Recortes de Prensa  Jueves 29 Diciembre 2022


Navidad ucraniana y fin de la guerra

AGAPITO MAESTRE. libertad digital. 29 Diciembre 2022


Difícil es el oficio de político, pero aún lo es más la profesión de periodista, analista político, o como se llame la profesión de quienes escribimos en los periódicos, porque nuestro decir, guste más o menos a nuestros lectores, contiene siempre un predecir. La predicción es la clave. Ahí está el peligro y también la salvación de esta profesión. Pongamos que hablamos de la guerra de invasión de Rusia en Ucrania. Yo he mantenido aquí varías veces que esta guerra estaba a punto de terminar, entre otras razones, porque estaba desgastando a Rusia más de lo que Putin había previsto…


Pero lo cierto es que se prolonga y parece que todavía durará tiempo. Nadie sabe cuántos meses más puede durar este calvario. Los motivos de esta prolongación son múltiples y diversos, según adoptemos la situación de los contendientes. La obsesión delirante de Putin, centro clave de su motivación, es que aún puede ganar la guerra a medio plazo; bastaría que Ucrania dejase de recibir ayuda de los EE.UU, la OTAN y otros países, según los rusos, para que Putin se alzase con el triunfo. Putin aspira a un imposible, o sea, miente como un bellaco, porque EE. UU. ha dejado claro que jamás negociará nada con los rusos sin consentimiento de las autoridades ucranianas. Y así lo han escenificado con la visita de Zelenski al Congreso de los EE.UU en vísperas de la Navidad.


Por cierto que este año, según advierten algunos finos observadores de la política internacional, se ha dado un cambio en las fechas de celebración de la Navidad en Ucrania. Este 2022, por primera vez en siglos, está celebrándose la Navidad en Ucrania siguiendo el calendario occidental de la tradición cristiana, el 25 de diciembre, a diferencia del rito ortodoxo, que celebra el Nacimiento de Jesucristo, con 13 días de diferencia, de acuerdo con el antiguo calendario gregoriano, o sea, el 7 de enero. Es obvio el simbolismo de este cambio. Los ucranianos no quieren tener vínculos comunes con Rusia ni siquiera en lo religioso. Su voluntad occidental es absoluta. Pretenden ser occidentales cada vez más alejados del "mundo ruso" oriental. Tampoco es baladí que EE.UU. haya invitado al presidente ucraniano en la víspera de Nochebuena.


Pero, seamos sinceros, por encima de los símbolos, por importantes que sean como es el caso, está la realidad. Y lo real y urgente es que Ucrania necesita más y mejor ayuda de EE.UU. para resistir al invasor ruso. Cierto es que la ayuda recibida ha sido decisiva para que el ejército ucraniano haya logrado resistir durante 10 meses el brutal ataque de la maquinaria de guerra rusa. Sin embargo, la ayuda occidental es insuficiente para derrocar al ejército ruso; eso es algo que sabe Putin, quien está dispuesto a seguir sacrificando a su pueblo antes que negociar la paz. Seguirá movilizando reclutas, soldados y todo tipo de recursos, mientras los occidentales no equilibren su delirante apuesta. Sí, según los cálculos de los expertos en esta guerra, Rusia está gastando en la guerra con Ucrania no menos del 12 mil millones de dólares mensuales, o sea, seis veces más que la ayuda recibida por Ucrania de EE.UU y los países occidentales (la ayuda directa de los EE.UU. a Ucrania es de un valor de 1,2 mil millones de dólares mensuales, que junto con la aportación de los países de la Alianza Atlántica asciende a 2.1 mil millones de dólares al mes).


Así las cosas, ante estas condiciones, sí, ante la opción de Putin dispuesto a alargar la guerra, sin importarle los sacrificios que ello suponga para su pueblo, no parece que quepa otra opción para el mundo occidental que aumentar las ayudas a Ucrania para que Putin se ponga a negociar. La estrategia occidental de desgaste a Rusia ya no vale. Hay que pasar al ataque.


Kiev acusa a Moscú de una ola de ataques masivos con misiles en todo el país

El Confidencial. 29 Diciembre 2022


Rusia somete a Ucrania desde esta madrugada a oleadas de "ataques masivos" por todo el país, denuncian las autoridades ucranianas. Las sirenas antiaéreas llevan sonando desde primera hora de la mañana en la capital, Kiev, y Ucrania acusa al Kremlin de haber lanzado unos 120 misiles para seguir destruyendo su infraestructura crítica y "matar civiles en masa".


Las tropas rusas están atacando Ucrania desde varias direcciones con misiles de crucero desde aviones y barcos estratégicos, ha informado el Mando de la Fuerzas Aéreas ucraniana.


"Después del ataque nocturno de los drones kamikaze, el enemigo está atacando Ucrania desde varias direcciones con misiles de crucero aéreos y marítimos desde aviones y barcos estratégicos. Además, hay una alta actividad de la aviación táctica de los ocupantes”, dice el mensaje de la fuerza aérea, reproducido por la agencia de noticias Ukrinform.


El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha asegurado esta noche a los ucranianos que les espera un año complicado, pero que no deben perder la humanidad a pesar de los "meses terribles" pasados a causa de la guerra. "No hemos perdido nuestra humanidad a pesar de que hemos pasado meses terribles. Y no lo vamos a perder aunque también nos espera un año complicado. Alcanzaremos la victoria. Y tenemos que hacerlo realmente juntos", ha dicho en su habitual discurso nocturno.


Ataque masivo con misiles de Rusia

El presidente ucraniano ha recibido en Kiev al ministro de Defensa de Francia

El Kremlin rechaza negociaciones si Kiev no acepta las anexiones

Ucrania denuncia nuevos ataques con misiles en Jersón y Járkov

Prorrusos esperan que Kiev ataque Kreminna en tres direcciones

Minsk y Moscú realizan maniobras conjuntas en territorio bielorruso


Hace 17 minutos 08:49

Rusia bombardea Ucrania desde varias direcciones con misiles de crucero

Las tropas rusas están atacando Ucrania desde varias direcciones con misiles de crucero desde aviones y barcos estratégicos, informó hoy el Mando de la Fuerzas Aéreas ucraniana.


"Después del ataque nocturno de los drones kamikaze, el enemigo está atacando Ucrania desde varias direcciones con misiles de crucero aéreos y marítimos desde aviones y barcos estratégicos. Además, hay una alta actividad de la aviación táctica de los ocupantes”, dice el mensaje de la fuerza aérea, reproducido por la agencia de noticias Ukrinform.


Según el comunicado de la fuerza aérea, el ejército ucraniano lleva a cabo trabajo defensivo en todo el territorio del país.


Hace 34 minutos 08:33

120 misiles para "matar civiles en masa"

El asesor del jefe de la presidencia, Mykhailo Podolyak, ha detallado que Rusia ha lanzado más de 120 misiles para "destruir infraestructura crítica y matar civiles en masa".


En un mensaje en Twitter, ha afirmado irónicamente que se mantendrán "a la espera de más propuestas de arreglos pacíficos" del conflicto.


Hace 37 minutos 08:30

Ucrania advierte del "ataque masivo" con misiles de Rusia

Las autoridades ucranianas también alertan del "ataque masivo con misiles" desde varias direcciones y a varias latitudes del país.


Hace 39 minutos 08:28

Kiev alerta de una oleada de más de 100 misiles

Alerta en Ucrania y en su capital, Kiev, por la llegada de más de 100 misiles en varias "oleadas". El asesor de la oficina presidencial, Oleksiy Arestovych, ha advertido por Facebook del inminente ataque del Ejército ruso y, después de la primera tanda de explosiones, ha asegurado que habrá "dos o tres oleadas más".


Hace 1 horas 38 minutos 07:28

Lavrov apunta a la necesidad de "liberar" las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón

El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha apuntado este miércoles a que las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón "necesitan ser liberadas".


Según el titular de la diplomacia rusa, dichos territorios no deberían sucumbir al supuesto ataque de otro Estado porque forman parte de las fronteras de Rusia y están bajo la legislación de la Constitución rusa, ha detallado en una entrevista a la cadena Channel One y ha recogido TASS.


Cuando ha sido preguntado sobre si Rusia todavía tiene que liberar "esos territorios", Lavrov ha afirmado que "efectivamente".


Hace 1 horas 40 minutos 07:27

Zelenski afirma que la reconstrucción de Ucrania será el "mayor proyecto económico de nuestro tiempo en Europa

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha descrito la reconstrucción de Ucrania tras el fin de las hostilidades como el mayor proyecto económico contemporáneo en Europa durante su discurso anual ante el Parlamento de Kiev.


"La reconstrucción de Ucrania tras las hostilidades es otro componente de la justicia. Ya está claro que será el mayor proyecto económico de nuestro tiempo en Europa", ha afirmado el líder ucraniano este miércoles, tal y como recoge la Presidencia ucraniana.


Según ha reconocido, todo el territorio del Estado necesita la reconstrucción de infraestructura, energía, la esfera social y otras instalaciones que no cumplen con los requisitos de seguridad.


Por otra parte, Zelenski ha afirmado que es difícil calcular la cantidad de recursos que Ucrania precisará tras la guerra pero ha reconocido la prioridad de la reconstrucción de las empresas.


