Recortes de Prensa Lunes 2 Enero 2023
Zelenski asegura que Moscú "tiene miedo" mientras Kiev sufre nuevos bombardeos
Arantxa Palacios. el confidencial. 2 Enero 2023
Las autoridades ucranianas han denunciado nuevos bombardeos en la noche del domingo sobre Kiev en los que ha resultado herido un joven de 19 años. Además, instalaciones de infraestructura energética han resultado dañadas, por lo que se han producido cortes de luz en toda la ciudad, según ha explicado el alcalde de la capital, Vitali Klitschko. Poco después, el presidente del país, Volodímir Zelenski, ha afirmado, que Rusia "tiene miedo" porque "está perdiendo" la guerra. "Nuestro sentido de la unidad, autenticidad, la vida misma... todo esto contrasta dramáticamente con el miedo que prevalece en Rusia", ha afirmado en su habitual discurso nocturno. "Ellos tienen miedo. Puedes sentirlo. Y tienen razón en tener miedo, porque están perdiendo", ha declarado antes de aseverar que "drones, misiles, cualquier otra cosa no los ayudará".
Mientras, Moscú ha asegurado que la ciudad de Briansk, a 380 kilómetros de la capital rusa, se ha quedado sin suministró eléctrico tras un ataque ucraniano con drones. No ha habido víctimas y todos los servicios de emergencia están en el lugar del incidente", ha informado el gobernador de la región, Alexander Bogomaz a través de un mensaje en su perfil de Telegram. Por su parte, el Ejército ucraniano ha informado de que ha derribado al menos 22 drones durante la madrugada tras haber interceptado otros 45 el día anterior.
Las claves del momento:
Nuevos bombardeos sobre Kiev
Zelenski asegura que Moscú "tiene miedo" porque pierde la guerra
El Ejército ucraniano asegura haber derribado al menos 22 drones
Rusia denuncia el ataque a una instalación energética en Briansk
Kiev agradece la ayuda sin precedentes y pide más armas
Las relaciones entre Rusia y China son "un modelo de cooperación entre superpotencias"
Hace 3 minutos 09:35
Moscú llevará su aviación de largo alcance con capacidad nuclear a la guerra
Las autoridades de Rusia han afirmado este lunes que su aviación de largo alcance participará en la invasión. El comandante de la aviación de largo alcance, Sergei Kobilash, ha recalcado que "está planeado el uso de aviación en los cursos de entrenamiento operativo y de combate" y ha manifestado que el objetivo es "mejorar las capacidades prácticas y operativas en los sistemas de control automático e información de las armas de alta precisión".
"Estas tareas serán resueltas en 2023 con la participación de aviación de largo alcance en la operación militar especial, lo que es la principal característica de su aplicación durante este año", ha reseñado, tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.
Según los datos oficiales, Rusia cuenta con bombarderos estratégicos Tu-95MS y Tu-160, así como con bombarderos de largo alcance Tu-22M3. Estos aviones tienen capacidad nuclear, si bien pueden emplear igualmente armas convencionales, incluidos misiles de crucero.
Hace 16 minutos 09:21
Muere uno de los heridos de los ataques rusos en Kiev de finde año
Uno de los heridos del ataque ruso a la capital durante el pasado 31 de diciembre de 2022, ha fallecido este lunes, ha confirmado el alcalde de Kiev, Vitaly Klytchko, en su canal de Telegram. El hombre, de 46 años, estaba ingresado en cuidados intensivos desde entonces.
Hace 57 minutos 08:40
Kiev dice haber "liquidado" a más de 700 militares rusos en 24 horas
Las Fuerzas Armadas de Ucrania han afirmado este lunes haber "liquidado" a más de 700 militares rusos en combates registrados durante el último día y han apuntado que hasta la fecha han muerto más de 107.000 soldados de Rusia desde el inicio de la invasión.
El Estado Mayor del Ejército ucraniano ha apuntado en un mensaje en su cuenta en la red social Facebook que 720 militares rusos han muerto en combate durante las últimas 24 horas, con lo que "cerca de 107.440" han muerto desde que estalló la invasión.
Asimismo, ha manifestado que han sido destruidos 3.031 carros de combate, 2.027 sistemas de artillería, 213 sistemas antiaéreos, 283 aviones, 269 helicópteros, 1.836 drones, 723 misiles de crucero, 16 embarcaciones, 4.725 vehículos y tanques de combustible y 181 piezas de "equipamiento especial".
"El enemigo ruso ha sufrido las mayores pérdidas durante el último día en las direcciones a Liman, Bajmut y Avdivka", ha sostenido en su mensaje. "Los datos están siendo actualizados. Golpead al ocupante. Ganemos juntos. Nuestra fuerza está en la verdad", ha zanjado.
Hace 1 horas 10 minutos 08:28
Rusia asegura que Ucrania atacó una instalación de energía con un dron
Las autoridades rusas han denunciado en la madrugada de este lunes que un dron ucraniano habría provocado la interrupción de suministro eléctrico tras el ataque mediante un dron en la ciudad de Briansk, a 380 kilómetros de Moscú.
"Durante la madrugada, vehículos aéreos no tripulados ucranianos han llevado a cabo un ataque en el distrito de Klimovski. No ha habido víctimas y todos los servicios de emergencia están en el lugar del incidente", ha informado el gobernador de la región, Alexander Bogomaz a través de un mensaje en su perfil de Telegram.
Bogomaz ha precisado que "como resultado de la huelga, la instalación de suministro de energía ha resultado dañada y no hay electricidad en el pueblo".
Asimismo, según ha informado Ukrinform, esta noche se habrían producido también explosiones en el aeródromo militar 'Baltimore', donde se encontrarían aviones de combate rusos. Sin embargo, no hay ninguna confirmación oficial acerca de esta información.
Hace 1 horas 59 minutos 07:39
Ucrania denuncia nuevos ataques rusos contra Kiev
Las autoridades ucranianas han denunciado en la noche de este domingo nuevos ataques con drones de presunta fabricación israelí contra la capital del país, Kiev. El portavoz de las autoridades locales, Oleksiy Kuleba, ha señalado que "las fuerzas de defensa aérea están trabajando en objetivos", en referencia a un supuesto ataque de drones en la región de Kiev.
