Recortes de Prensa Martes 6 Septiembre 2022
JORNADA 195 DESDE LA INVASIÓN RUSA.
EEUU asegura que Moscú está comprando artillería a Corea del Norte
El Confidencial. 6 Septiembre 2022
Arranca la jornada 195 desde la invasión rusa a Ucrania y, según informa 'The New York Times', Moscú está comprando millones de proyectiles y cohetes a Corea del Norte, lo que viene a confirmar que las sanciones globales impuestas a Rusia tras su invasión de Ucrania están obstaculizando sus habituales líneas de suministro de armamento y debe recurrir a mercados alternativos. El diario cita como fuente documentos desclasificados recientemente por la inteligencia estadounidense que señalan que el Kremlin se ha visto obligado últimamente a "recurrir a estados parias en busca de suministros militares".
Mientras, el presidente Volodímir Zelenski ha asegurado que a Moscú "no le importa lo que diga" el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), después de que las tropas rusas hayan supuestamente dañado con un bombardeo un sistema energético de la central nuclear de Zaporiyia durante la visita del organismo. "Considero que el hecho de que Rusia esté haciendo esto ahora mismo, justo en vísperas de las conclusiones de la OIEA, es muy elocuente. Bombardear el territorio de la central nuclear de Zaporiyia significa que al Estado terrorista no le importa lo que diga el OIEA", ha aseverado el mandatario ucraniano durante su discurso diario a la población del país. Zelenski ha señalado que Rusia "solo está interesada en mantener la situación en su peor momento", y que tampoco toma en consideración la opinión de la comunidad internacional.
Las claves del momento
Servicios de inteligencia de EEUU sostienen que Moscú compra armamento a Pyongyiang
Kiev acusa al Kremlin de dañar la central y "no importarle" el veredicto de la OIEA
Ucrania desconecta el último reactor de Zaporiyia por los nuevos ataques
Las autoridades prorrusas de Jersón paralizan el proceso de referéndum
Rusia asegura ahora que mientras no se levanten las sanciones, no podrá bombear gas a Europa
08:44 — Las Fuerzas Armadas de Ucrania han cifrado en más de 50.000 el número de militares rusos muertos desde el inicio de la guerra. El Estado Mayor del Ejército ucraniano ha indicado en un mensaje publicado en su cuenta en la red social Facebook que "alrededor de 50.150" militares rusos han muerto en el marco de los combates, incluidos 350 durante las últimas 24 horas.
Asimismo, ha señalado que desde el inicio de la invasión han sido destruidos 2.077 carros de combate, 1.179 sistemas de artillería, 296 lanzacohetes múltiples autopropulsados y blindados, 156 sistemas antiaéreos, 236 aviones y 207 helicópteros.
09:11 — Las autoridades de Ucrania han cifrado este martes en más de 380 el número de niños muertos desde el inicio de la invasión rusa, desatada el 24 de febrero por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin, antes de agregar que cerca de 740 han resultado heridos en el marco de los combates.
La Fiscalía ucraniana ha apuntado a través de un mensaje en Telegram que ha podido verificar 382 niños muertos y "más de 741" heridos, si bien ha resaltado que "estas cifras no son finales, ya que el trabajo está en marcha en lugares de hostilidades activas y en los territorios temporalmente ocupados y liberados".
08:21 — El bombeo de gas a través del gasoducto Nord Stream, que conecta Rusia con Alemania por debajo del mar Báltico, se reanudará cuando esté reparada la turbina por parte de Siemens Energy en virtud del "trabajo contractual" que debe efectuar, ha afirmado hoy el ministro de Energía ruso, Nikolái Shulginov.
El flujo se reanudará "tan pronto como se resuelva el problema de acuerdo con la obligación contractual de reparar la turbina", en la que se detectó una fuga de aceite durante labores de mantenimiento, ha apuntado el político durante el VII Foro Económico Oriental que se abrió hoy en Vladivostok, según la agencia oficial TASS.
07:30 — La actividad económica global se desacelera, pero nada indica que suceda lo mismo con la demanda mundial de petróleo. Muy al contrario: según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), el planeta consumirá este año 2,1 millones de barriles diarios más de lo que se preveía en la última estimación. En total, 99,7 millones de barriles cada día de 2022.
La cifra es, incluso, inferior a lo estimado para el año próximo, 101,8 millones de barriles al día, lo que se explica, fundamentalmente, por dos factores. Por un lado, por el rápido aumento de la utilización del petróleo para producir electricidad y, por otro, por la sustitución del gas —más caro— por petróleo, lo que supone un incremento de la demanda de crudo.
Lo significativo es que Rusia, pese a la política de sanciones, apenas sufrirá. La AIE, en concreto, estima que las exportaciones de petróleo rusas cayeron en 115.000 barriles diarios en julio, hasta los 7,4 millones b/d. En todo caso, por debajo de los ocho millones estimados a principios de año. Lo cuenta Carlos Sánchez.
Documentos del Kremlin admiten una fuerte recesión de la economía rusa y fuga masiva de cerebros
ALBERTO ORTÍN. okdiario. 6 Septiembre 2022
Rusia afronta una posible y profunda recesión económica y una fuga masiva de cerebros por la invasión de Ucrania y las sanciones a las que está siendo sometido el país.
La agencia estadounidense Bloomberg asegura haber accedido a documentos internos del Gobierno ruso, presentados en una reunión a puerta cerrada que habría tenido lugar el pasado 30 de agosto. En dichos documentos, se pinta un panorama que poco tiene que ver con el que Putin ha trasladado al exterior en apariciones públicas.
La documentación a la que ha accedido la agencia dibuja tres posibles escenarios, y dos de ellos admiten que la contracción de la economía del país se acelerará el próximo año, previendo que la economía no recuperará los niveles previos a la guerra hasta el final de la década o más tarde. Las previsiones apuntan a que el PIB ruso caerá en 2023 un 8,3% respecto al de 2019, y hasta un 11,9% en 2024.
El informe advierte también sobre una previsible pérdida de trabajadores altamente cualificados, hasta 200.000 especialistas en tecnologías de la información, que podrían abandonar Rusia en los próximos tres años.
El corte total del gas a Europa, el primer mercado de exportación de Rusia, podría costar 6.600 millones de dólares al año en pérdidas fiscales, según el mismo informe, que no podrá ser compensado con nuevos mercados de exportación, ni siquiera a medio plazo. Además, el documento al que se refiere Bloomberg avisaría de falta de tecnología para las plantas de gas natural licuado.
Hasta ahora, la agencia oficial rusa de estadísticas económicas, Rosstat, había informado de una caída del PIB en Rusia del 4% en el segundo trimestre del año, y de una tasa de desempleo del 3,9%, mínimo histórico.
Pero Rosstat ha perdido veracidad. El diario The Wall Street Journal recordaba este fin de semana que Rusia contabiliza sus datos de desempleo de forma imprecisa, ya que, en épocas de crisis, las leyes laborales del país dificultan el despido de empleados. En lugar de despidos, las compañías en el país acometen ‘vacaciones obligatorias no remuneradas’, de forma que los trabajadores mantienen su condición de empleados aunque no estén trabajando ni cobrando.