Camino de un Estado fallido

Jesús Banegas. vozpopuli. 29 Diciembre 2022


Un estado fallido se caracteriza, al menos, por estos supuestos: Es incapaz de generar crecimiento económico; no puede hacer frente a su deuda pública y por tanto está en manos de sus prestamistas; no se corresponde –institucionalmente– con un Estado de Derecho; y pone en cuestión su unidad territorial.


El socialismo del siglo XXI, con datos en la mano, ha conducido a España al borde del abismo económico e institucional:


Tanto Zapatero como Sánchez han consolidado un permanente, muy largo e históricamente sin igual –en los anales de los países más ricos y civilizados– periodo de estancamiento económico. La renta per cápita española descendió con Zapatero un 6 %, y se alejó de la media de la UE un 9.85 %. Con Sánchez la caída acumulada ha sido hasta finales de 2021 del 4 % y el alejamiento de la UE del 5,33 %. En sus once años conjuntos han hecho retroceder la prosperidad económica de España más que nunca -en términos absolutos y relativos- en toda su historia contemporánea. ¿Podría algún progresista, político o mediático, desmentir que ambos gobernantes han registrado los peores resultados económicos del mundo civilizado, con Sánchez -en términos anualizados- a la cabeza?


Zapatero durante su mandato elevó la deuda pública un 101% y con Sánchez ha superado ampliamente el nivel de nuestro PIB; casi el 120%, que sólo se había alcanzado hace ciento cuarenta años. Sin nuestra pertenencia al sistema monetario del Euro y la protección su banco central, España habría tenido muy limitada su capacidad de endeudamiento público, sería mucho más caro y habríamos tenido que hacer ajustes muy severos o llegado el caso suspender pagos, como tantos estados fallidos hispanoamericanos


El Estado de Derecho que ha venido caracterizando a la España democrática está siendo puesto en cuestión, tanto por voluntad política propia del socialismo como por su subordinación –un hecho sin precedentes– a los intereses políticos de delincuentes confesos y culpables y enemigos de nuestra Constitución y la unidad de la nación. Además de: incumplimientos permanentes de las leyes, la suspensión ilegal de las funciones del poder legislativo, la ilegítima y antijurídica legislación –ajena a los principios que deben cumplir las leyes– dictada por y personificada en favor de políticos delincuentes y despilfarradores de recursos públicos, el ataque abierto y frontal a la división de poderes que caracteriza las verdaderas democracias nos están convirtiendo en un “paria europeo” según el sabio historiador Gabriel Tortella.


Si tras las siguientes elecciones volviera a gobernar la aleación -cuya naturaleza es indisoluble– política actual, vista la absoluta –por necesaria para detentar el poder– subordinación del socialismo a los intereses independentistas y comunistas conllevaría medidas políticas que amenazarían la unidad de nuestra nación, la más antigua -según Julián Marías- del mundo.


Si “una imagen vale más que mil palabras”, la que compara la evolución de la renta per cápita de España con Argentina, la UE y EEUU es muy clarificadora:


En 1962 España y Argentina tenían la misma renta per cápita. Desde entonces, Argentina siguiendo el actual modelo social-comunista español se encaminó hacia un estado fallido –abiertamente admirado por el actual gobierno– antes descrito; con la salvedad de que allí no está en riesgo su integridad territorial.


España, por lo contario, experimentó desde entonces una extraordinaria etapa –la más brillante experimentada en Occidente- de crecimiento económico que conllevó a un nivel de convergencia con la UE del 92% en vísperas de nuestra Transición política. Argentina, mientras tanto se estancó y España superó en un 40% su renta per cápita.


En tanto Argentina seguía económicamente varada constituyéndose en la quintaesencia de un estado fallido, España, tras la recaída causada por los Pactos de la Moncloa -buenos para la paz social pero malos para la prosperidad económica- recuperó el pulso de la convergencia con Europa, que alcanzó su zénit con Aznar, replicando el nivel de 1976. Para entonces España disfrutaba de una renta per cápita que multiplicaba por 2,24 la de Argentina.


Con la llegada de Zapatero al poder, Argentina y no Europa, fue el ejemplo a imitar. Aunque con Rajoy la decadencia socialista previa se subsanó parcialmente, la llegada de Sánchez al gobierno recuperó -incluso con peores resultados- la senda hacia el modelo argentino: España regresó en 2021 a un nivel de convergencia con la UE del 80% mientras que reducía su distancia con Argentina a 2,12 veces su renta per cápita.


Si observamos con perspectiva histórica el gráfico, las tendencias observadas no pueden ser más elocuentes:


EEUU se distancia cada vez más de una UE encorsetada con políticas socialistas, que obstruyen el dinamismo empresarial y la innovación, con tasas anuales de crecimiento sistemáticamente superiores.


España tras más de medio siglo de convergencia con la UE gracias a tasas de crecimiento un 66% superiores, ha tomado el camino argentino hacia el estancamiento de manos del socialismo del siglo XXI, alejándonos cada vez mas de Europa: desde 2007 la UE creció a una tasa anual del 0,67% y España decreció un 0,16%.


Argentina permanece estancada cual estado fallido, no solo en términos económicos como manifiesta la línea casi plana de la evolución de su renta per cápita, sino por sus desvaríos institucionales; ahora imitados por España.


Las próximas elecciones serán, sin duda alguna, las más decisivas de la reciente historia de España. En ellas estará en juego la consolidación de la demostrada decadencia económica de España, que tanto hace sonreír a las ministras de economía y trabajo, y la demolición de la democracia liberal y su consiguiente estado de derecho, para sustituirlos como en muchas repúblicas hispanoamericanas por una democracia totalitaria, es decir, un estado fallido tercermundista.


Desgraciadamente un buen número de votantes, debidamente educados por el Estado en la irresponsabilidad personal y la dependencia de la caridad pública –como en Argentina, Venezuela, Nicaragua, etc– que termina repartiendo la miseria a los que la calidad de las instituciones no les dice nada, seguirán pidiendo billetes para el viaje al tercer mundo. Otro buen número de votantes más ilustrados y devotos de la religión progresista, saben –hasta donde quieren saberlo- que los datos anteriores son empíricamente incuestionables, pero prefieren ignorarlos y mirar para otro lado, muchos de ellos debido a las prebendas que disfrutan -incluso modestas- en un régimen político como el actual.


Sin embargo, las encuestas verdaderas ponen de relieve que una mayoría de españoles podría votar a favor de políticas de recuperación de nuestra buena salud económica, del empleo, de unas cuentas públicas decentes y sobre todo de la urgente restitución de nuestro orden constitucional y el estado de derecho; en definitiva del regreso al seno de la mejor Europa y el alejamiento de los estados fallidos.


Se hecha en falta que la sociedad civil permanezca ausente o callada ante la desastrosa escalada que se ha glosado: ¿le resulta indiferente a la CEOE el desmoronamiento del estado de derecho y la cada vez más arraigada senda argentina de nuestra economía? ¿Son conscientes las grandes empresas de su responsabilidad social verdadera, que nada tiene que ver con la artificialmente impuesta de las cuotas feministas ni la moda del ecologismo, sino con el libre desempeño de la función empresarial dentro de un estricto Estado de Derecho? ¿Por qué están mudas tantas instituciones -con notables excepciones como el Círculo de Empresarios-, asociaciones, universidades, colegios profesionales, etc? ¿No son conscientes de que los estados totalitarios acaban con el bien sagrado de la libertad personal, que es intrínsecamente inconcebible al margen del estado de derecho?


¿Es consciente el Partido Popular de que si vuelve a gobernar con o sin apoyo de Vox, no podrá volver a no hacer nada como sus predecesores, Aznar y Rajoy, que como buenos conservadores -al decir de G.K. Chesterton- se caracterizaron por conservar los estropicios progresistas; sino que tendrá que actuar seria y contundentemente, no solo para volver a acercar nuestra economía a Europa y alejarla de Argentina, sino para reponer de abajo a arriba el Estado de Derecho?.


La UE, que se pudo pensar sería un baluarte contra el iliberalismo político y el despilfarro público, también camina hacia un experimento multilateral fallido: incapaz de crear un verdadero mercado único, practicando políticas contra la innovación y la competitividad internacional, compañera de viaje de los despilfarros económicos públicos y desocupándose irresponsablemente de su propia defensa, ha terminado por querer salvar -ella sola- el clima mundial mientras vende favores parlamentarios a los recientes amos del futbol mundial.


¿Seremos capaces de reaccionar a tiempo ante tamaños desafíos?


El triunfalismo de Sánchez esconde un elefante en la habitación

Daniel Rodríguez Asensio. vozpopuli. 29 Diciembre 2022

Queridos amigos, feliz 2023. Comienza un año que no va a ser fácil ni a nivel microeconómico ni macroeconómico. Las mejores previsiones para España avanzan un crecimiento en torno al 1% (ligeramente superior para los organismos multilaterales e inferior en el caso de banco de inversión y casas de analistas). Mientras, la inflación va a permanecer alta y no volverá a los niveles objetivos del Banco Central Europeo hasta dentro de años. Lo diré de otra manera, para que todo el mundo lo entienda: el escenario de estancamiento económico e inflación ya está aquí y los riesgos continúan siendo a la baja.


