Recortes de Prensa Jueves 2 Noviembre 2023

Hamas ha asumido lo peor de Isis, Hezbolá y los talibanes

El análisis de los vídeos grabados por los propios atacantes demuestra que asumen las tácticas más sanguinarias de las bandas yihadistas

J.M. ZULOAGA. la razon. 2 Noviembre 2023

Hamas, durante los entrenamientos que precedieron a los ataques del pasado 7 de octubre, ha mezclado sus tácticas con las del Estado Islámico, Hezbolá y los talibanes, según el análisis de los vídeos grabados durante dichos ataques. “La brutalidad y el júbilo de los militantes de Hamás cuando mataron a civiles israelíes (incluidos bebés, niños pequeños y ancianos) son evidentes”, señala HsTosay, que recopila lo publicado por medios norteamericanos. Los vídeos proceden de imágenes de GoPro, teléfonos celulares y cámaras de tablero grabadas por los propios atacantes.

“Hamás parece haber combinado las tácticas de Hezbolá, el Estado Islámico y los talibanes al montar un ataque a gran escala que incluyó aproximadamente 2.000 combatientes, salvas de cohetes, toma masiva de rehenes, violaciones, decapitaciones y transmisiones en vivo”. El ataque de Hamás del 7 de octubre, el peor ataque terrorista en los 75 años de historia del país, empleó todas esas tácticas y mató a más de 1.000 civiles israelíes. Según el derecho internacional, se trata de un crimen de guerra.

“Los militantes parecen tranquilos en los videos GoPro que ellos mismos filmaron, registrando lentamente casas llenas de signos de la vida cotidiana (un desayuno recién hecho, un iPad, un par de zapatos) mientras los civiles israelíes aparentemente se escondían en habitaciones seguras cercanas. Los miembros de Hamás parecen asombrados y sorprendidos por el éxito de su operación y la lenta respuesta de las fuerzas de seguridad israelíes”.

“Los atacantes vitorearon mientras mataban a personas desarmadas. Los miembros de Hamas mataron a tiros a civiles en sus salas de estar, incendiaron casas y arrojaron una granada a un padre que intentaba proteger a sus tres hijos, matando al padre y a un niño y cegando parcialmente a otro. Después de que civiles fueran asesinados a tiros en el coche, militantes de Hamás sacaron sus cuerpos inertes del vehículo, entraron y se marcharon.

Las imágenes mostraban a miembros de Hamás participando en el tipo de carnicería representada en los vídeos de ISIS. En una escena, un miembro de Hamás le pide a otro combatiente que lo filme mientras dispara a la cabeza de un civil israelí que parece ya estar muerto. En otro, un grupo de terroristas de Hamás discuten sobre quién puede cortarle la cabeza a un tailandés que estaba trabajando en Israel. Luego, uno de ellos lucha por cortarle la cabeza con un azadón. Las imágenes incluyen fotografías de dos bebés que recibieron disparos en la cabeza y dos bebés que parecen haber sido quemados hasta quedar carbonizados.

Kiev repele decenas de ataques mientras las tropas rusas preparan un nuevo asalto masivo en Avdivka

Las fuerzas rusas también han atacaron sin éxito en la zona de Staromaiorske, según fuentes ucranianas. Además, el Ejército ucraniano declaró esta semana que la guerra había entrado en una nueva fase

Ana Rodríguez. el confidencial. 2 Noviembre 2023

Ucrania repelió durante las pasadas 24 horas decenas de ataques enemigos a lo largo de todo el frente, mientras Rusia termina de reagrupar a sus tropas en la zona de Avdivka (provincia oriental de Donetsk) para lanzar otra ola de ataques masivos y avanzar hacia su objetivo de rodear la localidad.

Según el parte de hoy del Estado Mayor de Kiev, Rusia lanzó ayer 10 ataques infructuosos en la zona de Kúpiansk (noreste), otros 15 junto a Bajmut, 7 en los alrededores de Avdivka y más de veinte en el eje de Márinka (este).

Además, este miércoles un grupo de funcionarios ucranianos afirmó que Rusia estaría aumentando su ofensiva en Bajmut, un movimiento para el que las fuerzas de Kiev se estarían preparando.

Claves del momento:

Ucrania repele decenas de ataques y Rusia prepara un nuevo asalto masivo sobre Avdivka

Rusia ataca infraestructura crítica y militar ucraniana y alcanza una refinería en Poltava

Moscú aumenta su ofensiva en Bajmut

El número de soldados rusos muertos en la guerra supera los 300.000, según Ucrania

Moscú derriba dos drones sobre la región de Kursk

Así hemos contado la jornada 616 de la guerra

Hace 30 minutos 07:35

Ucrania repele decenas de ataques y Rusia prepara un nuevo asalto masivo sobre Avdivka

No son una nación, son españoles secesionistas

Jesús Rul. vozpopuli. 2 Noviembre 2023

A la luz de los hechos que estamos viviendo sobre el régimen constitucional vigente y la nación española podemos afirmar que hay razones objetivas de disonancia, esto es, falta de correspondencia, tensión y conflicto entre ambas. No es, por tanto, reducible al plano subjetivo de la disonancia de ideas y creencias de unos españoles respecto de otros, como pueden ser otras cuestiones democráticamente debatibles en el espacio público.

Estamos, pues, ante una cuestión sustantiva que afecta de lleno a los vínculos fundamentales entre la Nación y el orden instituido. No son lo mismo: la nación es el “cuerpo nacional formado por todos los españoles”: ostenta la soberanía, fundamenta y precede al orden constitucional creado a través del tiempo. La nación soberana integra a los individuos para formar parte de una unidad que trasciende la biografía individual, proporciona un sentido cívico de pertenencia, un espacio de seguridad personal y colectiva, y un marco de garantía de derechos individuales y colectivos.