Jeffrey Sonnenfeld, de la Universidad de Yale, que desde el comienzo de la invasión de Ucrania ha estado monotorizando las empresas extranjeras que abandonan Rusia, estima que más de un millar de compañías, con ingresos que superan el 40% del PIB ruso, han dejado el país, el mayor retroceso de inversión extranjera desde la caída de la URSS.
Vox presenta su alternativa a la agenda climática para lograr la soberanía energética y explotar recursos propios
El partido registra una Proposición de Ley en el Congreso para combatir el alza de precios de la energía.
Maite Loureiro. libertad digital. 6 Septiembre 2022
Vox ha presentado en el Congreso un plan alternativo a la agenda climática promovida por el Gobierno de Pedro Sánchez para, entre otras cosas, acabar con la prohibición de explotar recursos propios en un momento en el que su utilización podría aliviar considerablemente el precio de la energía en España y, con ello, la subida de la inflación.
El partido de Santiago Abascal ha registrado una proposición de Ley, avanzada por Libertad Digital, para modificar la norma aprobada en el año 2021 sobre cambio climático y transición energética -que salió adelante con el único voto en contra de Vox- con el objetivo de incluir el concepto de soberanía energética y revisar la prohibición de explorar, investigar y explotar recursos propios, minerales y energéticos de nuestro país.
La propuesta, presentada por el portavoz parlamentario, Iván Espinosa, y el secretario general del grupo, José María Figaredo, plantea, entre otras cosas, estudiar la posibilidad de abrir la central nuclear de Garoña, o acabar con los planes de movilidad en los municipios, como el Nuevo Madrid Central, que fuerzan a los ciudadanos a comprar vehículos eléctricos o usar el transporte público.
"La batalla cultural no es sólo una cuestión ideológica, tiene consecuencias económicas", ha defendidoel portavoz parlamentario, que ha calificado de "parches" las medidas anunciadas hasta ahora que son, ha dicho, fruto del "fanatismo climático". Figaredo ha destacado por su parte que la propuesta de Vox busca acabar con las leyes idelógicas de la izquierda que perjudican a los españoles. "Es hora de que los políticos pensemos en el fin de mes, no en el fin del mundo", ha destacado.
La contradicción europea
El texto, adelantado por este periódico, denuncia el encarecimiento de la energía de manera "ficticia" a través de la imposición de tasas verdes, trabas burocráticas o penalizaciones, como las existentes para las emisiones de CO2, que repercuten en las empresas y los consumidores "sin recibir explicaciones ni sobre sus posibles beneficios ni sobre sus seguros sacrificios".
El partido recuerda que, a pesar de que China, India y EEUU son responsables de más de un 50% de la contaminación mundial, se niegan a imponer políticas de reducción de emisiones que sí aplica Europa, a la que después venden los bienes y servicios que ésta se niega a producir.
Vox critica que tales políticas climáticas se basen en estudios que denuncian en exclusiva los aspectos negativos del cambio climático e "ignoran los indudables efectos positivos del calentamiento global" y excluyen "cualquier tipo de análisis coste/beneficio de las posibles alternativas, de los plazos de adaptación y de la posible mitigación de sus efectos".
El cambio climático y su "catastrofismo"
"A pesar de que las previsiones de estos estudios, que en su mayoría tendían y tienden al catastrofismo, se han incumplido en gran medida, los gobiernos mundiales siguen alimentándose de estos estudios para fomentar políticas en el sentido indicado", recoge la propuesta.
En esta línea engloban la negativa de España a incluir el gas natural y la energía nuclear como energías verdes, a pesar de la reciente posición adoptada por Europa que apuesta ahora por reforzar estas fuentes en un mix energético, o la prohibición de explotar recursos propios, "profundizando en la severa situación de dependencia energética de España".
Las fuentes de energía españolas
El partido sostiene que en España "existen reservas de hidrocarburos no convencionales para satisfacer la demanda nacional durante más de 70 años", además de las "probables reservas convencionales de petróleo en aguas próximas a Canarias". Del mismo modo, las centrales térmicas y nucleares podrían seguir funcionando, aliviando con ello los precios.
Vox reclama además una reducción de impuestos a la electricidad y los carburantes, incluso su eliminación temporal, para afrontar la grave situación que se compensarían con el alza de precios y el incremento de la recaudación que experimenta el Estado con ella.
El partido defiende haber sido el único que ha alertado de la actual situación desde 2018 y que ha apostado por un plan de soberanía energética, habiendo presentado infinidad de iniciativas al respecto en el Congreso y otras instituciones,.con el rechazo constante del resto de grupos, incluido el PP.
Cinco años después, ya lo están haciendo otra vez
PABLO PLANAS. libertad digital. 6 Septiembre 2022
Por aquello de la pulcritud cronológica, tal día como este 6 de septiembre, pero de hace cinco años, se desencadenó la fase final del Golpe de Estado separatista. El escenario fue el Parlamento autonómico de Cataluña, convertido por los grupos independentistas en una especie de cervecería alemana con cientos de alcaldes golpistas levantando las varas de mando a modo de jarras. La sesión plenaria duró dos días y concluyó con la derogación de la Constitución y el Estatuto de Autonomía y la aprobación de dos leyes. Una para celebrar el referéndum del 1 de octubre y la otra para establecer las nuevas bases de un estado en el que el presidente nombraría a los jueces, entre otras muchas barbaridades.
Aquello fue grave, pero lo que vino después tendió a difuminar el alcance de la transformación del "parlamentarismo" de los grupos independentistas, que sacaron adelante sus coartadas supuestamente jurídicas aplastando los derechos de la oposición y contra la casi heroica resistencia de los letrados de la cámara, algunos de los cuales llegaron a advertir a la indultada Carme Forcadell, entonces presidenta de la cosa, de los graves riesgos en los que incurría si daba curso a semejantes disparates. Pero Oriol Junqueras, Marta Rovira, Anna Gabriel o Carles Puigdemont presionaban demasiado y Forcadell, un títere en manos de los "ases" de la política catalana, no atendió los sabios consejos de los letrados, sino que sucumbió a las amenazas de sus correligionarios.
Fue el principio de una cadena de acontecimientos que precipitó a la sociedad catalana por el despeñadero, empujada por unos auténticos irresponsables, unos políticos ebrios de impunidad y consentidos por empresarios, sindicatos y demás representantes de eso que se llamaba la sociedad civil. La causa remota es el pujolismo, régimen que se afanó en la desespañolización forzosa de Cataluña con aplauso fervoroso de las patronales, los círculos ecuestres y de economía, la renombrada burguesía local, la izquierda, los sindicatos, los clubes de fútbol y hasta los cantautores. Muchos de ellos fueron franquistas, luego nacionalistas y ahora independentistas. Siempre al lado del poder, como La Vanguardia.
