Recortes de Prensa  Martes 20 Diciembre 2022

El vergonzoso fracaso de Rusia en la guerra de Ucrania

JOHN CALLAHAN. la razon. 20 Diciembre 2022


Definitivamente es invierno. Aquí en Washington DC hace un frío impropio de la estación desde mediados de noviembre. En algunas partes de Europa, y especialmente en Ucrania, es mucho peor que eso, y sólo estamos en diciembre.


Es difícil saber exactamente lo que está ocurriendo en Ucrania. Los indicios apuntan a que, mientras los rusos siguen machacándose en el frente de Bajmut, los ucranianos están preparando otro ataque, aunque todavía no se sabe dónde podría ser. En la era de la gratificación instantánea de la información, el seguimiento de esta guerra ha resultado frustrante debido al dominio ucraniano de la seguridad operativa.


Mientras tanto, el intento de Rusia de movilizar una fuerza para reemplazar sus pérdidas y terminar la guerra parece haber sido un vergonzoso fracaso. Sus fuerzas, insuficientes e inadecuadamente adiestradas, recurren cada vez más a armamento obsoleto, con resultados previsibles. El régimen de Putin también recurre cada vez más a ataques contra la red eléctrica y a otros esfuerzos tanto para obstaculizar la flexibilidad operativa ucraniana como para quebrar la moral de la población civil. En este momento, por ejemplo, en un día determinado un millón o más de civiles están sin electricidad.


Esta semana, en respuesta a la creciente barbarie de los ataques rusos con misiles y aviones no tripulados contra la población civil de Ucrania, funcionarios estadounidenses han sugerido que están elaborando planes para suministrar al ejército ucraniano misiles antiaéreos avanzados Patriot. Se trata, por supuesto, de una señal del compromiso continuado estadounidense, y presumiblemente europeo, de apoyar a Ucrania. Del mismo modo, Alemania está avanzando hacia la fabricación de su propia munición para los vehículos antiaéreos que ya ha proporcionado a Ucrania, evitando la resistencia de los productores suizos que desean mantener su neutralidad.


Mientras tanto, los rusos intentan claramente distraer y fracturar a la OTAN en los Balcanes haciendo que sus apoderados serbios amenacen con una nueva ocupación de Kosovo. Por el momento, la Alianza se mantiene firme en sus compromisos en los Balcanes, y esperemos que eso sea suficiente para disuadir a Belgrado de reavivar los horrores de la guerra civil yugoslava de los años noventa.


Las guerras tienen la costumbre de aclarar las cosas, al menos a corto plazo. Esta guerra ha aclarado muchas cosas. Nos ha mostrado que en Europa todavía pueden producirse guerras importantes, a pesar de todos nuestros esfuerzos, especialmente desde el final de la Guerra Fría. Ha mostrado la compasión de los europeos al acoger literalmente a millones de refugiados de Ucrania, sin saber cuándo podrán volver a casa. Ha visto que la alianza occidental sigue viva, y que las economías occidentales siguen teniendo el poder de imponer duras sanciones económicas cuando es necesario. Ha aclarado las enormes ventajas tecnológicas de la Alianza, así como revelado la farsa del poder militar ruso. Lo que queda por aclarar, y depende del coraje y la fuerza de voluntad ucranianos, es si Occidente acabará imponiéndose, una cuestión crítica para el futuro de un mundo lleno de desafíos.


¿Qué sentido tiene todo esto? A medida que nos acercamos cada vez más a la época navideña, y al invierno en general, habrá una tendencia natural a dejar de lado todo este malestar, sobre todo si el frente ucraniano parece estable o tranquilo. Por desgracia, lo que hay que evitar es precisamente el desinterés y la complacencia, ya que la guerra no se ha detenido y seguramente aumentará en intensidad y violencia. La invasión de Ucrania fue un “conflicto congelado” de 2015 a 2022, y nada bueno puede venir de que vuelva a ese estatus. Pase lo que pase esta semana, o en las próximas, lo más importante es que en Occidente no perdamos interés en la guerra.


John Callahan es decano de la Escuela de Estudios de Posgrado y Profesionales en el New England College (EE UU)


Moscú acusa a Occidente de "reacción histérica" y la ONU no ve acuerdo posible

El Confidencial. 20 Diciembre 2022


El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha arremetido verbalmente contra Occidente, afirmando que la "reacción histérica" a su "operación militar especial" ha confirmado la opinión de Rusia de que la guerra había sido "absolutamente necesaria".


El secretario general de la ONU, António Guterres, ha asegurado este lunes que no es optimista respecto a la posibilidad de que Rusia y Ucrania mantengan negociaciones de paz en un futuro cercano. "Creo que la confrontación militar va a continuar y creo que aún tendremos que esperar un momento en el que sean posibles negociaciones de paz serias", ha afirmado.


"No nos hacemos ilusiones de que una verdadera negociación de paz sea posible en un futuro inmediato", ha insistido.


Aunque ha asegurado no ser optimista por ahora, el jefe de Naciones Unidas ha recalcado que la guerra tendrá que acabar de forma negociada, pues no hay una solución militar a este conflicto. Ese final de la guerra, ha subrayado, debería además ajustarse a la Carta de Naciones Unidas, que entre otras cosas exige el respeto de la independencia e integridad territorial de los estados.


Sobre la situación sobre el terreno, Guterres ha denunciado la reciente "escalada" llevada a cabo por Rusia, con "duros bombardeos" de la infraestructura eléctrica que "están teniendo un impacto dramático en las condiciones de vida" de la población y que "tendrán consecuencias terribles para el futuro".


Las claves del momento:

Guterres no ve posible la negociación de paz entre Ucrania y Rusia a corto plazo

Putin y Lukashenko hablan de cooperación y callan sobre el conflicto ucraniano

El Kremlin califica de "ataque contra el mercado" el tope del precio del gas

Rusia ataca Ucrania con drones iraníes y Putin busca mayor apoyo de Minsk

Moscú reabre al tráfico el puente de Crimea dos meses después de la explosión


Hace 19 minutos 07:53

Rusia afirma que el fortalecimiento de la asociación entre Moscú y Minsk irrita a EEUU

La Embajada de Rusia en Estados Unidos ha afirmado que el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Moscú y Minsk crea irritación a Washington.


"Aparentemente, este desarrollo causa irritación en Estados Unidos, que no abandona sus intentos de aislar a la Federación Rusa y la República de Bielorrusia en la arena internacional", reza un comunicado de la oficina, que acusa a Washington de injerencia.


"Tales declaraciones del representante oficial de la administración son una injerencia de facto en los asuntos internos (de Rusia)", critica la Embajada.


Hace 38 minutos 07:33

Lavrov tacha de "histérica" la reacción de Occidente

El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha acusado al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, de "falta de comprensión de la gravedad del momento y falta de preocupación por su pueblo".


"No hace más que burbujear ideas", ha afirmado Lavrov en una entrevista concedida el lunes al canal de televisión Belarus 1 en Minsk, recogida posteriormente por la agencia DPA.


Según el jefe de la diplomacia rusa, las ideas del mandatario ucraniano revelan a su vez "el carácter racista" de los dirigentes de Kiev.


Al mismo tiempo, Lavrov ha arremetido verbalmente contra Occidente, afirmando que la "reacción histérica" a la "operación militar especial" -como se denomina la invasión de Ucrania en la jerga oficial moscovita-, ha confirmado la opinión de Rusia de que la guerra había sido "absolutamente necesaria".


Anteriormente, el ministro de Exteriores había reconocido que "no tiene sentido" que Moscú mantenga en los países occidentales la misma presencia diplomática que antes del estallido de la guerra.


Hace 41 minutos 07:31

Guterres no ve posible la negociación de paz entre Ucrania y Rusia a corto plazo

El secretario general de la ONU, António Guterres, aseguró este lunes que no es optimista respecto a la posibilidad de que Rusia y Ucrania mantengan negociaciones de paz en un futuro cercano.


"Creo que la confrontación militar va a continuar y creo que aún tendremos que esperar un momento en el que sean posibles negociaciones de paz serias", dijo Guterres preguntando en una conferencia de prensa.


"No nos hacemos ilusiones de que una verdadera negociación de paz sea posible en un futuro inmediato", insistió.