Así manipula Sánchez la situación económica de España

Pese a esto, el Pedro Sánchez hizo el pasado 27 de diciembre una declaración institucional con un discurso triunfalista que estuvo tan plagado de falsedades como alejado de la realidad. Muchos de los mensajes que dio ya los hemos desmontado en esta columna (lean), pero en esta ocasión me gustaría incidir en algunas cosas que no dijo. Repasemos la vida de millones de españoles en 2023:


Quienes no quieren (o no pueden) estar pendientes de los mercados energéticos internacionales se levantan a las 3 de la mañana para poner la lavadora porque es más barato y no quieren más sorpresas en la factura. Ya saben, por orden del Estado Supremo.


La cesta de la compra se está encareciendo a un ritmo de un 15%, y por eso muchas cenas de Navidad se están cambiando por cenas en Navidad. España es el país que más poder adquisitivo ha perdido de la Eurozona y ni la cartera ni la cuenta corriente están para alegrías familiares.


Se perseguirá a empresarios, con multas de hasta 3.000 euros, por no atender en el idioma oficial (nótese la ironía) impuesto por algunos taifas autonómicos, y quedarán impunes corruptos, violadores y sediciosos.


Siguiendo con el noble oficio de querer tomar las riendas de tu vida y montar un negocio, nadie como el Estado para decirle a los propietarios a qué temperatura debe tener a sus clientes y cuándo apagar y encender escaparates. La barbarie climática manda.


España seguirá siendo un país de contratos precarios y temporales, donde se echa a los más vulnerables del mercado laboral con subidas de impuestos tanto a la vista como encubiertas, pero ahora se llaman de forma distinta. La duración de los contratos se ha desplomado hasta los 45 días, y 1 de cada 5 contratos son de menos de 1 semana. Pero ya saben, como son fijos discontinuos no pasa nada porque quedan invisibles en las cifras oficiales.


En materia impositiva, el nuevo sablazo a la clase media va a ser épico. En 2023 entra en vigor el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, por el cual vamos a pagar un 0,6% más de cotizaciones sociales; la cuota para nuevos autónomos se encarece un 33%; y la inflación ya tiene gasolina que quemar con los impuestos a la banca, a las eléctricas y a los plásticos de un solo uso.


Además, el español medio va a sufrir de nuevo el despropósito gubernamental en sus carnes. En esta columna ya hemos analizado los efectos de las medidas del Presidente Sánchez (lean). Pero hay algo que aún no había dado tiempo a analizar: la subvención a los carburantes.


La realidad es que el precio del petróleo está en mínimos, y por eso los combustibles están bajando. Entre el 14 de marzo y el 19 de diciembre el precio del diésel en Italia, Francia y Alemania ha caído en torno al 20%. En España, un 8,7%. La razón es esa subvención de 20 céntimos que luego las grandes petroleras tenían que complementar, y que ha impedido que el precio final baje. A partir del 1 de enero, la subvención se mantiene sólo para algunos colectivos y eso implica que el ciudadano de a pie pagará el combustible más caro y, además, esta subvención vía impuestos.


En 2023 los más vulnerables también van a recibir paguitas a modo de subvención con cargo a unos impuestos que previamente los han empobrecido. Y, por supuesto, en 2023 los niños ya no van a venir con un pan debajo del brazo, sino con unas obligaciones de pago de 32.500 euros en forma de deuda pública que ni han votado, ni tan siquiera han disfrutado. Y en este último punto me quería detener por ser especialmente relevante para el futuro del país.


Sánchez afirma que España es uno de los países más sólidos de la Unión Europea y que estamos reduciendo el endeudamiento. Imagínese que usted, ciudadano de a pie que cobra 30.000 euros al año, se va a un banco y pide un préstamo de 500.000 euros para comprar un palacio. Imagine que se lo conceden. Ahora, además, de su sueldo, tiene un préstamo de 500.000 euros y un palacio cuyo valor es de 500.000 euros. ¿Es usted más rico? ¿Tiene más patrimonio? No. Su riqueza es la misma. Cuando devuelva su préstamo entonces sí que será más rico.


Sánchez hace estas afirmaciones porque España está rebotando y la tasa de crecimiento del PIB es superior a la media de la UE. Una frase a la que hay que hacer puntualizaciones:


Primero, España es el único país de Europa que no ha recuperado los niveles de riqueza previos a la crisis. O, dicho de otra manera: estamos rebotando, pero no creciendo.


Segundo, estamos hipotecando lo que no tenemos para conseguir estos resultados tan pobres. Los datos de Eurostat son claros: España es el país que peor evolución económica ha tenido durante la pandemia, a pesar de ser el que más se ha endeudado en estos últimos años.


Concretamente, desde el cuarto trimestre de 2019 nuestra deuda pública se ha incrementado en 18 puntos porcentuales con respecto al PIB. Esto supone el doble que la media de la Unión Europea. Somos líderes absolutos en endeudamiento público.


Digo más: España se ha hecho adicta al endeudamiento público. Sin deuda y sin el rescate por adelantado vía fondos Next Generation UE la situación sería caótica. Los datos hablan por sí solos: Entre el cuarto trimestre de 2019 y el tercero de 2022, nuestro PIB ha crecido en 17.000 millones de euros. La deuda pública, en 280.000. O, dicho de otra manera: necesitamos 16 euros de deuda pública para generar 1 euro de riqueza nacional.


Si eliminamos el efecto de los precios, el resultado es el mismo. En términos de volumen, el PIB está un 2,4% por debajo de los niveles previos a la crisis, mientras que el endeudamiento se ha disparado un 15%.


España necesita menos triunfalismo, menos 'gasticidio', menos política ficción y más gestión. Si no, además del listado anterior, podemos tener problemas económicos y financieros de primer nivel. La deuda pública es el elefante en la habitación que nadie quiere ver ni gestionar. Y lo pagaremos.


Daniel Rodríguez Asensio es consultor estratégico y presidente de Acción Liberal Think Tank For Freedom


Un Constitucional político no es independiente

Jesús Rul. vozpopuli. 29 Diciembre 2022

El hecho de que los magistrados del Tribunal Constitucional pertenezcan a adscripciones ideológicas, con la denominación de «conservadores» y «progresistas», y que en sus actuaciones voten en bloque al grupo ideológico al que pertenecen, como ha ocurrido recientemente en la votación —después de un día entero de deliberaciones entre ambos bandos— para la admisión a trámite de las medidas cautelares, solicitadas por el PP, que ha tenido el efecto inevitable de paralizar la tramitación de una ley orgánica en el Senado, es la expresión fáctica de la decantación política del Tribunal Constitucional, contraria a la independencia e imparcialidad en el tratamiento de los asuntos públicos, en este caso, nada menos que de la integridad del orden constituido.


Este hecho evidencia que sus magistrados no son elegidos por instituciones guiadas por el interés general (Cortes, Gobierno) sino en función de calculados intereses políticos de los partidos en esas instituciones públicas.


La independencia e imparcialidad funcional requerida del Tribunal Constitucional (art. 1 LOTC) es incompatible con su estructura, esto es, la elección política de sus 12 miembros (art. 159.1. CE): 4, propuestos por el Congreso con mayoría de 3/5; 4, por el Senado, con idéntica mayoría; 2, por el Gobierno; y 2, por el Consejo General del Poder Judicial, cuyos 21 miembros son elegidos por el Congreso y el Senado por mayoría de 3/5.


El sistema de composición política del TC genera consecuencias en su acción, porque la estructura orgánica de cualquier institución condiciona y determina, en gran medida, su ejecutoria. Esta realidad contradictoria gravita sobre el desarrollo de su cometido institucional y suscita dudas razonables de su sometimiento exclusivo a la Constitución en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales en todo el territorio nacional «en materia de garantías constitucionales» (art. 123.1 CE).


La elección de los magistrados del Constitucional tiene una naturaleza política por la sencilla razón de que son propuestos por políticos que buscan obtener beneficios en forma de doctrina y sentencias favorables a sus intereses. Así las cosas, la independencia e imparcialidad no es institucional sino, en todo caso, personal de cada magistrado con arreglo a su ética profesional. Esta situación no garantiza que en su ejecutoria colegiada se priorice por encima de todo el sometimiento único y exclusivo a la Constitución.


Actualmente, para que no quede duda, algunos ministros y parlamentarios mantienen que las mayorías del TC y del CGPG deben corresponderse con las mayorías políticas, y pugnan por lograrlo con menoscabo de la independencia judicial y erosión del Estado de Derecho.


Ilustra esta situación —adversa a los principios y valores del orden constitucional— los pronunciamientos del TC sobre cuestiones lingüísticas, durante cuatro décadas, a propósito del artículo 3 CE que proclama el derecho de ciudadanía lingüística de los españoles. Es un tema de capital relevancia porque afecta a todos los ciudadanos, especialmente a los 19 millones de españoles que viven en autonomías con lenguas cooficiales, porque ha sido motivo de reiterada litigiosidad que aún perdura inconclusa: las garantías efectivas de los derechos lingüísticos constitucionales de los españoles.