El caso es que cinco años después de provocar la división de la sociedad catalana, no pocas peleas, la fuga de miles de empresas, incluidos los dos únicos bancos catalanes, y de causar una crisis social que a punto estuvo de acabar en un enfrentamiento violento, los autores de esa catástrofe viven como auténticos señorazos, aferrados a sus cargos públicos, apalancados en instituciones y administraciones, gozando de las libertades y los derechos del Estado contra el que dicen combatir hasta el final y quejándose a moco tendido de delirantes violaciones de los derechos humanos suscritas por comités inmundos financiados a costa de todos los ciudadanos, incluidas sus víctimas sociales, políticas y económicas.
Ahí está ese Rufián, hecho un brazo de mar en la carrera de San Jerónimo. El mismo que comparó a Puigdemont con Judas porque al pastelero loco le entraron dudas de última hora sobre si proclamar la república catalana o convocar elecciones autonómicas. Esa opción B ha sido poco analizada. Es casi seguro que no se habría aplicado el artículo 155 de la Constitución y también que el separatismo habría ganado los comicios por culpa de la ley electoral que establece que un voto en las provincias de Barcelona y Tarragona no vale lo mismo que en Lérida y Gerona, los graneros separatistas. Pero Junqueras y doña Marta Rovira no lo veían claro y querían el choque con el Estado. Tampoco estaba por el mal menor Anna Gabriel, convertida en una tremenda sindicalista suiza que en breve regresará a España para deponer ante el Tribunal Supremo y disolver el delito de desobediencia del que se le acusa, delito que no acarrea más que una leve inhabilitación en territorio nacional.
Los indultados ahí siguen. Cuixart se ha ido a Suiza gracias a una generosa subvención del Gobierno de España para desarrollar una máquina para su pujante negocio de embalaje de medicamentos. Jordi Sànchez cobra de un "think tank" del partido de Puigdemont, que vive en Waterloo y ejerce de eurodiputado. Turull dirige dicho partido, Junqueras manda en ERC y el resto de agraciados se desenvuelve por los platós y las plazas como si fueran referentes de la libertad y la democracia.
Gobiernan la Generalidad y sostienen el Gobierno de Pedro Sánchez y Podemos. No han retrocedido un ápice en sus posiciones políticas, institucionales, presupuestarias y sociales. Los representantes empresariales les hacen reverencias y los sindicales secundan todas sus maniobras y conspiraciones. La izquierda es su cómplice mientras los derechos de los hispanohablantes en Cataluña son pisoteados sin miramientos ante la impotencia e inoperancia de los tribunales y con el visto bueno del Gobierno en la "mesa de diálogo" con los golpistas de ERC en la Generalidad.
Tras un lustro, ¿quién duda de que lo volverán a hacer? Es que lo están haciendo ya.
Por el derecho a estudiar en español
Gorka Maneiro. voxpopuli. 6
Septiembre 2022
El próximo 18 de septiembre miles de personas defenderán en Barcelona el derecho a estudiar en español en Cataluña (donde más flagrantemente se vulnera) y, por extensión, en cualquier parte de España… y el Gobierno de España no solo no acudirá sino que está en contra y es además corresponsable de que este derecho se conculque. Y es que si el Gobierno de España quisiera, tal derecho se garantizaría, pero ni quiere ni puede: no quiere porque ya es nacionalista allí donde le conviene serlo y no puede (es un decir) porque depende de los independentistas para seguir en la Moncloa.
Así está el PSOE y así está España, lo segundo en gran parte consecuencia de lo primero, ya que lo demás está más o menos como cabía esperarse que estuviera: la derecha española, irrelevante en Cataluña, la izquierda populista convertida además en nacionalista, los nacionalistas chantajeando al Gobierno de España (porque les dejan) y Ciudadanos, que llegó a ganar las elecciones autonómicas de 2017, consumido por sus propios errores. Luego está el PSC, cómplice del nacionalismo, o sea, cómplice de sí mismo y, a estos efectos, lo peor que nos ha pasado en España.
Así que, tras cuatro décadas de vulneraciones sistemáticas de los derechos lingüísticos de quienes quieren estudiar en español y de imposición forzosa del catalán por parte de la derecha racista catalana y la izquierda boba, así estamos: exigiendo una obviedad inimaginable en cualquier otro país democrático del mundo porque tal derecho no se discute: que uno pueda estudiar en la lengua oficial y común del Estado, lengua que es, además, en nuestro caso, una de las más extendidas y habladas del mundo y, por lo tanto, cuyo conocimiento atesora múltiples beneficios de todo tipo.
Y, del mismo modo, aquí seguimos repitiendo los mismos argumentos y diciendo las mismas obviedades, sin que a los fundamentalistas lingüísticos les entre en la cabeza y sin que los gobiernos se decidan a defenderlos: los derechos son de los ciudadanos; las lenguas no tienen derechos y mucho menos el derecho de provocar hablantes forzosos para fomentarlas; y las lenguas son para los ciudadanos, no los ciudadanos para las lenguas. Pero los nacionalistas lingüísticos los obvian porque no atienden a argumentos ni a razones, ni a leyes ni a sentencias de los tribunales sino a objetivos políticos de los que no se separan nunca: expulsar todo lo español de Cataluña, crear una identidad cultural y lingüística homogénea, reivindicarse como nación cultural, exigir el derecho a la autodeterminación, ejercerlo, crear un Estado independiente y, finalmente, convertir a los ciudadanos no nacionalistas en extranjeros en su propia tierra. Y, mientras tanto, vivir del cuento de ser nacionalista con sueldazos, privilegios y prebendas. Y todo ello con el permiso del Gobierno de España.
Ellos tienen su hoja de ruta: la construcción "nacional" de Cataluña; y, desde que Jordi Pujol la puso en marcha hace cuarenta años, ahí siguen, impulsados por su fanatismo ideológico y por sus intereses económicos, con la colaboración por acción o por omisión de todos los gobiernos de España y de los principales partidos supuestamente nacionales, tontos útiles incluidos, a mayor gloria de su propia defenestración política y la conversión del nacionalismo a efectos prácticos en pensamiento hegemónico y casi único en Cataluña. Ellos tienen su idea, su financiación y su hoja de ruta mientras que los ciudadanos resistentes de Cataluña, que tienen argumentos, razones e ideas, se encuentran abandonados a su suerte y sin otra financiación que sus propios recursos.
La izquierda oficial tiene una responsabilidad adicional que no debe obviarse: si a alguien perjudica el modelo de inmersión lingüística es a los ciudadanos más vulnerables, a los inmigrantes y a la clase trabajadora, puesto que si uno dispone de recursos económicos, podrá matricular a sus hijos en un instituto bilingüe o trilingüe donde estudien en español, como de hecho hacen algunos de los representantes de la burguesía catalana y algunos de los más insignes defensores del modelo lingüístico de exclusión del castellano, sin que se les caiga la cara de vergüenza.
