Recortes de Prensa Sábado 13 Enero 2024

Rusia acusa a Joe Biden de atacar Yemen para ocultar su fracaso en Ucrania

El Confidencial. 13 Enero 2024


El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó el ataque contra Yemen para distraer a sus electores de su fracaso en Ucrania y de los problemas internos de su país, afirmó hoy el presidente de la Duma Rusa (Cámara baja del Parlamento) Viacheslav Volodin.


"Biden necesita una pequeña guerra victoriosa para distraer la atención de los electores de los fracasos de su política exterior en Ucrania y de los problemas internos de EEUU", afirmó en su canal de Telegram.


Las claves del momento

Rusia acusa a Joe Biden de atacar Yemen para ocultar su fracaso en Ucrania

Al menos dos muertos tras nuevos ataques rusos sobre Jersón

Rishi Sunak visita Kiev y anuncia un paquete de ayuda militar a Ucrania

La Casa Blanca afirma que la ayuda militar de EEUU a Ucrania "se ha detenido por completo"

Ucrania repele más de 40 ataques rusos en el frente del este


Hace 36 minutos 09:35

El nuevo ministro de Exteriores francés visita Ucrania en su primer viaje oficial

El nuevo ministro de Exteriores francés, Stéphane Séjourné, visita este sábado Ucrania en su primer viaje oficial tras su nombramiento el pasado jueves, un desplazamiento que busca mostrar la continuidad del apoyo de París a Kiev en el contexto de la invasión rusa.


"Se trata de participar en el refuerzo de nuestra acción común, en el marco de una mayor cercanía estratégica", detalló la cartera de Exteriores en un comunicado.


Hace 1 horas 14 minutos 08:57

Rusia acusa a Joe Biden de atacar Yemen para ocultar su fracaso en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó el ataque contra Yemen para distraer a sus electores de su fracaso en Ucrania y de los problemas internos de su país, afirmó hoy el presidente de la Duma Rusa (Cámara baja del Parlamento) Viacheslav Volodin.


"Biden necesita una pequeña guerra victoriosa para distraer la atención de los electores de los fracasos de su política exterior en Ucrania y de los problemas internos de EEUU", afirmó en su canal de Telegram.


Hace 1 horas 45 minutos 08:26

Varias localidades en Bélgorod se quedan sin luz tras un ataque ucraniano

Varias localidades en la región rusa de Bélgorod, en la frontera con Ucrania, se quedaron este viernes sin luz tras un ataque con artillería de las fuerzas ucranianas, denunció el gobernador local, Viacheslav Gladkov.


"Los cortes de electricidad afectan a los habitantes de las aldeas de Glotovo, Bezimeno y, parcialmente, a los vecinos de Gora-Podol y Kozinki", escribió Gladkov en Telegram.


Hace 1 horas 45 minutos 08:25

Al menos dos muertos tras nuevos ataques rusos sobre Jersón

Al menos dos personas han muerto este viernes como consecuencia de nuevos ataques de las fuerzas rusas sobre la región de Jersón, según ha trasladado su gobernador, Oleksandr Prokudin.


"Los invasores han matado a dos personas en Jersón. Durante el día, los invasores han cubierto las calles de la ciudad con artillería", ha contado en Telegram, acompañando el mensaje con vídeos de las consecuencias del ataque.


Hace 1 horas 46 minutos 08:25

Ucrania reconoce que la economía rusa está aguantando mejor de lo esperado el paso de la guerra

El jefe de los servicios de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, Kirill Budanov, ha reconocido que la economía rusa está aguantando mejor de lo esperado los envites de la guerra, "mucho mejor que su Ejército", ha destacado.


"Las actuales sanciones occidentales no son suficientes. Deberían haber afectado a los principales sectores de la economía rusa: la energía, la metalurgia y el sistema financiero en su conjunto", ha lamentado Budanov.


Rehenes de mercenarios

Manuel Fernandez Ordonez. libertad digital. 13 Enero 2024


Parece bastante obvio que esta legislatura va a ser un chantaje continuo. Pero no al gobierno, sino a los ciudadanos que vamos a sufrir las consecuencias de depender de sicarios de lo público. Disfrutemos de lo votado.


Cientos de veces lo hemos dicho, pero lo repetiremos las veces que sea necesario. La energía es uno de los pilares fundamentales de nuestro bienestar. Es la sangre que mantiene viva nuestra sociedad. No podemos mantener nuestros niveles de vida sin un consumo elevado de energía. Sin gobierno, sin embargo, podemos vivir perfectamente. Durante meses hemos tenido gobiernos en funciones. ¿Pasó algo acaso? Más de 500 días estuvieron en Bélgica sin gobierno. ¿Pasó algo acaso? Se creen imprescindibles, pero no lo son. Un lastre, un cáncer, un virus, la podredumbre. Eso son realmente.


Nuestro progreso se asienta en una energía abundante y barata. Una energía que podría ser más barata si el estado no la utilizara como fuente de financiación. Como vaca a la que ordeñar a diario y el cajón de sastre con el que financiar los delirios de control social de cualquier buen político que se precie.


De este modo, como si de un artículo de lujo se tratara, la electricidad tributa en España al tipo máximo de IVA, el 21%. Además de la miríada de tasas, impuestos y demás zarandajas que hacen que, en realidad, la electricidad nos cueste a los ciudadanos más del doble de lo que nos debería costar.


Hace unos meses, cuando la inflación se disparó, el gobierno se vio obligado a actuar y reducir la carga impositiva de este bien tan preciado. Este movimiento fue la asunción silenciosa de que es el estado el que convierte la energía en algo artificialmente caro y que, si quisieran, podrían solucionar este problema de forma definitiva. Sin embargo, no quieren. El estado necesita fuentes de financiación siempre crecientes para destinar a políticas que parezcan solucionar los problemas que él mismo crea.


