Recortes de Prensa Jueves 11 Enero 2024

La región prorrusa de Transnistria informa de un "incidente" armado en la frontera con Ucrania y Zelenski visita Lituania

El Confidencial. 11 Enero 2024

Las autoridades de Transnistria, una región prorrusa separatista moldava ubicada en el este del país y limítrofe con territorio ucraniano, han informado de que el pasado lunes se produjo un "incidente" armado en la frontera con Ucrania.

"Se produjo un incidente con el uso de armas de fuego cerca de la frontera entre Transnistria y Ucrania, tras el cual dos ciudadanos de Transnistria fueron trasladados al territorio de Ucrania", reza un comunicado del Ministerio de Seguridad.

Mientras, el presidente ucraniano ha empezado el año 2024 visitando los países bálticos, comenzando por Lituania. "Es una visita de confianza: la confianza compartida de las naciones fronterizas con Rusia", ha afirmado en un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter).

Las claves del momento

Zelenski empieza el año visitando Lituania: "Estamos unidos"

La región prorrusa de Transnistria informa de un "incidente" armado en la frontera con Ucrania

Occidente condena el supuesto envío de armas norcoreanas a Rusia

Zelenski asegura que la industria de defensa rusa "se está desacelerando"

Varias ciudades ucranianas sufren un apagón por los ataques rusos

Hace 27 minutos 09:07

El presidente ucraniano prosigue en Estonia su gira báltica

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha viajado procedente de Lituania a la capital de Estonia, Tallin, en la segunda escala de su gira por los países bálticos que inició este miércoles en Vilna.

"Es un gran honor dar la bienvenida a los buenos amigos y aliados Volodímir Zelenski y Dmytro Kuleba", escribió en su cuenta de la red social X el ministro de Exteriores estonio, Margus Tsahkna.

El jefe de la diplomacia estonia añadió que al recibir a Zelenski su país enviará “un contundente mensaje” de que el país sigue apoyando a Ucrania con firmeza. “Juntos ganaremos la guerra”, agregó el ministro.

El jefe del Estado ucraniano se reunió ayer en la capital de Lituania con las principales autoridades del país, que anunciaron nuevas ayudas a Ucrania y reafirmaron su compromiso con la causa del país invadido por Rusia.

Hace 1 horas 36 minutos 07:58

Zelenski, en Lituania: "Estamos modernizando el arsenal de Europa para proteger la libertad de todos los europeos"

El presidente ucraniano, en su viaje oficial a Lituania, ha explicado que ha alcanzado con Gitanas Nauseda una serie de acuerdos sobre la producción conjunta de defensa, concretamente sobre drones, guerra electrónica, equipos de desminado, software y otras áreas.

"El principal objetivo de Ucrania este año es alcanzar tantos acuerdos de este tipo como sea posible", explicó Zelenski en su cuenta de X. "Estamos modernizando el arsenal de Europa para proteger la libertad de todos los europeos".

Hace 1 horas 48 minutos 07:46

Zelenski empieza el año visitando Lituania: "Estamos unidos"

El presidente ucraniano ha empezado el año 2024 visitando los países bálticos, comenzando por Lituania. "Es una visita de confianza: la confianza compartida de las naciones fronterizas con Rusia", ha afirmado en un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter).

"Estamos unidos y no vamos a perder nuestra unidad", ha reiterado.

Hace 1 horas 52 minutos 07:42

La región prorrusa de Transnistria informa de un "incidente" armado en la frontera con Ucrania

Así las cosas, las autoridades de la autoproclamada república de Transnistria han recalcado que los servicios de seguridad han puesto en marcha una investigación para aclarar las circunstancias y el origen del incidente.

¿Por qué un madrileño o un asturiano valen para Sánchez menos que un catalán?

Editorial. OKDIARIO. 11 Enero 2024

Otra cesión de Pedro Sánchez para salvar in extremis los decretos ley que provocaron el rechazo de Junts se traduce en que el Estado cubrirá la totalidad del coste de la gratuidad del transporte en Cataluña, mientras que el resto de comunidades tendrá que correr con al menos el 20% del coste de la medida. Resulta sencillamente insoportable que el Gobierno socialcomunista lamine ya no sólo la igualdad entre españoles con la Ley de Amnistía, sino que ahora establezca diferencias que afectan directamente a una materia tan básica como la igualdad entre territorios, lo que por extensión se traduce en que para Pedro Sánchez un madrileño o un asturiano (por elegir una comunidad donde gobierna el PP y otra donde gobierna el PSOE) valen menos que un ciudadano de Cataluña.