Cualquier partido democrático, sea de izquierdas, de derechas o mediopensionista, debería defender el derecho a estudiar en español en cualquier parte de España (¡un 25% de las clases, qué menos!), por razones educacionales y por razones legales; pero resulta que es especialmente la izquierda, por razones ideológicas, la máxima responsable de la defenestración del castellano en Cataluña. El problema es que esta izquierda es o identitaria o nacionalista, por mucho que izquierda nacionalista sea una contradicción en los términos. Los sindicatos, por su parte, en lugar de defender los intereses de los trabajadores, ahí siguen: entregados al poder establecido.
Oigo defender una Cataluña bilingüe a algunos de los más firmes defensores de la libertad lingüística, como antesala a su reivindicación principal: que, además de poder estudiar en catalán, quien quiera pueda estudiar en español. Pero no debemos pedir permiso ni perdón a la hora de exigir un derecho constitucional que nos asiste a todos los ciudadanos españoles, independientemente del lugar de España donde residamos (y cuya vulneración, por cierto, nos perjudica a todos, porque limita nuestros movimientos y nos impide disponer de un país de ciudadanos libres e iguales). Cataluña será bilingüe o no lo será en función de lo que la gente decida en su día a día. Y tal cosa no será ni buena ni mala, sino consecuencia del uso que de su libertad decida hacer cada cual. La diversidad lingüística no es algo a salvaguardar por encima de cualquier cosa, y mucho menos algo a imponer a base de pisotear los derechos lingüísticos de nadie. Lo que sí hay que garantizar y exigir hoy es algo que está prohibido: que los estudiantes puedan estudiar en español en Cataluña y en cualquier otra parte de España.
La cita es en Barcelona el domingo 18 de septiembre. Convoca Escuela de Todos. El lema, "El español, lengua vehicular". A las 12,30 en el Arco del Triunfo de Barcelona. Nos concierne a todos defender la libertad y la democracia.
¿ Bilingüe ? No, gracias
Nota del Editor. 6 Septiembre 2022
La c.e. establece el deber de conocer el idioma español y no establece deber de conocer lengua regional alguna. Así que por mas requiebros que haga el t.c., el obligar a cualquier persona, de cualquier edad, a estudiar cualquier lengua regional es una atrocidad. El valorar el conocimiento de cualquier lengua regional es otro atropello.
******************* Sección "bilingüe" ***********************
Procesos de escucha
IVÁN VÉLEZ. gaceta. 6 Septiembre 2022
Escrita hace casi cuatro siglos, Visita y anatomía de la cabeza del Eminentísimo Cardenal Armando Richelieu es, de entre las obras de Quevedo, una de las que contiene una mayor carga alegórica. Si en el caso de la composición quevediana, un médico, nada menos que Andrés Vesalio, se adentraba en el distinguido pabellón auditivo del cardenal francés para acceder al interior de un cráneo en el que se larvaban planes contra España, en los días de hoy la acción se ha invertido hasta el punto de que son otras las poderosas orejas prestas a escuchar al vulgo o, por mejor decir, a una parte muy escogida del mismo.
La maniobra auditiva la comenzó, hace ya unos meses Yolanda Díaz, la, en palabras de Rosa Belmonte, «ministra del extraño prestigio», cuyo perfil hubiera hecho las delicias del diablo Cojuelo. Según manifestó en su día la gallega y galleguista, su disposición era dar comienzo a un semestre cuyo punto de partida sería la semana del orgullo, que la llevaría «por todo el país» –entendemos que en referencia a España- para tomar nota de las demandas de la «sociedad civil». En una mímesis menos viajera, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, socio preferente de EHBildu, ha anunciado que, a resguardo de pitadas, abrirá las puertas de La Moncloa a 50 españoles «anónimos», escogidos de entre los autores de los 250.000 mensajes recibidos en sus terminales de comunicación. La propagandística ceremonia sanchesca será retransmitida por el canal 24 horas y por RNE.
Nadie con un mínimo de madurez puede creer que las escuchas correrán riesgo alguno de establecerse con alguien que pueda realmente cuestionar el ignoto, pero previsible, programa de Sumar, tampoco el del socio preferente de ERC. Si en el primer caso, la Díaz sólo se rodeará de quienes puedan sumarse a sus ambiciones, en el de Sánchez, es previsible cierta cuota de discrepancia convenientemente apaciguada con las habituales dosis de susurros propias del partido del diálogo.
En definitiva, ni la una ni el otro se entrevistarán con la madre del niño hostigado en Canet, tampoco con los padres a los que se les niega un exiguo 25 % de enseñanza en español para sus hijos en Cataluña. Tampoco es previsible que se citen con ninguno de los familiares de las víctimas de los etarras que la línea Marlaska de criminales acerca semanalmente a las Vascongadas para que el PNV complete el trabajo excarcelatorio cuidadosamente diseñado. Ni Díaz ni Sánchez prestarán oídos a antiabortista alguno, tampoco a quienes cuestionen los dogmas adscritos al rótulo «cambio climático», ni a quien pueda amenazar mínimamente a los poderes hegemónicos, regionales e internacionales, a los que sirven los dos escuchantes. Si en el caso de la obra quevedesca Vesalio se introducía en el cráneo del clérigo francés disfrazado «de embeleco y de embuste» con el fin de agradar al purpurado galo, la simetría auditiva nos ofrece la imagen de dos genuinos subproductos de la actual democracia coronada, asentada, en gran medida, en la adulación de aquellos, pero sólo de los adecuados, con los que se dialoga para mantener el orden establecido.
«Yo te los mando, tú los sueltas»
ROSA DÍEZ. okdiario. 6 Septiembre 2022
Sobran las palabras cuando los tratos se cierran quienes cierran entre gentes de la misma calaña. Cuanto más tenebroso sea el alcance del acuerdo, menos palabras se necesitan para hacerlo eficaz. Como aprendimos en El Padrino, todo el mundo sabe el precio de no cumplir los acuerdos; y cumplen, ya lo creo que cumplen…
Corría el mes de octubre de 2021 cuando Arnaldo Otegi,- el capo de los bilduetarras denominado “hombre de paz” por Zapatero y a quien Sánchez ha encumbrado a la categoría de “hombre de Estado» compareció ante los suyos en Aiete para explicar por qué su grupo parlamentario iba a apoyar los Presupuestos del Estado elaborados por Pedro Sánchez: “Nosotros tenemos 200 (presos) dentro. Y esos tienen que salir de la cárcel. Y si para eso hay que votar los presupuestos, pues los votaremos. Así de alto y de claro os lo decimos: los votaremos. Los votaremos sin ningún problema, y lo haremos muy tranquilos, muy tranquilos”. «Por qué? Porque eso (sacar a los presos de la cárcel) lo tenemos aquí (se señala la cabeza), en el frontispicio. Y decimos «Hostia, hostia, este es el momento”. Fue en esa comparecencia con militantes de EH Bildu en la que Otegi afirmó: “… hemos vuelto a colocarnos en el centro del tablero, porque en este pueblo narcotizado hemos vuelto a hacer plas y a darle una patada al hormiguero”.