CONFLICTO BÉLICO A LAS PUERTAS DE EUROPA

300 días de guerra en Ucrania, del "paseo militar" que soñó Putin a un desafío mayúsculo para Rusia

La contienda deja ya más de 6.600 civiles muertos, 8 millones de desplazados y más de 200.000 bajas en las fuerzas armadas de ambos países

AGENCIAS. REPÚBLICA. 20 Diciembre 2022


La campaña militar rusa en Ucrania, diseñada como una operación relámpago, cumplió este martes 300 días ante la resistencia encarnizada de las tropas ucranianas, que han frustrado los planes del Kremlin y han conseguido recuperar parte del territorio ocupado por la tropas de Moscú. El balance de la invasión rusa es desolador: más de 6.600 civiles muertos, 8 millones de desplazados y más de 200.000 soldados rusos y ucranianos, que han perdido la vida o han sido heridos, según el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, Mark Milley.


El único logro importante del Ejército ruso en casi diez meses de combates ha sido la creación de un corredor terrestre hacia la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, a través de autoproclamada república popular de Donetsk y del sur de las regiones de Zaporiyia y Jersón.


El corredor, de importancia estratégica, podría ser, según expertos militares occidentales, el objetivo de una próxima contraofensiva ucraniana después de la de Járkov, en el noreste del país, y de la que concluyó en octubre pasado con la recuperación de Jersón, capital de la región homónima, en el sur del país.


Zelenski visita el frente

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, visitó este martes Bájmut, ciudad en la región de Donetsk, a unos cien kilómetros de la frontera con Rusia, sometida todo este tiempo a incesantes ataques de la fuerzas rusas, donde departió con los soldados e impuso condecoraciones.


Zelenski afirmó que Bájmut sigue siendo el "punto más caliente" de toda la línea del frente de 1.300 kilómetros.


"Creo que los héroes de Bájmut deben tener lo mismo que otras personas. Quisiera que sus hijos y su familias estén bien, que tengan calefacción, salud. Quisiera que tuvieran luz, que se corta, la situación es compleja. Pero lo importantes es que haya (luz) en el interior" de las personas, dijo este martes el mandatario.


Casi simultáneamente, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, también entregaba condecoraciones, pero en una ceremonia en el Kremlin.


Entre los distinguidos había militares destacados en la campaña en Ucrania y estaban también, entre otros, los líderes designados por Moscú en las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, anexionadas en septiembre pasado.


La campaña lanzada el 24 febrero que según Putin debía "desmilitarizar" y "desnazificar" Ucrania, y que medios afines al Kremlin presentaron el primer día prácticamente como un "paseo militar", se ha convertido en un desafío mayúsculo a Rusia, que ha puesto en duda incluso la capacidad de su Ejército.


La resistencia presentada por Ucrania, apoyada por Occidente, ha desvelado las carencias de las tropas rusas en una campaña bélica convencional, ya que no han podido capaces de hacerse con el control con la totalidad del territorio de las regiones anexionadas.


Los llamamientos de Putin, al día siguiente de la entrada de sus tropas en Ucrania, a los militares ucranianos a deponer a Zelenski no surtieron ningún efecto y desvelaron la falta de conocimiento de la situación en la Fuerzas Armadas del vecino país, que cerraron filas en torno su comandante supremo.


Ucrania se rehace y Rusia cambia de táctica

Con el correr de las semanas y la llegada de armamento occidental moderno, el Ejército ucraniano consiguió estabilizar la situación en los frentes y frenar la ofensiva de las tropas rusas sobre Kiev, que tuvieron que replegarse, retirada que fue presentada por Moscú como un "gesto de buena voluntad".


Luego se sumaron repliegues en el este y el sur, a lo que siguió un cambio de táctica radical de Rusia: a partir de octubre comenzó a atacar masivamente con cohetes y drones las infraestructuras energéticas de Ucrania, privando de luz, calefacción y agua a millones de ucranianos.


"Ahora hay mucho barullo por nuestros ataques contra la infraestructura energética del país vecino (Ucrania). Sí, nosotros hacemos esto. Pero ¿quién empezó? ¿Quién atacó el puente de Crimea, quién voló las líneas de alta tensión de la central nuclear de Kursk, quién no suministra agua a Donetsk?", declaró Putin el pasado día 8 en alusión a las acciones ucranianas.


TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El Constitucional da la razón al PP y el Senado no podrá votar el golpe de Sánchez al Poder Judicial

TERESA GÓMEZ. okdiario. 20 Diciembre 2022


El Tribunal Constitucional admite las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP y frena el asalto de Pedro Sánchez al órgano máximo garante de la Carta Magna. De esta manera, el Senado no podrá votar el próximo jueves, 22 de diciembre, la insólita reforma del Código Penal que, vía enmiendas, modifica las leyes orgánicas del Poder Judicial y del propio Tribunal Constitucional, asegurándose una mayoría de izquierdas en el órgano.


El pleno ha admitido las cautelarísimas por seis votos frente a cinco. El bloque izquierdista formado por Cándido Conde-Pumpido, Ramón Sáez, Inmaculada Montalbán y Juan Antonio Xiol ha votado en contra de ellas y a favor de facilitar el asalto de Sánchez al Poder Judicial. Sin embargo, el bloque formado por los propuestos por el PP ha votado a favor de admitir las cautelarísimas.


El ponente Enrique Arnaldo ha defendido que dichas cautelarísimas deben ser admitidas porque los recurrentes han alegado que se está vulnerando el ius in officium de los parlamentarios. Y, por ende, en el supuesto de que se aprobase de manera definitiva la derogación del delito de sedición y se eliminase la obligatoriedad de los tres quintos para que el Consejo General del Poder Judicial eligiese a los dos miembros del Constitucional, se «consumaría la barbarie» y el derecho de los parlamentarios se habría vulnerado sin perjuicio de poder restablecerlo.


Admisión a trámite

Además de resolver sobre las citadas cautelarísimas, los magistrados aprobaron antes la admisión a trámite del recurso del PP contra dos enmiendas por las que se modifica el sistema de elección y llegada de los dos candidatos al Constitucional que debe nombrar el CGPJ, tal y como adelantó OKDIARIO. Y, en ese mismo pleno extraordinario, el Constitucional ha rechazado por seis votos a cinco las recusaciones del presidente Pedro González-Trevijano y el magistrado Antonio Narváez. Las mismas fueron solicitadas por PSOE y Podemos para facilitar el asalto de Pedro Sánchez a la Corte de Garantías.


El bloque izquierdista votó a favor de apartar a al presidente González- Trevijano y al magistrado Narváez de la votación apoyándose en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que exige examinar la composición del tribunal para cumplir con la exigencia de «apariencia de imparcialidad de sus miembros».


Sin embargo, el bloque formado por los propuestos por el PP ha defendido que en la actualidad no sólo tienen el mandato caducado el presidente González-Trevijano y el magistrado Narváez sino que que también lo tienen el vicepresidente Juan Antonio Xiol y el magistrado Santiago Martínez-Vares. Si se aparta del tribunal todos los miembros con el mandato vencido el Pleno se vería reducido a siete magistrados y, por tanto, no tendría el quórum mínimo –de ocho– para poder formarse.


Recurso del PP

El PP había solicitado al Constitucional que suspendiera de forma cautelarísima la votación del pasado jueves en el Congreso de los Diputados por la que se eliminaba el delito de sedición y se reformaba el sistema de elección de los jueces del Constitucional. Sin embargo, el Pleno extraordinario del tribunal de garantías convocado también el pasado jueves decidió que debía resolver primero sobre si se pronunciaban acerca de las recusaciones de su presidente, Pedro González-Trevijano, y el magistrado Antonio Narváez por ser afectados directamente por la ley, dado que implicaría su salida del tribunal.


La recusación de estos dos magistrados fue promovida por Podemos. En un escrito, los morados explicaban que según el artículo 80 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) «es causa de abstención y, en su caso, de recusación «tener interés directo o indirecto en el pleito o causa». Y en este caso, señalan, «los magistrados respecto de los que se solicita su abstención o recusación son aquellos cuyo mandato se encuentra caducado y se verían directamente afectados por la reforma planteada en la proposición de ley que busca precisamente cumplir con la renovación de los órganos constitucionales».


González-Trevijano y Narváez son dos de los cuatro magistrados del Constitucional cuyo mandato expiró el pasado 12 de junio. Ellos dos fueron los nombrados en su día por el Gobierno de Mariano Rajoy, mientras que los otros dos que continúan en funciones -el vicepresidente, Antonio Xiol, y Santiago Martínez-Vares- fueron designados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).


