Recortes de Prensa Viernes 27 Octubre 2023


EEUU afirma que el Kremlin está ejecutando a soldados que no cumplen órdenes en el campo de batalla

La Casa Blanca ha afirmado que "algunos comandantes rusos han amenazado con ejecutar a unidades enteras si se retiran ante el fuego de artillería ucraniano", lo que sería un síntoma de lo mal que le está yendo a Rusia en la invasión

Adriana López. el confidencial. 27 Octubre 2023


La Casa Blanca afirmó este jueves que las autoridades rusas están ejecutando a algunos de sus propios soldados por no cumplir órdenes en el campo de batalla en Ucrania. "Tenemos información de que el Ejército ruso ha estado ejecutando a soldados que se niegan a cumplir órdenes", dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional del Gobierno estadounidense, John Kirby.


Por otra parte, Moscú prosigue su ofensiva en las zonas de Kúpiansk (noreste), Avdivka y Márinka (este), donde las fuerzas rusas lanzaron ayer decenas de ataques que fueron repelidos por los soldados ucranianos, causando un gran número de bajas en las filas rusas, según el parte militar de este viernes del estado Mayor ucraniano.


Además, el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, votará en contra del nuevo paquete de sanciones a Rusia si antes no obtiene un dictamen sobre cómo afectará a su país y aseguró que no mandará ninguna ayuda militar.


Claves del momento:

Moscú prosigue su ofensiva en las zonas de Kúpiansk, Avdivka y Márinka

EEUU dice que Rusia está ejecutando a soldados que no cumplen órdenes

Kiev cifra en 5.000 los soldados rusos muertos o heridos en su ofensiva sobre Avdivka

Mueren cuatro agentes del FSB en un ataque de la “resistencia” en la ocupada Berdiansk

Kiev decreta la evacuación obligatoria de los niños de Járkov

Así hemos contado la jornada 610 de la guerra


Hace 33 minutos 08:20

Moscú prosigue su ofensiva en las zonas de Kúpiansk, Avdivka y Márinka

Las fuerzas rusas lanzaron ayer decenas de ataques en las zonas de Kúpiansk (noreste), Avdiva y Márinka (este) que fueron repelidos por Ucrania y se saldaron con un gran número de bajas en las filas rusas, según el parte militar de este viernes del Estado Mayor ucraniano.


En el caso de Avdivka, donde los rusos intentan rodear la región, los soldados ucranianos estarían manteniendo su posición y causando "bajas mayores en los ocupantes", según el parte.


Además, aseguran que los combates intensos también continúan en el sur de Bajmut, donde los rusos intentan recuperar posiciones conquistadas por Ucrania en septiembre en las localidades de Klishchivka y Andrivka.


Hace 1 horas 30 minutos 07:23

Washington dice que Rusia está ejecutando a soldados que no cumplen órdenes

La Casa Blanca afirmó este jueves que las autoridades rusas están ejecutando a algunos de sus propios soldados por no cumplir órdenes en el campo de batalla en Ucrania.


"Tenemos información de que el Ejército ruso ha estado ejecutando a soldados que se niegan a cumplir órdenes", dijo durante una rueda de prensa el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional del Gobierno estadounidense, John Kirby.


Medios, medios, miedos, modos

Enrique García-Máiquez. gaceta. 27 Octubre 2023


Pequé de notorio optimismo —según mi querencia— cuando interpreté como una victoria de Vox —aunque lo es— el viraje de los ataques que recibía. No sé si recuerdan aquel artículo mío. La tesis era que las tesis de Vox en lo ideológico y en lo político se habían revelado insumergibles. Su defensa de la nación española, su apuesta por la vida, su voz de alarma demográfica, su reacción frente a la inmigración ilegal y la inseguridad creciente, su cuidado de la identidad hispánica con especial atención a los países hermanos, la preocupación por el desorden del orden constitucional, las frivolidades con la economía de las familias y de las clases medias, autónomas y trabajadoras, etc. Ya nada de eso es fascismo. Los viejos asuntos silenciados son ya tópicos de debate público. Vox ha triunfado en eso, tan importante.


Por eso, en efecto, los contrincantes, rivales y enemigos han buscado otra línea de ataque. En los principios, Vox era firme, no los malvendía ni se acobardaba y el instinto de conservación de la sociedad se lo agradecía. Sobre los fines de Vox de una España más fuerte, más coherente y más cohesionada, tampoco tenían nada que hacer. Así que sólo le quedaban los medios.


Los ataques a Vox de un tiempo a esta parte se enfocan en los medios por antonomasia: los recursos humanos y sus inevitables polémicas, y los dineros y su sospecha inherente. Como digo, recibí este giro con alborozo, iluso de mí, en parte por pereza, porque mi campo es defender los principios y, si el fragor del combate se alejaba de mi responsabilidad, mejor para mí y para mis ocupaciones menos beligerantes. Podría dedicarme a hablar de los pájaros y las flores, que es lo que me gusta.


Pero ignoraba que los medios son, por su propia naturaleza, más confusos y los rumores y las acusaciones a voleo producen desazón y un cierto desfondamiento en el simpatizante de base. En los cargos y en los puestos, siempre hay quien se siente irremediablemente preterido y quien no tiene simpatía personal por los escogidos. Irremediablemente, las cuestiones de dinero levantan alarmas y sospechas del puritanismo económico que a todos nos han instalado, aunque dinero tiene que haber y está fiscalizado por el Tribunal de Cuentas. Oímos hablar de dinero y, como un reflejo de Pavlov, ya nos inquietamos. Quitando que, al ser medios, las gestiones pueden quedarse a medias y permiten más margen para la discusión.


La prueba más palpable de cómo los críticos de Vox apuntan a los medios la ha dado Federico Jiménez Losantos, que ha tratado de deslegitimar la manifestación del 29 de octubre por la Fundación DENAES que la convoca, porque Girauta pasaba por allí, porque no sé qué de Esperanza Aguirre Gil de Biedma y cosas así. No por los fines que persigue ni por los principios que la sustentan. Es triste ver que los medios de comunicación, con la excusa de los medios, embarren unos fines que deberían ser los suyos. ¿Por qué otros fines lo harán?