Pues bien, como es sabido, Otegi cumplió el pacto y los Presupuestos más falsos de la historia de la democracia salieron adelante. Y Pedro Sánchez también cumplió. He aquí los datos:
Desde que Sánchez preside el Consejo de Ministros, se han producido 345 traslados de presos, correspondientes a 203 etarras. De ellos, se han trasladado al País Vasco 143 y a Navarra 18. De los traslados llevados a cabo por Sánchez y su fiel ejecutor Marlasca, 164 estaban condenados por delitos de sangre, lo que se corresponde con 98 presos, que suman 298 víctimas de 217 atentados.
A estos escalofriantes datos hemos de añadir una circunstancia no menos grave: aproximadamente el 20% de todos los traslados cuentan con informe negativo de Instituciones penitenciarias. Los terroristas beneficiados por esta decisión política adoptada por el Gobierno presidido por Pedro Sánchez y liderado por el Partido Socialista Obrero Español, no sólo no se han arrepentido de sus crímenes ni han colaborado con la Justicia para resolver los trescientos cincuenta y siete asesinatos aún no juzgados sino que, en un altísimo porcentaje y según consta en los informes preceptivos de Instituciones Penitenciarias, no reúnen los requisitos para ser merecedores de un traslado/acercamiento al País Vasco. La decisión de acercar criminales terroristas a cárceles vascas le corresponde enteramente al Gobierno; a pesar de lo que dice la portavoz Pilar Alegría, los jueces no intervienen en la misma. Es una decisión gubernamental que, como los indultos, es discrecional, pero no puede ser arbitraria.
Tras la última decisión de Pedro Sánchez de acercar a 13 terroristas –entre ellos Txapote y Parot, dos de los criminales más sanguinarios de la historia de ETA- ya solo quedan 45 presos fuera de las cárceles del País Vasco y Navarra. Asesinos en serie como los dos mencionados –entre los dos suman condenas por 67 asesinatos, entre ellos el de la Casa Cuartel de Zaragoza o los de Ordóñez, Múgica, Buesa o López de Lacalle- van a cumplir lo que les queda de condena en prisiones cerca de sus familiares. Y si recalan en cárceles del País Vasco, transferidas por Sánchez al Gobierno vasco, como es el caso de Soledad Iparraguirre Anboto, una de las pocas mujeres que llegó a la cúpula de la banda terrorista, cumplirán su condena en un módulo de respeto, gozarán de un salario pagado por el Gobierno vasco y esperarán, como el resto de los jefes de la banda encarcelados en prisiones vascas, que Sánchez y Urkullu los pongan en libertad.
No da igual en qué cárcel cumplan la condena los terroristas, pues los traslados a los que estamos asistiendo son la antesala de la puesta en libertad de los terroristas. Ya hay 24 terroristas que han progresado a tercer grado tras su acercamiento a cárceles vascas; para eso se llevó a cabo la transferencia de la competencia en materia de prisiones:
Los hechos son tan escandalosos que la propia Fiscalía ha recurrido más de la mitad de estas decisiones del Gobierno Vasco (PNV en coalición con el Partido Socialista) y la Audiencia Nacional ha ido recovando la fraudulenta puesta en libertad de los terroristas.
También hay quien se empeña en pervertir la realidad comparando estos traslados con los que en el pasado han sido llevados a cabo por sucesivos gobiernos. El mentiroso patológico hace unos días que ningún gobierno del PSOE había acercado presos mientras ETA mataba, que eso lo hacía el PP… Lástima de televisiones que no se hacen eco de la verdad, lástima de periodistas incapaces de poner los datos sobre la mesa… O quizá no sean ignorantes, solamente estén comprados… Los datos oficiales (oficiales, del Ministerio del Interior) dicen lo siguiente:
Número de trasladados al País Vasco o prisiones del entorno por los sucesivos gobiernos de España:
Felipe González: 569
José María Aznar: 426
Rodríguez Zapatero: 237
Mariano Rajoy: 40
Pedro Sánchez: 276
Y, finalmente, para seguir desmontando mentiras: La política penitenciaria siempre fue una política de Estado en la que tanto la dispersión como los acercamientos eran instrumentos que se utilizaban con un único objetivo de derrotar a ETA. Hoy, -rotos por Zapatero todos los Pactos de Estado, entre ellos el de política antiterrorista- los acercamientos de terroristas solo tienen un propósito: que Otegi le deje a Sánchez seguir viviendo en la Moncloa.
Recuerden: “Presos por presupuestos”. Pedro Sánchez está perpetrando su gran traición a la democracia mientras el silencio del PSOE resulta estremecedor. Malditos sean; malditos sean para siempre.
Devolver el voto: una oportunidad de reparación
AGUSTÍN GARCÍA. okdiario. 6 Septiembre 2022
«La muerte de Franco en modo alguno determina el fin de la dictadura militar sino la adopción por este de una nueva cobertura, la monárquica y parlamentaria y el inicio de su descomposición». Este entrecomillado, que tan bien resume la memoria democrática que defiende Bildu, está sacado de una de esas cartas con las que ETA extorsionó a tantos españoles para financiar su vida (la de ETA) y la muerte (de tantos inocentes).
En esas cartas, ETA justificaba sus asesinatos: «No hay aún pues democracia política, y los trabajadores vascos y todo el pueblo vasco se ven obligados a continuar la lucha por su conquista». El resultado de su lucha ya lo conocemos, pero, por si en las clases de educación para la ciudadanía no se lo cuentan, ya lo hago yo: 3.500 atentados con 853 asesinatos, 2.632 heridos y más de 7.000 víctimas, 86 secuestrados y un número desconocido de amenazados y exiliados que muchos expertos cifran en torno a los 200.000.
A continuación, las cartas explicaban, con la lógica del colectivismo marxista, la razón de su suerte al destinatario: «Usted puede decir que no conoció la guerra y no tomó ninguna parte en la restauración de la dictadura. Pero lo que usted y toda la burguesía ha hecho y siguen haciendo, es sostener con los impuestos el mantenimiento de las fuerzas armadas y resto de instituciones de la dictadura española que ocupa nuestro país».
Y como no hay extorsión sin amenaza, tras varias proclamas como las anteriores, terminaban así: «En fin, si usted no es partidario de la dictadura colabore económicamente con la lucha del pueblo. Si no lo hace, será considerado como un colaborador de la misma y tratado en consecuencia. Esperamos tenga usted un sentido más profundo de la historia». Tras este consejo, la carta señalaba el nombre y el lugar del sur de Francia donde del amenazado debía acudir, la cantidad a entregar y el ultimátum: «Si no hace entrega en el plazo fijado, le buscaremos hasta ejecutarle».
Muchos de los que leyeron esas cartas pudieron irse y seguir con su vida lejos del País Vasco; otros, en cambio, permanecieron allí, mirando debajo de sus coches antes de arrancar, evitando ciertos lugares y volviéndose sobre sus espaldas cada cinco pasos.