El PSOE también envió un escrito al Tribunal Constitucional por el cual pide al Pleno que rechace la medida cautelarísima solicitada por el PP –que evitaría el asalto de Sánchez al Poder Judicial–al considerar que, de hacerlo, se provocaría «una perturbación en un interés constitucionalmente protegido», como la potestad legislativa. Y otro en el que se sumaba a la petición de Podemos y recusaba a los magistrados González-Trevijano y Narváez.


El presidente del Tribunal Constitucional decidió aplazar el Pleno del pasado jueves a instancias de un escrito presentado por los cinco magistrados (Juan Antonio Xiol, Cándido Conde-Pumpido, Ramón Sáez y las magistradas María Luisa Balaguer e Inmaculada Montalbán) designados por el PSOE con la excusa de disponer del «tiempo indispensable» que les permitiese «el estudio completo del asunto, a la vista del volumen de la documentación aportada, de la complejidad de la cuestión que plantea el recurso y la relevancia de la decisión». Por este motivo, el Pleno se ha celebrado este lunes y en el mismo se ha decidido admitir el recurso de amparo y las cautelarísimas solicitadas por el PP y rechazar las recusaciones solicitadas por la oposición que ni siquiera son parte en el procedimiento.


El Tribunal Constitucional frena el desafío antidemocrático de Sánchez

Con una decisión histórica e inapelable, el órgano paraliza el intento fraudulento de Sánchez de acabar con la separación de poderes con una trampa lamentable.

Editorial. ESdiario. 20 Diciembre 2022


El Tribunal Constitucional ha restituido la legalidad en España, pese a la feroz oposición de cinco de sus vocales, de todo el Gobierno y de sus relevantes apoyos mediáticos; dando con ello una oportunidad de sobrevivir al Estado de Derecho, amenazado como nunca en décadas por un presidente sin líneas rojas ni límites en sus ansias de monopolizar el poder.


La decisión de órgano ha sido, en realidad, rutinaria: nadie podía esperar que el Constitucional validara una burda intentona de acabar con la separación de poderes, modificando Leyes Orgánicas con una trampa soez que se saltaba todos los controles institucionales, parlamentarios, legales y democráticos previstos por la legislación.


Pero que una respuesta tan previsible haya sido precedida de un ataque furibundo a la independencia judicial y sucedida por unas acusaciones gravísimas contra el Constitucional, acusado de amordazar al Parlamento; da cuenta de la gravedad del desafío democrático protagonizado por el Gobierno y sugiere nuevas afrentas en el futuro inmediato.


Sánchez está echándole un pulso a la propia democracia, con un asalto indecente que no va a parar pese a la resistencia del Constitucional

Por mucho que el relato oficial presente los hechos como una asonada de un grupo de jueces conservadores contra la soberanía popular, encarnada por el Congreso, lo que ha ocurrido es justo lo contrario: Sánchez ha querido variar la separación de poderes, para asumirlos todos, con u procedimiento fraudulento que sorteaba ilegalmente todos los controles democráticos, incluyendo la participación del Parlamento.


El autoritarismo

Y lo ha hecho porque solo así, probablemente, podía salirse con la suya: ninguna ilegalidad puede legalizarse por las bravas, y menos aquellas que afectan a la esencia del Estado de Derecho, modifican de facto la Constitución y entierran la separación de poderes, clave en una democracia digna de tal nombre.


Aunque se haya parado la intentona, el pulso se mantiene: los desprecios a la Justicia de Sánchez, lanzados con mentiras y falsedades indignas del jefe de un Gobierno, pronostican nuevos ataques y ponen a la democracia en una situación límite, cercada por un autoritarismo inaceptable y capaz de utilizar los métodos más espurios para imponerse a cualquier precio.


Un TC fracturado frena la reforma de Sánchez para la renovación exprés del tribunal

RICARDO COARASA. la razon. 20 Diciembre 2022


La tramitación de la reforma que rebaja las mayorías para renovar el Tribunal Constitucional (TC) tendrá que esperar. Según confirman fuentes de la institución, el tribunal de garantías ha acordado, por un solo voto y después de más de nueve horas de enconado debate interno, paralizar de forma cautelarísima el procedimiento parlamentario, que estaba solo a falta de la aprobación en el Senado, lo que perpetúa el bloqueo en la renovación del TC, pendiente desde el pasado junio, a la espera del acuerdo en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).


En una decisión sin precedentes -que deja en suspenso una iniciativa parlamentaria de las Cortes antes de que sea aprobada- el Pleno del TC ha avalado la ponencia del magistrado conservador Enrique Arnaldo tras admitir a trámite el amparo solicitado por los populares, sortear las recusaciones de dos jueces conservadores y después de un tenso tira y afloja entre los magistrados que se ha prolongado durante nueve horas y en el que ha resultado determinante el voto del presidente del tribunal, Pedro González-Trevijano.


El TC entiende que, de no acordar la suspensión, se produciría un perjuicio irreparable o de difícil restitución -con la aprobación de la reforma- que convertiría en papel mojado la resolución sobre el fondo del asunto: la invocada vulneración del derecho de participación política de los ciudadanos a través de sus representantes.


Además del presidente y del ponente Enrique Arnaldo, otros cuatro magistrados conservadores se han posicionado a favor de acordar la suspensión cautelarísima de la tramitación de la reforma: Antonio Narváez, Santiago Martínez Vares, Ricardo Enríquez y Concepción Espejel. Por contra, los magistrados progresistas Cándido Conde-Pumpido, el vicepresidente Juan Antonio Xiol, María Luisa Balaguer, Ramón Sáez e Inmaculada Montalbán se han opuesto después de defender que, antes de la votación de la medida, el Pleno decidiese sobre las recusaciones planteadas. Y es que con Trevijano y Narváez fuera de la votación, el bloque progresista tendría la mayoría con cinco votos frente a los cuatro de los conservadores, lo que despejaba el camino para rechazar la suspensión urgente.


Así lo ha decidido el Tribunal Constitucional (TC) en el Pleno celebrado hoy después de que el pasado jueves la sesión tuviese que aplazarse al dejar claro los cinco magistrados progresistas que no estaban dispuestos a votar sin disponer de más tiempo para estudiar la cuestión, tras los escritos de última hora de PSOE y Podemos oponiéndose a la suspensión cautelar de la tramitación de la reforma y la solicitud de amparo de Vox, que se unió a la que ya había cumplimentado el PP.


“Consecuencias políticas” y “relevante repercusión social”

En la parte dispositiva de su resolución, el TC explica que admite a trámite el recurso de amparo del PP al apreciar “una especial trascendencia constitucional” como consecuencia de que la cuestión planteada es de “relevante y general repercusión social” y tiene “unas consecuencias políticas generales”


Los magistrados emplazan además a los diputados del Grupo Parlamentario Popular firmantes de la demanda de amparo a que por medio de su presidenta comparezca en el proceso en el plazo de diez días en calidad de parte demandante y traslada al Ministerio Fiscal la admisión a trámite del recurso para que informe al respecto.


Asimismo, el Pleno tiene por personados en calidad de "coadyuvantes de la parte demandada", por ostentar "interés legítimo", tanto a Unidas Podemos como a los diputados Pablo Echenique y Enrique Santiago, como portavoces principal y adjunto de dicho grupo, así como al Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso y en el Senado, al diputado socialista Felipe Sicilia, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso y al vicepresidente de la misma, el diputado de Podemos Roberto Uriarte.


No obstante, aclara, todos ellos “carecen en este momento procesal de legitimación para instar la recusación de los magistrados del Tribunal Constitucional, por no estar constituida la relación jurídico-procesal, sin que ello comporte la vulneración del derecho al juez imparcial”, por lo que, añade, “procede inadmitir a trámite las recusaciones planteadas”.


El Pleno requiere “con carácter urgente” al Congreso para que antes de diez días “remita certificación” de las actuaciones recurridas y suspende cautelarmente “la tramitación parlamentaria de los preceptos que modifican la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional”, introducidos en la proposición de ley de reforma del Código Penal, aprobada por el Pleno del Congreso el pasado día 15 de diciembre, y “que se corresponden con las disposiciones transitorias cuarta y quinta y con la disposición final primera y segunda apartado 4″.

