, mamá, en la radio sí, en la tele no”, porque no le gusta que le digan que han visto a su madre en la tele. Afortunadamente hemos pasado ese período en el que no la invitaban a los cumpleaños y me tuve que salir del whatsapp de padres tras recibir algún insulto. Padres que estuvieron en silencio en el chat luego me dieron las gracias. Eso te recompensa. Algún día se hará un documental sobre la labor de las asociaciones, sobre Asociación por la Tolerancia, por ejemplo, que defendía nuestros derechos cuando nosotros ni éramos conscientes de que nos los estaban pisando.

--¿Teme que las familias que defienden el 25% puedan volver a ser señaladas y que ellos sí que tiren la toalla tras haberlo intentado?

--No te digo que no. No me ha escrito ninguno para decirme eso, pero sería perfectamente lógico. ¿Qué tienes tú para agarrarte a todo esto? ¿Quién te apoya? Debemos preguntarnos ¿cuántas familias se han ido de Cataluña por el tema de la lengua?, ¿cuántas han dejado de venir por el tema de la lengua? Son continuos los emails y mensajes de familias que nos dicen que no encuentran ningún colegio donde sus hijos puedan estudiar en castellano. Venir a Cataluña y meter a un niño de cinco años en un sistema de inmersión tiene su precio. ¿Y si vienes con un niño de 14 años para escolarizarlo en Secundaria en una lengua que no es el castellano? Lo sacan de clase y lo llevan a la aula de acogida. No es de Rusia, es de Murcia. Y retrocede en su formación en el mismo país en que vivía siendo de Asturias o Andalucía. Y familias que se han ido. Una madre de Guinovart que ahora vive en Huesca. Se le reconoció el 25%, como un padre que vivía en Llagostera y se fue a Madrid, pero ¡sale tan caro! Perdemos profesionales que se pueden permitir un traslado y a la Generalitat, eso le conviene.

--La Generalitat siempre ha dicho que el catalán es un ascensor social, pero como dice, solo quienes tienen recursos pueden escolarizar a sus hijos en una escuela bilingüe o trilingüe.

--Lo que realmente consigue el nacionalismo es hacer creer a los ciudadanos que ser catalán es ser catalanohablante. El castellano es una lengua coloquial, pero la lengua de poder de cultura es el catalán. Los ciudadanos lo han asumido como una verdad. Vas a las instituciones y ¿dónde se habla en castellano? ¿Cuánto ha tardado el Parlament en tener diputados que hablen en castellano? ¿Cuántos diputados que no tienen ocho apellidos catalanes hay en el Parlament? Es normal que los padres piensen que el ascensor social es el catalán y que así sus hijos lograran un puesto de trabajo. Pero el ascensor social no solo pasa por aprender el catalán, sino por sucumbir a las tesis nacionalistas y bajar la cabeza ante todas las proclamas que hacen sobre la lengua, la historia o la política. Ese victimismo continuo y ese odio hacia el resto de España. Pero es la igualdad de oportunidades lo que consigue el ascensor social y eso no se consigue con una lengua vehicular que está perjudicando el desarrollo de los alumnos. Jorge Calero y Alvaro Choi lo explicaron muy bien en su informe sobre los resultados de PISA. Un alumno que estudia matemáticas en castellano, siendo ésta su lengua materna, va a tener mucho mejores resultados que los alumnos que estudian en catalán no siendo su lengua materna. Comprender los contenidos es mucho más fácil en tu lengua materna. Es evidente que el fracaso escolar de los niños castellanohablantes es mucho mayor que en los niños catalanohablantes. Y la lengua es un factor principal. Es muy grave que se les diga a los niños desde pequeños que “el català, a la escola, i el castellà, a casa”.

--¿Qué 'feedback' habéis tenido de los partidos catalanes sobre la manifestación del 18 de septiembre?

--El feedback es muy positivo en cuanto a los partidos que eran previsibles. PP, Ciudadanos, Valents y Vox. Su apoyo es sincero y total. Estamos en contacto continuo con ellos, siempre nos echan un mano cuando tenemos problemas con los permisos para instalar carpas en algunos ayuntamientos. Cada uno tiene su estrategia, pero todos están a favor de luchar en contra de la escuela monolingüe. Están muy de la mano en esto. Respetan que es una manifestación organizada por la sociedad civil, por 15 asociaciones que forman parte de Escuela de Todos. El protagonismo es de la sociedad civil. Nosotros no defendemos una posición política, defendemos una posición cívica y derechos para todos los alumnos. El nacionalismo catalán nos acusa de ser nacionalistas españoles, pero nuestras comunicaciones hablan claramente de respeto a la igualdad de derechos. Aquí nadie está en contra el catalán. Tampoco los partidos que nos apoyan. Nos gustaría muchísimo que PSC y En Comú Podem mantuvieran una postura diferente. En el caso de En Comú Podem, se negaron a recibirnos. En Madrid, Joan Mena nos dijo que no tenía que hablar nada con nosotros. Respecto al PSC, ha abandonado el equilibrismo: se hizo una foto en las escaleras del Parlament que han conseguido que Cambray dijera que se acabaron las aulas donde se imparte el castellano.