Las mayorías parlamentarias sólo la representan a plazo y con límites, porque la sede irreductible de la soberanía es la mente y conducta de cada uno de los españoles. Ahora los límites constitucionales básicos están siendo borrados: indultos y amnistía a golpistas, hegemonía del ejecutivo sobre legislativo y judicial, alianzas entre socialistas, comunistas, separatistas y filo terroristas… Estamos viviendo la constatación fáctica del desajuste entre España, nación de larga trayectoria histórica, y el orden instituido en 1978 que permite estas fechorías contrarias a la unidad nacional y al interés mayoritario de los españoles.

La vigente Constitución ha resultado un arma de erosión y deconstrucción de la nación de españoles; de su libertad e igualdad en todo el territorio nacional. En 45 años de vigencia de la Constitución la voluntad de división ha prevalecido sobre la unidad. El equilibrio inicial entre el Estado constitucional unitario y descentralizado en autonomías ha quebrado. Pueden aducirse diversas causas, pero dos son determinantes:

Una. La vana intención de integrar a los nacionalistas antiespañoles vascos y catalanes que ha resultado un fiasco, previsible habida cuenta de su naturaleza totalitaria desde el siglo XIX. Se les dieron dos armas que les han permitido afianzarse y crecer: la Constitución abierta del Título VIII que han sabido manejar para sus intereses separatistas, contaminando todo el sistema territorial, y una ley electoral fragmentadora (Loreg 1985) para garantizar su poder en las Cortes Generales. En 15 legislaturas han sido decisivos para la investidura del presidente del gobierno en casi todas excepto en cuatro (dos con mayoría del PSOE y dos del PP). Una minoría de españoles, que reniegan de ello y pugnan por la secesión, en pago por sus votos logran cesiones de trozos crecientes de soberanía (competencias, ejercidas sin control; impunes) y privilegios (inequidad en la obtención de recursos), utilizados ambos contra la unidad y los derechos sociopolíticos, lingüísticos y culturales de los españoles. Ahora vuelven a ser decisivos para entronizar en el poder a Pedro Sánchez (PSOE) al alto precio de violar la Constitución, pues eso significa amnistiar los delitos de los golpistas catalanes, que alzaron la institución autonómica contra el orden constitucional. La amnistía supone legalizar delitos graves contra la igualdad de los españoles, la seguridad jurídica, la integridad del poder judicial y la dignidad de los españoles. Después de la amnistía exigen el reconocimiento de la soberanía de sus feudos: los separatistas catalanes, un referéndum de secesión, y los vascos el reconocimiento de la nación vasca y fagocitar Navarra. Todo ello atenta no sólo contra la Constitución sino contra la Nación de españoles, de su integridad, seguridad, libertad y futuro. En 45 años, han pasado de pedir autonomía a exigir la secesión, insurrección mediante. Prueba palmaria del fracaso del orden instituido.

Dos. Los partidos nacionales con responsabilidades de gobierno (UCD, PSOE y PP) han sido incapaces, pese a tener oportunidades, de reconducir la gobernanza a la lógica de la unidad. Pudieron unir fuerzas y acometer reformas necesarias de la Constitución, pero y no lo hicieron. Fueron conscientes de la deriva autodestructiva y dejaron hacer, miraron para otro lado, cedieron ante los nacionalistas cada vez más crecidos.

Durante décadas el relato falaz de la fragmentación territorial se ha impuesto, relegando la unidad a la caricatura del centralismo, y continua por intereses espurios en la narrativa de la España plurinacional (si es plurinacional deja de ser Nación unitaria y queda reducida a ser aparato Estatal residual). En esto andan ahora socialistas, comunistas y separatistas con matices y argucias retóricas. Pero el mal ya está hecho, aunque puede ir a más, como se ha expuesto en la primera causa.

Lo que está en juego no es sólo la Constitución, cuyo garante institucional carece de imparcialidad, sino la unidad real de España como nación histórica desde la Edad Moderna, completado el ciclo de la Reconquista, en el siglo XV, que rememora la unidad de la Hispania romana y después visigoda. El ser histórico de España se desarrolla en dos periodos: el anterior y el posterior al constitucionalismo moderno. El largo periodo anterior corresponde a la soberanía multisecular de la monarquía hispánica con dos etapas sucesivas: la diversificación de reinos y territorios hispanos entre los siglos VIII y XV, y la unificación, a partir del siglo XV, se fue imponiendo a la división lo que permitió recuperar la unidad arrebatada por la invasión musulmana en el siglo VII.

Cuatro son los hitos sobresalientes de la unidad: la batalla de Navas de Tolosa (1212), la batalla del Río Salado (1340), la conquista de Granada (1492) y la unión dinástica de Castilla y Aragón, encarnada en Carlos I. La unidad hispana creó, entre los siglos XV y XVIII, el primer imperio global de civilización cristiano renacentista.

La España que hoy atravesamos en Ave o Falcon es el fruto de la unión de conciencia común, voluntad y sacrificio. Hoy amenazada por la falta de visión de las élites políticas y por la voluntad ahistórica e impostada, falaz y oportunista de los secesionistas. Nada de lo que dicen y a lo que aspiran tiene fundamento más allá de su apetencia de poder: no son nación; nunca lo fueron. No son minoría nacional; son españoles secesionistas, supremacistas y extractivos.

España, a comienzos del siglo XIX, se dotó por primera vez de un orden constitucional (Constitución de Cádiz, 1812), por influencia de la mentalidad Ilustrada de fijar en un pacto constitucional un conjunto de instituciones, principios, valores y procedimientos reglados, sustentados por la unidad nacional. Todos deberían atenerse a lo pactado. Muy pronto se incumplió y fue abolida. Las cinco constituciones siguientes (1837, 1845, 1869, 1876, 1931) tuvieron similar destino a lo largo de los dos últimos siglos con regímenes monárquicos, republicanos, revoluciones y dictaduras. Pese a estos cambios, la nación subsistió, aunque el “cuerpo nacional”, esto es, los españoles, sufrieron las consecuencias de tanto quebranto en vidas, haciendas, desarrollo y decadencia de la posición internacional.