Las comunidades están obligadas por ley a cubrir parte del coste que para el Estado supone la prolongación de la gratuidad del transporte público. Todas aportan un porcentaje, menos, a partir de ahora, Cataluña, lo que se traduce en una discriminación ignominiosa que Pedro Sánchez tendrá que explicar. Estremece pensar en el coste que para la democracia española tendrán los pagos de Sánchez, con dinero público, al separatismo. Esto ya pasa de castaño a oscuro: está en juego la propia esencia del Estado de Derecho, porque se está llevando a cabo una demolición acelerada del artículo 14 de la Constitución: «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social».

Que el lector saque sus propias conclusiones, pero parece evidente que con Pedro Sánchez ese artículo -un derecho fundamental- tiene visos de convertirse en papel mojado. Igual que el 138. «El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español». Y aún más: las diferencias entre los Estatutos de las distintas comunidades no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales. ¿Beneficiar a un territorio en concreto en detrimento de otros no implica un privilegio, Pedro Sánchez?

Miserias del sanchismo-separatismo

AGAPITO MAESTRE. libertad digital. 11 Enero 2024

No tengo modelos democráticos para España ni inspiración ajena para ahondar en el fondo del alma de mis contemporáneos, tampoco estoy dotado del poder adivinatorio que los dioses concedieron a los mejores historiadores y moralistas de nuestro país. No sé, no creo que lo sepa nadie, cuánto durará todavía el esperpento político español. Solo intuyo que Sanchismo y delincuencia catalana conforman un tándem inolvidable. Mortal. El tinglado político montado por el sanchismo, que no es otra cosas que un ejercicio permanente de agitación y propaganda para mantenerse en el poder de forma ilegal e ilegítima, y los delincuentes catalanes, que conforman un conglomerado de sujetos que viven de matar lo que le da vida, España, comienza a explanar todas sus miserias.

Todo lo sucedido en el Congreso de los Diputados para discutir tres decretos-basuras es un engaño, una falsificación, para ocultar lo evidente: no hay Gobierno ni siquiera para amnistiar a los delincuentes catalanes. El sanchismo es una mentira de hojalata. Lo que preside Sánchez no es un gobierno sino una banda dispuesta a dejar a España en la ruina económica, el desastre moral y el cataclismo político. Sí, el régimen democrático en España está a punto de desaparecer. En realidad, creo que desapareció el día que los socialistas decidieron no dejar que se conformarán mayorías decentes y más o menos coherentes con la defensa de la Constitución en general, y de la unidad de España en particular, para formar un Gobierno nacional. La argumentación es sencilla: un gobierno nacional hecho con partidos que luchan por la destrucción de la nación nunca puede ser considerado democrático. Es un gobierno tan ilegal como ilegítimo. Es un gobierno gamberro, por no decir algo peor. El gobierno, que va contra la libertad y la igualdad de los ciudadanos ante la ley, solo puede ser calificado de tiránico. Destructor de la democracia.

Por eso, y por otros mil motivos, debemos insistir, resaltar y gritar lo obvio: la democracia está al borde de su muerte en España. Nos quedan todavía el nombre de España, algunas tradiciones, unas pocas instituciones y, naturalmente, la creencia en una idea de ciudadanía española digna de vivir en democracia, aunque hay un porcentaje muy elevado de población, populacho, que prefiere sobrevivir como esclavos del totalitarismo nacionalista y sanchista. Quiero creer que todavía hay espacios, ámbitos y energías democráticas para luchar contra quienes se han apropiado de las instituciones surgidas de la Transición y la Constitución española. Me aferro a esas energías ciudadanas para plantarle cara a la casta política, organizada en partidos, partidas y bandas que nos roban todos los días un trozo de la soberanía nacional. Aún hay gente que no está dispuesta a tirar la toalla. Pronto saldremos otra vez a la calle. Sabemos bien de nuestros fracasos, el primero de todos es que antes, hace veinte o treinta años, pedíamos más y mejor democracia, pero ahora nos conformamos con exigir simplemente democracia, o sea, queremos expulsar del poder al sanchismo y al separatismo, porque son el cáncer de las mayorías que defendemos que sin la unidad de España no hay democracia.

VOX SÍ RESPALDA LA ENMIENDA DE LOS POPULARES

Abascal, sobre Feijoo tras no apoyar la enmienda de VOX contra la amnistía: «Se consolida como la mejor muleta de Sánchez»

LGI. gaceta. 11 Enero 2024

El presidente de VOX, Santiago Abascal, ha arremetido este miércoles contra el PP después de que los «populares» no hayan querido respaldar su enmienda a la totalidad contra la ley de amnistía, rechazada en sesión plenaria. A su juicio, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, «se consolida como la mejor muleta de Sánchez».

