Recortes de Prensa Sábado 14 Enero 2023
Autoridades ucranianas denuncian un bombardeo ruso en el centro de Kiev
El ataque, ha informado el alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko, ha ocurrido en el barrio de Dniprovskyi (o Dnipro), en la orilla izquierda del río que divide la capital en dos mitades
El Confidencial. 14 Enero 2023
Las autoridades ucranianas han denunciado un ataque ruso con cohetes en el centro de la capital, Kiev, que ha causado daños en un edificio "no residencial y en un "objetivo de infraestructura", aunque no se tiene constancia de muertos y heridos.
El ataque, ha informado el alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko, ha ocurrido en el barrio de Dniprovskyi (o Dnipro), en la orilla izquierda del río que divide la capital en dos mitades. "Explosiones en el distrito de Dnipro. Todos los servicios se dirigen al lugar. ¡Quédense en los refugios!", ha hecho saber Klitschko en su cuenta de Telegram.
Por otro lado, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado que los combates continúan en la localidad ucraniana de Soledar pese a que el Ministerio de Defensa ruso ha asegurado que sus tropas controlan la ciudad, situada en la región de Donetsk.
"Continúa la difícil batalla por la región de Donetsk. Continúa la batalla por Bajmut y Soledar, por Kreminna, por otras ciudades y pueblos del este de nuestro país", ha expresado Volodimir Zelenski en su discurso diario, según ha recogido la agencia de noticias UNIAN.
Las claves del momento:
El Ejército ucraniano asegura que los rusos no han tomado Soledar
El Kremlin modifica la dirección de Zaporiyia y la supedita a Moscú
El Ministerio de Defensa ruso anuncia la toma de Soledar
Un alto cargo ruso propone movilizar a los rusos "naturalizados"
La Inteligencia británica acusa a Rusia de usar prisioneros de guerra como mano de obra
Kiev asegura que "Ucrania es un miembro 'de facto' de la OTAN"
La OIEA desplegará inspectores en todas las centrales nucleares ucranianas
Hace 22 minutos 11:04
La ONU alerta de que la guerra en Ucrania continúa "sin que se vislumbre el final"
La secretaria general adjunta de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz de la ONU, Rosemary DiCarlo, ha informado ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que la guerra en Ucrania continúa "sin que se vislumbre el final", a las puertas de cumplirse el primer aniversario de la invasión rusa el próximo mes de febrero.
La responsable ha afirmado que los "combates y el sufrimiento" en Ucrania continúan "sin que se vislumbre el final". "La lógica que prevalece es militar, con muy poco margen, si es que hay alguno, para el diálogo en estos momentos", ha añadido.
Rosemary DiCarlo ha afirmado que los graves daños causados por la guerra palidecerían en comparación con las consecuencias de un conflicto prolongado.
Hace 2 horas 7 minutos 09:19
Ucrania denuncia un bombardeo ruso en pleno centro de Kiev
Las autoridades ucranianas han denunciado un ataque ruso con cohetes en el centro de la capital, Kiev, que ha causado daños en un edificio "no residencial y en un "objetivo de infraestructura", aunque no se tiene constancia de muertos y heridos.
El ataque, ha informado el alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko, ha ocurrido en el barrio de Dniprovskyi (o Dnipro), en la orilla izquierda del río que divide la capital en dos mitades.
"Explosiones en el distrito de Dnipro. Todos los servicios se dirigen al lugar. ¡Quédense en los refugios!", ha hecho saber Klitschko en su cuenta de Telegram.
Hace 2 horas 50 minutos 08:36
Ucrania espera ser miembro de la Unión Europea en menos de dos años
El primer ministro de Ucrania, Denis Shmigal, ha afirmado que el país espera ingresar en la Unión Europea en menos de dos años, según ha compartido en un mensaje a través de Telegram.
"Creemos que podemos completar las negociaciones sobre la adhesión a la UE en dos años", ha afirmado el Shmigal a la vez que reconoce que será necesaria una "cantidad de trabajo enorme" para completar el proceso y hacer de Ucrania un miembro de pleno derecho de la UE. Además, el primer ministro ha reconocido una "cooperación productiva" por parte de los socios europeos sobre la posible integración a la comunidad europea.
08:17
Zelenski afirma que los combates continúan en Soledar
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado que los combates continúan en la localidad ucraniana de Soledar pese a que el Ministerio de Defensa ruso ha asegurado que sus tropas controlan la ciudad, situada en la región de Donetsk.
"Continúa la difícil batalla por la región de Donetsk. Continúa la batalla por Bajmut y Soledar, por Kreminna, por otras ciudades y pueblos del este de nuestro país", ha expresado Volodimir Zelenski en su discurso diario, según ha recogido la agencia de noticias UNIAN.
La región ha sido objeto de intensos combates en estos últimos días durante los cuales las partes en conflicto han ofrecido versiones contradictorias, sin que quede claro quién controla en su totalidad esta localidad.
El camino hacia la paz en Ucrania
SERHII POHORELTSEV. la razon. 14 Enero 2023
A 10 meses desde que Vladimir Putin dio órdenes de lanzar la así bautizada «operación militar especial» en Ucrania, o sea la guerra en toda regla contra un país soberano, son más frecuentes e insistentes los llamamientos del Kremlin a declarar el alto el fuego, iniciar las negociaciones de armisticio o incluso de paz.
Para la gente de a pie, en su mayoría inexperta en temas de la política exterior, tales declaraciones públicas pueden sonar como un indicio del compromiso de Moscú con la causa de paz y una disposición de Rusia a poner fin a esta guerra que es fuente de tantos horrores y sufrimientos que hemos presenciado desde el febrero pasado.
Afortunadamente, los líderes del mundo democrático, engañados en repetidas ocasiones por las declaraciones del Kremlin, ya se dan cuenta de que no hay nada más tramposo e hipócrita que las propuestas de paz que vienen desde Moscú.
Los incesantes ataques rusos contra la infraestructura crítica de uso civil en pleno invierno y las preparaciones de nueva movilización son testimonios evidentes de los verdaderos propósitos del Kremlin, sumamente remotos de estas declaraciones pacificadoras. Es evidente que Moscú no está dispuesta a renunciar a su objetivo maximalista de aniquilar el Estado ucraniano y la guerra es su única herramienta para conseguirlo.
Sin embargo, tras sufrir derrotas en el campo de batalla, en unas condiciones del creciente flujo de armas occidentales a Ucrania mientras el potencial de la maquinaria militar rusa degrada, el Kremlin se ve forzado a buscar desesperadamente una pausa operativa a cualquier costa.