"Los principal ahora es mantener la calma y permanecer en los refugios hasta que suene la alarma", ha agregado al criticar que "el peligro persiste en la región". El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, ha confirmado a su vez que se ha producido una explosión en la capital, que ha herido a un joven de 19 años que ha tenido que ser hospitalizado. Posteriormente, Klitschko ha explicado que "como resultado del bombardeo nocturno de la capital, las instalaciones de infraestructura energética han resultado dañadas".
El último asalto a la democracia
JAIME IGNACIO DEL BURGO. okdiario. 2 Enero 2023
La Constitución proclama que el Poder Judicial es uno de los tres poderes del Estado. Puesto que la Justicia emana del pueblo, resulta imprescindible que la ciudadanía tenga plena confianza en la independencia e imparcialidad de los jueces y magistrados. Para ello la Constitución encomendó el gobierno de la Administración de Justicia a un Consejo General del Poder Judicial de veinte miembros. Ocho elegidos por el Congreso y el Senado por mayoría de tres quintos en cada cámara. Y los otros doce, serían nombrados entre jueces y magistrados. El ministerio de Justicia no tendría razón de existir y podría ser una secretaría de Estado en la presidencia del Gobierno.
En el proyecto de Constitución sometido a la aprobación de las Cortes se preveía que el CGPJ estuviera compuesto por 15 miembros, de los cuales 6 serían designados las Cortes Generales (3 por cada Cámara) y los otros 9 “entre jueces y magistrados, en los términos que establezca la ley orgánica”. Se daba por sentado que los jueces elegirían a los jueces. Y así lo demostró el propio PSOE al presentar una enmienda “in voce” en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso (8 de junio de 1978), que además de elevar a 20 el número de miembros (8 por las Cortes) y 12 entre jueces y magistrados, se especificaba que estos últimos debían ser “de todas las categorías judiciales.
De esta forma, dijo Gregorio Peces Barba, portavoz socialista, se abría “el Colegio electoral” de modo que “también serán elegibles todos los jueces y magistrados”. Es decir, que el autor de la enmienda reconocía que los 12 vocales serían elegidos por los propios jueces y magistrados. Así se plasmó en la Ley Orgánica del Consejo del Poder Judicial de 10 de enero de 1980.
Recientemente el PSOE conmemoró en Sevilla el 40 aniversario de su gran victoria en las elecciones del 28 de octubre de 1982. Felipe González con 202 diputados se quedó a 8 escaños de la mayoría de tres quintos del Congreso y con 127 senadores a 2 escaños de dicha mayoría. Se ha valorado el pragmatismo de González que renunció al marxismo, nos mantuvo en la OTAN y nos ingresó en la Comunidad Económica Europea (la UE actual) asumiendo el principio de libre competencia y la libertad de empresa. Pero ebrio de poder, González fue el que asestó el primer hachazo al Poder Judicial. Consciente del peligro que representaban las investigaciones sobre los GAL como terrorismo de Estado, que podían sentarle en el banquillo de los acusados, decidió controlar la Sala Segunda del Tribunal Supremo. No le fue difícil superar en el Congreso los tres quintos y obtener mayoría de magistrados “progresistas” en el Tribunal Constitucional. Convencido de que el TC respaldaría la constitucionalidad de una reforma que derribaba el muro protector de la imparcialidad e independencia de los jueces, suprimiendo la elección directa de los 12 miembros del CGPJ para atribuir a las Cortes el nombramiento de todos sus miembros.
El Grupo Parlamentario Popular encabezado por Manuel Fraga recurrió al Tribunal Constitucional contra la Ley González. El 29 de julio de 1986 se dictó sentencia con un fallo unánime: la reforma de la Ley de 1985 no vulnera la Constitución. Para ello el TC tuvo que hacer encaje de bolillos. El hecho de que todos los miembros del CGPJ fueran elegidos por las Cortes –declaró el TC- no los convertían “en delegados o comisionados del Congreso y del Senado”. Ahora bien, advertía del “riesgo” de sumisión política, contrario al “espíritu” de la norma constitucional, si el nombramiento se efectuaba mediante el reparto de cuotas entre partidos “en proporción a la fuerza parlamentaria de estos”. Y eso es, precisamente, lo que ocurrió. Podría decirse que todos los Consejos nombrados desde entonces fueron designados con vulneración del espíritu de la Constitución.
Jueces para la Democracia
Era ministro de Justicia, Fernando Ledesma, un magistrado cofundador de Jueces para la Democracia, nacida en 1984. para “impulsar la revalorización de la independencia y la responsabilidad del juez como referentes constitucionales de la Administración de Justicia”. Sin que los jueces “progresistas” dijeran esta boca es mía, Ledesma se plegó a la voluntad del líder.
Otro miembro fundador de la Asociación. Juan Antonio Xiol, director general de Justicia con Ledesma, se ocupó de redactar la reforma de la ley. Tuvo su recompensa. En 2013 fue nombrado magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del PSOE y desde 2021 es su vicepresidente. Su mandato se agotó el pasado 22 de junio. Su último servicio ha sido el rechazo a los recursos de Vox y del PP contra la ley de 2021 en la que Sánchez privó al Consejo de todas sus facultades de nombramientos por estar en funciones y la ley de junio de 2022 que se las devuelve, pero sólo para el nombramiento de los dos magistrados del TC que el corresponde. Empeño en el que también está la magistrada María Luisa Balagué, perteneciente al sector “progresista” del TC y, para ser más exacto, a la extrema izquierda.
El PSOE y el Gobierno han acusado al Tribunal Constitucional de que entre los miembros del sector “conservador” que acordaron la paralización de la tramitación en el Senado de las enmiendas del PSOE y Podemos para asegurarse el control absoluto del TC y del CGPJ, había dos magistrados cuyo mandato había caducado, pero han ocultado que entre los votos contrarios al recurso del PP figuraban otros dos magistrados del sector socialista que también se encuentran en la misma situación, como María Luisa Balagué.
Otros fundadores y miembros de Jueces para la Democracia han conseguido alcanzar importantes cargos en la judicatura y también en la política. Es el caso, entre otros, de Juan Alberto Belloc (ministro de Justicia), María Teresa Fernández de la Vega (vicepresidenta del Gobierno y presidenta del Consejo de Estado), Margarita Robles (actual ministra de Defensa), Pilar Llop, ministra de Justicia (presidenta del Senado y actual ministra de Justicia), Juan Carlos Campo (ministro de Justicia, pareja de la presidenta del Congreso Meritxel Batet y candidato del PSOE a magistrado del Tribunal Constitucional).
