Recortes de Prensa  Sábado 12 Noviembre 2022

Ucrania cree que su victoria definitiva en la guerra es "cuestión de tiempo"

El Confidencial. 12 Noviembre 2022


El ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, ha afirmado este sábado que la "liberación" de la ciudad de Jersón por el Ejército ucraniano se suma a otras batallas ganadas por su país y que la victoria contra los invasores rusos es solo "cuestión de tiempo". "En nuestra guerra defensiva contra el enemigo Ucrania va a ganar, es cuestión de tiempo (...) Cada centímetro de Ucrania será liberado", señaló Kuleba en el hotel Sokha de Nom Pen donde tienen lugar las reuniones de mandatarios de la ASEAN y sus socios externos, incluidos Estados Unidos, Rusia y China.


Por otro lado, más de 30.000 soldados rusos se han retirado al sur del río Dniéper, que divide la región ucraniana de Jersón, según ha informado este viernes el Ministerio de Defensa de Rusia. Además, el Ejército ruso ha trasladado a la margen izquierda unas 5.000 piezas y equipos militares ante el avance del Ejército ucraniano, que asegura haber retomado el control sobre la capital regional.


En lo que supone la tercera operación de retirada rusa en los dos últimos meses en el sur y este de Ucrania, el comunicado castrense subraya que sus tropas no han dejado nada atrás, ni siquiera los automóviles y equipos que requieren reparación.


Las claves del momento:

Rusia afirma haber completado su retirada de Jersón sin bajas

La bandera ucraniana ya ondea en Jesón

El Kremlin dice tener canales de canje de presos con EEUU

Mueren seis personas en un ataque ruso contra un edificio residencial en Mikolaiv

Zelenski advierte que quedan 170.000 km cuadrados por desminar

Ucrania recupera el control de 41 asentamientos en el sur

EEUU destina más ayuda a Kiev con defensas antiaéreas por 400


Hace 12 minutos 10:06

Banksy plasma uno de sus grafiti sobre un edificio en ruinas de Ucrania

El enigmático y reivindicativo artista británico Banksy ha plasmado uno de sus grafitis sobre la pared de un edificio en ruinas de la ciudad ucraniana de Borodyanka, en el extrarradio de Kiev, informa el portal Ukrinform.


La imagen muestra una muchacha haciendo un ejercicio gimnástic de suelo, apoyada en equilibrio casi imposible sobre los restos de una de las paredes laterales comidas por los bombardeos.


El grafiti ha sido inicialmente difundido desde la cuenta en Instagram del artista anónimo, lo que según recuerda el portal ucraniano verifica su autenticidad, por ser esta la vía habitual de Banksy para difundir sus obras.


Hace 1 horas 3 minutos 09:15

Rusia declara la ciudad de Gueníchesk como la "capital temporal" de Jersón tras su retirada

Las autoridades prorrusas de la región de Jersón, en el este de Ucrania, han declarado la ciudad de Gueníchesk como nueva "capital administrativa temporal" del territorio ucraniano, ocupado y anexionado por Moscú.


Esta decisión tiene lugar tras la retirada en los últimos días de los militares rusos de Jersón capital, a las orillas del río Dniéper, que ha sido liberada por las fuerzas ucranianas.


Gueníchesk se encuentra en el extremo oriental de Jersón, a las orillas del Mar de Azov y aproximadamente a unos 20 kilómetros al norte de la frontera de la península de Crimea, también anexionada por Rusia y cuya incorporación fue ratificada en 2014 en un referéndum considerado, al igual que el de Jersón, como ilegal por Ucrania y sus aliados.


Hace 2 horas 9 minutos 08:09

El ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, ha afirmado este sábado que la "liberación" de la ciudad de Jersón por el Ejército ucraniano se suma a otras batallas ganadas por su país y que la victoria contra los invasores rusos es solo "cuestión de tiempo".

Así se expresó Kuleba en una rueda de prensa en la capital camboyana donde está como invitado especial en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), a la que ha pedido que condene a Rusia.


"En nuestra guerra defensiva contra el enemigo Ucrania va a ganar, es cuestión de tiempo (...) Cada centímetro de Ucrania será liberado", señaló Kuleba en el hotel Sokha de Nom Pen donde tienen lugar las reuniones de mandatarios de la ASEAN y sus socios externos, incluidos Estados Unidos, Rusia y China.


El día en que los soldados rusos entraron en pánico

ANTONIO FERNÁNDEZ. la razon. 12 Noviembre 2022


Durante las primeras semanas de la invasión, Rusia perdió la batalla de Kiev y se vio obligada a retirarse del norte de Ucrania. Después de avances en el Donbás, en el este del país, Vladimir Putin sufrió otro duro golpe cuando una contraofensiva ucraniana liberó la mayor parte de la región de Jarkov. Pero nada comparado con Jersón, la ciudad donde las tropas rusas entraron en pánico, tal y como se ha sabido a través de mensajes de altos oficiales del Kremlin difundidos en Telegram.


Esta situación de extremada gravedad se extendió cuando los soldados del Kremlin se vieron atrapados en la ciudad de Jersón a sabiendas de que el Ejército de Ucrania había enviado fuerzas de operaciones especiales. Cabe recordar que en la zona llegaron a desplegarse hasta 40.000 soldados rusos, según la información de general Kyrylo Budanov, jefe de la Dirección de Inteligencia de Defensa, que poco a poco han ido cayendo o abandonando la ciudad.


La retirada de las tropas rusas de Jersón, la única ciudad que los rusos había tomado desde el inicio de la invasión el 24 de febrero, puede suponer un punto de inflexión para Vladimir Putin. La derrota de Jersón ha sido especialmente dolorosa, dice el historiador estadounidense Alexander Motyl, quien asegura que hasta ahora, el Ejército de Ucrania solo había liberado pequeñas localidades, pero nunca una ciudad grande, por lo que Jersón elevará aún más la moral de sus soldados.


De puertas adentro, la población rusa puede comenzar a sentir dudas del líder del Kremlin y manifestar expresiones de descontento. Entre las élites rusas, la reacción está por ver, pero de momento no se han escuchado críticas de jefes políticos como las que llegaron cuando Rusia sufrió pérdidas en la región de Jarkov. “Una gran derrota como la de Jersón podría crear las condiciones en las que normalmente tienen lugar los golpes de Estado. Incluso si sobrevive a este desastre, Putin será un presidente mucho más débil”, explica Motyl.


La versión de Rusia es muy diferente. Desde el Kremlin se asegura que esta retirada no supone una humillación para Putin. Lo que sí parece seguro es que las esperanzas de impulsar una ofensiva hacia el oeste, desde Mykolaiv y Odesa para cortar el acceso de Ucrania al Mar Negro, no podrán cumplirse. Moscú también esperaba construir un corredor terrestre hacia la región separatista de Transnistria, en Moldavia, donde hay una base militar rusa.


Cada vez más analistas occidentales admiten que la invasión de Ucrania por parte de Rusia se está desmoronando antes incluso de lo esperado. Esta derrota también podría tener consecuencias a ojos del gran rival geoestratégico de Rusia: China. Es probable que Pekín vea esta retirada como una señala de debilidad, “y eso podría ser particularmente peligroso para el Kremlin”, admite a la agencia AP Volodymyr Fesenko, jefe del grupo de expertos independiente Penta Center con sede en Kyiv.


Alta traición a España de Pedro Sánchez

EDITORIAL. libertad digital. 12 Noviembre 2022

El Gobierno de Pedro Sánchez ha perpetrado la enésima traición a España. La reforma del Código Penal por la puerta de atrás, sin los informes preceptivos del Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para suprimir el delito de sedición es una invitación a los golpistas para que cumplan su promesa de volver a dar un golpe de Estado como el de octubre de 2017.


La maniobra de Sánchez responde a las exigencias de ERC y tendrá efectos tales como que los golpistas ya condenados se puedan presentar a las próximas elecciones, el retorno de la fugada de ERC Marta Rovira y puede que también el regreso de Puigdemont, para quienes el Ejecutivo prepara un recibimiento triunfal además de impune.


La derogación del delito y la creación de los "desórdenes públicos agravados" pretende desmontar la sentencia, ya de suyo tibia, del Tribunal Supremo por la asonada de hace cinco años. Con la rebaja de quince a cinco años de prisión como máximo, todos los indultados ya pueden presentarse a las elecciones cuando quieran. Se trata de una amnistía encubierta con la que se avanza en las operaciones de desmantelamiento del Estado de Derecho en España. En ninguna democracia digna de tal nombre se admitiría que quienes han delinquido sean quienes rehagan las leyes para dejar sus tropelías en papel mojado. Además de grave, es un hecho inédito


Después de los indultos y con la derogación del delito de sedición, triunfa el golpe de Estado independentista. Los principales dirigentes separatistas gozarán de una impunidad absoluta cuando se decidan a poner otra vez al Estado contra las cuerdas y a pisotear los derechos civiles de la mayoría de los ciudadanos de Cataluña y, por ende, los de resto de españoles.


Más allá de que con el anuncio de Sánchez quede al descubierto que mientras negociaba con el PP la renovación de la cúpula judicial urdía con ERC la reforma del Código Penal, el acuerdo con los separatistas supone blanquear los graves delitos cometidos hace cinco años y que el Tribunal Supremo ya rebajó de rebelión, que es lo que fue, a sedición, un tipo delictivo cuya aplicación en la condena abría la puerta a un trato penitenciario de favor, la rápida obtención del tercer grado y finalmente los indultos, como se pudo verificar paso a paso.


Sánchez ha puesto España a los pies de los golpistas que pretendieron destrozarla en 2017. Deja a la Nación sin defensa jurídica ante quienes operan sin tapujos para su destrucción, expuesta a la intemperie, vejada y traicionada por Sánchez y sus socios, a quienes en países como Alemania se juzgaría por "alta traición" con la posibilidad de la cadena perpetua que prevé el código alemán.


Porque es mentira que se pretenda adaptar nuestro Código Penal en la materia de golpismo a las legislaciones de otros países de nuestro entorno. Hasta en Bélgica tendría más castigo lo cometido por los separatistas hace cinco años, por no hablar de Francia, Italia y Portugal. Claro que la mentira es consustancial al sanchismo, como ha quedado acreditado una vez más. La alianza entre socialistas y separatistas catalanes y vascos es un peligro evidente para la unidad de España, para la igualdad de derechos y para el ejercicio de las libertades, puesto que sitúa a los golpistas por encima de la ley, al margen de cualquier imperativo legal, con las manos libres para desembocar en un referéndum de autodeterminación, que es el siguiente paso de la llamada "mesa de negociación" en la que Sánchez ha vendido España.


Del golpe de Estado en Cataluña al golpe al Estado de Sánchez

OKDIARIO. 12 Noviembre 2022


Con nocturnidad y alevosía, mintiendo como un bellaco, el presidente del Gobierno anunció en televisión que hoy mismo presentará una proposición de ley para reformar el delito de sedición y contentar así a los golpistas catalanes que subvirtieron el orden constitucional. El procedimiento elegido no es baladí y está orientado a saltarse los informes del Consejo de Estado y del CGPJ, lo que demuestra que el presidente está dispuesto a pasar por encima de las instituciones para consumar un plan que supone un golpe en toda regla a la piedra angular de nuestro Estado de Derecho.


Sánchez convierte el delito de sedición en un delito de desórdenes públicos agravados, como si lo ocurrido el 1-O hubiera sido una algarada callejera promovida por un grupo de mozalbetes a los que se les fue la mano. Basta con leer la sentencia del Tribunal Supremo para darse cuenta de que lo ocurrido en 2017 fue el detonante de un plan trazado de forma concienzuda para saltarse el ordenamiento jurídico, desafiando la unidad territorial del Estado. Para Sánchez, sin embargo, el golpe de Estado promovido por los separatistas catalanes fue una protesta callejera subida de tono, como si violentar la Constitución española fuera lo mismo que quemar contenedores. No hace falta ser muy sagaz para caer en la cuenta que estamos ante una retroalimentación infame de intereses entre unos golpistas y un jefe del Ejecutivo que recurre a un golpe institucional para servir a los intereses de un grupo de sediciosos.


