Recortes de Prensa Miércoles 11 Enero 2023
Moscú asegura que ha tomado Soledar y acusa a EEUU de entrar en la guerra al entrenar soldados ucranianos
La captura de Soledar es uno de los principales objetivos para Moscú, ya que su control abre a los rusos el camino hacia Bajmut, Kramatorsk y Sloviansk, los principales bastiones ucranianos en el Donbás
Arantxa Palacios. EC 11 Enero 2023
"Unidades de la CMP de Wagner han tomado el control de todo el territorio de Soledar". Así ha confirmado el empresario ruso y fundador de la organización paramilitar Wagner, Yevgueni Prigozhin, la toma de la ciudad ucraniana de Soledar, al norte de Bajmut.
Horas antes, el líder de la autoproclamada República Popular de Donetsk, Denis Pushilin, ha asegurad que Soledar estaba ya bajo control de los mercenarios, combatientes del lado ruso. "Hoy, según la información que tengo, el centro de Soledar ya está bajo el control de unidades de (Grupo) Wagner", ha dicho Pushilin en declaraciones a la cadena de televisión Canal Uno, según recoge la agencia rusa de noticias TASS.
Por otro lado, Rusia ha acusado a EEUU de participar en la guerra de forma activa. Las autoridades rusas han considerado que Estados Unidos ha confirmado su participación en la guerra de Ucrania con la decisión del Pentágono de entrenar soldados ucranianos en el uso de sistemas de defensa antiaérea Patriot.
También Zelenski ha anunciado la retirada de la nacionalidad de varios diputados de la oposición por sus presuntos vínculos con Rusia. "Si los diputados del pueblo eligen servir no al pueblo de Ucrania, sino a los asesinos que llegaron a Ucrania, nuestras acciones serán las apropiadas", ha afirmado Zelenski en el vídeo vespertino que pronuncia cada día desde que empezó la invasión por parte de las tropas rusas el 24 de febrero de 2022.
Las claves del momento:
Los prorrusos aseguran que Soledar está ya bajo su control y Kiev afirma que sus fuerzas resisten los ataques
La UE prepara nuevas sanciones a Bielorrusia por su ayuda a Moscú
EEUU entrenará en su territorio a soldados ucranianos en el uso de los Patriot
Kiev se prepara para una posible ofensiva terrestre rusa desde Bielorrusia contra Kiev
La policía ucraniana registró en 2022 más de 16.000 muertos por la guerra
Hace 41 minutos 08:54
Turquía envía bombas de racimo de la Guerra Fría a Ucrania
Turquía habría empezado a enviar a Ucrania bombas de racimo a finales de 2022, después de varias peticiones de Kiev a la Administración Biden, según ha podido saber la revista Foreign Policy. Las armas, diseñadas para destruir tanques al estallar en submuniciones, habrían sido enviadas desde Ankara desde principios de noviembre de 2022.
Las fuentes consultadas por la revista no han podido confirmar si las armas turcas se han utilizado durante el combate, iniciado el 24 de febrero de 2022. "Después de que Estados Unidos negara el acceso (de Ucrania) a las municiones en racimo, Turquía era el único lugar donde podían obtenerlas", ha explicado la fuente, bajo condición de anonimato.
En este sentido, ha agregado que esta medida prueba que, aunque "Turquía se acerca a Rusia en algunos aspectos, se ha convertido en un apoyo militar muy importante para Ucrania".
Hace 1 horas 10 minutos 08:24
Zelenski retira la nacionalidad a cuatro parlamentarios por presuntos vínculos con Rusia
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado la retirada de la nacionalidad de varios diputados de la oposición por sus presuntos vínculos con Rusia. "Si los diputados del pueblo eligen servir no al pueblo de Ucrania, sino a los asesinos que llegaron a Ucrania, nuestras acciones serán las apropiadas", ha afirmado Zelenski en el vídeo vespertino que pronuncia cada día desde que empezó la invasión por parte de las tropas rusas el 24 de febrero de 2022.
"Sobre la base de los materiales preparados por el Servicio de Seguridad de Ucrania y el Servicio Estatal de Migración de Ucrania, y de conformidad con la Constitución de nuestro estado, he decidido cancelar la ciudadanía de cuatro personas", ha explicado el mandatario ucraniano.
Zelenski ha detallado que los diputados son Andriy Leonidovich Derkach, Taras Romanovich Kozak, Renat Raveliyovich Kuzmin y Viktor Volodimirovich Medvedchuk.
Los cuatro legisladores representaban al partido prorruso ucraniano Plataforma de Oposición - Por la Vida, prohibido tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania. El último de ellos, Medvedchuk, es un oligarca prorruso que fue intercambiado el pasado 22 de septiembre por más de 200 prisioneros ucranianos.
Hace 1 horas 38 minutos 07:56
Rusia considera que EEUU ha confirmado su participación en la guerra al entrenar soldados
Las autoridades rusas han considerado que Estados Unidos ha confirmado su participación en la guerra de Ucrania con la decisión del Pentágono de entrenar soldados ucranianos en el uso de sistemas de defensa antiaérea Patriot.
El embajador de Rusia en EEUU, Anatoly Antonov, ha afirmado que esta "decisión del departamento militar estadounidense de organizar un curso de formación en Oklahoma es otra confirmación de la participación de facto de Washington en el conflicto ucraniano del lado de los criminales nazis de Kiev".
Antonov ha explicado que los expertos en los medios estadounidenses están "admitiendo abiertamente que el entrenamiento del personal militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Estados Unidos significa ampliar la participación del país en la confrontación".
"Señalaron que la Administración ya no se limita a fortalecer el potencial de defensa de Kiev, sino que está transfiriendo nuevas armas al país con el objetivo de mejorar sus capacidades ofensivas", ha asegurado el diplomático ruso. En este sentido, ha aseverado que esto es una "muestra elocuente de que Washington engañó" a la comunidad internacional, "hablando del deseo de fortalecer la capacidad de Ucrania para defenderse a sí misma".
Hace 1 horas 39 minutos 07:55
El Grupo Wagner asegura tener bajo control la ciudad ucraniana de Soledar
La ciudad ucraniana de Soledar, al norte de Bajmut, habría sido tomada por el grupo de mercenarios Wagner después de intensas batallas en los últimos días, según ha informado el empresario ruso y fundador de la organización paramilitar, Yevgueni Prigozhin.
"Unidades de la CMP de Wagner han tomado el control de todo el territorio de Soledar. Se ha formado un caldero en el centro de la ciudad, en el que se libran batallas urbanas. El número de presos se anunciará mañana", ha detallado Prigozhin en un comunicado en Telegram.
En este sentido, el fundador de Wagner ha enfatizado que ninguna unidad, excepto su organización paramilitar, ha participado en el asalto a Soledar.
Horas antes, el líder de la autoproclamada República Popular de Donetsk, Denis Pushilin, había informado de que la ciudad ucraniana de Soledar, al norte de Bajmut, estaba ya bajo control del Grupo Wagner. "Hoy, según la información que tengo, el centro de Soledar ya está bajo el control de unidades de (Grupo) Wagner", ha dicho Pushilin en declaraciones a la cadena de televisión Canal Uno, según recoge la agencia rusa de noticias TASS.
EL BCE EXIGIRÁ RECORTES EN PENSIONES Y FUNCIONARIOS
La deuda pública real de España llega a los dos billones y empuja al país al rescate
LORENZO RAMÍREZ. gaceta. 11 Enero 2023
Arranca la cuesta de enero y con ella las subastas de deuda del Tesoro, imprescindibles para poder hacer frente al gasto público de un país, como España, que no es capaz de tener un superávit fiscal a pesar de registrar los mayores niveles de recaudación de la historia. Aunque el departamento dependiente de la vicepresidenta económica Nadia Calviño aún no ha publicado la estrategia de emisiones de 2023, espera colocar bonos, letras y obligaciones por un importe de 256.900 millones de euros, un 8,2% más que el pasado año.