Esta nueva estrategia digamos que subterránea anti-Vox está calando más que la anterior. Y no es mi flanco para aprestarme a la defensa. Aconsejaría, sin embargo, no perder de vista los principios y los fines, relativizar lo relativo, discutir con los afines con los mejores modos, no tener miedos infundados a difusos infundios y recordar por activa y por pasiva las pequeñas cosas concretas que sí se están consiguiendo en ayuntamientos y autonomías donde Vox co-gobierna. Ahí está, probablemente, la raíz de tanta manía: en que Vox va cambiando políticas efectivas en las que hay intereses ideológicos muy transversales y enrevesados. Pues hay que cambiarlas, y decir que se cambian.


Instituciones fallidas

Carlos Martínez Gorriarán. vozpopuli. 27 Octubre 2023


La verdadera diferencia entre países que funcionan y fracasan descansa en la calidad de sus instituciones. Es la tesis de un libro famoso de Daren Acemoglu y James A. Robinson titulado, precisamente, Por qué fracasan los países. Mientras unos consiguen crear y hacer funcionar instituciones eficientes y profesionales, gestionadas racionalmente y centradas en sus fines, otros fracasan en el empeño por una razón u otra: analizar las causas de aciertos y fracasos es, por cierto, una investigación apasionante y llena de sorpresas.


La fe en las constituciones y las leyes se revela a menudo ilusoria cuando tales leyes tienen poco que ver con la realidad social y cultural del país, son incoherentes y contradictorias o derivan plácidamente al estado de papel mojado. Resulta que las instituciones son más relevantes. Así, un buen sistema educativo, funcional y eficaz, es mucho más determinante para el desarrollo y bienestar de un país que leyes educativas llenas de sublimes proclamas y elevados principios; no digamos ya si dichas leyes rebosan arbitrariedad, intervencionismo ideológico y confusión burocrática como es nuestro caso, con logros como el aumento de agresiones sexuales entre los más jóvenes en pleno imperio de la educación de género y nuevas masculinidades.


Una gran historia de evolución divergente a causa de la distinta calidad de las instituciones es el de la revolución liberal en los actuales Estados Unidos y en las repúblicas hispanoamericanas (o en Francia y Haití, revoluciones que siguieron los mismos principios y divergieron sin cesar). Copiar sistemas y reglas que funcionan en un país, como los checks and balances anglosajones, no sirve de mucho si no se cuenta con las personas adecuadas, la exigencia social de juego limpio y la voluntad política de observarlo.


Bolívar intentó importar a su Gran Colombia ideas liberales de Bentham, Madison y Constant adaptadas a Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia, pero fracasó amargamente: las instituciones criollas caían invariablemente en manos de golpistas, caciques y saqueadores; las sociedades, dividas en castas y razas, eran incapaces de impedirlo. No tiene nada que ver con falaces diferencias raciales o caracteres nacionales, porque la modernización de China fracasó durante el fin del Imperio y muchos años más, mientras tuvo un asombroso éxito en el vecino y no tan distinto imperio del Japón. El secreto está en la calidad de las instituciones, que descansa en la calidad moral y profesional de las personas que las llevan.


Si esto se sabe desde hace mucho tiempo, nunca había sido tan fácil comprobarlo como ahora, comparando la marcha de países que, partiendo de condiciones similares, disfrutan de prosperidad y libertad política –que al final siempre van de la mano- o sufren pobreza y despotismo. El ejemplo más evidente es la divergencia de la dos Coreas tras la guerra de 1953, pero hay muchos más: México (Nueva España) y los Estados Unidos después de 1820, o Europa Occidental y el Imperio Otomano tras 1500. También se puede aplicar al mismo país en dos momentos de su historia, y ahí encontramos a la Argentina de 1900 y la actual, o la Cuba de 1959 y la presente. Pero también la España de 1978 y la de 2023.


España y sus instituciones fallidas

Nuestro actual desastre político, con todo el país dependiendo de que los cálculos de un golpista lunático, Puigdemont, satisfagan la ambición ilimitada de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, es incomprensible si eludimos el lamentable estado de las instituciones, públicas y privadas. Sánchez no ha descendido de uno de los cohetes del metaverso de Yolanda Díaz, ni es un producto inesperado de la mala suerte, sino de la selección negativas de liderazgos. Llevamos demasiados años viviendo como cosa normal el fallo institucional y el fraude sistemático, y esta es la causa de nuestra crisis política.


El fraude por defecto afecta desde los grandes premios literarios privados al funcionamiento de los organismos públicos. La semana pasada, el hijo de la mano derecha del infalible Tezanos obtuvo una plaza en el CIS con un concurso de méritos a medida; no hace mucho, la nuera del mismo sujeto ganó una lotería académica parecida; sin duda, una familia afortunada. Y afecta desde hace muchos años a los concursos para dotar plazas universitarias porque la universidad pública ha caído bajo la alianza de endogamia y caciquismo departamental, poder sindical y clientelismo profesional. La lista de fraudes daría para docenas de columnas como esta.


En resumen, buena parte del sistema institucional ha sido colonizado por intereses espurios ajenos a los proclamados, especialmente en la cúspide. El ejemplo más inquietante es la conversión del Tribunal Constitucional en otra agencia gubernamental más, como la Fiscalía, unida a la constante erosión de funciones y autonomía del Consejo General del Poder Judicial, de la Agencia Tributaria y de las mil y una instituciones ocupadas, pervertidas y vaciadas de funciones. La causa de tan extendida degeneración está en la estrategia de control de la clase política, y especialmente de la izquierda reaccionaria y sus socios nacionalistas, que con Sánchez decidieron abandonar el disimulo (la hipocresía es el homenaje que el vicio rinde a la virtud, y no siempre es buena su desaparición) para lanzar una ofensiva de exclusión de cualquier persona o corriente ajena a sus fines partidistas; se hizo hace lustros en las instituciones catalanas y vascas, verdaderos laboratorios de esta estrategia.