Cándido Conde-Pumpido
Hemos dejado para el final de esta lista de carreras fulgurantes que demuestran el estrecho maridaje entre Jueces para la Democracia y el PSOE, al magistrado Cándido Conde-Pumpido. Su carrera fue meteórica. En 1981 fue nombrado magistrado de la Audiencia Provincial de San Sebastián. En 1985 el primer Consejo General del Poder Judicial con una aplastante mayoría socialista, le nombró presidente de la Audiencia Provincial de Segovia. Entre 1993 y 1995 fue portavoz de Jueces para la Democracia. En diciembre de este último año, el CGPJ, con amplia mayoría “progresista”, nombró magistrado de la Sala de lo Penal a Conde-Pumpido, que le nombró ponente de la solicitud de imputación contra Felipe González por haber consentido la guerra sucia contra ETA con la creación de los GAL. Conde-Pumpido propuso, y así se acordó en 1996, la exoneración del presidente del Gobierno. A partir de entonces su carrera profesional fue espectacular.
Fue Fiscal General del Estado durante siete años, en el Gobierno Zapatero. Minutos antes de la recuperación por el PP del Gobierno, fue nombrado consejero de Estado en 2011.Y en 2017 fue designado magistrado del Tribunal Constitucional. Su mandato expira en 2026. De no ser por la paralización de las enmiendas del PSOE y Podemos en el Senado, ya sería presidente del Tribunal Constitucional. Se dice que en las últimas semanas se reunió en la Moncloa con el ministro de la Presidencia para preparar la última ofensiva contra la independencia del CGPJ y del TC, encargado de velar precisamente por la constitucionalidad de las leyes y otros actos del poder ejecutivo. La revelación de estas reuniones en un país auténticamente democrático hubiera provocado la fulminante destitución del ministro y la exigencia de dimisión del magistrado del TC.
Es evidente que a Sánchez y su coro de aduladores les importa un comino que la ciudadanía sufra las consecuencias de la politización de la Justicia. Su asalto a la Justicia y por ende al Tribunal Constitucional no tiene otro objeto que el de buscar la impunidad para los golpes contra la Constitución que ya ha perpetrado y se propone perpetrar tanto por su propia convicción como por su complicidad con sus socios comunistas e independentistas que están dispuestos a mantenerle en el poder pues necesitan tiempo para dar el golpe de gracia a lo que llaman “el régimen del 78” y a la unidad de España.
El poderoso aparato de propaganda del sanchismo ha conseguido transmitir la idea de que toda la maraña tejida sobre la renovación del CGPJ y de parte del TC no es más que un pulso entre el líder “progresista” de España y el líder conservador ansioso de llegar a la Moncloa para deshacer las conquistas sociales arrancadas al capitalismo y ponerse al servicio de los poderes ocultos de oligarcas sin escrúpulos. El nombramiento por unanimidad de los dos miembros del TC que le corresponde al CGPJ demuestra la falsedad de las acusaciones de contubernio fascista de los jueces “conservadores” con el PP. De todas formas, con los nuevos nombramientos el TC tendrá mayoría suficiente para nombrar presidente a Conde-Pimpido, aunque también podría disputarle el cargo la magistrada María Luisa Balaguer Callejón. A los efectos de los proyectos destructivos de la Constitución, tanto monta monta tanto.
Asalto a la democracia
Se dirá, y con razón, que el PP pudo volver a la elección directa de 1980, cuando Aznar y Rajoy tuvieron mayoría absoluta. Pero el PP presidido por Alberto Feijóo, sin plegarse a las presiones de Sánchez, con lealtad a la Constitución y a su programa electoral de 2020, y además en consonancia con los requerimientos de la Unión Europea, se niega a nuevas componendas y exige devolver a los jueces el nombramiento por elección directa de sus representantes en el CGPJ. Su postura es la que el propio Sánchez defendía en 2014, que llegó a decir: “Algunas comodidades del bipartidismo nos han hecho peores. Por ejemplo. Yo no estoy de acuerdo en que seamos los partidos políticos los que decidamos el órgano de gobierno de los jueces, que eso pasa siempre… Estoy dispuesto a que el PSOE no sea quien proponga a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, porque yo soy de los que cree que estas comodidades del bipartidismo, a quien ha hecho peor, ha sido al Partido Socialista”. Palabra de Sánchez. Nos espera la escenificación del último asalto a la democracia.
Jaime Ignacio del Burgo fue senador constituyente, diputado y presidente de la Diputación Foral-Gobierno de Navarra. Autor del libro “Asalto a la democracia”, editado en 2022 por la Esfera de los Libros.
Mayoría ¿progresista?
Iván Vélez. gaceta. 2 Enero 2023
Las últimas incorporaciones al Tribunal Constitucional han servido en bandeja el titular a la mayoría de medios de comunicación, perfectamente sintonizados con ese maniqueísmo que oscila entre el progresismo y el conservadurismo. Aunque Juan Carlos Campo –ex ministro de Justicia- y Laura Díez Bueso -ex directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica en el Ministerio de la Presidencia-, deberán abstenerse en determinados asuntos, dada su más que evidente conexión con el actual Gobierno, el sanchismo se ha apuntado un tanto que sus terminales mediáticas tratan de apuntalar desvelando los vínculos de otros jueces integrados en el TC con el conservadurismo.
Sea como fuere, el Tribunal Constitucional se tiñe de un progresismo capaz de encubrir el polvo del camino que, según Conde Pumpido, debe impregnar unas capas que aspiran constituirse en una suerte de clerecía judicial, convertida en última instancia política, en coherencia con el llamado Estado de derecho. Sin embargo, pese a esta aspiración, el gremio de los togados está dividido en dos bloques unidos por intereses ideológicos, económicos e incluso personales, que determinan muchas de sus decisiones. En cualquier caso, a este necesariamente heterogéneo colectivo le corresponde interpretar nada menos que la actual Constitución española, redactada, en algunos de sus pasajes o artículos más trascendentales, con una deliberada ambigüedad que requiere del concurso de un colectivo de exégetas.
