Recortes de Prensa Domingo 22 Octubre 2023

Zelenski lamenta el ataque en la región de Járkov

El Confidencial. 22 Octubre 2023


El presidente ucraniano Volodímir Zelenski ha lamentado a través de la red social X, antiguo Twitter, el ataque que ha sufrido la región ucraniana de Járkov.


Hace 1 horas 58 minutos 08:32

Moscú convoca al encargado de negocios checo por acusar a fuerzas rusas de una matanza de civiles en Ucrania

El encargado de negocios de República Checa en Rusia, Jan Ondrejka, fue convocado el pasado 17 de octubre por el Ministerio de Exteriores ruso en señal de protesta después de que el Gobierno checo denunciara una matanza de civiles a manos de fuerzas rusas en la ciudad ucraniana de Groza que el Kremlin ha desmentido categóricamente.


La acusación fue trasladada por el ministro de Exteriores de República Checa, Jan Lipavsky, el pasado 12 de octubre, día en que condenó el "ataque bárbaro" de fuerzas rusas contra la población civil de Groza a principios de mes y que se saldó con unos 60 muertos.


Hace 1 horas 59 minutos 08:32

Al menos 6 muertos al impactar un misil ruso en una terminal de correos en Járkov

Al menos 6 personas han muerto y otras 14 han tenido que ser hospitalizadas al alcanzar un ataque ruso una terminal de correos en la región ucraniana de Járkov (noreste), informó este sábado la Administración Militar de la zona.


El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, había denunciado minutos antes el ataque. “Un misil ruso ha impactado en una terminal de correos”, dijo en sus redes sociales Zelenski, que subrayó el carácter "civil" de la infraestructura golpeada y pidió "incrementar la presión" sobre Rusia como respuesta a sus acciones de "terrorismo".


GOBIERNO DE ESPAÑA

Hamás, Putin, Maduro o los ayatolás: así ha torpedeado Podemos la posición de España en el mundo

Pelayo Barro. okdiario. 22 Octubre 2023


Cada vez que España debe posicionarse ante una crisis de envergadura a nivel mundial, de las que aglutinan a todo occidente de forma unánime en torno a una misma posición, el Gobierno de España se rompe en dos. La última, a raíz del masivo ataque de Hamás contra Israel, tras la que Sumar y sobre todo la rama de Podemos han mostrado su afinidad hacia el grupo terrorista radicado en Gaza. El choque diplomático provocado con Israel por la postura de parte del Consejo de Ministros se ha producido en otras ocasiones: la invasión rusa de Ucrania, las protestas en Irán por el asesinato de Mahsa Amini (que superaron el medio millar de muertos), o las de Venezuela contra el régimen de Nicolás Maduro (con al menos 130 muertos).


Podemos, con sus ministros en funciones en el Gobierno de Pedro Sánchez, es capaz aún de marcarle el paso a la diplomacia española. Se pudo comprobar este mismo lunes, cuando el discurso de la ministra Ione Belarra, voz autorizada de Podemos, acusó a Israel de «genocidio» en su respuesta a Hamás, provocó una respuesta sin precedentes por parte de la embajada de Israel en Madrid. La delegación hebrea en España denunció públicamente en un comunicado que miembros del Consejo de Ministros -sin citar quienes- se habían «alineado» con el «terrorismo tipo ISIS».


Podemos ante Israel y Hamás

Ese comunicado de la Embajada de Israel fue contestado apenas una hora más tarde por el Ministerio de Exteriores. No hubo llamada interna al orden en Moncloa, sino todo lo contrario: el Gobierno de Sánchez anunció que respaldaba a sus ministros de Podemos y calificaba su posición de «libertad de expresión».


La respuesta del Gobierno a los ataques de Hamás contra Israel ha estado marcada por el freno de mano que imponen los socios de Sumar y Podemos en el Gobierno. De momento, Pedro Sánchez es un único líder europeo que no ha viajado a Israel a mostrar su apoyo al Gobierno de Netanyahu tras los ataques. Sánchez tampoco firmó la carta de apoyo a Israel de varios países occidentales tras el asalto a civiles de Hamás para no molestar a Sumar ni a Podemos. Fue, además, uno de los últimos líderes en llamar al primer ministro israelí.


Podemos, Rusia y Ucrania

Algo similar ocurrió en febrero de 2022. A finales de ese mes, Rusia invadió Ucrania, en un desafío del presidente Vladimir Putin a toda la comunidad internacional y a la OTAN. El cierre de filas en occidente ante la invasión fue total… menos en España.


El Gobierno español fue el último de los socios europeos en anunciar el envío de ayuda y material defensivo a Ucrania para hacer frente a la invasión rusa. Una imposición de Podemos en el Consejo de Ministros. Lo hizo más tarde, tras un agrio debate interno en el Consejo de Ministros, donde de nuevo la rama de Podemos trataba de bloquear los envíos y responsabilizaba de lo ocurrido a la OTAN. Un mensaje que caló muy hondo en la Alianza, a pocos meses de que se celebrase en Madrid una cumbre determinante para el futuro de la organización cuya organización se atacó desde el propio Consejo de Ministros de Sánchez.


Cuando se anunció el primer envío de armamento, Podemos respondió por boca de su líder, Ione Belarra: «Contribuir a la escalada bélica no va a resolver antes el conflicto y puede llevarnos a un escenario completamente incierto y muy peligroso de conflicto mundial».


Poco después, el ex líder y fundador de Podemos, Pablo Iglesias, difundió en sus redes y a través de su conglomerado de medios diversos bulos sobre el armamento enviado por España. Según sostuvo, las armas españolas -lanzadores antitanque C-90- habían terminado en manos de grupos neonazis ucranianos. Las imágenes correspondían a otro tipo de armamento, ajeno al español, y el bulo había sido creado por la propaganda rusa. Iglesias llegó a hacer un llamamiento a la «rendición» de Ucrania para evitar bajas.


Durante un año, Podemos intentó bloquear sistemáticamente el envío de ayuda a Ucrania. Una posición contraria a la homogénea que ha mantenido la UE y los aliados de la OTAN.


Podemos, Irán y Mahsa Amini

Irán, otro de los países con los que Podemos tiene vinculación directa-como reconoció y justificó el propio Pablo Iglesias-, fue escenario en septiembre de 2022 en adelante de grandes protestas por la muerte de la joven Mahsa Amini.


Amini era una chica de 22 años iraní, de origen kurdo, a la que la llamada policía de la moral iraní detuvo en el metro de Teherán por no llevar el hiyab, el pañuelo islámico que la teocracia de los Ayatolás impone a 42 millones de mujeres. Fue trasladada a un calabozo y salvajemente torturada, hasta el punto de morir en un hospital poco después.


Su muerte provocó una gran revuelta contra el régimen de los Ayatolas en Irán, con más de 500 muertos y decenas de miles de detenidos. La reacción de Teherán provocó la condena unánime de todo occidente, que vio en la causa de Amini una reivindicación del feminismo y del papel de la mujer en ciertos países islámicos. En todos los países… menos, de nuevo, en España.


Tuvieron que pasar once días desde la muerte de Amini, con Irán y muchos puntos de Oriente Medio convertidos en un polvorín, para que el Gobierno mostrara su condena del asesinato. España fue, de nuevo, el último país en hacerlo.


«El Ejecutivo condena la violencia ejercida contra los manifestantes pacíficos y exige a las autoridades que se respete y garantice plenamente el derecho de todos sus ciudadanos y ciudadanas a expresarse y manifestarse», rezaba el comunicado del Gobierno, que llegaba después del silencio de todos los miembros de Podemos, en especial de la ministra de Igualdad Irene Montero. En ese momento ya se habían registrado 76 muertos fruto de la represión iraní.


Unos días antes, Sánchez participó en la reunión de la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York. Una cita en la que muchos líderes mundiales se pronunciaron sobre la muerte de Amini y sus consecuencias. Sánchez, preguntado en los pasillos, se limitó a decir: «He visto que estaba en redes sociales, pero no puedo opinar al respecto».


Venezuela y la represión de Maduro

La crisis de Venezuela en 2017, con protestas callejeras contra el régimen chavista de Nicolás Maduro, dejó más de un centenar de muertos y miles de detenidos. Escenas durísimas de abusos policiales y represión que se ganaron la condena unánime de occidente.


En aquel momento, Podemos era un partido de la oposición. El Gobierno de Mariano Rajoy condenó con dureza, en la línea de sus aliados, lo ocurrido en las calles de Venezuela. Pero el Congreso de los Diputados no lo hizo. La declaración quedó bloqueada por la oposición de Podemos. Las declaraciones institucionales requieren la unanimidad de los 350 diputados, por lo que en este caso la Cámara Baja no mostró su condena a lo ocurrido en Caracas.


Según Iglesias, la postura de Podemos, cuyos vínculos con Venezuela son más que conocidos, se basó en argumentar que el PP «utiliza una vez más Venezuela para tapar sus escándalos de corrupción».


Los árabes deben acabar con Hamás

EDITORIAL. la razon. 22 Octubre 2023


El planteamiento de una Palestina con dos estados en pacífica coexistencia, plasmado en los Acuerdos de Oslo de 1993, suponía, entre otras cuestiones, el reconocimiento de Israel como legítima entidad política por parte de Autoridad Nacional Palestina. Por lo tanto, y en contra de la retórica equidistante en la que suele refugiarse la Unión Europea, compete a la dirigencia palestina cumplir y, sobre todo, hacer cumplir lo firmado.