El voto de los que se fueron dejó de depositarse en las urnas de Hernani, Rentería, Bilbao o Eibar, para introducirse en las de Las Palmas, Sevilla, Burgos o Zaragoza. De este modo, 200.000 votos de exiliados y descendientes, que probablemente no irían al nacionalismo, ya no cuentan en los escrutinios de las elecciones vascas. Es curioso observar cómo, entre 1979 y 2011, el censo electoral en España subió casi un 34%, mientras que el País Vasco, una de las regiones más ricas y prosperas, que precisamente no pertenece a la España Vaciada, creció menos de la mitad (no llegó al 15%).
Y hoy Sánchez nos trae una ley de Memoria en la que, hasta en 46 ocasiones, menciona la palabra reparación. Pues aquí tiene, si quiere, una gran oportunidad para ello, para reparar a muchos españoles víctimas de quienes atentaban contra la democracia. Tan sencillo como devolverles su derecho político al voto, su derecho a decidir el futuro de la comunidad autónoma que se vieron obligados a abandonar y a la que quizá quieran regresar. Eso sí que sería reparación, reparación verdadera, no una palmada en la espalda o música de viola tras discursos engolados.
Pero claro, eso podría cambiar las cosas, y no gustaría a los que movían los árboles, ni a los que recogían las nueces. Y hoy, tampoco, al propio Sánchez, que gobierna con el apoyo de unos y otros. Gobernar es priorizar y ya sabemos cuáles son las prioridades de Sánchez. Al menos, Otegi y Txapote lo saben muy bien. Los 200.000, que esperen.
Que te vote Txapote
CAYETANO GONZÁLEZ. libertad digital. 6 Septiembre 2022
La próxima meta volante electoral importante será el domingo 28 de mayo del año que viene. Ese día, los ciudadanos están llamados a las urnas para elegir a los Alcaldes de todos los Ayuntamientos, y en trece Comunidades Autónomas —todas menos el País Vasco, Cataluña, Galicia y Andalucía— para votar y decidir los gobiernos de sus respectivas Comunidades.
Todo esto, si el Presidente del Gobierno no decide adelantar las elecciones generales —que en principio tocan a finales de 2023— o hacerlas coincidir con las municipales y autonómicas. Es obvio que Sánchez hará lo que más le convenga para sus intereses políticos, y eso pasa por convocar las elecciones generales cuando las encuestas le sean menos desfavorables de lo que le son en estos últimos meses. En caso de duda, la tendencia general de quien está en el poder es la de alargar todo lo que se pueda la legislatura, en la confianza que el paso del tiempo atempere lo que a día de hoy se presenta como una sonora derrota del actual inquilino de la Moncloa.
Con ese panorama electoral en el horizonte, el Gobierno, los partidos se han puesto ya en modo electoral y de esa manera han arrancado el curso político después del periodo estival. Quien más "agitado" se muestra es el propio Sánchez, consciente que algo tiene que hacer para cambiar el signo de las encuestas, que, aunque no son infalibles, marcan una tendencia que en este caso es la de un triunfo del PP con una cómoda diferencia en votos y en escaños sobre el PSOE. Además, prácticamente todos los estudios demoscópicos coinciden en señalar que el PP, con la suma de VOX, tendrían una cómoda mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, lo que les permitiría formar un gobierno estable presidido por el líder popular, Alberto Núñez Feijóo.
Ante esta situación, Sánchez y su equipo de Moncloa comandado por el fiel y sumiso Bolaños han tocado a rebato: por un lado, el Presidente se va a prodigar de aquí a final de año en viajes y encuentros con la gente en unas treinta ciudades. Me apuesto pincho de tortilla y caña, que diría Luis Herrero, a que en esos encuentros habrá pocos paseos por la calle, poco contacto con la gente y sí mucho acto blindado, para evitar lo que es una evidencia: Sánchez ya no puede salir a la calle sin un riesgo alto a ser abucheado, insultado o que se cuele en su entorno un cartel en el que se pueda leer: "Que te vote Txapote", como le ocurrió este fin de semana en Sevilla, recordando de esta forma al sanguinario terrorista de ETA que participó u ordenó los atentados que costaron la vida, entre otras víctimas, de Gregorio Ordoñez, Miguel Ángel Blanco, Fernando Múgica, José Luis López Lacalle o Luis Portero. Javier García Gaztelu, alias "Txapote" fue trasladado la pasada semana por el Gobierno a una cárcel del País Vasco, sin mostrar arrepentimiento, sin pedir perdón a las víctimas y sin colaborar con la Justicia para esclarecer los cerca de 400 crímenes de ETA que todavía están pendientes.
El PP, y también VOX, tienen que ser conscientes de que, en los próximos meses, el Gobierno social-comunista del PSOE y Podemos no va a ahorrar ningún instrumento que tiene el poder para embarrar el terreno de juego electoral hasta límites insospechados. Y los dos partidos del centro-derecha tendrán que medir bien su reacción y su estrategia, porque tan malo sería adoptar una actitud pasiva ante los ataques que ya están y seguirán recibiendo, como entrar al juego del "y tu más", que es lo que la gente más detesta de la relación entre los partidos.
Todo indica que nos aproximamos a un fin de ciclo político, el del sanchismo, que será recordado como el peor —junto al protagonizado por Zapatero— de nuestra historia reciente. Pero convendrá no confiarse, porque el actual inquilino de la Moncloa se resistirá como gato panza arriba a perder el poder y para ello no regateará nada que esté en su mano para conservarlo. Ya lo ha demostrado de forma fehaciente en estos años con sus pactos con los independentistas catalanes y con los herederos políticos de ETA. Pactos que, sin duda, le pasarán factura a Sánchez en muchos lugares de España. El "que te vote Txapote" puede ser un clamor que no lo consiga parar ni todo el aparato político y mediático que tiene este Gobierno.
Cataluña, cinco años después
INÉS ARRIMADAS. CARLOS CARRIZOSA. el mundo. 6 Septiembre 2022
Los autores recuerdan lo ocurrido en el Parlament cinco años después, cuando se aprobaron las leyes de 'desconexión' que llevaron a que la mayoría de diputados de la Cámara fueran silenciados
La situación de emergencia económica y social que atraviesa el conjunto de Europa desde el pasado mes de marzo ha sincronizado la agenda de las principales democracias occidentales en este nuevo curso político. El encarecimiento de la vida, las fuentes de energía o las reglas fiscales son objeto de debate en nuestro país como en los países vecinos y centran la preocupación de los gobiernos. Al menos, así es sobre el papel.
En España, hace demasiados años que la desorbitada influencia del nacionalismo en la vida pública, descontada a menudo por numerosos actores políticos, perjudica sobremanera la capacidad de nuestro país para ofrecer respuestas de Estado a cualquiera que sea la crisis o amenaza que afronta. Sin ir más lejos, estos días sabemos, por ejemplo, que el actual Gobierno de España, como ha confirmado el propio Pedro Sánchez, prevé reeditar un pacto presupuestario crucial con partidos como ERC o Bildu. Hemos conocido el abominable acercamiento, exigido por el entorno proetarra, de terroristas al País Vasco acelerado por el Ministerio del Interior a fin de que el nacionalismo controle y moldee la política penitenciaria sobre los presos de ETA. Sin olvidar que, estos días, en lugares como en Cataluña muchas familias inician el curso escolar con el derecho a una escolarización en español para sus hijos vulnerado por el Gobierno separatista en connivencia con el Gobierno de Sánchez.