La responsabilidad del TC es grande porque ha eludido pronunciarse de forma clara y asertiva sobre la prevalencia del castellano o español como lengua oficial común de toda la Nación, en coherencia con el art. 3 de la CE, cuya única interpretación posible viene determinada por el contenido establecido en las decisiones democrático-constitucionales adoptadas por el Congreso de diputados en la fase constituyente. En efecto, por mayoría abrumadora (278 votos a favor, 20 en contra y 13 abstenciones) se rechazaron las enmiendas 105 y 106, presentadas por el grupo de Minoría Catalana, que pretendían imponer, respectivamente, «el carácter oficial exclusivo de una lengua distinta del castellano en un territorio autonómico», y «el deber de conocimiento de las lenguas cooficiales en los territorios respectivos».


La Constitución instituye la primacía de la lengua española como lengua oficial del Estado, única lengua con derecho de uso normal y deber de conocimiento, cuyo significado objetivo condiciona y determina toda interpretación constitucional posterior: la lengua española y las demás lenguas cooficiales no están en el mismo plano constitucional.


Contrariamente al orden instituido, durante décadas el Estado, con dejación irresponsable, no ha desarrollado los derechos lingüísticos de los españoles y ha dejado hacer a los nacionalistas antiespañoles. Han sido los gobiernos autonómicos catalanes y vascos, y, por extensión, otros con lengua cooficial, quienes han adoptado políticas lingüísticas con dominancia de las lenguas cooficiales en detrimento del español, especialmente en el sistema educativo, y la creación de obligaciones y presiones lingüísticas a los ciudadanos.


La doctrina constitucional sobre el español y las lenguas cooficiales ha eludido adoptar el patrón doctrinal que emana de la Constitución como garantía efectiva de derechos y de seguridad jurídica. Por el contrario, las sentencias habidas durante décadas han oscilado entre dos paradigmas opuestos al orden constituido: la equidistancia entre el español y las otras lenguas cooficiales, y la acomodación al marco conceptual de las políticas nacionalistas.


Esta forma de proceder, en ausencia del patrón unificador de doctrina, se ha ido resolviendo con contradicciones lógicas e inconsecuencias, omisiones, extralimitaciones y licencias pseudojurídicas, sin excluir cesiones a las pretensiones político-lingüísticas de los nacionalistas. Veamos algunos ejemplos.


A. Paradigma equidistante

En algunas sentencias ha adoptado una lógica equidistante entre el español y las otras lenguas cooficiales, como establecer que las autoridades deben «garantizar el uso normal y oficial de los dos idiomas, adoptar medidas necesarias para asegurar su conocimiento y crear las condiciones que permitan alcanzar su plena igualdad en lo que se refiere a los derechos y deberes de los ciudadanos…»(STC. 6/1982, FJ. 10º).


B. Paradigma de cesión a los nacionalismos

Resultan especialmente significativas algunas argumentaciones forzadas e ilógicas, e interpretaciones creativas del texto constitucional que lo desnaturalizan, como la sentencia interpretativa que acepta con una lógica contradictoria e inconsecuente, contra el orden constituido, la obligación de conocer el catalán y la inmersión lingüística obligatoria (STC 52/2019 sobre la Ley 12/2009, de Educación de Cataluña, LEC).


El TC ha operado en el marco mental impuesto por los nacionalistas con argumentos pseudojurídicos, como afirmar que el catalán sea «centro de gravedad” del sistema educativo de Cataluña, en contradicción con «no existe el deber de conocer el catalán» (STC 337/94). Ha dado cobertura a la dominación lingüística con la «inmersión lingüística obligatoria»al restablecer la relación entre el carácter cooficial del occitano en Arán y la inmersión lingüística, afirmando contra toda razón que «una se deriva de la otra» (STC 5/2019, F.J. 5º). Se ha extralimitado al dar cobertura a la «normalización lingüística” que para los nacionalistas significa imposición del monolingüismo orientado a la «sustitución lingüística», con la creación de obligaciones lingüísticas contrarias al orden constituido. Ha caído en las trampas lingüísticas, tendidas por los nacionalistas, para ganar tiempo en dilatados procesos con estos anzuelos: lengua propia territorial (como si los territorios hablaran), lengua normal, vehicular, de aprendizaje, curricular…


Nada de esto consta en la Constitución, así como tampoco en las condiciones de su recta interpretación con arreglo a los acuerdos constituyentes citados que delimitan el orden constituido.


Lo expuesto hasta aquí, demanda la modificación del tribunal de garantías constitucionales (Título IX CE). Requiere un pacto de Estado. Está en la mano los partidos constitucionales activar el art. 167 CE con 3/5 de las Cortes Generales.


¿Cuál es la alternativa a la supresión del TC? Crear una Sala Constitucional del Tribunal Supremo, con jueces profesionales, nombrados por mérito y capacidad, por un CGPJ elegido por sus pares según las recomendaciones de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa.


¿Por qué es importante? Porque los valores superiores de imparcialidad e independencia del órgano de garantías constitucionales son condiciones sin las cuales no hay sometimiento único y exclusivo a la Constitución.


¿Qué significado tiene para la democracia y el Estado de Derecho? Pasar de una cultura de dependencias y manejos políticos a una de independencia jurídico-profesional de los magistrados.


Tregua judicial, no política

Editorial ABC. 29 Diciembre 2022


La designación de los dos magistrados del Tribunal Constitucional por unanimidad de los vocales del Consejo General del Poder Judicial ha rebajado el nivel de una crisis institucional que aún subsiste. Resta aún decidir la renovación del órgano de gobierno de los jueces, y es aquí donde vuelven a enfrentarse los dos modelos que defienden el PSOE y el Partido Popular.


Mientras los socialistas quieren mantener la designación parlamentaria de los doce vocales judiciales, los populares defienden el sistema apadrinado por la Unión Europea y el Consejo de Europa, que pone en manos de los jueces la designación de esos vocales. Hay que recordar que el PP aceptó renovar el CGPJ conforme al sistema actual, pero pedía al mismo tiempo el compromiso del PSOE de implantar el modelo de elección directa por los propios jueces. El Gobierno no quiere este procedimiento que convierte a los jueces en electores por la sencilla razón de que la izquierda política considera que perdería representatitivida real en el ámbito judicial. En este contexto, el acuerdo del CGPJ para proponer dos magistrados del TC es una buena noticia, pero insuficiente para desenlazar el nudo que mantiene en vilo la renovación del gobierno judicial. Los socialistas deberían abandonar la idea de rebajar la mayoría parlamentaria para elegir a los doce vocales judiciales del CGPJ, porque los atajos para perjudicar a la oposición tienen un coste, como bien han podido comprobar con el auto del TC que suspendió sus enmiendas para hacerse por las bravas con el control de ambos órganos constitucionales.


En efecto, el auto desgrana los motivos por los que la reforma exprés de las leyes del TC y del CGPJ vulneraba los derechos de los grupos minoritarios del Congreso de los Diputados y del Senado. Es una resolución muy sólida en sus argumentos, que pone difícil las cosas a los magistrados que han anunciado votos particulares, porque desgrana cada paso dado por el Gobierno y su mayoría parlamentaria, con la cooperación necesaria de la presidenta del Congreso, para burlar las normas más esenciales del procedimiento legislativo. Se trata, sin duda, de una resolución inusual, pero porque fue inusual el camino seguido por el PSOE y sus socios para tomar el control del Estado de derecho. Entre este auto del TC y el acuerdo del CGPJ para designar dos magistrados de dicho tribunal, el Estado de derecho ha reaccionado constructivamente a una agresión sin precedentes desde el Gobierno y el Parlamento, sometidos uno y otro a los mandatos constitucionales. Hay una lección que los socialistas y sus socios no deben olvidar: la representación popular que encarnan los grupos parlamentarios no justifica la vulneración del orden constitucional, ni la abrogación de las normas del procedimiento legislativo, porque si fuera así, no estaríamos en una democracia parlamentaria sino en un totalitarismo asambleario.


El TC encara, gracias al acuerdo del gobierno judicial, la renovación del tercio de sus magistrados que correspondía al CGPJ y al Gobierno. La nueva mayoría será netamente progresista por efecto de unas reglas que alternativamente confieren esa ventaja a la izquierda y a la derecha. En esta ocasión se da la circunstancia de que el Gobierno confía, además, en que esa mayoría sea afín a sus objetivos políticos, para lo que no ha dudado en reforzarla con dos candidatos que prácticamente salen de la administración socialista para tomar posesión en el TC. El acuerdo del CPGJ ha suavizado la tensión, pero las causas originales del conflicto siguen vivas y activas y giran en torno a dos modelos muy distintos sobre el Estado de derecho en España. Y Europa ya ha elegido cuál es el suyo.


El jeroglífico sanchista de la malversación

PEDRO CORRAL. okdiario. 29 Diciembre 2022


Los estudiosos que aborden dentro de unas décadas la ominosa etapa de Pedro Sánchez deberán entrar con precaución en el seno de la gran pirámide de mentiras construida a escala faraónica por el líder socialista. El dédalo de falsedades y trampas a que se verán expuestos en su intento de llegar a la cámara funeraria de la España constitucional les demostrará, de hecho, la importancia que tiene en la defunción de cualquier sistema democrático el engaño ininterrumpido como principal atributo del poder.