El TC abre además una pieza separada y concede un plazo de diez días al Ministerio Fiscal y demás partes personadas para que efectúen alegaciones respecto al mantenimiento de la medida cautelar de suspensión acordada. Y ordena notificar la parte dispositiva de su resolución, “sin perjuicio de la notificación de la resolución íntegra una vez redactada, así como los votos particulares anunciados” por parte de los cinco magistrados progresistas, tanto al Congreso como al Senado, así como al PP, a los personados en la condición de coadyuvantes de la parte demandada y al Ministerio Fiscal.


Aluvión de escritos

Hasta el tribunal han llegado en los últimos días casi una veintena de escritos en relación a este asunto. Hoy mismo, el presidente de la Comisión de Justicia, Felipe Sicilia, ha pedido al TC personarse en el procedimiento al considerar “evidente” su interés legítimo y, al igual que ya hizo Podemos, reclama además que se abstengan de participar en el mismo el presidente del tribunal, Pedro González-Trevijano, y el magistrado Antonio Nárvaez, que en cuanto se apruebe la modificación legal saldrán del TC al estar ya nombrados por el Gobierno de Pedro Sánchez sus sustitutos (el exministro Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez). Una petición que en el mismo sentido también ha trasladado al TC el Grupo Parlamentario Socialista en el Senado a través de su portavoz adjunta, María Fernández Álvarez.


A su vez, el PSOE ha trasladado ya al Tribunal Constitucional sus alegaciones en contra de la suspensión cautelar mientras que Podemos ha instado a los magistrados a que eleven al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una cuestión prejudicial para que aclare si Trevijano y Narváez deben abstenerse.


El PP cuestiona los acuerdos de la Mesa

En su recurso, el PP cuestiona el acuerdo adoptado el pasado día 12 por la Mesa de la Comisión de Justicia, al admitir dos enmiendas planteadas por PSOE y Unidas Podemos para rebajar –en el marco de la proposición de ley que deroga el delito de sedición– la mayoría necesaria para que el CGPJ designe a sus dos candidatos al TC (de tres quintos a mayoría simple).


Una vez esa reforma entre en vigor tras el visto bueno del Senado y su publicación en el BOE, los vocales del Consejo podrán proponer cada uno a un candidato y solo podrán votar a uno de los aspirantes propuestos, resultando elegidos los dos con mayor número de apoyos. Además, se enfrentarán a posibles responsabilidades penales si bloquean el acuerdo. La modificación legal también afecta al papel del propio TC en su renovación, pues el plácet del Pleno a los candidatos dejará de ser preceptivo como hasta ahora. Además, el Gobierno podrá sentar en el Pleno a sus dos elegidos aunque el CGPJ demore su elección (y a la inversa).


Los populares se quejan en su recurso de amparo de la decisión adoptada el pasado día 13 por Felipe Sicilia, que se negó a que la Mesa valorase una posible reconsideración del acuerdo de admisión de enmiendas, como reclamaron los populares.


Vox ve un “fraude de ley”

Posteriormente, hasta el Constitucional llegó otro recurso de amparo, en el que Vox también solicitaba la paralización cautelar de la tramitación de la polémica reforma legislativa, cuyo procedimiento de aprobación considera un “fraude de ley” llevado a cabo “con la exclusiva finalidad de eludir el procedimiento de aprobación de un proyecto de ley más riguroso y garantista”.


La formación de Santiago Abascal exponía en su recurso que la reforma avala la elección para el TC de dos magistrados propuestos por el Gobierno “sin necesidad de verificación de idoneidad por el TC” y “sin que se verifique su independencia”.


Tanto PP como Vox remitieron sendos escritos al TC el pasado viernes en los que especificaban que la petición de suspensión cautelar de la tramitación de la reforma en el Congreso se extendía también a su tramitación en el Senado, para evitar que sus recursos de amparo perdieran su objeto dado que la tramitación parlamentaria en la Cámara Baja ya se ha producido.


PSOE: legalidad de los acuerdos parlamentarios

PSOE y Podemos reaccionaron a la petición del PP remitiendo sendos escritos al Constitucional en la noche del pasado miércoles (horas antes de la hora fijada para la celebración del Pleno que finalmente frenaron los cinco magistrados progresistas) oponiéndose a esa suspensión cautelar y reclamando ser parte en el procedimiento y que se escuchasen sus argumentos.


El PSOE pidió a los magistrados que “no se adopte medida cautelar alguna” contra una tramitación parlamentaria “que no ha concluido”. “La admisión de una medida cautelar que eventualmente produzca la suspensión del procedimiento parlamentario impide que el conjunto de diputados y diputadas ejerzan legítimamente sus funciones parlamentarias, como representantes de los ciudadanos”, advierten. Y pone en valor la jurisprudencia del propio tribunal que apunta que en supuestos similares debe prevalecer “la presunción de legalidad de los acuerdos de la Mesa del Parlamento”.


Las recusaciones de Podemos

Por su parte, Podemos reclamó que se tumbara la petición de suspensión cautelar “dado que el procedimiento legislativo no ha concluido” y la no tramitación no puede causar ningún perjuicio de difícil reparación, por lo que acordarla supondría -en su opinión- vulnerar el derecho de participación política de los ciudadanos a través de sus representantes políticos.


Pero la formación morada solicitó asimismo que dos de los magistrados del TC que están pendientes de ser relevados (el Gobierno ya ha elegido a sus dos candidatos y está solo pendiente del plácet del TC, que prefirió esperar a que el órgano de gobierno nombrase a sus dos magistrados) no participen en la decisión puesto que su mandato “se encuentra caducado y se verían directamente afectados por la reforma planteada”.


La formación morada hacía referencia a González-Trevijano y Narváez (elegidos ambos por el Gobierno de Mariano Rajoy), pero no a los otros dos magistrados cuyo mandato también expiró en junio (elegidos estos por el CGPJ): el progresista Juan Antonio Xiol, actual vicepresidente de la institución, y el conservador Santiago Martínez Vares.


Sánchez lo volverá a hacer

EDITORIAL. gaceta. 20 Diciembre 2022

Antes de lanzarnos a disfrutar de la victoria momentánea que el Estado de Derecho consiguió ayer frente al totalitarismo en el pleno del Tribunal Constitucional, conviene contener la alegría y reflexionar con la seriedad que exige la gravedad del momento que vive España.


Durante los últimos años, en este periódico hemos dedicado cientos de informaciones y decenas de editoriales a prevenir sobre el riesgo evidente de que el Gobierno de Pedro Sánchez, apoyado por una mayoría parlamentaria destructiva, optara por la solución positivista de forzar desde el Legislativo un enfrentamiento con la Justicia para desacreditarla como enemiga de la soberanía popular. Soberanía que, por cierto, no existe para nuestro ordenamiento jurídico. Es la soberanía nacional. El que la adjetive como popular, ese es el traidor.


Alertamos de lo que iba a ocurrir no por ciencia infusa, sino porque conocemos al dedillo el manual de instrucciones del bolivarianismo que hoy, después de una gira triunfal por la Iberosfera, se sienta en el Consejo de Ministros y en los escaños del Congreso. Así, en concreto, es como Hugo Chávez Frías (q.e.p.n.d), transformó Venezuela en una dictadura, asaltando el Poder Judicial en 2002 con un golpe institucional en el que rebajó la elección de los jueces del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela desde los tres quintos a la mayoría simple. Maldita y bendita hemeroteca.


Ese modelo de éxito de transición de la democracia liberal a la democracia iliberal como antecesora de la tiranía fue copiado de inmediato por todos los Gobiernos que fueron cayendo en manos del Foro de Sao Paulo. En todos, sin dejar uno, el Socialismo del siglo XXI asaltó la independencia del Poder Judicial. Que el criminal Lula da Silva vuelva a ser el presidente electo de Brasil o que la ex presidente provisional de Bolivia, Jeanine Áñez, padezca una injusta prisión, son dos ejemplos perfectos de cómo el socialcomunismo ha logrado destruir el sistema de contrapesos que requiere la supervivencia del Estado de Derecho. En todos los casos, además, contó con la complicidad de determinados jueces y magistrados que por ambición, codicia o miedo, apoyaron el asalto.


