Recortes de Prensa Domingo 3 Septiembre 2023
Mueren dos personas en un bombardeo en la ciudad ucraniana de Zaporiyia
El Confidencial. 3 Septiembre 2023
Dos personas han perdido la vida este sábado como resultado de un bombardeo llevado a cabo por las Fuerzas Armadas ucranianas sobre una aldea situada en el norte de la región ucraniana de Zaporiyia, ha informado la agencia rusa de noticias Interfax citando a representante de los Servicios de Emergencia de la región.
Además, las autoridades de Rusia han fomentado la contratación de ciudadanos de países vecinos para que combatan en Ucrania, según la Inteligencia británica, que atribuye estos esfuerzos a la voluntad de evitar los efectos políticos de una eventual —e "impopular"— movilización interna.
Las claves del momento:
Ucrania denuncia un ataque con 25 drones rusos sobre Odesa y asegura haber derribado 22 de ellos
Mueren dos personas en un bombardeo en la ciudad ucraniana de Zaporiyia
Rusia recluta ciudadanos de países vecinos para evitar otra "impopular" movilización, según Reino Unido
Nuevos ataques con drones navales ucranianos llevan a cerrar el tráfico en el puente de Crimea
Así hemos contado la 556 jornada de la guerra
Hace 1 horas 15 minutos 09:10
Rusia recluta ciudadanos de países vecinos para evitar otra "impopular" movilización, según Reino Unido
Las autoridades de Rusia han fomentado la contratación de ciudadanos de países vecinos para que combatan en Ucrania, según la Inteligencia británica, que atribuye estos esfuerzos a la voluntad de evitar los efectos políticos de una eventual —e "impopular"— movilización interna.
"Rusia probablemente quiere evitar medidas impopulares de movilización con vistas a las elecciones presidenciales de 2024", reza el último informe de los expertos británicos, compartido por el Ministerio de Defensa.
Hace 2 horas 17 minutos 08:08
Ucrania denuncia un ataque con 25 drones rusos sobre Odesa y asegura haber derribado 22 de ellos
El Ejército de Ucrania ha informado este domingo de una oleada de ataques aéreos con 25 drones rusos en la región de Odesa, de los que las tropas ucranianas han derribado 22, según ha publicado la Fuerza Aérea del país en su canal de Telegram.
"En la noche del 3 de septiembre de 2023, los ocupantes rusos llevaron a cabo varias oleadas de ataques con UAV Shahed-136/131 desde la dirección sur y sureste (Cabo Chauda, Crimea y Primorsko-Akhtarsk, Rusia)", afirma el mensaje, en el que se especifica que los drones "atacaron las regiones meridionales de la provincia de Odesa".
Hace 2 horas 19 minutos 08:06
Mueren dos personas en un bombardeo en la ciudad ucraniana de Zaporiyia
Dos personas han perdido la vida este sábado como resultado de un bombardeo llevado a cabo por las Fuerzas Armadas ucranianas sobre una aldea situada en el norte de la región ucraniana de Zaporiyia, ha informado la agencia rusa de noticias Interfax citando a representante de los Servicios de Emergencia de la región.
La localidad, llamada Konskie Razdory, fue atacada con cohetes del Ejército ucraniano el sábado por la tarde, dejando cinco heridos además de las dos personas fallecidas.
Inmigración masiva: Francia, 2023. ¿España, 2050?
RODRIGO BALLESTER. gaceta. 3 Septiembre 2023
Por mucho que lo intenten pintar como la justa ira de unos pobres descarriados por la muerte de un inocente «ángel» (M’Bappé dixit), ésta vez no cuela. Los sangrientos disturbios en varias urbes francesas por la muerte de un delicuente menor de edad con antecedentes, que desafió repetidas veces a la policía, son el vivo retrato de la bomba de relojería social llamada inmigración masiva y descontrolada. Durante años, se salieron con la suya camuflando un desastre histórico con parches de emoción e ideología. Pero ésta vez, sencillamente no cuela.
Y es que ya van muchas revueltas en las «banlieues», demasiadas para engañar una vez más a la inmensa mayoría de los ciudadanos. Empezaron en los años setenta, alcanzaron un punto de no regreso en 2005 en Clichy sous Bois en las afueras de París, y desde entonces, las mismas pautas, el mismo guion: insurrecciones que se extienden como un reguero de pólvora en varias ciudades, destrozos incalculables, saqueos indiscriminados y ataques contra todos lo que pueda representar el denominador común llamado République, ya sean escuelas, autobuses, comisarías, alcaldías, policías o bomberos.
Una orgía de destrucción que enfurece a la población pero no así a la mayoría de los medios y de la clase política . Los primeros se refugian en eufemismos cobardicas para informar de puntillas, los segundos se amilanan con minutos de silencio en la Asamblea Nacional, pisoteando la presunción de inocencia del policía y ahogando su cobardía en subvenciones billonarias y clientelismo local.
Pero ésta vez, es diferente, porque es peor. Porque al ver la orgía de violencia y de caos, la palabra «disturbio» se queda ridiculamente corta; porque bajo el paño caliente del «racismo», las redes sociales muestran la tozuda realidad de la sedición y la impunidad generalizada; porque por primera vez, un partido político (la extrema izquierda del pirómano Mélenchon) alienta los distrubios al son del islam político y de todos los fanáticos nihilistas que sueñan con transformar a Nahel en el George Floyd francés. Y sobre todo, porque detrás de cada tiro de mortero se dibuja el fantasma que algunos centinelas osaron señalar hace ya décadas y que ya nadie puede ignorar: el del enfrentamiento civil en un país descompuesto y polarizado.
En 2023, tras décadas de migración salvaje permitida por la ceguera y la arrogancia de sus élites, Francia es un polvorín étnico, social y religioso. Debería ser el espejo en el que otros países europeos deberían dejar de mirarse, al menos, los que están a tiempo de evitar el caos, porque otros (Suecia, Bélgica, Holanda, Alemania) están condenados a la misma suerte.
Por fortuna, España tiene unas décadas de retraso respecto a Francia. Por desgracia, nuestro país anda como hiptonizado hacia el mismo abismo, cometiendo en diferido, uno por uno, sin inmutarse, los mismos errores. Ingenuidad generalizada, debilidad geopolítica, política de parches y gestos, enfoque moralista y emocional de la migración, negación de su impacto cultural, globalismo ramplón, capitulación ante tribunales y convenciones internacionales y europeos, sacralización de las “oenegés”, laxismo frente a los países de origen, nacionalizaciones masivas y tiradas, ayudas sociales regaladas o malversadas, desprecio a la identidad e historia española y, en definitiva, un fatalismo suicida y bobalicón frente a la migración.