El problema fundamental es que los rendimientos que habrá que pagar a los inversores seguirá creciendo como consecuencia de las subidas de tipos de interés en la eurozona y de las dudas sobre la capacidad de España para afrontar con garantías el escenario recesivo. Porque aunque se cumplieran las previsiones más optimistas de los analistas, lo cierto es que la deuda pública española es insostenible. El interés de la última colocación del Tesoro realizada este martes ha sido el más elevado desde 2012, año en el que España solicitó el rescate financiero.
Los datos no mienten. Los pasivos reales de las Administraciones Públicas (AAPP) españolas rondan los dos billones de euros, lo cual equivale a casi el 170% del Producto Interior Bruto (PIB). Esta cifra permanece oculta en las tablas y cuadros del Banco de España y es desconocida para la mayoría de los ciudadanos.
El dato que aparece en notas de prensa y comunicados oficiales es el de la deuda pública según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE), que es la que usan las autoridades comunitarias para determinar el grado de cumplimiento de las reglas fiscales (congeladas hasta 2024). Estos pasivos se sitúan en los 1,5 billones de euros en el caso de España, descontando el dinero que se deben las AAPP entre sí. Este truco estadístico –legal– permite ocultar bajo la alfombra 500.000 millones de euros de deuda soberana.
500.000 millones bajo la alfombra
Más allá de metodologías estadísticas, lo relevante es que esos bonos, letras y obligaciones van a tener cada vez un coste mayor para las arcas públicas. El Banco Central Europeo (BCE) ha anunciado que irá reduciendo las compras en el mercado secundario, que son las que mantienen a raya a las primas de riesgo de los países del sur de Europa. En los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 ya se refleja que el gasto en intereses se disparará un 7%, superando los 30.000 millones de euros.
Este aumento de la rentabilidad de los bonos españoles ha generado un renovado apetito de los inversores extranjeros. Fondos de inversión esperan sacar tajada durante este año para salir corriendo en cuanto vuelvan las dudas sobre la capacidad de España para cumplir las exigencias de Bruselas. Las nuevas reglas fiscales que verán la luz en 2024 serán menos exigentes que las actuales, pero el propio Paolo Gentiloni, comisario europeo de Economía, ha dejado claro que no se modificarán sustancialmente los límites.
La forma en la que se establezcan finalmente los nuevos criterios fiscales será determinante para saber si España e Italia podrán salir adelante por sus propios medios o, en cambio, se verán obligados a solicitar el rescate europeo. El BCE ha creado un nuevo salvavidas, denominado Instrumento de Protección de la Transmisión (ITP, por sus siglas en inglés), que mantendrá las compras de deuda pública de aquellos países que lo soliciten. A cambio, las Haciendas rescatadas deberán cumplir un plan de ajuste fiscal.
«Hombre de negro» en 2024
Fuentes comunitarias señalan a La Gaceta que lo relevante de este nuevo mecanismo es que obliga al país receptor a pedir expresamente el rescate y, sobre todo, sanear las cuentas públicas perdiendo la soberanía fiscal en favor de los «hombres de negro» del Consejo de Gobierno del BCE. Será entonces cuando vuelva a ponerse sobre la mesa la reducción del sueldo de los empleados públicos, nuevos recortes en las pensiones, venta de activos públicos y el resto de recetas que tradicionalmente se imponen a los países que piden ayuda financiera.
A los problemas de la deuda pública que deberá afrontar seguramente el próximo Ejecutivo –sea del color político que sea– se suma otra verdad incómoda: el aumento de la deuda de los hogares como consecuencia de la pérdida de poder adquisitivo derivada de la inflación y, sobre todo, del aumento de los costes de financiación, sobre todo los hipotecarios. El euribor medio ha cerrado diciembre por encima del 3% y los analistas apuntan a que seguirá subiendo hasta situarse en la horquilla del 3,5% al 4%.
Bomba hipotecaria
Esta evolución del índice al que se referencian las hipotecas variables ha multiplicado por ocho el pago mensual de intereses de las familias españolas, pasando de 57 euros a 470 en las más nuevas, que son las más afectadas. En España el sistema de amortización está configurado para pagar al principio de la vida del préstamo más intereses que capital. Este aumento de los intereses ha disparado las cuotas que pagan los hogares, superando los 250 euros para una hipoteca media (150.000 euros a 25 años).
De momento las entidades financieras está aprovechando los aumentos de tipos para elevar su margen de intermediación, pero es indudable que los problemas de morosidad terminarán por aparecer cuando muchas familias no sean capaces de hacer frente a sus deudas.
La agencia de calificación crediticia Fitch Ratings ha publicado un informe en el que apunta a la banca británica y la española como las más expuestas al contexto recesivo europeo. «La ralentización económica, la subida de los tipos de interés, la elevada inflación y el aumento del desempleo provocarán un incremento de las tasas de impago de las hipotecas sobre inmuebles residenciales en la mayoría de los mercados y los beneficios de los bancos se verán sometidos a una mayor presión a medida que se ralentice la concesión de préstamos hipotecarios», un aviso a navegantes que muestra hasta qué punto el emperador está desnudo.
Sánchez, culpable de cada una de las próximas rebajas de condena a los corruptos
OKDIARIO. 11 Enero 2023
Si la ley del sólo sí es sí se convirtió en un coladero para centenares de agresores sexuales que han visto reducidas sus penas o puestos directamente en libertad, la reforma del delito de malversación se ha convertido ahora en la mayor aliada de los corruptos, que en las próximas semanas se verán beneficiados por el cambio introducido en el Código Penal. Ahora bien, mientras los efectos de la ley del sólo sí es sí fueron consecuencia de la ineptitud legislativa del Ministerio de Igualdad y de un Gobierno que no valoró su repercusión penal, las consecuencias de la reforma del delito de malversación no serán en ningún caso fruto de la impericia, sino de la voluntad expresa de Pedro Sánchez de resolver el horizonte penal de los golpistas catalanes, especialmente de Oriol Junqueras. Es, si cabe, más grave, porque se ha aceptado rebajar las penas de corruptos a cambio de servir a los intereses de quienes subvirtieron el orden constitucional.
En definitiva, la ley que ha permitido rebajar las condenas a decenas de violadores es un bodrio de efectos perversos, pero no había intención de favorecer a los agresores sexuales. La incompetencia, la soberbia y, sobre todo, el totalitarismo dogmático de Irene Montero están en la raíz del problema, pero no era voluntad de la ministra premiar a los violadores. Sin embargo, sí que ha habido voluntad en Pedro Sánchez para reformar el delito de malversación y contentar a los separatistas catalanes, pese a saber perfectamente que decenas de corruptos verán a partir de ahora mejorado sustancialmente su horizonte penal.
Nada justifica el error descomunal de Irene Montero, pero, al menos, las consecuencias de la ley son fruto de un error, mientras que las consecuencias de la reforma del delito de malversación no responden a error alguno, sino al ignominioso plan de Pedro Sánchez para favorecer a un grupo de golpistas. Esa es la diferencia.
NUEVA MALVERSACIÓN
Ésta es el acta con el que Sánchez burló a los jueces para aprobar su reforma que beneficia a corruptos
SEGUNDO SANZ. okdiario. 11 Enero 2023
El pasado 17 de noviembre, mientras las Cortes tramitaban la reforma exprés del Código Penal, el PP presentó un escrito en la Mesa del Congreso para que solicitase «los correspondientes informes al Consejo de Estado, al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo Fiscal». Sin embargo, PSOE y Podemos, con mayoría en la Mesa, rechazaron tal petición días después con el argumento de que tales informes no eran obligatorios. La consecuencia: se espera que un aluvión de malversadores o corruptos se beneficie de esta reforma a la carta de los golpistas catalanes. Y ello, después del fiasco del Gobierno con la ley que favorece a los agresores sexuales.