El trasfondo sociopolítico y económico de estas mutaciones evidencia la profunda crisis de la España contemporánea, entre los siglos XIX y XX, que se saldaron en división, revoluciones, guerras civiles, dictaduras, empobrecimiento. A finales del siglo XVIII España aún era una Nación imperial con prestigio internacional. El real de a ocho o dólar español seguía siendo moneda de referencia en la economía mundial y fue primera moneda de curso legal en EE. UU hasta 1857. A finales del XX España era una nación secundaria con una colonia extranjera en Gibraltar. En las primeras décadas del XXI, seguimos bajando por la pendiente de la desunión y el empobrecimiento.

El pacto constitucional de la Transición y la incorporación a las instituciones europeas e internacionales supusieron una oportunidad de unidad integradora, ya malograda. Los viejos demonios familiares campan otra vez a sus anchas: fracturas separatistas, degradación del orden constitucional y desafío populista. Los gobiernos Frankenstein de Sánchez rememoran, 87 años después, la descomposición de los gobiernos de 1936, presididos por Largo Caballero (PSOE) con comunistas y separatistas.

Hoy la amenaza se cierne sobre la integridad de la nación, territorial, social, histórica y cultural. Sí, porque la conciencia nacional, que en nuestro caso reside en cada español, integra factores socioculturales y políticos, la vigencia del pasado en el presente y la voluntad de convivir juntos. Así lo explicaba Ernest Renan en 1882 en la conferencia, Qu’est-ce qu’une nation?

Libertad y nacionalismo

Los nacionalismos étnico-identitarios, como el catalán y el vasco, llevan más de 40 años destruyendo la memoria compartida de los españoles, sus derechos cívicos, lingüísticos y culturales. Así han ampliado la base social del separatismo comprando voluntades, manipulando conciencias a través del control de la educación y la propaganda nacionalista en los medios de comunicación. Es como afirmó John Acton, historiador y político inglés: ”La libertad de los ciudadanos y el nacionalismo son incompatibles”.

La disonancia entre la España unida y el orden constitucional está en un momento crítico. Puede alargarse un tiempo, pero sólo puede desembocar en dos situaciones: la consolidación de la división de funestas consecuencias; habrá que ver con qué fórmulas, o la reforma ordenada de la Constitución -clave para su permanencia- con un pacto entre fuerzas socialdemócratas y conservadoras.

El valor de la unidad sólo puede garantizarse con el cierre del Título VIII CE y la reordenación competencial: el Estado debe asumir competencias, como la educación, y la prevalencia del Estado nacional en todo el espacio soberano de los españoles: instituciones, lengua común, significados de memoria compartida, sentido de pertenencia, símbolos, rituales cívicos, historia, tradiciones. Los separatistas no deben ser decisivos en la gobernación de España.

‘Independence Day’ y la izquierda española

TERESA GIMÉNEZ BARBAT. okdiario. 2 Noviembre 2023

El antisemitismo está obligando a muchas personas a un replanteamiento. Y muy particularmente a muchos liberals, «progres» que diríamos aquí, de EEUU y Europa. Sobre todo liberals de origen judío.

Sí, es especialmente conocido el talante multicultural y buenista de la izquierda judía, tanto en Israel como en el resto de países donde están presentes. Mucho «concierto por la paz», en plan Barenboim. Judíos y musulmanes cantando juntos cogidos de la mano. Nadie más voluntarioso que un judío de este tipo. Si no que se lo digan a la Sra. Emily Rose, de 51 años, una mujer de la que hablan en este artículo, que les recomiendo. Después de la elección de Donald Trump, se fue a Nueva York con sus hijas y desfiló en la Marcha de las Mujeres. También en Minneapolis, donde vive, se lanzó a la calle después de la muerte de George Floyd. Como tantos como ella, era una gran donante de fondos. Soltó pasta tanto a movimientos liderados por negros como a esas organizaciones de justicia social que creía tan cercanas. Durante el último par de decenios, muchos estadounidenses blancos se esforzaron en «desaprender» prejuicios y «reeducarse» empapándose de las enseñanzas de académicos antirracistas como Ta-Nehisi Coates.

Ah, amigos. Pero después de la masacre en Israel del 7 de octubre, ésa en que terroristas de Hamás y muchos espontáneos civiles palestinos mataron brutalmente a unos 1.400 israelís en una orgía de violaciones, decapitaciones y torturas notó que algo no iba bien. Resulta que sus amigos, estos que se manifestaban con ella, esos a los que había cedido parte de sus ahorros, estaban más preocupados por los verdugos que por las víctimas.

Ahora muchos como ella están bajando del guindo. Incluso políticos en partidos de izquierda están renunciando públicamente y muchos donantes de universidades, sobre todo los de origen judío, están dejando de financiarlas por los despropósitos que se están viendo en ellas. Al igual que Rose, se sienten traicionados por una izquierda que pensaban que los respaldaría. Están escandalizados y silenciando en las redes, incluso a amigos cercanos. Gente a la que habían invitado a cenar en su casa y a quienes habían confiado sus hijos. Desde este infausto 7 de octubre se encuentran «políticamente sin hogar». Desgarrados porque tampoco se ven cercanos a los aliados clásicos de derecha de Israel, como los cristianos evangélicos y los conservadores. «Cuando miras a la derecha política ves un grupo que parece muy cómodo con los judíos en Israel y muy incómodo con los judíos en casa. Y cuando miras a la izquierda política, ves un grupo que parece muy cómodo con los judíos en casa y muy incómodo con los judíos en Israel», dice uno de ellos.