Por supuesto, el concepto de «paz por territorios» que subyacía en las negociaciones encontró oposición en ambas partes –basta con recordar el asesinato de Isaac Rabin en 1995–, pero mientras que la democracia israelí, con el recurso a las leyes, estaba en disposición de llevar a término, con todas las dificultades que se quieran señalar, los Acuerdos de Oslo, nunca fue así entre la otra parte. Es una realidad frecuentemente olvidada, pero que se puede contrastar en las hemerotecas, que Israel ha sufrido desde entonces reiterados episodios de terrorismo palestino, sublevaciones violentas y persistentes ataques con artillería balística desde Líbano y Gaza, lo que se enmarca en una guerra disimilar que ha culminado con el salvaje progrom llevado a cabo por los terroristas de Hamás el pasado sábado 7 de octubre.


Sirva este pequeño preámbulo para explicar el previsto fracaso de la cumbre de El Cairo, en la que se ha vuelto a evidenciar la impotencia de la Unión Europea para hacer algo más que discursos cargados de buenas intenciones y, eso sí, comprometer más fondos públicos en el sostenimiento de unos gobiernos fallidos que, conviene no olvidarlo, se asientan sobre unas poblaciones empobrecidas y sin derechos políticos dignos de ese nombre.


Porque no es Occidente ni Israel, aunque pudiéramos admitir matices, los que mantienen como rehenes de la violencia el terror y la miseria a la población palestina, la misma que está sufriendo los bombardeos israelíes y el bloqueo de los productos de subsistencia mientras se siguen disparando cohetes sobre Israel. No. En esta tragedia de décadas existe una clara responsabilidad de la comunidad árabe, que en demasiados casos se ha servido del conflicto palestino para sus propios intereses. Pues bien, ni los cohetes ni los explosivos ni los drones ni los lanzagranadas ni los fusiles de asalto que emplean los milicianos de Hamás se producen por generación espontánea, al igual que no lo hacen los materiales de construcción necesarios por excavar el laberinto de túneles.


Y no es suficiente con responsabilizar a Irán en su pugna por la hegemonía en el Medio Oriente, porque sin otras complicidades el terrorismo en Gaza y Cisjordania quedaría reducido a la acción inevitable de «lobos solitarios». Son los países árabes quienes tienen el deber y los medios para acabar con Hamás y a los que Europa, debe exigir voluntad política.


Israel y Ucrania, pruebas del trágico extravío de Occidente

FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS. libertad digital. 22 Octubre 2023

Ese ser que no siempre está, pero que, por costumbre, seguimos llamando Biden, ha presentado ante el Congreso un plan de ayuda a Ucrania e Israel de cien mil millones de dólares. Como todos los proyectos del Gobierno en los USA, el desglose será esencial para entender la cuantía real del gasto en materia militar, ayuda civil y atenciones diversas a las necesidades locales, que dan un toque oenegé a la petición de armas mortíferas del Pentágono. Lo chocante es que se presenten juntas ambas peticiones de ayuda, cuando una tiene su origen en la salvaje invasión de Ucrania por Putin hace casi dos años y la otra es una salvajada antisemita de hace apenas dos semanas. Y cuando la primera es la vuelta a la guerra fría y la soberanía limitada de los países al alcance militar de Moscú y la segunda es la brutal puesta al día del antisemitismo musulmán, cuyo exhibicionismo criminal demuestra lo a gusto que se sienten en las redes estos degolladores, violadores y asesinos.


La izquierda siempre contraataca, la derecha siempre se rinde

Cuando Occidente, con Estados Unidos a la cabeza, se siente moralmente superior a sus enemigos y reacciona militarmente a un ataque, la izquierda, que ha sido, es y será antioccidental, por mucho que sus líderes disfruten su nivel de vida, calla y espera. Y en el siguiente embate, se atreven al envite. Tras el 11S, callaron ante Afganistán, por la enorme cobertura mediática del ataque a las Torres Gemelas, y porque la Izquierda es hoy, sobre todo, una gigantesca máquina de deslegitimación, con periodistas y profesores como agentes, de los valores básicos e intereses ocasionales de Occidente. Pero en Irak, todo cambió. Mientras en la primera guerra del Golfo todos participaron, en la segunda, contra el mismo régimen, todos se opusieron.


¿Había cambiado Sadam? No. Había cambiado la coyuntura y la izquierda vio la oportunidad de equilibrar aquella derrota con una victoria contra los USA y, más importante aún, contra sus aliados, a la sazón Blair y Aznar. La foto de las Azores ya es un lugar común de la iniquidad, la avaricia y el afán bélico occidental, siempre genocida. En realidad, el enemigo al que atacaba Occidente sí era militarista, totalitario y genocida. Da igual. Con los medios de su lado, la Izquierda se atreve con todo. Ante una campaña mediática, al estilo soviético y con Putin de apoyo, la derecha siempre se rinde. Si lo ha hecho ante el alarmismo climático, la ideología de género o la memoria histórica, ¿por qué no ante la masacre de judíos? Y lo ha hecho.


Del apoyo sentimental a Ucrania al pogrom mediático contra Israel

Ha dicho Biden para explicar su petición de dinero al Congreso que ambos países, Ucrania e Israel, son atacados por los enemigos de la democracia precisamente por ser defensores de la libertad. Es cierto. Pero entonces no se explica por qué, como denunciaba este sábado Trump en el artículo de Libertad Digital, Biden negoció con Irán hace unos meses el intercambio de rehenes por dinero, no sólo el rescate, y, sobre todo, por qué, como explica con todo detalle el ex-presidente norteamericano, Biden ha multiplicado los gestos de apoyo a Irán en la exportación de petróleo, el combustible financiero que permite a los matarifes de Hamas quemar vivas a sus víctimas judías. El artículo de Trump es, obviamente, un alegato electoral, pero los datos que da son incontrovertibles. Y lo mejor que podría hacer Biden es volver a la política de Trump en lo que a Israel respecta. No tanto en otros ámbitos.


Pero las guerras actuales son más mediáticas que nunca. Siempre lo fueron. Napoleón decía que la propaganda es "el otro nervio de la guerra". Claro que de nada sirve la propaganda cuando se pierde una guerra, incluso en las dictaduras. Pero en las democracias, que son regímenes de opinión pública, sin perder una sola batalla se puede perder una guerra. Véase Vietnam, que se ganó en la selva lo que al final se perdió en los noticiarios de televisión. Cuando las tropas norteamericanas dejaron Saigón, todos los periodistas se fueron con ellos. Ni uno se quedó a ver si se cumplían los acuerdos de paz.


Si entonces los medios eran mayoritariamente de izquierdas, ahora lo son de modo aplastante. Pero su militancia es oportunista y voluble. Bastó que los futbolistas británicos empezaran a apoyar a los ucranianos para que todos los campos y todas las ligas se convirtieran en trincheras anti-Putin. Era también David contra Goliat, una narrativa invencible, porque Moscú dijo que la guerra duraría quince días. Pero Zelenski entendió muy bien que en los medios podía ganarse lo que no se ganase en las trincheras y ahí está. De momento. Lo que provocó hasta la resurrección de la OTAN ahora son peticiones de que Ucrania pacte una paz, la que sea, con sus invasores. El bando de Putin ha pasado a ser el de la paz. No ha ganado, porque la causa de Ucrania es aún muy popular, pero ha mejorado mucho sus posiciones.


La causa de Israel, en cambio, ha sido la revancha por lo de Ucrania, a partir de un antisemitismo mediático de fondo, curtido en la defensa poco disimulada del islamismo, incluso terrorista, en los países occidentales. Y ninguno como España ejemplifica la alianza de comunismo e islamismo. El Gobierno, por medio de la vicepresidenta Díaz y la ministra Belarra, no tardó un minuto en condenar a Israel, es decir, a las víctimas, y en defender a los violadores, secuestradores, asesinos y degolladores de bebés. Desde el primer día, Israel fue culpable por ser atacado y querer defenderse. Nunca el antisemitismo se había mostrado tan abiertamente desde Hitler. España lo hace también en las propias instituciones europeas, no en balde es el único gobierno de la UE con ministros comunistas y con un presidente que, deudo de sus votos, les ha entregado la política exterior. Sánchez dice fuera todo lo que su gobierno niega dentro. Y mandan los de dentro. Y lo que en España ha sido antisemitismo oficial, en Europa y los USA es un auténtico pogrom mediático que desprecia a las víctimas y ataca a Israel por el hecho de existir. O sea, la posición de Irán, Hamas y el eterno irredentismo árabe.

El bulo de los 600 muertos del hospital de Gaza

El bulo de los 600 muertos en un hospital de Gaza por un supuesto ataque israelí demostró que la única fuente fiable para los medios occidentales es la de los terroristas de Hamas. Ni una comprobación. Todos lo dieron por hecho, y por una razón: Israel es, de antemano, culpable. Así que mintieron. Y cuando Israel demostró que el ataque venía del lado islamista, matizaron: "Israel y Hamas se acusan mutuamente". La diferencia era que Israel lo demostraba con pruebas. RTVE lo entrecomilló: "pruebas". Es que para la izquierda antisemita, hoy prácticamente toda, Israel, por principio, miente. Y los que asesinan judíos, siempre, por principio, tienen razón. Si en vez de Biden, el que pidiera fondos para r Israel fuera Trump, la algarabía sería monumental. Si lo ha sido cuando Israel no había atacado y Biden no había pedido dinero, calcúlese si lo pide su satán particular. Nunca la dictadura mediática de la "Agenda del Bien" se ha mostrado tan al servicio del Mal.