Del pacto de estado al reparto del estado

El problema empezó con el reparto de las instituciones y poderes del estado, en especial del judicial y de los organismos supervisores, pero también de grupos de comunicación y empresariales, entre los dos partidos grandes y sus inevitables socios nacionalistas; este arreglo pronto redujo a beneficio de inventario las exigencias constitucionales de independencia y neutralidad institucional. La conversión de los pactos de estado en repartos del estado renovó el caciquismo de la Restauración, cuando sobre el papel España tenía un sistema parlamentario liberal, pero en realidad padecía un gobierno de partidos turnantes con fraude electoral sistemático. Hoy no hay urnas trucadas, pero sí nombramientos, concursos y controles fraudulentos o fallidos.


Además, el reparto de las instituciones instauró un proceso de selección negativa que elegía para los cargos a los menos capaces, pero más sumisos, o a los menos honrados (cualidades compatibles, dicho sea de paso). En fin, el saneamiento de las instituciones y el fin de la colonización partidista con selección negativa de gestores es una urgencia de vida o muerte. Sería muy oportuno y necesario que el PP, corresponsable de este proceso degenerativo, explicara qué piensa hacer al respecto, o si solo se apresta a una nueva edición de la serie del pacto al reparto.


El Constitucional, estúpidos, el Constitucional

Juan Francisco Martín Seco. republica. 27 Octubre 2023


Pocas dudas caben ya de que nos vamos a enfrentar a un cambio constitucional por la puerta de atrás, a un golpe de Estado encubierto. Pieza clave, sin duda, son las ansias de Sánchez y de sus acólitos por perpetuarse en el poder a cualquier precio, pero la garantía de que el proyecto pueda tener éxito se encuentra en la transmutación producida en el Tribunal Constitucional (TC) y su voluntad de legitimar jurídicamente todas las decisiones que adopte el conglomerado Frankenstein. La última señal inequívoca de que se encamina en esa dirección se encuentra en que ha sancionado como constitucional la ofensiva dirigida por el Gobierno y sus satélites contra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).


El Gobierno y sus voceros mediáticos repiten sin cesar que el Partido Popular no cumple la Constitución porque se ha negado a renovar el CGPJ, aunque con mayor razón se podría indicar lo contrario, porque el quid de la cuestión radica en la forma de renovarlo. Incluso podríamos abrir el abanico y cuestionarnos la manera de designar a los miembros de todos los órganos constitucionales. El problema sobrepasa la elección del CGPJ, afecta también al Tribunal Constitucional, al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo, y quizás a algún otro más.


No obstante, sí hay un aspecto que corresponde únicamente al CGPJ, y es la posibilidad de que parte de sus consejeros sean elegidos por los propios jueces. Como es lógico, esta forma de designación no es aplicable al resto de organismos. Pero, dejando aparte esta cuestión acerca de si hay que retornar o no al sistema anterior a la ley orgánica de 1985 por la que el PSOE estableció el sistema actual y se abandonó la elección por los jueces, centrémonos en cómo interpretar la mayoría de los tres quintos del Congreso y del Senado que establece la Constitución para elegir los ocho vocales y que recoge la ley orgánica para los otros doce.


A lo largo de estos más de treinta y cinco años, la elección se ha venido realizando de cierta manera fraudulenta porque los tres quintos se han interpretado de tal modo que los dos partidos mayoritarios se reparten los nombramientos –tú votas a los míos y yo a los tuyos-, lo que lógicamente, constituye la forma más segura de politizar el órgano. A este peligro se refería el TC de entonces al dictaminar el recurso presentado contra la ley de 1985 en su sentencia del 29 de julio de 1986 en la que -aun sin declarar inconstitucional el procedimiento, ya que no se oponía de forma directa a la letra de la Constitución- advertía de los efectos negativos que podían derivarse de su aplicación:


«Se corre el riesgo de frustrar la finalidad señalada de la norma constitucional si las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olvidan el objetivo perseguido y, actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en este, atienden solo a la división de fuerzas existente en su propio seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de estos. La lógica del Estado de partidos empuja hacia actuaciones de este género, pero esa misma lógica obliga a mantener al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder y entre ellos, y señaladamente, el poder judicial… La existencia y aun la probabilidad de ese riesgo, creado por un precepto que hace posible, aunque no necesaria, una actuación contraria al espíritu de la norma constitucional, parece aconsejar su sustitución».


Ciertamente el procedimiento no solo no se ha sustituido, sino que todo este tiempo se ha caído en el peligro que señalaba el TC. Si la Carta Magna fija la mayoría cualificada de los tres quintos es para evitar toda posibilidad de politización del órgano. En principio, el hecho de que cada consejero cuente con la aprobación como mínimo de tres quintas partes de los diputados o de los senadores debería garantizar, al ser una persona de consenso, su neutralidad e independencia, sin adscripción partidista alguna. Lo cierto es que, del modo que se ha venido aplicando desde 1985, el resultado ha sido el inverso. La conclusión es que los elegidos son los más politizados (en el mal sentido del término) e incluso en algunos casos los más sectarios. Tan es así que se continúa hablando de consejeros conservadores y progresistas.


Y es de esta forma como el Gobierno quiere seguir renovando el CGPJ. No estar dispuestos a votar a favor de la propuesta del PSOE no se puede decir que sea atacar la Constitución, como se esfuerzan por afirmar una y otra vez todas las fuerzas del sanchopopulismo. La Constitución no obliga a ningún diputado ni senador a votar a un consejero que no considere apto, y por consiguiente ninguna formación política debe dar su aquiescencia a uno o varios candidatos que piense que no son los adecuados por el simple hecho de que en contrapartida la formación política contraria acepte a los propios aspirantes.


Es más, ante la postura del PP de negarse a admitir a sus candidatos, el Gobierno proyectó cambiar la ley orgánica, no para retornar al sistema de elección por los propios jueces anterior a 1985, sino para reducir la mayoría necesaria de manera que la coalición Frankenstein pudiera designar a todos los vocales, lo que convertiría a los jueces en una especie de prolongación del sanchopopulismo. Solo la intervención de la UE les ha hecho desistir por ahora de la idea, idea que vuelven a acariciar ante una posible legislatura futura en el poder.


Con la finalidad de presionar al PP, el Gobierno elaboró una ley ad hoc encaminada a despojar al Consejo, mientras está en funciones, de las competencias para cubrir vacantes. Resulta un cierto contrasentido privarle de las funciones precisamente cuando está en funciones. Se ha creado así una situación caótica en la justicia -aunque tal vez buscada por el Gobierno- al permanecer muchos puestos vacantes.


