Recortes de Prensa Domingo 10 Septiembre 2023

Ucrania denuncia un ataque con drones rusos sobre Kiev

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso había informado durante la madrugada de que sus sistemas de defensa aérea habían destruido en el mar Negro varios buques de guerra

El Confidencial. 10 Septiembre 2023

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, ha denunciado en su canal de Telegram que la capital ucraniana ha sido atacada por vía aérea a primera hora de este domingo y que la ofensiva ha dejado una persona herida.

Klitschkoc ha añadido que restos de los drones con los que se ha llevado a cabo la agresión han caído en distintos puntos de la ciudad mientras sus defensas antiaéreas actuaban, pero que no se han reportado daños materiales en edificio alguno.

Las claves del momento:

Ucrania denuncia un ataque con drones rusos sobre Kiev que se ha saldado con un herido

Ascienden a 74 los heridos en el ataque ruso contra la ciudad de Zelenski

Zelenski pide a la comunidad internacional que imponga más sanciones a Rusia

Así hemos contado la 563 jornada de la guerra

Hace 36 minutos 09:04

Rusia destruye tres lanchas rápidas ucranianas y ocho drones cerca de Crimea

Rusia destruyó esta noche tres lanchas militares rápidas de desembarco de las Fuerzas Armadas de Ucrania y ocho drones cerca de la costa de la anexionada península ucraniana de Crimea, informó hoy el Ministerio ruso de Defensa.

"Esta noche, en la parte occidental del mar Negro, al noreste de la isla de las Serpientes, los aviones de la Flota del Mar Negro destruyeron tres lanchas militares de alta velocidad de fabricación estadounidense Willard Sea Force con grupos de desembarco de las Fuerzas Armadas de Ucrania que viajaban en la dirección de la costa de Crimea", indicó la institución castrense.

Hace 1 horas 13 minutos 08:27

Ucrania denuncia un ataque con drones rusos sobre Kiev

UN PAPEL GEOPOLÍTICO

Cuando las decisiones de la guerra de Ucrania ya no las toma un país, sino Elon Musk (y lo que te dice eso de la geopolítica)

El rol del dueño de Twitter en la invasión de Ucrania tiene una la dimensión pragmática y una segunda dimensión más compleja en la que juega un papel geopolítico

Argemino Barro. el confidencial. 10 Septiembre 2023

De todos los magnates y señores de la guerra que, en distintos lugares y momentos de la historia, han logrado acumular igual o más poder que los propios Estados, probablemente ninguno haya tenido una influencia tan global y variada como Elon Musk. El hombre más rico del planeta se ha convertido en el principal promotor privado de la carrera espacial, en el jefe de la mayor empresa mundial de vehículos eléctricos, en uno de los próceres del desarrollo de la inteligencia artificial y del transporte público urbano y de la neurociencia y de los paneles solares, y, por si fuera poco, en el dueño de la mayor red de microblogging y en uno de los actores fundamentales de la guerra europea más destructiva de los últimos 80 años.

Para tener una noción de su poder, basta con mira hacia arriba. En este momento orbitan sobre el planeta Tierra unos 8.000 satélites, más de la mitad de los cuales están bajo control de Musk. La red de satélites Starlink, operados por la empresa SpaceX, provee de conexión a internet a 60 países, entre ellos Ucrania, lo cual permite al magnate vislumbrar en una pantalla el uso preciso de estos satélites en tiempo real y por ende el desempeño de las operaciones ucranianas. Si así lo deseara, Musk podría desconectar este servicio y sumir una ciudad o una provincia en un apagón digital: los comandantes no podrían comunicarse con sus tropas, los hospitales no podrían operar con eficacia, los civiles no podrían informarse ni ver los discursos de su presidente. No es una hipótesis. Esto ya ha sucedido varias veces.

Musk se ha vuelto una figura indispensable para varios departamentos: desde la NASA al propio Pentágono El empresario ha reconocido en su red social, X, anteriormente conocida como Twitter, que rechazó una petición de urgencia del Gobierno ucraniano el año pasado para activar el servicio de internet de Starlink en Sebastopol, ciudad de la península de Crimea ocupada por los rusos en 2014. La intención ucraniana era golpear con drones submarinos la flota rusa estacionada allí. Musk desveló su negativa después de que la CNN (4) adelantara un fragmento de la nueva biografía de Musk, escrita por Walter Isaacson, en la que revelaba esta decisión. El propósito de Musk, según Isaacson, había sido evitar una posible respuesta nuclear rusa a dicho ataque.

Más allá de la moralidad o legitimidad de esta decisión, la circunstancia refleja claramente el poder estratosférico acumulado por Musk, una persona que, en palabras del periodista Ronan Farrow, "es más un Estado-nación que un individuo". Según Farrow, que ha publicado una investigación sobre el magnate en The New Yorker, Musk se ha especializado en llenar los huecos dejados por las limitaciones o la desidia del Gobierno estadounidense. Como consecuencia, se ha vuelto una figura indispensable para varios departamentos: desde la NASA al propio Pentágono.

El origen del servicio de Starlink a Ucrania antecede en mes y medio a la invasión rusa a gran escala del 23 de febrero de 2022. Según el Gobierno ucraniano, ya se le había solicitado a Musk un contrato con Starlink. Mientras avanzaba el proceso, sin embargo, Rusia atacó, destruyendo en poco tiempo la infraestructura ucraniana de telecomunicaciones. El 28 de febrero, en plena batalla de Kyiv, llegaron al país las primeras terminales Starlink, lo que permitió al Gobierno, las Fuerzas Armadas, los civiles y los periodistas reanudar las comunicaciones y actuar frente a la agresión.

El servicio de Starlink a Ucrania alcanzó unas dimensiones casi míticas. Los líderes ucranianos se fotografiaban con las cajas de las terminales y los directores de cine dedicaban cortometrajes heroicos a la generosa ayuda de Elon Musk. Durante el asedio de Mariúpol, dos helicópteros ucranianos lograron llevar refuerzos a los defensores de Azovstal. Refuerzos y una terminal de Starlink que permitió a los últimos resistentes coordinar mejor sus misiones, localizar a las fuerzas enemigas y hacerles un seguimiento con el programa digital Kopryva, hablar con el mando central de Kyiv y mandar mensajes a sus seres queridos en los territorios libres. Pero, de repente, en octubre de 2022, Musk anunció que ya no podía seguir financiando el uso de Starlink en Ucrania y pidió al Pentágono que pagase la factura. Según Ronan Farrow, el vicesecretario de Defensa de EEUU, Colin Kahl, "suplicó" a Musk que diera el servicio unas cuantas semanas más: el tiempo necesario para que Departamento de Defensa preparase un contrato que costeara el servicio de Starlink.

Desde este momento, casi coincidente con la exitosa contraofensiva ucraniana en la región de Járkiv y con la liberación de Jersón, el servicio de internet de Starlink dejó de funcionar puntualmente en algunas zonas del frente ucraniano, dificultando las operaciones defensivas y despertando críticas al magnate. Musk ha asegurado que la infraestructura de Starlink, por contrato, solo puede ser de uso civil, no militar. El rol de Elon Musk en la invasión de Ucrania tiene, por tanto, dos dimensiones. Una es la dimensión pragmática de un hombre de negocios que tiene que velar por la rentabilidad de las empresas que dirige. La segunda dimensión es más compleja. Elon Musk no se limitó a dar una serie de servicios concretos. Sus gestos y sus comentarios indicaban que él también tenía una opinión sobre la invasión y que quería jugar un papel en los acontecimientos. Un papel geopolítico.

Otro adelanto de la biografía de Isaacson, publicado en The Washington Post, dice que Musk quiso convertirse desde el principio en el mediador de la guerra. El milmillonario habló con el presidente Volodímir Zelensky y acordó una fecha para conversar también con el ruso Vladímir Putin, cosa que, en ese momento, marzo de 2022, no llegó a suceder. Si la conversación se dio más tarde, tampoco está claro. Dice Ronan Farrow que Musk mencionó varias veces, a distintas personas, que él había hablado con Putin, cosa que públicamente ha negado. Al mismo tiempo, el para entonces ya dueño de Twitter empezó a publicar en la red observaciones claramente alineadas con las posturas rusas.