El invasor ruso la necesita para reagruparse y reabastecer sus arsenales para volver a emprender una ofensiva en una escala aún mayor. Los llamamientos de Rusia de iniciar conversaciones de paz, expresados directamente o transmitidos a través de terceros países, no tienen otro propósito ya que cualquier pausa supondría para el Kremlin un balón de oxígeno ante una derrota total. Al mismo tiempo Rusia no para de chantajear a Ucrania y a la comunidad internacional.
En cambio, Ucrania aboga por diez medidas que componen una fórmula de paz presentada en la Cumbre del G-20 en Indonesia a mediados de noviembre pasado. Es una visión integral y transparente con el claro propósito de poner fin a la agresión rusa y establecer una paz futura, justa y duradera para Ucrania, Europa y el mundo entero.
Estas medidas engloban la seguridad radiológica y nuclear; la seguridad alimentaria; la seguridad energética; la liberación de todos los prisioneros y las personas deportadas; la implementación de la Carta de las Naciones Unidas y la restauración de la integridad territorial de Ucrania y el orden mundial; la retirada de las tropas rusas y el cese de hostilidades; la restauración de la justicia; la prevención del ecocidio; la prevención de la escalada; la confirmación del fin de la guerra.
La fórmula de la paz ayudará a conseguir que Rusia nunca vuelva a cometer el crimen de agresión contra Ucrania, otros vecinos y el mundo en general. Con este fin, a instancia del Presidente Volodimir Zelenski, se va a convocar bajo los auspicios de las Naciones Unidas a finales de febrero próximo una Cumbre especial.
En primer lugar, la comunidad internacional tendrá que abordar el tema de la seguridad nuclear y radiológica. A lo largo de esta guerra Rusia, incapaz de conseguir sus objetivos en el campo de batalla, ha recurrido periódicamente a la retórica de chantaje nuclear sugiriendo que iba a usar las armas nucleares tácticas contra Ucrania, un país desnuclearizado, o provocar una emergencia, fruto de un accidente en central nuclear de Zaporiyia capturada por las tropas rusas.
La comunidad internacional tiene que tenerlo claro que cualquier forma de chantaje nuclear es inaceptable y Rusia tiene que renunciar a las amenazas verbales y sus acciones agresivas en cuanto al uso de las armas nucleares.
Igualmente, Rusia debe retirar sin demora a todos sus efectivos de la central nuclear de Zaporiyia. La estación debe pasar bajo el control de la OIEA y de la plantilla ucraniana. Sus reactores deben ser reconectados de inmediato a la red eléctrica para que nada comprometa su estabilidad y seguridad.
Para asegurar la integridad de sus centrales nucleares Ucrania propuso que OIEA desplegase sus misiones en todas las plantas tanto operativas como en conservación como es el caso de Chornóbil. Tales misiones pueden ser instrumentales en cuanto a la verificación de que cualquier actividad hostil contra las instalaciones nucleares de Ucrania ha cesado.
La comunidad internacional también tiene que afrontar el desafío de la seguridad alimentaria, una tarea pendiente desde que Rusia decidió usarla como el arma contra el Sur global, con la intención de desestabilizar los países de África (en primer lugar, las regiones del Sahel y el Cuerno de África) y Asia y provocar nuevas olas de migración ilegal a Europa. Al realizarse este escenario Europa se vería sumergida en un descontento popular. El derecho a la alimentación tiene que ser reconocido como el derecho fundamental en el mundo.
Gracias a los esfuerzos concertados de Naciones Unidas, Turquía y otros socios, incluida España, que apoyaron la iniciativa «Granos de Ucrania» este programa, destinado a mejorar la seguridad alimentaria a escala mundial, fue prorrogado para otros 4 meses.
Desde julio pasado, Ucrania ha exportado más de 10 millones de toneladas de alimentos por vías marítimas. En términos anuales Ucrania puede incrementar los volúmenes de sus exportaciones de granos hasta 45 millones de toneladas. En su mayoría los beneficiarios de estas exportaciones son países del Sur global que experimenta las carencias alimentarias.
Para que Ucrania pueda cumplir con esta misión humanitaria, Rusia debe dejar de atacar la infraestructura ucraniana, en primer lugar, su red portuaria en la costa del Mar Negro.
En las condiciones del duro invierno ucraniano la energía en manos del Kremlin también se convirtió en un arma. Con los ataques incesantes contra la infraestructura energética de Ucrania que tiene el papel crítico para el suministro de electricidad, agua y calefacción de los hogares Rusia sigue aterrorizando a la población civil. El Kremlin no disimula sus intenciones de provocar el éxodo masivo de los ucranianos con el fin de socavar la moral del ejército ucraniano y así forzar a Kyiv a rendirse. Por otro lado, con los bombardeos rusos de las centrales eléctricas, transformadores y líneas eléctricas Moscú pretende cortar la exportación de electricidad ucraniana a los países vecinos, ya que Rusia está interesada en la crisis energética en su entorno europeo.
Por estas razones proteger Ucrania de estos ataques es una tarea clave que contribuye al afianzamiento de la seguridad energética tanto nacional como regional y continental.
Nuevos suministros de sistemas de defensa antiaérea y antimisiles anunciados recientemente por nuestros socios occidentales harán el cielo ucraniano aún más seguro. Rusia debe darse cuenta de que su campaña terrorista no traerá frutos codiciados y no va a doblegar Ucrania a rendirse ante el terror energético.
Si Rusia está interesada en el proceso de paz como pretende estar, el Kremlin debe abandonar este terror energético, así como renunciar al uso de energía como una herramienta de agresión contra Europa.
Ucrania también exige que Rusia libere a todos los prisioneros de guerra ucranianos y los civiles, incluidos los miles de niños, deportados forzosamente a Rusia y a los territorios ocupados temporalmente de Crimea. En muchos casos estos nacionales de Ucrania, tanto militares como civiles, están sometidos a las torturas y son víctimas de ejecuciones sumarias como lo revelan las fosas comunes descubiertas en las regiones liberadas de Kyiv, Járkiv o Jersón. Asimismo, los ciudadanos de Ucrania están detenidos como presos políticos en Rusia y en el territorio temporalmente ocupado, en particular en Crimea.