El Pleno del Congreso ha debatido y votado este miércoles las enmiendas a la totalidad con texto alternativo a la ley de amnistía a los implicados en el «procés» pactada entre PSOE y Junts para investir a Pedro Sánchez. El PP ha votado en contra de la de VOX, que sí ha respaldado la de los «populares».

En un mensaje en su cuenta de la red social X (antes Twitter), Abascal ha resaltado el apoyo de VOX al PP y lo ha encuadrado en que su formación «sigue creyendo que hay que estar unidos en todo lo que sea detener el golpe».

«El PP, por el contrario, ha votado en contra de la nuestra, porque siguen empeñados en hacerle más oposición a VOX que a Sánchez», ha añadido Abascal, que ve que el ‘popular’ «se consolida, día a día, como la mejor muleta de Sánchez». El líder de Vox ha garantizado que su partido seguirá denunciando el golpe, a quienes lo promueven y a quienes lo blanquean».

También el grupo parlamentario de Vox en el Congreso ha reprochado al PP su negativa a apoyar su enmienda a la totalidad. «Los de Feijoo parecen no querer recuperar el delito de sedición, impedir los referéndums secesionistas e ilegalizar a los partidos separatistas», ha indicado.

Milei recarga la motosierra con un nuevo decreto para derogar otras 150 normas

Diego Sánchez de la Cruz. libertad digital. 11 Enero 2024

El gobierno argentino que encabeza Javier Milei acelera su agenda en materia de desregulación y anuncia que ya prepara una nueva iniciativa basada en los trabajos del asesor presidencial Federico Sturzenegger, quien ya fue reconocido por la Casa Rosada como el "cerebro" del decreto anunciado el pasado mes de diciembre con el que el nuevo Ejecutivo ha planteado la modificación o eliminación de 300 leyes y regulaciones.

Esta vez, Milei y su equipo trabajan en la presentación de un "paquete" que busca "derogar al menos 150 normas" que, o bien se consideran "absurdas", o bien han quedado "obsoletas", o bien introducen cargas redundantes que impiden el correcto funcionamiento de la economía de mercado. La meta del equipo de trabajo que encabeza Sturzenegger no es otra que agilizar procesos burocráticos, derogar normas anti-crecimiento y contribuir a un clima regulatorio más favorable para la inversión y la actividad empresarial.

Si bien el Ejecutivo aún no ha ofrecido más detalles de este nuevo paquete de medidas de desregulación, fuentes parlamentarias conocedoras del trabajo que coordina Sturzenegger señalan que el texto se dará a conocer "en los próximos días" y aclaran que no habrá solapamiento alguno con las iniciativas que ya se han remitido al poder legislativo para su debate y aprobación.

La figura de Sturzenegger

Javier Milei ha depositado una gran confianza en la figura de Federico Sturzenegger, autor intelectual de las principales medidas anunciadas hasta la fecha por el nuevo presidente argentino. Doctor en Economía por el MIT, pilotó la privatización de YPF en la segunda mitad de la década de 1990 y ha desempeñado distintas funciones en el ámbito empresarial.

Sturzenegger pasó brevemente por el gobierno de Fernando de la Rúa y volvió a la arena pública en 2008, de la mano de Mauricio Macri, y presidió el Banco Central en los primeros años de gobierno del ex mandatario. La inflación cayó del 40% al 18% en su primer año de gestión, pero Macri puso freno a los planes de Sturzenegger que pretendían ir más allá en el replanteamiento de la política monetaria, desencadenando una traumática ruptura entre ambos que culminó en su dimisión.

Pese a este distanciamiento con Macri, la sucesora del ex presidente al frente del movimiento PRO, Patricia Bullrich, le ofreció la posibilidad de incorporarse a su equipo de trabajo para las elecciones celebradas el pasado 2023. Su trabajo se centró en identificar "obstáculos económicos" y elaborar un plan de desregulación que contempla un total de 600 derogaciones y modificaciones.

Dicho plan para la eliminación o mejora de cientos de leyes y regulaciones ha sido heredado y adoptado como propio por Milei, que de hecho ha nombrado ministra de Interior a la propia Bullrich, exhibiendo su buena sintonía con el entorno de Macri.

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Puigdemont triunfa mientras Sánchez resiste al frente del caos

EDITORIAL. libertad digital. 11 Enero 2024

El más claro vencedor de esta surrealista y caótica votación parlamentaria es Puigdemont, cuyo partido no ha participado en ella.