El cinismo de Sánchez se hace patente al no tener ningún empacho en propiciar que se aprobase poco después otra ley devolviendo las funciones al Consejo, pero limitadas únicamente a su capacidad de nombrar dos miembros del TC, maniobra con la que el Gobierno pudo a su vez designar a otros dos y, gracias a la postura bobalicona de Casado (mejor dicho de Egea), constituir un TC y un Tribunal de Cuentas totalmente manejables.


Durante el poco tiempo que ambos órganos llevan funcionando después de la renovación han dado suficientes muestras de sectarismo. El caso más preocupante se encuentra en el Tribunal Constitucional por la función tan capital que tiene como garantía última de la legalidad del sistema, del correcto funcionamiento de las instituciones, y de que se mantiene la división de poderes. Buena señal de lo que se puede esperar de él se encuentra en la sentencia recién emitida declarando constitucional la privación de funciones del CGPJ, que deja a los pies de los caballos a la magistratura.


No deja de ser curiosa la postura de la magistrada María Luisa Segoviano, que votó afirmativamente en la sentencia, habiendo sido una de las voces más críticas contra la norma cuando estaba en el Tribunal Supremo. Parece que pertenecer a la cuadra de Conde-Pumpido imprime carácter e impone una disciplina más estricta que la que se tiene al militar en un partido.


Este hecho y otros parecidos (como los informes filtrados acerca de los recursos de los ERE andaluces o de la legitimización de los futuros cambios que Sánchez se propone introducir en la elección del CGPJ) nos hacen ser pesimistas de cara al futuro, tanto más cuanto que algunos de los miembros del TC defienden una interpretación creativa o modificadora del propio texto constitucional, y no están dispuestos a inhibirse ni a aceptar recusaciones, por mucho que fuesen evidentes sus implicaciones con anterioridad en los casos y, por lo tanto, la sospecha de su parcialidad. No deja de ser significativo que el sanchismo y sus adláteres anden por ahí repitiendo que todo se hará dentro de la Constitución, con la tranquilidad que da el saber que se cuenta con el Tribunal Constitucional para refrendar todo lo que el Gobierno y la mayoría del Congreso aprueben.


No hay que ser muy suspicaz para sospechar que en la ley de amnistía que se está cocinando, interviene con un papel preeminente la brigada de Conde-Pumpido a efectos de que su redacción sea lo suficientemente ajustada y fina para que con una interpretación evolutiva de la Constitución se pueda defender que es congruente con ella. Es más parece que en los aledaños de Puigdemont se ha filtrado que mantienen un intercambio de redacciones con expertos del TC


El aspecto más peligroso de la aventura de Pedro Sánchez es que cuenta con el TC y puede terminar santificando las modificaciones más aberrantes del sistema, un cambio de la Constitución por la puerta de atrás, un golpe de Estado. El Tribunal Constitucional, estúpidos…


www.martinseco.es


Qué se rompe cuando decimos que se rompe

Itxu Díaz. gaceta. 27 Octubre 2023


El Gobierno es la continuación de la mafia migratoria. Unos cobran un dineral por un viaje inseguro e ilegal en una cáscara flotante, y otros cubren las espaldas al mafioso acogiendo a los llegados en condiciones que no disfrutan buena parte de los españoles, a quienes nadie aloja en buenos hoteles, ni traslada en vuelos privados, ni reciben protección policial para huir con seguridad al margen de la ley. La izquierda reparte los derechos de la manera más dañina y ofensiva para quienes hacen las cosas bien, que se limitan a financiarlos y cumplir miles de obligaciones.


Las imágenes de inmigrantes celebrando su llegada a Madrid en vuelos nocturnos ordenados por Marlaska, sin coordinación con las regiones que los acogerán, distribuidos silenciosa y masivamente en pequeñas poblaciones aleatorias de la España que nunca salen en los telediarios —hasta ahora—, son el mejor spot publicitario para garantizar por muchos años el negocio millonario de las mafias migratorias africanas. Claro que, si alguna vez las cosas se ponen mal para el PSOE, siempre puede aparecer un Jesús Caldera a ordenar una regulación masiva de 700.000 futuros votantes, y provocar un efecto llamada de otro millón más de ilegales. Ya lo hemos vivido. Y así, en bucle, hasta el infinito y más allá.


Como no existe un proceso de acogida razonable, ni un protocolo que garantice el conocimiento de las normas y costumbres del país al que llegan, las posibilidades de éxito de los miles de inmigrantes que están arribando a nuestras costas son nulas; entiéndase por éxito una cierta contribución al PIB y una hoja más o menos limpia de incidentes penales, es decir, en lo que están la mayoría de los españoles de bien. Abandonan jóvenes, fuertes y lozanos su patria y su familia, condenándolos a un atraso cada vez mayor, por un futuro dorado que jamás podrán encontrar aquí.


Con un paro juvenil que ronda el 28%, es imposible que nuestro mercado laboral pueda absorber las repetidas olas migratorias, a menos que consideres que vender artículos falsificados en una manta sea una gran contribución al tejido laboral patrio, en cuyo caso te invito a que trates de pagar tus servicios sociales con el dinero público que generan los negocios callejeros de top-manta.


Y, sin embargo, la falsa esperanza que se les da no es peor que el asunto cultural. El inmenso fracaso de la inmigración europea brilla cada dos horas en periódicos de todo el continente, pero por alguna extraña razón, los impulsores de dar la bienvenida a todo aquel que intente cruzar fronteras violando la ley se esconden en sus madrigueras cada vez que las consecuencias saltan a la primera plana. Mientras, los que hoy mantienen esas políticas se limitan a vociferar, como Alemania, a tratar de ocultarlo, como Francia, o muy excepcionalmente, a pedirle ayuda al ejército cuando ya todo se ha ido de las manos, como Suecia. Al final, lo que la UE llama emergencia humanitaria migratoria consiste en ejercer la caridad con el dinero ajeno, para después dejarte a ti cargar con las inevitables consecuencias de esa política irresponsable.