Al nuevo tribunal le corresponderá dar o retirar su nihil obstat a las reformas aparejadas a la ya anunciada por el mismísimo Campo, apertura de un proceso constituyente que, como ocurriera con el actual, se elaborará en discretos salones. Emparejado con uno de los principales peones del PSC en Madrid, Meritxel Batet, Campo, liberado ya de la elaboración de los indultos que han agraciado a los golpistas condenados, podrá trabajar desde dentro del Tribunal Constitucional a favor de sentencias que serán calificadas de progresistas, pues son innumerables los españoles que asienten beatíficamente ante decisiones que abundan en la desigualdad entre españoles y, en último caso, en el proyecto de balcanización de nuestra nación, siempre que este se lleva a cabo bajo el amparo europeo.
Alimentadas por una aplastante carga reaccionaria, muchas de las cuestiones –aborto, eutanasia, secesión…– sobre las que deberá pronunciarse el renovado tribunal van ligadas a una suerte de telos bendecido por la vitola progresista. Así, no es difícil adivinar que las decisiones, muchas de ellas postergadas durante años, que se tomarán en este nuevo tiempo, irán en sintonía con la ideología dominante: ese progresismo a menudo carente de parámetros.
Entramos o, por mejor decir, continuamos inmersos en una nueva fase de la política española abierta el 11 de marzo de 2004. Sin embargo, y puesto que el futuro, al contrario que algunas de las predecibles sentencias, no está escrito, si en Atocha no fueron las togas quienes operaron el cambio –-muy al contrario, fueron estas quienes lo avalaron–, acaso tampoco sean los trajes talares quienes cierren este proceso.
Sánchez y su devoción por los pobres perpetuos
MIGUEL ÁNGEL BELLOSO. okdiario. 2 Enero 2023
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha decidido eliminar el ingreso mínimo vital en todo el país. El argumento es impecable: «Hay muchas personas que se lucran de esta medida sin necesitarlo». Ya sabemos que, según el pensamiento políticamente correcto, Meloni es una fascista, lo contrario al progresismo benefactor dominante en España. Pero no hay que ser demasiado perspicaz para pensar que en nuestro país pasa lo mismo que en Italia, aunque el Ejecutivo esté dispuesto a alentar la impunidad del subsidio irregular.
La diferencia respecto a Meloni es que el Gobierno de Sánchez ha aprobado un aumento del 15% de la cuantía de este ingreso pretendidamente solidario, o sea que ha azuzado el interés por seguir lucrándose de tal regalía, que entraña el peligro cierto de inducir a la corrupción, esa lacra social que el pueblo llano siempre endosa al rico, al que tiene dinero, pero que, a la menor oportunidad, la gente corriente practica a diario, puede que en cantidades pecuniarias menores pero igual de dolosas y de repugnantes.
Todo el plan social de Sánchez para combatir la crisis ahonda en aquello que me dice el profesor Juan Ramón Pin, al que tengo en gran estima: consiste en dar limosnas, y ya sabemos desde tiempo inmemorial que no hay que dar peces a los pobres, sino enseñarles a pescar. El presidente, a fuerza de proteger a los más vulnerables -como no se cansa de repetir- está determinado a instalarlos a perpetuidad en esa situación de indigencia que puede llegar a ser tan cómoda que no invita a abandonarla, pues salir de ella exige el trabajo y el sacrificio que el socialismo repudia como modo de vida, si se puede optar por la protección a cargo del Estado en la espera del sufragio favorable correspondiente.
El tuitero Jon escribe con razón: «Si compran tu voto con un cheque de 200 euros, dejas claro cuál es tu precio. Si no eres consciente de que esos 200 euros los has puesto tú antes, dejas claro que no se han equivocado al ponerte ese precio». Me parece una descripción perfecta de lo que está sucediendo. Sánchez se ha ocupado durante toda la legislatura de legitimar la pobreza, que realmente es un estado penoso y lamentable, pero del que se puede salir si ofreces a la gente los instrumentos adecuados para superarla. El gran Pericles, en su famosa Oración Fúnebre por los muertos en la guerra del Peloponeso, nos lo recordó muchísimos siglos atrás: «Los atenienses no nos avergonzamos de la pobreza, sino de aquellos que no hacen lo posible para salir de la misma». Pero ya escribí el otro día que esta clase de enseñanzas equivale a echar margaritas a los cerdos.
El programa de Sánchez para combatir la crisis tiene un asqueroso aroma electoral, y de hecho caduca -aunque sin duda se prolongará- en el primer semestre de 2023, en los prolegómenos de los comicios locales y autonómicos. El economista Luis Garicano, antes en Ciudadanos, ahora buscando un destino en el PP de Feijóo, ha escrito al respecto: «Pura compra de votos. Sin tapujos. Sin ninguna consideración sobre las consecuencias para la estabilidad presupuestaria de España». Porque esa es otra. Ya comprendo que el común de los mortales tiene escasa preocupación por la higiene fiscal de las cuentas públicas, por la marcha del déficit y el aumento hasta cotas inéditas de la deuda del Estado, pero esto no quiere decir que estos hechos dejen de tener una trascendencia brutal y condicionen el desempeño futuro del país, empujándolo a impuestos aún mayores en un estado que ya se ha convertido en básicamente confiscatorio, con la presión fiscal efectiva más alta de la Unión Europea en términos de renta per cápita, o a una reducción drástica del gasto, que es lo que debería aplicar un Gobierno decente y lo que tendría que hacer Feijóo si tenemos la suerte de que gane las próximas elecciones generales y llegue a la Moncloa.
Porque el caso es que Sánchez se va a gastar 10.000 millones en este enésimo plan anticrisis que va contra el sentido común, la estabilidad económica y, sobre todo, contra los pobres, a los que va a perjudicar gravemente. Para empezar, los topes al alquiler impedirán a los jóvenes y a los ciudadanos en situación más precaria encontrar una vivienda, tras dañar previamente a los propietarios, gran parte de los cuales compensan su renta con el alquiler del piso o de los pisos que han comprado gracias a su trabajo, y que ahora optarán por venderlos ante la falta de rentabilidad recurrente de su inversión, dada la escalada de los precios. Aunque forma parte de una evidencia empírica legendaria, si no permites a los propietarios obtener el rendimiento que esperan poniendo su vivienda en alquiler dejarán de hacerlo, la oferta se restringirá intensamente, y sólo se podrá obtener un alquiler a precio mucho más elevado, que es lo que promete evitar el comunismo instalado en La Moncloa con el apoyo del presidente.