Se vieron, como digo, obligados a actuar. Redujeron el IVA al 5%, eliminaron el impuesto del 7% de la producción de electricidad y bajaron al 0,5% el impuesto especial de la electricidad. Pero todo de manera transitoria. Estas medidas caducaban el día de Nochevieja. Así que el gobierno extendió parte de estas "rebajas" mediante Real Decreto que tocaba validar esta semana en las Cortes.


Y asistimos a un espectáculo dantesco en el que, durante horas, los ciudadanos fuimos rehenes de mercenarios sin escrúpulos. Piratas dispuestos a que la electricidad nos cueste a los ciudadanos miles de millones de euros más con el único propósito de ver quién mingita más lejos. Trileros capaces de dejar más de 40.000 millones de inversiones del sector energético en el limbo mientras pretenden convencerle de que lo realmente importante es aumentar en 5 millones el presupuesto de Justicia. Si nos lo creemos, somos imbéciles, no hay más.


Resulta hilarante cómo, con el objetivo de que no gobierne la derecha, este gobierno acaba de ceder las competencias de inmigración en Cataluña a la derecha. Kafkiano. Todo ante un presidente del gobierno que ostenta el cargo en Moncloa, pero el poder real lo detenta otro y en otro sitio. La demostración, en definitiva, de que usted y yo les importamos un carajo en realidad. Únicamente somos su coartada, sus tontos útiles, sus siervos. Da igual cuándo lea usted esto y quién gobierne en ese momento.



******************* Sección "bilingüe" ***********************


Las barricadas

CARMEN ÁLVAREZ VELA. gaceta. 13 Enero 2024


Cuenta José Blasco Ijazo en su Historia de la Prensa zaragozana, que durante los sitios que sufrió Zaragoza en 1808 y 1809, en varias ocasiones se suspendió la publicación del Diario de Zaragoza, tal y como decían las octavillas repartidas por toda la ciudad que rezaban así:


Hoy no se publica el

DIARIO DE ZARAGOZA

porque los redactores e impresores

se encuentran en las barricadas

defendiendo la ciudad.


Comprendan que leer esta anécdota resulta chocante en estos tiempos. Sin darme cuenta, en una segunda lectura de la octavilla, he leído:


…los redactores e impresores

se encuentran en las barricadas

defendiendo LA LIBERTAD.


Al hacerlo he tenido un recuerdo para esos pocos periodistas que están cada día en la trinchera armados de un micrófono y su talento frente a los monstruos mediáticos –no sólo me refiero al tamaño– y los políticos matones, incultos, de cobardía probada.


Abandonados por los compañeros de mesa en las salas de prensa, ninguneados por los portavoces de los partidos chantajistas y enemigos de España, o maltratados por los pachilópez de la vida que, puesto que no tienen ningún argumento ante la cruel realidad de los repugnantes actos que perpetran, pretenden humillarlos y tratarlos como si fueran escoria, acuden cada día a estrellarse contra el muro levantado por los llamados progresistas. Va por vosotros. Gracias. Gracias por no normalizar que España está siendo objeto de un golpe al Estado de Derecho y a la unidad de la nación. Gracias por preguntar lo que los demás no se atreven, y por hacer lo que es propio del periodismo: ser incómodo para el poder.


Después de años de trabajar en estas circunstancias, esta semana, el PSOE –rodillo de libertades– ha tenido la desfachatez de pedir amparo a las asociaciones de prensa contra los que ellos califican como pseudomedios –las marcas que retransmitieron e impulsaron la Nochevieja en Ferraz– para que no puedan trabajar en las instituciones. Es decir, que no puedan entrar en el Congreso, en el Senado ni en los Parlamentos Autonómicos. Qué comodidad. El pseudogobierno que no puede aprobar un real decreto sin interrumpir la sesión para que Junts le apriete la última tuerca, llamando pseudoloquesea a alguien. Mandahuevos, que diría Trillo.


El PSOE, tras la noche de Ferraz, ha reaccionado como si Sánchez fuera un dios ultrajado. El Partido Socialista está sufriendo el síndrome de Kim Jong-un. En España se pueden quemar imágenes del Rey todos los fines de semana, de Abascal ni les cuento, se puede pegar una bofetada a Rajoy, se puede uno de reír de su sombra, pero no me toquen a Sánchez que tenemos a todo un partido mutando en Partido del Trabajo de Corea escandalizado por la mofa que se ha hecho del líder. Menos mal que en España no existe pena capital.


Como todo esto es poco para el ataque sufrido en Ferraz por Kim Jong-un Sánchez, además de pedir amparo a las asociaciones de la prensa, el Fiscal General del Estado ha enviado el caso de las peligrosísimas uvas de Ferraz a la Audiencia Nacional, para que se haga tremenda justicia a los presentadores y convocantes de tamaña afrenta. Todo normalísimo en tiempos en los que se quiere eliminar el delito de enaltecimiento del terrorismo. Por favor, si alguien sabe dónde está la cámara oculta que me lo diga ya, que me estoy volviendo loca.


¿Tiene algún recorrido la gilipolluá, que diría Tip? No. Pero es un aviso a navegantes. Teman. Me viene a la cabeza Alfonso Guerra –el que ahora es bueno– cuando dijo aquello de que «el que se mueve no sale en la foto». Pues lo mismo, pero aplicado al periodismo.


Gracias a los periodistas que se atreven a contar las cosas de manera diferente y a ir a las barricadas, en este caso de la libertad. Mi particular gratitud y reconocimiento a mis queridos María Durán, Laura Fernández Cañas y Marcos Ondarra por ser libres además de periodistas y a todos los que cada día mantenéis este compromiso en tiempos oscuros. Honor.


Una legislatura insostenible… para España

EDITORIAL. libertad digital. 13 Enero 2024

Como el PSOE está dispuesto a darles todo ellos lo pedirán todo, y el proceso de vaciado de la democracia se va a desarrollar a una velocidad de vértigo.