Muchas veces habrás escuchado que España se rompe. Sin embargo, quienes defienden que no existe tal ruptura, se apoyan en que todo sigue igual. En efecto, aún existe un Estado, con sus jardines a la calle y sus cloacas llenas de ratas, un Gobierno, por más que no sea precisamente nacional, una Liga de fútbol, si bien más corrupta que el brazo de Pol Pot, y todavía quedan algunas leyes elementales e instituciones por derogar, cada vez menos. Los enemigos de España todavía no están rompiendo la nación por el final, por la unidad territorial, institucional y constitucional —aunque están preparando ya esta fase—, sino por el comienzo: la incorporación masiva de inmigración ilegal que desconoce nuestras normas y cultura, la persecución a la lengua común, la lenta corrupción de las instituciones que nos unen, la enfermiza desigualdad en el reparto de la tarta económica central o la legitimación del terrorismo que busca doblegar a la nación por la violencia.


Una lengua, una historia, unas costumbres y unas normas. Las naciones se forjan a lo largo de la historia, primero, para sobrevivir, y después para vivir mejor, de igual forma que nos criamos en familias para protegernos, para dejar descansar nuestra intimidad, para compartir formas de ser, anhelos y costumbres. Por lo general, no amamos a los hijos de los demás como a los nuestros, y no amamos a nuestra nación igual que a las demás. Pero nadie podría suponer que odiamos a todos los niños que no son nuestros, más aún, nadie cabal sería capaz de decir que hemos desarrollado una fobia hacia los hijos de otros solo porque amamos más a los propios. Con todo, hay tipos que ayudan económicamente antes a un hermano que a un desconocido, y que luego se rasgan las vestiduras ante quienes defendemos que España debe ayudar primero a los españoles, y después, al resto, a los que queden tras las deportaciones inmediatas de los delincuentes y terroristas; que en esto estaremos todos de acuerdo: golfos ya tenemos suficientes, gracias.


COMO CONSECUENCIA DE LOS PLANES DE INVESTIDURA DE SÁNCHEZ

VOX consigue que la amenaza al Estado de Derecho en España se debata en el Parlamento Europeo

MARINA RUIZ. BRUSELAS. gaceta. 27 Octubre 2023


VOX Europa ha conseguido que el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo acepte debatir sobre el Estado de Derecho y la independencia judicial en España.


La solicitud de este debate, que se espera se celebre el próximo 30 de noviembre, ha sido presentada por los de Abascal y secundada por el Partido Popular y Renew Europe en el contexto de una petición previa presentada por la asociación Ciudadanos Por Una Justicia Independiente.


Los peticionarios se dirigieron a la Eurocámara para manifestar su inquietud ante la falta de independencia del Poder Judicial en España y la presión que el Gobierno ejerce sobre los jueces. Señalaron que esta situación obstaculiza investigar casos de corrupción relacionados, por ejemplo, con la financiación europea que España recibió a raíz de la pandemia de la COVID-19.


La decisión de celebrar este debate es vista por VOX como un avance necesario para atraer la atención internacional sobre el debilitamiento del Estado de Derecho en España, sobre todo en lo que respecta a la independencia judicial.


La deriva autoritaria del Gobierno español se puso de relieve ya en 2021 con el proyecto de ley que buscaba reformar el sistema de elección de miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La Unión Europea y el Consejo de Europa siempre han animado a España a implantar un sistema por el que el órgano de gobierno de los jueces sea elegido por los miembros de la carrera judicial, y no por el Parlamento, como actualmente sucede. PSOE y Podemos pretendían ahondar en lo contrario, reduciendo las mayorías parlamentarias requeridas para renovar al CGPJ, lo que habría excluido del todo a la oposición a la hora de renovar al órgano de gobierno del Poder Judicial.


Ante el revuelo ocasionado y la llamada de atención del Comisario de Justicia, Didier Reynders, los partidos que respaldaban ese proyecto de ley decidieron retirarlo. Sin embargo, sí que aprobaron en marzo de 2021 una reforma legal para que el CGPJ no pueda realizar nombramientos mientras dure el bloqueo que impide la renovación de sus miembros.


Mediante este debate aprobado ahora por el Comité de Peticiones, la Comisión Europea estaría supervisando de cerca la situación y podría proponer sanciones contra España si se infringiera el Reglamento relativo a la condicionalidad del Estado de Derecho, que subordina la financiación de los Estados Miembros al respeto por los principios del Estado de Derecho.


El debate en el Parlamento Europeo permitirá someter la deriva autoritaria del Gobierno de Sánchez a escrutinio de Europa, en un momento en que el Estado de Derecho en España se ve amenazado por la posibilidad de una amnistía a los golpistas catalanes.


Las grandes empresas empiezan a levantar la voz contra Sánchez

Los elevados impuestos, la inestabilidad en el marco regulatorio, los ataques personales... es una larga lista de motivos por la que las compañías podrían buscar inversión fuera de España.

Editorial . ESdiario. 27 Octubre 2023


Repsol ha sido la primera gran empresa en mostrar su enfado monumental con Pedro Sánchez y su populista acuerdo con Yolanda Díaz. Y lo ha hecho sin disimulo en un comunicado en el que se queja de la inseguridad jurídica que genera este Gobierno y, en concreto, el punto del acuerdo entre PSOE y Sumar que prevé mantener el impuesto a la banca y a las energéticas.


“La falta de estabilidad en el marco regulatorio y fiscal del país podría condicionar los futuros proyectos industriales de Repsol en España”, dice Repsol en esa nota de prensa publicada este jueves. Pero no solo es el impuesto a la banca y las energéticas lo que molesta sobremanera al sector empresarial español. El acuerdo entre Sánchez y Díaz prevé fijar un tipo del 15% en el Impuesto de Sociedades sobre el resultado contable, en lugar de sobre la base imponible como hasta ahora.


Los empresarios están cansados de ataques, insultos y señalamientos, en algunos casos incluso con tintes personales, que se lanzan desde el Gobierno. Están cansados de que no solo no se valore su importancia para el desarrollo del país sino que se les pinte como los malos de la película, los que se escaquean a la hora de pagar impuestos y los culpables de los bajos salarios y la precariedad laboral que caracteriza a nuestro mercado de trabajo.


