Recortes de Prensa Domingo 14 Enero 2024
Denuncian la muerte del periodista chileno-estadounidense Gonzalo Lira en Ucrania
El Confidencial. 14 Enero 2024
Hace 21 minutos 10:08
La canciller norcoreana visitará Rusia a partir de mañana por invitación de Lavrov
La canciller de Corea del Norte, Choe Son-hui, realizará a partir de mañana lunes una visita de tres días a Rusia en el transcurso de la cual se prevé que se reúna con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, entre crecientes pruebas de que Pionyang transfirió a Moscú armamento para usar en Ucrania.
"La ministra de Relaciones Exteriores de la República Popular Democrática de Corea (nombre oficial de Corea del Norte, Choe Son-hui, realizará del día 15 al 17 de enero de 2024 una visita oficial a la Federación Rusa con base en la invitación de su homólogo ruso, Serguéi Lavrov", informó la agencia KCNA en una nota de un sólo párrafo en la que no se facilitaron más detalles del viaje.
Hace 1 horas 46 minutos 08:43
Rusia acusa a Joe Biden de atacar Yemen para ocultar su fracaso en Ucrania
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó el ataque contra Yemen para distraer a sus electores de su fracaso en Ucrania y de los problemas internos de su país, afirmó hoy el presidente de la Duma Rusa (Cámara baja del Parlamento) Viacheslav Volodin.
"Biden necesita una pequeña guerra victoriosa para distraer la atención de los electores de los fracasos de su política exterior en Ucrania y de los problemas internos de EEUU", afirmó en su canal de Telegram.
Hace 1 horas 47 minutos 08:42
El nuevo ministro Exteriores francés dice en Kiev que Ucrania es prioritaria para Francia
El nuevo ministro de Exteriores francés, Stéphane Séjourné, aseguró hoy en Kiev en su primer viaje oficial tras su nombramiento el pasado jueves que "Ucrania es y seguirá siendo una de las prioridades de Francia".
"A pesar del aumento del número de crisis en el mundo, Ucrania es y seguirá siendo una de las prioridades de Francia. Este es uno de los mensajes clave que les transmitimos", dijo en una declaración conjunta ante la prensa con su homólogo ucraniano, Dmitró Kuleba.
Hace 1 horas 49 minutos 08:40
Denuncian la muerte del periodista chileno-estadounidense Gonzalo Lira en Ucrania
El periodista chileno-estadounidense Gonzalo Lira López ha fallecido en Ucrania, donde estaba en libertad bajo fianza tras ser acusado de justificar la intervención militar rusa en Ucrania. El padre del periodista asegura que fue torturado.
El Ministerio de Relaciones Exteriores chileno ha confirmado el viernes el fallecimiento de Lira, de 55 años, según fuentes de la Cancillería citadas por el diario La Tercera. El Ministerio está recavando más información sobre lo ocurrido a través del Consulado en Varsovia y se mantiene en contacto con los familiares del informador.
La guerra de Ucrania, vivir entre el periodismo y la historia
En la madrugada del 24 de febrero de 2024 la televisión rusa emitió un discurso del presidente Vladímir Putin anunciando la invasión de Ucrania. Una vez más, el mundo asistió en directo al estallido de una guerra. Hoy, lo vemos con otros ojos. ¿Cuándo pasamos del periodismo a la historia?
JAVIER VERAMENDI B. la razon. 14 Enero 2024
Putin afirmó: “el objetivo de esta operación es proteger a las personas que, desde hace ocho años, se enfrentan a la humillación y el genocidio perpetrados por el régimen de Kiev. Para ello, trataremos de desmilitarizar y desnazificar Ucrania, así como de llevar ante los tribunales a quienes perpetraron numerosos crímenes sangrientos contra civiles, incluso contra ciudadanos de la Federación Rusa”.
Lo que estaba pasando en Ucrania y en Rusia se adueñó de las televisiones, la radio, las primeras planas de los periódicos y las redes sociales. Esa mañana, a lo largo de toda la jornada y durante los días siguientes pudimos ver estruendosas unidades de blindados avanzando por las carreteras, estallando, ardiendo, aviones y helicópteros atacando objetivos clave y cayendo derribados y altas columnas de humo denunciando el impacto de los misiles. Fueron noticias impactantes, pero no tanto como las columnas de civiles que abandonaban sus hogares destruidos, los ataques contra hospitales, los edificios en ruinas y los cadáveres de las masacres perpetradas. Textos, fotografías y vídeos inundaron nuestras vidas, en plena sociedad de la información, recibimos tantos datos que todo se hizo confuso.