La reducción del IVA, que es el impuesto más eficiente de los posibles, provocará distorsiones en el mercado, empujando a la gente a adquirir bienes que no desean, contra su voluntad, a la vista de las discriminaciones establecidas. Y daña igualmente la libertad de las empresas, que tienen todo el derecho del mundo a fijar los precios según la santa ley de la oferta y de la demanda, después de calcular los costes de todo tipo que soportan, que en las circunstancias provocadas por la guerra, posteriores a las de la pandemia, son altísimos. El cheque de 200 euros es un anzuelo tan frágil como peligroso. Irónicamente, incluso está por debajo de la monstruosidad del bono de 400 euros aprobado para los jóvenes que cumplan 18 años, esos cachorros de nueva generación malversados por las leyes educativas de González, Zapatero y Sánchez sin solución de continuidad, y, por tanto, adictos a la protección general y permanente del Estado e incapacitados para emprender una aventura creadora de riqueza, enchufados a la multiplicidad de derechos de nueva hornada, pero reacios a cualquier obligación con ellos mismos y mucho menos con la comunidad en la que viven, cuyos eventuales problemas endosan al Estado, al que urgen a salir en su socorro.
¿Por qué comete Sánchez todas estas tropelías? Primero, porque se lo está permitiendo la Unión Europea, que mantiene aparcadas las reglas fiscales, y así alienta el desbarajuste presupuestario de los gobiernos, sobre todo de los más adictos al gasto y menos honrados intelectualmente con sus ciudadanos, como el español. En segundo lugar, Sánchez se puede permitir todo este ejercicio furioso de electoralismo porque, previamente, ha esquilmado a todos los contribuyentes, al negarse a descontar la inflación del Impuesto de la Renta, gracias a la que ha engordado hasta niveles récord las arcas del Estado, que luego utiliza en fines espurios. ¿No les parece un completo despropósito?
Cómo dice otro tuitero, «primero te quitan diez y luego te dan cinco, y a pesar del engaño tienes que estar muy agradecido a este gran hombre que tanto se preocupa por nosotros». Pero esto es una política completamente equivocada, además de inmoral. El objetivo primordial de un Gobierno, al menos en términos económicos, no debe ser la protección de la gente, que suele desembocar en la molicie, sino el de aupar a los individuos, incluso a aquellos que están postrados, con las leyes precisas que les permitan dar el salto adelante que tácitamente ansían y que desde luego merecen.
Contra la hegemonía cultural
FRAN CARRILLO. okdiario. 2 Enero 2023
A los muertos, sobre todo si traspasaron la barrera del anonimato, se les recuerda su obra en el sepelio y sus frases en el epitafio. Da igual lo que hicieran en vida, siempre queda una reflexión que compartir con la posteridad del copypaste periodístico. Ahora que cerramos un 2022 donde lo woke ha triunfado por encima de cualquier otro movimiento político e ideológico, conviene sacar de la tumba una sentencia que define bien qué está pasando ahora: «No hay nadie en este mundo al que le guste más el dinero que a una persona de izquierdas», dejó sentenciado el narcoterrorista más célebre de todos los tiempos, Pablo Emilio Escobar Gaviria. Y en base a este axioma, que supera los deseos de Gramsci por imponer el comunismo desde la hegemonía cultural y los planteamientos de Laclau por acoger todas las causas en un todo fragmentario, a la izquierda le ha bastado identificar conflictos identitarios por el orbe para estructurar mensajes simples basados en la entendible dualidad víctima-agresor: así, la mujer, víctima; el hombre, agresor;. El planeta, víctima; la acción del hombre (aquí nótese que no dicen la acción de la mujer), agresora. Los colectivos sexuales no heteros, víctimas; los individuos heteros, agresores. El obrero, víctima; el empresario, agresor.
Y así, ad nauseam, mientras hacen negocio del maltrato y articulan un discurso de brocheta, según la metáfora creada por Marcos de Quinto, es decir, unen, a modo de sinergias, causas inconexas que comparten un mismo diagnóstico, la política fragmentaria, basada en dividir a la sociedad en afectos y desafectos. E insertar todas esas causas de origen diverso en un mismo pincho retórico que sirve para todo y contra todos. El resto, propaganda y penetración en las capas intermedias de la sociedad. Y así, lector, se construye la perversa hegemonía cultural de la izquierda hoy. Un negocio basado en la ofensa en el que los representantes de esas causas se hacen millonarios a costa de proteger a las supuestas víctimas que su discurso ha fabricado.
Contra todo eso nació, en el ocaso del año woke, una nueva asociación en España llamada Pie en Pared que pretende ser el ariete contracultural y discursivo frente a quienes desean imponer el pensamiento único (que no es otra cosa que el único pensamiento) y asimilan caprichos personales a derechos imponibles, confunden sentimientos con leyes naturales y jurídicas y se interponen entre la democracia y una concepción autócrata del poder. Pie en Pared es una act tank, como la define el mencionado De Quinto, uno de sus fundadores, (el otro impulsor es Juan Carlos Girauta) esto es, una plataforma de acción para desmontar y desmitificar a la izquierda vividora de problemas no existentes creados ad hoc para generar abultadas cuentas corrientes entre sus defensores. El maridaje entre la izquierda y el parné es una alianza de la que se ha escrito poco.
La izquierda es hoy un todo populista, que sólo acepta sin cancelar aquello que obedece a sus planteamientos de partida. Los sonidos de ese populismo reverberan en una democracia cansada de tanto zarandeo por quienes blasfeman con su nombre. Porque, además, se erigen en guardianes de las esencias populares y de libertad quienes más trabajan en conculcar dichos términos. En España, asistimos a la decadencia de un sistema de contrapesos que ha provocado el conformismo de quienes deberían construir una alternativa para sanar los vicios que han corrompido las costumbres y en definitiva, la propia democracia.
Por eso es imprescindible rebatir cada mentira impuesta desde el Gobierno y sus artefactos mediáticos y académicos. El respeto a la libertad de expresión y pensamiento no debe demostrarse sólo con aquello que te tranquiliza o conforma, sino sobre todo y principalmente, con aquello que te causa desagrado o desafección. Y eso, hoy, peligra. Frente a la política feng-shui que te obliga, para no ser víctima del agit-prop progre, a aceptar mantras establecidos como convención social y moral indubitable e irrefutable, es preciso una acción social que nutra el déficit ideológico de ciertas formaciones llamadas a ser alternativas de poder.