El proceso de paz sería impensable e incompleto sin el cumplimiento de la Carta de las Naciones Unidas y el restablecimiento de la integridad territorial de Ucrania y el orden mundial. Rusia debe asumir su obligación de respetar el Artículo 2 de la Carta y abstenerse de usar la fuerza contra Ucrania, reconfirmar la integridad territorial de Ucrania en el marco de las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas y los instrumentos internacionales legalmente vinculantes en vigor.
Como una muestra de su compromiso con la paz Rusia debe retirar todas sus tropas, así como las formaciones paramilitares del territorio de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente y cesar todas las hostilidades. Sin el restablecimiento del control de Ucrania sobre sus fronteras con Rusia la población de Ucrania no aceptará la finalización de la guerra bajo ningún concepto ni se sentirá segura. Los crímenes de guerra revelados en los territorios desocupados son una demostración clara de riesgos que corren nuestros connacionales.
Al mismo tiempo el proceso de paz requiere el restablecimiento de la justicia. Al desatar una guerra contra un Estado soberano la cúpula política y militar rusa cometió el crimen de agresión.
Las tropas rusas son artífices y autores materiales de innumerables atrocidades y crímenes de guerra cometidos en el territorio de Ucrania. La agresión rusa no sólo se tradujo en la muerte de miles de ucranianos, revivió las peores memorias de torturas inhumanas y ejecuciones sumarias, sino también en la desolación y la destrucción de la economía y la infraestructura de Ucrania.
Para juzgar los crímenes de guerra y hacer a los responsables rendir cuentas es imprescindible constituir un Tribunal Especial sobre el crimen de agresión de Rusia contra Ucrania y crear un mecanismo internacional de compensación por todos los daños causados por esta guerra. El crimen de agresión de Rusia contra Ucrania no puede ni debe quedar impune si queremos advertir otra guerra, en particular por parte de Rusia.
La agresión rusa viene acompañada con la masiva devastación de la naturaleza y el drástico deterioro del medio ambiente de Ucrania hasta tal extremo que es la hora de pensar en cómo prevenir el ecocidio.
Vastos territorios de Ucrania están contaminados con miles de minas y proyectiles sin explotar sembrados por el invasor ruso que representan una seria amenaza tanto a la gente como a otros seres vivos. Las minas de carbón (inclusive aquella donde se llevó a cabo una explosión nuclear subterránea en la época soviética en 1979) en los territorios que el invasor ruso logró ocupar en 2014 quedan desatendidas, desmanteladas o inundadas intencionalmente.
Este desafío ecológico, fruto de la guerra, también requiere una respuesta concertada de la comunidad internacional ya que se trata de una amenaza a escala mundial que Ucrania no será capaz a afrontar a solas.
Todos los esfuerzos de restablecer la paz serán en vano al menos Ucrania obtiene unas garantías de seguridad sólidas y eficientes que desalientan cualquier reincidencia de la escalada.
El pasado 30 de septiembre, Ucrania presentó una solicitud de adhesión acelerada a la OTAN. Al mismo tiempo, hasta que los aliados consigan el consenso al respecto, Ucrania aboga implementar las propuestas en cuanto a las garantías de seguridad (plasmadas en el «Pacto de Seguridad de Kyiv») con el fin de movilizar los recursos políticos, financieros, militares y diplomáticos necesarios para la autodefensa de Ucrania.
Desde el punto de vista de Ucrania, los elementos clave de la arquitectura de seguridad de la posguerra en el espacio euroatlántico, incluidas las garantías para Ucrania, tienen que ser definidos y consagrados por una conferencia internacional convocada con este propósito. La firma del «Pacto de Seguridad de Kyiv» sería su principal resultado.
Como el punto final del proceso de paz, una vez implementadas todas las medidas antimilitaristas y dado el inicio al restablecimiento de la seguridad y la justicia, vamos a necesitar un documento oficial que confirma el fin de la guerra.
En suma, Ucrania no está lista para una «paz a cualquier precio» y no va a hacer concesiones o aceptar compromisos que prorroguen la ocupación de sus territorios.
Si Rusia quiere entablar las negociaciones de verdad tiene que primero cumplir sin reservas con las cinco precondiciones– restaurar la integridad territorial de Ucrania; volver a respetar la Carta de Naciones Unidas; compensar a Ucrania todos los daños causados por Rusia; procesar y juzgar a los criminales de guerra; dar garantías sólidas de que tal agresión nunca volvería a ocurrir. Hasta que se cumplan estas condiciones, cualesquiera negociaciones de paz serán prematuras ya que Rusia las usaría como una pausa para reagruparse, reponer sus fuerzas y volver a atacar.
Sólo las acciones reales como el cese de los ataques terroristas contra la infraestructura ucraniana, la retirada de las tropas rusas del territorio de Ucrania, la liberación de todos los prisioneros y deportados serán lo suficiente convencibles y darán paso al proceso de paz. A la fecha de hoy Rusia no da indicios de que está dispuesta a una negociación de verdad.
El pueblo de Ucrania está decidido a seguir defendiendo su país y luchando hasta la victoria. Sólo los ucranianos van a determinar cuándo iniciar las negociaciones.
Nadie debe caer en la tentación de tratar de forzar a Ucrania a negociar en términos que comprometan su integridad territorial y soberanía. Y si atreve hacerlo, tiene que dar paso adelante y advertir a la opinión pública de forma explícita de que los compromisos ofrecidos con Rusia van a comprometer su propia seguridad. Cualquier concesión a Rusia no hará más que incentivarla a redoblar sus esfuerzos agresivos.
Serhii Pohoreltsev e embajador de Ucrania en España
Sobre si es lícito matar al tirano
AMANDO DE MIGUEL. libertad digital. 14 Enero 2023
Tengo que confesar un descalabro académico. Siempre pongo por delante mi carrera en Ciencias Políticas y, luego, Sociología. Empero, me matriculé al mismo tiempo en Derecho. Al llegar al segundo curso, colgué la pretensión de la toga. Fue en el examen oral de Derecho Penal. El catedrático insistió en que yo tenía que recitar de memoria el artículo sobre el hurto famélico. Me negué a una exigencia tan arbitraria y, allí mismo, rompí la papeleta con el suspenso, el único de mi vida. Ahora lamento mi soberbia. Bien me habría venido acabar la carrera de Leyes. Así podría, ahora, entender los desmanes jurídicos que está imponiendo nuestro Gobierno. Nada menos que se está cargando el texto y el espíritu de la Constitución. E, incluso, la misma sustancia de la nación española. Supongo que se trata de un delito de alta traición. De haber estado en el Toledo de 1599, en esa fecha, el jesuita Padre Mariana escribe un tratado sobre "si es lícito matar al tirano", el que incurre en un delito de alta traición. Por fortuna, desde la transición democrática, ya no hay pena de muerte en nuestro Código Penal, por lo que el tiranicidio se queda en un concepto.