Todo esto, como decimos, es simple hemeroteca… de los medios que en su inmensa mayoría fueron destruidos, cancelados o prohibidos por los gobiernos bolivarianos en el asalto a la libertad de información y de opinión que siempre subsigue al asalto al Poder Judicial y que precede al control de los tribunales electorales y a la ilegalización de la oposición política real.


España vive hoy el primer capítulo de ese plan. Que de los once magistrados del Constitucional, sólo una exigua mayoría de seis haya conseguido frenar el asalto, nos coloca en una situación de incertidumbre ante el futuro inmediato. No hay catedrático de Derecho Constitucional apartidista al que no hayamos leído denunciar la forma elegida por el Parlamento para colar el asalto. Una forma no sólo inconstitucional de la mayoría frankenstein, sino anticonstitucional, que es una categoría inferior que nos conecta con las repúblicas bananeras. Y si la práctica unanimidad de los expertos constitucionalistas así lo ha denunciado, que una poderosa minoría de cinco magistrados haya votado a favor de algo tan anticonstitucional —jurisprudencia manda—, nos debe inquietar en extremo.


Esta victoria pírrica daña al Tribunal Constitucional, sin duda. Los altavoces mediáticos del Gobierno, los que han insistido como papagayos amaestrados en la caducidad de determinados magistrados, perseverarán en su estrategia de formar una verdad popular, como esa falaz soberanía, contraria a la realidad. Los lamentables mensajes institucionales nocturnos de los presidentes del Congreso y del Senado, en los que acatan a regañadientes la decisión del TC entre fingidos llantos democráticos, son parte de la estrategia de creación de ese estado de ánimo que convertirá en víctimas a los sicarios del autócrata.


No nos engañemos. En medio de una tremenda crisis económica y social, en una sociedad empobrecida, fracturada y con un Gobierno dispuesto a todo por mantenerse en el poder, no es fácil formar una opinión pública que entienda todo el daño inflingido a la separación de poderes, sobre todo cuando, por desgracia, fue el propio Partido Popular el que, cuando gobernó con una mayoría absoluta que jamás volverá a tener, se negó a cumplir con su promesa de devolver la independencia a la Justicia que le fue arrebatada en tiempos de Felipe González. De aquellos polvos, este lodazal.


Pese a ello, y por todo lo anterior y por lo que está por venir, es necesaria una acción conjunta de las fuerzas de oposición en forma de moción de censura, como propone Vox, para que desde la sede de la soberanía nacional, que no popular, se informe a los españoles sin censuras mediáticas de la intentona de golpe institucional de este Gobierno y de los partidos que lo apoyan. Una moción que se podrá perder, pero que abrirá los ojos a Europa y a muchos españoles que bastante tienen con lidiar cada día con la crisis económica monumental que Sánchez y sus ministros han agudizado con su incompetencia.


Los españoles no sólo necesitamos votar, que desde luego y con urgencia, sino antes de eso tener la absoluta seguridad de que hay unos partidos constitucionalistas que conocen la Historia, que han aprendido de los errores propios o ajenos, y que se comprometen a defender la nación española con leyes constitucionales desacomplejadas que corrijan todo lo que está mal en España. Que es, en concreto, todo lo que ha permitido que Pedro Sánchez, como si fuera un sedicioso catalán, lo haya intentado y lo que permitirá que lo vuelva a hacer.


El TC frena a Sánchez

Editorial ABC. 20 Diciembre 2022


El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado paralizar cautelarmente la pretensión del Gobierno de apoderarse del Consejo General del Poder Judicial y del propio TC para satisfacer al independentismo, consolidar su 'asalto' con una mayoría de estricta obediencia a La Moncloa y ejercer un control político total sobre ambas instituciones. De este modo, el TC frena en seco un modo inquietante de legislar ya que para aprobar sus reformas, el Gobierno se había saltado todo tipo de consultas a los órganos constitucionales, había vetado el debate con la oposición y había usado para ello una ley sin conexión alguna con las que quería modificar. No es ningún golpe de Estado de jueces contra el Gobierno del progreso y el bienestar. No es ningún 'golpe blando' a la democracia. Y no es un tribunal declarado en rebeldía frente a decisiones del Parlamento, entre otros motivos porque pese a la excepcionalidad de esta medida cautelarísima, el principio de legalidad siempre impera incluso por encima de las mayorías parlamentarias. Y eso es lo que no asume la izquierda.


El Gobierno y sus socios son soberanos a la hora de plantear reformas legislativas, como así ha sido. Incluso, aunque el PSOE incumpla flagrantemente su programa electoral y Sánchez quede retratado por la hemeroteca. Dijo en su día que lucharía contra la corrupción y ahora ha abaratado la malversación de caudales públicos, y dijo que detendría a Carles Puigdemont y da por derogado el delito de sedición. Sin embargo, ser soberano a la hora de plantear reformas no implica ni que estas sean constitucionales, ni que su tramitación se esté realizando conforme a los estándares democráticos lógicos. Las prisas de Sánchez, su afán por saltarse trámites y su empeño por gozar de un TC a su medida que dé patente de corso a toda su legislatura, le han hecho toparse de frente con un TC fracturado, que se ha limitado a ejercer sus funciones correctamente y a paralizar provisionalmente todo un fraude legislativo. Promover sendas reformas de la ley orgánica del Poder Judicial y del TC a través de enmiendas 'colgantes' en el Código Penal no solo no tiene sentido político, sino que además carece de todo tipo de rigor jurídico.


Más preocupante aún es que el Gobierno haya planteado este episodio como una amenaza o una batalla campal para lograr la sumisión del TC. Ha habido socialistas hablando de 'golpismo judicial' frente a la libertad de un Parlamento; se ha hablado de 'soberanía popular' en lugar de 'soberanía nacional', lo cual es muy diferente; se ha estigmatizado desde el Ejecutivo a los magistrados conservadores insinuando que su única pretensión es permanecer en sus poltronas impidiendo que un Gobierno legítimo legisle; e incluso se ha instado al PSOE a desobedecer. ¿Desconocen el poder ejecutivo y legislativo que el TC es el dique de contención de nuestra democracia? ¿Desconocen que deslegitimándolo se deslegitima nuestro Estado de derecho? El Gobierno no solo ha asumido sin disfraces ni matices el discurso del independentismo catalán, sino que ha debilitado al Tribunal para manejarlo a capricho, y además con un choque institucional inédito repleto de acusaciones injustas e inveraces. Y no, el TC no está 'caducado', sino en prórroga. ¿O estaba 'caducada' la expresidenta María Emilia Casas cuando Rodríguez Zapatero prorrogó automáticamente y 'sine die' su mandato para tener un control absoluto sobre la sentencia del Estatuto catalán? La decisión del TC exige ser respetada y cumplida, aunque el Gobierno no la comparta. Es el Ejecutivo quien socava la democracia, no al contrario, porque esto no es un problema de negación de legitimidades, sino de respeto a los contrapesos del Estado.


Ayer, hoy, mañana. absoluta arbitrariedad en la (in)justicia

Nota del Editor. 20 Diciembre 2022


Votos particulares, interpretaciones contrapuestas y si lo que vale al final es el poder del voto, no de la razón, seguimos teniendo un problema: esto de la justicia es un cachondeo.


Sería mas barato jugarsela con un barrilete de dados, pero más barato e igual de arbitrario.