En la España del sanchismo (ideológico o gestor), la izquierda, poseedora de la verdad universal, crea las condiciones de la crispación, mueve el puchero del victimismo, sazona de causas su ideología y espera que, a fuego lento, el aroma del odio y el rencor alimente a los comensales. La opinión del pueblo vale a los socialistas cuando les afecta positivamente. El jaleo popular conviene si dan la razón a Moncloa. Tanto marketing para acabar plagiando el despotismo ilustrado de toda la vida. Ahora, con ilustres iletrados. Porque Sánchez es como el gobernante del Antiguo Régimen: que parezca del pueblo pero no demasiado. Y aplica la máxima del buen dictador: las liturgias, controladas, y los desafueros, pactados. En realidad, se demuestra que su pretendida regeneración sólo fue una devoción pasajera, con la que contentar a quienes siguen sin creer que accedió a la Presidencia por la puerta de atrás.
******************* Sección "bilingüe" ***********************
¿Es España
una excepción?
AGAPITO
MAESTRE. libertad digital. 2 Enero 2023
Sin duda lo es. En el contexto de la Unión Europea nuestro país es una excepción. La coalición de partidos que conforman el Gobierno de España no tiene parangón con los gobiernos de los países de la UE. Nuestra calidad democrática es baja, a veces ínfima, comparada con otras naciones de nuestro entorno, incluso los partidos que apoyan la coalición niegan la unidad de España; sí, el principal objetivo de los separatistas vascos y catalanes es la destrucción de la Nación. Si de esas obvias generalidades, al alcance de cualquier mortal interesado por el funcionamiento de las instituciones democráticas, pasamos a los personaje que nos gobiernan, la cosa es aún peor; basta ver el comportamiento de Sánchez, el Presidente del Gobierno, con su inmediato superior, el Jefe del Estado, para saber que estamos ante un personaje que solo le interesa destrozar las reglas democráticas. Algo que llevan haciendo con fruición desde que se alzara con el poder. Sánchez desconoce por completo la regla básica de la democracia: la autolimitación en el ejercicio del poder. Desprecia al Rey y persigue a la Oposición con la misma saña y mala fe.
Todo lo que ha hecho el gobierno de Sánchez es prohibir y recortar libertades políticas y personales. Pocos países de nuestro entorno pueden compararse al nivel de represión del gobierno de España contra los españoles. El Gobierno ha conseguido que se legisle de manera precipitada y urgente sobre materias esenciales que requerirían de amplios consensos. Sánchez ha obtenido un terrible "récord" al aprobar más de 130 Decretos-Ley desde julio de 2018. Esto es tanto como marginar al poder legislativo y la actividad parlamentaria. Y hay algo más grave: el Gobierno no ha hecho propósito de enmienda, después de que el Tribunal Constitucional declarase inconstitucional los dos Estados de Alarma que dictó y, nunca mejor dicho dictar, un gobierno que se salta la Constitución.
Sánchez, sí, gobierna siempre al borde del delito. O peor: delinquiendo. No importa. Su objetivo último es la impunidad del Gobierno. Sánchez tiene determinación suficiente para acabar con todos, porque cuenta con el apoyo de la "ideología", siempre en el límite de la violencia, de los separatistas y los comunistas. Es evidente que nada parecido a ese mejunje gubernamental español existe en Europa. Somos, en efecto, la singularidad autoritaria de la UE. El gobierno de Sánchez no tiene parangón con cualquier otro de Europa. Por eso, reitero, España es una excepción en el panorama de las democracias liberales.
Las medidas represivas del gobierno autoritario de Sánchez son múltiples y diversas. Recordemos algunas de ellas para mostrar que España es, en efecto, diferente en el contexto de las democracias liberales. Represiva es, se mire como se mire, la gravísima reforma del Código Penal que han llevado a cabo deprisa y corriendo; se han cargado de una tacada el delito de sedición y han rebajando las penas por malversación de fondos públicos, para "amnistiar" a los golpistas catalanes condenados por el Tribunal Supremos por el golpe de Estado que llevaron los separatistas en en Cataluña. Y qué decir de la pésima técnica legislativa de la llamada ley Trans, que produce "desatención" impuesta sobre los menores de edad que quedan a merced de desconocidos para un "cambio de su sexo". No me extraña que en Europa pongan el grito en el cielo con este tipo de "leyes". También la entrada en vigor de la ley del "Solo sí es sí" ha dado lugar a revisiones de condena, rebajando penas a agresores, e incluso ha permitido liberar violadores. El día 27 de diciembre se han reducido ya 140 penas. Tampoco se queda manca a la hora de reprimir derechos, entre los que destaca la libertad de cátedra, la ley de Memoria Democrática que repudia la entera Transición a la democracia, la Amnistía de 1977 y la Constitución de 1978. Bildu, formación que está compuesta por los exterroristas de ETA, ha redactado esta ley que equipara a víctimas y asesinos. Terrible. Esta ley niega los hechos históricos. La evidencia. En fin, espero que basten esas alevosas acciones del Gobierno para saber que harán cualquier cosa para mantenerse en el poder. Nadie crea que se quedarán cruzados de brazos de modo pacífico. Seguirán reprimiéndonos y pisoteando libertades. Seguirán creando un gran malestar, preocupación y desconfianza entre los españoles.
Es, pues, el momento de volver a las preguntas esenciales que se hicieron siempre los españoles de bien. ¿Son los españoles ingobernables porque abundan los necios entre los nacionales o, por el contrario, por ser gente muy inteligente y preparada para cuestionar a sus gobernantes? ¡Vaya usted a saber! Me cuesta decantarme por unos u otros. A veces, en realidad más de las que me gustaría, tengo la sensación de que vivo en un país lleno de imbéciles; pero en otras, menos de las que desearía, creo que estoy entre gente con genio, ingenio y decires jocundos. No sé. Responda, pues, cada uno cómo le apetezca. Siga en sus juicios al tío de los Solanas y buen historiador, Salvador de Madariaga, quien siempre creyó que la inteligencia de la mayoría de la ciudadanía estaba muy por encima de sus políticos, o persista en reconocer, como hiciera el gran Pío Baroja, que esto tiene difícil arreglo, porque abundan los tontos por todas partes. No creo demasiado en los caracteres nacionales, aunque vistas las predicciones de las encuestas electorales me temo lo peor. Quizá sobresalgan los necios sobre los listos. Sea como sea, España sigue siendo una excepción en el horizonte democrático.