Tal y como advertíamos en nuestro anterior editorial, al PP no le faltaba razón cuando alertaba este martes de las cesiones in extremis que pudiera hacer Sánchez a los golpistas de Puigdemont con tal de sacar adelante los tres decretos leyes que se votaban este miércoles. Y no porque creyéramos, como el PP, que Sánchez finalmente accedería a que se pudiera multar a las empresas que no regresen a Cataluña tras haber huido de ella tras la declaración de independencia de 2017, sino porque nuestro nihilista presidente del gobierno bien era capaz de ofrecerle algo sólo aparentemente menos ilegal y contrario a la libertad de empresa y al libre movimiento de capitales, como sería la bonificación a esas empresas con cargo al contribuyente. También veíamos a Sánchez capaz de erradicar del decreto ley 19 de diciembre todo aquello que molestaba a los de Puigdemont, como era el reconocimiento de algo que era previo y que perdurará mientras España pertenezca a la UE, como es la competencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de suspender actuaciones y procedimientos judiciales si un juez o tribunal español plantea una cuestión prejudicial, al entender que una norma es contraria al derecho comunitario.

Pues bien. Este miércoles, a cambio de que los de Puigdemont no votasen en contra de sus tres decretos leyes, el gobierno no sólo ha accedido a erradicar el articulo 43 bis de la ley de enjuiciamiento civil que venía a introducir el artículo 103 del Decreto de 19 de diciembre de 2023, sino que ha concedido el "impulso" (léase bonificación a cargo del contribuyente) a las empresas que regresen a Cataluña. Es más. Sánchez finalmente ha accedido también a ceder a la Generalidad el control total de las políticas de inmigración, la publicación inmediata de las balanzas fiscales, la asunción total por parte del Estado de las subvenciones al transporte público o el reconocimiento de los "derechos históricos" del régimen local catalán. A cambio, los de Junts, más que abstenerse, se han ausentado de la votación, lo que ha permitido al gobierno salvar, por la mínima y en el ultimo momento, dos de sus tres decretos, los conocidos como "ómnibus" y "plan anticrisis".

Si el gobierno no ha podido sacar adelante también el tercer decreto-ley —el que afectaba al ministerio de Trabajo dirigida por Yolanda Diaz— es porque sus compañeros de Podemos han votado en contra, junto a PP, Vox y UPN, como venganza por el ninguneo al que Sumar les está sometiendo,

Hemos de advertir, no obstante, que el articulo 43.bis de la ley de enjuiciamiento civil, que el gobierno de Sánchez ha accedido a retirar para contentar a Junts, no venía a instaurar sino meramente a reconocer algo que jurídicamente ya estaba, está y seguirá estando establecido como es la capacidad del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la hora de paralizar la aplicación de una ley —incluida una ley de amnistía— si un juez o tribunal español le plantea una cuestión prejudicial al entender que es contraria al derecho comunitario. En este sentido, es radicalmente falso que esta cesión a Junts en la ley de enjuiciamiento civil venga a blindar la aplicación de ley de amnistía frente a lo que pueda dictaminar respecto a ella en el futuro el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Aun así, la retirada de ese artículo, supone una indecente cesión a los golpistas y un innegable triunfo político de Puigdemont por mucho que no sea jurídicamente transcendente.

Otro tanto se puede advertir respecto al decreto impulsado por Yolanda Diaz que no ha podido ser aprobado por la oposición de sus excompañeros de Podemos. Y es que la propia Belarra se ha mostrado dispuesta a renegociar dicho decreto en el Consejo de Ministros y aprobarlo más adelante.

Lo que es evidente es que el más claro vencedor de esta surrealista y caótica votación parlamentaria es Puigdemont, cuyo partido no ha participado en ella, mientras Sánchez aparece como un dirigente sin mayorías ni principios estables, pero capaz de soportar cualquier humillación y de hacer cualquier concesión, con tal de seguir en la poltrona.

Un gobierno títere en manos de un prófugo

Editorial. la razon. 11 Enero 2024

Si algo ha quedado claro en la sesión parlamentaria, ha sido la extrema fragilidad del sanchismo y el desgobierno al que el presidente y su ambición han conducido a la nación tras consumar el fraude democrático con el contubernio con todos y cada uno de los enemigos de la España constitucional. El desenlace del pleno para convalidar tres decretos leyes claves se ha balanceado entre un amargo escarmiento a la soberbia de Moncloa, una enmienda a la totalidad de su discurso en torno a su mayoría sólida capaz de afrontar una legislatura con solvencia y el esperpento final de unas votaciones que han salvado el decreto «ómnibus», que incluye medidas comprometidas con la Unión Europea para el desembolso de 10.000 millones de euros de los fondos europeos, han tumbado la reforma de los subsidios para el desempleo y han obligado a repetir por un empate el de medidas contra la crisis. Los preámbulos y el desarrollo de la sesión han desnudado con dramatismo el sometimiento del Ejecutivo a los designios de un prófugo de la Justicia como Puigdemont.