La tesis viene de lejos, de Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII: "El rey es para el reino, no el reino para el rey". Por tanto, el tiranicidio es una especie de legítima defensa del pueblo. Para el Padre Mariana "el tirano es el príncipe (gobernante) que no mira a la libertad del pueblo, sino que atiende, solo, a su propio interés". Santo Tomás considera la sedición o rebelión como pecado mortal, pero la resistencia justificada a la tiranía no llegaba a la categoría de la sedición.
La cuestión actual es que el taimado Sánchez se ha ocupado de suprimir el delito de sedición del Código Penal. Por tanto, sería difícil atribuirle un desmán como ese ante un alto tribunal. Es más, la sagacidad del presidente del Gobierno ha conseguido que en el Tribunal Supremo se imponga una mayoría "progresista". Es mejor prevenir.
En consecuencia, solo queda una esperanza para la salud democrática: denunciar al doctor Sánchez ante el Tribunal Penal Internacional de La Haya por alta traición. En efecto, no otra cosa es la voluntad sanchista de desmantelar la nación española y su Constitución. Se trata de un delito de Derecho Natural y contra los derechos humanos.
El precedente de un conflicto de este estilo lo tenemos en los Juicios de Nuremberg de 1945. Allí tampoco existía un código previo, pero se entendió que clamaban al cielo las atrocidades de los nazis. De esa experiencia surgió, en 1948, la creación del Tribunal Penal de La Haya. Se trata de juzgar los más graves atentados contra los derechos humanos. Como lo es que, en Cataluña, se intente eliminar el uso de la lengua castellana, que es la común para todos los españoles. En el fondo, es una expresión de racismo.
Convendría plantearse la ignominia antidemocrática de que, en España, y en ciertos partidos, no se proponen representar a todos los españoles, sino a una fracción territorial del electorado. Es el que controlan los respectivos caciques. Encima, a tales partidos les toca el privilegio de una sobrerrepresentación en las elecciones. A pesar de lo cual, sus dirigentes no se consideran españoles e influyen, decisivamente, en las decisiones del Gobierno.
La situación es tan vergonzosa que no cabe más opción que denunciar estas anomalías ante los jueces. Si los nacionales han sido cooptados por "progresistas", la única salida es el caminito de La Haya.
No sé si Sánchez merece pasar a la Historia como el traidor que destruyó la nación española. Pero sí es el fautor de un gravísimo atentado contra los derechos humanos. Por menos de eso, al presidente Castillo, del Perú, lo mantienen preso a la espera de juicio, del que no saldrá bien parado. En cambio, nuestro amado Presidente se propone ganar las próximas elecciones, repartiendo dádivas a troche y moche. Lo conseguirá, gastando "pólvora del Rey", esto es, endeudando más a la nación. No sé si esa política, por lo desmesurada, podría ser, también, objeto de querella.
Como puede verse, mis dudas jurídicas son oceánicas. Ahora, cabe recapitular la vieja doctrina del "hurto famélico" (una forma de legítima defensa), aplicada a la política.
Llarena abre la puerta a que Marchena no absuelva la malversación golpista
EDITORIAL. libertad digital. 14 Enero 2023
El auto del juez instructor Pablo Llarena en el que aplica al prófugo Puigdemont y sus compañeros de fuga Toni Comín y Lluís Puig el delito de malversación agravada es una pista de aterrizaje para que la sala segunda del Tribunal Supremo, presidida por Manuel Marchena, evite la libre absolución de los condenados por el golpe de Estado separatista de 2017 con el nuevo Código Penal en la mano. El Gobierno y sus socios pretendían que con la reforma quedaba sin efecto por completo la sentencia del Tribunal Supremo por esa causa. Y es cierto que ha caído el delito de sedición, pero la reforma del delito de malversación es una chapuza legislativa de tal calibre que Llarena ha encontrado el resquicio para mantener en la orden de detención de Puigdemont y parte de sus socios la versión agravada de la malversación, castigada con hasta doce años de cárcel.
De manera indisimulada, socialistas, comunistas y separatistas han culminado una reforma penal cuyo único propósito es favorecer a los golpistas condenados y a los que permanecen huidos. Sin embargo, el nuevo redactado del delito de malversación faculta a los jueces para atribuir a los golpistas dicho cargo en sus términos más estrictos, puesto que utilizaron ingentes cantidades de fondos públicos para organizar el referéndum ilegal. Antes y durante el golpe se desviaron presupuestos para fines ilícitos que favorecían sus planes golpistas y encajan en el nuevo marco legal excretado por Pedro Sánchez, sus colaboradores y socios.
En el plan del Ejecutivo, la reforma del Código Penal debía despenalizar por completo el golpe de 2017 y dejar a sus autores limpios de antecedentes y sin condena. Los indultos a los encarcelados mantenían las inhabilitaciones determinadas en la sentencia de la sala segunda del Tribunal Supremo, presidida por Manuel Marchena. Con la reforma que entró en vigor el pasado jueves, se pretendía pulir ese detalle a fin y efecto de cancelar también las inhabilitaciones y que Oriol Junqueras pueda presentarse a las próximas elecciones, ya sean autonómicas o generales.
Pero el auto de Llarena revela que si bien se ha eliminado la sedición, se puede atribuir a los golpistas un delito agravado de malversación. Ahora es Marchena quien deberá decidir en un plazo relativamente breve si en la revisión de la condena con el nuevo Código Penal se mantiene la inhabilitación por dicho delito de malversación. Se trata del mismo juez que se avino a pasar de rebelión a sedición en el enjuiciamiento a los golpistas con el peregrino argumento de que el golpe de Estado fue una "ensoñación". Y cabe recordar que Marchena acometió esa rebaja en contra del criterio de los cuatro fiscales y del juez instructor de la causa, Pablo Llarena.