Todos, absolutamente todos los ingredientes del desastre francés, sueco, belga u holandés se dan en España, sobre todo la auto-complacencia de unas élites embobadas con eslóganes y ensimismadas de un buenismo fanático. Urge un golpe de timón para evitar una catástrofe anunciada y aún así, en España, el debate existencial sobre la inmigración brilla por su ausencia.
En Europa, sólo Hungría y Polonia se oponen a un pacto migratorio que pretende imponer multas por no acoger inmigrantes ilegales en vez de fomentar el control efectivo de las fronteras. Y en España, la frívola irresponsabilidad de la izquierda rivaliza con la timorez del centro derech con una sola excepción.
Una excepción que será la razón por la que muchos votantes han cambiado y seguirán cambiando de aires y darán su auténtico significado a la noción de “voto útil”. Muy útil, sí, para evitar que la España de 2050 se parezca a la Francia de 2023.
El socialismo del siglo XXI arruinó Argentina
DANIEL LACALLE. Madrid. LR. 3 Septiembre 2023
Argentina es un país rico y con gran potencial. Su capital humano es elevado y tiene todo lo que demanda el mundo. Pero, hoy, es un país arruinado, con más de 18 millones de pobres y una inflación que supera el 100% interanual, una moneda fallida y un banco central sin casi reservas. ¿Cómo se puede arruinar a un país rico? Manual del socialismo del siglo XXI y aviso para ciudadanos españoles que creen que no va a pasar aquí:
Primero, gastar sin control y disparar la contratación pública. En el 57% de las provincias argentinas hay más empleo público que privado. Entre 2007 y 2022 el empleo público creció más de diez veces más rápido que el empleo privado registrado. El gasto público se disparó entre 2007 y 2022 en más de 16 puntos del PIB.
Segundo, introducir una fiscalidad confiscatoria. Ante el aumento masivo del gasto público, los gobiernos se dedicaron a aumentar los impuestos de manera indiscriminada, especialmente los indirectos, hasta el punto de que una pyme que cumpla con todos sus requisitos tributarios llega a pagar más del 100% de sus ingresos. La enorme cantidad de tasas e impuestos incluidos en todo tipo de bienes y servicios se añade a otro impuesto extractivo, el cepo cambiario, que expropia los dólares generados por exportadores y los convierte a pesos a un tipo de cambio infame que llega a absorber más del 50% del valor real de la moneda. La aberración del cepo cambiario ha hecho que un país exportador y rico termine por arruinar su industria exportadora y se quede sin reservas. En Argentina hay más de diez tipos de cambio que suponen un expolio al que tiene moneda extranjera que expropia el Estado a tipos de cambio artificiales y falsos. Entre el impuesto inflacionario, impuestos directos e indirectos, el salario y ahorros de un ciudadano argentino se desvanecen cada año.
Tercero, expropiar y burocratizar. El socialismo del siglo XXI se dedicó a expropiar y nacionalizar activos que luego deja más ineficientes, peor gestionados, más caros y, en algunos casos, en ruina. El método siempre ha sido el mismo: Expropiar, llenar la empresa de contratados a dedo y destruir la gestión de manera política.
Cuarto, imprimir moneda sin control para financiar el aumento de gasto público. El socialismo del siglo XXI promete muchas subvenciones en una moneda que no vale nada y cada vez vale menos imprimiendo sin control. El aumento de la base monetaria en los últimos 10 años es de más del 1.870% e incluyendo los Leliq supera el 4.000%. El peso ha perdido más del 98% de su valor contra el dólar y es, cada año, líder en destrucción de poder adquisitivo con lo que Kirchner denominó «política monetaria inclusiva». 18 millones de pobres y una moneda fallida.
Quinto, dejarle una bomba cambiaria al que venga detrás. Cuando Cristina Fernández de Kirchner perdió contra Mauricio Macri, la deuda remunerada dejada en el Banco Central de Argentina -Leliq, Lebac, etc- superaba los 22.000 millones de dólares equivalentes. Una bomba de relojería que supone mucha mayor emisión monetaria en el futuro y mucha más inflación. Así, el control de la inflación del que venga detrás es casi imposible de manejar de manera gradual. Ese error se llevó por delante a Macri a pesar de sus intentos de reorientar el agujero cambiario que, desde entonces, solo ha aumentado. Fernández ha dejado un agujero en el banco central por el mismo concepto equivalente al 12% del PIB, además de dejarlo sin reservas.
Sexto, hacer muy ricos a los líderes políticos a costa de los argentinos. El socialismo del siglo XXI no solo empobrece a todos y crea clientes rehenes dependientes de un estado en ruinas que paga subvenciones en una moneda fallida. Es que además hace inmensamente ricos a los líderes que empobrecen a todos. La fortuna amasada por esos líderes «sociales» que extraen los dólares y ahorros de los argentinos es difícil de encontrar en países desarrollados.
Lo alucinante es que los «progres» se rasguen las vestiduras con la posible victoria de Milei y se callaran ante este expolio.
Ahora díganme ustedes que no les suena todo esto. Dirán ustedes que nosotros nos salvamos por no tener banco central y moneda propia, y es cierto. Este manual se está siguiendo en casi todo y, lo que es peor, los que hoy se llaman «progresistas», la ultraizquierda, ha votado en Europa en 2016 poder salir del euro. Para poder completar el expolio de un país necesitan el expolio monetario ya que la creación artificial de dinero sin control es una transferencia directa de riqueza de los sectores productivos al gobierno y sus líderes.
Sumar propone aumentar la cantidad de dinero «con mirada expansiva» y Yolanda Díaz se presentó en Argentina para apoyar a Fernández mientras la inflación alcanzaba el 100%. En Venezuela decían también que eso no les iba a pasar a ellos. Ustedes verán.
Argentina, una sociedad rota
María Zaldívar. gaceta. 3 Septiembre 2023
En la Argentina, el liberalismo fue siempre sinónimo de economía: recorte del gasto público, achicamiento del Estado, privatización de empresas, superávit comercial, equilibrio de la balanza de pagos, reducción de impuestos. Pero ha pecado por carecer, en simultáneo, de un discurso de igual contundencia en áreas sociales.
Ahora, tras el repentino surgimiento de Javier Milei en el horizonte político, se ha instalado un álgido debate sobre su proyecto de dolarizar la economía. Dados los gravísimos apremios económicos que atraviesa por lo menos el 50% de la población en diferentes grados de necesidad y su enorme habilidad comunicacional, Milei incorporó esta cuestión a la agenda pública casi como un eslogan y todo el arco político y académico ha tenido que meterse en el barro de la discusión de un tema extremadamente técnico que no resulta sencillo de entender para el ciudadano común. A partir de allí, la recepción o el rechazo de las propuestas pasa por la emoción.