Tras un ejercicio de poder del separatismo golpista tan concluyente como el presenciado, ha quedado expuesta una administración títere en manos de un delincuente que no puede regresar a España ni abandonar Waterloo porque sería arrestado y puesto a disposición judicial, amén de la imagen deforme de una democracia decadente. Pedro Sánchez ha sorteado el envite político con una victoria pírrica, que ha resultado de nuevo carísima al Estado. La compra de las siete abstenciones de Junts para salvar los muebles del sanchismo ha conllevado cesiones de enorme calado como el traspaso de las competencias de inmigración a Cataluña, la supresión del artículo «que amenazaba la viabilidad de la futura ley de amnistía», la publicación de las balanzas fiscales o el reconocimiento de supuestos derechos históricos en materia de régimen local, entre otras. La claudicación al chantaje de Puigdemont ha sido tal en este primer mes de gobierno que prueba que Sánchez pagará cualquier precio por el poder, incluidos España, los españoles y la democracia.

El autoritarismo democrático que mancilla el parlamentarismo se ha constituido como una amenaza consolidada. Al abuso anómalo del decreto-ley para burlar a las Cortes, asistimos a la constatación de que se quiere cancelar la alternancia y al primer partido de la Cámara que la hace posible, del que únicamente se acuerdan como recurso desesperado para que sume sus votos de manera incondicional. La vendetta de Podemos contra Yolanda Díaz con su no a la reforma del subsidio añade más incertidumbre y zozobra a un periodo de excepción contra el estado de derecho y la convivencia, del que el pleno caótico y circense en el Senado ha sido un pésimo presagio. España padece el gobierno más débil y peligroso de la historia con los aliados más indeseables. El sanchismo no respeta el Parlamento ni a la soberanía nacional que simboliza.

Puigdemont, control total

Víctima de la debilidad parlamentaria, el PSOE se demuestra capaz de todo y realiza cesiones a Junts injustificables con tal de salvar dos de sus tres decretos

EDITORIAL ABC. 11 Enero 2024

No han hecho falta ni dos meses de Gobierno para demostrar que Sánchez será capaz de conceder a Puigdemont todo lo que éste le pida con tal de garantizarse su supervivencia política. La cesión del PSOE ante los chantajes del separatismo catalán hizo posible salvar, 'in extremis', la convalidación de dos de los tres decretos ley que ayer la Cámara Baja sometió a votación. Tanto el decreto 'ómnibus' como el plan anticrisis salieron adelante gracias a la abstención de Junts que, hasta el último minuto, amagó con tumbar los dos decretos leyes que el Ejecutivo necesitaba convalidar. Podemos, sin embargo, sí cumplió su venganza personal contra Yolanda Díaz y votó en contra del decreto promovido por la vicepresidenta. El sometimiento de los socialistas a quienes hasta hace poco Sánchez describía como los herederos de Le Pen en España queda definitivamente consagrado. Amnistiar a delincuentes a cambio de un apoyo de investidura fue, simplemente, la primera parte del pago. En contra de lo consignado por Santos Cerdán en un hotel de Bruselas el 9 de noviembre, y de lo ratificado después por el presidente del Gobierno, el pacto con Junts no fue un pacto de legislatura, sino que consistió en un mero acuerdo de investidura que se iría prolongando en forma de extorsión constante y continua para la que los socialistas se muestran perfectamente dispuestos. Sánchez va a tener que negociar cada iniciativa legislativa que emprenda con recompensas y, tras elevar un muro frente al partido más votado y contra la mitad de los españoles, está demostrando una ausencia total de límites a la hora de satisfacer al independentismo.

El órdago de los de Puigdemont, al igual que durante las negociaciones de investidura, volvió a demostrar su eficacia a la hora de someter a un Ejecutivo excepcionalmente débil, pero capaz de todo. Amnistiar a delincuentes a cambio de votos no fue un hecho excepcional sino que, tras la sesión de ayer, podemos confirmar que aquel gesto políticamente infame se convertirá en el patrón de conducta de la nueva legislatura de Sánchez. La colección de capitulaciones que realizó el PSOE resulta del todo inasumible ya que lesiona garantías democráticas elementales, como la igualdad entre españoles. Entre las cesiones hechas públicas por Junts se cuenta el control total de la inmigración por parte de Cataluña, lo que constituye un hecho diferencial entre comunidades sobre una realidad enormemente sensible y estratégica. La abstención de Junts ha requerido también la concesión de nuevas prebendas económicas y el reconocimiento de derechos históricos excepcionales.