En ese clima de hartazgo en el que Repsol ha levantado la voz, la vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, tuvo el desparpajo de pedirle a los empresarios en un foro de empresarios que valoren “la estabilidad” que proporciona el Gobierno de Pedro Sánchez. Es exactamente lo contrario por lo que se queja Repsol, “la falta de estabilidad” en las reglas de juego, cambiantes a capricho del Gobierno, según su necesidad de generar titulares.


El malestar de los empresarios españoles puede ser otra piedra en el camino hacia la investidura de Sánchez. Los ojos de los empresarios vascos se van a volver hacia el PNV, del que esperan que defiendan sus intereses. Los nacionalistas vascos ya han puesto mala cara al acuerdo entre el PSOE y Sumar, tienen cinco votos imprescindibles para la investidura de Sánchez y como dijo Iñigo Urkullu no hace mucho, el problema de Sánchez es que necesita todos los votos para todas lasvotaciones.


ADVIERTE A EUROPA DE LAS GRAVES DECISIONES QUE EL GOBIERNO DE PEDRO SÁNCHEZ PLANEA LLEVAR A CABO

VOX presenta en el Parlamento Europeo un informe de la Fundación Disenso contra la amnistía

MARINA RUIZ. BRUSELAS. gaceta. 27 Octubre 2023


El equipo de VOX en Europa, presentó este miércoles un informe titulado Amnistía a los golpistas, historia de un proceso constituyente ilegítimo.


En sus páginas, el documento elaborado por la Fundación Disenso narra la historia del proceso constituyente en el que llevan trabajando los separatistas desde hace décadas y se centra en la amnistía y la ilegitimidad de un proceso constituyente en España.


Jorge Buxadé, líder de la Delegación de VOX en el Parlamento Europeo, anunció que este informe también será presentado en el Congreso de los Diputados y otras instituciones nacionales. La iniciativa además busca sensibilizar a toda Europa sobre las graves decisiones que el Gobierno de Pedro Sánchez planea llevar a cabo, en colaboración con su socio Carles Puigdemont y otros partidos separatistas. Para ello, el eurodiputado español envió una copia en inglés a los 705 eurodiputados de la Eurocámara.


Para la presentación de este informe, Buxadé ha contado con el respaldo de tres de los cinco vicepresidentes de comunidades autónomas de España. La secretaria autonómica de Cultura y Deporte de la Comunidad Valenciana, Paula Añó, el vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejando Nolasco, el vicepresidente de Murcia, José Ángel Antelo y el vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, que declaró: «Nos comprometemos a utilizar todos los medios legales a nuestra disposición para detener la deriva que amenaza el Estado de Derecho».


Esto incluye la posibilidad de interponer recursos de inconstitucionalidad contra la aprobación de la ley de amnistía o cualquier otra decisión que el Gobierno de Pedro Sánchez intente adoptar en las próximas semanas en colaboración con Puigdemont.


Las cuatro ideas principales que recoge este documento son: uno, que la aprobación de la ley de amnistía supondría el fin del régimen constitucional del año 78. Dos, que esta norma supone un ataque a la unidad y a la concordia de España. Tres, que con su aprobación se eliminaría el Estado de Derecho del país, y cuatro, que el Tratado de fundación de la Unión Europea permite mecanismos para impedir que esto ocurra.


«No se trata de una batalla política ni cultural, sino de la defensa de los derechos de los españoles (…). VOX no tiene intención de pedir a la Comisión Europea que realice acciones en contra del pueblo español», afirmó Buxadé.


ADEMÁS DE LA ASIGNATURA DE LENGUA

El TSJC ordena que una alumna de Canet (Barcelona) reciba una asignatura troncal en español

LGI. gaceta. 27 Octubre 2023


El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha sentenciado que una alumna de Canet de Mar (Barcelona) deberá recibir en español, además de la asignatura de lengua, «una o unas áreas de conocimiento, competencias clave, materias o asignaturas adicionales que, por su importancia en el conjunto del currículo y su carga lectiva, puedan ser consideradas como principales».


Lo ha hecho al estimar en parte el recurso de la familia de un alumno contra la decisión de la Consejería de Educación al rechazar su petición de modificar el régimen lingüístico educativo.


La demanda que originó el procedimiento reclamaba que la menor recibiera al menos un 25% de horas lectivas en español y quería anular el proyecto lingüístico de la escuela por otro con «una presencia equilibrada de la vehicularidad en la enseñanza de las dos lenguas oficiales», un hecho que contó con la oposición de la Generalidad.


En la argumentación del fallo, el TSJC se remite a los que ya expuso en su sentencia de 16 diciembre de 2020, con la que ordenó impartir al menos un 25% de enseñanza en español dentro del sistema educativo catalán, una decisión que basó en la doctrina del Tribunal Constitucional (TC) y valoró que «en conjunto el uso vehicular de la lengua castellana en el sistema de enseñanza en Cataluña es residual».


******************* Sección "bilingüe" ***********************


La ‘prueba del nueve’ de la amnistía

LIBERAL ENFURRUÑADA. okdiario. 27 Octubre 2023


El diccionario de la Real Academia Española define la prueba del nueve como una «prueba clara que confirma la verdad o falsedad de una cuestión debatida». La expresión tiene su origen en un cálculo sencillo que, antes de que se inventaran las calculadoras, permitía verificar fácilmente si una operación aritmética realizada a mano había dado un resultado erróneo.


Básicamente, existen dos cuestiones fundamentales con las que podemos analizar si la amnistía a los golpistas catalanes del 1 de octubre de 2017 es asumible en una democracia occidental. La primera y más debatida entre políticos, opinadores y medios de comunicación, analiza los aspectos legales de esa medida de gracia, su encaje en nuestro ordenamiento jurídico y, fundamentalmente, en nuestra Constitución. Con el objetivo de allanar esta cuestión, Pedro Sánchez se ha ocupado ya de situar al socialista Cándido Conde Pumpido al frente de un politizado Tribunal Constitucional.


Este debate jurídico podría extenderse incluso más allá de la sentencia del Constitucional, mediante un posible recurso que el Tribunal Supremo podría plantear ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que finalmente tendría que decidir si, más allá de en nuestra Constitución, la amnistía a Puigdemont y sus secuaces tiene encaje en el Derecho comunitario. Pero sin restar importancia a la cuestión judicial, el otro fundamento con el que, a mi juicio, debe analizarse esta medida de gracia es su carácter moral, en el sentido de plantear claramente a la ciudadanía cuáles son los motivos por los que Pedro Sánchez considera que es una medida oportuna y conveniente para la nación.