Sin rumbo ni liderazgo ante la amenaza islamista

Al margen de la pugna Biden-Trump, lo que está claro en Occidente, sobre todo en Europa, es la falta absoluta de liderazgo ante la amenaza islamista. Todas las empresas repiten los mantras progres canonizados por los medios. Y en la UE no hay un Estado que marque una dirección. Los medios, a los que obedecen los políticos, han pasado del "sálvese quien pueda" al "no sabemos qué nos está pasando". Y lo que está pasando es que la política de izquierdas, impuesta en los medios y la educación, la del multiculturalismo, el buenismo, el desprecio al propio país y sus tradiciones, y la financiación de todos los que nos odian, nos están convirtiendo en Estados doblemente fallidos, en narcoestados de aquella Eurabia que profetizó Oriana Fallaci. España es sólo el estrambote de ese soneto escalofriante, estúpido, suicida.


NACIÓN Y CONSTITUCIÓN

Pedro Carlos González Cuevas. gaceta. 22 Octubre 2023


En una famosa conferencia, Ferdinand Lassalle, el célebre líder socialista alemán decimonónico enemigo de Karl Marx, definió las constituciones como meras «hojas de papel», porque eran, en el fondo, una simple cobertura ideológica y política de los poderes sociales reales. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, los textos constitucionales han experimentado, en Europa y sobre todo en España, una hasta hace poco insospechada sacralización. No deja de ser curioso que la mayoría de los partidos políticos españoles se autodefinan como «constitucionalistas». Claro, que cada cual interpreta la Constitución a su modo y capricho, según sus intereses. En gran medida, esta postura es ideológicamente heredera, aunque algunos no sean conscientes de ello, de los planteamientos del filósofo socialdemócrata Jürgen Habermas, en particular de su defensa de lo que denomina «patriotismo constitucional».


No fue Habermas, sin embargo, el inventor de dicho concepto; lo fue el constitucionalista Dolf Sternberger. No obstante, Habermas ha sido su máximo divulgador y propulsor en la esfera pública. Como todo concepto político, el «patriotismo constitucional» es polémico, y su enemigo fundamental fueron los intentos del canciller Helmut Kohl y la derecha alemana de articular una nueva interpretación de la trayectoria histórica alemana, propiciada por historiadores como Ernst Nolte. En opinión de Habermas, el «patriotismo constitucional», basado en los valores pretendidamente universales de la Ilustración, el liberalismo y la socialdemocracia, era “el único patriotismo que no nos aliena de Occidente”, tras la trágica experiencia de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué decir del significado profundo de este concepto?. Por lo menos a mi modo de ver, los planteamientos de Habermas se caracterizan por un iluminismo excesivamente abstracto, que intenta fundamentar lo que él denomina «identidad posnacional«. Sin embargo, parece evidente que sin nación previa, histórica, no puede existir constitución; los valores que dan cuerpo a la Constitución deben ser los valores expresados por la historia, la cultura, las vicisitudes de un país no determinadas por la abstracción jurídica o en esperanto político.


El universalismo y el cosmopolitismo esconden, en el fondo, la hegemonía cultural e ideológica de los que hoy detentan el poder. En ese sentido, el «patriotismo constitucional» tiende a separar la comunidad política de toda identidad colectiva diferenciada; y, en consecuencia, adolece de un claro déficit de patria. En el fondo, la utilización del término constitucionalista” por parte de esas fuerzas políticas es una muestra más de la debilidad del nacionalismo español o, si se quiere, de nuestro sentimiento nacional, tan necesario en estos momentos. Y es que, como señala el gran filósofo escocés Alasdair MacIntyre,las personas requieren la pertenencia a comunidades históricas concretas tanto en la formación de identidades personales y culturales como en el desarrollo de una ética, sin por ello tener que perder la capacidad de juzgar como negativos algunos aspectos de su nación o cultura. En ese sentido, hay que señalar que la Constitución no es España; ni España es la Constitución. Como realidad nacional, España ha tenido muchas constituciones, las de 1812, el Estatuto Real, la de 1837, la de 1845, la de 1869, la de 1876, la de 1931 y la actual.; y mientras sus textos eran abolidos, la nación española permaneció. Por cierto, que en la Ley de Memoria Democrática se hace una sesgada lectura e interpretación de la trayectoria constitucional de España, una auténtica «invención de la tradición» (Eric J. Hosbawm), condenando las constituciones liberal-conservadoras y enalteciendo las que consideran democráticas, como las de 1812, 1869, 1931 y la de 1978. Todo un programa deslegitimador de las derechas españolas.


Sin embargo, la crítica no debe detenerse aquí. Es preciso señalar que la Constitución de 1978 adolece de profundas ambigüedades e indeterminaciones en las cuestiones más polémicas. Y es que cuarenta años después, todavía nos encontramos en un período constituyente con el Tribunal Constitucional y las coaliciones de partidistas como decisorios poderes postconstituyentes en las materias que dejó sin definir la Ley Fundamental, incluso la más importante, el modelo de Estado autonómico. La partitocracia ha conducido a la fusión de poderes, como estamos viendo a diario. Sin embargo, el tema fundamental sigue siendo el modelo de Estado. En este aspecto, como en otros, la Constitución es, sin duda, anfibológica y, sobre todo, confusionaria, ya que no definió ni la «nacionalidad» ni la «región»; y tampoco autoriza al Gobierno español a intervenir y restringir una autonomía, ni subdividir ni suprimir ninguna comunidad; menos aún que cualquier provincia se separase de la región autónoma y retornar al régimen común. Además, el texto constitucional hace prácticamente irreformables los estatutos de autonomía, solo acontecimientos políticos extraordinarios, quizá revolucionarios, podrían reformarla.


La generalización autonómica era la consecuencia lógica de la Constitución, ya que introduce la novedad mundial de un Estado de las autonomías, es decir, una fragmentación de todo el territorio nacional con cortes político-administrativos, en su inmensa mayoría tan arbitrarios como La Mancha o Madrid, cuyo estatuto fue el último aprobado. Todo lo cual había tenido cuatro consecuencias negativas: Cataluña y el País Vasco se han empeñado en una escalada para alcanzar niveles de autonomía siempre superiores a los de las demás comunidades; significó un estímulo al autonomismo y al nacionalismo allí donde no había existido nunca; fomenta una pugna de agravios comparativos, de egoísmos colectivos y de insolidaridades que debilitaban o anulaban la idea de bien común nacional; e impuso el pactismo en el desarrollo de los estatutos con lo que el Estado español de facto se resigna a una soberanía compartida con ciertas comunidades. De la misma forma, el artículo 150 de la Constitución garantiza una peligrosa indefinición de competencias, dejando sin límites las reivindicaciones de las comunidades. De ahí que, al cabo de dos décadas, el modelo de Estado de las autonomías se encuentre todavía in fieri y el proceso constituyente ni ha terminado ni se adivina la conclusión. Si en un momento dado, constitucionalistas como, por poner un ejemplo palmario, Javier Pérez Royo pudiera ejercer el papel que ejerció en el régimen de Franco Torcuato Fernández Miranda, la suerte de la nación española estaría echada. Claro que por ahí anda un tal Cándido Conde Pumpido, lo cual es para echarse a temblar. Politique d´abord, que decía Charles Maurras.


Todo ello ha generado una clara inseguridad normativa, que ha tenido un efecto perverso en nuestra economía, si se considera la perplejidad, y consiguiente retraimiento, que ocasiona a las eventuales inversiones nacionales y extranjeras. La elefantiasis burocrática es igualmente un producto de la descentralización propugnada por la Constitución de 1978; además de los 17 parlamentos, por esta misma cifra se multiplicaron las consejerías, los tribunales de defensa de la competencia, los defensores del pueblo, las televisiones y radios públicas, escuelas de formación de funcionarios y policías, etc. De la misma forma, ha supuesto el abandono del idioma común, del español como lengua oficial. La marea de la desigualdad se ha extendido igualmente como consecuencia de la descentralización, mediante, por ejemplo, el reconocimiento de los fueros vascos y navarros; y de los poderes fiscales concedidos a las comunidades autónomas; por ello, los españoles somos desiguales fiscalmente. Y lo mismo cabe decir en la aplicación del principio de mérito y capacidad para el acceso a la función pública, resultado de las barreras idiomáticas; y en el disfrute de los servicios públicos, como la sanidad y la calidad de los servicios, que son notoriamente desiguales en función de la comunidad autónoma a la que se pertenezca.


Por otra parte, no deja de ser significativo que nuestros activos economistas liberales no denuncien de forma sistemática el modelo económico constitucional, que sólo acepta de una forma muy matizada la economía de mercado. Y es que se propugna —por ejemplo, en el artículo 131— la posibilidad de planificación de la actividad económica; «la más justa distribución» como horizonte; una economía fuertemente intervenida; se prevé la existencia de un Consejo de Planificación Económica; una de las obligaciones del Estado es la de procurar el pleno empleo; se considera avanzar hacia situaciones de cogestión y cooperativismo, etc, etc. No resulta extraño que las izquierdas radicales hayan fundamentado sus programas y discursos en el «cumplimiento» de la Constitución de 1978.


Por todo ello, sería el momento de levantar la bandera del revisionismo constitucional en un sentido nacional y social. Los moderados de siempre —bien retratados por Henrik Ibsen en su obra teatral Un enemigo del pueblo— dirán que tal proceder resulta, hoy por hoy, inoportuno. Pero para esta gente cualquier atisbo o proyecto de cambio siempre será inoportuno. Son los auténticos ultraconservadores. Nunca aceptaran ningún cambio. Olvidan, o desconocen, que la política no es el arte de lo posible. Es el arte de hacer posible lo necesario.