A la vista de lo sucedido, caben pocas dudas de que la fragilidad parlamentaria del PSOE constituye un severo desafío para los intereses nacionales ya que malbarata la estructura del Estado y convierte al Poder Legislativo en una subasta permanente. Un huido de la Justicia como Puigdemont se consagra, una vez más, como el gran triunfador gracias al perverso mecanismo de compensación inaugurado por Sánchez: cuanto mayor debilidad exhiba el PSOE, mayores concesiones estarán dispuestos a aceptar los socialistas. El triunfo de Puigdemont entraña, necesariamente, la quiebra de no pocos principios democráticos. Pero la condición agónica de la votación demuestra otra debilidad injustificable en el Partido Socialista: la torpeza de sus negociadores. Si, como ya sabíamos, los de Sánchez iban a ceder en todo, podrían haber pactado el apoyo de Junts con mucha mayor antelación y, al menos, podrían habernos ahorrado una sesión del Congreso que fue esperpéntica y que degradó, de paso, los valores que deben inspirar al parlamentarismo.

Sánchez paga el apoyo de Junts atentando contra la libertad de empresa

OKDIARIO. 11 Enero 2024

Carles Puigdemont le ha perdonado la vida a Pedro Sánchez sobre la bocina, pero su decisión in extremis de no votar en contra de los decretos ley tiene contrapartidas: Junts ha arrancado al presidente el compromiso de reformar la ley de sociedades de capital, al objeto de forzar a las empresas que abandonaron Cataluña a que regresen. Junts aboga por imponer sanciones a quienes se nieguen y el Gobierno no aclara su postura pero, sin duda, estamos ante un acoso gravísimo al sector empresarial que quiebra de raíz la libertad de movimientos consagrada por la UE y nuestro marco constitucional: movimiento de capitales, de bienes, de personas y de empresas que, por tanto, tienen todo el derecho a ubicarse, en España y en la UE, donde mejor consideren. Avalar la propuesta separatista de sancionar a las empresas que se fueron de Cataluña por la presión del independentismo es una aberración inconstitucional, pero premiar a las que retornen no deja de ser otro dislate superlativo, porque quiebra el principio más elemental de la competencia. Se mire por donde se mire y se coja por donde se coja, estamos ante una cesión de magnitudes gravísimas.

Parece claro que Pedro Sánchez está dispuesto a triturar derechos fundamentales, porque en su visión política lo único fundamental es su permanencia en el poder. Imponer sanciones a una empresa por abandonar el territorio catalán, como pretende el separatismo, es una violación flagrante de uno de los pilares fundamentales de la UE, pues su artículo 16 lo deja meridianamente claro, pero también lo es de nuestra Carta Magna, porque en su artículo 38 se consagra la libertad de empresa como un derecho básico. Si Pedro Sánchez avala la medida reclamada por Junts en el sentido de penalizar a las compañías que libremente decidieron en su día abandonar Cataluña, España iría en contra ya no sólo de su ordenamiento jurídico, sino del derecho de la Unión.

Éstas son todas las cesiones que Junts le ha sacado a Sánchez a cambio de no votar contra los decretos

RAFAEL GALLEGO. okdiario. 11 Enero 2024

Contra pronóstico, el Gobierno de Pedro Sánchez ha salvado este miércoles dos de los tres decretos que llevó para su aprobación en la Cámara Baja, eso sí, no sin antes acometer una serie de cesiones a Junts. Los socialistas ya han experimentado el tipo de legislatura que les espera por delante, habida cuenta de lo heterodoxa que resulta la panoplia de aliados que permitió la investidura de Pedro Sánchez. Finalmente, ha sido Podemos y no Junts el partido que ha tumbado el único decreto que no ha salido adelante, el de la reforma del subsidio del paro. La formación catalanista que lidera desde Waterloo Carles Puigdemont decidió finalmente no votar, de modo que permitió que salieran adelante los otros dos, el conocido como ómnibus, que afecta a cuestiones de la Administración de la Justicia, y el de las medidas anticrisis.

A cambio de no emitir sus votos y permitir que Sánchez saque adelante dos decretos, Junts ha obtenido un jugoso botín de cesiones que se detalla a continuación.