Una vez sometió a la votación de sus más de 100 millones de seguidores un plan de paz basado en los siguientes puntos: referéndum en las regiones ucranianas ocupadas por Rusia, reconocimiento internacional de Crimea como parte de Rusia y neutralidad militar de Ucrania. Una propuesta que bien podría haber salido directamente del Kremlin. "Aquellos que proponen que Ucrania abandone a su gente y a su territorio presuntamente para no dañar el ego de Putin y librar a Ucrania del sufrimiento", declaró el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, "deberían de dejar de usar la palabra paz como eufemismo de dejar a los rusos matar y violar a otros miles de ucranianos inocentes, y capturar más territorio". El portavoz del Gobierno ruso, Dmitry Peskov, dijo que la propuesta de Musk era "muy positiva" para "buscar una manera pacífica de salir de esta situación".

Si abrimos un poco el foco, la postura de Musk respecto a Ucrania encaja con su actitud crítica frente a los postulados del progresismo biempensante de Estados Unidos. Quien en otra época se había declarado como centrista parece situarse cada vez más en coordenadas afines al populismo republicano. Musk es un acérrimo crítico del identitarismo woke y de los medios de comunicación de masas, lo cual le habría animado a comprar Twitter y a tratar de transformarlo en un baluarte de la libertad de expresión. Un objetivo que se ha topado con todo tipo de barreras y volantazos, y que, de momento, ha hundido los ingresos publicitarios. Cuando el presentador conspirativo Tucker Carlson fue despedido de la Fox por dar pábulo a las mentiras del supuesto fraude electoral de 2020 (lo que finalmente costó al canal una demanda milmillonaria), Musk le ofreció un espacio en Twitter. Por el programa de Carlson, donde abundan teorías ultras como el "gran reemplazo" y se cuelan igualmente mentiras de la propaganda rusa que para entonces ya habían sido desmontadas, han desfilado los adalides de la derecha populista norteamericana, latinoamericana y europea, además de señores acusados de trata de blancas y señores que aseguran haberse acostado varias veces con Barack Obama.

La imagen del magnate errático y manipulador charlatanero se ve compensada por quienes ven en él a un genio Así que la figura de Elon Musk ha terminado generando una polarización común en estos tiempos. La imagen del magnate errático, manipulador, charlatanero de las fantasías populares y tan megalómano que se cree capaz de acabar con el cambio climático, colonizar Marte y llevar la paz al este de Europa con un golpe de mano, se ve compensada por quienes ven en él a un genio capaz de llevar a fruición misiones aparentemente imposibles; un DaVinci contemporáneo perseguido por la envidia de los mediocres atrincherados en los órganos del poder establecido. El nombre de Musk aparece cada vez más acompañado por un viejo término del griego antiguo popular en las épocas de desigualdad: plutocracia. El sistema de gobierno en el que las instituciones empequeñecen frente a la formidable influencia de unos pocos potentados, capaces de dejar su huella en los sectores más diversos y ambiciosos, haciendo que Gobiernos de proyección mundial, no solo el de Estados Unidos, sino también el de Ucrania y el de China, donde Tesla tiene el grueso de su producción, dependan de él y de sus expansivas empresas.

Con racistas no se puede pactar

PEDRO DE HOYOS. periodista digital. 10 Septiembre 2023

Cataluña y el País Vasco llevan siendo favorecidas por los gobiernos desde el siglo XIX. Por todos los gobiernos, véase donde se han creado las industrias, véase lo que ha pasado con la antiguamente famosa industria textil de Zamora, Palencia o Béjar, desaparecida y trasvasada a Cataluña, véase lo que ha pasado con la industria alimentaria de los campos de Castilla. O con la correspondiente industria trasformadora. En fin, véase cualquier lista telefónica para comprobar hacia dónde todos los gobiernos de los últimos ciento cincuenta o doscientos años han dirigido la emigración.

Pero sus respectivos partidos nacionalistas se quejan, lloran, protestan, amenazan. Quieren más, quieren ser más (seguramente porque se creen mejores) que los castellanos, andaluces o extremeños. En realidad nos desprecian -sigo hablando exclusivamente de sus partidos nacionalistas- y hablan de baches en nuestro ADN. Son profunda y asquerosamente racistas. La esposa de Pujol cuenta que sus hijos no podían jugar en la calle porque los niños eran todos castellanos. Racistas y clasistas. Nazis.

A pesar de ello la España del 78 confiaba en su lealtad, qué torpeza, y construyó una constitución a su medida, una España de dos velocidades, de ricos y de pobres. Algo falló y aquel referéndum de Andalucía hizo saltar todo por los aires, resultado: café para todos.

Y esto no puede ser, lo ha dejado muy claro el PNV en su último artículo en El País: “Nuestro café que sea capuchino, con zumo de naranja, tostada con mantequilla y que nos dejen poner los pies en la mesa”. Porque yo lo valgo, sin más razones, porque necesitas mis votos.

Y a esta España de dos clases (“España multinivel” es el eufemismo”) nos dirigen por cataplines, queramos o no (faltaría más que fueran a consultarnos, oiga), porque el PSOE necesita sus votos, una España de regiones ricas favorecidas otra vez por el poder y otra España vaciada, pobre, esquilmada y traicionada por sus diputados provinciales. Y avalada, sí señor, por varios millones de votantes socialistas. Esto es progresismo, esto es igualdad, esto es el paraíso socialista, al parecer.

Y, sí, con ellos también ha pactado el PP en su momento, acuérdense del “Movimiento de liberación Nacional Vasco” de Aznar o de cómo, cuando le convino, habló catalán en la intimidad. Sin que nadie, a no ser que surja una nueva izquierda no nacionalista, quiera o pueda hacer nada.

Con la amnistía a los golpistas de 2017, nace, inevitablemente, la dictadura de Sánchez

FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS. libertad digital. 10 Septiembre 2023

Aquí no habrá más derecho que el que convenga a Sánchez según el día. La Ley será él. El derecho, él.

Hace mucho tiempo, los cubanos exiliados decían "vengo del futuro". Y nos reíamos. Hace algunos años, los exiliados venezolanos, insistían: "venimos del futuro". Y nos reíamos, pero menos. Pues bien, Santiago Auserón, "el futuro ya está aquí". Esta semana, en la apertura del Año Judicial, no había duda entre los allí presentes -en público silentes- de que estamos a las puertas de la destrucción del régimen constitucional.

El mecanismo de demolición del régimen del 78

Libertad Digital explicaba ayer el mecanismo de demolición de la democracia en España según los juristas dignos de ese nombre, no las togas corruptas cuya opinión depende de Sánchez. Para empezar, y de inmediato, "el Gobierno va a elaborar la Ley de amnistía. Es algo que se da por hecho y se espera conociendo a Pedro Sánchez. Es un proceso constituyente de facto, un cambio de régimen. Tendría que ser una proposición de Ley y no proyecto de Ley, al estar el Ejecutivo en funciones. Por tanto, no se pedirían informes a los órganos consultivos como el CGPJ o la Fiscalía".

Todos saben que la amnistía compra los votos de Puigdemont, y que de hecho deroga la administración de Justicia y todas las leyes que llevaron a la condena de los culpables del golpe de Estado de 2017. En la práctica, vemos que, para juntar los votos necesarios para la investidura, Sánchez se proclama Juez Supremo, por encima de la ley, la Justicia y del Estado:

"Se pretende expropiar a los jueces la capacidad de juzgar. El objetivo es hacer desaparecer la inhabilitación a los golpistas para que puedan volver a presentarse a las elecciones y que Puigdemont regrese a Cataluña".

