Recortes de Prensa Martes 9 Enero 2024



El Ejército ucraniano ataca la ciudad rusa de Bélgorod después de que las defensas aéreas derribaran varios objetivos aéreos

El ataque ucraniano ha dejado al menos tres personas heridas de gravedad. En las últimas semanas han aumentado el número de ataques contra esta zona del país, que se encuentra cerca de la frontera con Ucrania

Adriana López. EC. 9 Enero 2024


Al menos tres personas han resultado heridas de gravedad tras un ataque ucraniano contra la ciudad rusa de Bélgorod en la misma noche en la que las defensas aéreas ha derribado una decena de objetivos aéreos.


El gobernador de la región de Belgorod, Viacheslav Gladkov, ha explicado que los heridos se encuentran en cuidados intensivos y su estado es estable, mientras que están recibiendo "toda la atención médica necesaria", según ha indicado a través de su canal de Telegram.


Horas antes, Gladkov señaló que el sistema de defensa aérea había funcionado sobre la región de Bélgorod, con el derribo de al menos diez objetos, pero que en la ciudad dos edificios de apartamentos y siete vehículos habían sufrido daños.


Las claves del momento

Al menos tres heridos graves en un ataque ucraniano contra Bélgorod

Rusia mantiene la presión y ha lanzado ya 125 misiles contra Ucrania en lo que va de año

Zelenski aún cree en la victoria: "Rusia puede ser derrotada con solidaridad mutua"

Japón anuncia 33 millones para un sistema antidrones para Ucrania

Al menos dos muertos en bombardeo contra un mercado y edificios residenciales en Jersón


Hace 2 horas 10 minutos 07:30

Al menos tres heridos graves en un ataque ucraniano contra Bélgorod

Al menos tres personas han resultado heridas de gravedad tras un ataque ucraniano contra la ciudad rusa de Bélgorod en la misma noche en la que las defensas aéreas ha derribado una decena de objetivos aéreos.


El gobernador de la región de Belgorod, Viacheslav Gladkov, ha explicado que los heridos se encuentran en cuidados intensivos y su estado es estable, mientras que están recibiendo "toda la atención médica necesaria", según ha indicado a través de su canal de Telegram.


Horas antes, Gladkov señaló que el sistema de defensa aérea había funcionado sobre la región de Bélgorod, con el derribo de al menos diez objetos, pero que en la ciudad dos edificios de apartamentos y siete vehículos habían sufrido daños.


Abascal apela a la unidad de Vox ante posibles rivales: "Van a intentar dividirnos y enfrentarnos"

El presidente de Vox advierte de un año "muy difícil" para el partido y para España.

Maite Loureiro. libertad digital. 9 Enero 2024


Santiago Abascal ha decidido adelantar la Asamblea General del partido, prevista para el mes de marzo, al próximo 27 de enero, después de que Libertad Digital publicara que Javier Ortega Smith recoge avales para disputarle la presidencia. En pleno anuncio, el líder de Vox lanzó ayer un advertencia a la militancia: será un año "muy difícil" para Vox en el que "van a intentar dividirnos y enfrentarnos con todo el ahínco posible".


Un aviso para apelar a la unidad del partido, en un intento de cerrar filas después de las crisis internas que ha vivido la formación durante el último año, con salidas muy sonadas como la de Iván Espinosa, y antes la de Macarena Olona, a la que podría sumarse en breve una disputa pública con Ortega Smith.


El adelanto de la Asamblea busca también limitar las opciones de los posibles rivales para poder presentarse. La premura con la que se ha adoptado la decisión, y el poco margen que queda para que se celebre, dificultan la posible recogida de avales, aunque en el partido cuentan con que un candidato conocido, como Ortega Smith, podría conseguirlos.


El riesgo de división interna

"Vox va a padecer campañas mediáticas más insidiosas, las declaraciones de Vox van a ser condenadas, vamos a padecer reprobaciones, vamos a ser declaradas personas non gratas...", dijo ayer Abascal en la sede nacional del partido, a lo que añadió que "no es nada nuevo" para la formación, pero sí el hecho de que "Génova 13 y el PSOE van a intentar ir de la mano", en referencia al PP de Alberto Núñez Feijóo y los socialistas de Pedro Sánchez.


En esa campaña de ataques englobó los intentos por "buscar divisiones" o "corrientes" , además de llevar a la televisión "a cualquiera que decide traicionar los planteamiento de Vox", en clara alusión a Olona. El líder de Vox contempló también la posibilidad de que "intenten ilegalizarnos" a través del "montaje de tramas, que si los satélites de Vox, que si el odio, que si la violencia", señalando por ello al Gobierno.