Y más que van a tener que cambiar. En Francia, por ejemplo, ya se han registrado más de 800 casos de antisemitismo. Hasta 60 estrellas de David azules aparecieron este miércoles en determinados edificios de París. En el Elíseo se muestran alarmados, y el propio ministro del Interior, Gérald Darmanin, ya ha amenazado con «señalar y avergonzar» a los sitios web que enaltezcan el terrorismo y llamen al odio a los judíos o a Israel.

Ellos, por lo menos, no tienen a la mitad del gobierno rechazando condenar el salvajismo de Hamás. Como dice en Twitter el diputado Guillermo Díaz: «Entre Hamás e Israel, con Hamás. Entre Putin y Ucrania, con Putin. Entre ETA y las víctimas, con ETA. Entre Maduro y su oposición, con Maduro. Entre el golpismo catalán y la igualdad, con el golpismo. La izquierda española en el Independence Day iría con los marcianos».

La Justicia ante la indigna amnistía

EDITORIAL. la razon. 2 Noviembre 2023

Dada la combinación de la expresa voluntad del Gobierno y de una aritmética parlamentaria que confluye con sus intereses no quedan más mecanismos para impedir que se perpetre una acción política, como es la concesión de la amnistía, que atenta directamente contra el ordenamiento jurídico español, que la actuación del Tribunal Constitucional. Y, por supuesto, sin pretender hacer juicios de intenciones, no sería de extrañar un fallo favorable del TC a los deseos del Ejecutivo, sin que importe demasiado el argumentario jurídico bajo el que se cubra.

Con ello, no queremos restar la menor importancia al escrito presentado por la mayoría de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en demanda de la celebración de un pleno extraordinario sobre la probable concesión de la medida de gracia, pero, dado el antecedente de los indultos a los condenados en firme por el intento de golpe de Estado en Cataluña, que el presidente en funciones del Gobierno, Pedro Sánchez, otorgó en contra del fundamentado criterio del Tribunal Supremo, hay que presumir que muy poco puede hacer la Justicia para impedir que se lleve a cabo ese acto de indignidad contra el Estado de Derecho.

Ciertamente, en su demanda, los vocales del CGPJ enumeran una serie de principios jurídicos y políticos en un diagnóstico impecable de una forma de corrupción de los sistemas democráticos que consiste en anteponer la voluntad de una mayoría parlamentaria, por exigua que esta sea, en un sistema en el que la libertad de voto de los diputados no deja de ser una quimera –pese a que el mandato imperativo esté expresamente prohibido por la Constitución–, por encima de cualquier otra consideración.

Y, como en el presente caso, retorciendo el reglamento del Parlamento para eludir los controles externos previstos en su día por un legislador que no pudo adivinar hasta qué punto la ambición personal y la transformación de los partidos políticos en mera correa de trasmisión de sus dirigentes podían llegar a entrelazarse.

Con todo, como señala el escrito del CGPJ, lo más aterrador de la situación que está viviendo la sociedad española es el argumento de fondo con el que Pedro Sánchez justifica sus pasos. Es ese "todo vale con tal de que no gobierne la derecha", trasunto de la aseveración de un comunista como Pablo Iglesias ("la derecha nunca más volverá a gobernar este país"), que confunde el propio interés partidista con el de España. No sólo atenta contra el principio del pluralismo político, reconocido como un valor superior en nuestro ordenamiento constitucional, sino que convierte a los españoles que no comparten la ideología gubernamental en supuestos enemigos de la Nación que sólo buscarían privilegios sobre los derechos de un supuesto «pueblo» que, al parecer, pertenece a las izquierdas.

La demoledora declaración institucional del CGPJ contra la Ley de amnistía de Sánchez, en manos de dos conservadores

Miguel Ángel Pérez. libertad digital. 2 Noviembre 2023

La aprobación de la demoledora declaración institucional del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en contra de la Ley de amnistía del 1-O anunciada por Pedro Sánchez se encuentra en manos de otros dos miembros del sector conservador del CGPJ: el presidente suplente Vicente Guilarte y el vocal Wenceslao Olea.

Ocho vocales conservadores del CGPJ presentan este jueves una solicitud de pleno extraordinario para aprobar la citada declaración institucional adelantada este miércoles en la que denuncian que el interés personal de Sánchez para lograr la investidura no es el interés de España. Los 8 vocales firmantes son Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Francisco Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez, José María Macías, Nuria Díaz y María Ángeles Carmona.

Fuentes del CGPJ consultadas por Libertad Digital apuntan que "el Pleno está compuesto actualmente por los 8 vocales conservadores firmantes, los otros dos miembros conservadores que no han firmado todavía la declaración Vicente Guilarte y Wenceslao Olea, y por último, los 6 vocales que integran el denominado bloque izquierdista: Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Enrique Lucas, Roser Bach, Mar Cabrejas y Pilar Sepúlveda".

"No se espera que ningún vocal del denominado sector izquierdista vote a favor de la aprobación de la declaración institucional, ya que los partidos que les propusieron como vocales forman parte del pacto de investidura de Sánchez. No obstante, para que la declaración se apruebe sólo haría falta un voto, que se podría obtener con el apoyo de Guilarte o de Olea. Ha llegado el momento de que cada uno se retrate y elija la forma en la que quiere pasar a la historia. La situación es límite", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD sostiene que "el pleno extraordinario para abordar la aprobación de la citada declaración institucional podría celebrarse el próximo lunes por la tarde, aunque la decisión la tomará el presidente suplente del Gobierno de los jueces, es decir, el propio Vicente Guilarte".