En concreto, el acta del acuerdo de la Mesa del Congreso el 21 de noviembre, al que ha accedido OKDIARIO, refleja en relación con la solicitud del PP para que se recabasen informes de los órganos constitucionales, que «no procede acceder a lo solicitado, teniendo en cuenta el carácter no preceptivo de los mismos». Y es que para ello, los de Pedro Sánchez optaron por la vía de la proposición de ley orgánica de los grupos parlamentarios, que no requiere tales informes, a diferencia del proyecto de ley del Gobierno, donde sí son preceptivos aunque no vinculantes. A juicio del Grupo Popular que dirige Cuca Gamarra, secretaria general del partido, el hecho que PSOE y Podemos alegasen simplemente la «no preceptividad» de dicha solicitud de informes para no escuchar a los jueces es una reacción que «difícilmente constituye motivación suficiente».
De este modo, el texto de la reforma de Sánchez, que incluía de partida la derogación del delito de sedición, burló las recomendaciones de los jueces, incorporando en el trámite de ponencia en Comisión la nueva malversación, que rebaja las penas para los corruptos. Esta Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, acabó siendo aprobada por el Pleno del Congreso el 15 de diciembre y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 23 de diciembre, al día siguiente de recibir el visto bueno del Senado.
Acta de la Mesa del Congreso.
Precisamente, este martes OKDIARIO reveló que el juez que investiga el caso Aquamed ha pedido a la Fiscalía Anticorrupción que revise las penas de los procesados por si tiene que hacer alguna modificación (que sería a la baja) tras la reforma que suaviza el delito de malversación y que entrará en vigor este jueves 12 de enero (esto es, veinte días después de su publicación en el BOE).
Ley Montero
Se da la circunstancia de que para el 17 de noviembre, cuando el PP presentó su escrito ante la Mesa de la Cámara, el Gobierno ya venía negociando con los separatistas catalanes la rebaja de la malversación vía enmienda a la ley orgánica que ha derogado la sedición. Y ya entonces, estaba en el debate público cómo la aplicación de la ley del Sólo sí es sí (también llamada ley Montero) estaba beneficiando a violadores con excarcelaciones y rebajas de penas. En este caso, al ser una ley emanada del Gobierno, sí tuvo informe del CGPJ y el órgano de gobierno de los jueces alertó sobre una posible revisión de penas.
En cambio, en lo referente a la sedición y la malversación, la tramitación parlamentaria diseñada por Moncloa para beneficiar a golpistas y malversadores esquivó en todo momento la opinión de los jueces sobre una nueva legislación que ahora se le vuelve en contra.
Con todo, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, defendió este martes la reforma del Código Penal aprobada recientemente por el Ejecutivo de PSOE y Podemos, «El Gobierno tiene un claro compromiso contra la corrupción, tolerancia cero en ese sentido», apostilló.
Inutilidad, ignorancia, traición
Nota del Editor, 11 Enero 2023
El pp siempre igual; inutilidad, ignorancia, traición. El orden de los factores no altera el desastre.
Teoría y
praxis
EMILIO CAMPMANY. libertad digital. 11 Enero
2023
Es la disyuntiva a la que se enfrentan los magistrados del Constitucional a la hora de votar a su presidente. Hay que elegir entre la teoría y la praxis. La teoría está representada por María Luisa Balaguer, la magistrada que se define marxista, esa ideología para la que el derecho no es más que parte de la superestructura con la que la burguesía, aliada con el capitalismo, somete y esclaviza al proletariado. La praxis está encarnada por Cándido Conde-Pumpido, pastelero jefe de las confiterías del PSOE, avezado perito en mirar debajo de las faldas de la ley para encontrar el enredo con el que resolver cualquier apuro jurídico. ¿Quién vencerá? Quizá, cuando lean ya se sepa si a España le espera garrote vil o inyección letal, horca o paredón. Los conservadores quieren a la republicana antes que al servil sanchista, quizá por eso de preferir una España roja antes que rota. Porque Pumpido se ha ofrecido al torpe de Pedro Sánchez para hacerle de lazarillo y conducirle sin despeñarse por el angosto desfiladero de la autodeterminación. Al menos, la otra dice defender la Constitución, aunque reconoce que no le gusta nada.
Así las cosas, todo está en manos de la progresista experta en Derecho Laboral elegida por los conservadores para evitar que fuera magistrado Bandrés, que era quien garantizaba a Pumpido la presidencia. En principio, María Luisa Segoviano fue elegida para que votara a Balaguer con los cuatro conservadores y la interesada, lo que sumaría seis votos frente los otros cinco progresistas. Tan asustado está Pumpido con esta posibilidad que le ha ofrecido a Balaguer ser su vicepresidenta, incumpliendo la tradición de que el vicepresidente sea del sector opuesto al del presidente. Sin embargo, a última hora se cuenta que Segoviano votará a Pumpido. No se sabe si quien lo dice es porque lo sabe o porque lo deduce del hecho de haberse mostrado dispuesta a estudiar si el derecho de autodeterminación cabe en nuestra Constitución, como si no fuera obvio que no. Es algo en lo que coincide con Pumpido, que por otra parte lo piensa, no por convicción, sino porque es lo que quiere Sánchez que piense para mantener unida la alianza que lo sostiene en el poder.
Sin embargo, en España las coincidencias ideológicas nunca han importado mucho. Aquí valen las lealtades personales. Y de las que tenga Segoviano, seguimos sin saber nada. Puede que ya haya comprometido su voto a Pumpido a cambio de que los vocales progresistas del Consejo la votaran y ser así elegida por unanimidad, que es como a los progres les gusta hacer las cosas. O puede que siga siendo libre para votar lo que le plazca. Haga lo que haga, a nosotros nos quedará sólo la dudosa satisfacción de ver si eligen teoría o praxis. Pero no debemos olvidar que el marxismo es las dos cosas. Y una y otra conducen al mismo barranco.
La sostenibilidad de la deuda pública
José Luis Feito. vozpopuli. 11 Enero
2023
La subida de los tipos de interés de las deudas públicas de prácticamente todos los países, inducida por la reacción de las políticas monetarias a la reaparición de la inflación, ha reavivado los análisis sobre la sostenibilidad de la deuda soberana de muchos de estos países. A pesar de la explosiva expansión de las deudas públicas en respuesta a la Gran Recesión de finales de la primera década de este siglo y a la pandemia de comienzos de la segunda, la preocupación por los problemas de sostenibilidad era, en general y hasta muy recientemente, leve o inexistente. La razón principal de esta despreocupación estriba en que el tipo de interés de la deuda pública era habitualmente muy inferior al crecimiento de la economía y, hasta el inesperado e intenso repunte reciente de la inflación, se esperaba que dicha situación persistiera indefinidamente.
Hoy, por contra, se da por sentado que dicha situación se revertirá. Primero, porque aún después de que la inflación se controle y retorne a los objetivos de los Bancos Centrales, un proceso que muy probablemente durará al menos un par de años, los tipos de interés no volverán a ser negativos o tan extremadamente bajos como lo fueron en el pasado. Segundo, porque la renovación de los ingentes volúmenes de deuda pública acumulados unida a la necesidad de aliviar los balances de los Bancos Centrales de la deuda pública adquirida por esta entidades en los últimos años presionará al alza los rendimientos de los activos públicos. Tercero, porque, al menos mientras persista la guerra y las políticas monetarias restrictivas (estando lo segundo relacionado con lo primero), se resentirá el ritmo de crecimiento económico.