La amnistía, impuesta por Puigdemont como condición para que sus diputados voten a Sánchez, y cuyo primer beneficiario es él, es técnicamente ilegal, porque un Gobierno en funciones no puede gobernar por decreto-ley, y está prohibida por la Constitución:

"La amnistía no cabe en la Constitución, sería necesaria una reforma. Es absurdo el argumento según el cual lo que no está prohibido en la Carta Magna, está permitido. El Ejecutivo tiene mayoría para volver a hacer una reforma en el Código Penal como cuando eliminó el delito de sedición y rebajó el de malversación, pero no tiene mayoría para reformar la Constitución".

Si Sánchez lo hace, y sin duda lo hará, se habrá proclamado dictador.

Basta la amnistía para hundir irreversiblemente el sistema democrático

A lo largo de los cinco años de la llegada de Sánchez y sus socios al Poder, utilizando una corrupta sentencia judicial urdida por sus garzones, se han vulnerado de mil formas la Ley y la Constitución, pero no derogado. Ahora, sí. La amnistía liquida de un solo golpe la división de poderes, toda pretensión de legalidad en la acción política y cualquier protección de los ciudadanos mediante el Estado de Derecho. Aquí no habrá más derecho que el que convenga a Sánchez según el día. La Ley será él. El derecho, él. Como teorizó Carl Schmitt para justificar la dictadura de Hitler, el líder "es fuente de derecho". El camino ha sido largo, pero el hachazo es fulminante.

A la vista de los precedentes en el control de la fiscalía y los jueces, nadie dudará de que Sánchez culmina un proyecto de poder personal. Pero incluso si no fuera así, la amnistía es un punto de no retorno en ese sentido. Aunque no quisiera -que quiere o le da igual- Sánchez deberá convertirse fatalmente en dictador, destruir el régimen constitucional y con sus socios comunistas y separatistas, instaurar de hecho una república plurinacional cuya única nación prohibida será España. Ya digo que es seguramente lo que quiere, pero, aunque no quisiera, la amnistía le obligará a esa traición.

Tras la amnistía ilegal e inconstitucional para llegar a presidente del Gobierno, esa presidencia y ese gobierno son ilegítima de arriba abajo y de principio a fin. Es imposible una vida parlamentaria mínimamente normal, porque el Parlamento, el Poder Legislativo, se ha alzado contra otro Poder, el Judicial, y los jueces que deben aplicar la ley el Gobierno que debería asegurar que se cumpla, habrán perdido su razón de ser. El país vivirá una situación de hecho en la que, por culpa de Sánchez, no existirá el Derecho. Los medios de comunicación, que, en democracia, deben defender unos determinados valores, matizarlos, criticar o apoyar unas opciones políticas, se verán, nos veremos obligados a las trincheras. Ante el Golpe de Estado de Sánchez, no por no proclamado menos cierto, que reivindica el de 2017, sólo se puede estar con el Golpe, o sea, con Sánchez y su banda o contra él.

Hacia una Ley de Defensa de Sánchez

La Oposición no podrá serlo al Gobierno, aunque la tentación de una parte del PP será fingir normalidad con la excusa de "evitar el frentismo". Pero cuando tienes un bloque enfrente, o le opones otro o le das la victoria. El proceso de liquidación del régimen constitucional mediante la traición de las togas de Pumpido será sinuoso, prolijo y, como obra de traidores, abundará en ofertas de consenso para fingir normalidad en lo que ya nunca puede ser normal. Después de proclamada la amnistía, la vida democrática es, sencillamente, imposible. Nadie podrá dejar de ver en Sánchez a un impostor. Y el impostor no dejará que ese estado de opinión cuaje. Más pronto que tarde habrá una versión de la Ley de Defensa de la República perpetrada por Azaña con la excusa del Golpe de Sanjurjo, que prohibió la mayoría de periódicos de oposición, los cerró, multó o atropelló. Y aunque, tras lo de Casas Viejas, la censura no impidió la derrota electoral, había marcado, con la Constitución sectaria, la quema de iglesias y la defensa de una República "sólo para republicanos", el camino al enfrentamiento civil. Aquí, se nos viene encima, a toda PRISA, una Ley de Defensa de Sánchez.

España está rota porque la media España viva no se resigna a morir. Y el medio país al que le da lo mismo la nación, el Estado y todo lo que no siga las consignas de la izquierda, está dispuesto a atropellar al otro medio. La única defensa de un gobierno que nace infame será defender su infamia de los que lo critiquen, de palabra u obra, en la calle o en las Cortes. Habrá un Ministerio de la Verdad, al estilo de las mamachicho de Igualdad, que no dudará en sancionar, sin jueces que estorben, sólo por razones políticas. En fin, el futuro del que venían los cubanos y venezolanos, ya estará aquí.

La oposición, más perdida que Pulgarcito en el bosque

Es preciso que el Partido Popular no insista más en sus ofertas al PSOE y, menos aún, a los separatistas vascos y catalanes. No sólo porque perjudica grave e innecesariamente la posición de Feijóo en la investidura, sino porque al asumir públicamente el PSOE, pese a los mohínes de Felipe y compañía, la amnistía como pago previo a la investidura de Sánchez, es inútil insistir en evitar el "error Rivera". Feijóo ya lo ha evitado de sobra. Ahora corre el peligro de parecer un simple testigo del golpe de Sánchez.

Si la comunicación en la Derecha ha sido siempre desastrosa, lo de este PP es artístico de tan estúpido. Que González Pons sea el embajador en Waterloo es como si el general Castaños, en Bailén, hubiera propuesto una tregua al ejército de Napoleón en vez de atacarlo. Deben asumir que los trámites de la investidura de Feijóo han terminado ya. Pues no hay manera.

Vox ha entregado la defensa del bunker al Frente de Juventudes parlamentarias. Nadie con experiencia. Y Génova 13 no sale de un guion que murió el 11M de 2004. Es lógico que el Déspota crea que puede ganar. Se equivoca, pero cuanto más tarden los partidos en reconocer la gravedad de la situación y pedir el apoyo de la opinión, más dura será la batalla. Por ahora, PP y Vox están más perdidos que Pulgarcito en el bosque, y no será porque Sánchez no deje migas por el camino. De hecho, la amnistía dejará a España, literalmente, hecha migas. Pero la Oposición, ay, sigue afinando el violón.

Vox, Vox, Vox

Nota del Editor. 10 Septiembre 2023

Vox es la solución. El pp ha demostrado que es parte fundamental del problema. De joven, estuve en la playa con el Frente de Juventudes, tiempos estupendos, gentes honradas, con las ideas claras, por España.

Y llevo más de treinta años avisando, casi solo en el bunker, guandando los papeles de las derrotas judiciales de los miserables que fallaron en contra o dictaron que no tenía importancia constitucional, o humana

Sí, Milei es nueva derecha

FRANCISCO JOSÉ CONTRERAS. gaceta. 10 Septiembre 2023

La nueva derecha ha de ser liberal, conservadora y patriótica —«o no será», que diría Malraux—. Liberal en la medida en que considera irrenunciables principios como la separación de poderes, la igualdad ante la ley o los derechos fundamentales (los verdaderos —libertad de religión, de expresión, de pensamiento, derecho a la vida, etc.—, no los pseudoderechos woke: al aborto, al «género autopercibido», etc.) y estima que la receta para la prosperidad es el aligeramiento del Estado, la rebaja fiscal, las facilidades para la inversión y la disminución de regulaciones. Conservadora porque sabe que no todo es mercancía y que esa consigna de liberalización no es extensible al ámbito del amor y la familia, amenazado más bien por un exceso de libertad que fragiliza los vínculos (hundimiento de la nupcialidad y de la natalidad: ambos están concatenados). Patriótica porque cree que el ámbito adecuado para la praxis liberal-conservadora es el Estado-nación, desdibujado por cesiones de soberanía hacia arriba (organizaciones internacionales) y hacia abajo (regiones autónomas con ínfulas de Estado en España; «pueblos originarios» en países hispanoamericanos infectados de indigenismo).

La gran cuestión es cómo conseguir el equilibrio entre las tres componentes, evitando que la radicalización de alguna anule a las otras dos. Esa anulación se daría, por ejemplo, en un ultraliberal que exija fronteras abiertas a la inmigración masiva (poniendo así en peligro la preservación del Estado-nación), en un ultraconservador que quiera acabar con la libertad religiosa porque «el error no tiene derechos» o en un ultrasoberanista que reclamase una autarquía a lo Enver Hoxha.