Golpes a la democracia

AGAPITO MAESTRE. libertad digital. 2 Noviembre 2023

Contemos sucintamente lo sucedido en 2017: la maquinaria del Estado de Derecho y el discurso del Rey pararon el golpe de Estado de Puigdemont contra la unidad de España, es decir, contra la democracia española. Rajoy apenas hizo nada sensato por detenerlo y, además, parece ser que ayudó, o peor, miró para otro lado, para que el golpista se fugará. Su cobardía no daba para otra cosa. No me extraña que al poco tiempo echaran del poder a semejante zote por vago y cobarde. Mucha de la gente que estaba con este fulano todavía sigue viviendo del momio de la política. No siente vergüenza de su cobardía y, además, sacan pecho sobre lo bien que lo hicieron. Majaderos. De la conducta miserable de Rajoy se nutrían los secesionistas y, por supuesto, siguen nutriéndose los golpistas de hoy, empezando por el gran truchimán de La Moncloa, Pedro Sánchez, que canaliza con desparpajo y soberbia el golpe de Estado ideado por Puigdemont. La derecha, sí, fue vencida por el golpismo catalán y vasco, o sea, por los secesionistas de siempre con la ayuda inestimable de Sánchez y el comunismo bolivariano.

Digamos con brevedad qué ha sucedido en 2023: la derecha se rehizo en las elecciones autonómicas y municipales; y ganó por la mínima las elecciones generales, aunque sin creérselo demasiado, con los complejos de siempre y todavía buscando una mano amiga en el seno de los golpistas del PSOE para que se repitan las elecciones. ¡Ver para creer! Al nuevo líder del PP le ha costado sangre, sudor y lágrimas reconocer que uno de los caminos, quizá decisivo, para detener a los golpistas sea el combate dialéctico en todas las instituciones nacionales y europeas y, por supuesto, en la calle. Movilización total o a tragar con las imposiciones del felón de La Moncloa.

La traición a la democracia española, a la unidad de la nación, ha sido consumada por Sánchez al tratar a Puigdemont como Presidente. Sánchez ya ha traído, aunque solo sea simbólicamente, al golpista a España, y lo ha entronizado con el título de Presidente de la Generalidad. A partir de ahí todo es posible. Oiremos todo tipo de barbaridades para justificar el golpe de Estado que ya ha dado Sánchez, especialmente que la amnistía a los golpistas es por España y los españoles, o sea, que él ejercerá el poder con mano firme para que los españoles vivan en paz, etcétera, etcétera. La ideología, el engaño y la mentira tratarán de ocultar lo real: hoy, 1 de noviembre de 2023, asistimos a algo más que un golpe de Estado en marcha. El golpe ha sido ya casi ha ejecutado y, en cierto sentido, interiorizado por buena parte de la casta política, incluida la que estuvo con Rajoy y ahora abreva en el entorno de Núñez Feijóo.

Ahí, sí, en la interiorización, en el hacerse ilusiones de esa casta política sobre su supervivencia cobarde y rastrera en el nuevo régimen de Sánchez, es donde tendrá más efectividad el golpe de Estado sanchista. Ya lo está teniendo. Quizá por eso los del PP llegan tarde a todo y no consiguen movilizar su inmenso poder democrático contra la maquinaria dictatorial de Sánchez. No confiemos, pues, demasiado en que los actuales partidos democráticos detengan la locura totalitaria sanchista. Al final, contra el actual golpista sólo nos queda que funcione alguna institución del Estado de Derecho, por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial, o mejor, la maquinaria democrática del Estado de Derecho, como en el año 2017, y la Jefatura del Estado. Pero, de momento, sólo nos cabe levantar acta de que Sánchez no sólo se ha burlado y vejado al Tribunal Supremo, que dicto una sentencia ejemplar en defensa del Estado de Derecho, sino que está dando un golpe mortal a la democracia

******************* Sección "bilingüe" ***********************

Un nuevo ‘Manifiesto de los persas’

PEDRO CORRAL. okdiario. 2 Noviembre 2023

Se suele decir que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla, o que la historia es maestra de la vida, aunque hay pueblos que se obstinan en no aprender nada y les encanta repetir los mismos errores por puro masoquismo. Pero no me interpreten mal, no estoy hablando de España porque ya hace tiempo que hemos decidido no tener historia, no poseer nada que olvidar o de lo que aprender.

Nos tratan de embarcar desde hace años en un proyecto auténticamente nihilista, con un progresivo vaciamiento de todo aquello que permite a una sociedad convivir en un mismo espacio, compartir unos anhelos, marcar unos objetivos, garantizar un futuro para las generaciones siguientes.

Nos quieren reducir a un marasmo de complejos, culpas y remordimientos a cuento de ser sencillamente españoles, como si por continuar el camino de nuestros abuelos y nuestros padres, como ellos prosiguieron el de quienes los precedieron, tuviéramos que pedir permiso o pagar peaje a quienes nos odian tanto como a sí mismos, pues ellos también son españoles.

Todo es dispersión, anulación, negación, división, condenación de lo que pueda alentarnos a mirar positivamente las fuerzas y potencias de nuestra nación. Suele decirse que es más lo que nos une que lo que nos separa, pero van consiguiendo que cada vez estemos más de acuerdo en lo que nos separa y más en desacuerdo en lo que nos une.

Convierten las ilusiones de unos en amenazas para otros; hacen de los éxitos armas arrojadizas, no digamos de los fracasos; utilizan la diversidad para imponer la uniformidad; reescriben el pasado para que recordemos lo que nunca sucedió; y diseñan un presente en el que la discordancia con el poder sea tenida por antidemocrática y la sumisión por democrática.

A esta incertidumbre de fin de época, se une la certeza aún más inquietante de que han convertido de la noche a la mañana a la Constitución y nuestras leyes en vacías carcasas, desactivadas sus virtudes garantistas de las libertades ciudadanas, la igualdad ante la ley, la separación de poderes y la prohibición de la arbitrariedad de los poderes públicos.

En definitiva, vaciadas de todo aquello que representa el compromiso de nuestra sociedad con los valores superiores de la democracia, frente a los atropellos de un poder oscurantista que designa con su dedo pulgar, hacia arriba o hacia abajo, la suerte penal de los mortales a su capricho y conveniencia, por encima de los jueces designados para garantizar el cumplimiento de las leyes democráticas que nos hemos dado.