En primer año de universidad se enseña a los alumnos de comunicación que la oratoria es el arte de hablar con elocuencia para persuadir, con argumentos que apuntan a la razón. Cuando el discurso se dirige a los sentimientos, la comunicación se torna arenga o demagogia. Esa es la enorme diferencia entre persuadir y manipular. En un caso, el público entiende y acepta; en el otro, cree.
Argentina es, en esencia, una sociedad rota, compuesta por millones de personas enfrentadas, que solo comparten un territorio pero que carecen del mínimo affectio societatis, esa voluntad consciente de coincidir alrededor de una causa común. Cuando ese eje desaparece, acarrea disolución por imposibilidad en el cumplimiento del objeto social.
Desde los primeros años de su construcción, el país sufrió duros enfrentamientos. Caudillos locales ejercían el poder con ferocidad y autonomía del conjunto, y peleaban el espacio con los vecinos como si no se tratase de enemigos y no de otros argentinos. En 1853, la firma de la Constitución Nacional dio marco jurídico al ordenamiento institucional que, en 50 años, convirtió esa tierra violenta y analfabeta en uno de los países más prósperos de la tierra.
El Siglo XX trajo consigo grandes cambios: un partido radical que inició una suerte de giro populista en las primeras décadas y así abrió el camino al peronismo, que llegó en la década de los 40 y no se fue más pero puso en marcha una lenta modificación social que fue abandonando los valores del liberalismo republicano para abrazar una especie de socialdemocracia cargada de una fuerte impronta personalista. La decadencia argentina comenzaba.
Desde entonces, el clima social se enrareció al punto de enfrentar a los ciudadanos dentro de las mismas familias. Se consolidaron peronismo y antiperonismo como dos expresiones irreconciliables que llegan hasta nuestros días.
El país atraviesa varias urgencias. Está claro que las inmensas necesidades económicas son una prioridad. Millones de personas necesitan comer hoy. Pero también es preciso serenar a esa sociedad, crispada por estas dos últimas décadas de peronismo kirchnerista que azuzó todos los conflictos posibles. Y ahí es donde hoy ponemos el foco porque no hemos escuchado un explícito llamado a la concordia que resulta imprescindible para avanzar en todas las transformaciones que el país debe encarar y que implicarán mucho esfuerzo y sacrificios de parte de la población. Lo económico no será posible sin lo social.
El oficialista Sergio Massa, por su parte, ha orientado su campaña a sembrar miedo ante un posible cambio de escenario. «Somos nosotros o el caos» dicen él y sus voceros, atribuyendo a sus adversarios la puesta en marcha de políticas desfavorables a los intereses de las clases trabajadoras.
Patricia Bullrich, la candidata del frente opositor Juntos por el Cambio (que fundara hace dos décadas Mauricio Macri) se ha mostrado severa para con el delito y levanta la bandera del «orden» como eje de su campaña pero no ha abordado de manera frontal qué haría con la enfermedad social de la violencia instalada en todos los planos.
Las expresiones de Javier Milei son conocidas. Su modo de hablar de «ellos o nosotros» fue el eje de su campaña y de su éxito. La gente que lo sigue le cree y adhiere a las formas y al fondo de su discurso, altamente confrontativo.
Sin la menor intención de conectar al candidato presidencial con los comentarios de sus seguidores pero asociando las formas de comunicar, preocupa el nivel de odio y violencia latentes. Tras el asesinato de un joven militante de la Libertad Avanza en medio del robo de su celular, los partidarios se volcaron a las redes sociales a condenar el hecho y la manera en que los diarios y el periodismo en general abordó el hecho: «Cuando seamos gobierno van a correr todos. Afilen las guillotinas que cabezas para hacer rodar, sobran»; «Hay que fundir a los medios de comunicación, no me importa el libre comercio; el cuarto poder obró siempre en contra del pueblo»; «el periodismo es una amenaza para la seguridad nacional».
Una sociedad enfrentada, con una montaña de carencias que van desde hambre a falta de expectativas, exige una clase dirigente responsable, con una enorme templanza cuyo discurso sea implacable con lo que está mal y componedor a la vez. La Argentina es una esponja que no admite una gota más de violencia. Y la pacificación tiene que bajar de su dirigencia.
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La España de las tribus
Jesús Cacho. vozpopuli. 3 Septiembre 2023
Benjamin Morel, profesor de derecho público en la Universidad París II Panthéon-Assas, se hacía eco el pasado 28 de agosto en Le Figaro de la paradoja que supone que el país que mayor empeño puso en evidenciar los peligros que para el proyecto europeo representan los nacionalismos, que califica de “etnoregionalismos”, tras el referéndum de independencia escocés y el amago de consulta ocurrido en Cataluña el 1 de octubre de 2017, haya sido ahora el que ha propuesto a Bruselas convertir el euskera, el gallego y el catalán en lenguas oficiales de la Unión Europea como parte de una operación patrocinada por Pedro Sánchez para asegurarse el apoyo de los partidos nacionalistas a su reelección como presidente. Y advertía Morel (“Voir l’Europe comme un ensemble de tribus”: le danger que fait peser l’ethnorégionalisme espagnol sur l’UE”) de los riesgos –convertir Europa en una reunión de tribus- que para la Unión conllevaría aceptar esa propuesta que sin duda “despertaría reivindicaciones regionalistas en todo el continente” en un momento de enormes incertidumbres globales y grave crisis interna en no pocos países miembros, particularmente en Francia y en la propia España. No parece, pues, que la propuesta de Sánchez vaya a salir adelante en la todavía pujante Europa de los Estados, aunque corre el riesgo de triunfar plenamente al sur de los Pirineos.
La España de las tribus, en efecto, ha recibido esta semana un notable empujón con el artículo publicado el jueves en la prensa del Movimiento por el lendakari Íñigo Urkullu. Una “convención constitucional” para reformar la Constitución por un procedimiento inconstitucional, para vaciar de sentido la Constitución sin necesidad del laborioso proceso que supondría seguir los requisitos establecidos en la propia Carta Magna para ello. La voladura de la nación española (según el “moderado” Urkullu, Galicia, País Vasco y Cataluña son naciones, pero España no) como sujeto constituyente y la liquidación del Estado autonómico para caminar hacia una enigmática confederación de naciones. En suma, acabar con la Constitución haciendo realidad la España plurinacional –ahora travestida, última genialidad de Su Sanchidad, en una cosa llamada la “España multinivel”, ya saben, españoles de primera, de segunda e incluso de tercera- inventada por el sanchismo para poder pagar las letras que sus socios le pasan a cobro por su apoyo, haciendo realidad esa España de las tribus.