"Los mismos que amnistían a golpistas o pactan con terroristas se atreven a hacer eso", dijo prometiendo a sus simpatizantes que "resistirán". Con ese objetivo, Abascal daba a conocer la convocatoria de la Asamblea General, en la que será renovada la cúpula del partido para afrontar el nuevo ciclo electoral que se avecina, con las gallegas del próximo 18 de febrero como primera cita en el calendario.


Se trata, además, de la primera convocatoria en la que se examinará la nueva dirección del partido que saldrá elegida de la Asamblea General, cuyo adelanto evita que un previsible fracaso les pase factura. Vox tiene muy difícil conseguir escaño ante la mayoría absoluta del PP, que centrará buena parte de su campaña en apelar al voto útil para no ponerla en riesgo.


Contra la endofobia nacional

JOSÉ JAVIER ESPARZA. gaceta. 9 Enero 2024


En psicología social hay un fenómeno que se llama endofobia y que consiste en que un individuo o un grupo de ellos desarrolla una aversión extrema hacia sí mismos, hacia el grupo al que pertenecen por razones étnicas, históricas, culturales, nacionales, etc. El individuo o el grupo aquejados por esta afección experimentan un rechazo irracional hacia los elementos que construyen su identidad, hasta el punto de odiarse a sí mismos. Empujados por ese sentimiento, propiamente patológico, no pierden oportunidad de despreciar su propia lengua, su tradición, su historia o su raza, adoptando usos ajenos e inventando relatos que legitiman su desviación. Si los sentimientos endófobos se generalizan, ese grupo, perdida toda identidad, termina invariablemente desapareciendo.


En España no hay un problema de xenofobia (al menos, de momento), pero sí hay un problema de endofobia. Ese problema no es nuevo: seguramente hay que remontarlo a las formas modernas de la leyenda negra. Pero aunque viene de antiguo, la endofobia española ha alcanzado hoy su máxima expresión institucional. Nuestro ministro de Cultura, Ernest Urtasun, haciendo gala de una bochornosa ignorancia, considera que la huella hispana en América es equivalente al colonialismo depredador de Bélgica en el Congo. El secretario de Estado del ramo, Jordi Martí, es un señor que en su día se negó a poner una estatua de Don Quijote en Barcelona porque era demasiado español. El presidente de la comisión de Cultura del Congreso, Gerardo Pisarello, se hizo famoso por sus denodados intentos para retirar una bandera de España cuando era concejal del Ayuntamiento de Barcelona. En efecto: la representación institucional de la cultura española se ha entregado a la extrema izquierda catalana, ejemplo casi caricaturesco de odio a España.


Pero no es sólo cosa de pseudo-separatistas, y no hay más que ver la triste suerte de la asignatura de Historia de España en nuestro sistema de enseñanza: después de haber desaparecido como asignatura troncal para convertirse simplemente en optativa en los exámenes de selectividad, ahora los campus universitarios de cinco comunidades autónomas (Andalucía, Cataluña, Galicia, Murcia y la Comunidad Valenciana) exigen que la Historia de España no sirva ni para subir nota. Endofobia, en efecto.


Es interesante, porque esta endofobia institucional viene a coincidir con un palpable aumento del interés popular por la Historia de España: nunca ha habido en nuestras librerías tantos volúmenes dedicados a contar nuestra historia, y la mayoría de ellos, por cierto, de manera positiva. Ocurre que nadie puede sobrevivir odiándose a sí mismo, y eso vale tanto para los individuos como para los grupos. Da la sensación de que los españoles, o al menos el segmento más inquieto de ellos, se han hartado de tanto flagelo y quieren, sencillamente, conocerse. Y como el Estado que pagan no les da lo que quieren, lo buscan en otra parte. Mirando con perspectiva, el mayor movimiento cultural de España en los últimos veinte años es este impulso popular para reapropiarse de la Historia. Eso es una gran noticia. Lo cual no quita gravedad a lo otro: la abierta vocación endófoba de nuestras instituciones culturales, que se han convertido en un verdadero obstáculo para la supervivencia de la propia cultura española.


El asunto debería dar que pensar a quienes aspiran a ejercer alguna influencia política. Si queremos que España pueda dotarse algún día de un cierto proyecto nacional, por modesto que sea, o si queremos que España, simplemente, sobreviva como realidad histórica, es imprescindible desmantelar el ominoso aparato del mandarinato cultural que desde hace decenios nos ahoga con sus complejos. Y acto seguido, construir estructuras nuevas que enseñen a los españoles quiénes somos realmente y por qué es bueno que sigamos viviendo juntos. Es el único remedio contra esa endofobia que parece haberse convertido en la enfermedad «de clase» de nuestra oligarquía.