Contra la normalización de este tipo de anomalías antidemocráticas nació en 2006 un proyecto político en Cataluña que hoy como entonces sigue alzando la voz cada vez que se pisotean derechos de manera arbitraria. Desde la década de los 80 y con el asentamiento de la democracia española, el nacionalismo lleva trabajándose la hegemonía social en los territorios donde tiene representación, en una estrategia en la que ha contado con la desidia del bipartidismo. Normalmente lo hace arañando pequeñas cesiones, simbólicas o lingüísticas a veces, otras con incumplimientos legales a los que rápidamente acuden a restar importancia los grandes partidos. Así, son pocas las ocasiones en las que el nacionalismo deja ver a plena luz su verdadera faz. Quizá la vez que más gente lo ha visto tan claro fueron los días 6 y 7 de septiembre de 2017, de los que hoy se cumplen cinco años.
Para los que tuvimos la responsabilidad de afrontar aquellas fatídicas jornadas desde la primera línea política no es difícil recordarlas con nitidez. El clima que llevaba meses precediendo aquellos días había instalado en la política catalana el señalamiento a los constitucionalistas, normalizado la amenaza como estrategia y evidenciado la fractura social que se fue recrudeciendo aquel otoño hasta hacerse evidente incluso entre quienes durante muchos años la negaban acusando a Ciudadanos de alarmismo. El nacionalismo ya había probado entonces sobradamente su odio a España, a la libertad y a la convivencia. Pero hace cinco años mostraron sin tapujos su rechazo a la democracia y el Estado de derecho.
El Parlamento de Cataluña, tantas veces falsamente reivindicado por el nacionalismo, fue entonces el ominoso escenario del mayor ataque que han sufrido nuestras instituciones democráticas desde el 23-F, y el pluralismo político que representa la institución, la víctima indiscutible de todo el llamado procés. Los diputados que representábamos a la mayoría de los ciudadanos en la Cámara fuimos silenciados y se nos hurtó cualquier tipo de amparo ante una tropelía destinada a socavar derechos y libertades de millones de ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea. La acometida separatista se demostró totalitaria porque sencillamente chocó contra la democracia.
Para un nacionalismo acostumbrado a ganar metros de legitimidad de manera sigilosa, aquellas jornadas en las que manifestaron de manera tan palmaria su verdadera vocación dieron al traste con su falso relato popular y sirvieron para que muchos se cayeran del caballo. Otros llevábamos años advirtiéndolo y sufriendo por ello el hostigamiento de unos y el desprecio de quienes hoy siguen empeñados en minimizar, cuando no borrar aquel episodio. Con toda la humildad, no resulta aventurado afirmar que para derrotar al separatismo entonces fue crucial que el primer partido de la oposición fuera Ciudadanos. Desde luego hoy, con un PSC en su habitual estado de sometimiento al nacionalismo, la suerte del Parlament sería otra.
Nuestra lucha contra la degradación de la vida pública que nuestra sociedad viene sufriendo en los últimos años bajo la férula del nacionalismo no sólo nos ha dado la razón, sino que ha favorecido que en el conjunto de España -y en buena medida en Europa- se comprendan los riesgos a los que se enfrenta una democracia cuando arrostra el desafío del populismo nacionalista. Y se constate hasta qué punto nuestros derechos no están descontados ni son irreversibles.
Y lo decimos en presente. Porque nosotros, cinco años después, volveríamos a actuar con la misma determinación. Volveríamos a asumir el coste personal derivado de significarse públicamente contra un nacionalismo autoritario y excluyente. Volveríamos a dirigirnos a los líderes separatistas que acabaron condenados con la misma actitud y hasta las mismas palabras. Otros, lamentablemente, todo lo que pueden asegurar es que hoy les volverían a indultar. El PSOE en Cataluña y en el conjunto de España no ha perseguido nunca el fin de la hegemonía nacionalista y hoy, en lugar de honrar nuestra historia, han elegido reescribirla.
El Gobierno de Sánchez está empeñado en considerar lo ocurrido en 2017 un exabrupto puntual y no el único corolario posible tras décadas de propaganda populista e hispanófoba, sencillamente porque necesita legitimar al precio que sea a sus socios. Ese nefasto objetivo es todo lo que hay tras la colección de cesiones al nacionalismo, entre las que se encuentra incluso el indulto a los cabecillas políticos del golpe de los días 6 y 7. Por eso denunciamos que no había peor cesión de competencias al separatismo que la de darles la razón, pues con ella se les da también la historia y el relato de la misma, y entregar el pasado a los nacionalistas es dejar a los constitucionalistas sin herramientas para combatirlos en el presente.
El PSOE habla a menudo de pasar página, pero sus hechos prueban que lo que ansían es volver a la primera. Para muestra un botón: hace 12 años, el PSC y los nacionalistas se manifestaban de la mano contra el TC por la sentencia del Estatut; hoy se alían para impedir el derecho de las familias a escolarizar a sus hijos en español sorteando a los tribunales. Reiniciar el procés y, por el camino, regar de privilegios al nacionalismo para que lo tengan más fácil cuando vuelvan a las andadas.
Dar la razón a los nacionalistas no sólo implica el abandono de los constitucionalistas, sino que, sobre todo, compromete el futuro de nuestro país, que difícilmente podrá resistir siempre la política de apaciguamiento ensayada desde hace décadas por el bipartidismo y que tiene hoy su peor colofón con la deriva de Sánchez. Hace cinco años comprobamos cuál es el objetivo último para el que el separatismo usa todas sus diminutas victorias. Hoy, un Gobierno sometido obvia a conciencia esas intenciones y contribuye a rearmar al nacionalismo de legitimidad e instrumentos, allanándoles el éxito de una nueva acometida.
Ni que decir tiene que las razones por las que nació Ciudadanos siguen más vigentes que nunca y son las únicas válidas para derrotar al nacionalismo a largo plazo. No sólo porque los principios liberales y democráticos que defendimos desde el Parlament los días 6 y 7 de septiembre siguen guiando nuestros pasos frente a la amenaza populista que atenaza Europa, sino y sobre todo porque el fracaso del golpe fue posible por la reacción conjunta de la sociedad civil, la jefatura del Estado y una oposición decidida a no ceder un milímetro de razón. Cuando el nacionalismo vuelva a intentar tumbar al Estado de derecho, cosa que hará en cuanto vea la oportunidad, para la democracia española será crucial contar con una contestación firme como la que lideró Ciudadanos en 2017. Solo así podremos volver a derrotarles. Solo así podremos seguir conmemorando que triunfó la libertad.