Acabar con la democracia en cuatro pasos

AGUSTÍN GARCÍA. okdiario. 20 Diciembre 2022


En su famoso libro, Levitski y Ziblatt nos cuentan cómo mueren las democracias líderes a manos de líderes que han ganado las elecciones y que, tras alcanzar el poder, cambian los principios y bases de la democracia, politizando tribunales, absorbiendo competencias del legislativo, despreciando a las minorías o mediante otras prácticas que generan desafección política y pérdida de confianza en las instituciones, lo que supone el principio de la muerte de una democracia, que es no creer en ella. ¿Les suena? Aquellos profesores americanos se saben muy bien la teoría, pero quien mejor nos enseña, día a día, cómo ponerla en práctica, es el doctor Sánchez que, en cuatro sencillos pasos, es capaz de convertir una democracia occidental en un régimen populista y autoritario. Aprendamos su método:


UNO: Eliminar la separación de poderes. Es lo más importante, los demás pasos servirán para justificar este o por si alguien se resiste. Una vez que el Gobierno controle los poderes legislativo y judicial, lo demás será coser y cantar. Para ello, basta con que la presidenta del Congreso sea un títere más y los diputados de la mayoría olviden las promesas que les llevaron a sus escaños y hagan, digan y voten a ciegas lo que les diga el jefe, aunque sea para liberar a violadores. ¿Les suena? Convertido el Parlamento en una ventanilla donde estampar un sello en cualquier papel que le lleve el ministro de turno, solo habrá debate cuando interese y el control del gobierno será pura cosmética retórica para ensalzamiento del líder. Pero eso no bastará, los jueces se seguirán vistiendo por los pies y con las leyes vigentes en la mano podrán truncar los abusos del líder. Así que, para terminar con esa incómoda separación de poderes, habrá que asaltar el Poder Judicial para que los jueces se vistan por donde el Gobierno diga. Y en eso estamos. Más fácil sería cambiar las leyes y así, esos jueces que solo atienden a la ley, no causarían problemas. Pero como las leyes que hacemos pueden ir contra la Constitución y la Constitución no se puede cambiar fácilmente, se asalta también el Tribunal Constitucional y ya está. Para ello, qué mejor que colocar allí al exministro de Justicia. En tiempos de Corcuera había ministros que dimitían si la ley que habían defendido era declarada inconstitucional. Hoy, en vez de dimitir, los ministros son nombrados para que las leyes que han defendido se declaren constitucionales. Es el método Sánchez. Yo me legislo, yo me juzgo. Como Juan Palomo.


DOS: Minar la reputación de las instituciones. Paralelamente a lo anterior, hay que desprestigiar a las Instituciones para conseguir una opinión pública favorable a un Gobierno que se enfrenta a ellas y quiere «cambiarlas». El populista autoritario quiere que veamos que todo lo hace por nosotros, por el pueblo necesitado de su protección, por nuestra convivencia. Se empieza hablando negativamente de judicialización y de sentencias revanchistas y se termina insultando directamente a los jueces: machistas, fachas, golpistas… Y esos insultos no son calentones de políticos que quieren medrar en el partido. Son una premeditada estrategia para justificar el asalto a la Justicia e, incluso, para llegar a justificar el desacato. Si el pueblo está por encima de la ley, también lo estará por encima de los jueces. Si el juez es un machista-facha-golpista, sus sentencias serán machistas-fachas-golpistas y el gobierno (el pueblo) estará por encima de las sentencias y nos librará de ellas; de momento, mediante el indulto, pero luego, ya veremos.


TRES: Opinión pública y publicada. Todo populista autoritario quiere que la opinión pública sea la opinión publicada, pero la publicada por él mismo, claro. Para ello presionará y atacará a los medios no sometidos («la derecha mediática», les llama). Y necesitará argumentadores y argumentos. Lo primero es fácil, basta mimar a un periodismo orgánico caracterizado por un rancio y pueril sectarismo de facultad, capaz de retorcer cualquier hecho o dicho para terminar culpando a Ayuso de la inseguridad en Barcelona. El argumento del populista para cargarse la separación de poderes también resulta sencillo: «la soberanía reside en el pueblo, el Parlamento representa la voluntad popular, luego el Parlamento es el pueblo y está por encima de la Ley y de los jueces». Y la deriva del argumento ya la pueden imaginar: «Como el líder populista controla el Parlamento, él es el pueblo y él dicta las leyes y las sentencias». Olvida ese argumento que la soberanía reside en el pueblo, no en el parlamento y que ni pueblo ni Parlamento están por encima de la Ley mientras esa Ley no se cambie por el procedimiento establecido y sea conforme con la Constitución. Eso es la democracia, la de verdad, no la populista. Así que, cuando Patxi López, todo un portavoz del grupo mayoritario del Congreso, dice que van a dar «un toque de atención a los jueces” o que “la soberanía reside en el Parlamento”, yo me pregunto: ¿de dónde ha salido esta gente? Olvido que están aplicando el método Sánchez.


CUATRO: ¿Y si lo anterior falla? Cabe el peligro de que el pueblo no sea tan agradecido con su líder y se acuerde de promesas incumplidas, de delincuentes, indultados, violadores liberados, pactos con rupturistas y tantas otras cosas. Cabe que el elector le dé más importancia a todo ello que a la ley de bienestar animal o al cheque cultural. Para que ello no ocurra, el método Sánchez aconseja poner en acción toda la maquinaria preelectoral. Y así tenemos a Tezanos manipulando estadísticas, a Bolaños censando a todos los bisnietos que haya por el mundo que puedan votar a Sánchez y a los medios afines dando caña a la derecha, a la derechita o la derechona, por tierra, mar y aire. Y si la maquinaria desplegada no bastase y este ingrato pueblo español se resistiese a perder su democracia y pareciera querer un cambio de Gobierno. ¿Qué haría Sánchez? Poner ojitos tras la derrota electoral y felicitar al ganador o, apretados dientes y tensada la mandíbula, antes de que ello ocurriera, generar alguna situación excepcional para sacarse de la manga la declaración de un estado de alarma o excepción y así evitar la disolución del Congreso y la celebración de elecciones. ¿Será capaz Sánchez? ¿Hasta dónde llegará su método?


Las intolerables amenazas del Gobierno

JOSÉ MARÍA ROTELLAR. okdiario. 20 Diciembre 2022


El Gobierno prosigue su ataque directo a la división de poderes para poder mantenerse al mando sustentado por la tenebrosa coalición que aupó a Sánchez a la presidencia tras aquella moción de censura que se amparó en una gran mentira donde se vio hasta dónde puede hacer daño la falta de independencia judicial. Sánchez y los suyos saben muy bien que necesitan controlar los resortes del poder judicial para eliminar el último de los contrapesos y poder perpetuarse en el poder sin límite alguno, por mucho que quieran revestirlo de democracia. Están haciendo cosas tan graves, tan inimaginables en una nación democrática como es España, que la Unión Europea no debería quedarse de brazos cruzados, viendo cómo se quebranta la independencia judicial, máxime cuando la propia UE ya advirtió a Sánchez de la problemática que suponía la reforma que quiso aplicar hace algún tiempo y que Bruselas le hizo paralizar. Ahora, no puede mirar hacia otro lado, permitiendo que el Gobierno introduzca cargas de profundidad contra los cimientos de nuestra democracia, porque eso es lo que puede resultar de una reforma que busca que el Gobierno controle los tres poderes. ¿O qué significa la frase repetida por el Ejecutivo en la que acusa a la oposición de no respetar el resultado electoral para reproducirlo en el poder judicial? ¿Acaso no está queriendo decir que quiere imponer una mayoría que actúe al dictado?


Desde que el sistema de elección de jueces se cambió con González -no nos olvidemos- la politización de la justicia ha sido alta, pero dentro de unos márgenes. Es algo que hay que cambiar para volver al modelo anterior y que mayoritariamente los jueces elijan a los miembros de los altos tribunales y del Consejo General del Poder Judicial. Ahora bien, lo que quiere hacer Sánchez no es eso, sino agravar la politización. De hecho, no es que vayan a estar más politizados, sino que los jueces serán y actuarán como políticos, por mucho que se revista el asunto. Y por si no fuera poco todo ello, el ministro Bolaños lanza advertencias que parecen más bien amenazas, tanto al principal partido de la oposición como al propio Tribunal Constitucional, al pedirle al PP que retire su recurso y decirle al Tribunal Constitucional que debe no admitirlo, porque, de lo contrario tendría «consecuencias impredecibles», apostillando que «no quiero ni pensar en las consecuencias que tendría para la democracia si fuera estimado». ¿Qué quiere decir el ministro de Presidencia con ello? Obviamente, la democracia no está en peligro si el Tribunal Constitucional lo estima, sino que está en peligro ahora, si el Gobierno puede seguir adelante con dicho atropello. Por tanto, ¿qué quiere decir el ministro? ¿Qué habrá consecuencias impredecibles porque no se va a acatar lo que diga el Tribunal Constitucional? Eso sería gravísimo y no quiero pensar que eso lo piensa el Gobierno, pero da la sensación de que podría ir por ahí. Como digo, no me parece ni siquiera imaginable, pero miedo da, especialmente cuando tanto han repetido los socialistas que los jueces no pueden parar lo que ha votado el Congreso. Eso no suena muy distinto a lo que decían los independentistas catalanes cuando llegaron a aprobar «las leyes de desconexión con España». Si el Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso del PP, el Gobierno y toda la izquierda, mal que les pese, tendrán que acatarlo, les guste o no. Estas advertencias y/o amenazas del Gobierno son intolerables.