Tras el plan Ibarretxe de 2004 llega el Plan Urkullu de 2023 o la maltrecha España condenada a dar vueltas a la noria del tiempo sin poder escapar a sus fantasmas, obligada a revivir sus dramas históricos con la trágica monotonía de lo aparentemente inevitable. Este mes de septiembre se cumplirán 100 años del golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera, capitán general de Cataluña, que puso fin a un régimen de la Restauración carcomido por la corrupción, el desbarajuste de los partidos dinásticos y la cuestión catalana. Un golpe aplaudido por la masa y acogido con entusiasmo por la burguesía catalana y por el PSOE, cuyo líder, Largo Caballero, faro de nuestro Sánchez, fue nombrado Consejero de Estado por el dictador. Vuelta a 1923 y puerta abierta a 2024, final de la transición democrática. Y recordatorio ominoso de 1936, porque la mitad de España no se va a dejar conducir mansamente al degolladero por la otra mitad, por muy aparatoso que ahora resuene el silencio de los corderos, nuestra silente sociedad civil, ante la potencia de fuego de que hace gala el Gobierno procesista y su orquesta mediática. Estamos desandando la Transición, incursos en un proceso revisionista de la misma dominado por las fuerzas que proponen la ruptura a calzón quitado y sin nada en frente, casi sin oposición, dada la carencia de un proyecto reformista serio por parte de quienes teóricamente estarían llamados a preservar el sistema. Un equilibrio roto por la apuesta revolucionaria de uno de los dos grandes partidos que han gobernado España desde la muerte de Franco a esta parte.
Ese desequilibrio hace que partidos de la derecha rancia tipo PNV maximicen sus planteamientos. Ayer mismo Andoni Ortuzar exigió a Sánchez que reconozca a Euskadi como “nación” si quiere seguir en Moncloa. Territorialidad para la boina; amnistía y referéndum para la barretina. España como “rehén de los extremismos separatistas regionales” a los que aludía este jueves el Washington Post. Hora del todo o nada. Porque el escrito de Urkullu marca la senda por la que se va a precipitar este país la próxima legislatura si Sánchez consigue finalmente formar Gobierno, que todo indica que sí, porque a nuestro galán no le importa pagar cualquier precio siempre que sea con dinero ajeno. El lendakari escribe, Moncloa revisa y bendice y Prisa lo pone a la venta como producto de primera necesidad. La triple entente. El PNV eleva sus exigencias ante la debilidad parlamentaria de Sánchez y otro tanto se dispone a hacer Junts este martes. Todo, o casi, tiene una explicación en clave interna vasca y catalana. El PNV no puede repetir el error de la primera legislatura, no puede regalar a Sánchez sus votos para que sea luego EH Bildu quien recoja las nueces en el País Vasco. Ahora se ha propuesto sacar tajada. Vender caro sus apoyos para poder sacar pecho en el caserío frente a los abertzales cara a las próximas autonómicas vascas en abril o mayo de 2024. Eso explica la radicalización. Un fenómeno muy parecido a lo que ocurre en Cataluña entre Junts y ERC. Es posible que la cosa no pase a mayores, aunque tampoco convendría descartar la posibilidad de que el lendakari termine echándose al monte en caso de ver Ajuria-Enea en peligro, como ocurriera en Cataluña con CiU y Artur Mas al inicio del ‘procés’.
Para el PNV todo son ventajas. Nada que ganar con Feijóo; todo, con Sánchez. Es el maravilloso cuadro que dibuja una independencia de facto, con “Madrid” corriendo con la cuenta as usual. Básicamente independencia con Cupo. Votos a cambio de dinero. Dinero a mansalva para seguir colocando a nuestra gente a nuestro antojo, haciendo realidad ese estanque dorado vasco donde nada se mueve sin el diktat peneuvista. Que España siga financiando las pensiones vascas, mientras los extremeños siguen viajando en el tren de la bruja. Porque esto va de repartirse el pastel. A Sánchez no parece importarle gran cosa la pasta a nivel individual, pero el dinero es fundamental a la hora de sostener el andamiaje de su poder personal, colocar a cientos, miles de altos cargos socialistas asegurándose su silencio cómplice, subir las pensiones con el IPC, repartir paguitas y subvenciones y hacer frente a los peajes que le exijan los socios de la banda, ahora incrementada con la incorporación de Puchimón y los suyos. Es el toma el dinero y corre. El asalto al tren correo de Glasgow, del que se benefician millones de españoles (7,67 le votaron directamente el 23J) dispuestos a mirar hacia otra parte ante los atropellos a la España de ciudadanos libres e iguales. Todo con cargo a los Presupuestos. Tirando de endeudamiento. Y con un PIB creciendo un mísero 0,7% entre 2019 y 2023. Españoles sin patria y sin pasta. Ese es el paisaje al que nos conduce tan bizarro personaje.
Lo asombroso, lo sobrecogedor diría, de lo que está ocurriendo en España es el silencio, pavoroso silencio, con el que la sociedad civil acompaña el entierro de una nación cuyas andas portan sus más acérrimos enemigos. La resignación con la que la gente del común observa tras la celosía el desfile del cortejo fúnebre hacia el camposanto. Pobres y ricos. Criados y señoritos. Es probable que a estas alturas aquí no quede ya ni el apuntador, porque, salvo que estén invertidas en bienes raíces, nuestras élites del dinero habrán puesto a buen recaudo sus fortunas hace tiempo en Luxemburgo. Pero, ¿Qué hacen los Pallete, las Botín, los Fainé, esa gente que dirige grandes empresas y bancos, el trío que sigue sosteniendo, de una u otra forma, a ese grupo Prisa convertido en mascarón de proa con el que el sanchismo diariamente arremete contra los cimientos de la nación de ciudadanos? ¿No se sienten concernidos por lo que está ocurriendo? ¿Qué hace CEOE, la patronal presidida por un vasco y que ellos pastorean desde sus despachos con total impunidad? ¿Nada que decir, señor Garamendi? Rafael del Pino ya dijo en su día lo que pensaba, pero que piensan los Entrecanales, los Florentinos y otras fortunas de similar porte? ¿Usted, señor Roig, que alimenta a media España, tiene algo que aducir a esta deriva hacia la pobreza colectiva? ¿Y usted, señor Ortega, siempre emboscado, que viste a la otra media, algo que opinar? Inditex acaba de lanzar a Ángela Molina, 67 años, como nueva imagen de marca, en lo que no deja de ser una genuflexión completa ante el mundo woke –tal que el feminismo ultra de la señora Botín-, todos de rodillas ante las modernas doctrinas basura, todos rindiendo pleitesía a la flamante religión, el viejo opio del pueblo disfrazado de nuevo que dijo Marx.