La irrupción fulgurante de Javier Milei en la política argentina es una gran noticia para la nueva derecha. Milei es conservador, entre otras cosas, porque defiende a ultranza el derecho a la vida desde la concepción, promete suprimir la aberrante Educación Sexual Integral, convertida allí como aquí en corrupción de menores, y quiere incrementar la inversión en policía y sistema judicial para restablecer la seguridad ciudadana. Y es patriota porque propone medidas enérgicas contra la inmigración irregular: prohibición de la entrada de extranjeros con antecedentes penales, deportación inmediata de los inmigrantes que cometan delitos…

Que Milei es nueva derecha fetén queda confirmado por el hecho de que recibe ataques de los puristas de cada uno de los tres sectores. Hay ultraconservadores que lo descartan por no ser católico practicante, por su interés por el judaísmo o porque una vez dijo que hablaba con su perro muerto. Más enjundia tiene la acusación —infundada— de defender la venta de órganos: Milei hizo una vez, en una entrevista televisiva, un comentario desafortunado en esa dirección —«¿por qué tendría el Estado que impedirme hacer lo que quiera con mi cuerpo?»— pero en los dos años que ha sido diputado no ha defendido nada parecido en sede parlamentaria, ni incluido propuestas al respecto en el programa de La Libertad Avanza; más aún, es el único político argentino que ha firmado la Carta Internacional para la Erradicación de la Trata de Niños y Adolescentes Con Fines de Explotación Sexual y Tráfico de Órganos. Su defensa teórica de la venta de órganos puede ser tomada como una boutade filosófica: Milei es un intelectual anarcocapitalista que está bajando de la utopía libertaria a la compleja realidad.

Finalmente, hay ultrasoberanistas que atacan a Milei por su propuesta estrella en materia económica: la dolarización (de lo que se trata no es de imponer el dólar, sino de suprimir el curso obligatorio del peso, permitiendo a los argentinos ahorrar y pagar en la moneda que prefieran, que posiblemente resultará ser el dólar, pues el peso ha perdido todo su valor tras décadas de irresponsabilidad monetaria de los políticos). Significativamente, los candidatos de Juntos por el Cambio (el PP argentino, para entendernos) y Unión por la Patria (kirchnerismo) coinciden en presentar a Milei como un vendepatrias: Sergio Massa, kirchnerista, ha hablado del «candidato esclavo de Wall Street».

Ver la moneda como un rasgo irrenunciable de la identidad nacional es un dislate. El dinero nació en el sector privado, no en el público: los comerciantes necesitaban un medio de intercambio que fuese fácilmente divisible, relativamente escaso y generalmente aceptado; la sal (de ahí viene «salario») o el maíz fueron usados como moneda en ciertas culturas, aunque casi todas terminaron prefiriendo los metales preciosos. El monopolio estatal de la moneda fue posterior, y desde un principio asociado a la tentación política de manipulación oportunista de la misma —contra ello advirtieron ya los maestros españoles de la Escuela de Salamanca—. Por cierto, el rol de moneda internacionalmente fiable que hoy cumplen el dólar o el euro lo tuvo durante siglos el real de a ocho español —«pieces of eight!«, graznaba el loro de Long John Silver en La isla del tesoro—, con amplia difusión en Europa, América y Extremo Oriente: el real de a ocho tuvo curso legal en Estados Unidos hasta 1857, y todavía a mediados del siglo XX el Gobierno comunista chino obligó a los campesinos a entregar los últimos, que atesoraban como reserva de valor.

En países como Argentina, la soberanía monetaria ha supuesto una maldición: los Gobiernos imprimieron dinero una y otra vez para financiar el gasto público, provocando inflación. La existencia de un Banco Central supuestamente independiente no ha frenado la manipulación política de la moneda: la inflación interanual en Argentina ha alcanzado el 113%, destruyendo ahorros y disuadiendo de inversiones.

La dolarización de Milei no es un salto al vacío libertario: ya ha sido aplicada con éxito en Panamá o El Salvador. El caso de Ecuador es especialmente aleccionador: en la década de los 90, todavía con «soberanía monetaria», la inflación anual osciló entre el 22% y el 91%; desde la dolarización de 2000, la inflación anual bajó inmediatamente de los dos dígitos, llegando a alcanzar tasas negativas en 2017. La situación económica del Ecuador dolarizado es mucho mejor que la de la Argentina soberanísima, y si no ha mejorado aún más, es porque entre tanto el país ha padecido a un presidente bolivariano como Rafael Correa, que duplicó el gasto público para financiar «programas sociales» e infraestructuras faraónicas.

Milei es nueva derecha: derecha de las ideas, derecha de la batalla cultural y de las reformas valientes, frente al tecnocratismo inane de los Macri, los Rajoy o los Piñera. ¿Cómo no desear suerte a un tipo que habla con esta claridad?: «El capitalismo es moralmente superior: propone el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad, y por eso sus instituciones se basan en la propiedad privada, la competencia, la no intervención, la cooperación social, la división del trabajo, donde el éxito deriva de servir al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio».

La alegría del golpe de Estado de Primo de Rivera

JORGE VILCHES. la razon. 10 Septiembre 2023

Mucho se ha escrito de la alegría general del 14 de abril de 1931, pero poco de la que hubo a mediados de septiembre de 1923 cuando se verificó el golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera. La historia de aquel acontecimiento ha estado enturbiada por la mitificación de la Segunda República como una democracia entre dictaduras. En buena medida, la interpretación canónica del final de la Restauración, de la dictadura de Primo y del papel de Alfonso XIII fue establecida por el relato que construyeron los partidos vencedores de 1931, en especial el PSOE, intentando borrar las huellas que dejaron entre 1917 y 1930. No hay que olvidar que a esto último han contribuido algunos historiadores recientes, que relatan la dictadura de Primo sin mencionar a los socialistas.

La tesis de Roberto Villa en 1923. El golpe de Estado que cambió la historia de España es que la acción de Primo de Rivera tuvo éxito por dos motivos: el sistema de la Constitución de 1876 estaba tocado de muerte desde 1917 por el deterioro cainita de los partidos, y, además, contaba con un gran apoyo popular y de las élites. La monarquía liberal, dice el autor, se había quedado sin sus pilares; es decir, ya no tenía un sistema sólido de partidos y el rey carecía de autoridad suficiente. Es más; la idea general era que el régimen estaba anticuado y que los políticos eran el problema, según habían predicado los regeneracionistas de la nueva política, siendo asumido por buena parte de la sociedad y de la milicia. A esto se unió la crisis de eficacia para resolver problemas del último Gobierno de la Restauración.

En esta circunstancia de desafección general llegó el detonante, que fue la crisis marroquí. Aquí Villa desmiente el argumento tradicional que explica la quiebra del sistema por el desastre de Annual en 1921, para enfocarlo en la gestión posterior de la crisis. Por tanto, no fue tanto la desgracia en sí como su uso político. La liquidación de la consecuencias, dice Villa, mostró el cainismo entre liberales y conservadores –los políticos del régimen–, y convirtió al Ejército en un partido militar con la pretensión de resolver la situación. En este mar revuelto apareció Primo de Rivera, que reunía las características del líder carismático y tenía la fuerza suficiente para ser el «cirujano de hierro» que decía Joaquín Costa. Sin elogiar al dictador, Villa se separa del relato que quiere convertir a Primo en un personaje execrable frente a la hiperventilada exaltación virtuosa de los líderes socialistas y republicanos. De hecho, estos mismos aplaudieron o aceptaron el golpe y al dictador.

¿Y Alfonso XIII?