Impugnación progresista del progreso

Jesús Banegas. vozpopuli 22 Octubre 2023

Una de las cuestiones más paradójicas de nuestro tiempo es la apropiación por parte de una serie de fuerzas políticas, variopintas entre sí, pero sobre todo caracterizadas por su fobia al progreso verdadero que no es otro que el fundamentado en la libertad y el respeto a las leyes, del término “progresismo”.


Socialistas, comunistas, seguidores del pensamiento Woke, islamistas y nacionalistas-esencialistas, cada uno con pasados de hechos antiprogresistas, claman ahora que son ellos los que verdaderamente representan el progreso.


Así que, a lo mejor, es necesario comenzar a explicar por qué todas y cada una de esas fuerzas políticas desembocan siempre en dictaduras, pobreza y atraso cultural. Y es que la historia del progreso humano está sustentada en tres pilares fundamentales: un orden moral civilizado, un estado de derecho y un crecimiento económico permanente e inclusivo de empleo. Cada uno depende del anterior y sin cualquiera de ellos el progreso no es posible.


El orden moral derivado de la cultura social es determinante del quehacer humano, que sujeto a normas de conducta, explica muy bien el éxito y el fracaso de las naciones. Un reciente ensayo, La invención del bien y del mal (2023) de Hanno Sauer, describe la historia de la humanidad en términos morales, señalando que:


La coevolución de la cultura y la moral posibilitó el aumento del tamaño de nuestras sociedades humanas.

Las normas, los valores y las prácticas morales forman parte de las tecnologías que sirven para compensar las carencias de los seres humanos.

La moral es el factor decisivo de nuestra naturaleza humana y la cultura en la se integra.

Nuestra cultura es acumulativa y fuerza motriz dominante de nuestro progreso a largo de la historia.


Para David Hume (1711-1776), las tres leyes fundamentales –antes de que existiera Gobierno- de la vida en sociedad fueron:


La estabilidad de la propiedad

El intercambio por consenso

El cumplimiento de las promesas


En el orden político, Aristóteles condenaba “la clase de gobierno en que el pueblo impera y no la ley, así como aquel en que todo viene determinado por el voto de la mayoría y no por la ley. Cuando el gobierno está fuera de las leyes no existe estado libre, ya que la ley debe ser suprema con respecto a todas las cosas”


Es a partir de la evolución –no revolución progresista, siempre fracasadas- del orden moral descrito, como nació el Derecho, una institución de origen romano resultado de una recopilación ordenada y codificada que integró las libres prácticas sociales consuetudinarias de aquellos tiempos, que no crearon ninguna autoridad política.


La posterior evolución de aquel derecho civil romano, terminó configurando a su vez el Estado de Derecho, que obliga a todas las personas e instituciones de una nación a respetar leyes, conformadas -según Friedrich Hayek– con ciertos principios:


Deben referirse a efectos venideros y no tener jamás carácter retroactivo.

Deben ser conocidas y ciertas.

Deben ser iguales para todos, incluidos los gobernantes.


A los que añadía: “El imperio de la ley no es una regla legal, sino una regla referente a lo que la ley debe ser. Si una ley concede al gobierno poder ilimitado para actuar a su gusto y capricho, todas sus acciones serán legales, pero no encajarán dentro del Estado de Derecho”.


Para Hayek, “el Estado de Derecho implica un límite al alcance de la legislación. El positivismo jurídico se opone al concepto de ley natural -normas que no son producto deliberado de ningún legislador-, pues considera que la ley no es más que el expreso mandato de la voluntad humana: no hay límites posibles al poder del legislador y no existen las llamadas libertades fundamentales, mientras que el imperio de la ley se considera una superstición metafísica”. Añadió el maestro que:


“Probablemente, no existe otro factor que haya contribuido más a la prosperidad de Occidente que la prevalencia de la certeza de la ley.

La separación de poderes forma parte del Estado de Derecho. El uso de la coacción por parte del Estado debe estar sometida a revisión judicial.

Las facultades discrecionales de la administración del Estado pueden abrir una brecha por la que la libertad humana pueda escaparse”.


El orden moral y el estado de derecho, son conquistas de la civilización cristiana-occidental, que explican éxito económico y social de la misma, así como el de otros países como Japón y Corea que las adoptaron. La cristalización material de nuestra cultura civilizadora ha dado lugar a un crecimiento económico sin igual, fundamentado en instituciones inclusivas: Estado de Derecho, mercados libres, derechos de propiedad, escasa corrupción, seguridad ciudadana, movilidad social. En oposición a este modelo de creación de riqueza se encuentran las instituciones extractivas –élites saqueadoras en base a la coacción política- que dominan los países menos desarrollados e incluso parte de los más ricos cuando gobiernan los progresistas.


La España democrática de nuestro tiempo concilió aceptablemente bien los tres pilares del progreso, hasta la llegada al poder del socialismo del siglo XXI. Con Zapatero, el orden moral fue puesto en cuestión, el Estado de Derecho comenzó a desvanecerse y la economía se desmoronó: la renta per cápita, el empleo y la deuda pública batieron récords históricos negativos. Tras un breve periodo de recuperación con Rajoy, el Gobierno de Sánchez empeoró los pésimos registros de Zapatero, consolidando así una sinigual -en términos históricos - decadencia económica, que la propaganda progresista no puede desmentir. Que los últimos datos de crecimiento, empleo y deuda pública sean mejores que los del reciente pasado no desmienten que, en términos acumulados, seguimos cada vez más lejos de los países de referencia, justamente lo contrario que habían conseguido los gobernantes que precedieron a Zapatero y Sánchez.


Hace casi tres décadas, Francis Fukuyama publicó un monumental ensayo, Trust (1995), devenido en un clásico, que ponía de relieve las virtudes sociales que soportaban la creación de la prosperidad, situando la confianza como el eje moral central del progreso. ¿Quién tiene confianza en el presidente de nuestro gobierno? Ni siquiera sus correligionarios y aliados políticos.


El actual progresismo español -no el europeo- viene impugnando los factores del progreso humano -moral, político, económico y social- con resultados a la vista: Retroceso institucional, empobrecimiento de la población, aumento de las desigualdades, riesgo de disolución de la unidad nacional, retroceso en los sistemas educativos, ataques a la familia y un largo etc. que no es necesario prolongar.


Estamos de regreso a nuestros peores tiempos. Salta a la vista que las anteriores citas de Aristóteles, Hume, Hayek, Fukuyama, Sauer, etc.. se encuentran en las antípodas de nuestro progresismo, sustituidas por unas “nuevas eminencias” que solo se expresan por tweets.


Tweets progresistas, naturalmente.



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Hamás y el recuerdo de Oriana Fallaci

María Zaldívar. gaceta. 22 Octubre 2023


En 2015, con el diario del lunes publicado, Arturo Pérez Reverte sostenía que Europa estaba perdida, que era tarde para reaccionar porque la invasión pacífica del continente por parte de lo que él calificó «los bárbaros» estaba consolidada. «Vivimos la absurda paradoja de compadecer a los bárbaros, incluso de aplaudirlos y, al mismo tiempo, pretender que siga intacta nuestra cómoda forma de vida» decía en «Los godos del Emperador Valente». Él sostiene que, impedidos de ganar esta guerra de ocupación, lo único que queda por hacer es enseñar a los jóvenes lo que les tocará vivir, una suerte de adaptación a lo inevitable e instarlos a que traten de conservar lo que puedan de bueno del «mundo que se extingue».


Hoy, la ocupación de Europa es tan evidente que resulta imposible no darle la razón. Sin embargo, cuando dos décadas antes, algo similar decía Oriana Fallaci, fue considerada una xenófoba y fanática. Tan incomprendida y despreciada se sintió en su Italia natal que emigró a los Estados Unidos y allí escribió sus últimas obras. Ese tipo de descripciones de lo que se estaba gestando le valieron juicios en Italia y Francia por difamación pública al Islam. Paradójicamente, tal vez entonces aún se estaba a tiempo de salvar la civilización occidental pero Europa prefirió ignorar el peligroso proceso en marcha.


Hacia fines del Siglo XX, Fallaci llamaba «Eurabia» al continente europeo porque, como la aguda analista que fue, veía que el aluvión de musulmanes que llegaba no era el tipo de inmigración que conoce el mundo, un simple movimiento de personas de un destino a otro sino que se trataba de verdaderas masas humanas que se trasladaban a distintos países con sus costumbres, sus idiomas, sus vestimentas, comidas y hasta los contenidos educativos para sus hijos, se afincaban todos juntos en zonas determinadas de las ciudades organizando guetos y continuaban sus vidas allí, sin establecer contacto ni integración alguna con la sociedad local de los países que, generosamente, los recibían. Fallaci predijo una colonización no solo del territorio sino cultural. El buenismo en el tratamiento del problema de la inmigración ilegal y la violencia de los grupos religiosos fanáticos han gozado de una condescendencia política que ha resultado enormemente cara para la población europea.


Actualmente y desde hace algunos años, en desmedro de las clases medias europeas, maltratadas por las políticas que los burócratas de Bruselas impulsan envueltos en los slogans de la Agenda 2030, han dado no solo cobijo a millares de esos inmigrantes ilegales procedentes de países islámicos, sino también manutención, vivienda, colegios, residencia e inclusive la nacionalidad para que puedan votar. A este paso, no está tan lejos el día en que se proclame el Estado Islámico en el corazón de Europa.