Cuando el tipo de interés de la deuda pública supera el crecimiento de la economía, la sostenibilidad de dicha deuda depende del montante del saldo actual y esperado del presupuesto primario, esto es, de la diferencia entre ingresos y gastos públicos excluyendo de estos últimos el pago de intereses de la citada deuda. Si, como se ha señalado, se espera que esta sea la situación predominante durante los próximos años, los inversores concentran su atención en la capacidad del país para generar superávit primarios en sus cuentas públicas. Demandarán mayores rendimientos para mantener o aumentar sus posiciones en la deuda del país en proporción al grado de confianza que depositen en su capacidad de generar esos superávit.
Los riesgos o sospechas de insostenibilidad no operan lo mismo en países desarrollados que en países emergentes. La principal diferencia es que los primeros pueden emitir abultados volúmenes de deuda en su propia moneda y los segundos no, por lo que estos últimos corren el riesgo de sufrir el impacto multiplicador sobre el servicio de la deuda de las eventuales devaluaciones de su tipo de cambio.
Entre otras razones, esta capacidad diferencial obedece al diferente historial de políticas macroeconómicas y suspensiones de pagos de unos y otros. Por eso, el margen de política fiscal de los países emergentes y, consecuentemente, el tamaño de su deuda pública en proporción al de su economía, es notablemente inferior al de los países desarrollados. Dicho esto, aunque el impago de la deuda no es un evento que los mercados descuenten en el caso de los países desarrollados, y esto limita considerablemente la subida de tipos de interés de la deuda pública que pueda provocar un deterioro de su sostenibilidad, la mecánica que pone en marcha dicho deterioro es similar en cualquier país. Así ha ocurrido recientemente en el Reino Unido, donde una fuerte bajada de tipos impositivos combinada con una expansión inusitada del gasto público, acarreó una intensa subida de los rendimientos de la deuda pública y una depreciación de la libra que obligaron al Gobierno a revertir dichas medidas. Incluso en Estados Unidos, con la moneda de reserva de la economía mundial y consiguientemente con una demanda permanente de su deuda, las dudas generalizadas sobre su capacidad de generar superávit primarios en el futuro afectaría a los tipos de la deuda y a la inflación.
Luego está el caso de los países del euro que, en rigor, no emiten deuda en su propia moneda sino en la moneda común del área monetaria que comparten y cuya supervivencia a largo plazo exige que cada miembro del área asegure la sostenibilidad de su deuda pública. Aunque es prácticamente descartable que se repita un episodio de suspensión de pagos como el de Grecia en 2012, es indudable que las condiciones para limitar la ampliación de las primas de riesgo y asegurar la solvencia presupuestaria de los países miembros serán más exigentes en los años venideros de lo que han sido en el pasado.
En el mundo que se avecina de tipos de interés cercanos o superiores al crecimiento económico, con la resaca del sobreendeudamiento de los años pasados, los retos de la política económica para muchos países, el nuestro entre ellos, son enormes. Habrá que conseguir aumentos de los ingresos públicos o recortes de gastos públicos que no dañen indebidamente el crecimiento económico o bien reformas económicas que potencien dicho crecimiento o una combinación de todas estas cosas.
El aumento de los ingresos públicos, dependiendo de la estructura fiscal del país, puede exigir bajadas de unos tipos impositivos y subidas de otros, bajadas que pueden ser tan impopulares como las subidas para la mayoría del electorado. En general, todas estas medidas son políticamente difíciles de instrumentar y no se suelen adoptar a no ser que los costes de emitir nueva deuda sean prohibitivos de manera que los costes sociales de no llevarlas a cabo son aún mayores.
El consenso de la 'chochocharla'
Pablo Molina. libertad digital. 11 Enero 2023
Un ministerio dedicado a promover la igualdad en un país con una constitución y unas leyes que consagran, precisamente, la igualdad de todos ante la ley es un artefacto administrativo absurdo cuyo objetivo se reduce a la propaganda. Se sorprenden las feministas de que el departamento de Irene Montero dedique el grueso de su presupuesto a promover las chochocharlas, organizadas por las entidades afines y destine solo algunos despojos a cuestiones más serias como financiar casas de acogida para mujeres maltratadas. Pero la sorpresa, en realidad, es que haya algún dinero para atender a las víctimas del maltrato en un ministerio cuya finalidad es completamente distinta a esa que los izquierdistas biempensantes le atribuyen con tanta generosidad.
Los esfuerzos transversales para luchar contra la llamada violencia machista son un fracaso estrepitoso si atendemos a los resultados prácticos de su aplicación. Cada vez hay más mujeres maltratadas y este año, a escasos diez días de su comienzo, amenaza con batir todos los récords. El argumento es suficiente para suprimir el Ministerio y reducir los impuestos de manera proporcional, de manera que su presupuesto vuelva íntegramente al bolsillo de los ciudadanos. Pero la izquierda no utiliza el dinero público para gestionar problemas reales y concretos, sino para coaccionar a la sociedad e imponerle su ideología a golpe de presupuesto, que es de lo que se trata.
El Partido Popular representa aquí el papel del perfecto idiota, aunque lo hace muy gustosamente, todo hay que decirlo. Si hiciéramos un mapa de las chochocharlas por municipios y autonomías (¡Qué gran labor para un equipo de inspectores desplegados por toda la geografía para realizar un censo detallado!), habría un empate técnico entre los territorios gobernados del PP y los gestionados por la ultraizquierda. Por eso, cuando los de Abascal entran en algún gobierno menor y exigen el fin de estas subvenciones millonarias los beneficiarios amenazan con un estallido social y el PP realiza contraofertas generosas a cambio de no tocar esas partidas. Cualquier cosa antes de amenazar la supervivencia del consenso chochocharlista y más en un año en el que se van a sustanciar tres procesos electorales. Ahí, precisamente ahí, es donde Borja Sémper va a poner toda la carne pepera en el asador.
Manifestación contra el chantaje separatista en Barcelona: "España no se vende"
Cuarenta entidades constitucionalistas se suman a una protesta para el 22 de enero contra las cesiones de Sánchez a los golpistas.
Pablo Planas. (Barcelona). libertad digital. 11 Enero 2023
La reforma del Código Penal para eliminar la sedición y abaratar la malversación así como los acuerdos entre el Gobierno y la Generalidad para erradicar el idioma español en Cataluña tendrán una respuesta ciudadana. Cuarenta entidades constitucionalistas se han adherido a la convocatoria de una manifestación promovida por "Cataluña Suma" para el próximo 22 de enero a las 12:00 horas en la plaza de San Jaime de Barcelona. La protesta pretende ser el epílogo de la manifestación convocada el sábado 21 en Madrid.
"Cataluña Suma" quiere dejar claro el apoyo de los constitucionalistas al Poder Judicial y a la igualdad ante la ley de todos los españoles sin excepciones. El lema será "España no se vende ¡No al chantaje separatista!". En el comunicado de convocatoria, la entidad afirma que "debemos informar a la ciudadanía de todas las mentiras, cesiones y ruina que ocasiona esta etapa política en la que, sin escrúpulos y con una falta total de principios por parte de nuestros gobernantes, están sacrificando nuestro Estado de Derecho y el futuro de nuestro país. Es el golpe definitivo al sistema libre democrático con la desintegración de España y el derribo de la Monarquía Constitucional, es decir: el fin de la Nación española".