Nos quedan, para exclusivo estudio de los paleontólogos constitucionalistas, los restos fósiles de un Estado de Derecho desarticulado bajo el aluvión del oportunismo cortoplacista, el estrecho interés de partido, la ciega ambición personalista y la ansiedad por renovar un nuevo mandato por temor a pasar por las horcas caudinas de quienes pudieran verse privados de las decenas de miles de nóminas y subvenciones públicas dependientes de él.

Nos hemos cansado de reclamar sentido de Estado a quienes no tienen otra meta que hacer que el Estado no tenga sentido. Pero el cierre forzado de la etapa de la España constitucional, en la que mayor libertad, prosperidad y paz hemos gozado los españoles, aun a pesar de las cruentas violencias que los hoy socios del gobierno promovieron o justificaron para destruirla, no es el precio que el sanchismo está dispuesto a pagar para mantenerse en el poder cuatro años más.

El sanchismo no va a pagar nada, lo vamos a pagar todos. Ese precio no es otra cosa que el resultado de sumar el coste del proyecto autocrático de Pedro Sánchez y el coste de la demolición de la España del 78 perseguida desde hace tiempo por sus aliados.

Cuando Conde-Pumpido habló de arrastrar las togas por el polvo, nunca dijo que en realidad se refería al polvo que se levantará de las ruinas del único edificio constitucional que, aun imperfecto, ha garantizado durante más de cuatro decenios a los españoles la vida en común, el progreso y la convivencia, bajo derechos y libertades comunes.

A eso fue el lunes a Bruselas el mandado de Sánchez. No sólo a rendir pleitesía a Puigdemont, sino sobre todo a entregarle, en trueque a su apoyo en la investidura, la certificación del derrumbe de la España constitucional que legítimamente le mantiene procesado por delinquir. Al lado del prófugo estaba Jordi Turull, condenado por delitos de sedición y malversación, que fue finalmente indultado por Sánchez en 2021, como prueba de que la palabra del líder puede valer acaso un céntimo cuando le interesa.

La reunión se desarrolló bajo la imagen grotesca, que pretende ser épica, de unos individuos que alzan una urna parecida a una papelera en el golpe de Estado del 1-O, toda una metáfora de la degeneración democrática y toda una humillación, la enésima, pero no la última, para los próceres sanchistas.

Cada momento histórico tiene o puede tener un manifiesto. El de ayer fue la nota de prensa que el PSOE difundió sobre el encuentro de sus recaderos con Puigdemont. No sé por qué histórico automatismo pensé en el Manifiesto de los persas, con el que setenta diputados reclamaron en 1814 a Fernando VII que reinstaurase el absolutismo contra la Constitución liberal de 1812, que las Cortes de Cádiz habían aprobado bajo la invasión francesa.

La nota de prensa del lunes contenía también en su estudiada insustancialidad su carga abolicionista contra la Constitución de 1978. Sencillamente por el solo hecho de llamar «president» a un prófugo de la Justicia. Hace falta mucha sutileza para emplear esa expresión. No era mera adulación a una persona para la que la Fiscalía pidió en julio una orden de busca y captura, cuando la amnistía estaba ya a punto de eclosionar como mentira en la incubadora que no cesa de Sánchez.

Otorgar a Puigdemont la condición de «president» significa invalidar el orden constitucional que, en defensa propia, en defensa de todos, lo declaró procesado en rebeldía por graves delitos contra las libertades y derechos democráticos de los españoles. Ni una puntada sin hilo.

La escena del lunes tenía la pesante atmósfera de una tarde de tormenta, con la imagen de la supuesta urna cerniéndose como un nubarrón sobre los presentes, en especial sobre los recaderos de Sánchez. Era todo un cuadro digno de los pinceles expresionistas del Goya de las pinturas negras, quien seguramente habría retratado bien los efectos siniestros de esa escena, como calibró entonces los que tuvo para su vida la felonía del Deseado, al traicionar por dos veces el espíritu de los patriotas de Cádiz.

Sí, siempre nos quedará el Museo del Prado como suprema lección, con sus lienzos desbordantes de vidas, con sus personajes de toda condición, tan poderosos algunos en su tiempo y tan efímeros en sus ambiciones como en sus hazañas, sus derrotas o sus traiciones, mientras la nación prevalece, siempre prevalece.

El cubo de la basura

PABLO PLANAS. libertad digital. 2 Noviembre 2023

El independentismo ha logrado convertir ese cubo de la basura en el símbolo de la victoria del golpe de Estado seis años después.

El PSOE trató de impedir que se viera la gran fotografía del saloncito en el que un emisario de Sánchez se reunió con el fugado Puigdemont. Vano empeño. La imagen era la misma que Ciudadanos logró retirar de una exposición sobre Cataluña y Europa montada por el grupo del expresidente golpista en el parlamento europeo. El centro de la estampa lo ocupa un cubo de la basura con el logotipo de la Generalidad. Se trata de las cajas de plástico transparentes que la misma Generalidad utilizó en el simulacro de referéndum del 1 de octubre de 2017 que fue el colofón del golpe de Estado.

Desde entonces y hasta hoy, los políticos, medios y administraciones separatistas han extendido la singular idea de que ese 1 de octubre de hace seis años y un mes fue la fecha de un referéndum en el que votó la mayoría de los catalanes a favor de la independencia de Cataluña. Eso, que es radicalmente falso, se da por sentado como si se tratara de una verdad inapelable a pesar de que el censo era un truño parcial elaborado con datos robados a millones de ciudadanos residentes en Cataluña. A pesar también de que no había ninguna garantía de las consideradas democráticas. A pesar de que se podía votar una, dos, tres y tantas veces como se quisiera. A pesar de que las mesas estaban formadas por militantes de los partidos y organizaciones separatistas. A pesar de que la proclamación de los resultados fue un esperpento a la altura del resto de la jornada. Y a pesar incluso de la quirúrgica intervención de la Guardia Civil y la Policía Nacional ante unas masas colocadas allí por los golpistas en la esperanza de que se produjera una desgracia que decantara los acontecimientos a su favor. Y todo ello mientras la mayoría de los 17.000 agentes de los Mossos d'Esquadra asistía cómplice a la celada separatista.