Todos parecen haber dado la espalda a su país, como si fuera posible seguir haciendo crecer sus negocios, sus empresas, sus cuentas de resultados, lejos del marco de una España liberal y abierta, democrática, con separación de poderes, capaz de crecer y crear empleo de calidad para todos. “Los Bevel hemos sobrevivido a numerosas crisis, pánicos y recesiones”, asegura el protagonista de “Fortuna” (Anagrama), la gran novela de Hernán Díaz, un argentino crecido en Suecia y educado en Estados Unidos. “Y no solo las hemos sobrevivido, sino que hemos emergido de ellas más fuertes, teniendo siempre en mente el interés de nuestra nación. Si mis antepasados y yo no hubiéramos entendido que era necesario salvaguardar una economía sana y próspera para todos, nuestras carreras habrían sido muy breves. El brazo egoísta siempre es corto”. ¿Qué le parece a Ignacio Sánchez Galán la decisión del PNV se echarse al monte? Iberdrola, con sede social en Bilbao, es el mayor contribuyente de la hacienda foral vasca, ¿ha mantenido estos días alguna conversación su presidente con el señor Ortuzar? ¿Qué hará Sánchez Galán el día, puede que muy cercano, en que Arnaldo Otegui, con la ayuda del PSE, se haga fuerte en Ajuria-Enea? ¿Saldrá corriendo como hizo La Caixa de Barcelona? Y otro tanto cabe decir del BBVA, sede en la bilbaína plaza de San Nicolás, y de su presidente Carlos Torres, un hombre elevado a los altares de los antiguos Bilbao y Vizcaya por dos conservadores pata negra, muy próximos al PP, como Francisco González y Manuel Pizarro. ¿Le importa a Torres el futuro de España o solo el suyo? ¿Y qué dice Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol y ex presidente del Euzkadi Buru Batzar (EBB), de lo que está ocurriendo en el estanque dorado vasco?
Todos se han escondido como zorras asustadas en madriguera. Me asegura un tipo con sustancia que “algunos están muertos de miedo”. La presión de este Gobierno canalla en funciones está siendo intensa sobre las empresas del Ibex. “Si el Frankenstein 1 se caracterizó por la toma de control de todas las instituciones públicas y algunas privadas, con el Frankenstein 2 quieren hacer el completo”. Se trata de controlar las grandes empresas españolas. De modo que presidentes de corporaciones están recibiendo la visita de un embajador/a (“¿a ti te han ido ya a visitar?”) con un mensaje muy simple: “permíteme, fulano, que te sugiera un par de nombres que nos gustaría que tuvieras en cuenta para la próxima renovación de tu Consejo de Administración o para cubrir las vacantes que ya tienes”. Y el embajador, que vende su mercancía como “el legítimo interés del futuro Gobierno por asegurar un buen entendimiento con las empresas”, no son los Javier de Paz de turno, sino las propias ministras, la inmarcesible Nadia y esa otra señora que estos días ha hecho exhibición de sus conocimientos de Física midiendo la diferencia de calor entre un lugar al sol y otro en sombra. “Y te quedarías helado si supieras la gente que han ido a ver”. La consecuencia es que nadie se atreve a moverse. Todos ven en Feijóo la cara de la derrota a pesar de haber ganado el 23J, y en Sánchez el desparpajo del déspota dispuesto a arramblar con todo a pesar de haber perdido. En medio, la España de las tribus deslizándose hacia el abismo sin capitán en el puente de mando. Como esta semana dijo Díaz Ayuso en Las Rozas, “rendirse no es una opción” para la España liberal. Habrá que luchar, porque nunca se regaló a nadie la libertad.
Convención (in)constitucional
Alejo Vidal-Quadras. vozpopuli. 3 Septiembre 2023
Cuando las Cortes constituyentes optaron por articular territorialmente España de acuerdo con este original constructo denominado “Estado de las Autonomías” creyeron angélicamente que al conceder a los nacionalistas una pseudo-nación con parlamento, gobierno, enseña, himno, Día de la Patria, lengua cooficial, amplísimas facultades legislativas, ejecutivas, fiscales y financieras, flota de coches oficiales con banderín propio y jugosas oportunidades de saquear un abultado presupuesto, sus ansias de reconocimiento simbólico y poder político se verían colmadas y contentos con tan atractivos juguetes aceptarían el orden constitucional, la Monarquía y la unidad nacional. Por supuesto, el invento ha salido carísimo y el sobrecoste para el sufrido contribuyente de tal despliegue de diversidad y de identidades variopintas es ya por lo menos del 20% del total del gasto público. Con decir que está en marcha una reforma del Reglamento del Congreso para que sus señorías puedan verter sus doctas intervenciones en catalán, vasco, gallego y castellano con la consiguiente parafernalia de cabinas de intérpretes y gabinetes de traductores, amén del correspondiente dispendio causado por tales adelantos, no se puede añadir mucho más. Por desgracia, ha ocurrido los que algunos advirtieron muy pronto sin ser escuchados: lejos de conformarse con el creciente nivel de autogobierno, a medida que los dos grandes partidos nacionales iban aflojando los cordones de la bolsa y transfiriendo competencias la codicia de los nacionalistas se incrementaba, sus exigencias se exacerbaban y su insolencia alcanzaba cotas alarmantes. Este proceso imparable culminó con el intento de golpe de Estado de septiembre y octubre de 2017 por parte de los separatistas catalanes.
Si nos remontamos a la segunda mitad de los setenta del siglo pasado, en aquel momento el porcentaje de independentistas en Cataluña y el País Vasco era muy modesto y la fuerza de sus partidos bastante reducida. Por consiguiente, si los padres de la Constitución se hubieran inclinado por un modelo de Estado centralizado políticamente y descentralizado administrativamente al estilo de Francia, Suecia, Polonia o Portugal, esta solución habría sido plenamente democrática y nos hubiésemos ahorrado mucho dinero e infinidad de disgustos. Es inútil llorar sobre la leche derramada, pero conviene recordar ciertos hechos para delimitar correctamente responsabilidades a la hora de contemplar el caos actual. Cuando una fiera confinada devora a sus víctimas, la culpa no es del carnívoro, sino del imprudente que le ha abierto la puerta de la jaula.