Entre las entidades que se han adherido a la protesta destacan de "Espanya i Catalans", "Aixeca´t" (Levántate), Ampas Paralelas Constitucionales, Alianza Iberoamericana Europea Contra el Comunismo, Asamblea Nacional de Tabarnia, Asociación Catalunya por España, Asociación por la Tolerancia, Cataluña Somos Todos, Centro Libre de Arte y Cultura, Convivencia Cívica Catalana, DENAES, Foro de Profesores, Hablamos Español, Historiadors de Catalunya, Jucil, Jupol y Jusapol, Asociación Cultural Miguel de Cervantes, Los de Artós, Politeia, Profesores por el Bilingüismo y la entidad de jóvenes universitarios "S'ha acabat".
Los partidos PP, Vox, Ciudadanos y la formación Centro Izquierda de España – dCIDE también se han sumado a la convocatoria.
El líder de Foro España llama a protestar el 21-E: "La España callada no se va a callar más"
El arquitecto Mariano Gomà habla con 'Vozpópuli' sobre la manifestación en defensa de la unidad de España, la democracia y la Constitución que arrancará desde Cibeles y que ha aunado a decenas de asociaciones
MARINA ALÍAS. vozpopuli. 11 Enero 2023
La supresión del delito de sedición, la rebaja de la malversación, el asalto al poder judicial y la imposición de políticas lingüísticas que no priorizan el español son solo algunos de los motivos que han llevado a la plataforma Foro España Cívica a convocar una protesta masiva contra el Gobierno el próximo 21 de enero.
Esta entidad ha logrado el apoyo de múltiples personalidades y decenas de asociaciones de la sociedad civil, además del respaldo de los partidos de la oposición. "Parece que la izquierda se ha adjudicado el derecho a la queja y que los demás somos sumisos condenados a aguantar. El descontento social es enorme y trasciende a las fuerzas políticas. Yo creo que es un buen momento para demostrar al país que la España 'callada' no se va a seguir callando", asegura a 'Vozpópuli' el arquitecto Mariano Gomà, presidente de la organización nacida en 2018.
Pregunta. Algunos medios se refieren a ustedes como asociación 'fantasma' de la derecha. ¿Es así?
Respuesta. Yo ya soy una persona mayor y no soy sospechoso de estar afiliado a ningún partido. Todo el que me conoce, y no me refiero a los amigos del barrio, sino a todo el que me conoce en España, sabe que no tengo carnet de ningún partido, jamás lo he tenido. No soy sospechoso se ser la voluntad, ni la sombra, ni el satélite, ni el fantasma de ningún partido político y menos de la derecha. Cuando convocas una manifestación todo el mundo intenta sacar sus diagnósticos, pero mi historial es claro: no vengo de ningún partido. Aunque, por supuesto, sí colaboro con personas que han pertenecido a alguna formación política como pueden ser Alejo Vidal-Quadras o Jaime Mayor Oreja.
P. ¿Han invitado a los partidos políticos?
R. Sí. Eso sí. Todos las fuerzas de la oposición nos han dicho que van a asistir. Todos han manifestado su voluntad de ir. No obstante, todos saben que ninguno de sus representantes va a subir al estrado. Estarán en primera fila, pero van a estar abajo.
P. ¿Teme que la protesta se convierta en una suerte de reedición de la foto de Colón? Parece que Moncloa se frota las manos...
R. No creo que Moncloa se esté frotando las manos con nada porque Moncloa se va a encontrar con una sorpresa. La foto de Colón fue un error histórico. En aquel momento, yo mismo hablé con todos los protagonistas de la famosa estampa y les dije que se estaban equivocando porque esa convocatoria debería haber partido de la sociedad civil y no de ningún partido político. Cuando sucede esto último se cierran las puertas para los demás. Ahora, lo estamos haciendo bien. Van a ir los líderes de los principales partidos de la oposición, pero va a ir mucha más gente.
P. ¿Cuáles son las principales reivindicaciones de los convocantes?
La supresión del delito de sedición, el asalto al poder judicial... El Gobierno está desmontando toda la estructura jurídica de este país. Además, protestaremos contra el previsible escenario del referéndum en Cataluña porque supone la destrucción del principio de unidad de España. En definitiva, se están saltando la Constitución a la torera.
Pero no es solo eso. Existe una generación de españoles que no van a poder salir al extranjero porque no van a dominar su propio idioma. Y, en cuanto al tema económico, todo es una trampa. España está en bancarrota, está en quiebra. Se dedican a hacer propaganda sobre ayudas, pero estas no van a llegar nunca. Las políticas neocomunistas solo llevan al fracaso como se ha comprobado en todo el mundo.
P. ¿Quién va a ser el encargado de leer el manifiesto?
R. Soy arquitecto de profesión. Soy sucinto y claro: no me gusta la idea de dar muchos discursos ni de que estos sean muy largos. Soy muy amigo de los decálogos y en la manifestación del próximo 21 de enero solo van a tomar la palabra un máximo de dos personas y van a ser neutrales. No van a pertenecer a partidos políticos, pero tampoco a las entidades convocantes. Tendrán relevancia social, pero no voy a decir nombres. Estos serán los encargados de leer un manifiesto con nuestras ideas fuerza.
P. A pesar de todos los problemas que menciona, no ha habido una sola huelga general en los tres años de legislatura. ¿A qué cree que se debe?
Mientras los sindicatos y los medios de comunicación estén absolutamente comprados por el Gobierno... ¿Quién va a ir a la huelga? Los que llaman a la huelga ahora están en el poder, así que ten por seguro que si hay un cambio de Gobierno, que es lo que todos queremos, habrá huelgas generales cada tres meses.
P. ¿Cuesta más que los ciudadanos de centro y de derecha salgan a la calle?
R. Sí, así es. Solemos estar callados. Pero en Cataluña, en 2018, más de un millón de constitucionalistas salieron a la calle. Por entonces yo era el presidente de Sociedad Civil Catalana. Aquella protesta fue el germen de Foro España Cívica. En España hay un descontento social muy grande y hay que dar a la gente la posibilidad de que salga a manifestarse.
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¡2023, ya estamos donde las papas queman!
Feijóo arranca el año electoral 35 escaños por delante de Sánchez y mayoría absoluta asegurada con Vox
IGNACIO CENTENERA. okdiario. 11 Enero 2023
Fue Sadam Huseín, que nos parecía la encarnación del mal y que sería, en comparación con los malos que gastamos ahora, como el diablo cojuelo de la obra de Vélez de Guevara, quien habló de «la madre de todas las batallas». Y más o menos eso es lo que se anuncia que va a ser la confrontación electoral de 2023; las pugnas en anteriores comicios se antojan juegos florales o disputas académicas al lado de lo que nos espera. Porque se espera, y seguramente ocurrirá, de todo; y si el Gobierno sanchista se sigue viendo detrás en las encuestas apretará el acelerador sin respeto a los límites de velocidad, a los derechos del resto de conductores o a los agentes que regulan el tráfico, en el caso de que quede alguno que no esté perfectamente adiestrado para consentirle cualquier infracción.
Nada que ver con las elecciones que llevaron al traspaso de poder en 2011, en las que buena parte de los habituales votantes del PSOE decidieron no comparecer, permitiendo que el entonces fiel voto de la derecha llevara a Rajoy a su mayoría absoluta. Pero en esta ocasión la resiliencia sanchista no va a permitir que nadie se quede en casa. El PP se enfrenta a la paradoja de que anticipar una victoria holgada, incorporando abiertamente a VOX al grupo vencedor, ayuda a la excitación del votante socialista. Ese que estaba por darse mus después de ver que el PSOE sanchista se ha convertido de facto en tres cosas: en el verdadero titular de un procés que, aunque dicen que se ha terminado, es el motor de la actividad de gobierno; en un activista del neo-comunismo radical, propulsor de un ecologismo y de un feminismo que ha apartado a los anteriores conservacionistas e, insólitamente, a las mujeres; y en el vocero de las performances de un personaje falso, incapaz y endiosado esclavizado por su vanidad y su ambición.