«Esta guerra ya no se va a ganar. Ya no se puede», afirma Pérez Reverte porque, entre otros motivos dice que «la sociedad europea exige hoy a sus ejércitos que sean ongs, no fuerzas militares. Toda actuación vigorosa queda descartada. La demagogia sustituye a la realidad… La Europa que iluminó el mundo está sentenciada a muerte». Podríamos seguir con su detallada descripción del derrumbe pero lo dicho, sumado a los testimonios de Fallaci alcanzan para describir la tragedia contemporánea.


Hoy Hamás, Irán, sus aliados y vecinos se refriegan las manos imaginando que las recientes matanzas consumadas en territorio israelí son el puntapié inicial de la escalada final sobre Occidente. La Carta Fundacional de Hamás se describe como un «movimiento universal» de resistencia islámica que busca la desaparición total del estado de Israel. En la misma línea está el grupo Yihad Islámica Palestina. Para ninguno de ellos el diálogo es una opción porque pretenden destruir los valores de Occidente y destruir los valores de Occidente implica destruir a Occidente porque lo que la hace civilización son, precisamente, sus valores: el respeto de la vida humana y de la libertad.


La operación sobre Israel ha sido un disparador que alentó el terrorismo islámico en toda Europa. Actualmente se cuentan al menos dos muertos en Bruselas por un ataque fundamentalista al grito de «Alá es grande», en circunstancias similares al asesinato que le costó la vida a un profesor, perpetrado por otro islamita en Francia dos días antes, en el contexto de esa misma escalada de violencia.


Sin embargo, Occidente ha respondido confusamente al cobarde ataque inicial. Si bien algunos países declararon su inmediata solidaridad con Israel, otros se mantuvieron equidistantes y hasta se animan a sugerir «proporcionalidad», una noción absurda que han inventado para velar su defensa del atacante.


En España, casi todos los socios de Pedro Sánchez están contra Israel y apoyan sin pudor a Palestina. Podemos presenta a las víctimas como verdugos y justifica el atentado, al igual que el Bloque Nacionalista Gallego y la izquierda de Bildu. Esta sinrazón llevó al diputado de VOX Santiago Abascal a denunciar que la admiración por el terrorismo de Hamás está dentro del Consejo de Ministros.


¿Cómo podría aplicarse proporcionalidad a un ataque terrorista sobre un festival de música? ¿O sobre el asesinato, degüello y violación de centenares de civiles dentro de sus propias casas? ¿Habría que secuestrar la misma cantidad de personas que secuestró Hamás? ¿Habría que degollar el mismo número de bebés? ¿Habría que violar tantas mujeres como hizo Hamás en Sderot y arrastrar por las calles la misma cantidad de cuerpos? ¿Eso sería proporcional? La guerra es la guerra y, por sus consecuencias atroces y devastadoras, lo civilizado es no iniciarlas.


Ante la represalia de Israel, que parece inminente, se alzan voces pidiendo trato humanitario hacia los civiles. Dos reflexiones al respecto: los civiles que viven en Gaza eligieron el gobierno que decidió la reciente invasión; así y todo, Israel les dio tiempo para abandonar ese territorio. La segunda, nadie pide a Egipto el gesto de abrir su frontera y hacer posible un corredor humanitario; se lo piden a Israel, el atacado. Todo estaría indicando que no hay una sola vara para medir y condenar la barbarie.


Ahora bien, hay otro ángulo desde el cual evaluar este proceso, no menos oscuro. Ser espectadores de la reciente masacre perpetrada por Hamás en territorio israelí es una atrocidad en sí misma, una salvajada que estruja el corazón de todo ser humano de buena voluntad, pero presenciar las marchas en las principales capitales de Europa de apoyo a Palestina y a las acciones del terrorismo islámico es otra tragedia adicional que el mundo vive en paralelo con la violencia desatada por el extremismo y que significa la confirmación de las predicciones de Fallaci.


Ya somos los apestados de Occidente

Eduardo Inda. okdiario. 22 Octubre 2023


Que los gerifaltes de Podemos son una panda de malnacidos ya lo sabíamos. Siempre están con el mal, se llame Maduro, Daniel Ortega, Raúl Castro, Arnaldo Otegi o sean esos ayatolás iraníes que lapidan mujeres como si no hubiera un mañana y cuelgan a todo aquel que sospechan que es homosexual. Les financió la narcodictadura venezolana y los forró a billetes también la teocracia iraní que asesina a las mujeres que, como la nueva Premio Sájarov, Mahsa Amini, osan quitarse ese velo que simboliza el repugnante sometimiento de la mujer al hombre.


Yolanda Díaz se nos antojó otra historia: es hipereducada, doy fe, aparentemente respetuosa con el adversario político y me consta que siempre alzó la voz contra los linchamientos a periodistas. Lo sé mejor que nadie porque yo era la bestia negra del pájaro descoletado y, consecuentemente, la gran pieza a batir. Por eso no dejo de alucinar con la reacción de Sumar a los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre contra el pueblo elegido.


Que Pablo Iglesias no está muy disgustado que digamos con lo acontecido en los kibutz y en el festival de música electrónica lo presupongo. Lo que nunca imaginé es que la mucho más gauche divine que representa la vicepresidenta segunda del Gobierno se pusiera en primera posición de saludo con los terroristas de Hamás, con gentuza que asesina compulsivamente, degüella bebés, viola mujeres y mantiene secuestrada en condiciones infrahumanas a gente inocente.


Este desvarío empezamos a explicárnoslo cuando vimos publicada en OKDIARIO la foto de la entusiasta y sonriente visita que el eurodiputado de Sumar Manu Pineda hizo en 2013 a Ismail Haniye, el capo di tutti capi de la organización terrorista que asesina israelíes pero también gazatíes para luego culpar a los israelíes, como sucedió con el bombardeo del hospital de Gaza.


El jueves nos quedaron pocas dudas del nivel de maldad de Sumar, ya al mismo nivel que el de los duros de Podemos, cuando leímos estupefactos que se han negado a secundar la condena del Europarlamento a Hamás. Lo he dicho una docena de veces desde el inicio de esta crisis y lo repetiré diez docenas más: cuando el bien y el mal están tan claros, la equidistancia resulta sinónimo irrefutable de alineamiento con el mal. Que no nos vengan con cuentos chinos ni insulten a nuestra inteligencia. Por cierto: si tanto le mola Hamás a Yolanda Díaz que se vaya a pasar una temporadita allí y compruebe lo feministas que son sus colegas gazatíes. Una mujer no puede viajar ni trabajar sin la anuencia del marido, ir cubierta por la calle no es una opción sino una obligación y la poligamia es moneda de uso corriente. Todo muy progre. O a lo mejor lo moderno es eso y yo estoy equivocado.


Y, entre tanta frivolidad no exenta de maldad, mucha maldad, maldad en cantidades industriales, está un Pedro Sánchez, que los días pares condena el Pearl Harbor hebreo y los impares calla o entra de hoz y coz en esa dialéctica de pedir proporcionalidad a Israel que no deja de ser una forma elegante de situarse del lado del mal. Máxime cuando, hasta el momento, la respuesta de las Fuerzas Armadas israelíes ha sido relativamente moderada.


No está de más recordar a nuestro presidente que el Estado judío es una democracia, que el primer ministro, Bibi Netanyahu, está procesado por corrupción —algo que sería impensable en España— y que si no llega a ser por esta crisis estaría de patitas en la calle por intentar asaltar el poder judicial y camino de la cárcel al perder la inviolabilidad que le otorga el cargo. ¿Te suena, Pedrito? Moraleja: Israel es una democracia fuerte, con contrapesos, y en consecuencia, cualquier exceso militar o violación de los derechos humanos es profundamente investigado y severamente castigado.


El ridículo que estamos protagonizando ante nuestros socios de la UE y nuestros aliados de la OTAN es de los que hacen época. Todos a una, como en Fuenteovejuna, están situándose del lado de Israel. Por varias razones a cual más perogrullesca: son las víctimas, es una democracia, Gaza está controlada por una dictadura islamista de facto y, sobre todo y por encima de todo, porque hoy les ha tocado a ellos pero mañana nos puede ocurrir a nosotros. A nadie se le escapa que lo de la globalización también ha calado entre el islamofascismo.


A los españoles no nos van a descubrir precisamente que la unidad contra el terrorismo es clave para derrotarlo, a contrario sensu, la división es el camino más corto para la victoria de los pistoleros. Lo comprobamos cuando derrotamos a ETA gracias, entre otras cosas, a ese Pacto por las Libertades y el Terrorismo suscrito por Aznar y Zapatero, y 20 años después certificamos que el cisma entre los demócratas está sirviendo únicamente para fortalecer a un terrorista como Arnaldo Otegi que va camino de convertirse en el próximo lehendakari vasco.


Las cancillerías occidentales flipan con el indisimulado respaldo de los comunistas del Gobierno de España a los terroristas de Hamás. Y lo que opina Israel no se lo voy a desvelar a todos ustedes porque lo leyeron en el comunicado sin pelos en la lengua que hizo público la Embajada en Madrid: “Hay miembros del Ejecutivo español que se están alineando con el terrorismo tipo Isis [en obvia referencia a Hamás]”. Lo que todos sabíamos pero muy pocos nos atrevíamos a decir.