Para aclararlo, Gobiernos y medios de comunicación contrataron a analistas y comentaristas, políticos y militares, que desgranaron y explicaron los acontecimientos e hicieron prospectiva para tratar de dilucidar lo que iba a traer el futuro. De una posible huida del Gobierno de Volodímir Zelenski y una inevitable caída de Kyiv en manos rusas, de la seguridad de que Ucrania sería derrotada en las operaciones convencionales y de que la contienda no tardaría en convertirse en una guerra de guerrillas se pasó a hablar de resistencia heroica; y luego, sorpresivamente, las columnas rusas empezaron a retirarse del norte del país renunciando a la conquista de la capital y los expertos se vieron obligados a replantearse algunas de sus afirmaciones. Corrieron ríos de tinta sobre los errores cometidos por los rusos y las capacidades de los ucranianos mientras la OTAN empezaba a enviar material de guerra cada vez más avanzado y los titulares empezaron a llenarse de HIMARS, obuses Caesar, carros de combate Leopard y otros sistemas de armamento. A fecha de hoy la estrella son los cazas F-16.
En los últimos cien años los canales de información se han multiplicado y la opinión pública se ha convertido en un objetivo estratégico. Ya no se trata solo de bombardear a las poblaciones con explosivos para acabar con su voluntad de resistencia, sino que ahora también es posible influir en la ciudadanía de un país para aumentar o reducir su apoyo a alguno de los participantes en un conflicto bélico. La guerra en la zona gris –esa región multiforme entre la guerra declarada y la paz– significa que los Estados pueden suministrar apoyo a los combatientes sin convertirse en uno de ellos, participar en la lucha sin entrar en guerra e influir en los acontecimientos mientras tranquilizan a sus administrados, pero para ello es necesario el apoyo del pueblo y para conseguirlo hay que controlar la información. Así, poco después de la invasión Rusia prohibió la emisión de noticias que se opusieran a la versión oficial de los hechos, mientras que los países occidentales censuraban los medios de información prorrusos. Entonces la guerra se trasladó a Internet y no resultar raro ver cómo cualquier manifestación, neutral o a favor de alguno de los contendientes, es atacada de inmediato y de forma irracional por una legión de usuarios furibundos.
A pesar de toda esta furia, el conflicto de Ucrania pasará. Es cuestión de tiempo que la premura de las primeras planas y la búsqueda del scoop cedan su puesto a la reflexión y al análisis exhaustivo, que los periodistas partan en busca de nuevas noticias y los historiadores queden dueños del terreno. Eso no significará el fin de la “guerra por el relato”, pero la importancia del mismo irá disminuyendo poco a poco, la apuesta perderá su importancia y, con su inevitable subjetividad, los investigadores bucearán en los archivos, en los testimonios recopilados, en los restos materiales y, por qué no, en las noticias de antaño, para trazar un dibujo más preciso de lo que sucedió. Algún día sabremos si la reconquista del aeropuerto de Hostómel por las fuerzas ucranianas en la tarde del 24 de febrero fue propaganda o realidad, si los civiles muertos en Bucha cayeron todos a manos de los rusos, si Vladímir Putin o Volodímir Zelenski fueron los gigantes que nos retratan hoy sus respectivos Gobiernos y si occidente intentó de verdad subyugar a Rusia o todo fue una terrible concatenación de acontecimientos. Si la virtud de las noticias es transmitir la exaltación del momento, la de la historia ha de ser explicar el pasado sin emoción.