Pero esta vez no será igual. Ya hemos comprobado que por muchas y muy gordas que sean las atrocidades (en el formato de mentiras, traiciones, corruptelas, nepotismos, leyes disparatadas o latrocinios fiscales) que protagonice este Gobierno, siempre son capaces de levantarse, como en aquel chiste de la adúltera desvergonzada pillada in fraganti, regañando al marido por llegar de la oficina antes de lo habitual.
Y es que, si consiguen que sus socios se hagan pasar durante un rato por pacíficos demócratas o que la economía no se descalabre del todo en los próximos trimestres, y para eso les sobra con que algo (paro, crecimiento, inflación…) no esté terriblemente mal o se pueda maquillar, el clásico votante socialista, muy propenso al sectarismo, minimizará el riesgo de que siga Sánchez, maximizará el de que gobierne la ultraderecha y no faltará a las citas electorales. Hablando con ellos percibes que el clavo más incandescente les sirve, y les basta, para justificar su voto: «Cataluña está mejor que en 2017», «el País Vasco está normalizado y Bildu está en las instituciones y participa en la vida democrática», «hay dos gobiernos y los disparates legislativos son obra del de Podemos»… Y así hasta el ya clásico «¿Y, a quién votar si no? ¿A Ayuso?».
Confía, por tanto, el Gobierno en movilizar a la mayoría social española, que es de izquierdas, y para eso solamente necesita una chispa que inicie la combustión (en encontrar esa chispa siempre han sido muy hábiles: Prestige, guerra de Irak, 11M, sentencia de Gürtel…). Después, la fuerza mediática asegurará la reacción en cadena y en unos meses estarán de nuevo en el 28% de apoyos (¡atención, que nunca han bajado del 25%!), que son base suficiente para, una vez añadidos los votos de populistas (en la versión que quede: Podemos, Más País, Sumar…) y de nacionalistas e independentistas, asegurarse la investidura. Ya se sabe, además, que cualquier cosa que ocurra intra o extramuros les va a valer. El bochornoso espectáculo del Capitolio en Estados Unidos o los impresentables sucesos de Brasil les sirven para dejar falazmente claro que VOX, solo o en compañía de otros, es una amenaza real para nuestra democracia, importándoles muy poco que quienes en nuestro país han protagonizado actos similares (rodear el Congreso, asaltar el Parlamento catalán, escrachar a miembros del ejecutivo o impedir las actuaciones judiciales) han sido siempre los partidos con quien gobierna. Pero, en fin, todo se aprovecha para alimentar el relato; ese que, como el DeLorean que conducía Marty McFly en Regreso al Futuro, siempre funciona, con independencia de la basura o los desperdicios que le echen al depósito.
Entonces, ¿está ya todo decidido? Pues quizás no, los partidos de Champions el Real Madrid los disputa hasta el final, pero para ganarlos tiene que acertar frente a la portería, no cometer muchos errores y, sobre todo, marcar a los rivales. Los peores momentos del PSOE en las encuestas han venido cuando, junto con la denuncia de la superchería del presidente Sánchez, especialmente respecto a Podemos y el independentismo, se ha hecho la oportuna crítica a toda la obra del sanchismo y la oposición casi ad hominen a los desastrosos ministros socialistas, evidenciando que, aunque sus valoraciones en las encuestas son paupérrimas, aún son más altas de lo que merecen. En definitiva, trabajar y correr más que el contrario.
Otro sinsentido de Estado
EDITORIAL. gaceta. 11 Enero 2023
Confiamos en la amabilidad del lector para que, antes de proseguir con la lectura de este editorial, repase el que publicamos el 15 de octubre de 2021. Prometemos que le resultará interesante. https://gaceta.es/editorial/un-sinsentido-de-estado-20211015-1315/
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Gracias por haberlo leído. Antes de meternos en honduras, hagamos un ejercicio de transparencia periodística que conecta con el famoso dicho que asegura que el periódico de ayer envuelve el pescado de hoy. Ese axioma se refiere a la caducidad de la información por culpa de la actualidad, siempre nueva, siempre cambiante. Pero también la opinión que fue publicada ayer suele servir para extenderla hoy en el suelo y adiestrar a un cachorro en el control de sus esfínteres.
La opinión, que sólo es válida si está fundada en hechos, muta, se amplia o se recorta en función de la misma actualidad. Por eso, porque el mundo gira y España retrocede, resulta extraordinario (y lamentable) que constatemos hoy que podríamos volver a publicar el mismo editorial de aquel 15 de octubre de 2021, apenas cambiando el nombre del desaparecido Pablo Casado por el de Alberto Núñez Feijóo y el del defenestrado Teodoro García Egea por el de Cuca Gamarra.
Desde aquel 15 de octubre de 2021, el Gobierno de Pedro Sánchez ha avanzado mucho en el desgobierno de España y ha perfeccionado su incompetencia para agravar la crisis económica en la que malviven millones de españoles. Hoy, y esto es un hecho incontestable, somos más pobres que en octubre de 2021 y las perspectivas, con nuestra competitividad fiscal por los suelos, la inseguridad jurídica y el derroche del dinero de nuestros impuestos en ideologías identitarias, son peores.
También es incontestable que somos menos libres, salvo los independentistas catalanes, los agresores sexuales y los malversadores. En este tiempo, poco menos de 15 meses, el Gobierno y sus socios parlamentarios han promulgado una batería de leyes ideológicas y sectarias con el apoyo de filoetarras y golpistas, y completan un plan de asalto a las instituciones diseñadas para servir de contrapeso y oposición a cualquier tentación autocrática.
Ante esta realidad, el Partido Popular decidió ayer filtrar a un medio amigo su decisión de paralizar la denuncia presentada hace poco menos de un mes ante la Unión Europea para evitar el asalto del sanchismo y de sus indecentes socios al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional. De nuevo, otra vez apelando a un irreal sentido de Estado, el PP opta por lo que ellos llaman la vía moderada, que no es más que fiar a la supervivencia del bipartidismo su llegada a La Moncloa para que, otra vez, nada cambie.
De nuevo, hoy como el 15 de octubre de 2021, y aun antes, insistimos en declarar que al pernicioso socialismo, indultador de golpistas, aliado de corruptos y enemigo del pensamiento libre y de la separación de poderes, se le debe combatir y no legitimar con la inacción. La moderación no tiene cabida cuando lo que se tiene enfrente es un Gobierno inmoderado de, por decirlo con suavidad, incompetentes socialcomunistas.
Concluimos con la misma frase con la que acabamos aquel editorial: esta «sólo puede ser una mala operación en la que los populares tienen poco que ganar y España, mucho que perder». Lo primero no nos preocupa. Lo segundo, mucho.
¿Compartir la soberanía de los españoles?
Jesús Rul. vozpopuli. 11 Enero 2023
Hace unos días, Pere Aragonès dijo que ahora toca un referéndum de autodeterminación pactado con el Estado. Estaba crecido por haber logrado de Pedro Sánchez la amnistía factual de los insurrectos contra España, y la desautorización de las más altas instituciones nacionales. Sánchez respondió que la autodeterminación no cabe en la Constitución, que esta pretensión no es actual y que ahora lo propio es «compartir soberanía».
Compartir remite a dos significados opuestos: el primario es dividir en partes lo que puede fraccionarse, como compartir el pan; el segundo es poseer en común, solidariamente lo que no es fraccionable porque pertenece unido e indiviso a todos. Solo este segundo sentido concuerda con la Constitución: la común soberanía nacional es compartida entre todos los ciudadanos españoles, libres e iguales. En este punto conviene no confundir soberanía con competencias que pueden, en un Estado, descentralizarse o centralizarse; también, cederse en tratados internacionales como en la UE, pero la soberanía nacional permanece íntegra y puede recuperar lo cedido como en el Brexit.