Y así, de concesión en concesión, de renuncia en renuncia y de regate en regate del PP y del PSOE durante cuarenta y cinco años hemos llegado a la dramática situación actual, con el gobierno de la Nación pendiente del chantaje de un golpista enajenado prófugo de la justicia, de los legitimadores del asesinato como forma de acción política y de una organización de raíces integristas que considera al resto de los españoles una raza inferior que le debe vasallaje y tributo. En contexto tan estimulante, el lehendakari, con la exquisita educación característica del ladrón de guante blanco, ha propuesto una convención constitucional basada en la Disposición Adicional Primera de nuestra Ley de leyes, que “ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales”, que se podrán actualizar en el marco de los Estatutos de Autonomía y de la Constitución. Para empezar, ni Cataluña ni Galicia son territorios forales, categoría a la que únicamente pertenecen el País Vasco y Navarra, por tanto, la argucia de Urkullu no parece muy solidaria con sus compañeros nacionalistas catalanes y gallegos. En segundo lugar, la pretensión de que la Disposición Adicional Primera permite fantasías tales como la “capacidad de decidir”, el “bilateralismo” y la “plurinacionalidad” cabrá en los delirios del Euskadi Buru Batzar, pero no en la Constitución. No hay camino legal para introducir semejantes conceptos en nuestro ordenamiento. Afectan de lleno al Título Preliminar de la Norma Suprema y por consiguiente requerirían una reforma constitucional de acuerdo con el artículo 168 de nuestra Ley Fundamental, es decir, dos tercios del Congreso y del Senado, disolución de las Cámaras, ratificación también por dos tercios del nuevo parlamento y a continuación referéndum nacional. Una bagatela, vaya.
La convención constitucional que se saca de la manga el lehendakari es un truco artero para orillar la verdadera naturaleza de lo que demanda, una modificación sustancial de la Constitución en su parte más sensible. En otras palabras, lo que el PNV le pide a Sánchez es que se salte el orden legal vigente, que sea un Puigdemont cualquiera. Puede ser que el jefe de Gobierno en funciones, cegado por su ansia irrefrenable de mantenerse en La Moncloa, intente una martingala confiando en que su acólito Conde Pumpido y sus secuaces en el Tribunal Constitucional la den por buena. Si cometiese semejante desafuero, estableciendo de facto dos clases de españoles, unos de primera, los residentes en las denominadas indebidamente “comunidades históricas”, y otros de segunda, los demás, se expone a que las cosas se le vayan de los manos y entremos en una etapa de agitación social y violencia desatada de consecuencias imprevisibles. La ley y su cumplimiento es la garantía de la paz civil y cuando se ignora este principio democrático elemental los acontecimientos pueden desbordarse, como sucedió en Cataluña el 1 de octubre de 2017, donde si no se produjo una tragedia fue porque la Providencia no quiso, pero no conviene abusar de su tutela. La historia es maestra de la vida y se supone que, aunque no es persona de gran bagaje cultural, Pedro Sánchez tiene una somera idea de lo acontecido en España durante la II República y la contienda civil posterior. Todos conocemos su absoluta carencia de principios y de escrúpulos éticos, pero entre cometer barrabasadas prodigando mentiras y jugar con fuego, hay una diferencia. El que la olvida, se abrasa.
CATALUÑA
Colegios catalanes: más respeto a la cocina hebrea o musulmana que a la lengua española
Fernando García-Romanillos. vozpopuli. 3 Septiembre 2023
Hamburguesas de lentejas o cuscús sin carne forman parte de la oferta gastronómica de los colegios públicos de Cataluña para alumnos que sigan preceptos culinarios de su confesión, como la cocina halal del islam o la kosher de los hebreos. Junto a esa atención hacia la ‘cocina materna’ de alumnos de familias musulmanas, judías, evangélicas, etc., la lengua materna española o cualquier otra distinta al catalán queda relegada en los comedores escolares. Una marginación, la del castellano, que en breve se acentuará con el nuevo decreto sobre Régimen lingüístico del sistema educativo con el que la Generalitat quiere responder “a los ataques sistemáticos de los poderes político y judicial del Estado”, según el Govern. Comienza el curso escolar 2023-2024.
La Escola Arquitecte Gaudí, de Sant Feliu de Llobregat, ejemplifica la dicotomía entre el trato respetuoso dispensado a los hábitos culinarios por religión materna y la discriminación del español, lengua materna de la mitad del alumnado. Ese centro del Bajo Llobregat (Barcelona) ofrece ocho menús alternativos adaptados a prescripciones religiosas o médico/dietéticas. Junto a un abanico culinario tan diverso, el mismo colegio tiene unas estrictas normas lingüísticas sobre uso del catalán en toda la actividad escolar, limitando el español a la asignatura correspondiente, hasta el extremo denunciado por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB): en la Arquitecte Gaudí “la cocinera utiliza el catalán como lengua habitual y su ayudante el castellano” (…). “El comedor es atendido por monitores que utilizan el catalán como lengua habitual” y si los alumnos se dirigen en castellano, “a veces los monitores que tienen el castellano como lengua habitual les hablan en esa lengua”.
Una guía de la Generalitat sobre el respeto a la diversidad religiosa establece que las recetas escolares deben incorporar “tradiciones culturales de la zona y de los alumnos provenientes de otros contextos culturales y religiosos”. De igual modo, los criterios para comedores escolares de la Agencia de Salud Pública de Cataluña señalan que por motivos éticoso religiosos las empresas de catering “han de ofrecer un menú adaptado a los casos en los que las familias soliciten menús sin carne de cerdo, vegetarianos o veganos”. Precisa ese mismo documento que cuando las instalaciones de cocina no permitan elaborar platos especiales como los señalados, deben facilitarse al alumnado “medios de refrigeración y calentamiento” para conservar y consumir el “menú especial proporcionado por la familia”. La misma Agencia de Salud Pública ofrece a los centros una programación alimenticia con recetas de menú general para tres estaciones del año, que incluyen 14 recetas con pollo, 3 con conejo, 3 con pavo, 1 con ternera, ningun plato con carne de cerdo y 6 tipos de hamburguesas de legumbres.
El respeto a los preceptos culinarios en función de la religión materna está amparado por el artículo 14.4 de la Ley 26/1992, que desarrolla el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España. Otras leyes del mismo año recogen acuerdos semejantes con las comunidades israelita y evangélica.
Hay otras normas de igual rango o superior, como la propia Constitución, además de recientes sentencias y resoluciones del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que determinan el castellano como oficial y los requisitos mínimos sobre su uso en la enseñanza en territorios con lengua cooficial, pero en el sistema educativo de la Generalitat no gozan de la misma observancia que las normas alimenticias confesionales.
A lo largo de este verano la AEB ha sacado a la luz una docena de irregularidades y abusos lingüísticos en otros tantos centros que, más allá de la actividad lectiva, extienden el monolingüismo desde las aulas al recreo, desde las cocinas a las excursiones, sin excluir las comunicaciones con las familias e incluso buscando que el catalán sea “lengua de pensamiento y de expresión” de los alumnos en sus entornos, como pretende el colegio concertado religioso Vedruna, de Artés (Barcelona).