El secuestro de Franco

Hughes. gaceta. 9 Enero 2024


Hace unos días, el norteamericano Jack Posobiec dedicó una serie de tuits a la figura de Francisco Franco. Posobiec es de derechas. Si fuera de izquierdas, le llamaríamos periodista o analista; como no lo es, agitador o activista. Lo dejaremos en periodista (que ya bastante castigo es…). Uno con dos millones y medio de seguidores.


La atención a Franco se despierta en EE.UU. Para cierto sector de la derecha alternativa, se trata de una figura revisitada, de potencial inspirador. En realidad, siempre fue así. En la National Review se escribieron cosas muy elogiosas del Generalísimo.


Pero lo que nos interesa más es que, pasados unos días, Posobiec anunciara que Twitter España había prohibido o cancelado su especial sobre Franco. Con solo unos tuits había desvelado el estado de la libertad de expresión en España y, muy concretamente, la censura que rodea a la figura del dictador.


La casualidad quiso que el domingo, este humilde plumilla fuera a comer a Mingorrubio, pueblecito o ni siquiera cerca de El Pardo, al norte de Madrid. Al terminar, el sol invitaba al paseo por un pequeño bulevar de invierno: un paisaje de cuarteles, una plaza donde jóvenes militares de acento andaluz tomaban un café, un pequeño núcleo de casas, el aroma de carne saliendo de algún restaurante y de fondo los montes de El Pardo. ¿No estaba Franco enterrado aquí? Alargando el paseo, el cementerio aparece pasando un campito de fútbol. Cerca, pero lejos ya de las ocupaciones dominicales de los pocos lugareños.


Alejándose de Madrid se llega a El Pardo, saliendo del Pardo se llega a Mingorrubio, y saliendo de Mingorrubio, ya casi en el monte, se llega a Franco.


Pero nada dice que esté Franco. Ninguna placa, ninguna indicación. Al entrar, sí, una capilla destaca entre lo demás. En su enrejado, el panteón de Franco y Carmen Polo tiene banderas, retratos, cuadros, motivos religiosos y una especie de memorabilia, como un pequeño altar preparado por nostálgicos y leales. Por Navidad, han añadido un Belén. Gracias a eso, colocado exteriormente, sabemos que allí yace el vencedor de una Guerra Civil.


El panteón es propiedad del Estado y el acceso a la cripta no es libre. La familia no fue libre para elegir donde descansarían los restos y no es libre para acceder. Para visitar la tumba, un familiar directo tiene que ponerse en contacto con alguien de Patrimonio del Estado 48 horas antes. Un funcionario llegará con la llave para abrir. El permiso no se deniega, pero hay que pedirlo.


Sin honores, en una cripta inadvertida, ya casi en el campo, descansa Francisco Franco y lo que suceda con sus restos es más decisión del Estado que de la familia. Franco fue estatalizado (no diremos nacionalizado). El Estado, en manos de unos partidos políticos (y qué partidos…), controla el muerto como controla su memoria. El Panteón está cerrado por completo. La llave la tiene el Estado y si el pasado y la memoria histórica están intervenidas, lo mismo la lápida del Caudillo. Que ningunos ojos honren su mármol, que el pueblo no entre en contacto, que ningún español pueda rezar a esa tumba. Ni uno solo que no sea su familia. Que sea un tabú pasados los cuarteles.


Hay que alejarlo así de la gente y de la historia; de las catedrales y los hombres ilustres; hay que ocultarlo, más ignorado que protegido. El secuestro de Franco, que es el secuestro de la soberanía, hace imposible la verdad en España.


O de otro modo: la liberación política de España pasa por la liberación física de Franco y la liberación del discurso sobre el Franquismo y el siglo XX.


******************* Sección "bilingüe" ***********************

El PP no debe salvar a Sánchez

EDITORIAL. libertad digital. 9 Enero 2024

Sánchez eligió bando en su discurso de investidura y levantó un muro "democrático" para evitar cualquier contacto con la oposición. Ahora le toca apechugar.


Cuando un partido de Gobierno se convierte en lacayo de una formación separatista no cabe extrañarse de que acabe siendo chantajeado a las primeras de cambio, como le está ocurriendo a Sánchez con el grupo dirigido por Puigdemont a menos de dos meses de que echara a andar la presente legislatura. Con la convocatoria del primer pleno parlamentario de cierta relevancia, el partido del prófugo ha anunciado su negativa a validar los importantes decretos que el Gobierno va a someter a votación de la Cámara baja, con lo que, previsiblemente, Sánchez cosechará la primera gran derrota de una legislatura llamada a ser más corta de lo que él desearía.