¿Y Alfonso XIII? La tesis habitual es que el rey estuvo involucrado en el golpe con el objetivo de tapar su papel en la crisis marroquí. El asunto es más complejo. En el verano de 1923 Alfonso XIII supo que los socialistas y el sector «responsabilista» del Ejército querían instrumentalizar la comisión parlamentaria que investigaba Marruecos para enterrar definitivamente a liberales y conservadores. El objetivo era dejar al rey sin políticos en los que apoyarse y que cayera la monarquía porque, como dijo a Gabriel Maura, «los demás partidos tampoco podían encargarse del poder».

El monarca pensó entonces, verano de 1923, en una «dictadura constitucional» a través de la Junta de Defensa del Reino –el gobierno en pleno, jefes del Estado Mayor y ex presidentes–, para gobernar por decreto, y a los dos años convocar Cortes para ratificar lo hecho o exigir responsabilidades. «Aquello –dice Villa– no suponía la destrucción del régimen constitucional para establecer otro autoritario». Era una variante del gobierno de concentración nacional del Reino Unido durante la Gran Guerra. La tesis de Villa desmiente la idea de un rey-dictador regeneracionista que desde niño quiso asumir todo el poder, y muestra a un hombre desesperado que no quería desligarse de la Constitución. En este sentido, Villa interpreta el discurso de Alfonso XIII en Córdoba de mayo de 1921 como una expresión de la desesperanza y la frustración ante los obstáculos de las «pequeñeces de la política», dijo el rey, que impedían el «progreso y bienestar de España». Por eso afirmó que «dentro o fuera de la Constitución tendría que imponerse o sacrificarse por el bien de la patria». Fue una queja por el egoísmo de muchos, y un llamamiento al patriotismo.

El modelo de Alfonso XIII para resolver la crisis era el del gobierno británico en la Gran Guerra, repito, no una dictadura militar. A esto Roberto Villa añade una conclusión interesante que levantará polvo: el rey no tuvo nada que ver en el golpe de 1923, sino que lo aceptó porque no tenía alternativa. Alfonso XIII intentó encauzar el golpe por vías constitucionales nombrando a Primo presidente del gobierno, pero fracasó el 14 de septiembre. El rey comprobó que, lejos de ser un pronunciamiento de parte como en el siglo XIX, el golpe de Primo de Rivera concitaba la práctica unanimidad nacional porque se trataba de hacer una revolución incruenta. Si Alfonso XIII se hubiera opuesto al golpe, aventura Villa, «sus promotores le hubieran obligado a renunciar» porque creían que la «salvación de España» estaba por encima del mantenimiento de la monarquía o de su titular. El rey no quería ser destronado, lógicamente, y seguir la suerte de Isabel II en 1868, en la que un movimiento nacional se llevó la dinastía por delante, como acabó pasando en 1931.

El golpe de septiembre de 1923 fue el resultado del repudio general al gobierno de Concentración Liberal de García Prieto y Santiago Alba, que constituían en sí mismos una prueba de la crisis de eficacia que sumía a España en un impasse complicado con huelgas, independentismo catalán e inestabilidad política. Primo supo encauzar el malestar de los militares, muchos al borde del putsch incontrolable, y quiso contar con el apoyo de políticos y periodistas para que la opinión mostrara que era un movimiento nacional contra la situación. El «sostén civil», como dice Villa, se fraguó sobre la idea de evitar la impunidad de los «políticos profesionales», y de ahí el aplauso que consiguió Primo.

El dictador no impidió la petición de responsabilidades, muy al contrario, e incluso, señala el autor, «inhabilitó políticamente a un monarca» del que «desconfiaba». Esto le granjeó el apoyo de los republicanos, que aplaudieron hasta que consideraron que Primo no «republicanizaba» el régimen. El PSOE y la UGT colaboraron porque vieron una oportunidad para quedar como el gran sindicato español frente a la CNT y para avanzar hacia el socialismo, del mismo modo que luego entendieron la República como una vía a la dictadura del proletariado. La democracia era algo secundario para los dirigentes socialistas.

El golpe de Primo tuvo un éxito inicial indudable, tanto que sorprendió a Alfonso XIII, que no esperaba la densidad de apoyos civiles, lo que contrastaba con la soledad del Gobierno de Concentración Liberal. Ese apoyo y aceptación lo demuestra Villa en unas impagables citas de políticos de la época, al final de la obra, de Alcalá-Zamora, Cambó o Companys. El libro, en fin, resulta una pieza imprescindible para entender el origen del golpe de Primo de Rivera, con una argumentación rigurosa apoyada en documentación en parte inédita, y que sirve para reflexionar sobre la situación actual de la democracia del 78.

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Antes muerta (y progresita) que sencilla

AGUSTÍN GARCÍA. okdiario. 10 Septiembre 2023

No les voy a hablar del último cambio de opinión de Pedro Sanchez, en forma de amnistía. Tantos y tan bien han escrito que poco puedo aportar. Y menos, si quien ha de escuchar solo tiene oídos para Puigdemont, Otegui y cía. No es no, ya nos lo ha dicho.

Tan solo podría repetir los argumentos del presidente del Supremo, cuyo corte apenas salió en el telediario, antes de dar paso al affaire Rubiales. Tan solo podría repetir que es otra mentira, una traición, inconstitucional por mucho que Pumpido diga amen señor, un privilegio que rompe la igualdad y la dignidad del resto de españoles, un insulto al españolito que cumple la Ley, un desprecio a los catalanes hostigados, un trueque entre castas. Eso es la amnistía.

Pero como de eso, del qué, ya escriben otros, yo les voy a hablar del por qué. De esa coletilla que repiten ministros y ministrables, políticos y politiquillos y tantos tertulianos afectos. De esa frase que, prepárense, van a escuchar mañana, tarde y noche: lo que se pacte con Puigdemont es para “conformar un gobierno progresista”. Esa es la excusa, el leitmotiv, la razón que todo justifica.

Qué tiene ese progresismo, coartada de tantas mentiras y traiciones, que mueve a más de siete millones de electores a votar a un falsificador de tesis que, cuando se mea en sus promesas, dice que es un cambio de opinión. Qué tiene ese progresismo que, en su nombre, se vota a quien ha roto la neutralidad de la Fiscalía General y del Tribunal Constitucional, a quien cesa a un coronel por cumplir su deber o a una directora del CNI para contentar a delincuentes, a quien rebaja penas a violadores o beneficia a etarras no arrepentidos. Qué tiene ese progresismo, para que nada de eso cuente.

Algunos intentamos encontrar argumentos, sin darnos cuenta de que el progresismo es una mentalidad, más que un conjunto concreto de principios, una actitud nebulosa elástica y adaptable, como nos decía el desencantado Andrew Anthony en El desencanto, buen libro para tantos socialistas arrepentidos. Ser progre dejó de ser una ideología para pasar a ser un estado mental. Progre se es y se siente, no se justifica. Y la esencia no muda, se adapta y desoye cualquier razón por muy aplastante que sea.

Y ese es el problema. El sectarismo de izquierdas hipnotiza al personal con un peligroso eufemismo, progresista. Y así, un murciano o un aragonés votan a un PSOE que les va a menospreciar frente a otros territorios, a un PSOE que regala la impunidad a los separatistas y que rompe el discurso del Rey del 3 de octubre de 2017 en mil pedazos y legitima el intento de secesión.

El buen progre vota a un Sánchez de carne y hueso para frenar a un fantasma imaginado, con el que previamente le han asustado, vota a un Sánchez que prefiere una España antes rota y plurinacional, que sencillamente una y unida; una España, antes de Puigdemont, que conservadora. Una España, antes muerta que sencilla. Pero así tendremos un gobierno progresista. Todo sea por el progreso, por avanzar, aunque el avance sea hacia el precipicio.

Enhorabuena, sanchistas, el 23 de julio escribisteis el futuro de España y, ya lo dije en estas columnas, ojalá no os tengáis que avergonzar. Algunos, Felipe y Alfonso, ya empiezan a hacerlo.