Blindaje de la amnistía

Era uno de los puntos fundamentales para Junts, y el primero que hizo saltar las alarmas el pasado 27 de diciembre, el día en que Miriam Nogueras avisó de la posibilidad de que Junts tumbase estos decretos porque, esgrimió, «ponían en dificultad la amnistía». Los independentistas han logrado que el Gobierno borre el artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que había sido una petición de la Unión Europea y que abría la posibilidad de frenar la amnistía si un juez elevara una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE.

Competencias de inmigración

El Estado cede al Govern catalán la gestión total de las competencias en materia de inmigración. Cataluña podrá desplegar a partir de ahora su propia política de inmigración, contando con los «recursos necesarios» que el Estado deberá proveer. Estas competencias serán traspasadas desde la Policía Nacional a los Mossos d’Esquadra a través del mecanismo previsto en el artículo 150.2 de la Constitución.

Balanza fiscal

Los socialistas se han comprometido a «publicar de forma inmediata» las cifras de la balanza fiscal del Estado con Cataluña, una reclamación histórica de los herederos de Convergencia, que argumentan que así se conocerá el déficit fiscal que sufre Cataluña. En una reciente votación en el Parlament catalán, ERC, JxCat y la CUP cifraron la deuda de las últimas cuatro décadas en 456.000 millones de euros.

Bonificación del transporte público

Hasta ahora, el Gobierno central bonifica el transporte público en todas las comunidades autónomas en un 30% siempre que estas se comprometan a aportar un 20% adicional, de modo que al usuario el precio final se le quede en la mitad. De hecho, la Comunidad de Madrid va más allá y aumenta su parte hasta el 30%, para igualar su ayuda a la estatal. Esta condición era obligatoria, pero para Cataluña ya no es así. Los socialistas han aceptado que sea el Estado el que en esta Comunidad Autónoma sea quien aporte el 50% de la bonificación, ahorrándosela el Govern autonómico. Otra diferencia con respecto al resto de España.

Forzar a las empresas a volver a Cataluña

Se reformará la Ley de Sociedades revirtiendo el decreto que el PP de Mariano Rajoy aprobó en el año 2017 para forzar a las empresas que entonces sacaron sus sedes de Cataluña a regresar a la comunidad autónoma. No se ha desarrollado si se hará mediante incentivos para que las empresas retornen o, como había pedido Junts en fechas recientes, multando a las que no lo hagan.

Reconocer «derechos históricos»

El Ejecutivo socialista ha aceptado también reconocer «los derechos históricos de Cataluña en materia de régimen local», según ha anunciado Junts en su comunicado, sin detallar en qué consistirá este nuevo reconocimiento. Además, Junts se apunta el tanto también de haber forzado al Gobierno a rebajar el IVA del aceite al 0%, reconociéndolo como un alimento esencial.

España, un Estado vasallo de Cataluña

«Como catalán y español siento una profunda vergüenza ante este espectáculo de codicia e ignominia»

Francisco Marhuenda. la razon. 11 Enero 2024

Junts es la heredera directa de Convergència y su sector de los negocios. Por ello, era previsible que apoyara a Sánchez si se sometía a sus deseos. La situación es tan esperpéntica como vergonzosa, porque asistimos a una cuidadosa demolición del Estado de Derecho con un vaciado competencial en favor de Cataluña. Es un proceso que se desarrolla a espaldas del resto de autonomías y que quiebra el principio de igualdad. No es fruto de un deseo de mejorar el Estado sino de la obsesión de Sánchez de mantenerse en la presidencia comprando los votos de Puigdemont. Lo hace a costa de España y los españoles.

Un independentista fugado de la Justicia decide desde Waterloo la gobernabilidad del país que quiere destruir. Lo hace con la aquiescencia de Sánchez, que prometió cumplir y hacer cumplir la Constitución, y el aplauso de los diputados socialistas que han renunciado a sus principios para abrazar el sanchismo y la ideología radical y populista del Grupo de Puebla. Los votos para que apoyaran los decretos ley han sido a cambio de ceder a Cataluña las competencias en materia de inmigración y la publicación inmediata de las balanzas fiscales.

¿Cuál será el próximo pago de Sánchez para mantenerse en el poder? El chantajista ha confirmado que el chantajeado hará cualquier cosa. Por ello, puede pedir lo que le dé la gana. España se convierte en un Estado vasallo del independentismo catalán que tendrá que pagar decenas de miles de millones para que los catalanes se enriquezcan a costa de los esfuerzos del conjunto de la nación. Como catalán y español siento una profunda vergüenza ante este espectáculo de codicia e ignominia. Los dirigentes socialistas se han convertido en estómagos agradecidos que se someten ante su líder para permanecer en sus cargos. La voracidad de Puigdemont no tiene límites y cada votación será una agonía para Sánchez que tendrá que aceptar humildemente las exigencias que le pongan sobre la mesa. La cesión de las competencias en inmigración es tan asombrosa como sorprendente. En cambio, las manipulables balanzas fiscales, que no incluyen las comerciales, servirán para consagrar una desigualdad económica que pagarán el resto de las autonomías.