Desairar a Israel constituye un suicidio económico. Específicamente porque es una potencia de primer orden en biotecnología, ciberseguridad y un sinfín de sectores y genéricamente porque, como es público y notorio, los judíos controlan gran parte del sistema financiero mundial. Judíos son los Rothschild, judíos son los gestores del más potente banco de inversión, Goldman Sachs, judío es igualmente su CEO, Mark Solomon, judío es también el tipo más influyente de Wall Street y CEO de Blackstone, Stephen Schwartzman, y judío es el propio Mark Zuckerberg. Vamos, que encabronar a los dueños del parné en el planeta es del género más tonto que pueda haber. En ésas anda nuestro Gobierno.


Que no hablo a tontas ni a locas lo demuestran esas cuentas que no son cuentos: la renta per cápita de Israel es de 55.000 dólares anuales, casi el doble de los 30.000 de España.Y en el caso concreto de Pedro Sánchez es tocar los pelendengues a quien inventó ese Pegasus que lo tiene pillado por servicios secretos marroquíes interpuestos. El Gobierno de Jerusalén puede cepillarse civilmente a Sánchez en menos de lo que canta un gallo: le bastaría con hacer públicos los mensajes, los correos y las fotos extraídas del móvil del personaje. Teniendo en cuenta su nivel de amoralidad, ahí debe haber petróleo y del bueno.


El careto de Pedro Sánchez era todo un poema el martes pasado tras la celebración del Consejo Europeo extraordinario. Le debió leer la cartilla todo dios. Por eso se esforzó en mostrar la cara A del disco. Lo primero que hizo el hombre que va a seguir siendo presidente por obra y gracia de Carles Puigdemont fue defender la legitimidad de Israel para actuar en defensa propia. Eso sí, dentro de los límites del “Derecho Internacional humanitario”, un concepto chorra de la retroprogresía mundial porque lo único que existe es el Derecho Internacional a secas, pero bueno.


Prosiguió con “una condena rotunda a los ataques de Hamás” y puntualizando que “la Unión Europea comparte una posición clara y común sobre Hamás”. Por si las moscas. Pero no cuela. Así como en el fútbol es imposible ser a la vez del Barcelona y del Madrid, en el cine de Almodóvar y de Garci, en la F-1 de Sainz y Verstappen y en lo filosófico liberal y comunista, en la política internacional o se está con Israel o se está con Hamás, con la democracia o con el islamofascismo, con la libertad o con la sharía. Las medias tintas son física y metafísicamente imposibles. Algo que no terminan de entender aún en Moncloa. O tal vez es que debe ser cierto aquello de que en los gobiernos de coalición mandan las minorías que eligió una misérrima parte del electorado.


La Presidencia de turno de la UE está pasando con más pena que gloria, entre otras razones, porque desde que a Zapatero le diera por no levantarse al paso de la bandera estadounidense en un desfile militar y retirar las tropas de Irak sin aviso previo a la Casa Blanca pintamos entre cero y nada en el concierto internacional. Los barandas del mundo nos la juraron y 19 años después seguimos pasando las consecuencias de aquellos estúpidos desaires. Tampoco es ajeno a este desastre el hecho de que en el Ejecutivo español hay indisimulados comunistas como Yolanda Díaz y esas Montero y Belarra que hicieron con Rusia en la invasión de Ucrania lo mismo que ahora con Hamás y los ataques terroristas: jalearles.


Al marido de la marroquí Begoña Gómez se le ve cada día más su cantoso plumero. En Israel se han plantado ya para mostrar su solidaridad la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la número 1 de la Eurocámara, Roberta Metsola, el premier británico, Rishi Sunak, el canciller socialdemócrata alemán, Olaf Scholz, el jueves se pasó un Joe Biden que para variar parecía no saber muy bien dónde se encontraba, ayer le tocó el turno a Giorgia Meloni y en los próximos días está previsto el aterrizaje de Emmanuel Macron. Nuestro Pedro Sánchez, presidente de la UE, sí se ha reunido con el presidente de paja de la Autoridad Nacional Palestina, el moderado Mahmud Abbas, que no deja de ser una marioneta en manos de los salvajes de Hamás. Que son los barandas de Gaza y Cisjordania. Nuestro presidente ni está ni se le espera en Tel Aviv.


Pedro Sánchez nos ha descendido de la segunda división mundial en la que nos situó Zapatero a la tercera de los Maduro, Kirchner, Obrador, Petro, Boric, Daniel Ortega y demás gentuza. Somos irrelevantes, una suerte de apestados en el concierto internacional. Qué nostalgia de los tiempos de Felipe González, que hablaba de tú a tú al eje franco-alemán de François Mitterand y Helmut Kohl, o de los de José María Aznar, que consiguió que nos hicieran socios de honor de ese eje atlántico que es el que de verdad continúa partiendo el bacalao por muchos BRICS que surjan y por mucho que crezca una China que no deja de ser una terrible tiranía.


La foto de Las Azores debería constituir motivo de orgullo y no de vergüenza. Por primera vez desde que España dejó de ser un imperio en el que no se ponía el sol, mandábamos y mucho en el orbe. La izquierda se echó a la calle, faltaría más, los islamofascistas sembraron de bombas Madrid el 11-M y España echó al PP del poder tres días después en un acto indiscutiblemente masoquista que nos alejó de esos Estados Unidos que nos habían inflado a dólares y nos habían regalado su patio trasero por caminar a su lado. Una goebbelsiana mentira colectiva nos devolvió a la insignificancia internacional. Aznar no nos había metido en ninguna guerra, básicamente, porque llegamos a Irak como fuerzas de interposición cuando el régimen de Sadam se había rendido. Ahora, con Sánchez no es que pintemos poco, es que directamente no existimos. Nos toman a risa, nos desprecian o nos estigmatizan porque nos asocian a lo peor de lo peor. Para pintar algo en el mundo, querido Pedro Sánchez, no basta con ser guapo ni con hacerle ojitos a Ursula von der Leyen. Hay que ser serio y respetable y, además, parecerlo.


Sánchez y lo indeseable

JORGE VILCHES. la razon. 22 Octubre 2023


Sánchez quiere la investidura el 27 de octubre, cuatro días antes de que la Princesa de Asturias jure la Constitución ante el Congreso y el Senado. El espectáculo puede ser de los menos edificantes de nuestra democracia. La heredera al trono de una democracia liberal y parlamentaria junto a un presidente abrazado voluntariamente a republicanos, comunistas e independentistas. Si la investidura sale adelante la jura de Doña Leonor será después de que el líder del PSOE haya prometido, con un referéndum o un sucedáneo, romper la soberanía nacional justamente en la sede de la soberanía nacional. O que haya anunciado una amnistía, o como quiera llamarla, para los golpistas de quien depende. En una sesión, o dos, donde se habrá insultado a la Constitución y a los constitucionalistas diciendo que el texto y sus instituciones, como la Corona, son viejas y, por tanto, despreciables. Será una investidura donde los separatistas y los comunistas, la gente de ERC, Bildu y Podemos criticarán el discurso del Rey en los premios Princesa de Asturias, cuando aludió a la unidad y a la responsabilidad. También se podrá oír a Yolanda Díaz, la de Sumar, defendiendo que se borren del Código Penal los delitos por ultraje a la Corona. Aunque, visto lo visto, es posible que Francina Armengol, que funciona como delegada de Sánchez en el Congreso, permita los insultos a la Corona en la sesión.


No parece este el escenario más deseable para un sistema democrático de la Unión Europea. La paradoja es que la monarquía, la institución que simboliza la continuidad y la unidad, la conservación de lo bueno en este sistema constitucional, se presenta frente a quienes quieren destruirlo y que apoyan al Gobierno. No recuerdo una situación similar en la historia de España. Es imposible encontrar algún ejemplo de partido que forme un Ejecutivo con una mayoría parlamentaria que repudie el orden institucional que legitima su poder. Ni siquiera ocurrió en los últimos tiempos de Amadeo de Saboya, cuando era un títere del Partido Radical contra el Partido Conservador, o, con Alfonso XIII a manos de los inoperantes partidos del turno, en los meses que precedieron al golpe de Estado de Primo de Rivera en septiembre de 1923.


Si Sánchez consigue la investidura el 27 de octubre, la Princesa se encontrará cuatro días después frente a unos diputados, los socialistas, que han negociado el Gobierno con los portavoces de ETA. Sí, la misma banda terrorista que intentó asesinar a su abuelo, a Juan Carlos I en 1995 y 1997, cuando Mertxe Aizpurua, la de Bildu, escribía las portadas de «Gara», el órgano etarra. También estarán, si es que tienen los redaños de presentarse, los diputados de ERC y Junts, que han auspiciado insultos sin fin a la Corona. Esto es lo indeseable, porque mientras un bloque, el formado por el PSOE y sus aliados, está por una ruptura suave del régimen, por un cambio con esencia revolucionaria, Doña Leonor jurará la Constitución. Es chocante que sean los dos elementos que han fallado en esta democracia los que formen el Gobierno, y que su pacto permita la erosión del edificio constitucional hasta que se derrumbe.



Me refiero al PSOE, el partido del centro-izquierda que era llamado a encarnar la política socialdemócrata con responsabilidad y lealtad, y, por otro, a quienes han tergiversado y utilizado la descentralización del Estado de las Autonomías para fines espurios, los nacionalistas. Cuando un sistema constitucional cojea, como el nuestro, es la parte sana la que repara la estropeada. Eso es lo que han hecho los países que han valorado la libertad por encima del patriotismo de partido y la ambición personal. Frente a una falsa voluntad general encarnada en una mayoría circunstancial como la presente, lo aconsejable es que la parte que respeta el espíritu y las reglas de la democracia, con las instituciones que fiscalizan a gobiernos arbitrarios, no baje la guardia.