Amnistía: o el Constitucional prevarica o no hay tu tía

EDUARDO INDA. okdiario. 10 Septiembre 2023

A Adolfo Suárez le bastaron 25 días desde su sorpresivo nombramiento como presidente del Gobierno para hacer realidad una vieja demanda de la oposición antifranquista en el exilio: la amnistía. Fue nombrado el 5 de julio de 1976 y el 30 anuló vía decreto ley el delito y la pena de un importante elenco de españoles encarcelados por la dictadura por motivos políticos. Quedaron fuera del borrón y cuenta nueva los reos que habían herido o asesinado a personajes relacionados con el régimen anterior. Fue el primer gran hito de un primer ministro empeñado en «elevar a categoría de normal lo que en la calle es normal». Los perdedores de la Guerra Civil empezaron a percatarse de que, esta vez sí, las cosas cambiarían definitivamente y que España ingresaría en el selecto club de las naciones democráticas. Y no se equivocaron.

Meses más tarde, aquel pequeño paso se transformó en un gigantesco salto para la reconciliación con la Ley de Amnistía de octubre de 1977 pergeñada, entre otros, por ese gran amigo que es el cinco veces ministro Rafael Arias-Salgado, una de las mentes más lúcidas del último medio siglo. Un viejo sueño que habían reclamado infructuosamente allende nuestras fronteras desde Negrín hasta Madariaga, pasando por intelectuales de la talla de Max Aub o Wenceslao Roces. Significadísimas voces hicieron lo propio desde el interior, lo cual tiene tanto más mérito teniendo en cuenta que El Pardo no se andaba con chiquitas: genios de la talla de Lucio Muñoz, Benjamín Palencia, Martín Chirino o el eterno Antonio López reclamaron repetidamente la libertad de los españoles encarcelados por motivos políticos.

La Ley de Amnistía eliminó la responsabilidad penal hasta de los etarras responsables de los más viles asesinatos, como los que perpetraron la masacre de la cafetería Rolando de Madrid (13 muertos y un sinfín de heridos) e incluso los que acabaron con la vida del penúltimo presidente del Gobierno del general Franco: Luis Carrero Blanco. La generosidad del tándem Juan Carlos-Suárez fue indiscutible: salieron a la calle 17.773 presos políticos y comunes y se extinguió el delito y la pena de no menos de 1.000 miembros de la banda terrorista ETA —las cifras exactas son un auténtico misterio—.

Comparar la indulgencia del dueto que lideró la Transición con la que exigen los golpistas catalanes para que Pedro Sánchez pueda seguir volando en el Falcon de las narices es un insulto a la moral, la inteligencia y la realidad. La amnistía de hace 46 años sirvió para perdonar a todos aquellos que habían luchado contra una dictadura que, como cualquier régimen totalitario, portaba en sus entrañas el gen de la injusticia. El gratis total que plantean ahora Sánchez y sus colegas etarras y golpistas catalanes nada tiene que ver porque España es una democracia plena, un Estado de Derecho en el que no se procede contra nadie por sus ideas, en el que hay libertad de expresión, partidos políticos, separación de poderes y libertad de movimientos.

Los amnistiados en el 77 habían sido condenados por una tiranía, muchos de ellos por haberse opuesto con todas sus fuerzas a un sistema que perseguía la disidencia, la encarcelaba y que torturaba con notabilísima frecuencia. Los sancionados por el Supremo en 2019 lo fueron por cometer un golpe de Estado contra un régimen democrático en el cual no sólo se puede defender cualquier idea sino que, además, es posible modificar el statu quo dentro de los márgenes establecidos. Vamos, que un referéndum de independencia puede convertirse en una posibilidad plenamente legal si se reforma la Constitución. Lo que no se puede hacer en España, ni en ninguna otra democracia digna de tal nombre, es convocar un plebiscito por tus santos bemoles ni proclamar la independencia y la república porque te da la gana. Eso es propio de franquitos de la vida.

A más a más, conviene recordar la generosidad de una Sala Segunda del Tribunal Supremo que recortó de rebelión a sedición el tipo máximo aplicado a los participantes en el segundo gran putsch en 46 años de libertad. Lo que a todas luces constituía una rebelión de libro quedó reducido a una sedicioncilla con el nauseabundo trágala de la «ensoñación» del magistrado Luciano Varela. Vamos, que la vida fue purito Calderón de la Barca, es decir, sueño, aquel trágico octubre de hace seis años.

Los tejeritos catalanes no se pueden quejar. Su tronco Pedro Sánchez les regaló el indulto, derogó el delito de sedición y rebajó la malversación hasta tal punto que el robo de dinero público quedó cuasilegalizado. Ahora le exigen la amnistía de Puigdemont y los otros 4.000 participantes en la intentona golpista. El expediente penal de todos ellos quedará limpio como la patena y a otra cosa, mariposa. Y esa otra cosa ya han avisado que será un nuevo referéndum ilegal. ¿Cuántas veces hemos escuchado el maldito y no menos chulesco «lo volveremos a hacer»?

El drama para las ansias de poder de Pedro Sánchez es que la amnistía es de una inconstitucionalidad nivel dios. El artículo 62 no es siquiera interpretable. Afirma textualmente que «corresponde al Rey ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que NO PODRÁ CONCEDER INDULTOS GENERALES». Conclusión: si prohíbe taxativamente unos indultos generales que perdonan la pena pero no anulan los antecedentes penales, ¿cómo va a ser legal una amnistía que borra ambas cosas? Resulta hasta perogrullesco colegir que si se proscribe lo menor, lo mayor está implícitamente prohibido.

A Sánchez no le hace falta dar un golpe de Estado blando para blanquear el golpe duro que representó el 1-O. Lo puede hacer sin necesidad de poner en práctica esa costumbre que es para él torcer la ley. Que reúna tres quintos del Congreso y otros tantos del Senado y tendrá esa Ley de Amnistía que le exige ese nuevo socio en ciernes que es Carles Puigdemont. Así es como hace las cosas un demócrata. El problema es que a nuestro todavía presidente le molan más el modelo Erdogan o la versión Maduro. Lo normal en un autócrata.

Resumiendo, que es gerundio. La Ley de Amnistía acabará en un Constitucional que tendrá la última palabra a la hora de defender la España del 78 o cargársela definitivamente. Y sólo una prevaricación de padre y muy señor mío podrá hacer realidad los deseos de su señor, Pedro Sánchez. Digo su señor, Pedro Sánchez, y digo bien, porque es el que los nombró. O, para ser exactos, el que digitó a la mayoría izquierdista, Cándido Conde-Pumpido incluido. Y el que nombra, normalmente manda. Se van a inventar la golfería jurídica de que el legislador constituyente no incluyó expresamente en la Carta Magna la ilegalidad de esa medida de gracia total que es la amnistía. De locos porque como he advertido hace dos párrafos si lo menor, los indultos generales, figura expresamente al margen de la ley, lo mayor es física y metafísicamente imposible que sea legal.

No sólo lo digo yo, lo suscriben toda suerte de juristas y la absolutísima mayoría de los gerifaltes socialistas. Desde Felipe González hasta Alfonso Guerra, pasando por Ramón Jáuregui, Nicolás Redondo Terreros, Joaquín Leguina y Jordi Sevilla. De momento. Pero he de recordar también que en su día se pronunciaron en los mismos términos Carmen Calvo, Juan Carlos Campo, Miquel Iceta, Salvador Illa, Adriana Lastra y Grande-Marlaska. Este último, juez de carrera, lo pudo decir más alto pero no más claro: «La amnistía no está reconocida en nuestro ordenamiento jurídico».

El golpismo blanco tiene todos los ases en la manga. La mayoría izquierdista en el Constitucional sacará adelante esta salvajada aun en el quimérico caso de que el ex notario mayor del Reino Juan Carlos Campo se abstenga. El destino quiera que me equivoque pero me temo que enfilarán el pulgar rumbo al cielo Conde-Pumpido, Inmaculada Montalbán, María Luisa Balaguer, el podemita Ramón Sáez, María Luisa Segoviano y Laura Díez. Concha Espejel, César Tolosa, Ricardo Enríquez y Enrique Arnaldo quedarán como héroes únicos de la legalidad, la decencia, la ética y el Estado de Derecho salvo que en el bando contrario aparezca un inesperado o inesperada Robin Hood que se viste por los pies. Termino con una reflexión que no por obvia deja de ser necesario recordar. Y menos en estos tiempos de inquietante zozobra democrática: «La amnistía no entra en la legislación ni en la Constitución». Por cierto: no es mía. Adivina, adivinanza: ¿quién la soltó? ¡¡¡Pedro Sánchez!!! ¿Cuándo? Pues no hace 10 años, cuando aún era un tipo normal y un socialdemócrata de manual, sino ¡¡¡el 20 de julio de 2023!! Es decir, hace 52 días. Vivir para ver.