El Ejecutivo no puede seguir así. No puede atacar la división de poderes, poner en peligro todo lo logrado desde la Transición, aliarse con los enemigos de España y, en muchos casos, de la propia democracia. Están intentando dar la vuelta a la realidad, con acusaciones gravísimas contra el centro-derecha, contra todos los partidos que lo integran, donde han llegado a insinuar que están tratando de dar un golpe de Estado, e incluso de manera más directa, como con las acusaciones a los jueces de Felipe Sicila, al comparar el golpe de Tejero con las actuaciones del Tribunal Constitucional. Si alguien está poniendo en peligro la separación de poderes, la convivencia, la democracia, la reconciliación y la prosperidad conseguida con ello, no es la oposición, ni tampoco los jueces. Son el Gobierno y sus aliados en esta huida hacia delante tratando de enfrentar a los españoles. Por eso, los socialistas contrarios a esta barbaridad deben rebelarse contra Sánchez y ofrecerse para derrocarlo mediante una moción de censura que ellos apoyen, que es la única manera de que pueda prosperar. Si no, habrá que esperar un año a que se celebren las elecciones generales, pero causa pavor pensar qué más está dispuesto a hacer Sánchez para tratar de seguir gobernando el tiempo que resta de legislatura.


Seguir gobernando, seguir destruyendo España

Nota del Editor. 20 Diciembre 2022


El dr cum fraude no puede querer seguir gobernando, porque nunca ha gobernado. El dr cum fraude quiere seguir destruyendo España.


Ridículo de Vox en Madrid

EDITORIAL. LD. 20 Diciembre 2022

Vox tiene que dejar a un lado los personalismos y trabajar por los intereses generales de los madrileños.


La gestión de la portavoz de Vox en el parlamento madrileño durante el trámite de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2023 no ha podido ser más desastrosa. Su decisión de tumbar las cuentas públicas elaboradas por el Gobierno de Díaz Ayuso, antes incluso de su debate en el pleno de la Asamblea de Madrid, ha provocado la natural estupefacción en sus votantes, que han visto cómo los diputados de Vox hacían piña con la izquierda madrileña votando en contra de los presupuestos de la Comunidad de Madrid para el año próximo.


El debate del proyecto de ley de Presupuestos Generales es uno de los más importantes de la legislatura, puesto que de su resultado depende en gran medida la orientación de las políticas que se llevarán a cabo al año siguiente y, sobre todo, el régimen fiscal que se va a aplicar a ciudadanos y empresas a lo largo de todo el ejercicio. La decisión de devolver los presupuestos al Gobierno regional sin tiempo material para tramitarlos de nuevo a escasos meses de finalizar la legislatura, como ha ordenado Monasterio, solo ha servido para exhibir un cierto distanciamiento del PP que, como es evidente, ningún votante de Vox le ha reclamado. En cambio, el rechazo de las cuentas públicas de 2023 tendrá consecuencias negativas para las familias madrileñas, privadas de las mejoras fiscales previstas en los presupuestos del año próximo que los celos políticos de la portavoz del partido de Abascal han dejado en la cuneta.


Los argumentos de Monasterio para justificar el voto de su grupo junto a los partidos de izquierda y contra Díaz Ayuso suenan más a pretexto improvisado que a un razonamiento de fondo convincente. Porque las críticas de Vox a los presupuestos presentados por el Gobierno de Madrid brillan por su ausencia, más allá de ciertas cuestiones anecdóticas que podrían haber negociado con el PP durante la tramitación del proyecto de ley. En cambio, Monasterio ha lanzado un órdago exigiendo la derogación de una ley madrileña que, aunque su sesgo ideológico izquierdista la convierta en objetivo legítimo de sus críticas, no puede utilizarse como un chantaje para aprobar las cuentas públicas anuales de la comunidad.


La maniobra ha sido tan burda que hasta su ejecución ha desembocado en un espectáculo especialmente chusco, como ha ocurrido con la presentación fallida de las enmiendas presupuestarias de Vox según establece el reglamento de la cámara. El equipo de Monasterio alude a un error informático que le habría impedido tramitar sus enmiendas, un problema técnico que ningún otro grupo padeció y del que los técnicos de la Asamblea de Madrid tampoco tienen constancia.


En Vox saben que esa metedura de pata es responsabilidad exclusivamente suya, por eso se han descolgado con una petición extemporánea para habilitar el mes de enero a efectos parlamentarios y así poder recuperar la tramitación de los Presupuestos Generales de 2023. Pero si el motivo de su rechazo es la ley trans ¿para qué quiere Rocío Monasterio repetir el paripé? ¿Para votar de nuevo en contra junto a la izquierda madrileña, la más sectaria y cerril de toda España, como acreditan sus portavoces semana tras semana?


Vox es un partido necesario para el centro-derecha español, pero si quiere desempeñar un papel importante tiene que dejar a un lado los personalismos y trabajar por los intereses generales de los madrileños. Incluso si eso le hace coincidir alguna vez con el PP.


Vox y nada mas que Vox

Nota del Editor. 20 Diciembre 2022


Galicia, aún con lluvia, sería estupenda, pero con la brutal conculcación de los derechos humanos y constitucionales de los español hablantes

que han y hace el pp de Núñez y sus antecesores, hay que estar muy despistado o tener muy mala entraña para atacar a Vox.


Paul Preston desbarra en su libro "El gran manipulador. La mentira cotidiana de Franco"

MIGUEL PLATÓN. libertad digital. 20 Diciembre 2022

Uno de los misterios de la España actual es el prestigio de autores como el británico Paul Preston, que ha escrito varios libros sobre la historia reciente de España, en particular sobre la Guerra Civil y la dictadura del general Franco.


Es tan sectario y en sus obras hay tantos errores que tiene poco sentido considerarle historiador. Se trata más bien de un propagandista que lleva años repitiendo tópicos que en algún caso ya habían sido desmontados hace más de medio siglo, pero que son del gusto de una izquierda poco informada, para quien los hechos importan menos que una perspectiva supuestamente ideológica, pero en realidad mediocre.


Preston acaba de publicar una reedición de Arquitectos del terror. El gran manipulador, con algunos añadidos para modificar el título, que ahora es El gran manipulador. La mentira cotidiana de Franco. Se trata de más de lo mismo y resulta extravagante publicar algo así a estas alturas del 2022. Es cierto que incluye algunas novedades, pero no ha llevado a cabo el esfuerzo necesario para descubrir el Mediterráneo.


Algunas de las novedades, según las declaraciones que ha efectuado a un medio digital español, son un puro invento. Afirma, por ejemplo, que Franco estaba involucrado en un golpe para impedir las elecciones generales de febrero de 1936. Es falso. No hay ningún documento ni testimonio que avale esa tesis. Consta, al menos por dos fuentes, que se opuso a intervenir cuando en diciembre de 1935 fue cesado José María Gil Robles como ministro de la Guerra.


Tampoco existen dudas sobre la carta que a finales de junio de 1936 Franco, comandante militar de Canarias, envió al ministro de la guerra Casares Quiroga. Se conoce la reacción de éste, según el testimonio de Antonio Cordón en su libro de memorias Trayectoria. Recuerdos de un artillero. Casares comunicó el contenido de la carta al presidente Manuel Azaña y ambos la interpretaron como tranquilizadora, respecto a las intenciones de Franco. La fuente que cita Cordón es el teniente coronel retirado Juan Hernández Saravia, secretario particular de Azaña.


Franco y las elecciones generales de febrero de 1936

Tiene poco sentido suponer que la carta formaba parte de una estrategia de Franco para hacerse con el poder. El comandante militar de Canarias tenía dudas sobre los planes del general Emilio Mola y quería evitar el riesgo de un golpe de estado con defectos y sin apoyos suficientes. Todavía el 12 de julio, víspera del asesinato de José Calvo Sotelo, comunicó a Madrid que los planes no le parecían adecuados. El propio Mola lo interpretó como un anuncio de que no participaría, según manifestó a la enlace que había llevado el mensaje a Pamplona. "Franco no va", le dijo a Elena Medina.