El caso Pegasus o la rendición del Estado

Jesús Cacho. vozpopuli. 22 Octubre 2023

El lunes 16 supimos que el titular del Juzgado de Instrucción nº 29 de Barcelona, Santiago García, ha admitido a trámite la querella originariamente presentada en junio de 2022 por el presidente de la Generalidad, Pere Aragonès, por el espionaje del que habría sido objeto por aquel entonces con el programa Pegasus, y nos enteramos, la auténtica bomba, de que ha citado como investigada a la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Paz Esteban, que fue fulminantemente cesada en la turbamulta de aquel escándalo por Pedro Sánchez en mayo de 2022. En su auto, el titular del Juzgado sostiene que los hechos denunciados (intromisión no autorizada en equipos informáticos, interceptación ilegal de comunicaciones, espionaje informático y contra los derechos fundamentales), presentan características que “hacen presumir la posible existencia de infracciones penales” y cita a Esteban a declarar para el 13 de diciembre, justamente el mismo día en que Aragonés deberá comparecer también para ratificarse en su querella. Conviene aclarar que en junio del 22 y a instancias de la Fiscalía, el juez García se inhibió ante la Audiencia Nacional al considerarla competente por ser el presidente catalán una institución del Estado. En junio de este año, sin embargo, la Audiencia de Barcelona revocó esa decisión y devolvió la querella al Juzgado 29, cuyo titular ha terminado por asumir el caso. Llama la atención que el “suceso” ocurra en plenas negociaciones entre Sánchez y el separatismo catalán para su investidura, con la amnistía para unos delincuentes condenados por sentencia firme en el centro del debate. Nunca como ahora el Estado español lució tan absolutamente indefenso, víctima de un Gobierno que, en manos del separatismo, comparte las tesis de sus enemigos declarados.


Un poco de inevitable historia. El 18 de abril de 2022, el centro de investigación Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, publicó un informe titulado “CatalanGate Extensive Mercenary Spyware Operation against Catalans Using Pegasus and Candiru”, en el que se acusaba a España de haber espiado de forma ilegal al independentismo catalán. La publicación vino acompañada de una campaña de comunicación a gran escala, con artículos en periódicos tales como New Yorker o Washington Post, además de una serie de entrevistas en radio, prensa y televisión, en las que se declaraba culpable al Gobierno español y se presentaba como víctimas al nacionalismo catalán. Como es de imaginar, el nacionalismo montó el consiguiente pollo dispuesto a sacar rédito de su inveterado victimismo, amenazando a Sánchez con dejar caer su Gobierno si no daba explicaciones y cortaba cabezas. Y Sánchez, prisionero de la banda que lo sostiene en Moncloa, se apresuró a ponerse al servicio de los malos, destituyendo de forma fulminante a la directora del CNI, aunque el trofeo que perseguían los separatas era la cabeza de la ministra de Defensa, Margarita Robles, entidad de tutela de los servicios de inteligencia.


En cualquier democracia digna de tal nombre, el Gobierno hubiera puesto pies en pared denunciando lo que a todas luces pareció desde el principio una operación perfectamente orquestada entre el mencionado Citizen Lab y el separatismo catalán. Pero el Gobierno Sánchez calló de forma vergonzante (ver “Bolaños prefiere cerrar Pegasus con derrota”, Vozpópuli, 10 julio 2022), y a día de hoy no ha abierto la boca sobre un informe con limitaciones metodológicas, de sesgo y de falta de transparencia tan evidentes que hubieran llevado a cualquier observador independiente a sospechar la existencia de intereses bastardos no declarados detrás del mismo y de sus conclusiones. Consecuencia de ello, más de cien catedráticos y profesores de universidad firmaron el 5 de julio del pasado año una carta solicitando a la Universidad de Toronto la apertura de una investigación independiente, ante la sospecha de que Citizen Lab podría haber violado criterios básicos de la ética científica. Sorprendentemente, la citada Universidad rechazó estas peticiones y otras muchas, y desde entonces ha tapado, con evidente éxito, este escándalo académico. El 9 de marzo pasado, José Javier Olivas, profesor de Ciencias políticas de la UNED y doctor por la London School of Economics, el hombre que con mayor determinación ha investigado este fraude académico, presentó un libro-informe (disponible en abierto en la Red) en el que, a lo largo de más de 200 páginas, aporta pruebas y detalla una multitud de graves deficiencias, contradicciones, incómodas conexiones y falsos testimonios hallados en su investigación.


En los juzgados de Madrid y Barcelona duermen el sueño de los justos varias querellas de independentistas similares a la presentada por Aragonès y que ahora podrían cobrar vida tras la batería de diligencias que ha reclamado el juez García, un sevillano nacido en 1958 y miembro de la “progresista” asociación Jueces para la Democracia, que de cumplirse supondrían el desmantelamiento del CNI y la necesidad, por un futuro Gobierno de España, de levantar unos nuevos servicios de inteligencia dignos de tal nombre. Pide el juez García la “pertinente desclasificación” de documentación confidencial, protegida por la Ley de Secretos Oficiales, relativa a la autorización por el magistrado del Supremo responsable del control judicial del CNI sobre “el uso de software de control remoto, monitorización, balizamiento o cualquier fórmula de intervención de las comunicaciones de Aragonès”, así como la relación de las “concretas personas" que actuaron en nombre de este organismo en el proceso de encargo, compra y recepción del programa y su utilización para espiar al presidente catalán, entre otras demandas dirigidas a la Comisión Delegada de Asuntos de Inteligencia del Gobierno, al Tribunal de Cuentas y a la Intervención general del Estado, incluyendo incluso una Orden Europea de Investigación para que la empresa fabricante del software, con sede en Luxemburgo, aporte una retahíla de explicaciones.


Conviene recordar que es labor capital del CNI vigilar a los enemigos del orden constitucional para preservar la seguridad del Estado. El artículo 1 de la Ley 11/2002 reguladora de la institución fija sus tareas asegurando que “El Centro Nacional de Inteligencia es el Organismo público responsable de facilitar al Presidente del Gobierno y al Gobierno de la Nación las informaciones, análisis, estudios o propuestas que permitan prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o integridad territorial de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones”. La independencia y la integridad territorial de España. Y el artículo único de la Ley Orgánica 2/2002 de la misma fecha establece el control judicial previo en los siguientes términos: “El Secretario de Estado Director del Centro Nacional de Inteligencia deberá solicitar al Magistrado del Tribunal Supremo competente, conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial, autorización para la adopción de medidas que afecten a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones, siempre que tales medidas resulten necesarias para el cumplimiento de las funciones asignadas al Centro”. Y si es verdad, como el Gobierno terminó reconociendo, que el supuesto espionaje a los líderes independentistas se llevó a cabo de forma individual y con el correspondiente mandamiento judicial, entonces se acabó el caso.


Lo llamativo del asunto es que la base argumental del auto del juez Santiago García descansa en su integridad sobre el informe de Citizen Lab, al que el magistrado parece otorgar plena verosimilitud a pesar de las muchas evidencias en contra. La última, esta misma semana, miércoles 18 octubre, de la Autoridad de Transparencia de Ontario (Ontario Information and Privacy Commissioner), que acaba de nombrar un mediador para que resuelva las reiteradas peticiones del profesor Olivas en el sentido de que el grupo Citizen Lab, dependiente de la Universidad de Toronto, haga público qué personas, entidades y empresas financian su funcionamiento e investigaciones. Más llamativo aún es que, como este jueves contaban aquí Jorge Sáinz y Gema Huesca, el perito informático que avaló el espionaje del móvil de Aragonès en la querella contra la ex directora del CNI, participó en el informe “Caso Pegasus: vulneraciones de los derechos a la intimidad, la defensa y otros derechos” elaborado por el Síndic de Greuges catalán, una institución dependiente de la Generalidad. En efecto, la prueba pericial que justificaría la infección de su terminal con el software Pegasus está firmada por Eventia Digital SL, empresa que dirige José Navarro, un personaje que ha reconocido en un podcast del que es autor que “la mayoría de denuncias por Pegasus son falsos positivos”, y que “las historias de espías son la mitad fantasía y las otras se dan a un nivel que no es el suyo (el de las personas que se creen espiadas)”.


El Gobierno -en funciones hasta que logre comprar su investidura- que resignadamente soportamos se cruza de brazos, mira hacia otro lado y consiente la derrota del Estado frente al separatismo sacrificando el prestigio de España y sus instituciones, cuando le resultaría muy fácil desbaratar con pruebas el montaje elaborado a medias entre el separatismo y sus amigos de la universidad de Toronto. Ni una palabra ha dicho Moncloa y sus amanuenses sobre la imputación de Paz Esteban. Sánchez la cesa en 2022 y año y pico después la lleva al banquillo, la entrega a los independentistas como parte de la dote de su investidura. La imputación de la ex directora del CNI y el práctico desmantelamiento de los servicios de inteligencia parecen, en efecto, parte del precio a pagar por la reelección del amo del PSOE. El susodicho guarda silencio. Lo viene haciendo desde que se descubrió que también el software Pegasus había servido para infectar su móvil y el de tres de sus ministros. Aquello lo archivó el juez José Luis Calama de la AN por “la absoluta falta de cooperación del Gobierno de Israel” en el esclarecimiento del caso. Ahora, la crisis diplomática con el Estado hebreo ha enterrado cualquier opción de averiguar quién infectó el móvil de Sánchez (Gonzalo Araluce y Gema Huesca, Vozpópuli, 19 de octubre), y qué había en las más de 2 Gigas de información en poder de varios servicios secretos, entre ellos, naturalmente, el de Marruecos.