Aunque el presidente en funciones sigue nadando y guardando la ropa, habiendo dado instrucciones para que ningún cargo relevante del PSOE se posicione abiertamente a favor de la concesión de la amnistía y nadie diga una palabra que pueda comprometerle en el caso de que fracasen las negociaciones con Puigdemont y Junts no le permita ser investido; al menos ya ha reconocido que se está negociando. En el mismo discurso en el que negó tener ya una posición al respecto, repitió sus alegatos en favor de la generosidad política con Cataluña para resolver su «conflicto» político, al mismo tiempo que presumió de que los indultos a los golpistas condenados por el Tribunal Supremo «contribuyeron a la estabilidad y la normalización de la política en Cataluña» y dijo que hoy tiene la certeza de que «obedeció al interés general».


Es decir, que si finalmente, terminadas las negociaciones con los distintos grupos políticos cuyos votos necesita Pedro Sánchez para ser investido, el Partido Socialista acuerda con Junts conceder la amnistía al fugado Puigdemont y todos sus cómplices, del mismo modo que en la pasada legislatura le concedió el indulto a los que ya habían sido juzgados y condenados, el motivo por el que se nos dirá que se ha aprobado esta medida de gracia será, igual que entonces, resolver el conflicto político catalán para así facilitar la normalización política en Cataluña, en defensa del interés general de los españoles.


Hagamos pues la prueba del nueve a esta afirmación. Si fuera verdad, como afirma Sánchez, que la amnistía se aprueba en el interés general de España, debemos encontrar esta medida entre las que llevaba en su programa electoral de las elecciones del 23 de julio o, incluso, si el cambio de opinión hubiera sido reciente, la amnistía estaría en el acuerdo de Gobierno que acaban de firmar PSOE y Sumar, porque es progresista y buena para España. Si, además, Sánchez creyera que la amnistía contribuirá a resolver el «conflicto» catalán encontraríamos en sus declaraciones previas a las últimas elecciones los argumentos con los que él defiende esta idea. Es más, si el presidente creyera en la amnistía, la habría aprobado en la anterior legislatura y no estaría utilizándola como contraprestación para ser investido.


Como no se cumple ni una sola de estas premisas, la prueba del nueve señala que Pedro Sánchez miente de nuevo, que en realidad él no cree que la amnistía contribuya al interés general ni que vaya a servir para resolver ningún conflicto en Cataluña. Y si no cree esto, como queda demostrado, significa que va a aprobar una medida de gracia de más que dudosa legalidad, que es rechazada por la inmensa mayoría de los españoles entre los que se incluyen muchos de sus votantes, que él mismo piensa que no responde al interés general y que no va a contribuir a resolver el problema de Cataluña; y que lo va a hacer solamente para que Puigdemont le permita ser investido, por puro egoísmo. La prueba del nueve no falla: Sánchez miente.


¿Filibustero, yo? tururú

EMILIO CAMPMANY. libertad digital. 27 Octubre 2023


El País acusa al PP de obstruccionismo parlamentario por negarse a colaborar en la elección de los miembros de las comisiones en proporción a la representación de cada cual. Al periódico sanchista le sorprende que, tras admitir que esa proporción se aplique en la Diputación Permanente, se niegue a aceptarla para las comisiones. Luego, el propio artículo, de manera algo torcida, explica que el problema viene del fraude de ley que cometió el PSOE al facilitar mediante la cesión momentánea del número necesario de diputados, que Esquerra y Junts tuvieran grupo parlamentario a pesar de no tener derecho a él. La negativa del PP trata de evitar que ERC y Junts estén representados en todas las comisiones, algo a lo que tendrían derecho si tuvieran grupo parlamentario propio. Y si no tienen derecho a esto, tampoco deberían tenerlo a lo otro. Los fulleros socialistas aducen que la trampa tiene precedentes y no es nueva. Pero, el que una ilegalidad se venga cometiendo desde siempre no autoriza a seguir perpetrándola.


En este caso, además, el fraude tiene delito porque no se trata sólo de que tenga grupo parlamentario quien no tiene derecho a él, sino que los socialistas quieren favorecer a unos partidos que intentaron dar un golpe de Estado y que mañana mismo se negarán a asistir a la jura de la princesa de Asturias con ocasión de su mayoría de edad. Y no se tiene esta atención con ellos por mera bonhomía u obtusa estulticia, sino para comprar sus votos y que el caradura de Pedro Sánchez salga investido como presidente del Gobierno del reino de España. El desastre constitucional que implica la amnistía oculta esta flagrante violación del reglamento de la cámara por virtud de la cual quienes quieren destruir España, escupen en sus instituciones y desprecian sus leyes, además de incumplirlas, disfrutarán de los derechos que esas mismas leyes conceden sin reunir los requisitos necesarios. ¿Quién se lo permite? El PSOE.


Y para que nada de esto se hable en el Parlamento, para que los socialistas no pierdan ni una votación mientras no hayan comprado los votos de golpistas majagranzas, filoetarras extractivos y soberanistas de boca chica y bolsillo ancho, los socialistas mantienen semana tras semana el Parlamento cerrado sin que nada se haga en él. No sólo, sino que tampoco se permite que el Congreso cumpla con una de sus obligaciones más importantes cual es la de controlar al Gobierno alegando que está en funciones. Razón de más pues, aparte el control habitual, habría que supervisar si el Gobierno se extralimita y hace cosas que se supone que en funciones no puede hacer, que las hace. Y muchas.


Y teniendo a un PSOE que gobierna como lo hace, saltándose las leyes y yendo más allá de sus limitadas competencias, otorgando grupo parlamentario a quien no tiene derecho a él y cerrando el Congreso de los Diputados para evitar toda crítica a su infame sometimiento al chantaje de los nacionalistas, el que hace filibusterismo parlamentario, según El País, es el PP. ¡Amos anda!, que diría el de Hortaleza.