El viejo delito de lesa patria encajaría como un guante en el comportamiento de Sánchez, un traidor sin matices que se ha servido de su cargo para dejar sin defensas al Estado frente al desafío de los separatistas. Porque si los sediciosos volvieran a hacer lo mismo, con la reforma de Sánchez el castigo penal sería irrisorio y desproporcionado en función del objetivo de romper la unidad de España. En suma, que entre golpistas anda el juego. De aquel golpe de Estado en octubre de 2017 al golpe de Sánchez en noviembre de 2022 hay alguna diferencia sustancial, claro está, pero a ambos les une un mismo objetivo: quebrar el marco constitucional y romper la unidad nacional


La descomposición del Estado

FRANCISCO MARHUENDA. la razon. 12 Noviembre 2022


España vive una grave crisis institucional. El triunfo de los independentistas, comunistas y antisistema al conseguir imponer la desaparición del delito de sedición consagra una situación de enorme gravedad. Han ganado los que rechazan el ordenamiento jurídico. Desde hace unos años asistimos a la voladura de los principios constitucionales y los consensos de la Transición. Por motivos estrictamente partidistas se han concedido indultos, constituido mesas de diálogo con los golpistas, blanqueado a los herederos de ETA y a los independentistas y, finalmente, otorgado la victoria final a los condenados en firme por el Tribunal Supremo. Las excusas esgrimidas no solo son falsas, sino que no tienen ningún fundamento jurídico. Nada obliga a este cambio, que es, por cierto, chapucero y muestra una impericia realmente inquietante. La utilización de una proposición de ley, para hurtar los informes del Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial así como acelerar el trámite, en lugar de un proyecto de ley muestra un desprecio absoluto a las técnicas legislativas a lo que se une incluir otros temas como si fuera un contenedor. El delito de sedición desaparece y se convierte en ese irresponsable tipo de «desórdenes públicos agravados».


El intento independentista solo cabía enmarcarlo dentro del concepto penal de «Delitos contra la Constitución». Fue un grave ataque contra el ordenamiento constitucional y estatutario. El PSOE se ha rendido ante aquellos que quieren destruir España para garantizarse el apoyo parlamentario y sus barones son solo marionetas al servicio de La Moncloa. Sánchez defendía hace poco que fue una rebelión. Era el más firme defensor de la aplicación del artículo 155 CE. Ahora ha cambiado de idea y no sabemos si en el futuro volverá a hacerlo. Es todo instrumental. Es lógico que los enemigos de España se sientan ganadores. Sánchez está cómodo teniendo a su lado a unos independentistas que insisten en que lo volverán a hacer. Feijóo no tiene que recuperar el delito de sedición, sino incorporar este tipo de actuaciones, como las que sufrió Cataluña, dentro del Título XXI del Código Penal que afecta a los «Delitos contra la Constitución» y clarificar que serían «reos del delito de rebelión los que se alzaren públicamente» para «declarar la independencia». Es decir, retirar el actual término «violenta» que se incluye en el artículo 472.


La seguridad no puede ser un privilegio de unos pocos poderosos

IGNACIO GARRIGA. gaceta. 12 Noviembre 2022


Las políticas multiculturales que se han demostrado fallidas en toda Europa reproducen sus efectos en las principales ciudades españoles, con especial gravedad en los barrios catalanes.


El debate político ha estado cooptado durante años en nuestro país con la existencia de dos partidos hegemónicos y una serie de formaciones de corte separatista, más preocupados todos en cuestiones de índole interno que en permitir un diálogo abierto y constructivo sobre el futuro de España. La aparición de otros dos partidos (Podemos y Ciudadanos) tampoco sirvió para alterar esta situación, pues a pesar de las diferencias de forma y de fondo entre estas formaciones, la realidad es que en los grandes debates sus conclusiones eran muy similares.


La entrada de VOX en las instituciones dinamitó todos estos consensos y permitió reabrir los debates que habían sido proscritos por el resto de las formaciones políticas, los grandes poderes económicos y los grupos mediáticos. Se inició entonces una batalla para acabar con unas políticas impuestas a espaldas de los españoles y que sólo habían contado con el apoyo de ese gran consenso que reúne los intereses de la izquierda radical con el centroderecha; de los colectivos anticapitalistas con la presidenta del Banco Santander; y de los partidos separatistas con las élites de Bruselas.


Un consenso que ha actuado y actúa como fuerza de choque, como fuerza opresora, de todos aquellos que se han levantado frente a su yugo. Una serie de políticas impuestas que han transformado política, económica y socialmente nuestro país hasta hacerlo prácticamente irreconocible si nos remontamos unas décadas atrás. Basta con ver la situación de los barrios y las ciudades españoles, especialmente en Cataluña, tras décadas de políticas multiculturales.


El multiculturalismo que ha fracasado en toda Europa también lo ha hecho en España, ha destruido todo lo que dábamos por sentado, todos los resortes que reforzaban las clases medias y trabajadoras y hacían de nuestra sociedad una sociedad fuerte. Una élite que no conoce ninguno de sus problemas ha decidido que su bienestar no es prioritario, que la seguridad debe ser un producto de lujo al que solo los poderosos tengan acceso.


El crecimiento de la violencia y la inseguridad contribuye a la degradación de nuestros barrios, ya debilitados por la difícil situación económica que atraviesa España desde hace años y por la crisis del estado de bienestar y los servicios públicos. Todo ello tiene consecuencias directas en la vida de los ciudadanos que, sin embargo, son permanentemente insultados por políticos, tertulianos y teóricos expertos cuando sencillamente explican la realidad que se encuentran cada día al abrir la puerta de su portal.


Ruido y más ruido para tapar las consecuencias de su estrepitoso fracaso y más dinero público para continuar financiando a todos aquellos que hacen posible que la rueda multicultural siga girando


La criminalización ha llegado también a las instituciones. Basta con preguntar por la situación de los barrios para ser tachado de extremista, por más que cada mañana las noticias de sucesos se empeñen desgraciadamente en darnos la razón sobre nuestras denuncias. Ni una medida para controlar el problema, ningún plan para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Ruido y más ruido para tapar las consecuencias de su estrepitoso fracaso y más dinero público para continuar financiando a todos aquellos que hacen posible que la rueda multicultural siga girando.


Estas semanas han intentado amordazarme en el Parlament de Cataluña por denunciar la inseguridad de nuestra tierra. Han apretado el acelerador para tratar de hacernos agachar la cabeza, para que guardemos silencio y para que asumamos uno a uno todos sus postulados. Su última prioridad es hoy el drama que muchas familias de trabajadores honrados viven en barrios tomados por delincuentes como La Florida.


Hay que devolver la voz al pueblo español y que sean ellos los que decidan


No aprendieron nada de Francia, no aprendieron nada de Suecia, no aprendieron nada de Bélgica y no aprenderán nada de Cataluña. Si de las políticas del consenso depende, nadie tomará decisiones necesarias y urgentes para contener la inseguridad que ataca uno de los valores más preciados que tienen los españoles, su libertad.


Hay que devolver la voz al pueblo español y que sean ellos los que decidan. Nunca más una élite nacional y extranjera decidiendo a espaldas de todos cuestiones tan importantes como nuestra seguridad, nuestra prosperidad, nuestra libertad y nuestro futuro.


Ignacio Garriga es Secretario General de VOX


Sánchez, con los golpistas

EDITORIAL. vozpopuli. 12 Noviembre 2022

Hace tiempo que Pedro Sánchez solo engaña a quienes están dispuestos a dejarse engañar, a quienes le deben estipendio y privilegios, y a no pocos ciudadanos convertidos en rehenes, no siempre inocentes, de una propaganda grosera, abusiva y dañina por frentista. Pero una cosa es la asombrosa tolerancia con la manipulación y la mentira sistemática de una parte de la sociedad, y otra la insensata transigencia de muchos dirigentes socialistas, líderes sociales y ciudadanos de a pie con quien parece dispuesto a derribar una por una las vigas maestras de nuestro Estado de Derecho.


El acuerdo de Sánchez con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) para eliminar del Código Penal el delito de sedición, sustituyéndolo por el de desórdenes públicos y rebajando la pena máxima de 15 a 5 años, es el penúltimo capítulo (vendrán más) de una estrategia cuyo único objetivo es la supervivencia política del que ya sin duda es el líder más irresponsable y tóxico de los que hemos conocido desde la Transición. Reformar el Código Penal a la medida del separatismo, para sacar adelante unos presupuestos electoralistas, no es una infamia más: es la que confirma que este nefasto individuo no tiene ningún límite a la hora de arrastrar a la democracia española hasta lo más profundo del fango para mantenerse en el poder.


Sánchez firma con esta reforma un pacto de sangre con el golpismo independentista que tendrá su continuidad en Cataluña con el casi seguro apoyo del PSC de Salvador Illa al gobierno de Pere Aragonès. Y da este paso a sabiendas de que la principal víctima de su imprudencia es el Estado de Derecho. Lo es el Tribunal Supremo, al que desautoriza; lo son el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a los que desprecia; lo es, lo viene siendo en estos años de forma impúdica, el Parlamento de la nación, al que el presidente del Gobierno trata como un molesto subalterno del Ejecutivo.


Sánchez concierta además su estrategia con el secesionismo utilizando el falaz argumento de que la única intención es homologar el delito de sedición al derecho europeo. Como ha recordado en este periódico Edmundo Bal, diputado de Ciudadanos y abogado del Estado, no es el nombre del delito, es la conducta que describe y sanciona: Alemania, entre 10 años y cadena perpetua; Bélgica, 10 años; Portugal, entre 10 y 20; Francia, hasta cadena perpetua; Italia, 12 años, solo por participar en la sedición. Pero más allá de la mayor o menor dureza de las penas, lo que en ningún país de nuestro entorno ha sucedido jamás es que un gobierno democrático haya modificado una ley cediendo a las presiones de quienes fueron condenados por su aplicación.


Sánchez ha abierto las puertas de su celda de lujo belga a Puigdemont, que decidirá cómo y cuándo le hace más daño a España con su regreso de Waterloo; ha fabricado una pista de cómodo aterrizaje para Junqueras hacia la primera fila de la responsabilidad política e institucional; y, lo más grave, ha dejado a los pies de los caballos a la Justicia española, alimentando los argumentos de los condenados ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos -centrados en la inexistencia de delito y/o falta de proporcionalidad de las penas-, que probablemente acabará dándole a estos, siquiera parcialmente, la razón.


Será este un nuevo paso hacia la impunidad del nacionalismo supremacista y escalón previo, si otro gobierno no lo remedia, a lo que supondría la derrota definitiva del Estado de Derecho frente al independentismo: la creación del Consejo de Justicia de Cataluña, órgano completamente ajeno al Poder Judicial central que ya intentaron crear en el fallido Estatut de 2006, y que el nacionalismo, de salirse finalmente con la suya, se ocuparía de nutrir con jueces a su medida.


Si Alberto Núñez Feijóo mantenía alguna duda sobre si su decisión de no pactar con Sánchez la renovación del Poder Judicial fue la correcta, hoy debiera quedar definitivamente despejada. Ante la certeza de una imposible contestación interna de un PSOE de medrosas baronías y patéticos personajes como Patxi López, sumisamente alineado (y alienado) con este destructivo personaje, a España solo le queda la esperanza de una Oposición contundente, firme, que deje a un lado tácticas alicortas y electoralistas y haga de la defensa cerrada de las instituciones, hoy gravemente malheridas, objeto principal de su acción política.