Más allá de los decretos concretos que se convalidaron este miércoles en la atípica sesión del Congreso celebrada en el Senado; más allá de la indiscutible importancia de las cesiones que ha hecho el Gobierno para evitar lo que habría sido una dolorosa derrota política y, sobre todo, propagandística; más allá, incluso, del espectáculo esperpéntico que supusieron la larga sesión y la negociación entre el Ejecutivo y sus presuntos socios, quizá lo principal de lo que se ha visto en estas votaciones sea que nos ha confirmado cómo va a ser esta legislatura.


Ha quedado claro, para empezar, que el Gobierno no tiene una mayoría suficiente para gobernar, que el acuerdo con Junts no es de legislatura, tal y como dijo mintiendo alevosamente Santos Cerdán, y que Podemos va a actuar mucho más por libre de lo que algunos pensaban. Así, cada vez que Pedro Sánchez o cualquiera de sus ministros –y muy especialmente Yolanda Díaz– quieran sacar adelante un nuevo desarrollo legislativo tendrán que negociar a varias bandas y con supuestos socios de una voracidad extrema unos y que buscarán boicotear al Ejecutivo como forma de crear su propio espacio político otros.


Ha quedado también claro que la capacidad de negociación de la que tanto presumen de Sánchez y sus acólitos es en realidad cercana a cero: si entregas a la otra parte absolutamente todo lo que te pide no estás negociando, estás siendo chantajeado. Y eso es lo que este PSOE absolutamente cortoplacista lleva haciendo desde el verano.


Y, por último, ha quedado igual de claro que ese cortoplacismo de Sánchez y esa negativa a admitir cualquier derrota parlamentaria coloca al Gobierno en una posición de necesidad que le da a los separatistas de Junts toda la ventaja en todas las negociaciones que se pongan en marcha de aquí en adelante. Dicho de otra forma: como el PSOE está dispuesto a darles todo ellos lo pedirán todo, y el proceso de vaciado de la democracia y la soberanía nacional se va a desarrollar a una velocidad de vértigo.


En estas condiciones, después del espectáculo de este miércoles y de los días anteriores cabe preguntarse si una legislatura así es sostenible. La triste respuesta es que sí lo es para un político indecente y sin escrúpulos como Sánchez o para la banda de arribistas que lo rodea, pero no va a ser para una España que, cesión a cesión, va a quedar hecha jirones.


Votar a ciegas

Itxu Díaz. libertad digital. 13 Enero 2024


Sánchez, cristiano viejo, sigue el mandato evangélico sobre la caridad: que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Lo ha vuelto a demostrar en la votación del pasado miércoles. Su mano derecha, sus propios diputados, no tenían ni idea de los términos de la negociación de su mano izquierda, Junts. Votaron a ciegas a las órdenes del jefe. Podrían haber dado el sí a que les extirpasen los testículos sin anestesia, pero da igual, porque lo importante es el partido, lo importante es el poder.


Los partidos en España son una secta. Antes de Zapatero, hubo algún momento en el que parecía que esa tendencia totalitaria se resquebrajaba, pero duró poco. Con el presidente por accidente del 13-M, la polarización se volvió extrema en toda la nación, obligando a los dos principales partidos a obtener mayorías cerradas y compactas para poder gobernar; lo que significa, según la ecuación parlamentaria de España, que la derecha solo podrá gobernar con mayoría absoluta, y que el PSOE se avendrá siempre a pactar con el diablo para tocar moqueta.


No es casualidad que muchos de los ministros y altos cargos de Sánchez presentes y pasados sean una multirracial colección de inútiles, que antes de caer en el coche oficial jamás habían soñado con tener un trabajo fuera del partido; si bien con Sánchez tampoco hay diferencia entre trabajar para el partido o hacerlo para el Gobierno. Y no es casualidad porque, que se engañe quien quiera, la política española en las presentes legislaturas sanchistas es solo una oportunidad laboral para casos imposibles, un instrumento de poder y privilegio, donde lo único que importa es el beneficio propio, y no hay ni rastro de vocación de servicio público, ni mucho menos preocupación alguna por el bien común.


Se equivoca a menudo la oposición tratando de debatir limpiamente con el Gobierno sobre todo tipo de controversias políticas concretas, como si hubiera otra cosa más allá que esa estructura de poder socialista, que esa empresa de colocación laboral de Ferraz. El voto a ciegas del miércoles es solo la alegoría perfecta de esta forma de gobierno: tendrás tu despacho, tu sueldo, tu cuota de pantalla, y yo tendré tu libertad, tu voto, tu palabra.


Hay todavía quien piensa que esa estructura de poder que es el PSOE de Sánchez puede acoger en su interior díscolos, o tipos con una cierta dignidad que se cansen de prostituirse en cada votación y alcen la voz o que, en un ataque de integridad sobrenatural, se vayan a su casa. En las filas de Feijóo aún quedan incorregibles creyentes en esa extraña herejía, la del diputado socialista honrado; no entienden que el término "diputado socialista" en 2024 lleva aparejada ya la deshonra de por vida, a cambio, eso sí, de un sueldo hoy, y tal vez de una jubilación más o menos dorada el día de mañana. Lo tienen asumido ellos mejor que los del PP.


También hay en la derecha política y mediática temblorosa quien aplaude los recientes quejíos de Page, lo prometo, después del espectáculo de cinismo de la investidura. El de Toledo no es ya ni político, ni dirigente, ni nada. Es solo una psicofonía, un efecto de sonido, un murmureo paranormal que, como el eco, aparece siempre después de alguna fechoría sanchista ya consumada con su silencio y su voto, para carraspear un poco, fruncir el ceño y, finalmente, no decir nada relevante. Page es como el bombero que llega dos días después de que el incendio este apagado y la casa haya quedado en ruinas, muy enérgico, muy preparado, muy profesional, muy serio: "buenos días, señora, ¿dónde está el fuego?". Al que la señora, con buen criterio, tras haber perdido casa y hacienda, le da su bienvenida: "caballero, vaya usted a la mierda".