¿Cómo parar a Sánchez?

Alejo Vidal-Quadras. vozpopuli. 10 Septiembre 2023

España se enfrenta a un problema de enorme gravedad que sin duda los constituyentes de 1978 no previeron y que no hubiera cabido ni por asomo en su imaginación. Un candidato a presidente del Gobierno está dispuesto, con tal de obtener la mayoría necesaria en el Congreso para su investidura, a dinamitar la obra de la Transición saltándose nuestra Ley de leyes, la independencia de los poderes y el sacrosanto principio de la igualdad de todos los españoles en derechos y en deberes. En efecto, las dos exigencias planteadas por el prófugo de la justicia Carles Puigdemont a Pedro Sánchez, la amnistía para todos los encausados por el intento de golpe de octubre de 2017 y la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña, son ambas de realización imposible en el marco legal vigente. Por tanto, satisfacerlas implicaría abrir la puerta a la transformación de España de un Estado de Derecho a una autocracia arbitraria y de una monarquía constitucional y parlamentaria a una república confederal de naciones de nuevo cuño liquidando así la existencia de una unidad multisecular consagrada por la historia y perfectamente establecida en el Título Preliminar de nuestra Norma Fundamental. Por increíble que parezca, esta es la situación en la que nos encontramos y la pregunta que da título a esta columna adquiere absoluta relevancia: ¿Hay alguna forma sin rebasar el perímetro del orden jurídico en vigor de impedir que el presidente de Gobierno en funciones cometa la barbaridad que pretende?

Ignacio Camuñas ha señalado recientemente la necesidad de que el Rey, antes de proponer al Congreso un candidato a presidente del Gobierno, ha de escuchar a todos los Grupos Parlamentarios y si algunos de ellos se mantienen en su actitud rebelde de no acudir al palacio de La Zarzuela para cumplir el trámite de la consulta real, al jefe del Estado le sería imposible constatar fehacientemente el volumen de apoyos con los que cuenta Sánchez y, en consecuencia, éste no obtendría la designación. Se daría así la paradoja de que los mismos que piensan utilizar al candidato para conseguir sus disolventes fines, le barrerían el paso a La Moncloa. Otro aspecto que señala con acierto el ex ministro de Relaciones con las Cortes es que, si el Rey comprueba en sus contactos con los Grupos que las condiciones impuestas a Sánchez son incompatibles con el ordenamiento constitucional y, entiendo yo, en aplicación del artículo 56.1 de nuestra Carta Magna (el Rey “arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones”) tampoco cursaría la propuesta a la presidenta de las Cortes.

Además de las dos dificultades apuntadas, que son sin duda de calado, hay otros mecanismos posibles para salvar a la Nación de su disgregación y a la justicia de ser burlada. El primero consistiría en que el monarca, siempre de acuerdo con el mencionado artículo 56.1, llamase a capítulo a los líderes de los dos partidos más votados en las últimas elecciones generales y les instase a ponerse de acuerdo en la formación de un Gobierno de gran coalición que liberase a España del chantaje separatista. El Rey actuaría así con el máximo respeto a su papel constitucional y los dos interpelados cargarían con la responsabilidad si rechazasen su consejo. Una segunda vía estribaría en que Feijóo, como cabeza de la fuerza más votada, le ofreciera a Sánchez la fórmula del Gobierno de gran coalición sobre la base de un programa pactado que afrontase las reformas estructurales que España necesita. Una negativa de Sánchez a esta posibilidad pondría de relieve su preferencia por tener como socios a los enemigos contumaces de España antes que al otro principal partido nacional. Una tercera se situaría en el seno del PSOE. Si el conjunto de sus figuras señeras que en estos días han manifestado claramente su rechazo a los planes de Sánchez, Felipe González, Alfonso Guerra, Nicolás Redondo, Ramón Jáuregui, Joaquín Leguina, Paco Vázquez, Virgilio Zapatero y otros de similar relevancia, forzasen, poniendo en juego su prestigio y su autoridad moral, un cambio de posición del Comité Federal en defensa de la Constitución, del imperio de la ley y de la unidad nacional, el secretario general del PSOE se vería obligado a renunciar a sus turbios designios. Una cuarta ocurriría si el pueblo español se lanzase en masa a la calle y los estamentos más destacados de nuestra sociedad, empresariales, financieros, funcionariales, profesionales, culturales e intelectuales, emitiesen al unísono mensajes contundentes e inequívocos de protesta y condena. Semejante reacción masiva podría tener efectos disuasorios sobre Sánchez. Y, por último, cabe la tenue, muy tenue esperanza, de que, a la hora de la verdad, entre los ciento veintiún hombres y mujeres que ocupan los escaños socialistas en el hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo, haya siete, tan sólo siete, que alberguen todavía en sus conciencias el patriotismo y el recto sentido moral que les presten el ánimo suficiente para abstenerse en una eventual votación de investidura de un Sánchez voluntariamente prisionero del independentismo.

Si por cualquiera de estos caminos Sánchez viese frustrada su intención de consumar la traición a su país con la que hoy nos amenaza, se convocarían nuevas elecciones en las que los españoles disfrutaríamos de la oportunidad de corregir el endiablado resultado de las urnas del pasado 23 de julio. Si acaece esta circunstancia, ojalá sepamos aprovecharla.

Sánchez dio a la Generalitat 1.240 millones cuando empezó a negociar su investidura con los separatistas

ROBERTO PÉREZ BLASCO. okdiario. 10 Septiembre 2023

Los independentistas catalanes redoblan su órdago pidiendo una ley de amnistía para sus golpistas, pero no se olvidan del dinero del Estado. Y tiran de él a lo grande, con el beneplácito de Pedro Sánchez, que regaló a la Generalitat más de 1.200 millones de euros en julio, cuando iniciaba sus negociaciones con Puigdemont.

Los secesionistas siguen exprimiendo la caja de dinero público que tiene en sus manos Pedro Sánchez y con la que aprovecha para regar sus pactos con los secesionistas. «Moncloa ha acelerado las concesiones financieras a la Generalitat de forma muy evidente para alimentar sus negociaciones con ERC y Junts», reconoce a OKDIARIO un veterano del nacionalismo catalán que mantiene contactos directos con la Administración catalana. Y los documentos oficiales de la Generalitat que ha localizado este periódico lo confirman.

Las exigencias financieras de la Generalitat y las prebendas concedidas en este sentido por la coalición sociocomunista de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz parecen haber quedado en un segundo plano en las últimas semanas, pero no es así en realidad.

Según documentos oficiales del Gobierno catalán a los que ha tenido acceso OKDIARIO, coincidiendo con el inicio de sus conversaciones con los independentistas tras el 23J, Sánchez ha regalado a la Generalitat del ex presidente Puigdemont otros 1.240 millones de euros a fondo perdido en forma de préstamos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), ese enorme banco estatal del que abreva el independentismo a costa del resto de España.

Los independentistas lo dejaron claro en cuanto empezaron a negociar con Sánchez una nueva investidura. Nada más conocerse los resultados que había arrojado el 23J, que dejan a Sánchez en manos de la ERC del golpista Oriol Junqueras y del Junts del fugado Puigdemont –además de los proetarras de Bildu–, los secesionistas catalanes plantearon sus exigencias y la Generalitat ha empezado a cobrárselas. Y entre ellas destaca, además de su particular hoja de ruta independentista que incluye la amnistía, el perdón de la deuda acumulada por la Generalitat con el conjunto de España: todo el dinero que ha recibido del FLA y no ha devuelto.