INDEPENDENCIA DE CATALUÑA

Sánchez elimina el delito de sedición porque es de 1822 pero indultó a los golpistas con la ley de 1870

SEGUNDO SANZ. okdiario. 12 Noviembre 2022


El PSOE de Pedro Sánchez defendió este viernes su reforma para eliminar el delito de sedición tras el pacto con los independentistas catalanes con el argumento -ya de por sí falaz- de que dicha figura «es de 1822», mientras que su Gobierno no tuvo problema alguno de aplicar a estos mismos golpistas la ley del indulto, que data de 1870 y todavía permanece vigente.


En rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, justo antes de presentar la proposición de ley orgánica junto a Unidas Podemos para eliminar el delito de sedición, el portavoz socialista, Patxi López, justificó la medida para «armonizar y adecuar su regulación a la realidad histórica actual».


En esta línea, el ex lehendakari afirmó que la figura de la sedición «es de 1922», «tiene 200 años» y «la mayoría de los Estados la han ido adaptando». Nada más lejos de la realidad, puesto que el Código Penal se reformó en 1995, precisamente bajo mandato socialista, regulando el delito de sedición tal y como está recogido actualmente entre los artículos 544 y 549, que es el que está en vigor y el que el Gobierno socialcomunista pretende ahora liquidar.


En la víspera, el propio Sánchez, a la hora de anunciar su última concesión a sus socios separatistas, ya declaró que «estamos revisando un delito para que lo conozcan los telespectadores que fue redactado en 1822 en España, es decir el delito de sedición nos viene de 200 años atrás, cuando en España se producían alzamientos militares», llegó a decir el jefe del Ejecutivo en una entrevista en La Sexta.


Además, cabe recordar que el mismo PSOE que ahora quiere reformar el Código Penal para eliminar la sedición, quiso también modificar la ley del indulto en 2016 para que se prohibiese esta medida de gracia a los condenados por corrupción -también hubo malversación en el procés- y violencia de género.


Los socialistas mostraron entonces su rechazo a la concesión «arbitraria» de indultos y, especialmente, al escaso control sobre los poderes públicos, en alusión al margen de maniobra del Tribunal Supremo. Sin embargo, tras llegar a la Moncloa, lo que vendría después, ya es conocido. Sánchez ignoró al Alto Tribunal para indultar en junio de 2022 a los golpistas del referéndum ilegal del 1-O.


Fue en un informe de la Sala de lo Penal del Supremo emitido en la tramitación de estos indultos donde el Alto Tribunal precisó que «la crítica al exceso punitivo del delito de sedición castigado en el artículo 544 del Código Penal -precepto redactado por el legislador democrático en la reforma de 1995, pese a que algunos peticionarios sitúan su redacción en el siglo XIX- no puede ser el resultado de la comparación semántica de esa figura con tipos penales vigentes en sistemas extranjeros».


«Impunidad»

Por su parte, también en rueda de prensa en la Cámara baja, la secretaria general del PP y portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, denunció que «ni el delito de sedición en vigor en el Código Penal tiene 200 años ni Europa demanda que se homogenice este delito». En este sentido, Gamarra recordó que fue con la reforma de 1995, con el Gobierno socialista de Felipe González y siendo ministro de Justicia Juan Alberto Belloch, cuando entró en vigor el actual delito de sedición, por lo que emplazó a Pedro Sánchez a que «no se escude en unas excusas bastante flojas y débiles».


Junto a ello, Gamarra también acusó al líder socialista de poner una «alfombra roja de impunidad» a los cabecillas del procés, con tal de que los que fueron inhabilitados se puedan presentar a las próximas elecciones o que los fugados de la Justicia «no tengan que entrar en la cárcel», en clara alusión al ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y al ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras.


Gamarra, que evitó entrar en la posibilidad de una moción de censura, aireada por Ciudadanos, subrayó también que con este movimiento Sánchez evidencia la «gran mentira» a sus votantes, puesto que prometió en la campaña electoral del 10-N de 2019 que tipificaría la convocatoria ilegal de referéndum y «traería a Puigdemont» a España para «ponerlo ante la Justicia española», incidió la portavoz del Grupo Popular.


Otros países

Con la nueva proposición de ley orgánica presentada por PSOE y Unidas Podemos, el Ejecutivo introduce la figura de «desórdenes públicos agravados» y rebaja las penas de 15 a 5 años de cárcel y de 15 años a 8 de inhabilitación. Ante ello, el PP distribuyó también una lista de países europeos con penas similares o superiores a España en relación con la sedición, rebatiendo así la «armonización» que esgrimen los socialcomunistas.


Por ejemplo, los populares destacan que en el caso de Alemania, un delito como el de sedición se «castiga con pena de prisión perpetua o de prisión de al menos 10 años», mientras que en Francia se hace «con penas de especial gravedad» que «pueden llegar a cadena perpetua para los dirigentes».


En el caso de Italia, el PP señala que «se sanciona con una pena privativa de libertad no inferior a 12 años» mientras que en Bélgica «se castiga con penas de 20 a 30 años, imponiendo la misma pena al delito consumado y al intentado».


El bufón del tirano

JIMMY GIMÉNEZ-ARNAU. okdiario. 12 Noviembre 2022


Cuando el fraudulento CIS de Tezanos asegura que el PSOE arrasará en las generales, los líderes del PP descorchan Vega Sicilia Único, porque saben que ese bufón nunca atina en las encuestas que inventa con tal de consolar a su amo, el tirano, en caída libre. Para interpretar sus sondeos, basta con invertir los pronósticos. Si dice que Sánchez arrasará, significa que Feijóo ganará por mayoría absoluta. No falla, por mucho que el tirano anime al bufón a mentir y ambos pretendan ocultar la catástrofe que van a depararles las urnas. Michavila, gurú demoscópico, experto en análisis electoral -que acierta un 95% de sus vaticinios- culpa al CIS de desviaciones del ¡15,8!, en favor del PSOE y Podemos. La corrupción crece, mientras el brujo de pacotilla, pierde toda su credibilidad.


Por eso Cibeles, Génova, Sol, el palacio de San Telmo, etc., festejan con el mejor vino las encuestas esquizofrénicas del manipulador del CIS. Valga un dato que no asume el bufón: en las últimas elecciones generales, se quedaron en casa, sin votar, 10 millones de españoles, que están de Sánchez y de sus mil trampas hasta el cogote. Si sólo la mitad de ellos se decidiera a salir a votar, el PP se encontraría con 5 millones de votos extra para echar de la Moncloa al nocivo personaje que destroza España y que ha condenado a la gente a la ruina. En la Edad Media, semejante tirano y su muy indecente bufón, habrían probado el hacha. Pero la democracia que desprecian y vulneran les salva de ser decapitados en la Plaza Mayor.


Narciso Michavila, presidente de GAD3, un auténtico genio a la hora de acertar encuestas, pues su nivel de acierto, como dije, roza o supera el 95%, culpa al bufón del tirano de falta de profesionalidad y de equivocarse adrede y siempre a favor del PSOE en sus encuestas. Michavila también se ha referido a las declaraciones que dio el bufón en Santander, en las que juró, que sólo se había equivocado en una, de 25 elecciones, cuando la cagó en las 25. Michavila tira de ironía y dice que «cuando Tezanos asegura que sólo se ha equivocado una vez, sólo se refiere a la última». Resumiendo, estamos en manos de tramposos, que adulteran una encuesta tras otra, con un triple fin: permanecer en el poder, chupar del bote y jodernos la vida. Eso es el sanchismo.


Quien no me crea que repase cada paso que da el zumbado, que se pasa la ley por el forro y hace cuanto se le antoja, como tirano que es. Valgan sus dos recientes fechorías, que han sorprendido a todos. Informó a Junqueras y Puigdemont que derogaría el delito de sedición antes que a sus ministros para sellar apoyos que le garanticen sobrevivir en Moncloa. Aunque los símbolos nazis y comunistas están prohibidos en la Unión Europea, el enloquecido ha autorizado a Correos a imprimir un sello, en tecnicolor, con la hoz y el martillo, que pretende blanquear la historia criminal de los bolcheviques. En fin, con estas medidas, su servil bufón le hará subir en las encuestas. El automatismo enfermizo y delirante que rige el cerebro del tirano ha decidido cargarse la democracia.


Sanchez, Presidente del Gobierno, eres un traidor.

Juan Antonio de Castro. rebelionenlagranja. 12 Noviembre 2022

Sanchez, Presidente del Gobierno, eres un traidor


Lo digo sin ambages, lo repetiré cuantas veces haga falta, nuestro actual Presidente del Gobierno es un traidor.


El gobierno en pleno, con el apoyo de la chusma filoterrorista e independentista, se ha levantado hoy contra la unidad de España, cambiando el Código Penal español de manera subrepticia, a través de nuestro Congreso de los Diputados y aprovechándose de que no tendrá así que pedir informes ni consejo alguno a otras instancias del Estado. De manera oscura y cobarde, Pedro Sanchez y su Gobierno traspasan así todas las líneas rojas posibles. A partir de ahora, ni el golpismo en forma de rebelión, ni de sedición, será realmente delito, ya que equiparado a “desordenes públicos agravados”, que no podrán nunca ser sancionadas con más de 5 años de cárcel, y como se quedarán seguramente en dos, caso de ocurrir, pues nadie irá a la cárcel por romper España, su unidad y su Constitución.


Argumenta este personaje cursi, grotesco y traidor de nuestra vida política, que es para alinearnos con Europa. ¿Que Europa? De sobra es sabido que muchos países tienen ese delito tipificado aún más gravemente que el actualmente contemplado por nuestro Código Penal. Los que no lo tienen, son naciones fuertes y asentadas, en las que la unidad nacional y el patriotismo, descartan de lleno y en la actualidad, cualquier intentona golpista. No, lo que este personaje traidor e incompetente consigue es, lisa y llanamente, atentar contra la unidad nacional, quebrantando así su promesa de respetar la Constitución.


La Constitución se viola, cuando se deja el Código Penal a merced de los caprichos políticos de los que nos gobiernan, y con el fin de facilitar el golpismo. Que pensarán los del 23F hoy en día? Vaya chollo hubieran tenido con éstos políticos al poder. Su decisión de eliminar el delito de sedición, no es más que eso y no responde a ningún otro imperativo nacional, mas que el de blanquear a los culpables de querer romper el Estado en su momento y no lograrlo, para darles ahora la oportunidad de volverlo a intentar. La justicia en manos de la política y ya está.


Sanchez muestra de nuevo aquí su faceta más totalitaria, esa que comparte con Soros, a sabiendas que éste ha sido uno de los principales responsables y facilitadores de que los dirigentes independentistas sediciosos lograran casi sus fines. Soros y su Open Society Foundation (OSF) lo saben bien, por algo colabora ya esta organización, como lo comentaba El Confidencial hace poco, con la ANC y Omnium Cultural, en la tecnología para la aplicación que permitirá un nuevo referéndum Ilegal, pero esta vez sí, sin cometer prácticamente delito alguno y dando el verdadero golpe que significará la ruptura definitiva de nuestra soberanía.


Algunos partidos, como el PP, avisan tímidamente que esto no puede ser, pero ¿se atreverán a plantear una moción de censura? Su relación con el Gobierno no debe ser otra que la ruptura absoluta hasta que deje Sanchez el poder. No deben caber tampoco ahora en este partido, debates sobre los costes electorales de acercarse o no a VOX. En este momento por el que atraviesa la Nación Española, sólo cabe la unión ante aquellos que ya han empezado a amenazarla. VOX lo ha comprendido muy bien, con España no se juega, e irán a por todas. En cuanto a los socialistas que aún siguen en el PSOE, que no vuelvan a hablarnos de España. Sometiéndose cobardemente a un Gobierno que traiciona a España, pierden toda legitimidad moral frente al resto de los Españoles, si es que les quedaba alguna.