Estos y otros casos que están saltando a la luz no son anecdóticos ni iniciativas incontroladas de los responsables de los colegios, responden más bien al espíritu y la letra de las normas e indicaciones de la Generalitat sobre política lingüística en el sector educativo. Un espíritu y una letra que van a ser más imperativos y discriminatorios con la lengua de Cervantes cuando entre en vigor el nuevo régimen lingüístico del sistema educativo, alumbrado en julio pasado como decreto del Govern y en periodo de información pública hasta el 15 de septiembre.
Tras los resultados de las elecciones del 28 de mayo, y antes de las generales del 23J, el Govern de Pere Aragonés dio las primeras señales de endurecimiento de la imposición lingüística. El 12 de julio, tras ordenar el TSJC el cumplimiento del 25% en tres aulas de otros tantos colegios, la consejera de Educación, Anna Simó, acusó públicamente a los jueces del TSJC en estos términos: “El TSJC hace política, entrando en campaña electoral y desoyendo la legislación de la que se ha dotado el Parlamento de Cataluña y el Gobierno de la Generalitat”. También alertó contra los autores de esas sentencias que “con maneras de hacer absolutamente fuera de lugar y de usurpación de funciones, intentan dividir la sociedad catalana, los centros, y poner a los directores entre la espada y la pared”.
Cinco días después de esas manifestaciones, la misma Simó presentó el ‘Pla de foment de la llengua catalana als centres educatius 2023-2028’, que incluye el decreto de ‘Règim lingüístic del sistema educatiu’. Se trata de un paquete de medidas entre las que sobresalen:
-Prácticas educativas que favorezcan la adquisición precoz del catalán.
-Incentivar la formación lingüística de las familias mediante cursos de aprendizaje.
-Crear una plataforma de contenidos audiovisuales educativos en catalán.
-Asegurar la acogida personalizada en catalán del alumnado de fuera de Cataluña.
Hasta que entre en vigor el decreto de régimen lingüístico, el espíritu de esta normativa es más explícito que su letra. Así se refleja en la presentación del plan de fomento ya citado, cuando avisa de que el Govern impulsará un ‘Pacte Nacional per a la Promoció i la Defensa de l’Escola Catalana’ por tres motivos, siendo el primero “las intromisiones en el marco normativo propio y en la competencia exclusiva de la Generalidad en materia de lengua propia y las competencias en enseñanza, y los ataques sistemáticos de los poderes políticos y judicial del Estado”.
En la presentación que hizo la consejera de Educación sobre lo que se pretende con las normas que próximamente se pondrán en marcha, deslizó un nuevo concepto nacionalista aplicado a la enseñanza: carácter compensatorio. Dijo Anna Simó que “los centros educativos tienen un carácter compensatorio en lo que se refiere al conocimiento y la posibilidad de uso de la lengua catalana” según el cual “la población recién llegada es una oportunidad para incorporar nuevos hablantes y darles oportunidades”.
Se estrecha, así, el cerco al español en los colegios controlados por la Generalitat, iniciándose a la vez un proceso de inmersión lingüística dirigido a las familias que no son catalanoparlantes, a la vez que el Govern ilustra a los centros educativos sobre las costumbres culinarias de origen religioso con todo detalle. Para eso, los departaments de Governació y d’Ensenyament tienen editada una guía por la que los centros educativos pueden conocer al detalle el halal y el haram, el kosher y el taref, las prescripciones alimenticias de los adventistas descritas en el Levítico, los hábitos vegetarianos de los budistas o los ayunos que hacen los ortodoxos.
Las indicaciones concretas y detalladas sobre la imposición lingüística en los centros educativos no salen directamente de las consejerías del gobierno independentista, corresponden a los proyectos lingüísticos de cada colegio que, fieles al espíritu excluyente de la inmersión, desarrollan su letra dando lugar a casos llamativos o escandalosos como los relacionados a continuación, una parte de los últimos detectados por la Asamblea por una Escuela Bilingüe:
-Instrucciones de revisar y velar para que en las reuniones de padres se hable siempre en catalán (Escola Nadal, Sant Feliu de Llobregat).
-Los alumnos castellanohablantes no hacen exposiciones correctas en catalán porque son comodones y sin interés (Instituto de Collbató).
-Los profesores deben controlar que los alumnos en el recreo jueguen en catalán. (Colegio Enric Tatché i Pol, Ripollet).
-Las familias reciben las comunicaciones del centro en 16 lenguas diferentes, ninguna es el castellano (Escola Ciurana, Sant Boi de Llobregat).
-El monitor de actividades extraescolares que no use el catalán podrá ser apartado del puesto (Instituto Xaloc, Sant Pere de Ribes).
-En un centro de educación especial donde el 70% de los alumnos tienen el español como lengua materna, las actividades educativas y de aprendizaje son en catalán (Escola Tramuntana, Sant Feliu de Llobregat).
La vida en los campus catalanes: «Tuvieron que escoltarme los Mossos. Los independentistas campan a sus anchas»
Esther Armora. ABC. 3 Septiembre 2023
Los estudiantes procedentes de otras comunidades autónomas han dado este curso portazo a Cataluña como destino universitario. Tal como informó ABC el pasado 25 de agosto, los campus catalanes han perdido más del 50 por ciento del alumnado que recibían del resto de España.
Los planes de la Generalitat de imponer el uso del catalán en ocho de cada diez grados y másteres antes de 2025, y la crispación política derivada del 'procés' están detrás de algunas de estas renuncias, según confirman los testimonios aportados a este diario por cuatro estudiantes que pensaron en Cataluña como punto de partida de su andadura académica. Dos de ellos lo descartaron finalmente por «las imposiciones lingüísticas y el acoso ideológico en los campus» y empezaron sus estudios en otras comunidades. Los otros dos, probaron y cursaron un año en Barcelona pese a los prejuicios que tenían sobre los campus catalanes que, según relatan, «lamentablemente se confirmaron».
A Noé Benavent Bernal, estudiante madrileño de 19 años, que ha cursado un año de sus estudios en Cataluña, la estadística de la Generalitat no le chirría. Su experiencia de 12 meses en esta comunidad, en el curso 2022-2023, ha sido, según dice, «incluso peor de lo que esperaba».
Eligió un grado mixto de Filosofía, Política y Economía, impulsado conjuntamente por las universidades Autónoma (UAB) y Pompeu Fabra, ambas de Barcelona (UPF), y las madrileñas Autónoma (UAM) y Carlos III. El primer curso debía ser en un centro catalán, el segundo en una facultad de Madrid, y el resto a elección del alumno. «Era reticente a sacrificar ese primer año en Cataluña. Mi principal miedo, al margen del catalán, era que la crispación política que hay calara en las aulas», relata el estudiante.
Pisar por primera vez el campus de la UAB y topar con una inmensa pancarta del Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes (Sepc) que rezaba 'Independencia, Socialismo, y Feminismo' no fue un buen presagio. Fue la primera declaración de intenciones de los nacionalistas. Tras entrar a formar parte de la asociación de estudiantes constitucionalista 'S'ha Acabat!', la cosa, según dice, «empeoró».