Cuando Sánchez caiga por el sumidero del olvido, no quedará nada, y vendrán los que ahora votan a ciegas la traición a España a discursear patriotismos y cosas por el estilo, refundarán el PSOE, y alguno escenificará una nueva ruptura con el comunismo con toda desfachatez. Pero será tarde, y no habremos olvidado ninguno de sus nombres, de sus rostros, llevarán la invalidez parlamentaria de por vida, y si la derecha por una vez no mamonea con los complejos, serán extirpados de la teta pública, allá donde estén mamando en su retiro dorado, por muy escondidos que se encuentren en el inmenso y obeso organigrama de despilfarro del Estado. Su penitencia será la que más les puede doler: tendrán que ganarse la vida por su cuenta.


La teoría del salchichón de Alfonso Guerra

MARIANO YZQUIERDO TOLSADA. libertad digital. 13 Enero 2024

Es momento de refrescar la memoria, no sea que se nos acaben olvidando las tajadas que se han ido extrayendo de un embutido llamado España.


Anadie dejan nunca indiferente las entrevistas que concede Alfonso Guerra. Hace unos meses utilizó en una de ellas la ocurrente y simpática metáfora del salchichón: las concesiones ya hechas por aquel entonces a los independentistas catalanes y las concesiones que aún tendrían que venir se asemejan al salchichón del que se van cortando rodajas. Eso sí, no muchas, sino una a una, semana a semana, o acaso una rodaja cada mes, para conseguir así que quien mira el espectáculo no perciba que al salchichón le falta de repente un pedazo demasiado grande. De paso, se esconde la rodaja penúltima y la anterior a la penúltima porque hoy lo que toca es escandalizarse de la última. Y al mismo tiempo, cuando la semana que viene toque cortar una más, se habrá olvidado ya lo gorda que había sido la de hoy.


En general, la teoría o estrategia del salchichón ha sido constante a lo largo de la pasada legislatura, pero da la impresión de que la legislatura que acaba de comenzar va a deparar unas situaciones y circunstancias que, desde luego y visto lo visto, ya no van a provocar ninguna sorpresa para nadie. El 10 de enero asistimos a un espectáculo bochornoso que solamente sirvió para demostrar que quien manda aquí no es el bufón que duerme en La Moncloa, sino quien, representando solamente al 1,6 % de los españoles, le va dando órdenes a cada paso en un ejercicio diario de chantaje y extorsión.


Es momento de refrescar la memoria, aunque para ello haga falta alguna página más de las habituales. No sea que se nos acaben olvidando las tajadas —algunas, suculentas, y otras mero gesto para la galería— que se han ido extrayendo de un embutido llamado España. Por lo demás, se trata de un manjar sabrosísimo, especialmente si el salchichón es el de Vich.


Partamos del día 1 de octubre de 2019, justo cuando se cumplían dos años de aquel referéndum fake en el que había urnas llenas de votos antes de comenzar la jornada, o en el que hubo quien pudo votar dos, tres y hasta cuatro veces. Faltaban pocos días para que se hiciera pública la sentencia del Tribunal Supremo. Y Pedro Sánchez dijo en la cadena SER que su Gobierno había "estudiado ya si puede aplicar el artículo 155 de la Constitución, que permite suspender la autonomía catalana, aun encontrándose en funciones", y había "sostenido que se podría hacer sin problema". Estaba, pues, en su cabeza, volver a aplicar ese precepto, como había hecho ya en su momento Mariano Rajoy. Y es que, según Sánchez, en 2017 se habían cometido delitos de sedición y de malversación, e incluso de rebelión. Obsérvese: incluso de rebelión, un delito que ni siquiera había llegado a ser objeto de juicio por el Tribunal Supremo. Aplicar de nuevo el artículo 155 de la Constitución suponía que "gana la democracia y gana el Estado de derecho", decía la dirección socialista. Y seguía siendo conveniente suspender la autonomía, ante la "verdadera y grave provocación" de Joaquim Torra, que estaba dispuesto a constituir un nuevo Gobierno.


Cuatro años después de expresar la conveniencia de suspender la autonomía de Cataluña, el amado líder supremo nos ha transmitido repetidamente la suprema idea, no solo de que la aplicación del artículo 155 había sido un error, sino que todo cuanto se había hecho estaba muy mal. Y hasta se permitió el supremo lujo de decir, sin ambages, que él quería devolver a la política el problema catalán, que nunca tuvo que haber sido judicializado. No tenía que haber ocurrido que el Tribunal Supremo tuviera que perder el tiempo con el juicio del procés (por cierto, un juicio desarrollado con todas las garantías y publicidad que cabía, y aún más) y dictar la sentencia de 14 octubre 2019, que condenaba a prisión a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, como autores de un delito de sedición en concurso con un delito de malversación.


Por el camino y durante estos cuatro años, algunas de las rodajas dadas al salchichón de Alfonso Guerra parecen más bien mordiscos. Limitaré mi reflexión a seis de ellas.


Primera rodaja. El 22 de julio de 2021 el Consejo de Ministros acordó conceder el indulto a los nueve condenados, al parecer para "dejar atrás el dolor y el sufrimiento que el conjunto de los ciudadanos hemos sufrido en primera persona", para "tender puentes", para "coser heridas" y para guiarse "por el espíritu constitucional de concordia y abrir una nueva etapa de reencuentro entre Cataluña y España", decía Chiqui Montero moviendo con garbo su ondulada melena.


Segunda rodaja (y muy poco conocida). Es bien sabido que el indulto supone que el Estado perdona la pena, pero no la responsabilidad civil, pues el derecho a ser indemnizado es cosa que solo depende del perjudicado. Si él quiere hacerlo, perdonará la deuda, pero eso depende de él y el Estado nada tiene que decir. Nadie puede perdonar lo que no es suyo. Por eso, el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado habían interesado en su momento la remisión de la sentencia al Tribunal de Cuentas, que es quien tiene la competencia para el enjuiciamiento de este tipo de responsabilidad civil. Hasta entonces, el asunto iba dirigido correctamente.