En cuanto al mas alto estamento del estado, su Jefatura, la Corona, los españoles esperan, ahora si, un gesto contundente ante este nuevo intento de romper la unidad de España, consagrada en nuestra Constitución. Si un Presidente del Gobierno es un traidor, como varios dirigentes políticos y muchísimos españoles opinamos, nuestro Rey tiene al menos la obligación de llamarle, y si no acude, de dirigirse a los españoles de la misma manera que lo hizo en el último intento golpista catalán.


Los militares siempre defenderán la unidad de España, no lo dudo, pero ha llegado también el momento de que muestren, al menos, su desagrado, de la forma que crean mas conveniente y siempre desde la legalidad constitucional, con el fin de contribuir a reconducir todo esto.


En cuanto a los españoles de bien, aquellos que creemos en España, en nuestra Constitución y en la democracia, salgamos a la calle y enfrentémonos a un gobierno traidor a España. Si dejamos que esto pase, nos arrepentiremos y será demasiado tarde. Que nadie se queje después si vemos pavonearse a Puigdemont por las calles de Barcelona y Madrid, con la arrogancia de los cobardes que se escudan en poderes cómplices para romper España.


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Vox tenía razón y se quedó solo

gaceta. 12 Noviembre 2022


Hace más de dos años, el 21 de octubre de 2020, el hoy secretario general de Vox, Ignacio Garriga, líder de la primera fuerza nacional en Cataluña, subió a la Tribuna del Congreso de los Diputados y en su defensa de la moción de censura presentada por su partido contra Pedro Sánchez, predijo que «la reforma del delito de sedición es sólo una muestra más de lo que están dispuestos a hacer». Insistimos, hace más de dos años, el partido de Santiago Abascal, junto a millones de personas sensatas y con un recuerdo exacto de lo que es capaz el socialismo por aferrarse al poder, sabían que Pedro Sánchez había pactado con el partido golpista catalán ERC y con los proetarras vascos el desmantelamiento del Estado de Derecho en España y que sólo era cuestión de tiempo que esa convergencia de intereses (unos, el poder a cualquier precio; los otros, la destrucción de la nación española) reformara el delito de sedición para allanar el camino judicial a los sediciosos y permitirles que lo volvieran a hacer.


Sólo eso, aunque había mucho más, sobre todo el rastro de muerte y miseria que una pandemia ocultada por el Gobierno había dejado y sigue dejando en España, le bastó a Vox para presentar una moción de censura que, por más que los números no dieran, buscaba el efecto de devolver la confianza a los españoles en que media nación no estaba dispuesta a rendirse.


Sin embargo, el Partido Popular que hoy se hace cruces cínicas ante la traición de Sánchez anunciada hace dos años por Vox y los restos de lo que un día fue una esperanza para Cataluña, el partido Ciudadanos, dieron la espalda, y de qué manera, de qué dolorosa manera, a su deber. Un deber nacional. Vox tenía razón y se quedó solo.


Lo que no alcanzaron a ver los de Abascal es que Sánchez no va a reformar el delito de sedición. Sánchez lo va a derogar. Y lo va a hacer por el método legislativo abreviado que impedirá que las instituciones del Estado que deben servir como contrapeso a la tendencia autocrática de las mayorías, redacten informe alguno que pueda cuestionar este proceso —este es el verdadero procés— de burla a la Constitución y de aniquilación del Estado de Derecho.


A estas horas, media nación, más de media nación de españoles, asiste desesperanzada a la culminación de la traición del socialismo. La felonía, de una entidad descomunal, como no se recordaba desde los últimos estertores frentepopulistas de la Segunda República, es el final de un camino que comenzó con la llegada al poder de Rodríguez Zapatero y que no fue corregido por el Partido Popular cuando tuvo la oportunidad y la confianza de los españoles para haber devuelto a España su soberanía nacional, hoy golpeada, alarmada, fracturada y derogada.


El nuevo delito que sustituirá al derogado llevará quedará tipificado como «desórdenes públicos agravados», con unas penas irrisorias y que, además, impedirán que un concurso medial con otros delitos necesarios para la preparación de un golpe de Estado, agrave el castigo. Qué burla insensata. Qué burda traición. Esperamos de la Justicia, de lo que queda de ella, de la misma que rechazó en la sentencia de los condenados por la intentona golpista del 1 de octubre de 2017 que se pudiera reducir el reproche penal de los sediciosos, que se manifieste y que lo haga con la contundencia necesaria para despejar cualquiera duda de que sirve al poder, como si España ya fuera una república bolivariana y la Justicia, un resorte más de una dictadura.


Exigimos también a los partidos que se dicen españoles y que dejaron solo a Vox en la moción de censura que no se limiten «a subirse a lomos de la inercia que conlleva la ruina del Gobierno de Pedro Sánchez como método para alcanzar La Moncloa». Estas palabras, por desgracia también proféticas, fueron pronunciadas por Ignacio Garriga en aquel mismo discurso cercano, pero a la vez lejano, del 21 de octubre de 2020.


Ya no basta con rasgarse las vestiduras como hace el PP y anunciar que algún día se derogarán las leyes injustas del socialcomunismo. Puede que ese día, si es que llega, ya sea tarde. Hay que combatirlas, ahora, como siempre hace Vox, con patriotismo, sin miedo a nada ni a nadie, usando todos los resortes de lo poco que queda del Estado de Derecho y la movilización de esa mayoría de españoles que no quieren dejar de serlo.


Sánchez, con los golpistas

EDITORIAL. vozpopuli. 12 Noviembre 2022

Hace tiempo que Pedro Sánchez solo engaña a quienes están dispuestos a dejarse engañar, a quienes le deben estipendio y privilegios, y a no pocos ciudadanos convertidos en rehenes, no siempre inocentes, de una propaganda grosera, abusiva y dañina por frentista. Pero una cosa es la asombrosa tolerancia con la manipulación y la mentira sistemática de una parte de la sociedad, y otra la insensata transigencia de muchos dirigentes socialistas, líderes sociales y ciudadanos de a pie con quien parece dispuesto a derribar una por una las vigas maestras de nuestro Estado de Derecho.


El acuerdo de Sánchez con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) para eliminar del Código Penal el delito de sedición, sustituyéndolo por el de desórdenes públicos y rebajando la pena máxima de 15 a 5 años, es el penúltimo capítulo (vendrán más) de una estrategia cuyo único objetivo es la supervivencia política del que ya sin duda es el líder más irresponsable y tóxico de los que hemos conocido desde la Transición. Reformar el Código Penal a la medida del separatismo, para sacar adelante unos presupuestos electoralistas, no es una infamia más: es la que confirma que este nefasto individuo no tiene ningún límite a la hora de arrastrar a la democracia española hasta lo más profundo del fango para mantenerse en el poder.


Sánchez firma con esta reforma un pacto de sangre con el golpismo independentista que tendrá su continuidad en Cataluña con el casi seguro apoyo del PSC de Salvador Illa al gobierno de Pere Aragonès. Y da este paso a sabiendas de que la principal víctima de su imprudencia es el Estado de Derecho. Lo es el Tribunal Supremo, al que desautoriza; lo son el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a los que desprecia; lo es, lo viene siendo en estos años de forma impúdica, el Parlamento de la nación, al que el presidente del Gobierno trata como un molesto subalterno del Ejecutivo.


Sánchez concierta además su estrategia con el secesionismo utilizando el falaz argumento de que la única intención es homologar el delito de sedición al derecho europeo. Como ha recordado en este periódico Edmundo Bal, diputado de Ciudadanos y abogado del Estado, no es el nombre del delito, es la conducta que describe y sanciona: Alemania, entre 10 años y cadena perpetua; Bélgica, 10 años; Portugal, entre 10 y 20; Francia, hasta cadena perpetua; Italia, 12 años, solo por participar en la sedición. Pero más allá de la mayor o menor dureza de las penas, lo que en ningún país de nuestro entorno ha sucedido jamás es que un gobierno democrático haya modificado una ley cediendo a las presiones de quienes fueron condenados por su aplicación.


Sánchez ha abierto las puertas de su celda de lujo belga a Puigdemont, que decidirá cómo y cuándo le hace más daño a España con su regreso de Waterloo; ha fabricado una pista de cómodo aterrizaje para Junqueras hacia la primera fila de la responsabilidad política e institucional; y, lo más grave, ha dejado a los pies de los caballos a la Justicia española, alimentando los argumentos de los condenados ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos -centrados en la inexistencia de delito y/o falta de proporcionalidad de las penas-, que probablemente acabará dándole a estos, siquiera parcialmente, la razón.


Será este un nuevo paso hacia la impunidad del nacionalismo supremacista y escalón previo, si otro gobierno no lo remedia, a lo que supondría la derrota definitiva del Estado de Derecho frente al independentismo: la creación del Consejo de Justicia de Cataluña, órgano completamente ajeno al Poder Judicial central que ya intentaron crear en el fallido Estatut de 2006, y que el nacionalismo, de salirse finalmente con la suya, se ocuparía de nutrir con jueces a su medida.


Si Alberto Núñez Feijóo mantenía alguna duda sobre si su decisión de no pactar con Sánchez la renovación del Poder Judicial fue la correcta, hoy debiera quedar definitivamente despejada. Ante la certeza de una imposible contestación interna de un PSOE de medrosas baronías y patéticos personajes como Patxi López, sumisamente alineado (y alienado) con este destructivo personaje, a España solo le queda la esperanza de una Oposición contundente, firme, que deje a un lado tácticas alicortas y electoralistas y haga de la defensa cerrada de las instituciones, hoy gravemente malheridas, objeto principal de su acción política.


Pedro Sánchez, un mentiroso patológico y el desguace de la España del 78

Alberto Pérez Giménez. vozpopuli. 12 Noviembre 2022

Pedro Sánchez miente, pero esto ya no es noticia. Él, que dijo sin rubor que en Cataluña "ha habido clarísimamente un delito de sedición", ahora lo suprime para "homologarlo con Europa": otra mentira más. Urge que el postsanchismo llegue cuanto antes para empezar a arreglar todo lo que está desguazando


Pedro Sánchez es un mentiroso de manual, y ahí está la hemeroteca de sus entrevistas y sus intervenciones para comprobarlo. Y solo quien sepa que esas son sus armas –mucho peor que enfrentarse a un “tahúr del Mississippi”, como definió Alfonso Guerra a Adolfo Suárez- podrá ver con claridad el riesgo que se corre cuando alguien se sienta a intercambiar cromos con él. Alberto Núñez Feijóo lo vio tarde en la negociación del CGPJ. Pero, al menos, lo vio.


Aunque tenía motivos para romper in extremis –como ahora se demuestra con la eliminación del delito de sedición-, la maquinaria política y mediática de Moncloa le colgó el ‘muerto’ del bloqueo para ser señalado como “viejo PP”, “nuevo Casado”, “rehén de los poderes mediáticos, de la ultraderecha” y, cómo no, “de Ayuso”. El gallego ha pagado su paso en falso en la negociación con Pedro Sánchez con un frenazo en las encuestas. Otros, como Albert Rivera, lo pagaron con el fin de su carrera política. Y algún otro más anda rogando una plaza de profesor universitario mientras llora por los rincones las traiciones de su ‘elegida’ y recuerda los tiempos en que una coleta se abrazaba al presidente...