El Ejecutivo social-comunista ha entrado en pánico y trata de salvar la votación de este próximo miércoles engatusando al Partido Popular, una fórmula patética y demasiado manida que, sin embargo, suele funcionarle bien al PSOE cada vez que necesita que los populares lo salven del chantaje de sus socios naturales. No parece que vaya a ser así en esta ocasión, aunque el PP es muy capaz de cometer, por enésima vez, el error de actuar con lealtad hacia los que solo buscan su destrucción.


El Gobierno necesita aprobar los tres decretos anticrisis sometidos a la votación de la Cámara Baja, que introducen importantes medidas fiscales, laborales y jurídicas, estas últimas en cumplimiento de los mandatos más recientes de la UE. La negativa de Junts, a la que habría que añadir la de Podemos, deja en el aire la aprobación de este paquete de medidas y pondrá en un serio aprieto al Gobierno, que deberá negociar de nuevo con sus socios separatistas la introducción de reformas imposibles en la redacción de dichos decretos. Es el caso de la exigencia del partido de Puigdemont de eliminar la cláusula que suspende la aplicación de una ley nacional cuando haya sido recurrida ante los órganos de la Justicia europea, cuya aplicación supondría la suspensión de facto de la futura ley de amnistía. Pero un Gobierno no puede saltarse a la torera la interpretación racional de las normas europeas, por lo que la frustración de los separatistas liderados por el fugado no va a dejar de crecer en las próximas semanas, a medida que se dilate la llegada del perdón negociado con Sánchez a cambio de empotrarlo en La Moncloa.


Pero todo eso es un problema que Sánchez tendrá que resolver con sus socios… si es que puede. Sus cambalaches con el separatismo no pueden ser un juego siempre ganador para el peor Gobierno de la Historia de España, que exige sacar adelante su proyecto de demolición nacional con el apoyo de sus aliados o con el de la oposición.


Sánchez eligió bando en su discurso de investidura y, para que no quedaran dudas, levantó un muro "democrático" para evitar cualquier contacto con la oposición. Ahora le toca apechugar con su responsabilidad en un asunto en el que los populares no están en absoluto concernidos. Mucho menos los votantes del centro-derecha, que no entenderían que sus votos sirvieran para salvar la cara al Ejecutivo social-comunista, que ha hecho del sectarismo y el insulto a la media España que no lo soporta el eje central de su estrategia política.


Un Gobierno a la sombra de Junts

SANTIAGO SÁNCHEZ. libertad digital. 9 Enero 2024


Las dificultades en la tramitación de leyes y la influencia de Junts en las decisiones del Gobierno reflejan una crisis más allá de la burocracia.


En el laberinto político español, el Real Decreto Ley ómnibus 6/2023 destinado a cumplir los hitos para el cuarto desembolso de los fondos europeos, se ha convertido en un símbolo de la debilidad del gobierno y la dificultad de alinear una agenda nacional medianamente responsable con los intereses particulares de la amalgama de partidos y grupúsculos que sostienen a Sánchez. Esta situación no solo resalta la dependencia del gobierno central de los dictados de Junts sino que también evidencia una serie de deficiencias críticas en la capacidad de Sánchez para tramitar leyes y liderar las reformas asociadas al Plan de Recuperación.


No se puede olvidar que Sánchez se ve en esta situación y en la posibilidad de retrasar la recepción del cuarto desembolso de los fondos europeos o sufrir una penalización parcial por su propia incapacidad. Antes de finalizar 2022, el gobierno de España tenía que haber cumplido varios hitos claves como la reforma de la Ley de Regímenes Administrativos Locales, la Ley de Función Pública de la Administración del Estado, y la Ley de mejora de la eficacia de los procedimientos judiciales.


Ni se alcanzaron en los plazos previstos, ni a lo largo del primer semestre de 2023, decayendo su tramitación con la convocatoria de las elecciones nacionales. Calviño se ha marchado del gobierno, pero mucha de su nefasta herencia la vamos a ir viendo a lo largo de los próximos meses, siendo la gestión de los fondos europeos uno de sus principales fracasos.


Ante la imposibilidad de pedir el cuarto desembolso sin el cumplimiento de estos hitos, el Gobierno tuvo que incluirlos entre los 69 objetivos del plan original modificados con la Adenda en octubre de 2023, por la incapacidad de cumplir los compromisos a los que Sánchez se había comprometido con la Comisión Europea.