Pero da igual. Eso será así en los delitos de robo, de lesiones, de asesinato…, pero es que en el delito de malversación de caudales públicos el perjudicado es el propio Estado. Y en aquellos momentos el mamporrero que avanzaba las noticias agrias se llamaba José Luis Ábalos (ahora se llamaría Óscar Puente). De él pudimos escuchar que eso de pretender que los condenados por el Tribunal Supremo, ya indultados, pagaran los daños causados es algo que está feísimo. No sé si la cosa era de ignorancia del ministro o era una "sobrada" sin disimulo. El caso es que poco tiempo después, en agosto de 2021 y con el país de vacaciones, el Gobierno retiró a la Abogacía del Estado. El perjuicio lo había sufrido el Estado, y el Estado perjudicado perdonaba la deuda. Con un par.


Tercera rodaja. Esquerra Republicana, Junts per Cat, PdeCat y CUP presentaron en 2021 su Proposición de Ley Orgánica de amnistía y de resolución del conflicto político entre Catalunya y el Estado Español. Ni siquiera fue admitida a trámite porque la Mesa del Congreso, de mayoría socialista, la consideró rematadamente inconstitucional. Durante dos años hemos oído al Presidente y a una docena de Ministros proclamar con claridad, y a veces hasta con vehemencia, que la amnistía no cabe en la Constitución. Pero las elecciones de 23 de julio de 2023 marcaron el momento más pornográfico: amnistía pasaba por arte de birlibirloque a ser reencuentro y convivencia, y también es concordia, y diálogo, y valentía y ejemplaridad. Y ahí estamos desde hace tres meses, desgranando argumentos y contraargumentos, que no se reproducirán aquí para no aburrir (pero sí aquí). La nueva iniciativa, de 2023, ahora llevaba otro título: Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. Único firmante, el Grupo Parlamentario Socialista. Y aunque haya alguna diferencia muy menor entre las dos, doña Chiqui Montero agita ahora todavía más sus rizos, y sin ponerse colorada: "nosotros cuando decíamos que la amnistía no cabe en la Constitución, nos referíamos solo a la amnistía planteada en 2021, pero en cambio la nuestra, ésta amnistía sí es perfectamente constitucional". Otro día escribiré para LD una comparativa entre ambas Proposiciones para que se pueda ver si lo de la Vicepresidenta es ingenuo candor o es abierta obscenidad.


Cuarta rodaja. El Superministro Bolaños no para de decir que los jueces y Magistrados no van a ser objeto de investigación en su condición de catalanófobos. Y que eso de que Manuel Marchena, Concepción Espejel, Pablo Llarena o Carlos Lesmes son indecentes y "en cualquier país democrático serían procesados y cesados"... eso son cosas de Puigdemont y de Miriam Nogueras, pero que no las comparte el PSOE. Pues no las compartirá pero lo parece, pues en el Congreso de los Diputados el PSOE votó a favor de que se constituyan comisiones de investigación para supervisar la labor de los jueces y facilitar, en definitiva, que los Partidos políticos decidan sobre la suerte que han de correr aquellos togados que se consideren díscolos, revoltosos o poco sumisos, y puedan deducirse las responsabilidades correspondientes.


En fin, menuda rodaja. El legislativo entrando como elefante en cacharrería en los terrenos del poder judicial. A calzón quitado.


Quinta rodaja. Había que empezar bien la legislatura, con un Congreso pastueño mostrando su adhesión inquebrantable a los Reales Decretos presentados a la Cámara para su convalidación. Unos Reales Decretos que, al parecer, eran extraordinariamente urgentes en todas las medidas contenidas en ellos. Y por eso se hurtan a la discusión parlamentaria y no son Proyectos de ley sino Reales Decretos. Uno de ellos contiene 120 artículos y 14 Disposiciones adicionales. Bases del régimen local, incentivos fiscales al mecenazgo, función pública, proceso militar, reforma del enjuiciamiento criminal, hiper-reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil de la jurisdicción voluntaria y de la jurisdicción contencioso-administrativa, regulación de las comunicaciones electrónicas de quinta generación... Solo falta la reforma de la Ley de Pesca Fluvial o el nuevo marco para la patentabilidad de los productos químicos y farmacéuticos. El abuso de la fórmula del Decreto Ley como técnica legislativa merecería otro artículo, que comprometo en este mismo momento…


Pero Unidas Podemos se desmarcaba en la convalidación del otro Real Decreto (el de la conciliación de la vida familiar y laboral y el subsidio de desempleo) y, como parecía que Junts quería prolongar la tensión del Gobierno hasta el último minuto, no salían los números. Había que implorar apoyo al Partido Popular. Sin éxito, como era previsible. La frase más lapidaria de Núñez-Feijóo durante el debate de investidura había sido lo de "cuando el independentismo le falle, no me busque". Pero finalmente no hubo problema. La también suprema debilidad del supremo líder dio la cara para estupor propio y ajeno con supremos cortes de nuevas rodajas, pero ya en paquete completo. Para mantener la emoción, no se conoció cuál había sido el sentido del voto telemático de Junts hasta el final de la jornada.


La más suculenta de las rodajas es la cesión a Cataluña de las competencias plenas en materia de inmigración. Al parecer, da lo mismo que la Constitución establezca que son competencia exclusiva del Estado las materias de nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo (artículo 149.1.2ª). Y da lo mismo también que, en efecto, la propia Constitución permita que el Estado delegue en las Comunidades Autónomas, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal, pero lo haga en materias "que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación" (artículo 150.2). Y por supuesto, también debe dar lo mismo que el Tribunal Constitucional haya declarado en la sentencia de 28 de junio de 2010, dictada sobre el Estatut, que si la norma autonómica pretendiera atribuir a la comunidad autónoma competencias en dicha materia, el artículo sería claramente inconstitucional. Si existe una materia genuinamente de competencia estatal esa es la del control de fronteras, entrada y residencia de extranjeros en territorio español, derecho de asilo o flujos migratorios. Otra cosa es que haya materias relacionadas que sí pueden estar en manos de las Comunidades Autónomas, como por ejemplo, las autorizaciones de trabajo de los extranjeros.