A pesar de todos esos pesares, el independentismo catalán ha logrado convertir ese cubo de la basura decorado con las cuatro barras de la Generalidad en el símbolo de la victoria del golpe de Estado seis años después. Los méritos están muy repartidos. No debe olvidarse a esos fenómenos que contrataron los barcos decorados con dibujos animados para alojar en miserables condiciones a los agentes. Ni a esos partidos presuntamente constitucionalistas que acordaron un 155 trampa que sirvió al independentismo para recuperarse del impacto de las manifestaciones masivas en su contra y recuperar posiciones.

Ni ahora, claro está, a Pedro Sánchez, autor de una operación magistral de humillación de la Corona que fue crucial para frenar el golpe de Estado y a la que los separatistas se la tenían y se le tienen jurada. Porque uno de los lamentos recurrentes de los golpistas es que el Rey se puso de parte de la Constitución y de los ciudadanos que estaban viendo pisoteados sus derechos civiles. Como prólogo del juramento constitucional de la heredera, la reunión con Puigdemont presidida por el cubo de la basura. Como epílogo, el comunicado con ERC sobre la amnistía total, con el Tsunami de Guardiola incluido.

Estaría bien saber qué opinión le merecería a la izquierda y al independentismo que un grupo de ciudadanos formara un grupo para protestar contra la ley de amnistía que instara a la gente a salir a la calle para tomar, un suponer, el aeropuerto de Barajas y cerrar los accesos por carretera a Madrid. O que se erigieran en "comandos de defensa de la ley" para cortar las vías del AVE, asaltar parlamentos regionales, amedrentar políticos y enfrentarse, por ejemplo, a los Mossos d'Esquadra. Claro que eso está absolutamente descartado. Entre los demócratas y los golpistas hay diferencias.

Las claves de la propuesta de declaración institucional

El CGPJ alerta en esta propuesta de declaración institucional que Pedro Sánchez "ha pactado una ley de amnistía con partidos políticos que incluye, entre otros, el dirigido por un prófugo de la justicia que se beneficiará personalmente de la medida" y destaca que "la futura ley de amnistía se tramitará como proposición de ley, con lo que se eludirá, una vez más, la función consultiva de este Consejo".

Los vocales del CGPJ expresan con esta declaración "su intensa preocupación y desolación por lo que esa medida supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de derecho en España" y señalan que "en ningún caso cabe aceptar es una amnistía, y ni tan siquiera un indulto particular de los admitidos genéricamente por la Constitución".

"Confundir el ‘interés de España’ con el interés del Presidente del Gobierno en funciones para evitar la hipotética formación de gobiernos de partidos de una ideología diferente a la suya es algo manifiestamente incompatible con la alternancia política", añaden.

Después, el CGPJ subraya que "no es compatible con el principio de Estado de derecho proclamado por el artículo 1 de nuestra Constitución. Ello supone degradar y convertir nuestro Estado de derecho en objeto de mercadeo al servicio del interés personal que pretende presentarse, desde el rechazo al pluralismo político, como el ‘interés de España’".

Los vocales denuncian que con la Ley de amnistía se genera "una casta jurídicamente irresponsable e impune por sus delitos lo que, con no justificarse en ningún fin constitucionalmente legítimo". Además, sostienen que "se violenta la independencia de los tribunales en su aspecto más básico: si la independencia es el instrumento necesario para que los tribunales puedan actuar con neutralidad y garantizar, mediante la efectividad de sus decisiones, el principio de seguridad jurídica" y también se violentan "los compromiso asumidos por España en los artículos 2 y 19 del Tratado de la Unión Europea para que en todo momento prevalezcan los principios de Estado de derecho e independencia judicial.

Lo que queda del Estado de derecho no se resigna a morir

EDITORIAL. libertad digital. 2 Noviembre 2023

Que ni la resignación ni el silencio acompañen al derribo de la frontera más preciosa de nuestra nación: la que la articula como Estado de derecho.

Todo parece indicar que Pedro Sánchez, en comandita con todas las formaciones contrarias a la unidad de la nación española y a su ordenamiento constitucional, ya lo tiene todo "atado y bien atado" para ser nombrado presidente de gobierno en una sesión de investidura que ha de celebrarse necesariamente en no menos de treinta días. Así lo apuntan, no sólo las nauseabundas declaraciones del propio Sánchez del pasado fin de semana, en las que el felón ya abiertamente defendía esa amnistía que hasta las pasadas declaraciones reconocía como abiertamente inconstitucional y perjudicial para España, sino también las declaraciones de los representantes de las formaciones separatistas, proetarras y de extrema izquierda que desvelan que el acuerdo ya se ha alcanzado. Es más: fuentes del PSOE aseguran que este partido, junto a Sumar, ERC, Junts, Bildu y BNG, podrían registrar en los próximos días la Proposición de Ley para celebrar, una semana más tarde, la sesión de investidura.

Aun así, no es menos evidente que lo que queda de España y de su Estado de derecho no se resigna a contemplar impasiblemente este atentado institucionalizado contra nuestra Ley de Leyes y contra la igualdad de todos los españoles ante un ordenamiento jurídico que la amnistía viene a burlar o subvertir en favor de los aliados golpistas de Sánchez. Y con ello no nos referimos únicamente a las encomiables y multitudinarias manifestaciones que se han celebrado y se van a seguir celebrando en toda España contra esta infamia; o a las declaraciones institucionales que contra ella puedan dirigirse desde los ayuntamientos o comunidades autónomas; o al previsible y deseable entorpecimiento que pueda darse a este engendro antijurídico a su paso por el Senado. Nos referimos muy especialmente también a la decisión de ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de solicitar al presidente Vicente Guilarte la celebración de un pleno extraordinario para debatir sobre una declaración institucional donde se califica acertadamente la amnistía de medida con "efectos de degradación" para el país "cuando no de abolición del Estado de Derecho en España".