Si Feijóo hubiera caído en la trampa de la negociación de Sánchez con el CGPJ hoy sería, como los dos anteriores, otro cadáver político y una muesca más en la culata del presidente. Por ello, tras el anuncio de Sánchez -¡Oh, sorpresa!- en la tele de Ferreras (la presidenta madrileña había estado en el programa ‘hostil’ unas horas antes, cosa que no se le ocurre al presidente del Gobierno que solo acude a las emisoras amigas), en Génova reivindican como un éxito que Feijóo, aunque fuera en el descuento del partido, rompiera la negociación cuando el presidente le confirmó lo que todos sabíamos: que iba a cargarse el delito de sedición para contentar a sus socios y eliminar escollos futuros.


Pedro Sánchez y la posverdad

Pedro Sánchez, cómo no, volvió a mentir ante los poco más de 800.000 espectadores que siguieron la entrevista por TV en la noche del jueves. Con su rostro de mayor sorpresa contestó “noooo…” cuando Ferreras le preguntó si eliminar la sedición de nuestro Código Penal era el precio a pagar a ERC por su apoyo a los Presupuestos. Y, sin solución de continuidad, encadenó una tras otras falsedades con la mejor de sus sonrisas.


Sin el menor rubor, Pedro Sánchez aseguró que él había “reivindicado desde siempre” eliminar el delito de sedición para llamarlo “desórdenes públicos agravados”. Pero en mayo de 2018, ante Susana Griso en Antena3, decía exactamente esto (y las comillas son literales): “Si no hay altercados públicos, lógicamente eso no significa que no pueda haber un delito de rebelión como sí que se produjo”.


Y Pedro Sánchez –debía ser su otra personalidad, según la tesis de Carmen Calvo para diferenciar al Doctor Jekyll Sánchez, candidato del Míster Hyde Sánchez, presidente- añadió: “Creo que clarísimamente ha habido un delito de rebelión, de sedición, en España”. Un año después, en el debate electoral de 2019, el Sánchez candidato iba más allá y prometía una reforma "para prohibir de una vez por todas la celebración de referéndums ilegales”.


¿Qué ha sucedido entre el Sánchez de 2018 o 2019 y el de este jueves? Algunos, como Edmundo Bal, lo contaban de manera descarnada ayer mismo en un clarificador artículo en Vozpopuli:


“El discurso cambió cuando el PSOE ganó las elecciones y Sánchez tuvo que sumarlo todo, incluido el nacionalismo catalán, para poder gobernar. Y los nacionalistas comenzaron a usar la reforma del Código Penal como una espada de Damocles permanentemente suspendida sobre su cabeza –recordaba Bal, abogado del Estado que se batió contra el independentismo desde la Justicia española-. El cambio se materializó en la concesión del indulto a los nueve condenados por el proces en junio de 2021. Defendió que era la mejor decisión para Cataluña y el resto de España”


Pedro Sánchez, sin que le tiemble la voz, ha cambiado 180 grados su postura como ha hecho en otros temas por un puro afán de supervivencia. Es el mismo presidente que prometió que “con Bildu no vamos a pactar, si quiere lo digo cinco veces o veinte: con Bildu no vamos a pactar”; el mismo que en 2019 aseguraba que “no dormiría por la noche” si pactara con Pablo Iglesias y unos meses después se abrazaba a él y le daba cinco ministerios.


Miente Pedro Sánchez también cuando aseguraba a Ferreras que “estamos dando un paso adelante de homologación con Europa, estamos cambiando un delito que se promulgó en 1822»: el Código Penal que castiga la sedición se aprobó en 1995, con Felipe Gonzélez. Y a Sánchez se le olvidó decir que la ley del Indulto, en la que se basó para perdonar a Junqeras y compañía, es… de 1870. Por no hablar de la “homologación” con Europa: es falso que sean menores las penas por sedición en Europa, puesto que delitos en Alemania homologables a la sedición pueden ser castigados hasta con la cadena perpetua si lo cometen, como fue el caso, autoridades.


El doctor Jekyll Pedro Sánchez candidato –distinto del Míster Hyde Pedro Sánchez presidente, según Carmen Calvo- decía en 2018: “Creo que clarísimamente ha habido un delito de rebelión, de sedición, en España”

Para Pedro Sánchez, como demuestra la hemeroteca, la mentira es un arte poco valorado. Como dijo el propio Feijóo, no se puede pactar con él “ni con este PSOE”. Porque el silencio, cuando no el aplauso, como Ximo Puig, de los barones socialistas -a excepción de Lambán y un Page que parece haberse dado por fin cuenta de que puede perder Castilla-La Mancha-, demuestra que, sin ellos, la ardua tarea de desguace del andamiaje constitucional de la España del 78 sería imposible. Demasiado precio para salvar al inquilino de Moncloa y engordar al PSC de los Illa e Iceta.


Pedro Sánchez y el postsanchismo

Y el grave problema para España es que los efectos del ‘sanchismo’ –como insisto contaba en estas páginas Edmundo Bal- “no tienen como alcance una legislatura, sino un plan que va mucho más allá: pretende dejar inerme a la nación española frente a los ataques a su Estado de Derecho y a su Constitución. No se conforma con indultar los delitos del pasado, sino en disculpar preventivamente los futuros intentos de ruptura del separatismo”.


Urge pensar ya en el postsanchismo. Y en “cómo revertir democráticamente el daño sin precedentes y la desprotección de nuestro Estado de Derecho que este Gobierno prevé dejarnos como herencia”. No será fácil. Que llegue cuanto antes porque habrá mucho que volver a coser. O a España, volviendo a Guerra, no la va a conocer “ni la madre que la parió”.


La degeneración del felipismo

LUIS ASÚA. gaceta. 12 Noviembre 2022


Tras los fastos en conmemoración del cuarenta (!) aniversario de la victoria electoral del PSOE en 1982, hay que reflexionar sobre lo que queda de aquella época. El resultado electoral del PSOE liderado por Felipe González fue apabullante: la mayoría absoluta más grande que ha tenido ningún partido en democracia. González consiguió 202 escaños, prácticamente dobló al siguiente partido, Alianza Popular, e hizo desaparecer al entonces partido del Gobierno, la UCD, que perdió el 77 por ciento de sus votos. La adhesión al felipismo fue casi total entre los votantes jóvenes y las gentes más dinámicas de la sociedad de entonces.


Con este capital político se instalaba un régimen que ha durado, muy degenerado —esta es mi tesis— hasta nuestros días.


El felipismo es una mezcla de estatismo con apoyos claros a la gran empresa española, aunque muy despegado de Pymes y autónomos, de ahí que suframos el peor capitalismo de amiguetes (capitalismo clientelar) de Europa, ahora multiplicado por cada una de las comunidades autónomas. Un estatismo que impregna las élites políticas de funcionarios y que aún tiene un gran eco social, pues la gran mayoría de nuestros universitarios, según encuestas recurrentes, sueñan con un puesto de trabajo en la Administración.


Un régimen que hereda el paternalismo del franquismo tardío con unos colchones sociales muy generosos y universales; es decir, que no discriminan a residentes legales e ilegales. Y así vivimos la paradoja de que el país con más paro de la Unión Europea también sufra hoy escasez de mano de obra en casi todos los sectores.


Felipe hizo que el PSOE girara hacia el atlantismo, el europeísmo y el globalismo en nuestras relaciones internacionales. Incluso trató de poner orden en el sistema autonómico —el gran fracaso del diseño constitucional— con la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (Loapa) pero con poco éxito. Pero, al menos no fueron años de mucho crecimiento del poder autonómico.


La adhesión a la entonces Comunidad Económica Europea y algunos fastos internacionales como la Expo, Juegos Olímpicos y Mundial de fútbol, pusieron a España en el mapa internacional. Aquellos años se perciben como de modernización muy positiva, y de gran bonanza económica y movilidad social.


Ningún régimen es perfecto y el de Felipe González no lo fue en absoluto. Hubo poco respeto institucional en algunos momentos cruciales, y un persistente y poco democrático intento de copar la cultura y los medios de comunicación.


Pero ahora vayamos a su degeneración. Los últimos años de González fueron siniestros. Se desveló el terrorismo de Estado y también unas cotas de corrupción tremendas. A mediados de los años noventa, España tenía los peores indicadores socioeconómicos de Europa: paro, desempleo juvenil, fracaso escolar, SIDA, drogas, alcoholismo… La victoria muy ajustada de Aznar en 1996 reveló el cansancio de la sociedad española ante el modelo del PSOE, que luego sería refrendada con una mayoría absoluta apabullante del PP en el año 2000.


Es en ese momento, tras la mayoría absoluta de Aznar, cuando el PSOE empieza a realizar el giro que ahora padecemos. Del felipismo se pasa a un wokismo celtibérico. Empiezan las iniciativas de memoria histórica, el tribalismo y demás técnicas para dividir a la sociedad española siguiendo el modelo de la izquierda postmoderna. Podemos haría lo mismo con el Partido Comunista con una puesta al día que en algún momento tuvo un gran éxito pero coyuntural.


Sánchez ha llevado al paroxismo estas políticas incorporando al bloque de las izquierdas a separatistas y herederos de ETA. Entretanto, se han descuidado las bases del felipismo y se exageran sus defectos: el desprecio a las instituciones pasa a ser diario, se pierde cualquier atisbo de fineza en el uso partidista de los medios de comunicación y de la cultura, y también se pierde totalmente el peso internacional con unas políticas erráticas y muy poco confiables.


La gran tragedia sin duda de la derecha fue la retirada de Aznar cuando empezaba a consolidarse otro modelo, otra cultura política en España. Una cultura basada en el éxito individual, en el éxito de España en el exterior y no sólo en lo económico. Con Aznar, hubo una gran presencia de españoles en la dirección de las organizaciones internacionales.


En aquellos años se apuntaba un liberalismo que permitiría sacar a relucir el talento y la capacidad de los españoles. Incluso hubo un atisbo de plantar cara a los separatistas con la ilegalización de Herri Batasuna. Fueron unos años buenos a los que les faltó la perseverancia para cambiar la cultura política de forma definitiva. Hay que destacar que desde la salida de Aznar, la renta per cápita en España no ha crecido. Rajoy fue incapaz de revertir el felipismo, ni siquiera su degeneración, el zapaterismo.


Ahora, elección tras elección, los españoles han ido votando en contra de todo lo que representa la última vuelta de tuerca de Pedro Sánchez. Esperemos que esta tendencia se manifieste de forma apabullante cuando se llame a elecciones generales, y que el Gobierno que salga de ellas esté a la altura de los tiempos y reformule una cultura política que el pueblo español reclama desde hace mucho tiempo.


Radiografía de un mentiroso patológico: las falacias que usó Sánchez con Ferreras para eliminar la sedición

En una entrevista plagada de trampas y mentiras, Sánchez anunció la reforma inmediata del Código Penal para eliminar el delito de sedición.

M.J. Grech. libertad digital. 12 Noviembre 2022


En una entrevista plagada de trampas y mentiras, Sánchez anunció la reforma inmediata del Código Penal para eliminar el delito de sedición.Pedro Sánchez entrevistado por García Ferreras en la Moncloa. | Imagen TV

La desfachatez del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sus continuas mentiras para justificar lo injustificable no dejan de sorprender. El jueves, en una entrevista concedida a su periodista de cabecera, Antonio García Ferreras, en La Sexta, el presidente anunció algo ya esperado: que va a acometer inmediatamente la reforma del Código Penal para eliminar el delito de sedición, sustituyéndolo por uno de "desórdenes públicos agravados", materializando un compromiso adquirido hace casi tres años.


Fue en enero de 2020, tres meses después de que los líderes del procés fueran condenados por sedición y malversación, cuando el Ejecutivo de Pedro Sánchez apostó públicamente por una amplia reforma del Código Penal que incluiría ese delito. O sea: justo cuando necesitaba sus votos para ser investido presidente del Gobierno.