Se ponga como se ponga la señora Nogueras o el señor Puigdemont, no podrá nunca Cataluña decidir quién puede entrar y quién no en territorio catalán o a quién se puede expulsar. Ni tampoco rechazar que les afecte también a ellos el reparto de subsaharianos llegados en cayucos o pateras. Distinto es que no les guste nada, tampoco a ellos, tener inmigración ilegal. Naturalmente, si esto lo dicen otros, será porque son xenófobos. Pero si lo dice Junts, de acuerdo con el PSOE, entonces es algo muy progresista.


Sexta rodaja. No prolongaré más el malestar ni la inquietud de mi querido lector. Por eso selecciono finalmente una aparente cesión que es graciosa porque tiene mucho de postureo, de impostura, de pura gestualidad con nulo efecto práctico. En Junts se ha celebrado con fuegos artificiales y mucho cava que el Gobierno haya accedido a suprimir el artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Un artículo que pretendía establecer en su apartado 2 algo muy simple: cuando un juez español haya considerado necesario que los Tribunales europeos se pronuncien acerca de si una norma es conforme con el Derecho de la Unión Europea, el solo hecho de que la cuestión esté pendiente de solución determinará que ese procedimiento se suspenda.


¡Qué alivio!, dicen los independentistas. Una norma así podría poner en peligro un procedimiento en el que pueda resultar de aplicación la anhelada Ley de amnistía.


Imaginemos una simple hipótesis: un juzgado de Barcelona, ante un procedimiento contra quien en aquellas infaustas fechas de otoño de 2017 se dedicaba a incendiar un establecimiento comercial aunque hubiera alguien dentro, se pregunta si ha de poner término al procedmiento por aplicación de la amnistía, y opta por plantear cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pues bien, eso provocará la suspensión del procedimiento, a la espera de la respuesta europea. Pero es que no hace falta que lo diga la Ley española, porque ese efecto suspensivo lo establece ya el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.


Con artículo 43 bis o sin él. Daba igual que la Ley de Enjuiciamiento Civil dijera o dejara de decir esto o aquello. Y me resisto a pensar que eso no lo sepan en Junts. Esta rodaja del salchichón ha sido solo una demostración de fuerza. No podía tener otra finalidad: que todos sepan lo que nos espera si la legislatura sigue adelante en estas condiciones.


Termino este ejercicio de antídoto contra la amnesia social. El que fuera Ministro de Cultura en el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero ha escrito estos días: "Muchos Presidentes norteamericanos mintieron: Roosevelt y Truman sobre las concesiones a Stalin; Kennedy, sobre Jruschov; Johnson, sobre Vietnam; Bush, sobre Irak; Clinton y Obama, sobre sus políticas económicas. Y Trump, sobre casi todo. Sánchez va camino de superarles a todos. Pero ninguno de ellos puso en riesgo irreparable la unidad de su territorio, ni contravino la separación de poderes, ni amnistió a los insurrectos, ni cambió la historia".


Estas líneas comenzaban con la referencia a un bufón que duerme en La Moncloa. Pensándolo bien, seguramente no es bufón el apelativo que procede, pues si, según el Diccionario de la Real Academia, bufón es un "personaje cómico encargado de divertir a reyes y cortesanos con chocarrerías y gestos" o un "truhan que se ocupa en hacer reír", desde luego lo que hace Pedro Sánchez no es precisamente gracioso. Tampoco se trata de un pacotillero, porque él no negocia con pacotillas. Ni menos aún es un achinero o un buhonero, pues lo que vende no son objetos de poco valor ni conjuntos de baratijas y cosas de poca monta. Acaso sería mejor decir que es un mercachifle, porque sí destaca como "mercader de poca importancia". O un truchimán, porque hay que reconocerle que, desde luego, es "persona sagaz y astuta, poco escrupulosa en su proceder".


Sánchez vende el Estado a plazos

OKDIARIO. 13 Enero 2024


Para hacerse una idea de lo que nos queda por aguantar, después de la cesión de las competencias en materia de inmigración a Cataluña -netamente inconstitucional- basta con repasar los documentos en los que el partido de Carles Puigdemont diseña su plan para construir una Cataluña independiente. La gestión de la política migratoria, que forma parte de las políticas «de Estado» catalán, ya es objetivo cumplido. Lo siguiente serán los traspasos en materia de Justicia, Seguridad Social, energía o, incluso, la construcción de una «Seguridad Nacional» propia para Cataluña.


La formación independentista lo tiene claro: «Es necesario que nuestro país conforme las necesarias estructuras de Estado y construya el sistema de Seguridad Nacional de Cataluña, que está compuesto por la Policía de Cataluña, la Seguridad Civil y la Defensa». Basta con repasar los reproches de Junts para saber por dónde soplará el viento: «La Estrategia de Seguridad Nacional española no respeta las competencias de la Generalitat de Cataluña», que «el Estado tendría que haber traspasado a la Generalitat y no lo ha hecho», como la ordenación de la «seguridad privada». Además, reclama más dinero al Estado, entre otras cosas, para disponer de más efectivos y «garantizar la seguridad de Cataluña». En diciembre, Gobierno y Generalitat acordaron financiar con 1.600 millones de euros el despliegue del cuerpo de los Mossos d’Esquadra hasta 2030.


Por si fuera poco, el plan de Junts avanza en esa progresiva asunción de competencias por parte de los mossos, como en el caso del «control de armas y explosivos», algo que el separatismo ha conseguido en parte después de que en 2022 el Gobierno aprobará una ley para permitir a Mossos y Ertzaintza compartir con la Guardia Civil las competencias sobre el control de sustancias químicas que pueden ser utilizadas como precursores de explosivos.