TELEVISIÓN PÚBLICA
La TVE de Sánchez inicia 2023 a pura propaganda: «Ultravox», «falsete Abascal» y la «mudanza de Queipo»
SEGUNDO SANZ. okdiario. 2 Enero 2023
La cadena pública TVE empezó una vez más este 2023 con burlas sobre la oposición y haciendo pura propaganda a favor de Pedro Sánchez, por ejemplo, de su controvertida ley de Memoria Democrática, pactada con los proetarras de Bildu. En la última edición del programa ‘Cachitos’ emitido en Nochevieja, no sólo hubo ataques a cargos del PP, entre ellos la presidenta del Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tal y como ha publicado OKDIARIO, sino también a Vox y su presidente, Santiago Abascal.
‘Cachitos’ es un programa musical donde se emiten fragmentos de actuaciones antiguas o recientes y a su vez aparecen unos rótulos que comentan algo jugando con la música. Y esta Nochevieja hizo su particular guiño a una de las leyes ideológicas más polémicas del Gobierno, la autodenominada de Memoria Democrática. De esta manera, pudo leerse en pantalla: «Bastante lío ha tenido (la Virgen de la Macarena) este año con la mudanza de Queipo de Llano». Este era el rótulo que acompañaba a una canción del Grupo Latidos en 1983 titulada con el mismo nombre de la virgen.
Lo que la Televisión Pública presidida por la interina Elena Sánchez llama «mudanza» son, en realidad, el traslado de los restos del general franquista Gonzalo Queipo de Llano y Francisco Bohórquez tras su exhumación nocturna en la Basílica de la Macarena de Sevilla conforme a la nueva ley de Memoria Democrática del Ejecutivo socialcomunista de Pedro Sánchez.
En relación a ello, el líder de Vox, Santiago Abascal, acusó a Sánchez de «profanar sepulturas» y de «perturbar el descanso de los muertos». Precisamente, Abascal también fue objeto de burla por parte del programa ‘Cachitos’ emitido por TVE en Nochevieja.
‘Cachitos’ de TVE insultando a Abascal.
Este espacio también jugó con el grupo británico llamado «Ultravox» y la canción ‘Breathe’ del guitarrista Midge Ure en 1998 para rotular en pantalla: «Midge (el guitarrista) fue líder de Ultravox, y como veis, domina el arte del falsete… El Santiago Abascal escocés», pudo verse durante la emisión.
«Ultraderecha»
Ya en la edición de ‘Cachitos’ de la Nochevieja con la que arrancó 2021 fue muy comentado en redes sociales, por ejemplo, la línea de guion que decía «hay que tener mucho cuidado con las fiestas. Te despistas un momento y la ultraderecha se te cuela en la de la democracia», acompañando a la canción ‘En tu fiesta me colé’ del grupo Mecano.
Cabe recordar que desde distintos foros socialistas se ha abogado en estos años por promover la ilegalización de Vox. Siendo vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ex portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, abonó este terreno cuando manifestó que el partido de Abascal «no tiene encaje» en la democracia.
También el propio presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, llegó a acusar a Vox en sede parlamentaria de «llamar al Ejército a dar un golpe de Estado». E incluso desde la revista que dirige el presidente del CIS, José Félix Tezanos, se ha alimentado una eventual ilegalización de Vox.
POCOS HABLAN SIEMPRE EUSKERA
Gallego en Lugo y español en Barcelona: ¿qué se habla más donde hay lenguas cooficiales?
Más allá del constante uso político, ¿qué dicen los datos sobre cuánto se habla cada lengua en aquellas regiones donde el castellano convive con otros idiomas?
Ana Ruiz. Marta Ley. el confidencial. 2 Enero 2023
La gestión de las lenguas cooficiales es una de las cosas que más se han politizado en España. Sin ir más lejos, este curso escolar comenzó en Cataluña sin que fuese obligatorio aplicar el 25% de las clases en castellano. Esta decisión del Govern ha sido recurrida al Tribunal Constitucional (TC) tanto por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como por el Partido Popular y Ciudadanos. No es la primera vez, ni será la última, que se recurre a la vía judicial para desencallar un asunto relacionado con derechos lingüísticos. Junto a la ley del aborto o la de la eutanasia, esta será una de las cuestiones sobre las que tendrá que deliberar el renovado TC, ahora con mayoría progresista.
Otro ejemplo reciente: para apoyar los presupuestos de 2022, el Gobierno pactó con ERC blindar el catalán en la ley audiovisual. La norma, en vigor desde julio de este año, exige a plataformas como Netflix, YouTube o HBO, entre otras prestadoras de servicios audiovisuales, un esfuerzo mucho mayor que el exigido hasta ahora para fomentar los contenidos en lenguas cooficiales.
Pero más allá del constante uso político, ¿qué dicen los datos sobre cuánto se habla cada lengua? En aquellas regiones donde el castellano convive con otros idiomas, el uso de ambos se extiende tanto en el ámbito familiar como en el laboral o el de las amistades. Sobre la frecuencia de uso de una u otra lengua ha preguntado el Instituto Nacional de Estadística (INE), y las preferencias son muy distintas dependiendo del lugar.
Como siempre, no todo es blanco o negro. En las regiones con dos idiomas, es normal que la gente sea capaz de hablar ambos y los intercale a conveniencia. Pero, al final, buena parte de la población sí que se decanta siempre por una de las dos lenguas. Cuando se analizan estos datos, se ve dónde es más determinante cada una.
En Galicia, el empleo del gallego y el castellano va muy a la par, y solo en Pontevedra se observa mayor predilección por la segunda entre aquellos que no mezclan los idiomas, sino que escogen "siempre" uno de ellos. No obstante, el porcentaje de personas que usan una única lengua no llega al 50%, lo cual indica que es normal que la gente salte del gallego al castellano y, por tanto, no haya una opción mayoritaria clara. Esto se ve bien en el gráfico anterior: un tamaño más reducido de las áreas de ambos triángulos indica mayor equilibrio entre los idiomas.
A la luz de estos datos, tanto el gallego como el catalán son las lenguas cooficiales más asentadas en sus respectivas sociedades, pero la evolución de su uso sí preocupa a los que luchan por su idioma. "La reducción de hablantes es realmente alarmante", advierte Marcos Maceira, presidente de la plataforma A Mesa pola Normalización Lingüística, que busca una mayor integración de la lengua gallega en todos los ámbitos de la sociedad. "Hay estimaciones que hablan de que a principios del siglo XX era más del 90% de la población el que usaba habitualmente el gallego. Y a principios de la democracia era del 70%".