La última justificación de Sánchez para promover la reforma del delito de malversación que le exigían sus socios para beneficiar a los políticos condenados por el golpe en Cataluña, es una piedra más en este camino de suplantación de la verdad. Según su criterio, los españoles ya no están tan preocupados por la corrupción, y se remite para justificarlo a las encuestas del CIS, cocinadas más a la carta que nunca.


Ya es poco pudoroso que un presidente de gobierno se permita minimizar el grado de inquietud de los españoles ante los delitos perpetrados por quienes tienen la responsabilidad de administrar el dinero que sale de sus bolsillos vía impuestos. Pero que lo haga el jefe de filas del partido que ha protagonizado con los ERE en Andalucía el mayor saqueo a las arcas públicas de la democracia, es el despelote total. El ansia de interpretar los sentimientos de la sociedad española respecto a los delitos de corrupción protagoniza también un notable pasaje de la exposición de motivos de la recién aprobada ley orgánica que reforma el Código Penal. Ahí se dice que «la sociedad española ha evolucionado hacia una mayor intolerancia hacia ciertos comportamientos de administración desleal del patrimonio público, si bien nunca equipara su gravedad y castigo con las conductas de sustracción o desvío hacia intereses particulares». Por eso la insistencia de los socialistas en los últimos tiempos, también en los argumentarios sobre el caso de los ERE, en remarcar la incuestionable perversidad de quienes se apropian del dinero del contribuyente para su propio beneficio o el de terceros. Frente a ellos, las almas cándidas que sólo lo utilizan para establecer una red clientelar que les asegure su permanencia en el poder o, más cándidas aún si cabe, las que lo emplean para subvertir el orden constitucional mediante la organización de un referéndum ilegal.


Las primeras excavaciones en las pirámides de Egipto coincidieron más o menos con la introducción en España, con el Código Penal de 1848, del reproche penal al «empleado público que diere a los caudales o efectos que administre una aplicación pública diferente de aquella a que estuvieran destinados». Las penas eran de inhabilitación o suspensión, según la cuantía, y también de multa. Así se mantuvo prácticamente inalterado en los sucesivos códigos hasta su supresión en 1995 con la reforma impulsada por el PSOE. La nueva reforma del Código Penal «implica un regreso al modelo tradicional español», según reza la exposición de motivos de la ley orgánica recién aprobada. Es evidente que esta justificación es incierta en lo tocante a la autoridad o funcionario que destine el patrimonio público a una aplicación pública diferente de aquella a la que estuviera asignado. De haber regresado en puridad a nuestra tradición codificadora, el gobierno y sus socios deberían haber rescatado esta modalidad de malversación sin pena de cárcel, pero se ve que no se han atrevido a tanto, y han dejado sin pena de prisión solo los casos en que no quede comprometido o entorpecido el servicio público al que estuviesen consignados los fondos desviados.


De ahí la nueva trampa en el interior de la gran pirámide sanchista, que consiste en rescatar un antiguo tipo penal que no conllevaba cárcel, para abrir la puerta a una posible rebaja de las penas impuestas a los condenados por el Tribunal Supremo por un delito de malversación pura y dura, asociada a una manifiesta deslealtad en la administración de esos fondos. Y además lo hace sin que la literalidad del nuevo artículo 433 distinga nítidamente entre la legalidad o no del uso desviado de los fondos. Sin duda, este cambalache jurídico-político del sanchismo dejará perplejos a los futuros estudiosos de nuestros días, tanto como lo hicieron los por mucho tiempo indescifrables jeroglíficos de los faraones.


DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

El Gobierno prohíbe que la manifestación en defensa de la Constitución se celebre en Colón

OKDIARIO. 29 Diciembre 2022


La manifestación del 21 de enero de 2023 en apoyo a la Constitución Española se desplaza de la Plaza de Colón a la de Cibeles a instancias de la Delegación del Gobierno en Madrid en manos de Mercedes González, líder de los socialistas en la capital. La concentración «Por España, la Democracia y la Constitución» se ha topado con que el Ejecutivo no les da permiso como querían para mostrar sus reivindicaciones en la plaza del descubridor de América, que tiene unas connotaciones históricas muy especiales.


Así lo ha desvelado Rosa Díez, colaboradora de OKDIARIO y ex líder de UPyD, en sus redes sociales. «Otra jugada típica del filibusterismo de que hacen gala Pedro Sánchez y todos sus secuaces. No conseguirán acallar la voz de los ciudadanos. El día 21 de enero ¡nos vemos en Cibeles! ¡A la calle, que ya es hora! ¡Por España, la democracia y la Constitución!», ha escrito la política de origen vasco.


Aunque la Delegación del Gobierno ha denegado el permiso solicitado, los organizadores precisan que la solicitud de concentración en la Plaza de Colón se comunicó a Delegación del Gobierno el 9 de diciembre de 2022, recibiendo sorprendentemente respuesta denegatoria por no estar dentro de los 30 días previos al acto. Se volvió a comunicar en el primer momento, trigésimo día anterior a la manifestación, el 22 de diciembre de 2022, tanto por registro telemático, como por correo electrónico. Sin embargo, la Delegación del Gobierno denegó el permiso porque, supuestamente, se había solicitado unos minutos antes, mediante correo electrónico, una concentración en el mismo lugar y a la misma hora que la de los constitucionalistas.


Frente a la denegación que les ha hecho llegar el equipo de Mercedes González, los promotores aclaran que «la comunicación por correo electrónico no cuenta con las garantías telemáticas sobre la identidad del solicitante, ni sobre el momento exacto de la recepción de la comunicación, por lo que puede fácilmente ser alterada para hacerla figurar como recibida con anterioridad a otra».


También Foro Libertad y Alternativa, Unión 78, España Cívica, Convivencia Cívica Catalana y centenares de organizaciones cívicas subrayan que «la primera solicitud recibida con todas las garantías (es decir, a través de la aplicación telemática destinada a estos efectos) ha sido la del Foro Libertad y Alternativa (L&A)». «Adicionalmente, la Delegación tenía noticia previa de la convocatoria mediante correos electrónicos de 9 de diciembre y a primera hora el 22 de diciembre. Adicionalmente, esta concentración era pública y había tenido una amplísima difusión en medios de comunicación. Por todo ello, era clara la prioridad de esta convocatoria sobre cualquier otra», resaltan.


Por otra parte, de acuerdo con la información obtenida, indican que el convocante «alternativo es una persona física, sin representación alguna, de una organización ficticia, no registrada en ninguna instancia. La finalidad de dicha convocatoria es evidente y supone un claro abuso de derecho y un fraude de ley».


Injusticia

Concluyen que «la Delegación del Gobierno ha denegado de manera injustificada el derecho a concentrarnos en la Plaza de Colón el 21 de enero de 2023. Sin embargo, no tenemos intención de perder energías en recurrir una decisión, aunque la consideremos evidentemente no ajustada a Derecho. Por este motivo, hemos decidido cambiar el lugar de la concentración». «Estas dificultades no impedirán que ejercitemos nuestro derecho a manifestarnos en defensa de España, la Constitución y la Democracia; os esperamos el día 21 de enero de 2023, a las 12:00 horas, en la Plaza de Cibeles y calles limítrofes», avisan.


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DE LA SALIDA DE CASADO A LA ENMIENDA A LA TOTALIDAD DE VOX A SÁNCHEZ

España, 2022: el año del rodillo ideológico y del avance de la demolición del Estado de derecho

AGUSTÍN BENITO. gaceta. 29 Diciembre 2022


Se acaba el año 2022, 365 días en los que en España el Gobierno de Pedro Sánchez ha intensificado el rodillo ideológico y ha empobrecido más a la familia españolas, que sufren cada día la alta inflación y la ineficacia económica de un Ejecutivo elefantiásico que ha gastado en asesores de enero a octubre 4,4 millones de euros más en 2021.


El año ha estado marcado en el contexto internacional por la guerra en Ucrania tras la invasión por parte del régimen de Vladimir Putin y la grave crisis energética derivada en buena parte de la dependencia europea del gas ruso… y en el ámbito nacional por los pactos del Ejecutivo con los enemigos declarados de España (separatistas y filoetarras) y por su deriva hacia la autocracia al tratar de eliminar los contrapesos del Estado.


Con el Poder Legislativo a su lado –son muchas las ocasiones en las que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha mostrado su parcialidad–, el Ejecutivo ha tratado de hacerse con el Poder Judicial. Así, este mes de diciembre intentó un asalto a la Justicia que fue frenado –por ahora– por seis magistrados del Tribunal Constitucional a los que miembros de los partidos que sustentan al Gobierno llegaron a tildar de «golpistas» y de «jueces ultra».


Las cesiones al separatismo y las leyes ideológicas

En 2022, Sánchez ha continuado con las prebendas a sus socios a cambio de su apoyo parlamentario en los Presupuestos del gasto y el despilfarro –ya aprobados– y en las distintas iniciativas legislativas. Su Ejecutivo ha premiado al separatismo catalán con la derogación del delito de sedición y la rebaja del delito de malversación. Desde la Generalitat, por su parte, se ha respondido con la petición de un referéndum de autodeterminación —«2023 tiene que ser el año de dar forma a la propuesta catalana de acuerdo de claridad», ha señalado Peré Aragonés en el reciente discurso de Navidad–, y con la permanente –y permitida– vulneración de derechos fundamentales en materia lingüística para convertir el español, la lengua materna de la gran mayoría de los catalanes, en un idioma extranjero… en España.