Para saber más:
Desperta Ferro Contemporánea n.º 61. Ucrania 2022. La invasión rusa
68 páginas. 7,50€
España
bate el récord histórico en pagar a funcionarios y políticos:
160.000 millones
Francisco Núñez. vozpopuli. 14 Enero 2024
La liquidación del gasto en nóminas del conjunto de las Administraciones Públicas de 2023, que incluye los sueldos de los políticos, incluidos los altos cargos y asesores, superará con creces la barrera psicológica de los 160.000 millones, según las estimaciones más conservadoras del Ministerio de Hacienda. Se trata de un nuevo récord de esta inmensa ‘bola de nieve’ de masa salarial (conjunto de sueldos y cotizaciones a cargo del empleador), que no para de aumentar; sobre todo, en las épocas más duras de crisis económicas, pese a las recomendaciones de Bruselas de reducir el gasto estructural, ante las dudas sobre el cumplimiento del objetivo de déficit (los ingresos empiezan a atenuarse) y la permanente escalada de la deuda pública.
Esos más de 160.000 millones suponen uno de cada cuatro euros del gasto público total (incluyendo a la Seguridad Social); equivalen a algo más del 10% de la deuda pública; representan más del 11% del PIB; y superan el coste de las pensiones contributivas que perciben más de 10 millones de personas. Esta partida, cercana a la suma de fondos europeos para combatir la crisis y cambiar el modelo productivo, es también cinco veces el presupuesto que se dedica a inversión pública del conjunto de las Administraciones y se come la totalidad de la recaudación por IRPF y la mitad por IVA, los dos principales impuestos.
Hasta septiembre de 2023 (tercer trimestre), últimos datos oficiales publicados de todas las Administraciones, el gasto presupuestario en personal había aumentado un 6,3% (unos 7.000 millones más) respecto al mismo periodo del año anterior en que crecía a un ritmo del 3,5%. Ese porcentaje se mantenía también en octubre, aunque en esta información consolidada no se incluye a la Administración Local (ayuntamientos y diputaciones). Por Administraciones, el incremento detallado de la masa salarial de la Administración Central era del 4,8% (casi 1.000 millones más) mientras que el de Seguridad Social alcanzaba el 8,9% (casi 200 millones más); el de las autonomías subía un 6,9% (más de 4.700 millones); y el alza en los ayuntamientos llegaba al 5,5% (unos 1.100 millones). Lo que significa que de seguir esta tendencia el coste de personal podría acabar en la liquidación final que se conocerá en marzo en cerca de los 165.000 millones.
En todo caso, lo más probable es que el incremento se haya atenuado algo en los últimos meses del ejercicio por la homogenización de la estadística respecto al año anterior; y que se sitúe a finales de año en el entorno del 3,5% al 4%, hasta superar con creces esos 160.000 millones, frente a los 154.894 millones de 2022, ya que la revisión salarial acumulada, sumando el 0,5% añadido a partir de octubre y con efectos retroactivos desde enero, es del 3%.
Según la última EPA, hay ya casi 3,6 millones de empleados públicos y de políticos, 281.000 más que en año anterior a la pandemia
Es la consecuencia de varios factores que no se corrigen: del incremento del número de efectivos sin planificación alguna, mientras crecen curiosamente los procesos de digitalización que en el sector privado están reduciendo los empleos; de los deslizamientos salariales por la fuerte estabilidad laboral que supone que la mayor parte de los empleados perciba complementos salariales por antigüedad (trienios), mientras que en el sector privado han desaparecido casi en su totalidad; de las revisiones salariales por encima del sector privado; así como, por ejemplo, de la percepción de un sueldo superior en más de un 50% al que obtienen los empleados de las empresas privadas, al no verse afectados por el proceso de devaluación salarial objeto de la reforma laboral de 2012.
Ningún gobierno se ha atrevido a realizar una revisión y atenuación de esta escalada. Ni siquiera se ha estudiado una posible una remodelación de plantillas, una reestructuración acorde con la realidad económica y las demandas de los contribuyentes o un pequeño ajuste. Es más, Pedro Sánchez ha suprimido en la última reforma laboral (2022) la posibilidad que creó Mariano Rajoy en la anterior reforma (2012) de que se pudieran realizar EREs en las Administraciones, al menos del personal laboral (los funcionarios tienen su plaza y son intocables). Según la última EPA, en el tercer trimestre de 2023 había ya casi 3,6 millones de empleados públicos y de políticos, 281.000 más que en 2019 (año previo a la pandemia), 548.000 más que en el inicio de la gran depresión a finales de 2007 y casi un millón más que hace 20 años cuando comenzaron las transferencias de las competencias del Estado a las autonomías.