“El desamparo es total”: los efectos del desacato al 25% de castellano

La Asamblea por una Escuela Bilingüe denunciará ante la justicia los incumplimientos en las escuelas catalanas, pide ayuda a las familias y prepara una gran movilización

El curso arranca este lunes en Cataluña en plena polémica por el desacato del Govern al 25%

CRISTINA RUBIO. la razon. 4 Septiembre 2022

El curso 2022-23 empezará mañana en Cataluña sin una asignatura más de castellano en las aulas, ni en los 5.000 colegios públicos que hay repartidos por todo el territorio, ni tan siquiera en la trentena de centros que aplicaban el 25% de forma individualizada. La Generalitat ordenó este pasado jueves –apenas 48 horas antes del arranque– a las direcciones de las escuelas que no haya porcentajes en los proyectos lingüísticos porque son «incompatibles» con el nuevo marco normativo aprobado por el Govern. Es decir, con el decreto (6/2022) de ERC y Junts y con la ley de lenguas (8/2022) del independentismo, los Comunes y el PSC aprobados, ambos, para esquivar específicamente el 25% de español dictado por el TSJC y avalado por el Supremo.

Un armazón jurídico urdido ante la pasividad de la Moncloa y que afianza la inmersión con el catalán como única lengua vehicular pese a la sentencia marco que ordena un mínimo de dos asignaturas en español en todo el sistema. Ahora, y a la espera de que el Constitucional resuelva qué hacer, la Generalitat no sólo sigue con el veto, sino que lo ha extendido y ha ordenado que ninguna aula aplique el 25%, tampoco aquellas 27 en las que ya se impartía como medida cautelar o tras una resolución firme a raíz de la petición individualizada de una familia. Sirve de ejemplo el caso de Canet del Mar: el colegio Turó del Drac, del menor de cinco años acosado a finales del año, tiene la orden explícita de la consejería de Educación de dejar de impartir una asignatura más en español en la clase concreta del niño. En muchos casos, el periplo judicial de las familias para conseguir el 25% se ha alargado años.

«El desamparo es total», denuncia la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), la entidad de referencia que representa a las familias. «El anuncio de Josep González Cambray –por el consejero de Educación de la Generalitat– es impropio de la Democracia», abunda su presidenta, Ana Losada, en declaraciones a este diario para alertar de la gravedad que supone que el gobierno de una comunidad «no cumpla con las resoluciones judiciales». «El consejero no puede dar la orden de forma unilateral».

Eso sí, tras el impacto por el nuevo desafío del Govern, la AEB ya se ha puesto manos a la obra para denunciar los incumplimientos que puedan sucederse a partir de este 5 de septiembre. Aquí radica una de las claves del conflicto: además de Cambray, la responsabilidad de mantener o no el 25% de castellano recae también en los directores de los centros implicados, los encargados de aplicar los proyectos lingüísticos. Y la AEB enviará este mismo lunes, día de arranque del curso, una circular a todos los colegios para advertir a los directores de las posibles responsabilidades judiciales que puede acarrear no cumplir con las resoluciones del TSJC

La estrategia de la AEB es clara y pasa también por asesorar y buscar la ayuda de las familias afectadas. En este sentido, son varios los padres que habían contactado con la entidad hasta este fin de semana y ante la incertidumbre que se avecina a raíz del anuncio del consejero de Educación. Y la Asamblea por una Escuela Bilingüe pide a los afectados –especialmente de los 27 centros que seguían con el bilingüismo de forma individualizada– que informen de cualquier cambio en los planes de estudios y proyectos lingüísticos para así poder notificarlo ante el TSJC. Es decir, para exigir «todas las responsabilidades judiciales en caso de que aquellos alumnos que ya disfrutan de una enseñanza en la que el español es vehicular junto con el catalán, dejen de recibirla».

La campaña interna está en marcha y la movilización ciudadana también, con el próximo domingo 18 de septiembre marcado en rojo en el calendario por la manifestación que la plataforma Escuela de Todos organizará en el centro de Barcelona. Una cita que sus organizadores quieren convertir en una respuesta para decir «basta» al «sectarismo» del Govern con el catalán como única lengua vehicular y el castellano relegado a una asignatura.

«El Gobierno de la Generalitat demuestra con este nuevo pulso a la justicia y a nuestro estado de derecho que su objetivo no es otro que excluir al castellano del ámbito educativo y del institucional en general. No hay motivación pedagógica, hay hispanofobia», zanjan desde la entidad.

El órdago de Cambray – «No habrá ninguna aula en Cataluña que aplique el 25%»– coincide además con el vencimiento del plazo del que disponía el Gobierno para impugnar ante el Constitucional tanto el decreto del Govern como la ley del Parlament que esquivan el bilingüismo, una maniobra inexistente que podría haber forzado la aplicación del 25% de castellano.

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