Ante el presidente de la sala segunda se presenta una oportunidad de redención si se ajusta a los criterios fijados por Llarena en la nueva orden de búsqueda y captura de los golpistas prófugos para resolver el contencioso de los indultados por el Gobierno de Sánchez. Las consideraciones de Llarena en el auto dado a conocer el pasado jueves son una refutación en toda regla de los criterios y las mentiras del Gobierno. Deja claro que en todos los países de nuestro entorno los hechos acontecidos en España en otoño de 2017 son rebelión, alta traición, por ejemplo, en el caso alemán, y con penas, en el caso belga, de entre 20 y 30 años de cárcel. Y también deja claro que no se puede aplicar el delito de desórdenes públicos agravados a los fugados porque aquello fue un golpe de Estado y no una algarada y porque tal delito no existía en el momento en el que se cometieron los hechos.
Pero en la reforma de brocha gorda del Código Penal quedaron muchos flecos pendientes en lo relativo a la malversación, flecos que permiten a Llarena mantener la orden de búsqueda y captura de Puigdemont y una parte de los que aún permanecen huidos. Marchena ha dado un plazo de ocho días a las partes para que presenten sus alegaciones sobre las condenas. A partir de ahí deberá decidir si se mantienen las inhabilitaciones a pesar del fin de la sedición, pero gracias a las grietas de la reforma en lo relativo a la utilización de fondos públicos para intereses golpistas. Magro consuelo que, no obstante, puede atenuar la impunidad de los autores de la asonada.
Un marrullero muy peligroso
JIMMY GIMÉNEZ-ARNAU. okdiario. 14 Enero 2023
En estos tiempos de penuria que soportamos, el Gobierno no nos da respiro y nos obliga a llenar las arcas estatales con impuestos tiránicos, mientras el sanchismo disfruta de un paraíso de confort y prosperidad. A los esbirros de Sánchez les basta con aplaudir las atrocidades que comete su líder, un narcisista, sin escrúpulos, que se rige por su ego antojadizo, lleno de inseguridades. Para que el edén no se convierta en un infierno, como afirman las encuestas, los sumisos deberían poner una vela a Dios y otra al diablo y rogarle al farsante que pare de mentir, algo imposible, pues nació para engañar a cuantos le rodean, incluso a los de su propio partido y a sus socios separatistas. Con tal de reinar en Moncloa, le da igual fingir que prometer en falso. Sabe que le quedan once meses en el poder y, sin duda, hará de las suyas. Que hablamos de un marrullero muy peligroso.
Vean la última trampa del IRPF, que nos tiende este fullero. Me ha llegado un audio que algunos de ustedes habrán oído: «Para el año que viene el IRPF, va a ser más bajo. Les alerto de que es otra sucia trampa de Sánchez. Lo que va a hacer, en año electoral, es reducir las retenciones de la empresa, del IRPF. Es decir, usted podrá tener más dinero en el bolsillo, porque va a pagar menos, pero cuando tenga que hacer la declaración de la Renta de 2023, que se entrega en junio de 2024, a usted le van a cobrar todo lo que no ha pagado en 2023. Y le van a crujir vivo. No le han bajado los impuestos, sino todo lo contrario, se los están subiendo. La subida, la retrasan, para que usted la pague en 2024, después de las elecciones. De esto, mucha gente no se ha dado cuenta y es, gravísimo. Nos estamos enfrentando a una compra masiva de votos con nuestra propia deuda». Y mil patrañas más, que se cocinan, diariamente, en los sótanos del palacio de tan zafio marrullero. Un comediante de alta gama.
Aún quedan dos asuntos por ventilar. El primero es el de las perturbadas comadres de Podemos, que se han cachondeado de las mujeres violadas y siguen sin dimitir. El Ministerio de Igualdad debería desaparecer si al narcisista supremo le quedara algo de vergüenza. Con esas brujas perderá las elecciones, porque han convertido la coalición socialcomunista en un hostal de tres ladillas, que preside el indecente que las financia.
Otro asunto que no entiendo es por qué, a un jurista de la talla de Conde-Pumpido, al que han nombrado presidente del Tribunal Constitucional, se le pone en duda. Dirán que soy idiota, pero creo que defenderá a España, al rey, a la Constitución y acabará su carrera con honra. Sin doblegarse un solo segundo ante el déspota.
Sánchez pone la corrupción a precio de saldo
GRACIANO PALOMO. okdiario. 14 Enero 2023
Están tan crecidos, van tan sobrados, se conducen con tanta superioridad, que son incapaces de distinguir las voces de los ecos. Las primeras provienen directamente del pueblo llano; los ecos son aquellos pareceres que llegan hasta Moncloa de su legión de deudos, a saber, Tezanos, Javier Fortes, Elena Sánchez, Gabriela Cañas y un largo etcétera que se ganan el pan adorando a un jefe que nunca tuvo categoría ética salvo para mentir, manipular y asaltar vidas y haciendas.
En este ejercicio de tomar al contribuyente por estúpido y al ciudadano demócrata por tonto se encuadra la rebaja de penas por malversación, esto es, por corrupción. Y lo hacen un Gobierno y un partido que tienen de líder a un tipo que vive y se conduce como un sátrapa, alejado de los parámetros occidentales que mantienen los primeros ministros del mundo libre. Que utiliza permanentemente los medios públicos, pagados, entre otros, por aquellos españoles que a duras penas sobreviven, para asuntos que nada tienen que ver con la responsabilidad oficial, y que en determinados casos responden a sus caprichos personales y sus gustos de niño pijo. Todo ello con exageración y bokassianismo.
Obnubilado como está chapoteando en su poderío, Sánchez ha olvidado –como en casi todos los asuntos serios- aquellas promesas que le llevaron al poder (moción de censura contra Rajoy en 2018), promesas que recomiendo al lector que lea en Internet; también las que hizo su entonces mozo de espadas, el gran Ábalos (el de la Delcy), calificando la sentencia del caso Gürtel y al entonces jefe del Gobierno.
Si la ley de libertad sexual de la inefable Irene Montero viene a facilitar la vida a los condenados por violencia de género, la reforma del sanchismo es poner un mercadillo de baratija a los corruptos. Ya empezamos a comprobarlo. Afectará a los gürtelianos, seguro, y también a los de la Púnica; sin duda, a los que resultaren condenados por el caso Azud. Es decir, a gentes como Pedro Antonio Martín Marín (PP) cuando los jueces se dignen y tengan algún tiempo para sentarle definitivamente en el banquillo, pero también a esa legión de trinkones que utilizaron un dinero sagrado para su propio beneficio o el de sus partidos. El tal Ximo Puig, el valenciano del bisoñé, debe estar que da botes de alegría, al igual que su hermano.