Respecto al PNV y a Bildu, cabe señalar que el Ejecutivo ha continuado con los beneficios a etarras en forma de excarcelaciones o acercamientos –ya quedan poco más de 10 terroristas cumpliendo condena en prisiones fuera del País Vasco y Navarra–. Sánchez se ha comprometido además a retirar a la Guardia Civil las competencias de Tráfico y Seguridad Vial en la Comunidad Foral, decisión que se materializará en los próximos meses.


En 2022, han continuado las leyes ideológicas –surgidas algunas del Ministerio de Igualdad, que contará con 573 millones en el Presupuesto de 2023, y con el visto bueno de todo el Consejo de Ministros– que, como en el caso de la ley del «sólo sí es sí», ha permitido que se concedan permisos penitenciarios a más de un centenar de delincuentes sexuales, violadores y pederastas. Y se han desarrollado leyes –que entrarán pronto en vigor– como la nueva del aborto, que lo convierte en «derecho», elimina el requisito de consentimiento de los padres para que las menores de 16 y 17 años puedan abortar y supone la garantía de adoctrinamiento sexual en todas las etapas de la enseñanza obligatoria; o la ley Trans, que instaura «la libre autodeterminación de género» y en la práctica señala que la condición de mujer es «una cuestión de voluntad».


También se ha seguido con la matraca de la memoria histórica –ahora llamada «democrática»– con una nueva norma apoyada por Bildu que intensifica el «revisionismo histórico«, y reprime el pensamiento, la libertad de expresión y la libre investigación histórica. Y se ha exhumado a Gonzalo Queipo de Llano de la Basílica de La Macarena en Sevilla y se ha avanzado la exhumación de José Antonio Primo de Rivera de la Basílica del Valle de los Caídos.


Además, el impulso gubernamental del «efecto llamada» ha mantenido la presión migratoria. En los primeros 11 meses y medio de este año llegaron a España más de 30.000 inmigrantes –ya son casi 220.000 desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa–, a la vez que se ha acentuado la emergencia demográfica. España registró en los primeros seis meses del año la cifra más baja de nacimientos desde 1941.


La salida de Pablo Casado y la enmienda a la totalidad de VOX a Sánchez

En 2022 se celebraron elecciones autonómicas en Castilla y León, dónde VOX, que forma parte del Ejecutivo autonómico, ha conseguido se dé prioridad al mundo rural, se incentive la natalidad y se haya recortado buena parte de las subvenciones a la patronal y a los sindicatos; y Andalucía, donde el PP –que gobierna con mayoría absoluta– ha asumido el discurso del nacionalismo andaluz con decisiones como institucionalizar el 4 de diciembre como el día de la bandera andaluza y ha ampliado la plantilla fija de la televisión pública, que hasta ahora era de 1.300 trabajadores.


En la política nacional, cabe señalar el cambio en la dirección del PP tras la profunda crisis interna en el mes de febrero, la salida de Pablo Casado y la llegada a Génova 13 de Alberto Núñez Feijóo, al que sustituyó como presidente de la Xunta de Galicia Alfonso Rueda, y el rechazo global y la enmienda a la totalidad de VOX a un Gobierno «sostenido en la mentira, y que emula al viejo y criminal Frente Popular», según palabras de Santiago Abascal en el Debate sobre el estado de la Nación celebrado el pasado mes de julio.


Ante el panorama actual, con la «liquidación de los últimos vestigios de la separación de poderes«, VOX aboga por la presentación de una moción de censura, con un candidato neutral que se comprometa a convocar elecciones inmediatas. «España está sufriendo un Gobierno extremista que pretende perpetuarse en el poder arrasando cualquier impedimento legal o moral. Por ello, es la hora de la unidad. El pueblo español, como en sus mejores momentos, ha de unirse frente a quienes le quieren robar su pasado, su presente y su futuro», aseveró el propio Abascal el pasado 9 de diciembre.


La división y la erosión institucional, esa gran obra de Sánchez

MIGUEL ÁNGEL BELLOSO. okdiario. 29 Diciembre 2022


La prensa se ha hecho eco con profusión de que el discurso de Navidad del Rey ha logrado conciliar a los dos grandes partidos en torno a las palabras de Felipe en defensa de la unidad, de la Constitución y de las instituciones. Naturalmente, este punto de encuentro es solo aparente, una impostura. Cualquier observador exigente de la situación actual de la nación se habrá visto, sin embargo, decepcionado. Quizá sin motivo. La mayoría de la gente desconoce que, por desgracia, los discursos del Rey son todos visados por el Gobierno de turno, que los corrigen, tachan lo que les parece y son los que al final dan el visto bueno. Por eso es crucial quién esté al frente de un país. Si una persona cabal y con sentido común como era el caso de Mariano Rajoy o un hombre sin escrúpulos como Pedro Sánchez, que hace lo posible a diario para minar la Monarquía y ansía el regreso de una República.


Discursos del Rey en sentido estricto sólo ha habido uno. Este se produjo con motivo del golpe de Estado en Cataluña en 2017. En él demostró una clarividencia y una soltura inéditas, animando a combatir el desafío a las instituciones por todos los medios legales posibles. Ese discurso fue remitido, como es obvio, a Rajoy -a quien le pareció un exceso providencial-. Pero fue el que lo aprobó. Y digo que fue providencial porque le allanó el camino: la intervención posterior de la Generalitat, con la aplicación del artículo 155 a la que a Sánchez fue arrastrado a regañadientes -contra su voluntad, porque no le quedaba más remedio- y el intento fallido de evitar el referéndum ilegal. Fallido por la falta de determinación, de la prevención de la que infructuosamente se encargó la vicepresidenta Sáenz de Santamaría y por los errores gravísimos de los servicios de inteligencia.


El caso es que ese ha sido el único gran discurso de Felipe en todo su mandato, y quien le concedió la potestad de dirigirlo a los ciudadanos fue Rajoy. Por el contrario, desde que gobierna Sánchez el Rey ha sido demediado, postergado o anulado a diario. El socio de gobierno Podemos detesta la Corona, y lo dice a tumba abierta, sin clase alguna de pudor, incluso con aire chulesco. Los aliados gracias a los que sobrevive Sánchez en La Moncloa repudian y atacan la Monarquía cotidianamente: los catalanes, los filoetarras de Bildu, los nacionalistas vascos. Me parece que vivir en la Zarzuela en estas condiciones debe ser una tortura permanente, convertido el Palacio en lo más parecido a una celda de aislamiento con el oxígeno apenas imprescindible para sobrevivir. Es una situación tan delicada, que pasa tan desapercibida para el común de los mortales, que a mí me duele tanto como me conmueve.


En estas circunstancias tan excepcionales por las que atraviesa la nación, Felipe alertó el día de Nochebuena de los tres grandes problemas que afectan al país: la división de la sociedad, el deterioro de la convivencia y la erosión de las instituciones. Visto así, el diagnóstico es tan certero como evanescente, de manera que el socialismo sanchista se ha visto reconocido en el discurso, así como la sedicente prensa adicta, progresista y enchufada a la subvención pública. A mí, en cambio, me parece que, con esta clasificación ordenada de nuestras lacras, quería tácitamente señalar al causante de todas ellas, que no es otro que el presidente Sánchez. Él es el que, siguiendo la estela guerracivilista de Zapatero, ha ahondado la división social y la discordia civil con sus infames leyes de género y la resurrección de la mal llamada memoria histórica o democrática. Y finalmente, es Sánchez el que lleva tiempo erosionando las instituciones, empeñado en conformar un poder judicial y un Tribunal Constitucional de su cuerda, con el exclusivo interés de situarlo a sus pies.


Por si sirve de algo, les recordaré que cuando el Tribunal Supremo de los Estados Unidos declaró recientemente que el aborto no era un derecho y delegó en los magistrados de los estados federados correspondientes la potestad de juzgar la legislación al respecto, la reacción de Sánchez fue contundente, visceral y premonitoria: «Tenemos que evitar a toda costa que esto suceda en España». Y este es el leitmotiv que persigue su mandato: doblegar a la Justicia, a la que no quiere en ningún caso como contrapoder, sino como un apéndice más del Gobierno autoritario que padecemos, siempre presto a obedecer sus dictados.


Da igual que hace tiempo que el poder judicial tuviera que haber sido renovado, así como el tribunal de garantías. El PP, cuya aquiescencia es imprescindible hasta ahora, se ha negado con razón: sería algo así como entregar el poder absoluto a Sánchez para proseguir su tarea de devastar la nación y todos los principios que la han inspirado hasta la fecha.

Irritado porque no puede conseguir como hasta ahora todo lo que se propone, el presidente ha emprendido una reforma de las reglas del juego para nombrar magistrados por mayoría simple y afortunadamente se ha encontrado con la oposición del Constitucional. Gracias a Dios. En medio de la ignorancia general, queridos amigos, aquí es donde se dirime el futuro de España tal y como la hemos conocido hasta la fecha. En la capacidad de resistir las embestidas de un depredador fiero y consumado.