Amenaza de impago

Pese a esa exigencia, que a cualquier prestamista le haría cerrar el grifo al cliente que pone sobre la mesa el impago de lo atrasado, Pedro Sánchez engordó el dinero inyectado a la Generalitat. Según los datos oficiales a los que ha tenido acceso OKDIARIO y todavía no desvelados por el Gobierno central, Sánchez transfirió al Ejecutivo catalán en julio 1.240 millones de euros. Con ellos se alimenta la maquinaria administrativa en la que se sustenta el independentismo. Sólo una pequeña porción va para devolver los créditos atrasados. Por eso, la deuda neta de Cataluña con el resto de España no para de engordar.

La cantidad entregada en julio a la Generalitat por el Gobierno de Sánchez es inusualmente elevada si se compara con la que le transfirió en junio por la misma vía, justo antes de las elecciones generales. Aquel mes le prestó 708 millones de euros. Es decir, el inicio de las negociaciones para una nueva investidura le hizo tirar de chequera estatal con una generosidad disparada: prestó al Ejecutivo independentista que preside Pere Aragonés (ERC) otros 1.240 millones.

Privilegio a costa del resto de España

Hay que tener en cuenta que el FLA es un privilegio del que disfruta prioritariamente Cataluña. La otra autonomía más beneficiada es la Comunidad Valenciana, pero a mucha distancia de sus vecinos.

Es un privilegio porque, en la práctica, constituye un mecanismo de financiación del que no disfrutan la inmensa mayoría de las autonomías. Y en ningún caso con tan grandes cantidades Las hay que no reciben ni un euro: el caso más evidente es el de la Comunidad de Madrid.

Así, entre enero y julio, Moncloa ha engordado las arcas de la Generalitat catalana con unas transferencias presupuestarias de 5.083 millones de euros, entre subvenciones corrientes y de capital. Y a ello se añadieron 8.526 millones que les regaló por la vía del FLA.

El lado golfo de la política

Gregorio Morán. vozpopuli. 10 Septiembre 2023

Desconfíe de quien le dice que no le interesa la política. O es tonto o es pobre. Pasa algo parecido con los que aseguran que no tienen interés por el dinero, o por el sexo. Averigüe y descubrirá con toda probabilidad carne pusilánime de psiquiátrico. Es como quien asegura que no le interesa la Hacienda pública. No se preocupe, porque la Hacienda sí que se interesa por usted y le importa un comino su desinterés, siempre que pague. Estamos metidos en un embrollo político como no se recuerda en democracia. Las urnas han dejado una radiografía del país entre el tumor maligno y la infección crónica. Todo lo más tenemos acceso a mirar la placa y hacernos una vaga idea de cómo va a quedar el paciente tras los paliativos. Si no deciden quienes pueden hacerlo ir a unas nuevas elecciones sabemos que entramos irremisiblemente en la UVI.

Este país plurinacional, plurilingüe, pluri moderno y pluri endeudado, al que llamamos España para entendernos sin entendernos, no tiene gobierno en vistas a menos que le dé el visto bueno un fugado de la justicia cuya primordial tarea, como es lógico, consiste en que le quiten de un plumazo todos los delitos para volver a cometerlos. Y gracias a su predisposición exige que se resetee la historia y pueda aparecer como vencedor virginal sobre los cadáveres políticos y la catástrofe social que él provocó con su independencia de 44 segundos. El incompetente apestado alberga la querencia de volver en olor de multitudes. En sus manos está el poder. Lo que podría traducirse como que el Gobierno está en venta de chalanes.

El aspecto más llamativo del camino de Pedro Sánchez hacia la presidencia del Gobierno no lo representa la crisis del PSOE, manifiesta desde la derrota electoral de Felipe González en 1996 y que dio un vuelco irreversible con el descubrimiento de Rodríguez Zapatero como líder de invernadero -de León al cielo pasando por las nubes-. Un partido renacido en el Gobierno entra en crisis letal cuando pasa a la oposición.

La alianza de Sumar con los nacionalistas, ya iniciado por Podemos cuando no había empezado su deriva hacia la secta empoderada, tiene antecedentes que no se valoran como debieran. El monopolio del patriotismo que exhibía con desvergüenza el franquismo favoreció el desdén por la idea de España, tan reputada por los republicanos incluso durante la guerra civil, no digamos en el largo exilio. Eso se rompió durante el tardofranquismo y cada cual escribió su parida sobre la España federal, las patrias hispanas y demás zarandajas. El PSOE se decía federal hasta vísperas de su arrolladora victoria de 1982, incluso el Partido Comunista en boca de su lideresa, Dolores Ibárruri “Pasionaria” publicó un librito infumable, hoy retirado hasta de sus memorias y biografías, titulado “España, estado plurinacional”.

Hay que decirlo con rotundidad infrecuente: la transición resultó una victoria mayor para los nacionalistas que para los demócratas antifranquistas. Después del Proceso de Burgos, en diciembre de 1970, la cuestión vasco-catalana que para la izquierda siempre había sido secundaria adquirió un vigor inusitado. En aquel entonces ETA atraca La Naval de Bilbao y consigue un botín de 3 millones que envía a las viudas de los obreros de la construcción asesinados por la Policía en Granada. La organización terrorista se divide entre los que están a favor de la solidaridad y los que consideran que, obrero o patrón, un español es un enemigo. Esa división tendrá consecuencias que durarían hasta anteayer y que hubiera podido explicar Patxu Unzueta, líder de una de las facciones y que moriría ejerciendo de editorialista de “El País” en Madrid.

Hemos entrado en el bosque de las palabras y ese territorio consiente las fórmulas más ortopédicas. Por ejemplo, “la articulación territorial” que utilizan todos sin excepción y que no sé muy bien qué quiere decir, aunque tenga una vaga idea de lo que ocultan. Jaume Asens, un nacionalista que lleva desde siempre en la supuesta izquierda woke del independentismo y que sirve de interlocutor del Gobierno en funciones por delegación de Sumar, ha logrado una aridez lingüística que no conocíamos desde los viejos escolásticos de Salamanca. La diferencia entre “condiciones para la investidura” y “condiciones para hablar de la investidura”. Y todo a cuenta de la amnistía y el referéndum.

El brazo supletorio del Gobierno Sánchez que es Sumar y muy en concreto Yolanda Díaz marca las líneas que vamos a sufrir con una cadencia inusitada. No hay día sin una aportación a la causa; desde el Referéndum de la OTAN no se ha visto cosa igual y a fe que esto lo supera. Como si pasaran lista a los columnistas de los medios afines. En un digital de la factoría se titula que “Felipe Gonzàlez es el portavoz de Vox”. Cabe todo, pero lo fundamental se oculta y se mantiene. La supuesta izquierda institucional está volcada en mantener el Gobierno de Pedro Sánchez porque le va la vida. El espejo de Podemos es alargado y consiente contemplar que cuando se cortan los fondos se empequeñece el producto. Quizá es que no hay otra cosa que ofrecer más que palabras, mientras que el nacionalismo independentista tiene muy claro que el poder le concede la gran oportunidad de su vida, quizá la única y no sé si la última.

La fuerza proporcional de Vox se puede medir a partir del desdén de la izquierda institucional hacia una sociedad que asiste perpleja al juego de gañanes. Cambio una carta de lenguas autóctonas por una presidencia del parlamento. Cambio un perdón generalizado por un guiño cómplice a lo bueno que es dialogar. Cambio gobierno por territorio. La gente olvida que una influencer de la radio fue capaz de exigir en público el diálogo con los asesinos cuando el cadáver de Ernest Lluch aún estaba caliente y fue, cómo no, en Barcelona y nadie dijo nada salvo murmullos.

Junts, el quinto partido de Cataluña -1,6 %- tiene agarrado de los cojones al maquinista de un tren atiborrado de personal en cuarentena que o viaja o agoniza. Lo patético del bosque de palabrería es que la Constitución es como la suegra, a la que detestan y querrían ver muerta, pero a la que debe hacerse referencia para que toda la familia no se vaya al carajo porque la ciudadanía se subleve.

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