Las cifras del Instituto Gallego de Estadística apuntan también en ese sentido: entre 2003 y 2018, última cifra disponible, el porcentaje de población que aseguraba que hablaba habitualmente en gallego cayó 13 puntos, del 43% al 30%. Y también la Real Academia de la Lengua Gallega asegura en uno de sus últimos informes que la desgalleguización comienza cada vez a edades más tempranas. "Hoy está prohibido impartir en gallego matemáticas, física y química y tecnología, que son las que más carga horaria tienen. O, por ejemplo, la presencia en dibujos animados o en series infantiles y juveniles es anecdótica", comenta Maceira.
El activista apunta directamente a la gestión de la Xunta. Según él, de las medidas propuestas por el Plan general de normalización de la lengua gallega, aprobado en 2004, "no hay nada hecho". "Con esta situación, es muy difícil que la situación de la lengua mejore, sería un milagro", añade. El catedrático de Filología Gallega de la Universidad de Santiago de Compostela Xose Henrique Monteagudo señala directamente al decreto del plurilingüismo de Feijóo: "Si el objetivo era ayudar a proteger el gallego, está claro que no se ha conseguido", zanja.
El uso del catalán presenta una distribución similar al del gallego. De forma general, en la comunidad autónoma hay más personas que optan siempre por el español; pero en el nivel provincial, la cosa cambia. Girona y Lleida son más catalanoparlantes, mientras que en Tarragona hay mayor equilibrio entre ambos idiomas. Solo en Barcelona, la provincia más poblada, el castellano supera en frecuencia de uso al catalán con claridad. El peso de la población hace que a nivel autonómico la lengua propia quede por debajo.
En las provincias vascas, la preferencia está más clara, especialmente en Álava y en Vizcaya, donde cerca del 80% habla siempre en español en todos los ámbitos de su vida. Sí se ve que, tanto en esta región como en Navarra, el empleo del euskera es más común en el entorno laboral que en el familiar o con los amigos, lo cual puede explicarse por la condición de obligatoriedad del idioma propio para desempeñar puestos de empleo público.
Tanto en la Comunidad Valenciana como en las Islas Baleares hay mayor proporción de población que se decanta siempre por el castellano, aunque en Castellón las fuerzas entre ambos idiomas están más equilibradas, sobre todo en el ámbito familiar, donde hasta un 30% habla siempre en valenciano.
Mayor conocimiento entre los jóvenes
Uno de los datos para la esperanza de aquellos que ven peligrar el uso del idioma es que el conocimiento de las lenguas cooficiales es más amplio entre la población joven que en el resto de grupos de edad. Tanto en Cataluña como en País Vasco y Comunidad Valenciana, la proporción de gente que asegura que habla "bien" el idioma es mayor entre los menores de 20 y la tasa de conocimiento desciende a medida que la edad se incrementa.
Galicia es la única comunidad que escapa a esta tendencia. Una investigación de Henrique Monteagudo, Anik Nandi y Xaquín Loredo, publicada en 2020 sobre la transmisión intergeneracional del gallego, ya vislumbraba algunas de las posibles causas. El idioma inicial (aquel en el que empiezan a aprender a hablar) de los nacidos a partir de 1994 ya es de forma mayoritaria el español, algo que no sucedía en las generaciones anteriores y que afecta en buena medida a la transmisión del idioma.
Además, el perfil lingüístico se inclina más hacia el castellano en los municipios de más de 50.000 habitantes, donde cada vez vive más gente en detrimento del mundo rural. Por otra parte, al contrario de lo que ha sucedido en Cataluña, que históricamente ha sido una región tractora de mano de obra, durante el siglo pasado tuvo lugar en Galicia una emigración masiva de población rural a otros puntos de España o a zonas más industriales, donde el castellano es más habitual.
Pero Monteagudo, uno de los autores de la citada investigación, explica que los datos del INE hacen referencia a una cuestión de competencia lingüística y que en ese sentido hay que mirar al sistema educativo. "El modelo de Cataluña o País Vasco se ha mostrado más eficaz para garantizar la competencia de la lengua cooficial", argumenta.
"La España castellanohablante tiene una especie de miedo a que los modelos que dan preferencia a las lenguas cooficiales acaben redundando en un detrimento del español. Esto es un miedo irracional, infundado", considera el catedrático de Filología. "Un chaval gallegohablante va a aprender a hablar bien el castellano sin necesidad de que tenga una gran presencia en el sistema educativo, pero si un chaval castellanohablante no tiene una buena presencia del gallego en el sistema educativo, nunca lo va a aprender bien", considera.
El experto entiende el debate político, pero advierte de que con los datos en la mano se puede comprobar hasta qué punto esa politización guarda, a su juicio, cierta "irracionalidad". "El castellano no se va a perder. Lo que sí se puede perder son las otras lenguas. Hay que saber, como país, si nos importa mantener la pluralidad lingüística o no, y si nos importa, hay que ser consecuentes, con respeto a los derechos de todo el mundo. Eso está claro".
El INE ofrece también información sobre el conocimiento de las lenguas cooficiales a nivel municipal para grandes localidades. El organismo no mide en este caso la frecuencia de uso, sino que estima la cantidad de gente que habla "bien" o "con dificultad" cada lengua. Siete localidades gallegas copan el ranking de los municipios donde más se conoce la lengua cooficial propia: Ourense, Lugo, Santiago de Compostela, Vigo, Pontevedra, Ferrol y A Coruña, por ese orden, presentan tasas de hablantes por encima o muy cercanas al 90%.
El siguiente en la lista es Alcoi, en Alicante, donde hasta un 89% de los residentes son capaces de hablar o chapurrear el valenciano. Y, sin embargo, es otra localidad alicantina, Torrevieja, la que presenta una tasa más baja de conocimiento de su lengua cooficial: apenas el 30% lo habla "bien" o "con dificultad".
En el caso del euskera, Pamplona supera a cualquiera de las principales ciudades vascas en este baremo. Un 73,4% afirma hablarlo en mayor o menor medida, mientras que la primera ciudad del País Vasco es San Sebastián, con un 67,8% de conocimiento de su idioma cooficial.
Recortes de Prensa Página Inicial