¿Entenderá el pagano pueblo español lo perpetrado? Unos sí y otros no. Allá cada cual a la hora de exigir responsabilidades políticas en un tema capital. Porque, no se equivoquen, en España existe corrupción a mansalva, mucha corrupción desde Finisterre a Machichaco. Una corrupción que empobrece a todos y a partir de ahora saldrá más barata al delincuente. Deje, por una vez, Bolaños de conducirse como un ministro con escasa vergüenza.
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RECONOCIÓ QUE ESTABA DISPUESTO A RETORCER LA LEY EN BENEFICIO DEL GOBIERNO
Conde-Pumpido: el fiscal de Zapatero que validó los acuerdos con ETA y apunta al referéndum
JAVIER TORRES. gaceta. 14 Enero 2023
El nuevo presidente del Tribunal Constitucional fue el fiscal general del Estado en la época de Zapatero, y con eso está casi todo dicho. Entonces, Cándido Conde-Pumpido despreció a las víctimas del terrorismo, pues todas sus acciones siguieron la hoja de ruta que Zapatero planificó para rendir el Estado a ETA. Se trataba de que el Ministerio Fiscal validase la integración del brazo político terrorista en las instituciones.
A tal fin se encomendó con entusiasmo Conde-Pumpido, que el 9 de junio de 2006 definió con exactitud a qué obedecía su nombramiento. «El vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino. Nuestra aproximación a la realidad social debe ser imparcial. Pero no ajena a esa realidad, sino profundamente comprometida en su transformación«.
Ese mismo año incluso reconoció en sede parlamentaria que estaba dispuesto a retorcer la ley en beneficio del Gobierno, esto es, supeditar el Estado de derecho a los designios del Ejecutivo. «Si la ley, interpretada sin trampas, aplicada sin inventos y sin atajos sirve para que no haya más muertos» –explicó–, entonces aprovecharía para que la Fiscalía no dejara «pasar la ocasión de aplicarla con ese fin».
La negociación con ETA exigía la generosidad del Estado, por eso la Fiscalía de Conde-Pumpido se comportó de manera laxa con los terroristas e implacable con las víctimas. Que se lo digan a Francisco José Alcaraz, entonces presidente de la AVT, que acabó en el banquillo de la Audiencia Nacional acusado de injurias y calumnias graves contra el Gobierno. Una organización afín al PSOE, la Asociación de Abogados Demócratas por Europa, logró tal hazaña. Alcaraz había dicho que «Zapatero es el embajador de ETA, el presidente hace tiempo que habla, siente y padece como los propios terroristas». No hubo condena.
La disputa venía de lejos. La asociación de Alcaraz, única oposición al zapaterismo, había presentado una querella contra Conde-Pumpido por retirar la acusación contra el portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegui, por pertenencia a banda armada. Cuando el líder de la banda fue detenido y el fiscal de la Audiencia Nacional solicitó prisión incondicional, el portavoz etarra confirmó que todos estaban en el ajo. «Si Conde-Pumpido está al tanto, me parece verdaderamente increíble que estén pidiendo mi prisión ahora que estamos ofreciendo soluciones».
Casi 20 años después de Conde-Pumpido no cabe esperar otra cosa que, como él mismo dijo, «adaptar la justicia a los procesos políticos», eufemismo que apenas maquilla el sometimiento total de la Justicia a la voluntad de Moncloa. Claro que el TC, como apreciamos con mayor nitidez estos días, se ha convertido en una suerte de tercera cámara legislativa al servicio del presidente del Gobierno. Todo cabe en la Constitución si lo dicen los jueces nombrados a dedo.
No es casualidad, por tanto, el momento escogido. Cándido Conde-Pumpido llega a la cima del Constitucional cuando Sánchez afronta el último año de legislatura y disfrutará de una mayoría aplastante en el tribunal para hacer posible lo imposible. O sea, un referéndum secesionista.
La sombra de la consulta separatista sobrevuela España y es de agradecer que quienes están en la traición apenas disimulen. La ministra de Justicia, Pilar Llop, califica el TC como un «tribunal político». La nueva magistrada del Constitucional, María Luisa Segoviano, dice que la autodeterminación hay que estudiarla. Y hace tres años el exministro de Justicia –también recién llegado al TC–, Juan Carlos Campo, aseguró que «frente a la crisis constituyente tenemos un debate constituyente […] no podemos dejar a nadie fuera».
Con Sánchez al mando y logrado el asalto al CGPJ –con la complicidad del PP– y al Constitucional, todo es posible. El nombramiento de Conde-Pumpido, en fin, confirma que el TC está al servicio de los intereses del golpismo catalán (siete magistrados socialistas frente a cuatro del PP) y que, en el caso de que alguna toga roja se opusiera a los desmanes del Gobierno, Conde-Pumpido haría uso del voto de calidad para desempatar cualquier votación reñida. Hasta ahí podía llegar la broma, que quien ayudó a integrar a ETA ahora no cumpliera aceptando un referéndum secesionista.
Menos democracia
JAVIER SOMALO. libertad digital. 14 Enero 2023
Cuando la izquierda no se sale con la suya dicen que no hay democracia. Entonces, lo que formalmente es la oposición política se convierte en una amenaza que debe combatirse sin cuartel ni complejos. De estas premisas, inmutables por siglos que pasen, nacieron los partidos únicos, las leyes y tribunales especiales, los autogolpes por el bien común o las dictaduras necesarias. En realidad, no ansían la democracia ni luchan por ella, sólo persiguen su estabilidad en el poder poniendo todas las herramientas, legales o no, a tal servicio.
El nombramiento de Cándido Conde Pumpido como presidente del Tribunal Constitucional no era una sorpresa y menos en esta casa. Lo contó aquí, en noviembre, Miguel Ángel Pérez porque el propio magistrado, tan neutral, iba pregonando a los cuatro vientos su vergonzoso pasado como aval de su prometedor futuro:
"Fui designado fiscal general del Estado para arreglar el problema del terrorismo y lo arreglé. Voy a ser designado presidente del Tribunal Constitucional para arreglar el problema de Cataluña, y lo arreglaré".
El problema, claro, reside en lo que entiende la izquierda por "arreglar", que suele estar ligado al beneficio propio y el fracaso ajeno. Entonces, "arreglado" el asunto que incomode, ya vuelve la democracia a su ser y la oposición a su caverna rebelde y, por supuesto, antidemocrática por ser contraria al régimen.