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La normativa concede a la Guardia Civil, con carácter exclusivo, la competencia sobre la inspección, control y vigilancia de estas sustancias químicas que se pueden utilizar para fabricar explosivos de forma casera, pero el PSOE pactó con el independentismo compartir información con «los órganos de las comunidades autónomas competentes en materia de seguridad pública que dispongan de Cuerpo de Policía autonómica propio». En conclusión, lo que estamos viendo es sólo un aperitivo de lo que está por venir. Porque esto es una entrega a plazos del Estado.


Independencia a fuego lento

Eduardo Inda. okdiario. 13 Enero 2024


Viernes 27 de octubre de 2017. Parlament de Cataluña en esa espléndida Ciudadela de Barcelona con toques gaudianos. Las agujas del reloj marcan las siete y treinta y cinco de la tarde. Se produce una de las escenas más surrealistas, y no por ello menos ilegales, de la historia de España. La asamblea autonómica declara la independencia en lo que constituye un visto y no visto de manual. Fue contar «uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho» y la secesión quedar automáticamente suspendida. No les voy a contar lo que vino después porque es harto conocido. Tan sólo les recordaré que Carles Puigdemont acabó poniendo pies en polvorosa con la inestimable colaboración de una Soraya Sáenz de Santamaría a la que horrorizaba la idea de tener a todo un president de Cataluña entre rejas.


El vecino de Waterloo ha aprendido la lección que supone vivir seis años a mil doscientos kilómetros de los suyos y ha optado por aprovechar la oportunidad que le han regalado el destino y la tontaina derecha española que tiró en una semana –la del 23-J– lo que le había costado un lustro conseguir. Visto que el Estado de Derecho funciona, que el que la hace la paga, aunque sea en versión light y con falsarias «ensoñaciones» de por medio, el flequillesco político está haciendo de la necesidad de pactar con un Sánchez del que se fía menos que usted y yo, virtud. Virtud para él, claro.


Lo que no logró al contado con ese referéndum ilegal del 1-O, con las leyes de desconexión y con ese dadaísta tic-tac del 27 de octubre, lo está haciendo realidad a plazos gracias a la orgía de cesiones que le está facilitando cada tres o cuatro semanas un Pedro Sánchez que se antoja el implorante perdedor de La Rendición de Breda. A Ambrosio Spínola Puigdemont le podemos negar el pan y la sal pero no la formidable capacidad táctica y estratégica que está exhibiendo en su toma y daca con Justino Nassau Sánchez.


Le está sacando los hígados a costa de nuestros impuestos, de nuestra soberanía nacional y de descojonar un Estado que, como esto dure cuatro años, no lo va a reconocer ni la madre que lo parió. El líder de Junts ordenó votar «no» a los megadecretazos Milei de Pedro Sánchez pero, tal y como ha reconocido Jordi Turull, «el PSOE fue cediendo, fue cediendo, fue cediendo» hasta que no le quedó más remedio que mover el pulgar 360 grados. El miércoles trincaron, por obra y gracia del obseso del Falcon, las competencias de inmigración, una modificación normativa para obligar a volver a las empresas que abandonaron Cataluña por la ausencia de seguridad jurídica, la gratuidad del transporte público, que apoquinaremos el resto de españoles, y la supresión del artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para enfangar procesalmente la reacción judicial a la amnistía. Ilegalidades a gogó aunque ya eso parece dar igual en esta España autocrática.


Antes arrancaron al presidente que no eligieron los españoles la cesión del 100% de los impuestos, la inconstitucional amnistía, los pinganillos en el Congreso cuando todos hablan y entienden el español, el traspaso de las Cercanías ferroviarias y un interminable etcétera. Lo siguiente serán el rearbitraje modelo VAR de las decisiones judiciales con las comisiones parlamentarias de lawfare y el referéndum consultivo. Y ya entonces de España no quedarán ni las raspas. Porque el Estado habrá desaparecido en Cataluña y Puigdemont habrá logrado de facto en ocho años lo que se le fue de las manos en ocho segundos.


La Generalitat gasta 200 millones de fondos europeos para imponer un software catalán a los escolares

El Gobierno sanchista permite que el Govern utilice fondos Next Generation UE para la implantación del catalán, excluyendo la lengua española

Fernando García-Romanillos. vozpopuli. 13 Enero 2024


Con solo 28 palabras los servicios de la Moncloa y el propio Pedro Sánchez despacharon el acuerdo con el presidente de la Generalitat sobre una Ley Orgánica de Garantía del Plurilingüismo. Pero Pere Aragonès fue más explícito al precisar que esa ley “també servirà per consolidar el model educatiu de Catalunya”. A esa consolidación se presta el Gobierno sanchista permitiendo que el Govern utilice fondos Next Generation UE para la implantación del catalán, excluyendo la lengua española. Así ocurre con el plan de digitalización en los colegios de Cataluña y con la adquisición de libros para bibliotecas públicas, todo ello con subvenciones millonarias libradas por Bruselas y adjudicadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.


Durante 2024 el Departament d’Educació terminará de distribuir en 2.827 colegios miles de paneles, kits de robótica, equipos audiovisuales y concluirá el reparto de 100.000 ordenadores portátiles para alumnos de 1º y 2º de ESO. Es un material valorado en 126,3 millones de euros que, junto al distribuido en cursos anteriores, alcanza los casi 200 millones (197,60) con los que los fondos europeos del Plan de Recuperación y Resiliencia han cofinanciado el Plan de Educación Digital de Cataluña, según resoluciones ministeriales de 2021. En la última presentación de dicho plan la consejera de Educación, Anna Simó, no aludió a que alumnos y profesores han de manejar unos dispositivos con programación monolingüe, pero el documento 'Estratègia d’impuls digital' editado por esa misma Consejería especifica que “Tot el programari dels equipaments està en llengua catalana”, es decir: todo el software de los equipamientos está en lengua catalana.