La nación soberana es la entidad que une y representa a todos y cada uno de los ciudadanos con un significado social, político, cultural, simbólico y emocional. Eso es España para los españoles, Francia para los franceses…Cumple una función práctica: pertenencia a una comunidad vital de derechos y obligaciones en la que obtenemos los recursos para sobrevivir, afianzarnos y prosperar. En consecuencia, el sintagma «compartir soberanía», entendido como una realidad divisible, es un oxímoron. Sánchez y sus socios ya maniobran en las sombras en esta contradicción para que la división parezca unión. Así deja la puerta abierta para seguir contando con sus socios tan gratos al PSC.
Ningún poder del Estado, incluido en Tribunal Constitucional, puede disponer de la soberanía de los españoles, porque antecede al Estado y a los poderes constituidos, cuyo ejercicio responsable compete, en cada momento histórico, a la totalidad indivisa de los españoles. En nuestra Nación el sujeto constituyente es España, como realidad histórica, social y cultural. Nuestra Nación —como otras naciones de larga duración histórica— es anterior, fundamento o base determinante de todo orden constitucional: «La constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española…» (art. 2). En otras naciones, la soberanía reside en el Parlamento como en la tradición jurídica del Reino Unido. Y en otras naciones más recientes, como los EE. UU, es el pueblo del momento constituyente el que se afirma como sujeto: “We the people…”, pero la prevalencia del pueblo estadounidense, por encima del poder de los estados federados, se impuso en la Guerra Civil (1861-65) contra el intento de secesión de los estados sureños. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso Texas vs White (1869) sentenció que la Unión era perpetua, indivisible e indisoluble en base a la Constitución, pese a no decir lo que dice la nuestra en el artículo 2.
En España, la soberanía no reside en las Cortes, que solo la representan a plazo y con controles, sino en la comunidad nacional unitaria, formada por todos y cada uno de los españoles. El mayor tesoro de las naciones es su poder soberano, siempre en lucha; expuesto a la división interna (como ahora con los separatistas) y a la apropiación externa, por amputación, destrucción y eliminación, como evidencia la historia. Hay verdad en: «no podemos dar por hecho lo que hemos construido» (Felipe VI, 2022). La soberanía siempre está en juego: solo se agranda con valor, unidad, educación excelente y pujanza socioeconómica, actualmente en proceso de degradación.
A estas alturas, los españoles saben que Sánchez no tiene credibilidad y que es capaz de cualquier cosa para retener el poder. Los separatistas lo saben. Por eso plantean el órdago final del proceso: la independencia, objetivo final de sectores influyentes de la burguesía catalana desde las últimas décadas del siglo XIX. La voluntad de estas élites extractivas de «ir a la suya con ventaja» (porque de eso se trata) no era nueva; se arrastra desde el Antiguo Régimen de privilegios. A finales del XIX hicieron suya la ideología nacionalista del esencialismo identitario (Herder, Fichte…), racista y xenófobo, adoptada por los popes nacionalistas, Prat de la Riba, Almirall y Macià, entre otros, que les permitió camuflar los privilegios de siempre en ideología, pero no logró penetrar en la sociedad civil catalana identificada con la «catalanidad española» de larga tradición histórica.
Para contrarrestarlo, el pujolismo utilizó la Autonomía como instrumento de secesión: fue acaparando competencias, cedidas por el Estado, para la construcción nacional antiespañola con tres armas poderosas anticonstitucionales: sectarismo institucional, adoctrinamiento escolar y proselitismo de los medios. Ha tenido efecto: en 40 años, los separatistas, con tesón de termitas, han logrado enajenar España de la mente y conducta de muchos, y así arrebatar la soberanía que reside en la mente y conducta de los españoles.
La crema nacionalista sabe que para conseguir la independencia necesita una masa suficiente de población como argumento legitimador. El referéndum es la vía idónea, especialmente si es pactado, porque saben que la independencia unilateral tiene dos problemas: la respuesta del Estado, debilitada gracias a Sánchez, y la legitimación exterior.
Sabemos, pues, qué quieren y con qué cuentan los mandamases separatistas (ERC-Junts, Ómnium, ANC, empresarios, periodistas…) y la frágil posición de Sánchez para conservar el poder tras las elecciones generales de 2023. Si Sánchez ha sido capaz de amnistiar, contra la Constitución, a los insurrectos condenados, despenalizando los delitos de sedición y aminorando la malversación, es capaz, ahora que controla el poder del Estado y tiene mayoría en el Tribunal Constitucional, de meter mano a la soberanía unitaria de los españoles al amparo del mito plurinacional.
Por un lado, los separatistas quieren constituirse en sujeto político soberano, quebrando la unidad soberana de los españoles. Eso significa independencia. Por otro lado, Sánchez y PSC quieren dar cauce al soberanismo, imprimiendo un significado diferente a la autonomía de Cataluña y País Vasco con competencias confederales para que sigan yendo a la suya con ventajas.
Si Sánchez y sus socios logran mayoría en las elecciones de 2023 se abrirá un escenario con dos opciones que incluyen referéndum en Cataluña, replicable al País Vasco: nuevo estatuto con competencias confederales o consulta de autodeterminación (con trampa para vender la división como unión). Ambas atentan contra España y los intereses de los españoles y, por tanto, son inconstitucionales.
Ha habido intentos de quebrar la soberanía nacional. Cito dos recientes. La primera se intentó con el Estatuto catalán de 2006, patrocinado por Zapatero: «Aprobaremos el Estatuto que decida Cataluña», pero no fue Cataluña sino los partidos separatistas con el PSC-PSOE quienes decidieron apropiarse de poder constituyente, declarado inconstitucional por la STC 31/2010.
La segunda fue la ley de Actualización de Derechos Históricos de Aragón — impulsada por la Chunta Aragonesista, socialistas y podemitas— que anteponía la «voluntad de los derechos históricos del pueblo aragonés» a la soberanía nacional; la parte, se afirmaba como un todo soberano con una legitimación previa a la Constitución. El TC la declaró inconstitucional en la Sentencia 158/2019, de 12 de diciembre, por vulnerar la soberanía nacional.
He aquí la pretensión falaz de dos mitos legitimadores: el pasado (los supuestos derechos históricos), y el presente (el derecho de decisión soberana auto atribuido de una parte sobre el todo).
La postura de la izquierda (socialistas, podemitas, separatistas) es proclive a facilitar la autodeterminación (solo hay que ver cómo). El nuevo Tribunal Constitucional, en contra de su propia doctrina (entre otras, las sentencias citadas de 2010 y de 2019) puede dejar entrar el caballo de Troya de los refrendos soberanistas en la «indisoluble unidad de la Nación española» que debe defender. Las recientes declaraciones poco prudentes, aunque calculadas, de la flamante magistrada Segoviano entreabren la puerta.
En coherencia con todo lo expuesto, la soberanía de los españoles, unitaria e indivisible, está en riesgo.
Sánchez embarra la Justicia española con ‘el polvo de su camino’
Pablo Sebastián. republica. 11 Enero 2023
En la batalla política en curso por el pleno control del Poder Judicial el presidente Pedro Sánchez va a por todas y no deja resquicio ‘ni hace prisioneros’ sino que liquida de manera implacable a sus adversarios.