En esa carrera enloquecida por ocupar todo el poder y a toda costa, Sánchez ha rebasado la línea roja que distingue a un demócrata de un totalitario, y que consiste en sostener que el Congreso es soberano y que ningún poder jurisdiccional puede limitar lo que la mayoría parlamentaria decida. Pero pensar de esta manera supone una absoluta impugnación de lo que significa la Constitución, según la cual las mayorías parlamentarias tienen limitadas sus facultades de acuerdo con la ley, y naturalmente y constitutivamente están subordinadas a ella. Ni siquiera la democracia está por encima de la ley, entre otras cosas porque, de ser así, ya no estaríamos en presencia de una democracia sino en manos de la tiranía de la mayoría parlamentaria y del déspota que la dirige, es decir, del presidente Sánchez. Yo no soy experto en casas reales y menos en discursos de reyes, pero, modestamente, esto es lo que pienso que quiso decir, o sugerir, Felipe durante su intervención censurada por la Moncloa, ante la incomprensión general del pueblo llano y el cabreo de los más exigentes. Pero me parece que en la actual tesitura viene como anillo al dedo ese refrán que dice que a buen entendedor, pocas palabras basta.


Dos necesarias rupturas para salvar la unidad de los españoles

José María Múgica. vozpopuli. 29 Diciembre 2022


Es intolerable que con los ríos de sangre que corrieron en el País Vasco y en toda España durante décadas en nombre del delirio nacionalista, más del 40% de las víctimas no tienen esclarecido su asesinato


Hace una semana, el grupo editorial Vocento publicó una larga entrevista con el principal asesor del Gobierno vasco en materia penitenciaria, cuya competencia de prisiones le fue traspasada por el Gobierno de España en mayo del pasado año 2021. Larga entrevista centrada en los presos terroristas, como si en el País Vasco no existieran otros presos de distinta condición y nadie más que los terroristas merezcan atención.


Entre las llamativas declaraciones que prestó ese asesor se encuentra la referencia a las decisiones de la Fiscalía de revocar 23 de los 32 terceros grados (régimen de semilibertad) concedidos a los reclusos por terrorismo. Él, sin embargo, avalaba la concesión de todos esos terceros grados, al amparo de las Juntas de tratamiento de cada uno de los centros penitenciarios que ahora se encuentran bajo la competencia del Gobierno Vasco.


Pero ese asesor no presenta ni sombra de duda, ni autocrítica, ni nada, ante la realidad de que la Audiencia Nacional viene denegando de modo mayoritario las numerosas concesiones que pretendía el Gobierno vasco de esos terceros grados; denegaciones resueltas al amparo de que no se reconoce por el recluso terrorista el daño causado en sus crímenes.


Se trata, quizá, de la más palpable expresión de que la transferencia a las instituciones penitenciarias vascas de los terroristas no es sino una vía de hecho para conseguir su libertad. A tal punto de que ese asesor culmina su respuesta en cuanto a las decisiones de Fiscalía de recurrir las decenas de terceros grados concedidos con la siguiente reflexión: “Además, han cumplido de media veintitantos años (de prisión)”. Imposible saber en cuánto valora el asesinato, cuántos años de penalización deben contener sus horrendos crímenes.


Ya comienza por ser significativo que un asesino invoque sus derechos constitucionales, aquellos que siempre pisoteó con sus crímenes que intentaron arrasar la democracia en España

Hay otra parte de su entrevista que se sitúa en el terreno de los buenos deseos, sin contacto alguno con la realidad. Es lo que se refiere al esclarecimiento de la autoría de numerosos atentados, habida cuenta de que hay más de 350 asesinatos terroristas de ETA sin esclarecer. Nos dice el asesor del Gobierno vasco: “Sabemos que hay personas que han manifestado en alguno de estos escritos que estarían dispuestas a hacerlo y sería bueno que eso se hiciera por el reconocimiento del derecho a la verdad de las víctimas. Dicen que estarían dispuestos a ser llamados a un tribunal para dar cuenta de aquello que pudieran conocer, siempre que se les ofrezcan unas mínimas garantías de que esto se va a hacer respetando sus derechos constitucionales”.


Ya comienza por ser significativo que un asesino invoque sus derechos constitucionales, aquellos que siempre pisoteó con sus crímenes que intentaron arrasar la democracia en España y lo consiguieron en notable grado en el País Vasco. Pero más significativo aún resulta desconocer que los derechos constitucionales se aplican a todos, incluidos a los terroristas presos. No hace falta que se les ofrezcan, porque va de suyo.


El problema está en otro sitio: en que hay más de 350 asesinatos de ETA sin esclarecer, aproximadamente un 40% del total de asesinatos perpetrados por la banda terrorista vasca. Se trata de una cifra dramática, a la que se añaden numerosos desaparecidos, es decir, personas asesinadas por ETA que nunca fueron encontradas, desde hace décadas. Es una expresión de máxima inhumanidad y falta de respeto, no ya solo por la vida de los asesinados, por supuesto, sino también hacia las familias de esas víctimas.


No se podrá banalizar la historia del terrorismo -como algunos se empeñan-, que pase página, sin haber leído lo que ocurrió

Y esto hace parte de un problema que, cada día que pasa, es un tiempo perdido. ¿Se podrá conocer el nombre de los asesinos de esos cientos de personas que perdieron la vida, que ni siquiera se sabe quién les mató, además de los que ni siquiera se conoce dónde se encuentran sus restos? Gravísimo problema que debería convocar a toda la sociedad vasca: es intolerable que con los ríos de sangre que corrieron en el País Vasco y en toda España durante décadas en nombre del delirio nacionalista, más del 40% de las víctimas no tienen esclarecido su asesinato.


No se podrá banalizar la historia del terrorismo -como algunos se empeñan-, que pase página, sin haber leído lo que ocurrió. Eso siempre tiene consecuencias degradantes, como para cualquier sociedad que entierra mal su historia y afronta de modo torcido su siguiente futuro. En cualquier caso, ya lo dijo Otegui cuando Bildu apoyó los presupuestos generales del Estado para el año 2022 que ahora termina: “Presupuestos por presos”.


Y a eso se ha atenido el Gobierno de Pedro Sánchez, no ya solo en el último año sino prácticamente desde su moción de censura del año 2018. Ebrio de poder, ciego y temerario, sin asumir que tener como aliado parlamentario a Bildu es una absoluta temeridad, además de un disparate sin límite que daña al país a cada paso que da con gente que ha nacido -y así lo dicen- para volar nuestra Constitución de 1978, casa común de todos los españoles. Y como dijo el mismo Otegui con motivo de la aprobación de los presupuestos generales del Estado para 2023: “El gobierno de España se sustenta en quienes nos queremos marchar de España”.


Blanquear y normalizar esa relación con Bildu está en el territorio de una catástrofe moral y de una perversidad política que lacera no solo a los vascos sino al conjunto de la sociedad española

Así, la obligación del Gobierno es desprenderse de tan lamentable socio. Blanquear y normalizar esa relación con Bildu está en el territorio de una catástrofe moral y de una perversidad política que lacera no solo a los vascos sino al conjunto de la sociedad española. Como lo está la relación con su otro aliado, ERC, que ha conseguido la derogación de la sedición y el abaratamiento de la malversación, y sigue empeñado en un referéndum de autodeterminación que jamás se debe producir y cuyo mero planteamiento desde hace años está dañando profundamente a la sociedad catalana.


Son dos rupturas imprescindibles que debe afrontar este Gobierno, en el poco futuro que le queda del año 2023. Al tiempo que se desprenda también de su alianza con ese populismo de extrema izquierda que erosiona y divide, como es Unidas Podemos, hoy afortunadamente en crisis con aspecto de irremediable.


Sólo así será posible reemprender las políticas de unidad y cohesión de los españoles, que tan imprescindibles resultan, en defensa de lo que fue la Transición y nuestra Constitución de 1978. Sin eso, toda acción de Gobierno está condenada al fracaso.


¿Castellano o español?

PABLO PLANAS. libertad digital. 29 Diciembre 2022

Mientras "desjudicializaban" el golpe de Estado daban unos cuantos pasos al frente en la desespañolización de España.Bajo el lema 'Español, Lengua Vehicular', la plataforma Escuela para Todos ha convocado una manifestación en Barcelona para reclamar que el castellano también sea lengua vehicular en Cataluña al considerar que la no aplicación de la sentencia del TSJC que obliga a dar el 25% de las clases en español supone una vulneración de los derechos lingüísticos de los alumnos.


Uno de los hilos conductores de la política en Cataluña durante 2022 ha sido la marginación del idioma español en todos y cada uno de los ámbitos bajo control administrativo, desde la enseñanza obligatoria a la sanidad. En la región se sigue hablando español, aunque generalmente no esté bien visto referirse a tal lengua de tal modo. Se prefiere el uso del término "castellano" para evitar la alusión a España. Y se sigue hablando el español muy a pesar del Gobierno de España y de la Generalidad y los partidos que sustentan ambas instancias. Si el "castellano" sólo se hablara en Castilla (que para los catalanes es toda España menos Cataluña y alrededores), el idioma español sería residual, pero no es el caso.