Se trata de una exclusividad lingüística que no está amparada por el Decreto-ley 5/2021 sobre gestión del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para la Generalidad de Cataluña firmado por Aragonés i Garcia, entonces vicepresidente y consejero de Economía del Govern. Tampoco hay mención alguna al empleo de lengua catalana en las demás disposiciones legales sobre el destino de estos fondos de la UE, tales como la convocatoria del plan de digitalización, las bases de la misma o los requisitos de solicitud. Ni siquiera en la resolución sobre concesión de ayudas destinadas a esta digitalización escolar dentro del ‘Pla Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea’, tal como recoge la documentación oficial de la Generalitat.


La normativa legal y común a toda España que regula estas subvenciones no solo no recoge nada sobre política lingüística, ni mucho menos identitaria, sino que la única mención nacional o territorial aparece en la Orden EDU5/2023, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en estos términos: “El principal objetivo de este componente 19 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español es aumentar el nivel de competencias digitales (…). La adquisición de estas competencias es fundamental para que España aproveche las oportunidades que ofrece la creciente digitalización de la economía y la sociedad”.


La utilización de recursos comunitarios por instituciones oficiales de Cataluña para la imposición lingüística, con una supervisión complaciente de los ministerios de Hacienda, Educación y Cultura, no se limita al plan de digitalización en la enseñanza. El reciente Informe de Ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia recoge la entrega de fondos para `Adquisición de libros destinados a bibliotecas del Sistema de Lectura Pública de Cataluña´. Eso ha permitido al Departamento de Cultura del Govern gestionar 916.394,10 € recibidos de los Next Generation que, según la propia convocatoria, habían de cumplir el requisito de que el 50% de los libros adquiridos para cada biblioteca pública sea en lengua castellana (“les adquisicions, com a mínim, el 50% dels llibres adquirits per cadascuna de les biblioteques públiques ha de ser en llengua castellana”).


A falta de una rendición de cuentas desde el Departamento de Cultura sobre libros adquiridos en lengua española y en lengua catalana, un estudio llevado a cabo por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) con posterioridad a la concesión de la citada ayuda económica, desvela que las adquisiciones en las bibliotecas públicas de Cataluña no han respetado la proporción de 50% de títulos en castellano. El desequilibrio es más notable en las secciones infantiles, con solo un 19% en castellano de los libros comprados en 2022, un porcentaje que pasa al 36% en obras juveniles y sube al 49% en títulos para adultos. El destino de la subvención para libros recibida de Bruselas, aparte de no cumplir el requisito respecto a la lengua española, ha permitido a la Generalitat potenciar su ambicioso Pla Nacional del Llibre i la Lectura puesto en marcha en 2023.


Un eje de los millonarias ayudas de la UE en el Plan de Recuperación y Resiliencia donde sí aparece la lengua catalana es en la financiación, con 3 millones de euros, del programa AINA sobre tecnologías del lenguaje, dentro del proyecto estratégico `Nueva Economía de la Lengua´. AINA, según su propia definición, “es una iniciativa basada en tecnologías de datos e inteligencia artificiales cuyo objetivo es conseguir que la tecnología entienda y hable la lengua catalana (…) enseñar el catalán a las máquinas de modo que la ciudadanía pueda relacionarse con ellas y participar plenamente en el mundo digital con la lengua catalana”.


De acuerdo con ese objetivo, uno de los campos de trabajo en los que avanza ese programa es alimentar la inteligencia artificial con un corpus del catalán, a semejanza de lo que hace la Real Academia con el español en el programa LEIA. A tenor del marco institucional y organizativo en el que se desenvuelven estas tecnologías aplicadas al catalán, también se aprecian anormalidades en el destino final de los 3 millones de financiación recibida de los Next Generation UE.


Un Real Decreto de la exvicepresidenta Nadia Calviño regulando las subvenciones para `Nueva Economía de la Lengua´, en el anexo dedicado a los proyectos de lenguas cooficiales cita `las diferentes lenguas ibéricas´, `lenguas de la península ibérica´ y, en el caso del proyecto catalán, alude a `lenguas del entorno´, evitando así cualquier referencia textual a la lengua española o castellana. En algo semejante incurre la web de AINA cuando habla de traducción del catalán a otras lenguas como “el aranés, lenguas de la península o la inmigración”.


La singularidad se mantiene con el hecho de que esta subvención de la `Nueva Economía de la Lengua´ se canaliza a través del Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación. Este organismo con sede en Barcelona y que se gestiona la Red Española de Supercomputación, es un consorcio de los ministerios de Ciencia y Universidades, Generalitat de Catalunya, Universitat Politècnica de Catalunya, Fondo Europeo de Desarrollo Regional y FECYT (red de cultura científica, Gobierno España).


La financiación de este centro de supercomputación se corresponde con su composición, de forma que el Gobierno de España aporta 7,4 millones y la Generalitat, 3,5 millones. Pero en el equipo de dirección no se mantiene la proporcionalidad, resultando que en un organismo de interés estratégico financiado mayoritariamente por la Administración General del Estado, su alta dirección está compuesta por tres representantes del Gobierno español frente a cinco de la administración catalana: 3 representantes de la Generalitat más 2 de la Universitat Politècnica de Catalunya.


Los fondos europeos destinados por decisión de Sánchez y Calviño a tecnologías del lenguaje e IA con el catalán también quedan afectados por el sesgo nacionalista de imposición lingüística que impregna el programa AINA. Éste, que declara el triple objetivo de `soberanía tecnológica/control de acceso a los datos/presencia del catalán´, desarrolla otros proyectos con la lengua catalana y para todos, incluido el beneficiado con los 3 millones llegados de Bruselas, cuenta con un elenco de 33 entidades colaboradoras donde no faltan los bancos catalanes y Alexa (Amazon), siendo la mitad de ellas netamente independentistas y algunas beligerantes contra la lengua española, figurando entre las más conocidas Plataforma per la Llengua, Òmnium, Ateneu Barcelonés, El Cérvol, Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana, Verificat, Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Parlament de Catalunya, Agència Catalana de Noticies, etc.


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