Para ocultar que lo que pretende hacer es una reforma del Código Penal a la carta, a la medida de los golpistas catalanes que son los que le permiten seguir en Moncloa, el presidente del Gobierno esgrimió en La Sexta un argumentario plagado de mentiras con el beneplácito de un entrevistador que no quiso importunar a su ilustre invitado.


Pedro Sánchez recurrió a todo tipo de trampas argumentales y mintió descaradamente al decir que él siempre había "reivindicado" rebajar las penas por sedición, porque era una forma de buscar la concordia con los catalanes. En realidad no ha sido así. En el programa Espejo Público de Susanna Grisso en Antena 3, defendió en mayo de 2018 que lo que había ocurrido en Cataluña era tipificable como un delito de rebelión —un delito mucho más grave que el de sedición que ahora va a eliminar por intereses espurios—. Como en su momento también proclamó que había que acabar con los indultos políticos.


También trató de desligar la reforma de la sedición con la necesidad del apoyo de los independentistas para los Presupuestos Generales, señalando con enorme cuajo que los separatistas no quieren en realidad la reforma de la sedición sino la amnistía de los delitos cometidos en 2017.


Es evidente que la eliminación de la sedición facilitará la vuelta a la política de los golpistas del procés, pues se rebaja la pena de prisión y la de inhabilitación para cargo público, además de beneficiar a los fugados, Carles Puigdemont y Marta Rovira. Un éxito de ERC que puede vender a su parroquia cómo el apoyo a Sánchez se ve reflejado en mejoras para los golpistas condenados o huidos.


La trampa de la semántica y la homologación europea

En la entrevista en La Sexta Sánchez utilizó la que va a ser la principal trampa argumental del PSOE, la de la nomenclatura, que consiste en decir que hay que reformar el delito de sedición para homologarnos a la legislación penal europea.


Es una trampa porque, en primer lugar, no existe algo parecido a un código penal europeo sino que cada país tiene sus peculiaridades. Y, en segundo lugar, porque no en todos los países existe la figura de la sedición, pero sí otras que recogen exactamente lo que ocurrió en Cataluña en 2017, conductas que son castigadas con penas mayores a las que se aplicaron a los golpistas catalanes. Es el caso de Alemania, donde esos hechos se consideran delitos de alta traición, castigados con penas más altas que las de la sedición en España.


La comparación basada en la semántica pura y dura ya fue desarrollada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en el informe emitido durante la tramitación de los indultos solicitados por los condenados a penas de cárcel por el procés, como recogía Europa Press.


Señalaba el Alto Tribunal que "la crítica al exceso punitivo del delito de sedición castigado en el artículo 544 del Código Penal no puede ser el resultado de la comparación semántica de esa figura con tipos penales vigentes en sistemas extranjeros". Y añadía el TS que si sólo se tiene en cuenta el nombre asignado al tipo delictivo, "el sistema norteamericano reserva esa denominación para la forma más grave de atentado contra el Gobierno de Estados Unidos".


Alemania, uno de los países citados ayer por Sánchez en La Sexta para justificar la reforma, recoge en el artículo 81 de su Código Penal que serán castigado "con pena de prisión perpetua o de prisión de al menos 10 años" al que "con fuerza o amenaza emprenda acción para socavar la existencia continuada de la República Federal de Alemania o para cambiar el orden constitucional".


Cita también el TS el caso de Francia, recordando que los artículos 410.1, 412.3 y 412.4 de su CP recoge "penas de especial gravedad —que pueden llegar a cadena perpetua para los dirigentes del movimiento insurreccional— los ataques a los intereses fundamentales de la nación, entendiendo por tal su independencia, la integridad de su territorio, su seguridad y la forma republicana de sus instituciones".


En el caso de Bélgica, "el atentado que tenga por objeto destruir o cambiar la forma de gobierno o el orden de sucesión al trono se castiga con pena de 20 a 30 años, imponiendo la misma pena al delito consumado y al intentado". Portugal, en el artículo 308 de su CP, recoge como "delito de traición, con una pena de 10 a 20 años de prisión a quien, con abuso de funciones soberanas, intenta separar de la patria una parte del territorio portugués". Italia, por último, sanciona en el artículo 241 del CP "con una pena privativa de libertad no inferior a 12 años los ataques violentos contra la integridad, la independencia o la unidad del Estado".


Es decir, que al margen del debate semántico, es evidente que en países de nuestro entrono se castiga con penas mucho más duras hechos similares a los que ocurrieron en Cataluña en 2017. Pero la falacia que, una vez más, utiliza el Gobierno para poder cumplir sus enjuagues con los separatistas es que las conductas descritas en estos preceptos penales de países de nuestro entorno desbordarían el tipo español de la sedición, siendo más próximos a la rebelión, delito por el que no fueron condenados los golpistas catalanes.


Precisamente este hecho provocó en su momento un profundo malestar en la Fiscalía, que consideró que se había hecho "albañilería jurídica" en la condena por sedición en la sentencia del 1-O. "La violencia fue instrumental y el objetivo de los condenados fue siempre conseguir la independencia, saltándose el orden constitucional. Fue una rebelión y no una sedición porque se utilizó la violencia con el objetivo de independizarse".


La trampa de la antigüedad del Código Penal

Pedro Sánchez también recurrió a otra trampa argumental: la de la antigüedad del Código Penal, que más que una trampa es una flagrante mentira. Dijo ante García Ferreras que no se pueden juzgar delitos de 2017 con un Código Penal de 1822. Este argumento ya fue utilizado por el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que alegaba que la sedición había sido introducido en el CP en el año 1822, y que no respondía a la realidad vigente, además de estar castigado con penas "inusitadamente altas", si se comparaba con legislaciones de países del entorno.


Efectivamente: en el CP de 1822 los reos de sedición consumada se dividían en tres clases, en función de la descripción del delito que se recogía en el artículo 280 del citado código, y las penas iban desde una condena a trabajo perpetuo, a de seis a veinte años de obras públicas o reclusión de dos a diez años (artículos 282 y 283).


Sánchez ocultó de forma consciente, como lleva haciendo desde 2020 cuando necesitó los votos de los separatistas catalanes para ser investido presidente, que las penas por sedición que se aplicaron a los golpistas catalanes son las que se recogen en los artículos 544 y 545 del Código Penal reformado por el socialista Alberto Belloch en 1995, no los trabajos forzosos a perpetuidad y otras penas del CP de 1822.


El artículo 545 del CP vigente, el de 1995, hace referencia a las penas de la sedición: "Los que hubieren inducido, sostenido o dirigido la sedición o aparecieren en ella como sus principales autores, serán castigados con la pena de prisión de ocho a diez años, y con la de diez a quince años, si fueran personas constituidas en autoridad. En ambos casos se impondrá, además, la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo. Fuera de estos casos, se impondrá la pena de cuatro a ocho años de prisión, y la de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de cuatro a ocho años". Ni sombra de los trabajos forzosos a perpetuidad.


La regulación decimonónica del indulto

Por otra parte, el argumento torticero y mentiroso utilizado por Sánchez de que no se puede juzgar con leyes del siglo XIX cae por su propio peso, puesto que este mismo Gobierno ha recurrido a esa legislación decimonónica para conceder el indulto el 22 de junio de 2021 a los condenados por el procés, en este caso por "razones de utilidad pública".


La regulación de esta medida de gracia se recoge en la Ley de 18 de junio de 1870. Curiosamente, aquí el argumento de homologarnos a otros países europeos o el de la antigüedad de la legislación no se utilizó, quizás porque no convenía a sus intereses, los de Pedro Sánchez. En países de nuestro entorno el indulto es prerrogativa del jefe del Estado o prerrogativa real, como ocurre en Reino Unido y Bélgica —no del presidente del Gobierno— y en otros tiene que tener el voto favorable de dos tercios del Parlamento (Congreso y Senado) como ocurre en Italia.


Las prisas de Sánchez

Por otra parte, y mientras negociaba la renovación del CGPJ con el PP, el Gobierno deslizó que no podría acometer la reforma del Código Penal porque no contaba con la mayoría parlamentaria necesaria para hacerlo, otra falsedad. Al tratarse de una ley orgánica es necesario contar con una mayoría absoluta —la mitad de los diputados más uno— para que sea aprobada, es decir, 176 votos a favor. A los 153 diputados con los que cuenta el Ejecutivo de coalición —120 del PSOE y 33 de Unidas Podemos— sumaría los de sus socios habituales: ERC (13), PNV (6) y EH Bildu (5), con lo que alcanza la mayoría absoluta sin problemas.


Una mentira más del Gobierno en este sainete de la sedición: tiene mayoría para hacer la reforma y se ha dado mucha prisa para acelerar todo el proceso. Horas después de anunciarlo en La Sexta, PSOE y Podemos registraban en el Congreso una Proposición de Ley para cambiar el Código Penal y eliminar el delito de sedición.


Una degradación de la democracia

Teresa Freixes, catedrática de Derecho Constitucional. la razon. 12 Noviembre 2022


¿Qué supone la rebaja en el delito de sedición y qué consecuencias puede traer?

Reforma legal. El Supremo ya avisó al Gobierno de que la sedición no es un delito “trasnochado”

Lo que se ha hecho es eliminar el delito de sedición, por el que el Tribunal Supremo condenó a los principales líderes del «procés». Las consecuencias son de diversa índole, según la condena recibida por cada persona, pues el Derecho Penal es de aplicación personal. Pero son consecuencias «de calado».


Los condenados y ya indultados seguramente pedirán la revisión de su causa, para conseguir una beneficiosa aplicación retroactiva de la reforma. También les beneficia en los recursos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, puesto que el delito que se les imputaba en los procesos internos habría desaparecido y ello podría propiciar una sentencia condenatoria para España, dado que argumentaron que sus condenas eran desproporcionadas.


Los prófugos también se verían beneficiados. Ya no se les podría condenar por sedición sino que se tendría que aplicar el delito de desórdenes públicos agravados, con una pena mucho menor. Y las órdenes europeas de detención y entrega posiblemente no podrían ser ejecutadas pues se emitieron para poder juzgarles por un delito que ya no existiría.


Quienes estuvieran con los procesos judiciales en trámite únicamente podrían ser juzgados por los desórdenes públicos agravados. Además, la reforma podría tener efectos sobre la inhabilitación conexa al delito primigenio, que podría verse reducida sustancialmente, posibilitando su vuelta a la política activa.


¿Se equipara a otros países?

En absoluto. La reforma plantea graves problemas de coherencia en el tratamiento de los delitos contra el orden constitucional y contra el orden público. Lo que consta en la sentencia del Supremo como hechos probados no es un simple problema de orden público, ni de orden público agravado, puesto que se trataba de sustituir el orden constitucional vigente por otro sin tener en cuenta los procedimientos establecidos para ello (es la definición de golpe de Estado acuñada por Kelsen). En el resto de Europa estas conductas están penadas dentro de una horquilla en la que la sedición estaba perfectamente incardinada; incluso en varios países las penas son bastante más elevadas y pueden llegar hasta cadena perpetua. Ahora va a resultar que, en España, aprobar las leyes de desconexión, declarar la independencia, provocar graves disturbios entre la población, realizar referéndums ilegales y malversar fondos para la realización de actividades ilegales va a ser un problema de orden público, como si de una algarada callejera se hubiera tratado.


¿Se allana el camino para la vuelta de Puigdemont?

Al menos complica mucho más conseguir su vuelta a España para ser juzgado, pues seguramente será necesario volver a emitir las órdenes de detención y entrega. Además, su caso está también pendiente de resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que sin duda resultarán afectadas por el cambio legislativo, si es que éste se consolida. Ello no afecta únicamente a Puigdemont, sino también al resto de prófugos.