Así se ha evidenciado en la votación del Tribunal Constitucional para la elección de la presidencia y vicepresidencia de esta Corte de Garantías constitucionales que han recaído, respectivamente, en los magistrados progresistas Cándido Conde-Pumpido e Inmaculada Montalbán por seis votos a su favor en contra cinco a favor de la progresista Balaguer en la votación de la presidencia y del magistrado conservador Ricardo Enriquez en la votación de la vicepresidencia.
Algo que solo ocurrió una vez en el TC con Rodriguez Piñeiro y LÓpez Guerra, pero no por motivos políticos inducidos sino después de un empate a seis en la votación donde finalmente primó la mayoría de edad.
Aunque en el caso actual sÍ hubo consignas políticas para la elección del nuevo presidente del TC a favor del magistrado muy próximo a Sánchez, Conde-Pumpido. El que, siendo fiscal general del Estado y durante las negociaciones del Gobierno de Zapatero con ETA, instó a los jueces ‘a mancharse la toga con el polvo del camino’.
Con lo que se ha roto una norma ‘no escrita’ que siempre funcionó en favor de cierto equilibrio y pluralismo en la cúpula del TC. La que ahora se acaba de romper, una vez que, desde Moncloa, impuso la férrea disciplina de sus magistrados afines.
Lo que anuncia que Sánchez probablemente irá ahora a por todas, también, en la renovación del CGPJ reformando su sistema de elección por más que la Comision Europea se oponga a ello. Porque con la caza de la mayoría del CGPJ, más el TC, el Tribunal de Cuentas y el Consejo de Estado, Sánchez tendrá en su mano todo el ordenamiento del Poder Judicial español.
Y podrá nombrar las 30 vacantes importantes que hay en distintas Salas del Tribunal Supremo y en otros de distintos altos tribunales del Estado. Y cabe imaginar que esta nueva mayoría absoluta y absolutista del TC no dudará en derribar los recursos de inconstitucionalidad presentados a esta Corte por la Oposición.
Y ya veremos si incluso este TC ‘sanchista’ se atreve a debatir y autorizar referéndums de autodeterminación en Cataluña y el País Vasco, tal y como lo insinuó recientemente la también magistrada progresista del TC María Luisa Segoviano cuando calificó la autodeterminación como un asunto ‘complejo que abría que estudiar’.
Una declaración inquietante porque, como lo recordó el ex presidente del TC Pedro González Trevijano en su despedida, en la Constitución de 1978 está escrito que España es una sola nación y la soberanía sólo le corresponde al conjunto del pueblo español.
Una situación toda esta sin duda alarmante que ahora se ha amplificado y empeorado con la supresión del delito de la sedición y la reforma de la malversación. Lo que, en compañía con la demencial Ley del ‘solo sí es sí’ de la ministra Montero, y los traslados de etarras al País Vasco que facilita el ministro Marlaska, está beneficiando a varios colectivos de delincuentes de terrorismo, sedición, malversación, corrupción, violación y agresión sexual.
Los que, condenados y los que están por juzgar, se beneficiarán de rebajas de sus condenas gracias a la ‘magnanimidad cómplice’ de Sánchez y en pago de ayuda políticas que el presidente recibió de UP, ERC y Bildu para su permanencia en el poder.
'Cacao maravillao'
PEDRO DE TENA. libertad digital. 11 Enero 2023
Si el próximo día 21 de enero en Cibeles, en Madrid, no hay una multitud que obligue a rectificar a tanto insensato, la suerte estará echada.
Lo dijo el Papa Bergoglio: "Las humillaciones hacen mucho bien", cuando se cargó al arzobispo Georg Gänswein, que era Prefecto de la Casa pontificia y lo confinó junto al Emérito Benedicto XVI. Pero se le olvidó explicar que benefician al que las propina y dañan, a veces hasta el odio, a quien las sufre. Lo va a comprobar pronto porque el abochornado va a publicar un libro de memorias que puede escarbar en el humilladero.
Con todo, la peor humillación es la intelectual, la que obliga a negar lo que se tiene delante de los ojos y su lógica elemental. Para conseguir causarla, es conveniente organizar un cacao maravillao, una maniobra de distracción de esas que recomendó Sun Tzú: "Si quieres fingir desorden para convencer a tus adversarios y distraerlos, primero tienes que organizar el orden, porque sólo entonces puedes crear un desorden artificial".
Desde 2017, cuando tuvo lugar el golpe de estado de los separatistas catalanes desde el gobierno de la Generalidad y la defenestración sumisa de Rajoy, se ha ido organizando un orden, perfeccionado hasta ayer mismo cuando el ya expresidente del Tribunal Constitucional dejó el campo libre a un nuevo mandamás de la izquierda y, por supuesto, de obediencia sanchista. ¿Qué orden? El orden político-institucional que va a arrinconar a media España desde la otra media, el que va a ir consolidando el poder de las izquierdas para permitir las consultas y saqueos independentistas y anticonstitucionales y el que está exprimiendo fiscal, laboral e inflacionariamente a la mayoría para que la nueva corte del poder socialcomunista pueda disponer de financiación pública para constituir una casta empresarial de izquierdas, verde, limpia y 2030, uncida a los Presupuestos y protegida por los poderes del Estado (ya sólo queda uno y el mismo).
Pero todo está en al aire hasta mayo de este año y, naturalmente, hasta la celebración de las elecciones generales, si es que se celebran en 2023. Por ello, hasta entonces, lo más importante es que triunfe el cacao maravillao para lo que sirve la algarada brasileña ante el "demócrata Lula", condenado primero, absuelto después y acusado de fraude electoral siempre. Es sencillo. A partir de ahora, el que vaya a la concentración del día 21 de enero de la Plaza de Cibeles en Madrid por la Constitución y contra el gobierno de Pedro Sánchez es un golpista, no un ciudadano que ejerce su derecho de manifestación. Otro pasito más.
Sin embargo, el "cacao" español es diferente a otros porque normalmente los perjudicados no intervienen en su propio linchamiento. Pero en España, en este carnaval desconcertante, hay un excandidato de Ciudadanos, el tal Edmundo, que dice que la manifestación del día 21 es de Vox aunque la anuncien varias asociaciones y la propia Rosa Díez. De aurora boreal. El líder del PP no sólo rescata a los sorayistas que consintieron el golpe de estado en Cataluña, sino que aplaude su propia traición al mantenimiento de un poder judicial no sometido y anuncia que, pese a la evidencia, su deseo es no pactar con Vox, o sea, que aceptará que Pedro Sánchez siga en el gobierno con los podemitas, republicanos separatistas y filoetarras. Para que no nos falte de ná, Vox acosa inexplicablemente a Isabel Díaz Ayuso y dinamita sus presupuestos.
Es natural que el gobierno sanchista oculte y manipule el escándalo de los ERE, que corra un tupido velo sobre el caso Astapa en Estepona tras 16 años, 16, de instrucción, que ordene caer el telón sobre la tela de araña valenciana, sobre los indultos a golpistas y excarcelaciones de etarras, sobre la realidad real del coste de la vida, de la fiscalidad brutal, de la puñalada de los carburantes y de la energía y que lo mezcle todo con mentiras flagrantes y polvaredas legales y parlamentarias para que no pueda verse el camino real cuyo diseño se lleva concretando desde 2017: una nueva legalidad desde la interpretación socialcomunista de la Constitución desde la que se pueda desembocar en los viejos objetivos de la izquierda en la II República aniquilando la reconciliación propuesta por la Transición.
Pero que PP, Vox y el cadavérico Cs estén contribuyendo al cacao maravillao que lo va a hacer posible, es sencillamente de locos y una cruel humillación al propio electorado. Si el próximo día 21 de enero en Cibeles en Madrid, no hay una multitud que obligue a rectificar a tanto insensato, la suerte estará echada. Yo, desde luego, apagaré y me iré al corazón de mis asuntos.
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