El PSOE de Pedro Sánchez buscaba un Consejo General del Poder Socialista como primer gran soviet de la nueva era y ya casi lo tiene completo. Al fin ha conquistado también el Tribunal Constitucional que reclamaba como necesario, el favorable a sus ideas y radicalmente parcial porque los antecedentes de Cándido Conde Pumpido eran y son suficientes como para apartar de la carrera pública a cualquiera. ¿Qué debería hacerse si no con el jefe que conmina a sus subordinados a ensuciarse en el ejercicio de su profesión? Tanto ejemplo dio que hasta Arnaldo Otegi, el etarra, preguntó en sala en el año 2005 si el fiscal general sabía que el fiscal de la Audiencia Nacional lo quería meter en prisión: "si lo sabe —dijo Otegi—, me parece verdaderamente increíble que estén pidiendo mi prisión ahora que estamos ofreciendo soluciones". Algunos siguen destacando que Conde Pumpido es "buen jurista", como si eso excluyera la posibilidad de hacer el mal, cuando precisamente la potencia.
Llegó a la fiscalía general del Estado en 2004, tras el atentado que cambió la historia de España y cuyo procedimiento judicial —instrucción sin apenas pruebas, sin trenes, sentencia sin autor intelectual y con los autores materiales muertos y sin autopsia— fue "un éxito" para los intereses que hoy nos atenazan.
Tres días, los tres aciagos días de marzo, estuvieron los agitadores preguntando a voces y con pancartas "¿Quién ha sido?". Cuando al cuarto día el PSOE ganó contra todo pronóstico las elecciones generales, se calló la indignación y se apagó la curiosidad. Y se empezó a tapar sistemáticamente la verdad y a perseguir, encaminar, contaminar y quién sabe si algo más, a los que, como los periodistas de esta casa, seguían haciéndose la pertinente pregunta original: ¿quién ha sido? Ya no importaba, ya estaba "arreglado".
Luego salieron a la luz algunos de los profesionales de la protesta que asediaron aquellos días las sedes del PP: Juan Carlos Monedero o el propio Pablo Iglesias, meritorios entonces de Hugo Chávez. Tres lustros después, quién nos lo iba a decir, llegaron al poder.
Aquella España de Zapatero que rompió la convivencia requería de un fiscal general del Estado capaz de esos y otros arreglos que han llegado, agravados, hasta hoy. Como garante de la Constitución española de 1978 —ese es su cometido— culminará el proyecto, o lo que es lo mismo, desempeñará la misión contraria a la que obliga su cargo. Tiene tres años, tiempo de sobra, para convertir en "constitucional" todo lo que dinamite la propia Constitución. Ya lo advertimos aquí hace unos meses: el PSOE practica un torcuatismo malvado, un "de la Ley a la Ley" para cargarse la democracia en vez de para construirla. ¿Es buen jurista? Hará mejor el Mal.
De hecho, Conde Pumpido llevaba ya tiempo entrenando en el Constitucional a cuenta del golpe de 2017, como también nos informó en LD Miguel Ángel Pérez. Sin que hubiera sentencia del Tribunal Supremo, los magistrados del TC —tan de derechas, según Sánchez— acordaron apoyarse en la experiencia del magistrado como "coordinador" para cambiar su doctrina y admitir a trámite recursos de los golpistas con el proceso judicial abierto, algo que sólo se hacía en casos muy especiales relacionados con detenciones ilegales.
Pumpido y sus admiradores consideraron que aquello del golpe merecía un cambio por su "relevancia, complejidad y novedad jurídica". ¿Novedad jurídica? ¿No estaba el Tribunal Constitucional preparado para un golpe contra la Constitución? Pues para no discutir entre sectores, los guardianes de la Carta Magna le dejaron el atajo "coordinador" al decidido y gran jurista gallego que ahora tiene mando en plaza. El golpe del 17 ya no es cosa de independentistas catalanes, más bien de la Agenda 2030 esa.
Dicen que la "tradición" de elegir a un vicepresidente de otro signo para compensar tampoco se ha cumplido en el Constitucional, pues para la vacante ha sido elegida Inmaculada Montalbán, "pionera", según El País, en aplicar la "perspectiva de género" que, en rigor, es como incumplir la igualdad ante la Ley, premisa de toda democracia. En todo caso, las tradiciones no van con el PSOE y nadie puede creer a estas alturas en un turnismo tácito que pretenda equilibrios ideológicos.
La llegada de Cándido Conde Pumpido al Tribunal Constitucional es otro movimiento para que haya menos democracia, condición necesaria para que Pedro Sánchez se instale definitivamente en el poder sin necesidad de invocar legitimidades que no existen. Si en Génova siguen fingiendo, sin dejárselo siquiera a expertos, que lo preocupante es sólo la economía, la oposición será un débil estorbo en año electoral. Para sufrir por la inflación tiene que haber democracia, no la demos por hecha.
«ATACA LA LIBERTAD DE PENSAMIENTO Y ATENTA CONTRA LA CONCORDIA NACIONAL»
VOX recurre ante el Tribunal Constitucional la ley de memoria democrática
REBECA CRESPO. gaceta. 14 Enero 2023
VOX ha presentado este viernes ante el Tribunal Constitucional (TC) su recurso número 45 en esta legislatura contra la ley de memoria democrática «en defensa de los derechos fundamentales y constitucionales de todos los españoles».
El presidente del partido, Santiago Abascal, ha explicado que el recurso se presenta «contra una ley absolutamente totalitaria, impropia de cualquier democracia y propia de las peores dictaduras» que ataca la libertad de pensamiento y de expresión y que «atenta contra la convivencia democrática y la concordia nacional».
«Trata de deslegitimar la Transición y el acuerdo fraternal de los españoles después de décadas de enfrentamiento y lo hace deslegitimando, de paso, a la Corona y al Rey», ha denunciado Abascal.
Por ello, ha manifestado su compromiso con los derechos de los españoles, «sean de izquierdas o de derechas», y ha asegurado que su formación no va a permitir que ningún partido político «trate de dictar la memoria colectiva de los ciudadanos de España». «Lo hacemos con el compromiso de derogar inmediatamente esta ley en cuanto logremos expulsar al autócrata del palacio de la Moncloa«, ha asegurado.
En referencia a las leyes de memoria democrática de las comunidades autónomas, Abascal ha mostrado su preocupación por que sigan vigentes en las regiones en las que gobierna el PP, como en Andalucía, o en Castilla y León donde «aún no se han derogado como se prometió en el acuerdo de Gobierno con VOX».