El problema de los socialistas en Cataluña y de los independentistas con el español no es de tipo lingüístico porque no es infrecuente que los más obstinados enemigos de la lengua española no hablen más que en esa lengua o la utilicen más que la catalana. La erradicación del español de la vida pública y a ser posible de la privada tiene que ver con la ideología, con el catalanismo, pura esencia supremacista. Y en el catalanismo confluyen todos los partidos, grupos y entidades nacionalistas, de izquierdas o derechas, más los sindicatos UGT y Comisiones, sus sectoriales y derivadas, la patronal, los tibios y los equidistantes, muchos de ellos no necesariamente independentistas.


En el objetivo de desespañolizar Cataluña, la persecución de la lengua es fundamental. Y este año se ha avanzado mucho. Se ha anulado la sentencia del 25% de español en la enseñanza obligatoria por la vía de un decreto del gobierno catalán y una ley aprobada en el parlamento autonómico por el PSC, ERC, JxCat, la versión catalana de Podemos y la CUP. Todo esto, que parece una macedonia de siglas con porcentaje, tiene que ver con el acoso a las familias que se atreven a reclamar que a sus hijos también les enseñen el español y en español en una parte de un lugar llamado España.


Historias como la del "niño de Canet" explican a las claras las razones por las que muchos padres prefieren no meterse en problemas y aún menos complicar la vida escolar y social de sus hijos. La "Escola catalana" de la inmersión lingüística es la más depurada y consistente "estructura de Estado" del catalanismo, por delante del sistema de medios, la "cultura", las administraciones locales, el asociacionismo de todo tipo y los Mossos. Aquel niño y aquella familia de Canet fueron señalados, acosados, vejados, amenazados e insultados en una campaña en la que participaron de manera directa y personal desde el presidente de la Generalidad hasta la dirección del colegio pasando por el consejero de Educación. El delito era que la sentencia del 25% respondía a su demanda.


Dicha sentencia quedó en papel mojado, pero los partidarios del bilingüismo en la escuela no se dieron por derrotados. Al acabar el año, el mismo Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que emitió aquel fallo ha resuelto otro caso parecido a favor de los demandantes, una familia de Barcelona. Para sortear que el 25% de español en la enseñanza obligatoria está pendiente de lo que resuelva el futuro Tribunal Constitucional de abrumadora mayoría "progresista", el TSJC ha dictado que en la clase de la hija de los demandantes se dé la asignatura de lengua española y al menos otra considerada troncal en español.


El texto de la sentencia no tiene desperdicio. Se ha dado a conocer en catalán, por cierto. Tal vez para evitar que la Generalidad alegue el desconocimiento del idioma español o su condición impropia en Cataluña para hacer lo que acostumbra, incumplir las resoluciones judiciales. Entre los considerandos destaca que la última pericial sobre la enseñanza en el centro en cuestión constató que se impartían "en lengua castellana las materias de Educación Física, proyectos propios del centro, Escritura Creativa y Lengua Castellana". Las mayúsculas y minúsculas son las de los redactores del original.


La misma indagación determinó que la enseñanza en español era de cinco horas semanales, las mismas que en inglés, pero con otros contenidos. En concreto las asignaturas de "Conocimiento del Medio Natural, Educación Artística Plástica y Lengua Inglesa".


Líneas después se advierte de que "si bien es cierto que la Educación Física ha ido alcanzado una importancia bastante relevante en la educación y en la significación para el alumno debido a su vinculación con el deporte y también con la salud física y mental según los contenidos atribuidos a esta materia, no lo es menos que la utilización del lenguaje no tiene en esta asignatura la misma relevancia que la utilización del lenguaje en otras materias, de forma que probablemente se podría considerar que la utilización vehicular del castellano es inferior a la del inglés, que con el mismo número de horas lectivas incluye dos materias curriculares obligatorias (Conocimiento del Medio Natural y Educación Artística Plástica) en el que el uso de la lengua es intensivo y de mucha relevancia".


El hecho de que la clase de gimnasia en Cataluña se imparta en español es notablemente singular. De seguro que los alumnos acabarán el ciclo obligatorio sabiendo qué significan exclamaciones como "¡vamos!", "¡venga!", "¡izquierda!" o "¡derecha!" en el contexto de la actividad física, concepto que va desde el tenis a fregar suelos o limpiar zapatos.


La "Asamblea por una Escuela Bilingüe" (AEB) e Impulso Ciudadano, entidades representadas por la profesora Ana Losada y el jurista José Domingo, han interpretado la sentencia del TSJC como un triunfo de la Justicia que derrumba el pacto entre el Gobierno de España y el Govern de Cataluña para reducir a escombros la enseñanza del español en los centros escolares. Los precedentes auguran que la Generalidad se pasará la sentencia por el hueco del arco del triunfo. Como siempre, pero con la diferencia de que el tribunal de última instancia será el Constitucional de Pedro Sánchez y Oriol Junqueras durante lo que queda de década.


El español no desaparecerá de Cataluña en los próximos diez años. Ni durante lo que resta de siglo, como mínimo. El catalán, tampoco, a pesar del contraproducente esfuerzo del catalanismo para que su lengua "propia" acabe siendo la única. Se escribirán o se hablarán más o menos mal, pero tanto el español como el catalán resistirán los ataques de los enemigos de los ciudadanos españoles. Otra cosa muy diferente es lo que ocurra con España en Cataluña y en el resto de España. Los libros de texto en muchas Comunidades Autónomas sostienen que España no existe o, en el mejor de los casos, que es un Estado enfrentado a las "naciones" catalana, vasca, gallega o asturiana, entre muchas otras, de la Península Ibérica.


La resistencia de la AEB e Impulso Ciudadano es épica, homérica, hercúlea y superlativa. Sin ella, los separatistas estarían más cerca de su objetivo. Que conste. Pero la última sentencia del TSJC es un brindis al sol. Que no se imparta gimnasia en español y que se dé todo lo demás en catalán y en contra de España. 2022 no ha sido un año precisamente perdido para socialistas y separatistas en el curso del "procés". Mientras "desjudicializaban" el golpe de Estado daban unos cuantos pasos al frente en la desespañolización de España, con todo lo que ello supone en las asignaturas de los derechos y libertades de los ciudadanos.


LA DICTADURA DEL CATALÁN

Los espías del catalán exigen a los docentes de Baleares velar por su imposición con la ayuda del Govern

INDALECIO RIBELLES. okdiario. 29 Diciembre 2022


Los espías del catalán exigen a los docentes de Baleares velar por su imposición en los centros de enseñanza públicos y concertados en colaboración con la Inspección Educativa del Govern balear, presidido por la socialista, Francina Armengol, tal y como se recoge en un folleto difundido en redes sociales este pasado 25 de diciembre.


En el mismo, la denominada Plataforma per la Llengua que vigila la erradicación del castellano en los patios de diferentes colegios de Cataluña, insta a los profesores a «hacer un seguimiento de la aplicación de la inmersión lingüística en el centro, con el apoyo de la Inspección Educativa».


«El equipo directivo también debe velar porque se cumplan las funciones del coordinador lingüístico», apuntan en una publicación que lleva por título ‘Todos somos referentes lingüísticos. No te excuses!’, pensada indica la plataforma, «para renovar y fortalecer el compromiso con el catalán de los sectores y agentes más vinculados con la juventud».


Mientras el Govern de la socialista Armengol mira para otro lado, y no aplica el 25% de castellano en los centros educativos públicos y concertados de las Islas, la citada plataforma continúa animando a los profesores a acentuar la imposición del catalán.


Tras preguntar a los docentes si tienen experiencias de promoción del catalán en su centro, instándoles a contarlas mediante un correo electrónico, la entidad elegida por los socialistas para erradicar el castellano en el ámbito público en Mallorca (contrato de 217.000 euros), exige a los profesores «hablar siempre en catalán con los alumnos, dentro y fuera del aula. Si cambias al castellano cuando otra persona se te dirige, ellos también lo harán», afirman.


También insta a los docentes a expresarse con corrección, transmitiendo un buen modelo de lengua para contribuir a la formación lingüística del niño o joven, que de esta forma tendrá más oportunidades, y a crear espacios lingüísticos seguros, generando situaciones en las que los alumnos utilicen el catalán, así se acostumbrarán a hablarlo ya relacionarse con ellos.


Entre las acciones cotidianas que propone la citada plataforma a los profesores cita, por ejemplo, la» organización de actividades lúdicas en un entorno distendido» para que los niños y jóvenes conecten con el catalán y se vinculen.


Trabajar con material didáctico en lengua catalana, sea ​​cual sea el formato, y velar por que haya libros en catalán en la biblioteca del centro, es otra de las acciones propuestas por este colectivo, que recuerda la «necesidad de que los docentes utilicen siempre el catalán en la comunicación interna y externa, ya sea en reuniones como en mensajes, correos, documentación, carteles y señales», y que se atienda también a las familias, exclusivamente, en esta lengua.


«Si te esfuerzas en enseñar el catalán a los alumnos, ¿por qué deberías dejar de lado la familia?», recoge el nuevo panfleto lingüístico lanzado por este colectivo que aboga porque en los centros escolares de Baleares se configure en catalán «el sistema operativo de los ordenadores, tabletas y dispositivos electrónicos, así como los programas y aplicaciones y se anime a los alumnos a navegar en catalán».


Por último, recuerdan que estas estrategias deberían quedar definidas en el proyecto lingüístico del centro, «que es el documento que por ley trata la vehicularidad del catalán y la manera en que debe de fomentarse su uso».


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