Un alivio para Sánchez, un tipo que vive de esconder sus miserias con una exhibición de desparpajo nunca vista. Pero Paz Esteban lo sabe. Lo sabía el CNI, donde las razones para el sorprendente reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental son un secreto a voces. “Este es un Gobierno sometido al chantaje de otro Gobierno”, avisó en su momento la afectada a quien tenía que saberlo, naturalmente también al nuevo líder del primer partido de la oposición. Y Pedro sabe que Paz lo sabe. En abril de este año, meses antes de las sorprendentes vacaciones presidenciales, en el CNI estaban al tanto de que Sánchez pasaría parte de sus vacaciones de verano en Marruecos, el último lugar del mundo al que un presidente de Gobierno le gustaría viajar en pleno agosto. Mohamed VI había presumido del asunto ante sus amigos los hermanos Azaitar, en su residencia de descanso de Gabón: “A este pollo le vamos a hacer venir de vacaciones a Marruecos este verano, lo que pasa es que él todavía no lo sabe…” Y fue una agencia de noticias marroquí la que dejó testimonio gráfico del evento, aquella gorrilla a lo Esteso, para que el chulapo no se escapara vivo. Paz Esteban lo sabía. Razón por la cual la ex del CNI está sondeando a varios bufetes de abogados independientes para que lleven su defensa en la causa que instruye el juez “progresista” García, porque no se fía un pelo de la Abogacía del Estado, que es quien debería encargarse de la tarea.


Un presidente sometido al chantaje interior de sus socios y al exterior del rey de Marruecos, que no parece haber adquirido compromiso alguno –en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla o en las Canarias- a cambio de los regalos de Moncloa. ¿Qué había en el móvil del presidente? “Un solo día, apenas 24 horas, de móvil de un presidente del Gobierno y te aseguro que ahí hay material para hacerle dimitir en 5 minutos, pero encuentras de todo, órdenes, amenazas, proyectos, comentarios denigrantes…”, asegura una fuente conocedora de lo que se cuece en presidencia. Sánchez calla. Ahora mismo no puede resultar más llamativo, por inaceptable, el silencio que rodea la compra de los 7 votos de Junts que necesita para ser investido, un silencio que demuestra el desprecio que el sujeto siente por los usos y costumbre de una sociedad democrática. Silencio a la hora de siquiera desautorizar, no hablemos de destituir, a las ministras antisemitas de su Gobierno; silencio sepulcral ante el rey Mohamed VI, y silencio rehén ante sus socios separatistas, a quienes este perfecto amoral está empeñado en insuflar vida en uno de sus momentos más bajos. Lo reconocía esta misma semana un Jordi Pujol muy cascado en confidencia íntima: “la independencia es un disparate. Yo soy primero catalán; después español, por obligación y conveniencia, y finalmente europeo. A nosotros nunca nos puede ir bien solos, y de hecho a Cataluña le va bien cuando a España le va bien, pero Mas interpretó mal aquella gran manifestación de la Diada y se metió en un callejón sin salida. Y sí, la amnistía está bien, pero eso no es lo importante, como tampoco las inversiones que pueda hacer el Estado en esto o aquello. Lo importante para Cataluña es la identidad y la identidad descansa en una cosa: la lengua propia. Es el hecho diferencial que tenemos que defender a toda costa”. Sánchez o la rendición del Estado.


Conde-Pumpido, Espejel o Campo: el goteo de recusaciones acosa a un TC cada vez más politizado

Desde su composición en enero, el nuevo Constitucional ha afrontado una oleada de peticiones para apartar a los nuevos magistrados de temas políticos. Solo el Pleno del martes estudiará cerca de una decena de recusaciones

Gema Huesca. vozpopuli. 22 Octubre 2023


El actual Tribunal Constitucional (TC) está en el punto de mira. Desde su constitución, a principios de año, el foco se pone en su presidente, Cándido Conde-Pumpido, y en los nuevos magistrados que lo integran, a los que les persigue la sombra de la politización del órgano. La muestra de ello es el récord en petición de recusaciones que viene afrontando en los últimos meses y que no cesa.


Tanto es así que el Pleno que ha convocado el presidente para esta semana y que abordará asuntos especialmente importantes, dedicará parte de su sesión para estudiar las recusaciones. En total se han planteado hasta nueve incidentes contra el presidente Conde-Pumpido o el exministro de Justicia Juan Carlos Campo, a quien se pide que se aparte de tres causas.


Además, el Pleno abordará las recusaciones contra los también progresistas Ricardo Enríquez Sancho, que integra el TC desde 2014; María Luisa Segoviano, quien proviene de presidir la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, y Laura Díez. Esta última aterrizó en el TC tras ejercer como directora general de Asuntos Constitucionales en el Ministerio que controla Bolaños.


El TC más recusado

Los magistrados conservadores tampoco se libran de estas peticiones, aunque les afecta en menor medida. El Pleno abordará igualmente la solicitud de Carles Puigdemont de que se aparten de la deliberación de varios recursos Concepción Espejel y César Tolosa.


Se trata de un movimiento que el líder independentista ha llevado a cabo en varias ocasiones en el Tribunal Constitucional y en el Supremo, donde recientemente intentó apartar sin éxito a Pablo Llarena de la causa del procés por unas declaraciones sobre la previsible ley de amnistía.


Con todo, el goteo de actuaciones contra los actuales integrantes del Tribunal Constitucional arrancó prácticamente desde su constitución a principios de año. Ya en enero, Vox pidió al TC que se apartaran Conde-Pumpido y otros tres magistrados progresistas de la deliberación del recurso contra la derogación de la sedición


El Constitucional admitió a trámite el recurso en marzo. El Pleno abordó también las recusaciones planteadas contra Juan Carlos Campo y otras dos magistradas progresistas en asuntos vinculados al Gobierno como la ley del 'solo sí es sí', la Ley de Memoria Democrática o el Real Decreto ley sobre las medidas de ahorro energético.


Los magistrados desestimaron las recusaciones por unanimidad y lanzaron ya un aviso a navegantes, en relación con la cascada de recusaciones que va llegando al tribunal de garantías. Al respecto, el Pleno expuso que las recusaciones masivas afectan al quórum del tribunal, lo que implica que no alcanzaría el número mínimo requerido para su constitución.


Una paralización inaceptable

En aquel momento avisaron de que dar luz verde a la cascada de peticiones terminaría conllevando una "paralización inaceptable de las funciones del tribunal". No obstante, algunos de sus miembros sí que se han apartado voluntariamente de debates que podrían poner en tela de juicio su implicación. Así, por ejemplo, Campo se abstuvo en los recursos de la ley por el 'sí es sí' o sobre la votación de Alberto Casero.


Del mismo modo, el exministro de Justicia se abstuvo en cuestiones de inconstitucionalidad contra resoluciones planteadas por la expresidenta del Congreso y pareja suya, Meritxell Batet.


Por su parte, la ex alto cargo de Moncloa, Laura Díez decidió abstenerse de la causa que heredó del magistrado saliente Antonio Narváez, relativa a los recursos de PP y Ciudadanos contra el decreto catalán que trata de evitar que se imparta el 25% del castellano en las aulas.


Pese a ello, la actuación de este Tribunal Constitucional se sigue especialmente con lupa. A la sospecha de politización del órgano se suma la palpable división entre magistrados conservadores y progresistas, que ha terminado por impulsar la creación de dos bloques significativamente opuestos en sus resoluciones.


Una de las sentencias que más ampollas ha levantado recientemente fue la conocida hace apenas unos días que avala la reforma de Moncloa para retirar las competencias al actual CGPJ en funciones. La ponencia salió adelante con el respaldo de los 7 miembros progresistas y contó con un duro voto particular que firmó la minoría conservadora.


Tensión en el Constitucional

La sentencia no se limitó a resolver sobre el recurso contra la reforma legal, sino que abordó también la forma de elección del CGPJ. El pronunciamiento se entendió como un aval previo del TC a una posible reforma del Consejo que estaría estudiando Moncloa y avivó también los ecos de la cercanía de Conde-Pumpido con el Ejecutivo de Pedro Sánchez.


En un movimiento insólito, el departamento de prensa del TC emitió un comunicado para desmentir que la sentencia abordara una renovación futura del órgano de gobierno de jueces. "Solo una lectura fuera de contexto de la sentencia y su divulgación han generado una falsa polémica", plasmaron en la nota.


Apenas 24 horas antes se pronunciaron también sobre la presunta existencia de un informe previo a la ponencia del recurso del caso de los ERE, que vendría a dar luz verde a los recursos planteados por José Antonio Griñán y el resto de condenados por esta macrocausa de corrupción. El tribunal desmintió dichas informaciones y dijo que no se correspondían con la realidad.


Fuentes del tribunal de garantías consultadas por este medio reconocen la tensión existente en el seno del órgano, así como la patente escisión entre los bloques. En ese contexto, esta semana que empieza se comenzarán a deliberar asuntos relevantes como el recurso de Alberto Rodríguez contra la decisión del Gobierno de retirarle su acta de diputado.


Del mismo modo, también se abordará el recurso del PP contra la decisión de Batet de no solicitar al Ejecutivo los expedientes completos de los indultos a los líderes del procés. Se trata de ponencias que han recaído en manos de magistrados progresistas y que saldrán adelante con el apoyo de la mayoría progresista, según confirman fuentes del tribunal de garantías a este medio.


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