El líder de VOX también ha mostrado su escepticismo ante el TC después de que se haya culminado el asalto de Sánchez al tribunal de garantías con la nueva presidencia de Cándido Conde Pumpido, fiscal general del Estado en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y ha recordado que el PP ha facilitado en el Consejo General del Poder Judicial los «cambios que han desbloqueado los nombramientos en el TC». «Llevan 40 años entre unos y otros asaltando las instituciones del Estado», ha incidido.
Preguntado por la moción de censura contra el Gobierno, ha asegurado que siguen trabajando para lograr el apoyo del mayor número de diputados y conseguir así «retratar» al Ejecutivo junto a sus socios «golpistas, terroristas y comunistas».
«La presentaremos en cuanto haya candidato y en cuanto logremos lo que queremos, que es convencer al mayor número de diputados de la oposición de la necesidad de la moción de censura y de mantener distancia infinita con el Gobierno de Pedro Sánchez sin ofrecer un balón de oxígeno, como acaba de ocurrir con el CGPJ», ha sostenido.
En cuanto a posibles conversaciones con el Partido Popular para sacar adelante la citada moción, Abascal ha reconocido que «las ha habido», pero se ha mostrado preocupado por la posibilidad de que el resultado de la moción pueda ser que acabe «retratando de nuevo al Partido Popular junto al PSOE repartiéndose el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional».
En este contexto, el líder de VOX ha reconocido su «perplejidad» por la deriva del PP de Alberto Núñez Feijóo, con decisiones como la de frenar la denuncia en Bruselas contra el Gobierno por su control del poder judicial, y ha asegurado que su partido sí seguirá adelante con esa denuncia.
El presidente de VOX ha respaldado las medidas provida anunciadas por el vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, y ha avisado de que su formación política se mantendrá «firme» en su defensa.
«Lo que nos sorprende es que haya gente que en un drama como el aborto no quiera dar información, asistencia y alternativa a las mujeres. Nosotros nos vamos a mantener firmes», ha sostenido ante la polémica generada por las medidas anunciadas en Castilla y León para dar la oportunidad a las mujeres que quieran abortar de escuchar el latido del bebé o realizar una ecografías 4D.
Según ha explicado, el objetivo no es «obligar» a los médicos a ninguna actuación, sino «dar el derecho a las madres de poder escuchar el latido de la vida que llevan dentro».
Con ello, ha evitado ahondar en la diferencia de posturas entre el PP y VOX y ha apuntado que «lo resolverá» su vicepresidente en Castilla y León. «No voy a añadir ningún debate más que pueda complicar la buena relación entre el PP y VOX en Castilla y León», ha zanjado.
Santiago Abascal ha confirmado que VOX acudirá a la manifestación que se celebrará el próximo 21 de enero en Madrid en defensa de la Constitución, la democracia y en contra del Gobierno de coalición encabezado por Pedro Sánchez. «Acudiremos y apoyamos», ha garantizado Abascal.
Este jueves, el PP dejó en el aire su participación en la manifestación y explicó que antes de tomar una decisión quiere leer el manifiesto con el que se convoca y el formato previsto.
El movimiento cívico que está detrás de esta convocatoria lo forman asociaciones como Foro España Cívica, Unión 78, Libres e Iguales, Foro Libetad y Alternativa, Neos, Convivencia Cívica Catalana, S’ha Acabat, Dignidad y Justicia, Diálogos en Libertad o la Asociación por la Tolerancia, entre otras.
Plan lingüístico de Colau para fomentar el catalán y arrinconar el español en Barcelona
Pablo Planas. libertad digital. 14 Enero 2023
Ofensiva lingüística del Ayuntamiento de Barcelona con el pretexto de que "en Barcelona se habla catalán" y "el catalán es la lengua propia de Barcelona". A tal efecto, el Ayuntamiento de Ada Colau ha elaborado un plan con 68 actuaciones para "vincular la identidad barcelonesa con el catalán", un programa que no excluye las sanciones, que apuesta por "incrementar la inspección en los comercios para velar por los derechos lingüísticos de la ciudadanía" y que priorizará el catalán en todas las comunicaciones y servicios de índole municipal.
A tales efectos, se destinarán 37,3 millones de euros, 22 de los cuales irán a parar a un ente de nuevo cuño, una "Oficina de la Lengua Catalana". Según El Mundo, que ha tenido acceso al proyecto, se trata de un "plan para marginar el español" que emula al que ha puesto en marcha la Generalidad a través del "Pacto Nacional por la Lengua".
La intención del Ayuntamiento es tratar de revertir el descenso en el uso del catalán en favor del español, el inglés y otras lenguas detectado en una encuesta municipal de 2020 y en la que se afirma que el catalán está en franco retroceso entre los jóvenes de Barcelona a pesar de la inmersión lingüística, de las normas autonómicas y municipales que imponen su uso e impiden el del español y a las campañas publicitarias.
Según ese sondeo, en 2015, un 35,6% de los jóvenes barceloneses aseguraba que el catalán era su lengua habitual. Hoy suman un 28,4% quienes dicen lo mismo. Según el análisis de los impulsores del plan, el catalán ya no opera como un instrumento de ascenso social y también ha perdido fuelle como "vehículo de pertenencia a la comunidad".
Capacidad sancionadora
Entre las 68 medidas ideadas por el Ayuntamiento de la capital catalana constan las inspecciones a comercios, así como "fomentar el uso del catalán en las primeras interacciones", "priorizar a las empresas proveedoras de materiales y servicios que utilicen el catalán" o establecer "criterios lingüísticos de atención al público" de obligado cumplimiento para funcionarios y trabajadores contratados. Sobre este particular, el plan especifica que "responderá a las demandas sobre derechos lingüísticos, incluyendo la función sancionadora si es preciso".
En otros apartados se advierte que el catalán será la lengua por defecto en la propaganda y la información municipales y también la de uso habitual de la alcaldesa y los concejales. Habrá campañas de información a los turistas para que sepan que en Barcelona se habla catalán y también campañas dirigidas a los residentes para que tomen conciencia de que el catalán es la "lengua propia" de la ciudad. También se fomentará el uso del catalán en las redes sociales, se creará un día de la lengua que el Ayuntamiento propone a la Generalidad que sea extensivo a toda Cataluña.
Además de los 22 millones destinados a la "Oficina de la Lengua Catalana", el plan incluye una dotación de 1,2 millones para celebrar durante los próximos cinco años el "día de la lengua" o 2,2 millones para crear una marca de la "lengua catalana" que se pueda insertar en toda las campañas municipales.
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