Ave Feijóo, los que van a perder te saludan

ANTONIO ROBLES. libertad digital. 27 Octubre 2023


Don Alberto, Puigdemont no miente, su vida entera es la mentira de una generación que ha convertido la guerra de sucesión en una guerra de secesión.


La última "verdad feijoniana" que Puigdemont se ha sacado de la chistera como condición para apoyar la investidura de Sánchez, es el reconocimiento de Cataluña como minoría nacional históricamente oprimida por España. No como "nación cultural" que el nacionalismo logró colar en el preámbulo del Estatuto en 2006, sino como nación histórica con efectos jurídicos.


Se las prometían muy felices los padres de la patria cuando el Tribunal Constitucional dictaminó en la sentencia de 2010 sobre el Estatuto de Cataluña "la indisoluble unidad de la nación española", tal como reza el Art. 2 de la Constitución, pues es "la única en sentido jurídico-constitucional". Creyeron haber esquivado una vez más a los infelices separatistas con chatarra cultural. ¡Qué equivocados estaban! En realidad, al permitir incorporar el concepto de nación como concepto cultural en el preámbulo del Estatuto, acababan de colaborar una vez más con la construcción de un imaginario colectivo nacional catalán que adquiría identidad histórica, aunque sólo fuera como verbo. Solo hacía falta que el Verbo se hiciera carne. Y en eso anda Puigdemont ahora. Con su sola exigencia en la negociación de investidura ya está imprimiendo en el alma colectiva de "su pueblo" la existencia real de una nación que nunca existió. Casquería jurídica, sí, pero combustible para inflamar el espíritu del pueblo (Volksgeist, Herder, Humboldt), la conciencia étnica, el desgarro de una nación violada por sus enemigos. Aunque el detalle le ha pasado inadvertido al galleguista, a juzgar por las inquietantes declaraciones que hizo ayer en Barcelona a propósito de las mentiras de Sánchez y "las verdades" de Puigdemont.


Me he resistido durante años a creer que en Madrid no se enteraban de qué va esta vaina de la construcción nacional. Y efectivamente no se enteraban. Ni siquiera reparaban en los órdagos cada vez más supremacistas del nacionalismo. Sólo los tenían que escuchar. Y no lo hacían. Efectivamente, no mentían en las intenciones, aunque todo fuera mentira en sus fundamentaciones. Esto es lo que no ha entendido Feijóo cuando soltó ayer en Barcelona, que Sánchez miente mucho y Puigdemont dice siempre la verdad: "otros mienten mucho" (se refería sibilino a Sánchez)), pero "Puigdemont no nos ha mentido", "todo el mundo sabe lo que pide".


Es la peor versión de Feijóo y la más peligrosa. O ignora las consecuencias, o no ve la sombra que proyecta la gran mentira histórica de la nación catalana con la que nos martirizan cada día. ¿Acaso no mintió Carles Puigdemont cuando largó el 5 de septiembre que: "Cataluña es una nación, una vieja nación europea, que ha visto atacada su condición nacional por los regímenes políticos españoles desde 1714, hecho por el cual ve en su independencia política la única manera de seguir existiendo como nación"? ¿Y tal distorsión de la historia no alcanza cuotas insufribles de totalitarismo cuando su partido Junts exige que tal falsificación de la historia "no puede ser discutida"?


Yo puedo entender que quiera cargar las tintas sobre su rival político, pero de ahí a justificar a los mayores falsificadores de la verdad histórica de España, va un trecho.


En descargo de Puigdemont, debo decir que sus mentiras son las mentiras de toda su generación, lo cual no justifica ni una de ellas. De hecho, su vida está construida sobre un inmenso muradal de mentiras. ¿Miente o no miente Puigdemont cuando habla de presos políticos? ¿Falta a la verdad, o no, cuando asegura que el derecho de autodeterminación está abalado por el derecho internacional? Tal derecho solo es aplicable a los países colonizados. ¿Saben esto sus seguidores…? ¿ No es mentirles? ¿Mintió o no mintió a sus compañeros de gobierno cuando les incitó a volver a sus despachos a la mañana siguiente de su declaración de independencia, mientras él se ocultaba en el maletero de un coche camino del "exilio"? No sólo mintió, fue desleal con los suyos y un cobarde. ¿Miente cuando asegura que en Cataluña no hay conflicto lingüístico alguno? ¿Mentía cuando defendía el derecho inalienable de los niños catalanohablantes a estudiar en su lengua materna, o cuándo legislaba para impedir que lo hicieran en la suya los niños hispanohablantes? ¿Dice la verdad cuando cataloga de facha a cualquier ciudadano catalán que no es nacionalista? ¿No está mintiendo cuando asegura que el pueblo catalán es soberano para decidir libremente su futuro? ¿Acaso dice la verdad cuando se hace llamar presidente de la República catalana en el exilio? ¿Existe una República catalana? ¿Miente cuando exige el derecho a decidir la autodeterminación, o cuando niega ese mismo derecho a decidir la lengua vehicular de la enseñanza? ¿Miente cuando dice que el referéndum del 1 de Octubre fue legal, o cuando ignora el resultado del referéndum que él mismo impulsó en su fantasmagórico "Consell de la República"? ¿Miente cuando habla de expolio fiscal y asegura que España nos roba, o cuándo niega haberse apropiado de bienes públicos para arruinar el buen nombre de España en el extranjero? ¿Miente o no miente cuando asegura que Colón era catalán y los andaluces se pasan la vida en el bar mientras Cataluña se desloma trabajando?


Mire Don Alberto, Puigdemont no miente, su vida entera es una mentira, la mentira de una generación colgada de 1714 que ha convertido la guerra de sucesión en una guerra de secesión. ¿Esa es la verdad que usted está dispuesto a considerar?


PD: La terrible verdad que emana de la aceptación de tantas mentiras es que si Feijóo está dispuesto a "normalizar sus relaciones con el nacionalismo" cuando estos están exigiendo amnistía, referéndum, y la consideración jurídica de la nación catalana, ¿cómo van a regatearle la exclusión de los derechos lingüísticos que llevan décadas llevando a cabo con más de la mitad de Cataluña? ¿Cómo conseguir lo menos, si están en lo más? Ave Don Alberto, los que van a seguir siendo excluidos, le saludan.


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