¿Es una cesión?

Lo ha dicho el mismo presidente de la Generalitat, para quien es un gran avance para conseguir la amnistía y el referéndum de autodeterminación. Por lo visto esas «mesas de negociación» que son alegales, que no tienen procedimientos de toma de acuerdos y que no se sabe por quién están compuestas, funcionan a todo tren. Con ello, las instituciones quedan despojadas de sus competencias y las cesiones ilegítimas están a la orden del día.


¿El delito de sedición está trasnochado?

En Francia también deben de haber trasnochado mucho, pues es uno de los países que más lo castiga, pudiendo llegarse hasta la cadena perpetua, aunque allí el bien jurídico protegido es más el orden constitucional que el orden público. La denominación no es lo importante, pues en cada país los delitos reciben el nombre apropiado a su lengua y a su tradición jurídica. Lo que importa es qué se castiga y qué se quiere proteger con el castigo y eso está penalizado en todos los países democráticos.


¿Sienta un precedente para rebajar otras penas ad hoc?

Parece que estemos en una carrera para cambiar delitos «ad hoc». No nos extrañemos de que, tal como están evolucionando las cosas, otras conductas que merecen reproche social dejen también de ser delitos, o que les cambien las penas para favorecer a determinadas personas o colectivos. Ya desapareció, anteriormente, el delito de rebelión impropia, en el que hubieran podido encajar directamente los hechos de 2017; también el de realización de referéndums ilegales…. No es de extrañar que determinados partidos promuevan esas reformas. Lo que es extraño, en democracia, es que el Gobierno del país en el que tales cosas se promueven entre al trapo y se haga cómplice de esta degradación de la democracia. Una cosa es que nuestro Tribunal Constitucional hubiera declarado que el sistema español no es de democracia militante (como el alemán) y otra es que el legislador abjure de los instrumentos legales y legítimos con que el orden jurídico-constitucional pueda defenderse.


Con muertos, cinco años como mucho

PABLO PLANAS. libertad digital. 12 Noviembre 2022

El golpe de Estado separatista ha triunfado. Cinco años después de los "hechos" de octubre de 2017, como califican a la asonada la izquierda y sus medios afectos, el Gobierno de España ha claudicado frente a unos delincuentes ya condenados o todavía prófugos. La reforma del Código Penal para cambiar el delito de sedición por el vago concepto de "desórdenes públicos agravados" es una victoria sin paliativos de quienes no dudaron en poner en riesgo vidas humanas para conseguir su propósito. Uno de los hechos más significativos del proceso separatista es que no hubo muertos, a pesar de que el independentismo llegó a teorizar sobre la posibilidad de que una víctima real de su lado desencadenara la independencia de un modo irreversible. Sin embargo, el herido más grave de todo el proceso fue un agente de la Policía Nacional al que hirieron en las protestas por la sentencia del Tribunal Supremo. Tras semanas en coma y meses en el hospital, el agente fue dado de baja del Cuerpo Nacional de Policía.


La "revolución de las sonrisas" fue al principio un movimiento pasivo agresivo que degeneró en una actitud directamente violenta jaleada por todos los responsables del gobierno autonómico catalán, por los jefes de la Assemblea y Òmnium, por la inmensa mayoría de los medios de comunicación de Cataluña, de TV3 a La Vanguardia, de la radio pública autonómica a la emisora del conde de Godó pasando por todos los periódicos de papel del editorial conjunto y los digitales separatistas sufragados con dinero público. Son los medios de la élite que controla la vida política, social, cultural y en buena parte económica de Cataluña. Una selecta minoría, clases acomodadas contaminadas por el supremacismo, menos de un tercio de la población catalana.


Reformar el Código Penal para eliminar el delito de sedición, por el que trece de los responsables del golpe de Estado fueron condenados por el Tribunal Supremo, implica anular su sentencia, ya que según el nuevo Código Penal a la carta de los separatistas, lo que culminaron en septiembre y octubre del año 2017 no fue rebelión ni tampoco sedición. Como mucho, unos desórdenes públicos penados con cinco años de cárcel en el caso agravado de que los Mossos hubieran sacado directamente las metralletas.


Los indultos a los golpistas son una minucia en comparación con la última maniobra de Pedro Sánchez, que abre la puerta a una nueva intentona golpista. No se necesitan más ingredientes que un par o tres de años de propaganda masiva y represión de los disidentes, tres o cuatro manifestaciones aparentemente masivas y el señuelo de un referéndum más falso y grosero que unas elecciones en Corea del Norte. Con muertos, cinco años como mucho. Junqueras ya se puede presentar a las próximas elecciones. Y si Puigdemont no vuelve es porque no quiere.


Estupor en el Poder Judicial al derogarse la sedición "por encima de la legalidad"

Jueces y fiscales consultados por Vozpópuli hablan del "más puro oportunismo político" y sostienen que la reforma impulsada por el Ejecutivo tras el acuerdo con ERC "no les va a condicionar"

GEMA HUESCA. vozpopuli. 12 Noviembre 2022


"Con preocupación y expectantes". Así contemplan desde el Tribunal Supremo la reforma del Código Penal impulsada por el Ejecutivo para derogar el delito de sedición y reducir su castigo a un máximo de cinco años de cárcel. Fuentes jurídicas y fiscales prefieren optar por la "precaución" ante los importantes cambios que recoge la proposición de ley, pero lamentan que se ha priorizado la "conveniencia" política, "por encima de la legalidad".


Aunque era público y notorio el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez de rebajar las penas del delito de sedición por el que fueron condenados los líderes del procés, la presentación en el Congreso de la proposición de ley este viernes pilló desprevenida a buena parte de la cúpula del Poder Judicial, que entiende como una maniobra política la derogación de la sedición por el delito de desórdenes públicos agravados.


"No tiene ni nombre. Es el más puro oportunismo político", rezan algunas voces consultadas por Vozpópuli y añaden: "No nos van a condicionar". La reforma legal, que se tramitará por la vía de la urgencia al tratase de una proposición de ley, acarrea un beneficio indudable tanto para los condenados por la causa del procés, como para los políticos fugados que están reclamados por el Tribunal Supremo.


Es el más puro oportunismo político. La conveniencia por encima de la legalidad

Sin embargo, las voces consultadas discrepan en lo que respecta a la lectura final que se haga de esta modificación legal. La última palabra la tendrán los miembros de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que juzgaron y condenaron a 12 de los procesados por la deriva soberanista en Cataluña. Nueve de ellos (los condenados a delitos de sedición y malversación) fueron indultados por el Gobierno de Pedro Sánchez en junio de 2021.


La medida de gracia hacía decaer las penas de cárcel, pero no tanto las inhabilitaciones. "Se consideran que no se dan las circunstancias personales que justificarían esta medida", rezaba el informe del indulto de Oriol Junqueras. Para él especificaban que no podría desempeñar cargo público hasta que cumpliera los 13 años de inhabilitación, fecha que vencía el 5 de julio de 2031.


"Se mantendrá la inhabilitación"

A falta de saber cómo se le aplica la rebaja del delito de sedición, lo que está claro es que el exvicepresidente de Cataluña y líder de ERC volverá a la carrera política antes del límite fijado. No obstante, hay dudas sobre la fecha concreta. La derogación de la sedición por el delito de desórdenes públicos agravados implica que la pena más alta ya no será de 15 años, sino de cinco. Las inhabilitaciones pasarán de 3 a 5 años aunque para las autoridades (como es el caso) la cifra aumenta de seis a ocho años.


Algunas voces consultadas consideran que su condena de sedición en concurso medial con malversación perjudica su horizonte. La Ley estipula que cuando se produce un delito en concurso medial con otro (como es el caso) se aplica aquel que tenga las penas más graves. Teniendo en cuenta que la sedición directamente se deroga, éste será la malversación. En su tipo agravado (al superarse los 250.000 euros de desfalco a las arcas públicas) la inhabilitación podría alcanzar hasta los 20 años. "Se mantendrá la pena de inhabilitación", rezan las fuentes consultadas.


Primero sedición ¿Y luego malversación?

No obstante, también se baraja otro marco más halagüeño para los condenados por el procés. Algunos expertos entienden que la derogación de la sedición haría muy complicado mantener el delito de malversación. La figura sustituta, desórdenes públicos agravados, tiene difícil encaje en el relato de unos hechos que apuntan a la ruptura del orden constitucional. Así, de decaer el delito principal, sería muy difícil mantener la malversación cometida, en tanto los independentistas se valieron de fondos públicos para acometer la prometida independencia de Cataluña.


Con todo, este escenario solo afectaría a los condenados por ambos delitos (Junqueras y los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa). Los cinco restantes (entre ellos la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell) verán limitada su inhabilitación a un máximo de ocho años. Si se les aplicara la horquilla menor, de seis años, podrían haber cumplido condena de cara a las elecciones municipales de 2027.


No obstante, el acuerdo alcanzado entre ERC y el Gobierno podría implicar también más cambios en el Código Penal. Las fuentes consultadas no descartan que, tras derogar la sedición, el siguiente paso sea una modificación del delito de malversación de caudales públicos. En este caso, de producirse, los líderes independentistas quedarían prácticamente exonerados de haber convocado un referéndum ilegal y declarado la república de Cataluña.


Además, este cambio beneficiaría especialmente a los políticos fugados de la Justicia (con Carles Puigdemont a la cabeza). El expresidente catalán y dos de sus consejeros Toni Comín y Clara Ponsatí tienen pendiente sentarse en el banquillo de los acusados por estos dos delitos. También lo harán Lluis Puig (que afronta desobediencia y malversación) y la secretaria general de ERC, Marta Rovira. Esta última es la que resultaría más beneficiada con la derogación de la sedición, ya que es el único delito por el que se le reclama. Las penas de prisión que afrontaría, en caso de retornar y ser juzgada, serían de entre tres y cinco años.


El País’ mutiló la entrevista a Barrionuevo

CARLOS DÁVILA. okdiario. 12 Noviembre 2022


Por lo menos una pregunta. La larga entrevista que, sorpendentemente, otorgó el ex ministro del Interior, José Barrionuevo Peña, al llamado diario global, fue recortada convenientemente. Resulta que Barrionuevo revelaba al final del interrogatorio que, tras el fracaso de la operación de guerra sucia emprendida para secuestrar al etarra Larrechea, él mismo y el entonces secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera, acudieron a la Moncloa y presentaron su dimisión a Felipe González. Éste no la aceptó. ¿Por qué? Fácil: porque de haberlo hecho hubiera supuesto que él, presidente de Gobierno, estaba perfectamente al tanto de la operación, era cómplice de aquella intervención realizada, y convertida en fiasco, en suelo francés.


Recordemos el caso: con el PSOE en el poder, ETA reforzó su línea más sanguinaria, representada ya entonces por Josu Ternera y Eugenio Echeveste, Antxón, y secuestró a una persona indefensa, el capitán de Farmacia, Alberto Martín Barrios. Corría el año 1983, octubre, y la banda amenazó con asesinar al oficial militar si el Gobierno de Felipe González no ponía en libertad inmediata a una decena larga de presos terroristas. El Gobierno no cedió y, ganando tiempo, mandó, por orden directa de José Barrionuevo (confesión suya en el periódico citado) articular una estrategia para, a su vez, secuestrar a un jefe etarra e intercambiarlo por Martín Barrios. Tres y geos y un inspector de Policía de Barcelona, el policía Argüelles, bajo la dirección del comisario Francisco Álvarez, luego jefe del Mando Único, para la lucha contra el terrorismo, viajaron a Francia, localizaron al etarra Larrechea, perfectamente identificado desde hacía tiempo, e intentaron raptarle sin éxito. ¿Por qué? Pues porque el tipo en cuestión, un armario de 1,92 de estatura y de más de cien kilos de peso, no cupo en el maletero del cuatro latas de entonces, un Renault utilizado por los presuntos captores. El forcejeo duró un rato y ¡oh casualidad! los agentes fueron sorprendidos por los componentes de una patrulla de la Gendarmería francesa que, a cambio de callarse como muertos y no detener a nuestros policías dejaron huir al delincuente.