«Nunca había visto nada tan radical»
Uno de los episodios que más le marcaron fue cuando, según relata, el 20 de abril de 2023 él y otros estudiantes constitucionalistas fueron agredidos por cuarenta encapuchados en el campus de la UAB «solo por promocionar nuestra asociación». «Cuando vi que tuvieron que custodiarnos agentes del cuerpo de seguridad privada de la universidad e incluso los Mossos d'Esquadra me di cuenta del alcance del problema», señala Noé. «Nunca había visto algo tan radical», añade Benavent. Está convencido de que «Europa no es consciente del todo del secuestro de la universidad catalana por los nacionalistas». En su caso, al cursar un grado mixto con universidades madrileñas, «más o menos respetaron mi elección de lengua», con algunas excepciones, de las que no protesté «porque ya habían puesto los nacionalistas su mirada sobre mí», dice.
Durante su experiencia académica en tierras catalanas Noé se ha sentido, asegura a este diario, «señalado» por significarse como estudiante constitucionalista. «Carteles en la UAB apuntaban directamente a nuestra asociación y eso te afecta claro porque te sientes aludido», indica. 'Desmilitarización de la universidad', en relación a la custodia policial que han requerido en ocasiones los estudiantes constitucionalistas, o 'No sois bienvenidos', son algunas de las inscripciones con las que convivía en el campus Noé.
«Caerá el alumnado extranjero»
«Hasta que no llegué a la UAB no era consciente de qué era el Sepc. Ahora tengo claro su poder en los campus», afirma. A su juicio, el plan del Govern para 'catalanizar' los campus «también va a cerrar la puerta al alumnado extranjero, caerán las cifras». «Una lengua no puede imponerse», precisa. Desde Arganda del Rey (Madrid), el estudiante se desplaza a la capital para posar para la foto de la entrevista. Lo hace frente a la Universidad Carlos III, uno de los dos centros madrileños en los que continuará su grado. Se deja fotografiar sin temor a ser señalado, algo, según dice, «impensable en los campus catalanes».
Juan Miguel Vargas Andújar -Ontinyent (Valencia), 25 años-, 'Jota' como le conocen sus amigos, se planteó como Noé estudiar en Barcelona. Pensó en arrancar un grado de Derecho en la UAB el curso 2020-2021. «Me atraía la ciudad por su vanguardismo y era un buen centro para empezar allí mis estudios», explica. También había motivos familiares que le acercaban a este destino. «Mi abuela, mis tíos, y mis primos viven allí», señala a ABC. Precisamente fueron ellos, sus primos, los que le quitaron de la cabeza la idea de trasladarse a Cataluña. Optó por estudiar en Córdoba.
«Aquí se respira miedo»
«El testimonio de mi primo que fue insultado varias veces dentro y fuera del campus solo por lucir una bandera española en su muñeca fue decisivo para hacerme cambiar de destino», afirma 'Jota'. «No forma parte de ninguna asociación, fue un ataque a nivel personal. Yo me niego a quitarme la pulsera para ir a la universidad», apunta. Una de las frases que le comentó su primo le ha quedado grabada en la memoria: «Aquí se respira miedo. El independentismo campa a sus anchas en el campus».
La lengua fue otro motivo de peso para descartar el traslado a una universidad catalana. «¿Por qué nos tienen que imponer una lengua cuando hablamos una que es oficial en la comunidad?», se pregunta el universitario. El plan del Govern para que se impartan en catalán el 80 por ciento de los estudios universitarios «no solo frenará, en su opinión, la llegada de estudiantes de otras comunidades y extranjeros», sino que «hará que estudiantes catalanes que se sienten incómodos con el independentismo y la imposición del catalán decidan estudiar en otras zonas». A su juicio, la situación en la universidad catalana «no es solo un problema de Cataluña, es un problema de España que nos afecta a todos». Critica la inhibición del Gobierno con el problema. «Lleva años permitiendo esta situación», sentencia. Dos cursos después, 'Jota' celebra haber optado por su plan B en Córdoba. «Aquí se respira libertad, lo que debería respirarse en todas las universidades españolas», asevera.
«No quise que la lengua perjudicara mi formación»
Lo mismo opina Reyes Bergillos Giménez, de 33 años. Reconoce que nunca se planteó estudiar Medicina en Cataluña, eligió también Córdoba. «No quise que la lengua perjudicara mi formación; además la cosa empeorará», asegura. «La exigencia del catalán irá a más y no hay visos de que se resuelva el conflicto político», dice la médico, que actualmente realiza una residencia en Anatomía Patológica en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid.
«Podía haber pedido realizar el MIR en Cataluña pero lo descarté por lo mismo», añade Reyes, quien cree que la caída de alumnado de otras comunidades es «causa directa del anuncio del Govern de que habrá más clases en catalán». Como el resto de estudiantes está convencida de que Europa desconoce el alcance del problema.
«No repetiría»
Las universidades catalanas eran la última opción para empezar los estudios de Medicina de Victoria Cutillas García de Abanillas (Murcia). Sin embargo, la nota de Selectividad no le dio mucha opción para elegir y cuando la llamaron de la Universidad Rovira i Virgili (URV) de Tarragona dándole plaza en la Facultad de Medicina en Reus (Tarragona) puso en la balanza sus «malas percepciones sobre Cataluña» y su deseo de estudiar esa carrera y pesó más lo segundo. Estudió en Reus un curso (el 2018-2019) y, según afirma, «no repetiría». «Había recibido la mención de honor en segundo de Bachillerato, por lo que tenía el primer año gratis en cualquier universidad pública. Por eso no fui a una privada», relata Victoria, que tras el primer año en Reus marchó a seguir sus estudios en la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM). Antes de aterrizar en Cataluña, llamó a la URV y les preguntó si las clases eran en catalán. Le aseguraron que podía estudiar en castellano pero la realidad fue otra. «Todas las clases, excepto una, fueron en catalán. No entendía nada. Opté por quedarme en casa y traducir los apuntes. Me salía más a cuenta», dice Victoria.
Recuerda como entró «en un bucle de ansiedad». Notó también la presencia del nacionalismo en las aulas. «Varios profesores lucían el lazo amarillo en defensa de la libertad de los presos políticos, y el 8 de marzo un docente paralizó la clase para darnos lo que tenía que ser una charla sobre la mujer y acabó siendo un meting nacionalista», relata. «Nunca pensé que me sentiría extranjera en mi país», asevera. Al igual que sus compañeros lamenta la situación y advierte de que «si o se resuelve, la peor parada será la universidad catalana, líder en excelencia».
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