Carece de solvencia el tópico de que socorrer el Alcázar de Toledo impidió ocupar Madrid en el otoño de 1936, así como la suposición de que Franco no quería conquistar la capital de España, cuando a principios de noviembre ya estaban organizados hasta los consejos de guerra que deberían actuar. Las circunstancias fueron otras y Preston ni siquiera ha investigado las causas del fracaso del ataque. Le bastan afirmaciones gratuitas que carecen de base.


Lo mismo ocurre con estrategias de café que plantea, según las cuales Franco podría haber ocupado Madrid en respuesta a las ofensivas republicanas en Brunete, Belchite o el Ebro. Pura ficción.


La represión roja

El sectarismo de Preston se pone de manifiesto en limitar la represión -régimen de terror, torturas, cárceles- al bando nacional, con olvido de las decenas de miles de asesinatos, torturas, violaciones y robos cometidos por la izquierda durante la guerra en la zona que estuvo bajo su control.


Otra de sus aportaciones es afirmar que los españoles fuimos objeto durante décadas de un "lavado de cerebro" para que apreciáramos la figura de Franco y su dictadura. Esto supone no tener ni idea de la evolución de la sociedad española y del propio régimen. Muy endeble debió ser ese "lavado de cerebro" cuando en noviembre de 1976 más del 80 por 100 de los procuradores en Cortes votaron a favor de la Ley para la Reforma Política, que abrió las puertas a la democracia con la convocatoria de elecciones libres. Una Ley por cierto votada en referendum por las tres cuartes partes del censo electoral.


En definitiva, el sectarismo le ciega a Preston para impedirle descubrir las auténticas claves de la historia de este país durante el último siglo. ¿Qué ha aportado de valor desde que se dedica a España con tanto interés? Prácticamente nada.


El estrambote de sus últimas declaraciones es descalificar al norteamericano Stanley Payne, que es con diferencia el hispanista más destacado de los últimos decenios y que le da sopas con onda a Preston. Este último recurre a la típica acusación de la izquierda sin argumentos: se ha pasado a la extrema derecha. Qué poca vergüenza.

******************* Sección "bilingüe" ***********************


Éxito del PP de Feijóo en su defensa del Estado de Derecho

OKDIARIO. 20 Diciembre 2022


La decisión del Tribunal Constitucional de suspender cautelarmente la reforma del Código Penal del Gobierno, que introducía de soslayo la reforma de dos leyes orgánicas -CGPJ y Tribunal Constitucional- para tomar al asalto el órgano encargado de interpretar la Constitución, representa una victoria del Estado de Derecho frente a la pulsión totalitaria del Gobierno. Y supone, además, un éxito indudable del PP, que ha presentado un recurso fundamental para la defensa de la democracia y las libertades. Es lo que se espera de un partido que ha hecho bandera de la Constitución y que se ha erigido en baluarte de los intereses nacionales en un momento crítico. No es con mociones de censura condenadas a un fracaso seguro como se defiende el Estado de Derecho, sino con argumentos jurídicos coherentes que redunden en la defensa del marco constitucional.


Gobierno, Congreso y Senado ya han expresado -no les queda otra- su disposición a cumplir el mandato constitucional. Y es que no hacerlo supondría desobedecer al Tribunal Constitucional, algo que tendría consecuencias penales. Haría bien Pedro Sánchez, en todo caso, en frenar las llamadas a la desobediencia de su socio de Gobierno, porque lo que está haciendo Podemos y harán los golpistas catalanes y etarras de Bildu es incitar al desacato y no cumplir con el imperativo del Tribunal Constitucional, algo propio de formaciones que ya han dejado claro que no se sienten concernidas con el orden constitucional. Al final, los totalitarismos convergen y unos y otros se retratan. Lo que urge ahora es que Sánchez, además de obedecer al Tribunal Constitucional, entienda que el camino elegido no puede ser el del asalto institucional y marque distancias claramente con sus socios y aliados. Lo que ha pretendido el presidente del Gobierno es doblegar la ley a través de un perverso plan de ocupación de los órganos constitucionales. Ya sabe que por ese camino no hay salida, de modo que tiene que tener muy claro que el Estado de Derecho está muy por encima de sus ambiciones personales. Feijóo se apunta un tanto político crucial y se erige en defensor del interés nacional gracias a un recurso que ha frenado los desmanes de un Ejecutivo que ha quedado en evidencia. Esa es la oposición más útil: la que responde a las amenazas utilizando los instrumentos del Estado de Derecho. El PP le ha doblado el pulso a Pedro Sánchez con una victoria que es el triunfo de todos los que creen en la democracia.


Estado de desecho

Nota del Editor. 20 Diciembre 2022


Eso de las buenas compañías está muy bien, pero si lo que vale es el voto y no la ley ni la razón, estamos sumidos en un estado total de desecho.


Haber ganado una votación porque seis eligieron votar en un sentido y cinco en otro, tumba la ley, el sentido común, la historia y esto ha sido causado por el psoe y el pp. Decir que esta votación se basa en “ argumentos jurídicos coherentes” es una estupidez, pues se ha basado en argumentos políticos coherentes de los conservadores (seis) y los izquierdistas-comunistas-separatistas (cinco), una casualidad esta vez, en otras ocasiones ha sido al contrario.


La España nazi: Nochebuena de cristales rotos

PABLO PLANAS. libertad digital. 20 Diciembre 2022


Lo que está ocurriendo en España desde el pasado 15 de diciembre es un golpe de Estado.


Si todo es un golpe de Estado, nada es un golpe de Estado. En líneas generales, el PSOE considera que presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional es entrar con tricornio y pistola en mano en el Congreso de los Diputados. Los golpes de Estado ya no son lo que eran, ni pronunciamientos, ni asonadas. Los tiempos han cambiado y ahora los golpes se dan con noticias falsas, con amenazas a los jueces, con el rodillo parlamentario y, sobre todo, desde el poder, como en la Alemania nazi o en los regímenes bolivarianos.


En septiembre y octubre de 2017 en Cataluña, el parlamento autonómico fue uno de los instrumentos del golpe de Estado de la Generalidad de Puigdemont y Junqueras. Ambos personajes no se quitan la palabra democracia de la boca. El daño que causaron a la sociedad española es inmenso, igual que la recompensa. Junqueras gobierna en España y si Puigdemont no regresa es porque no le da la gana y porque no quiere volver gracias a la mediación de su principal enemigo, el antedicho Junqueras. Estaban y están en el poder. ¿Quién no recuerda la imagen de Junqueras manoseando los hombros de la entonces vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría?


Lo que está ocurriendo en España desde el pasado 15 de diciembre es un golpe de Estado. En esto está de acuerdo todo el mundo, aunque para el Gobierno de Sánchez y sus socios, los autores materiales del golpe son los togados. Extraordinario e inédito acontecimiento. No hay registro en la historia de una sublevación semejante. Para que luego digan que inventen otros. Pobres magistrados del Tribunal Constitucional.


Sin embargo, el ruido de sables procede de La Moncloa y se extiende por el Congreso de los Diputados, presidido por Mertixell Batet, la nueva Carme Forcadell, dos dolientes imágenes sin un Zweig que las escriba. El perfil de Pedro Sánchez está mucho más claro. Es el Elefante Blanco.


No pasa nada. A cualquiera se le puede ocurrir que de mayor quiere ser el presidente de la Tercera República española. Haberlo dicho antes. Cuando las elecciones. Vas, te presentas y dices eso de que no quieres gobernar con separatistas y filoetarras, pero que si no te queda más remedio vas a gobernar con ellos y te vas a cargar la democracia más rápido que si tuvieras mayoría absoluta. El problema es que Sánchez prometió todo lo contrario, además que iba a traer colgado de un pincho a Puigdemont como si fuera una merluza. Más mucho "vivaspaña" y pisos gratis.


La deriva es inevitable. Sánchez y su PSOE, que es el único que existe y el de siempre, no van a abandonar los poderes ejecutivo y legislativo y se van a cargar el poder judicial más pronto que tarde. Sus ministros y diputados llaman golpistas a los jueces. Sus periodistas tachan de nazis a quienes firman un manifiesto titulado "Defender la Democracia". Mensajes guerracivilistas en vísperas de una Nochebuena de cuchillos largos y cristales rotos mientras los golpistas retan al Rey para que diga "algo" en su mensaje de Navidad. Le tienen enfilado en la quinta y en la sexta acepción de la RAE.



Recortes de Prensa  Página Inicial