El resultado, la sustitución de estas leyes por nuevos hitos de menor calado administrativo, evidenciando una reducción en la ambición inicial. La Ley de función Pública se sustituyó por la "entrada en vigor de medidas normativas relacionadas con los servicios públicos de la Administración del Estado" y la Ley de mejora de la eficacia de los procedimientos judiciales por la "entrada en vigor del Real Decreto-Ley con Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, y del Real Decreto-Ley de Eficiencia Digital".


Sánchez parece que se aplica a sí mismo el mismo rasero que su ley educativa a los malos estudiantes. Ante su incapacidad de aprobar el examen de Bruselas en la convocatoria de 2022, pide que le bajen el nivel de las materias para poder aprobar en una convocatoria extemporánea un año después. No hay más responsable que Sánchez si se retrasa la recepción del cuarto desembolso de 10.000 millones de euros.


Además, como el mismo Gobierno ha repetido en muchas ocasiones, los fondos se incluían en los Presupuestos Generales del Estado para acelerar su ejecución independientemente de cuándo se produzcan los desembolsos, por lo que debería revisar la tramitación de estos reales decretos, pactarlas con el principal grupo del Congreso de los Diputados y acceder a los fondos con una tramitación parlamentaria que evite la mala praxis y los atropellos que estamos viviendo con estos reales decretos ómnibus.


Acaba de empezar la legislatura y ya asistimos a las primeras tensiones y negociaciones entre Sánchez y sus socios. ¡Qué cara va a ser esta legislatura para los españoles! Más gasto por más cesiones, más deuda, más déficit y más impuestos para las empresas y las clases medias y trabajadoras. En la práctica, quienes tienen la última palabra en el gobierno son aquellos partidos con la capacidad de bloquear iniciativas clave y Junts está demostrando que Sánchez es preso de Puigdemont.


La situación actual deja varias preguntas abiertas que los lectores seguro serán capaces de responder. Primero, ¿el retraso en el cumplimiento de los hitos y la dependencia de apoyos externos es una señal de una falta de liderazgo del gobierno? Y segundo, ¿cómo afecta esta percepción a la imagen de España en el contexto de la Unión Europea, especialmente cuando se trata de la gestión y ejecución de unos fondos que son críticos para la transformación económica del país?


Mientras el debate sobre el decreto ómnibus se resuelve esta semana, lo que se evidencia es que la gestión de los fondos europeos está siendo un absoluto fracaso hasta ahora. Las dificultades para sacar adelante la tramitación de leyes críticas y la influencia de partidos como Junts en las decisiones del Gobierno de Sánchez son reflejo de unas crisis que van más allá de la burocracia: una crisis institucional, de liderazgo y visión.


La perspectiva es desalentadora. Es crucial que el gobierno reconsidere su estrategia o convoque elecciones, no solo para cumplir con los compromisos europeos sino también para fortalecer la confianza en España, en un contexto de regreso de las reglas fiscales y estancamiento en el crecimiento.


Sánchez, el PP y los pagafantas

PABLO PLANAS. libertad digital. 9 Enero 2024

O sea que en vez de pedir el voto a favor a su enmienda a la totalidad de la amnistía, el PP se conforma con reclamar el IVA de la carnaca. Estupendo.


En el tramo final del año pasado, Pedro Sánchez cedió en todo ante Puigdemont, Otegui y Junqueras con tal de apalancarse en la Moncloa. En su sesión de investidura se felicitó por la "mayoría progresista", insultó a Isabel Díaz Ayuso y se carcajeó de Núñez Feijóo con una risa de Joker a juego, por cierto, con sus trajes de corte y colores demenciales. Después llamó "nazi" al democristiano alemán Manfred Weber en el Parlamento Europeo por mostrar ciertas reticencias sobre la legalidad de la amnistía. Entre medias insultó a los argentinos y a los italianos por votar a Milei y Meloni. Y también a los holandeses. Luego le declaró la guerra a Israel y a los Estados Unidos siendo felicitado por Hamás y los piratas del Mar Rojo. El presidente va lanzado, a toda pastilla por la nueva legislatura.


Con el acelerador apretado a fondo no es en absoluto descartable que tenga graves dificultades para trazar la primera curva del trayecto. El punto kilométrico problemático es el primer pleno del Congreso de este 2024 en el que seguimos para bingo. Miércoles 10 de enero en el Senado porque la Cámara Baja está de obras para satisfacer las exigencias técnicas del empleo de los idiomas regionales mientras el español está proscrito en la escuela catalana. En el orden del día, las enmiendas a la totalidad de la Ley Orgánica de amnistía y el debate sobre la convalidación o derogación de tres Reales Decretos-leyes sobre medidas anticrisis, desempleo y digitalización de la administración judicial.