Aquella chapucera operación terminó en un fiasco descomunal y Barrionuevo y Vera, que no sólo la habían alentado sino que la habían organizado, se hicieron responsables y declinaron sus puestos ante Felipe González. Esta revelación, hasta ahora inédita, figuraba como respuesta a la cuestión planteada por el redactor que, insólitamente, consiguió para su diario, una entrevista con el siempre callado José Barrionuevo Peña. La clave de la mutilación de esta respuesta es, para el propio Rafel Vera que, de haberse publicado, hubiera supuesto la confirmación, tantas veces apuntada, de que Felipe González, festejado en esta época como gobernante decente y honesto, fue siempre el jefe del contraterrorismo de Estado, la X del Gal de la que muchas veces se ocupó el juez Baltasar Garzón antes de venderse sin escrúpulos al Gobierno del PSOE.


En todo caso, la pregunta que debemos hacernos es ésta: ¿cómo es posible que Barrionuevo, que durante años fue víctima de una campaña feroz de El País contra su persona al punto de exigir incluso su encarcelamiento, le haya concedido ahora esta entrevista en la que se reivindica como responsable delegado del secuestro del etarra Larrechea? La contestación es que hasta el propio ex ministro, recluido casi permanentemente en su tierra natal, Almería, le ha llegado la razón del por qué los ministros del primer Gobierno de González, no fueron invitados al recuerdo de los cuarenta años de la victoria socialista del 82. ¿Cuál ha sido este motivo directamente obligado por Sánchez Castejón? Pues que el todavía presidente del partido no deseaba que en la pléyade de los primeros ministros socialistas figurara Barrionuevo. Alfonso Guerra le comunicó a Barrionuevo el argumento de su ausencia y éste decididó tirar por la calle de en medio, y aclarar, de una vez para siempre que, si bien él fue el subjefe del contraterrorismo, el jefe máximo fue naturalmente Felipe González.


Este asunto está realmente trayendo cola. Y es que algunos de los que hasta el momento han permanecido silentes como difuntos, se inclinan ya por ir contando lo que saben, que es mucho, de la guerra sucia contra la banda asesina ETA. No ha entrado en juego en este instante el que por entonces era diputado por Vizcaya del PSOE (luego terminó apareciendo en un mitin del PP en Zaragoza) Ricardo García Damborenea. Él fue uno de los promotores del GAL, urdido en sus entrañas más cutres en el Gobierno Civil de Vizcaya que regia a la sazón el golfo de Julián Sancristobal. Este tipo, a raíz del crimen perpetrado contra el senador socialista, Enrique Casas, propuso, y en algunos casos consiguió, repartir pistolas entre sus correligionarios para, presuntamente, defenderse de los ataques de ETA. De este proceder sabe mucho el actual portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, entonces asistente personal y directo de Damborenea para todo lo que éste creyera de menester.


Toda esta peripecia de Barrionuevo se hubiera evitado si Sánchez hubiera permitido su presencia y la de sus compañeros de gabinete en el acto de homenaje a los cuarenta años del triunfo de González. Cometió el error y ahora ha quedado claro, por confesión propia, que tanto el mismo presidente del Gobierno de entonces, Felipe González Márquez, como su ministro del Interior, José Barrionuevo Peña, fueron los máximos dirigentes de una organización terrorista que perpetró una treintena de crímenes, alguno de ellos contra individuos ajenos a la propia banda terrorista ETA. Ahora que se celebra como una época gloriosa la de aquel PSOE felipista, queda la confirmación de un partido, el antecesor de Sánchez, manchado por la corrupción (el contraterrorismo la propició y ¡hasta qué punto!) y los asesinatos. Es el partido de Sánchez, el gobernante más felón, más facineroso, que ya es decir tras conocer lo antedicho, de la Historia reciente de España.


Sobre la 'tasa a los ricos', el precio de la huelga y el catalán en Bruselas

El Merodeador elespanol. 12 Noviembre 2022


La armonización del impuesto de patrimonio tiene el objetivo evidente de obligar a la Comunidad de Madrid y a Andalucía a reimplantar dicho gravamen. Además, el coste para la economía nacional del paro de transportistas que comienza con el Black Friday se estima en 600 millones de euros diarios. Por su parte, la petición del Gobierno de que el catalán, el gallego y el euskera sean oficiales en el Parlamento Europeo es un atentado al espíritu fundacional de la propia UE, que llama a unir y no a fragmentar a los ciudadanos europeos.


Armonización por lo civil o por lo criminal

Ni siquiera se han esforzado en disimular. El Gobierno ha confirmado que la mal llamada 'tasa a los ricos' (en realidad un impuesto a los profesionales de éxito) no es más que un intento de armonizar el impuesto de patrimonio para que los ciudadanos de aquellas comunidades que lo tienen bonificado al 100%, es decir, Madrid y Andalucía, paguen tanto como los de aquellas regiones en los que el gravamen sigue vigente.


El Gobierno incluso ha calcado las bases imponibles del impuesto al patrimonio, para que no quede duda alguna de sus intenciones, y ha configurado la tasa de tal forma que el dinero sea recaudado íntegramente por Hacienda. Dicho de otra manera: las comunidades que han mantenido el impuesto al patrimonio se quedarán con el dinero recaudado, mientras que el dinero de los madrileños y los andaluces será para el Estado.


Las intenciones del Gobierno son evidentes: coaccionar a Isabel Díaz Ayuso y Juan Manuel Moreno para que reinstauren el impuesto al patrimonio en Madrid y Andalucía, renunciando a las ventajas competitivas que comporta la aplicación de una política fiscal no confiscatoria. Pero lo único que conseguirá el Gobierno con una figura fiscal como esta es ahuyentar de esas dos regiones a las empresas, a los profesionales y a las empresas que ya han huido del resto de comunidades españolas por su alta presión fiscal.


Las dudas sobre la constitucionalidad de la 'tasa a los ricos', cuyo nombre oficial es Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, son evidentes. También parece violar de forma flagrante la autonomía fiscal autonómica.


Porque si las comunidades pueden decidir qué impuestos bonificar y en qué medida, pero luego el Gobierno decide que esos impuestos deben ser pagados de una forma u otra, por lo civil o por lo criminal, ¿qué sentido tiene esa autonomía?


Bloquear el país en el peor momento

Publicamos el pasado martes un merodeo donde alertábamos sobre las profundas heridas que causará el parón de la patronal de los transportistas a partir del lunes. Mostramos comprensión por las razones que guiaban sus pasos. Muchos empresarios y autónomos sufren una dura realidad: el precio de combustible es inasumible, incluso con las ayudas gubernamentales, y el cierre de empresa se cuenta de cien en cien cada 15 días, de acuerdo con la Plataforma en Defensa del Transporte.


También relatamos la capacidad de movilización de un sector que es uno de los últimos reductos de la clase obrera clásica, con el poder y la amenaza de bloquear el país. De hecho, reside en ese factor doble el principal argumento para la preocupación. Con este parón, que pretende emular el de marzo, la asociación calcula que el daño para el país se elevará a 600 millones de euros al día. Las fechas escogidas no son fruto del azar. Llegan las primeras compras navideñas con los descuentos del Black Friday, una jornada en la que las ventas se disparan por encima del 700%. Parece evidente que el daño para pequeños y grandes comercios es potencialmente demoledor.


Con la economía de los españoles en mal momento, a las puertas de la recesión y con una inflación que ha debilitado notablemente la capacidad adquisitiva general, son muy malas noticias. Es necesario alcanzar un acuerdo que, aunque no acabe con todos los problemas ni corresponda todas las demandas, sí evite el mal superior.


La Torre de Babel fue una maldición, no un regalo

En estricto cumplimiento de lo acordado por el Gobierno con ERC en la llamada 'mesa de diálogo', el ministro de Exteriores ha pedido en persona a Roberta Metsola la cooficialidad de catalán, gallego y euskera en la institución que esta preside, el Parlamento Europeo. El Gobierno ya había hecho dicha petición por carta el pasado mes de septiembre, como confirmó la ministra de Política Territorial Isabel Rodríguez.


La paradoja es que la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado rechazó hace apenas una semana, gracias al voto en contra del PP y de Vox y la abstención del PSOE, una iniciativa de Junts que pretendía obligar al Gobierno a impulsar dicha oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la UE. A favor de la moción votaron ERC, PNV y Bildu.


Más allá de que en este asunto en concreto sea difícil saber si el Gobierno está a favor o en contra de una medida que exige un día por carta, para votar en contra al cabo de pocas semanas, y volver a solicitarlo siete días más tarde, está el asunto de la irracionalidad de una medida que sería aprovechada por los partidos y movimientos separatistas de toda la UE para exigir una medida equivalente.


En la UE se cuentan 60 dialectos minoritarios, entre los cuales figuran el catalán, el euskera y el gallego. Todos los hablantes de esos 60 idiomas son perfectamente capaces de desarrollar sus actividades profesionales, personales y políticas en el idioma mayoritario y común oficial en su país.


Es difícil imaginar una medida más contraria al espíritu fundacional de la UE que convertir el Parlamento Europeo en una Torre de Babel en la que los dialectos locales minoritarios sean utilizados como arma arrojadiza contra los idiomas mayoritarios y comunes que todo europarlamentario, sin duda alguna, domina.


*** El Merodeador es el seudónimo colectivo de la sección de Opinión de EL ESPAÑOL integrada por Cristian Campos, Jorge Raya Pons y Víctor Núñez


Roures pone su negocio al servicio de golpistas y socialcomunistas

OKDIARIO. 12 Noviembre 2022


El negocio del podemita Jaume Roures se nutre tanto del socialcomunismo como del independentismo. Desde su empresa proveedora de servicios Overon, perteneciente al grupo Mediapro, dio señal en directo de la manifestación separatista que se desarrolló en Madrid, en marzo de 2019, contratado por la Assemblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, entidades organizadoras de la marcha. Igualmente, Overon cubrió en su integridad la manifestación feminista organizada por la Comisión 8-M de ese mismo año. Este empresario, que contribuyó a la expansión mediática de Podemos desde sus inicios, guarda estrecha relación con el ex secretario general de la formación morada Pablo Iglesias y se ha convertido en el brazo mediático por excelencia del socialcomunismo.


Ahora ha encontrado en la manifestación contra la sanidad pública madrileña, alentada por la izquierda, un motivo para servir a los intereses del socialcomunismo y servirse a sí mismo, que es lo que caracteriza a un tipo que ha hecho de su ideología un negocio. Así que pondrá sus unidades móviles al servicio de la causa. La retroalimentación de intereses entre Roures, el socialcomunismo y los golpistas catalanes es obvia; tanto como su inquina a Isabel Díaz Ayuso. Que nadie se engañe: la sanidad pública madrileña, que da sopas con onda a la sanidad pública catalana que con tanta pasión defiende Roures, no corre peligro alguno, pero la izquierda no ha encontrado mejor motivo para descargar su inquina contra la presidenta madrileña que vender la falsa y abyecta idea de que la sanidad en Madrid es un caos. Será por eso que Ayuso arrasó en las últimas elecciones en la comunidad. No hay mal que por bien no venga: que Roures transmita la señal de las manifestaciones contra Ayuso es la prueba del nueve de la impotencia de una izquierda rabiosa. Les queda eso: un empresario amigo de los golpistas catalanes y una proveedora de servicios, Overon, que es la unidad móvil del socialcomunismo.


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