Las competencias de inmigración y la amnistía

PABLO PLANAS. libertad digital. 11 Enero 2024

Puigdemont ha decidido experimentar con el mando a distancia, probar a Sánchez, ver hasta donde aguanta el presidente del Gobierno en modo piñata.

Vaya, vaya. La inmigración. Resulta que la Generalidad catalana se hará cargo de la inmigración en Cataluña gracias al traspaso integral de todas las competencias estatales en la materia más los recursos correspondientes. Un pelotazo a cambio de no comparecer en las votaciones de tres reales decretos. La inmigración, así, en toda su extensión, pasa del Estado a la "Generalitat de Catalunya" en virtud de un pacto entre los de Sánchez y los de Puigdemont, quienes aluden al artículo 150.2 de la Constitución: "El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado".

O sea, la inmigración en Cataluña pasa a depender en exclusiva de una administración autonómica gobernada ininterrumpidamente por partidos nacionalistas, supremacistas, xenófobos y de arraigada tradición racista y esclavista. Se dice pronto. Ha sido Junts, el partido de Puigdemont, quien le ha arrancado la competencia a un descompuesto Sánchez, capaz de trasladar el Museo del Prado a Gerona si se lo pide el prófugo.

No hará ni una semana que un grupo de alcaldes de Junts atribuía el aumento de la delincuencia en sus localidades a los inmigrantes de origen norteafricano. Pero no sólo es Junts. ERC le echó la culpa de entrada a los alumnos inmigrantes de los malos resultados del Informe PISA. Añádase al cóctel la pujanza del separatismo de extrema derecha de Aliança Catalana, un curioso invento político cuyo estratega es un primo pijo del presidente de la Generalidad. Y esto por no hablar de que para el nacionalismo catalán es igual de inmigrante una familia de Murcia que otra del Rif.

El asunto del traspaso de la inmigración presenta derivadas extraordinarias. El control de fronteras en Puertos y Aeropuertos, el papel de los Mossos, el papelón de la Guardia Civil y la Policía Nacional en extranjería, documentación, ingresos y expulsiones, detenciones, retenciones, cuarentenas, etcétera, etcétera. Estado y Generalidad tendrán que abordar de manera bilateral el reparto de menores no acompañados, si rigen iguales derechos para los extranjeros en Cataluña que en el resto de España, si pueden cruzar el Ebro sin papeles o aceptar un trabajo en Barcelona aunque vivan en Madrid. Son tantas cosas. Y el idioma, claro.

Habrá que ver además si esos grupos nacionalistas del "Volem acollir" (Queremos acoger) predican con el ejemplo ahora que podrán abrir o cerrar las puertas de Cataluña a voluntad. O si los rescatados en el Mediterráneo de Open Arms, la ONG catalana tan ponderada, atracan todos en Barcelona, como cabría suponer en el momento en el que sea un consejero nacionalista quien tenga la última palabra.

Dada la considerable importancia del traspaso de la inmigración se antoja un asunto un tanto menor que Puigdemont le haya sacado también a Sánchez una modificación sobre la modificación del punto de la Ley de Enjuiciamiento Civil que afectaba los efectos de una cuestión prejudicial en el TJUE sobre la amnistía. Hasta lo de multar a las empresas que se fueron y no han vuelto parece menos grave en comparación con el asunto de la inmigración, con la que se podría llegar a justificar la expulsión definitiva de la Guardia Civil, la Policía Nacional y el Ejército de Cataluña.

Que la legislatura no iba a ser fácil para el Gobierno era harto previsible, pero que saltara la sorpresa en Las Gaunas no se esperaba hasta después de la aprobación de la ley de amnistía, de aquí a unos tres meses. Sin embargo, Puigdemont ha decidido experimentar con el mando a distancia, probar a Sánchez, ver hasta donde aguanta el presidente del Gobierno en modo piñata. El hombre del maletero quiere que todo pase por Waterloo, que le consulten los decretos y lo que no son los decretos, que le hagan la pelota, que se fotografíen con él antes de la amnistía y que le dejen comer carne de juez siempre que quiera. Las competencias de inmigración son un aperitivo suculento, un triunfo en toda regla, una auténtica humillación para el Gobierno y un paso de gigante hacia la independencia de Cataluña.

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