En ese contexto, el amigo Puigdemont ha decidido que ha llegado la hora de demostrar quién manda en España, de modo que le ha hecho llegar a Sánchez que sus diputados van a tumbar los decretos porque en el relativo a la justicia han advertido un par de aspectos que podrían perjudicar la aplicación a rodillo de la amnistía y su caza de brujas contra togados, guardias y periodistas. El anuncio ha causado tanto impacto en el Gobierno que Félix Bolaños ha llegado a telefonear dos veces a Cuca Gamarra para reclamar el apoyo del PP. Tal cual. Pero es que no ha quedado ahí la cosa. Yolanda Díaz también se ha movilizado con Borja Sémper para que los populares acudan al rescate del Ejecutivo. Ha salido al paso hasta Santos Cerdán, el hombre que firmó por parte del PSOE el acuerdo de investidura con Junts a cambio de la amnistía, la persecución contra los jueces, la demolición del Poder Judicial y la separación de poderes, la condonación de la deuda autonómica, el pago de una ¿deuda histórica? de España con Cataluña, el traspaso de todos los impuestos y la autodeterminación, etcétera, etcétera.


Están en juego 10.000 millones de euros de la cuarta entrega de los fondos "Next Generation", la subida de las pensiones, los descuentos en el transporte público, el IVA de los alimentos, todo. "No se puede penalizar a los ciudadanos para castigar al Gobierno", le ha reprochado el negociador Cerdán en público al PP. Hay que tenerlos enormes, cuadrados y de plomo para culpar a la oposición de que el señor Puigdemont, prófugo de la Justicia, alias "El hombre del maletero", investigado por terrorismo, desórdenes públicos agravados a falta de sedición y malversación con lucro personal esté a punto de provocar un tremendo piñazo de Sánchez.


La única que mantiene el tipo en el Gobierno es María Jesús Montero, que apuesta por explorar la vena económica de Junts: "Estamos viendo si hay otras materias que les puedan resultar de interés". Todos a su alrededor han entrado en pánico. Pero más significativas aún son las declaraciones de Sémper, portavoz del PP, que ha desvelado que su partido solicitó al Gobierno deflactar el IRPF por debajo de 40.000 euros, rebajar el IVA de la carne y el pescado y mantener la rebaja fiscal de la luz y el gas a cambio salvar la cara del jefe de la mutación del golpe de Estado regional en golpe de Estado nacional. Eso es negociar, sí señor. O sea que en vez de pedir a cambio de los 136 diputados del PP el voto a favor de los 122 del PSOE a su enmienda a la totalidad de la amnistía, el principal partido de la oposición se conforma con reclamar el IVA de la carnaca. Estupendo.


Queda claro que la legislatura sigue su camino. Sánchez negociará con Puigdemont y sus 7 diputados en Madrid. Algo pasará y el asunto se reconducirá de un modo u otro. Podría ocurrir incluso que el PP auxilie al soldado Sánchez en el alarde de patriotismo pensionista que le exige el socialista navarro Santos Cerdán. ¿Pero cómo? ¿Ni siquiera se les ha ocurrido pedir a Sánchez que convoque elecciones si no es capaz de garantizar las pensiones? ¿Es que acaso se planteaban en serio votar con Bildu, ERC y el PNV la continuidad del Gobierno que ha rendido España al cabecilla del golpe de Estado de 2017 a cambio de rebajar un poco la luz? No puede ser. Eso supera las expectativas depositadas en cualquier pagafantas.


Seis meses para poner fin al sanchismo

Jesús Cuadrado. vozpopuli. 9 Enero 2024

Sánchez pidió a los Reyes Magos piñatas de Vox en cada sede socialista; humo, mucho humo, para tapar las vergüenzas de su coalición de la amnistía. Necesita muñecos para ocultar a los españoles que cada paso que da requiere el visto bueno de las tribus independentistas. Para demostrarlo, esta semana, con el debate y votación del decreto ómnibus, Puigdemont enviará, vía Congreso de los Diputados, su mensaje navideño a los españoles sobre quién manda aquí. La primera en la frente: el prófugo elevará el precio del voto en cada ocasión. El gobierno de España en manos de delincuentes. ¿No es maravilloso?


Llegados a este nivel de alarma, los servicios de propaganda sanchista recurrirán al habitual llamamiento a la responsabilidad de Núñez Feijóo. El País, buque insignia de la armada mediática, ya anticipaba el sábado la ruta a seguir: “El gobierno presionará al PP tras la negativa de Junts a convalidar las medidas anticrisis”. ¡Qué listo es Pedro Sánchez! La reproducción hasta la náusea de las imágenes del muñeco destripado en Ferraz busca desplazar de la escena los otros muñecos, los que exhiben Otegi y Puigdemont como trofeos arrancados al Partido Socialista y cuya imagen humilla a sus votantes. Muñeco tapa muñeco.