Ni que decir tiene que si el Gobierno hubiera cursado esta amnistía como proyecto de ley, tal y como merecería algo de tantísima transcendencia jurídica, ese informe valorativo del CGPJ, como de otros órganos consultivos, sería preceptivo. Pero dadas la exigencias del golpista de Puigdemont de que esa iniciativa legislativa debía registrase no después sino antes de la investidura de Sánchez, ha permitido al felón de La Moncloa esquivar tanto las limitaciones que le impone el hecho de estar su Ejecutivo en funciones —entre ellas, la que le impide presentar proyectos de ley— como evitar los informes de los órganos consultivos que, siendo preceptivos en el caso de los proyectos de ley, no lo son cuando se trata de proposiciones de ley promovidas por grupos parlamentarios.

Aun así, una cosa es que la ley obligue al CGPJ a emitir un pronunciamiento respecto a un proyecto de ley y otra, muy distinta, que el Órgano de Gobierno de los Jueces no pueda emitirlo cuando la iniciativa legislativa adquiere la forma de proposición de Ley.

Así las cosas, hacen bien estos ochos vocales en su afán de que el Órgano de Gobierno de los Jueces se pronuncie contra un engendro que también atenta, y de forma nuclear, contra lo que queda de separación de poderes en nuestro país.

Tal vez, o con toda seguridad, este pronunciamiento del CGPJ no sirva para evitar que Sánchez se convierta en presidente de gobierno al precio de demoler, a través de una amnistía, un principio sobre el que descansa toda democracia representativa como es la observancia de la Ley y el sometimiento al Derecho. Aun así, es necesario intentarlo y aplicarse el "que por mi no quede" de tal forma que ni la resignación ni el silencio acompañen al derrumbe de las fronteras más preciosas de nuestra nación, que no son otras que aquellas que la articulan como Estado de derecho.

ETA

Urkullu paga 130.000 € a la familia de cada etarra muerto por «violencia política»

Pelayo Barro. okdiario. 2 Noviembre 2023

El Gobierno vasco de Iñigo Urkullu ha dado luz verde al reparto de ayudas más de un millón de euros a «víctimas de violencia de motivación política» en base a la conocida como ley de abusos policiales; entre los destinatarios de las ayudas, 66 en total, hay alrededor de una treintena de etarras que resultaron heridos o muertos tras enfrentamientos con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Uno de los beneficiarios es el etarra Jose Ignacio Joxi Zabala, uno de los primeros muertos relacionados con el GAL, a cuya familia se le indemnizará con 130.000 euros. La comisión vasca que decide estas ayudas, sin embargo, se las ha denegado a cerca de medio millar de agentes de Policía y Guardia Civil heridos o fallecidos por la violencia terrorista de ETA.

La presión de los colectivos de presos de ETA y por parte de EH Bildu ha provocado finalmente que víctimas y verdugos cambien sus papeles en el País Vasco. La polémica ley de abusos policiales articulaba la posibilidad de indemnizar con ayudas económicas a etarras «caídos» en operaciones policiales o heridos durante detenciones. Y esas indemnizaciones van a empezar a ser abonadas en cumplimiento de lo estipulado por la Comisión de Valoración de las víctimas de violencia de motivación política.

1,6 millones para etarras, 0 para víctimas

Esta misma semana, la entidad del Gobierno vasco anunció las primeras ayudas económicas, con una partida presupuestaria total de 1,6 millones de euros. Las víctimas de ETA no verán un euro de ellas, porque como han defendido los integrantes de esta comisión, «los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y las víctimas de ETA no pueden ser susceptibles de ser reconocidos o atendidos como víctimas al amparo de esta ley». Alegan que ya «existen otra serie de leyes que les amparan».

En sus argumentos, la Comisión ha ido más allá al establecer «la voluntad de esta norma es amparar aquellas violaciones de derechos humanos que tienen el origen en la intervención de integrantes del funcionariado público o particulares que, de alguna manera, han contado con el apoyo del Estado», alegan en referencia a las ayudas destinadas a etarras fallecidos o heridos.

Ésa es la base con la que se ha denegado el acceso a las ayudas a cerca de 500 agentes de Policía y Guardia Civil que han tratado de demostrar ante la Comunidad Autónoma Vasca que sufrieron acoso, persecución, daño físico y moral, e incluso la muerte, por motivos políticos: los que sustentaban la acción criminal de ETA. En total, las desestimaciones a solicitudes presentadas por agentes policiales son el 90% del total. El 10% restante son de víctimas del terrorismo y otros casos.

Finalmente, se han concedido 66 de estas ayudas, tras estudiar un total de 133 expedientes a los que habían dado traslado. Entre los beneficiarios hay 9 que resultaron muertas, algunas «por disparos» aunque no se especifica en qué circunstancias. Entre ellos se encuentra José Ignacio Zabala, una de las primeras víctimas del GAL. Se ha limitado el periodo de estudio de casos entre 1978 y 1999.

Quien ha quedado fuera, al menos de momento, es José Antonio Lasa. Murió en las mismas circunstancias de Zabala, aunque su familia presentó la solicitud fuera de plazo. Sin embargo, y pese a que en otros casos se denegó la ayuda alegando esa misma incidencia, en el caso de Lasa el Gobierno vasco considera que se deberá estudiar en profundidad dada la «enorme repercusión social» del caso Lasa y Zabala. Los primeros de una lista de etarras que recibirán estas ayudas.

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