Inés Arrimadas es presidenta de Ciudadanos y Carlos Carrizosa es líder de Cs en Cataluña.
El final de los sueños.
Fulgencio Coll Bucher. https://rebelionenlagranja.com/. 6 Septiembre 2022
Los tiempos en que vivimos son adecuados para las sorpresas, en el ámbito internacional no es precisamente un buen momento para los débiles. No creo que sea discutible que España no ocupe un papel influyente en el ámbito internacional y no reúne las condiciones para serlo. España carece de un proyecto nacional.
El Estado español se ha instalado cómodamente en la Unión Europea, pero esta institución tampoco pasa por sus mejores momentos. Cuando el ambiente internacional es hostil, España se desune cada vez más. Dicho gráficamente: España puede salir muy tocada de las dos crisis que la afectan simultáneamente: la interna y la externa.
La práctica política en países democráticos, como es natural, exige que se cumpla la Constitución en su letra y espíritu, para lo que el Estado se dota de los resortes necesarios para que los tres poderes mantengan su autonomía. En España estos resortes se han empleado de “aquella manera” y se ha llegado al Estado actual en el que la democracia española es difícil de tipificar.
Cuando en una democracia el Gobierno se dedica a desmantelar las instituciones desde un parlamento donde para obtener las mayorías necesarias para convalidar normas de ley pasa, de forma rutinaria, por ceder jirones de soberanía nacional mediante concesiones a grupos independentistas, algo que es ajeno al desempeño democrático.
El gran peligro para España es que se consoliden las anormalidades constitucionales que el actual estado de cosas, y sus precedentes, han fabricado. Difícil lo tiene el próximo Gobierno, si no es del mismo conglomerado ideológico del que está ahora, para aplicar la Constitución, pues su deber primario debería ser el desmantelamiento preferente de todo aquello que promueve la desigualdad estructural entre españoles, fundamentalmente la enseñanza, la sanidad y la carga impositiva.
Pero para ello debería existir un proyecto de rehabilitación del Estado claro y preparado para aplicarlo nada más tomar posesión de los cargos. Entre otros elementos urgentes: anular delegaciones a autonomías de competencias innecesarias, como prisiones, aunar presupuestos mediante la restricción de déficits, inhabilitar proyectos que no son viables a escala nacional, como la Agencia Espacial catalana, subordinar toda disposición autonómica que entre en colisión con la competencia estatal de Seguridad Nacional y Defensa y así un largo etcétera.
Por supuesto, sería bueno que las reformas contasen con un amplio consenso político, pero la radicalización política de la ultima legislatura, ha creado en España un peligroso precedente. Como primera medida, se deberían de fortalecer los partidos de ámbito nacional, aunque alguno necesite una profunda catarsis. Pero esta opción es prácticamente inviable porque los partidos están estructurados de forma territorial y se han convertido en “baronías”.
En estas condiciones es difícil concebir el diseño de los intereses nacionales y habilitar las consiguientes políticas para conseguir los objetivos, pues el actual Gobierno carece de referencias que no contradigan su propio discurso aleatorio y praxis oportunista y efímera, careciendo del necesario apoyo. Recuérdese los vaivenes de la política con Marruecos y Argelia. ¿Cuántos intereses nacionales se han visto, y se verán, afectados? Las decisiones tienen la apariencia de que se toman de un día para otro sin el necesario proceso de decisión, que es lo mismo que sin pensar en sus consecuencias, lo propio de la improvisación.
Piénsense en Ceuta y Melilla, dos ciudades presionadas a capricho y conveniencia de Rabat. Ninguna de las dos ciudades se “defienden” por la valla. Tienen que explotar sus capacidades de comercio, para los que tiene que haber planes con ayuda oficial y una gran protección disuasoria de carácter diplomático y económico, pero para eso haría falta una política exterior. De otra manera se llega a que una exministra de España pueda decir que la españolidad de ambas ciudades es un “vestigio del pasado”. ¿Qué hubiese pasado si dice lo mismo del euskera o de la propia Extremadura?.
Esta situación de irrelevancia internacional y fractura interna constituyen una gran vulnerabilidad para España de la que se aprovechan tanto nuestros antagonistas como nuestros socios. La soberanía nacional vuelve a ponerse de moda y habrá que buscar en los recuerdos modos, formas e inteligencia política.
Esta situación debe de enmendarse cuanto antes y no hay motivo para continuar la legislatura. Llámese al pueblo español a las urnas y dejemos que la situación presente se presente como un mal sueño.
La AEB denuncia a la escuela de Canet que aplicó el 25% y lo ha retirado por orden de la Generalidad
Asamblea por una Escuela Bilingüe se querellará también contra el consejero de Educación y su número dos.
Pablo Planas. (Barcelona). libertad digital. 6 Septiembre 2022
La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) ha aprovechado el comienzo del curso escolar, para el que la Generalidad ha ordenado que no se imparta el 25% de español en ningún aula, para denunciar a la dirección del centro de Canet de Mar "Turó del Drac". Este centro fue donde sufrieron acoso unos padres y su hija por conseguir una resolución judicial a favor del 25% de castellano en una línea de P5.
Según ha explicado la AEB, está será la primera denuncia de una serie que incluirá al consejero de Enseñanza de la Generalidad, el republicano Josep González Cambray, y a la secretaria general del departamento, Patricia Gomà, así como contra los directores de centros que no apliquen las medidas cautelares o las sentencias en firme sobre ese porcentaje de enseñanza en español en la educación obligatoria.
Los centros públicos afectados por ese fallo ya han anunciado a los padres que en este curso no habrá español en clase. No así los centros concertados, que todavía no han advertido a las familias sobre el cumplimiento de las órdenes del gobierno separatista catalán que eliminan el 25% de español de sus proyectos lingüísticos.
La Generalidad considera que la última resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en la que reconocía la "imposibilidad" de que se cumpliera su sentencia por el nuevo marco normativo aprobado por el gobierno autonómico y por los grupos parlamentarios independentistas con el apoyo del PSC elimina la obligación de cumplir con ese porcentaje en los casi treinta centros donde la sentencia ya era firme o se habían dictado medidas cautelares a cargo del propio TSJC para su cumplimiento.
El consejero de Educación, el citado González Cambray, se dedicó durante los días previos al comienzo del curso a conceder entrevistas en las que citaba como uno de los elementos fundamentales la eliminación del 25% en todas aquellas clases en las que se aplicaba el fallo. La AEB, por su parte, advirtió de que la orden de la Generalidad podría suponer, entre otros, un delito de desobediencia.
"Español, lengua vehicular"
La entidad en favor del bilingüismo en la enseñanza está integrada en una plataforma de organizaciones constitucionalistas llamada "Escuela de Todos/Escola de Tots", que ha convocado una manifestación para el próximo 18 de septiembre en Barcelona con el lema "Español, lengua vehicular". La convocatoria se plantea como una muestra de rechazo a las políticas lingüísticas excluyentes de la Generalidad, apoyadas por el Gobierno de Pedro Sánchez.
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