Todo normal, salvo algunas cosas. Para desgracia del conglomerado plurinacional, la guerra que importa, la de las urnas de 2024 -en Galicia, Europa y País Vasco-, no se gana con monigotes. Esas elecciones pueden sentenciar a Sánchez en seis meses, y ellos lo saben. Tres golpes contundentes seguidos dejarían al gobierno sanchista en situación insostenible. En las elecciones gallegas, Núñez Feijóo necesita una mayoría absoluta sólida, con los socialistas en tercera posición, lejos del BNG. En cuanto a las europeas, no sería suficiente lo que anuncian ahora las encuestas; para provocar la caída inevitable del sanchismo, haría falta que el PP duplicara, o casi, al PSOE. En País Vasco, el sorpasso a los del inefable Patxi López ayudaría mucho a provocar la mudanza en Moncloa.


Está en juego poner fin en 2024 a la pesadilla del gobierno Sánchez-Yolanda Díaz y evitar la prolongación hasta 2027 de un desastre que el país no resistiría. Es razonable calificar como emergencia nacional el objetivo de hacer lo necesario para derogar ya el sanchismo y romper la cuerda del chantaje independentista a la Nación. Para ese fin, no caben la disputa partidaria habitual ni experimentos extemporáneos que debiliten la alternativa al gobierno de la amnistía. Desde ese enfoque, para los procesos electorales de febrero a junio, es pertinente el análisis de Narciso Michavila. Como demuestran los estudios de opinión, una parte importante de los votantes socialistas, indignados con los pactos del PSOE, se resiste a cambiar su voto a Núñez Feijóo por temor a un gobierno con Santiago Abascal de vicepresidente. La utilización cínica que hace el sanchismo mediático del muñeco de Ferraz excava en esa mina.


Sostiene el presidente de GAD3 con sólidos argumentos que la participación de Vox en las elecciones de Galicia, sabiendo que no va lograr representación, les convertiría en funcionales a los intereses de Sánchez. Todo lo que, como la piñata de Ferraz, contribuye a reforzar la estrategia de victimización es oxígeno para el sanchismo agonizante. Aunque no lo pretenda, Vox les regala una narrativa de violencia utilizada para retener electores radicalmente opuestos a las decisiones socialistas contra la igualdad de los españoles. El PSOE necesita toneladas de hollín para ocultar vergüenzas como la entrega de Pamplona a políticos con trayectoria terrorista.


Umberto Eco analizaba con lucidez esta trampa explotada por el sanchismo en una conferencia que tituló “Construir al enemigo”. La explotación de la performance del monigote les va de perlas para banalizar la sumisión al secesionismo. Sirve al diputado socialista de León, o al de Almería, para escapar de la explicación de la amnistía debida a sus electores y recurrir al “mira cómo nos agreden, compañeros”. Fabricarse un buen enemigo es muy útil para explicar lo inexplicable y, como interpretaba el filósofo italiano, si no lo tienes, “es preciso construirlo”. La trascendencia del pleno parlamentario de este miércoles está en la inevitable representación en vivo y en directo de un chantaje del que Sánchez no puede escapar y sin trampantojo que lo pueda enmascarar.


En el grupo de los pobres

Importa poco qué termine votando este miércoles el grupo de Puigdemont, para los españoles será evidente que durante el tiempo que retengan el gobierno los socialistas el futuro de España dependerá de sus enemigos. No hay humo suficiente para ocultar que la coalición PSOE-PCE significa inestabilidad asegurada mientras se mantenga. La votación este miércoles de los decretos demostrará que ese espectáculo se va a repetir cada día. En ese pleno, los protagonistas no serán ni Sánchez ni Puigdemont, importará comprobar qué liderazgo ejerce Feijóo para poner fin a la pesadilla sanchista. Sabe que tiene enfrente a trileros de los que no se puede fiar, y a un país pendiente de lo que él haga.


Nadie puede alegar desconocer qué se está jugando. Los que trampean con la equidistancia interesada, tampoco. La falacia “pero, la economía va bien” está agotada. La mejor fotografía de los gobiernos sanchistas la proporciona Eurostat con los datos de PIB per cápita. La caída del 91% de la media europea al 85% en estos cinco años significa que España ha pasado al grupo de países pobres de la UE con derecho a solicitar fondos de cohesión. Sánchez, para que no se note, prefiere perder los 6.600 millones de euros que corresponderían según uno de los creadores de este fondo, el diplomático español Javier Elorza.


Atentos, pues, al Congreso de los Diputados.


VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

Guardias civiles homenajean a compañeros asesinados por ETA con una bandera de España con sus nombres

La enseña, que se ha puesto a la venta para el público, incluye nombres, fechas y lugares de todos los asesinatos

Pelayo Barro. okdiario. 9 Enero 2024


Con el Gobierno de Pedro Sánchez pactando con EH Bildu, con el PSOE protegiendo a los de Arnaldo Otegi en Navarra tras negarse estos a condenar el terrorismo, con Josu Ternera mofándose de los asesinatos de guardias y con los colectivos de presos de ETA exigiendo una amnistía inmediata, la asociación profesional de la Guardia Civil APROGC ha diseñado y fabricado una bandera de España con los nombres cosidos de los más de dos centenares de compañeros asesinados «por esos enemigos de España». En el centro de la bandera, que se puede adquirir en su página web, figura la inscripción «La Guardia Civil muere pero no se rinde”. Esta asociación es la misma a la que el Gobierno castigó por recordar, ante la Ley de Amnistía, el juramento de defender la Constitución.


«Hemos decidido homenajear a nuestros compañeros guardias civiles asesinados vilmente en manos de terroristas. Para ello hemos pensado que la mejor manera de dar visibilidad de una manera permanente y palpable a esos guardias civiles asesinados por esos enemigos de España, es plasmar sus nombres, la fecha, el lugar y el grupo terrorista que cobardemente los asesinó, en nuestra bandera. Siendo en la parte roja donde quedan reflejados sus nombres, ya que fue con su sangre con la que la defendieron, y la frase “La Guardia Civil muere pero no se rinde” en su parte central.


«Creemos que esta bandera, con los nombres de aquellos que dieron su vida por España, debe estar cerca de los corazones de todos los guardias civiles, en recuerdo y como homenaje permanente», aseguran desde APROGC.


El precio de esta bandera, que puede adquirirse en su página web, es de 25 euros más gasto de envío. Los socios de la asociación tendrán un «precio especial».


ETA, durante sus cuarenta años de actividad criminal, asesinó a 210 agentes de la Guardia Civil. Desde el primero, José Antonio Pardines en 1968, hasta los dos últimos, Carlos Sáenz de Tejada García y Diego Salva Lezaun 2009.


«Caza de brujas»

Mientras, el Gobierno defiende la persecución a los dirigentes de asociaciones críticas con la Ley de Amnistía. Cuando el pasado mes de noviembre el PSOE encaraba la recta final de negociaciones con partidos separatistas para investir a Pedro Sánchez como presidente, fueron muchos los colectivos profesionales que elevaron sus críticas a la medida. Y entre ellos estaba la Guardia Civil, cuyas asociaciones se posicionaron frontalmente en contra de la amnistía e incluso recordaron su juramento de defender la Constitución ante cualquier amenaza. Las críticas provocaron una serie de castigos ejemplarizantes a quienes se posicionaron, con expedientes y suspensiones de empleo y sueldo. Ahora, el Gobierno justifica aquella caza de brujas en el Cuerpo asegurando que aquellas críticas fueron «de corte político y partidista».


«Derramar nuestra sangre en defensa de la Constitución». La frase, que se inspira en el juramento de lealtad que asumen los guardias civiles cuando se licencian en sus academias -«si preciso fuere, entregar vuestra vida en defensa de España»-, fue una de las que puso en pie de guerra al Gobierno de Pedro Sánchez. Provenía de un comunicado emitido por la Asociación Profesional de la Guardia Civil (Aprogc) crítico con la Ley de Amnistía otorgada por Sánchez al separatismo a cambio de sus 7 votos en la investidura.


Aquella situación derivó en 3 sanciones a agentes, dirigentes de diversas plataformas de la Guardia Civil. Agustín Leal, de Jucil, y el presidente y vicepresidente de Aprogc fueron suspendidos de empleo y sueldo. El PP ha preguntado por ello en el Congreso: ¿Un guardia civil no debe defender siempre la aplicación de la Constitución? ¿Cuáles son los límites?, cuestionaba la oposición en una pregunta escrita que también sondeaba acerca de si los agentes tienen vetada la crítica al poder Ejecutivo.


Ya hay respuesta del Gobierno para justificar los castigos en la Guardia Civil por criticar la amnistía: «En el cumplimiento de sus funciones, los guardias civiles deberán actuar con absoluta neutralidad política y sindical».


Por ello, entiende el Ejecutivo, los guardias civiles están obligados a ser «plenamente respetuosos con todas las opciones ideológicas y políticas, manteniendo neutralidad en esta materia, alejados del discurso político y del debate partidista».



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