Maraña de entes públicos
¿Qué ha supuesto en el gasto público esta inflación de puestos públicos? En la actualidad, hay más de 19.000 entes públicos con un récord de ministerios, consejerías, concejalías y de representantes políticos. Desde el año previo a la pandemia, la masa salarial de las Administraciones ha aumentado en más de un 20%, dos puntos por encima del alza en las sociedades privadas. Desde el inicio de la gran crisis a partir de 2007, ese repunte del gasto de personal es del 50% en el sector público, frente al 36% en el privado. Y desde hace 20 años las remuneraciones salariales públicas se han duplicado, ya que han crecido un 105% (el incremento es del 165% si se toma como referencia los años previos a las transferencias a las CCAA) mientras que las privadas llegan al 84%. Lo que confirma el incesante aumento del gasto en nóminas públicas, sobre todo cuando aprietan las crisis, mientras que el ajuste se concentra exclusivamente en el sector privado, donde las condiciones laborales son distintas.
Inflación de funcionarios en las CCAA
La mayor parte de este coste sigue concentrándose en las comunidades autónomas. Las nóminas regionales se acercarán en la liquidación final de 2023 al techo histórico de los 100.000 millones, frente a los casi 96.000 millones de 2022. Lo que supone que más del 42% del gasto total de las autonomías se dedica a pagar salarios. El coste en los ayuntamientos se aproximará a los 30.000 millones (representa el 32% de su gasto total) mientras que el de la Administración Central superará los 29.000 millones (9% de su presupuesto total) y el de la Seguridad Social rondará los 2.900 millones.
El abono de las nóminas públicas se ha convertido en la partida más importante de los presupuestos de todas las Administraciones, exceptuando el pago de las pensiones anotado en la Administración Central. Representa un 25% del conjunto de los presupuestos y el 24% de la masa salarial de toda la economía española. Es decir, uno de cada cuatro euros que se abona en España mediante un salario corresponde a un empleado público.
Por funciones, el 26% del gasto de personal se realiza en la sanidad pública, mientras que otro 25% se produce en la educación (estas partidas se concentran en las autonomías). Por tanto, estos servicios básicos generan el 51% del coste de las nóminas existentes en las Administraciones (unos 82.000 millones en 2023). El otro 49% tiene más letra pequeña y es más interpretable. Así, casi un 14% se emplea en mantener el orden público y la seguridad (unos 22.500 millones).
Pero, curiosamente, es en los servicios generales, que aglutinan la burocracia y la gestión política, dónde se concentra casi un 11% de esta masa salarial (unos 18.000 millones) mientras que la gestión económica (Hacienda y Economía) supone más del 8% de este presupuesto (unos 13.000 millones).
Por su parte, a protección social, se destina el 5% (unos 8.000 millones) de esta partida; a Defensa llega algo más del 4% (cerca de 7.000 millones); a cultura y ocio, el 3% (unos 5.500 millones); otro 2% de este gasto en personal (unos 3.000 millones) es para proteger el medio ambiente y cerca del 1% (unos 1.000 millones) es el coste de las nóminas de los empleados públicos relacionados con las funciones de la vivienda.
¿Es reversible el sanchismo?
Alejo Vidal-Quadras. vozpopuli. 14
Enero 2024
Tras la esperpéntica sesión plenaria del Congreso del pasado miércoles celebrada en esta ocasión en el Senado por indisponibilidad de la Cámara Baja, el temor de que Pedro Sánchez está dispuesto a despiezar el Estado como estructura estable y como espacio jurídico para ir entregando trozos esenciales a los separatistas catalanes, se ha convertido en certidumbre. A partir del infernal mapa parlamentario surgido de la convocatoria del 23 de julio, pronto quedó claro que el presidente del Gobierno tenía como objetivo irrenunciable mantenerse en La Moncloa sin importarle el precio que tuviera que pagar por ello a ERC y al prófugo de Waterloo. Previamente, ya había eliminado prácticamente todos los instrumentos penales existentes en nuestro ordenamiento para defender la unidad nacional frente a la repetición de nuevos intentos secesionistas como el de octubre de 2017. Tampoco le tembló el pulso a la hora de mostrarse proclive a implantar un nuevo sistema de financiación autonómica asimétrico en favor de Cataluña en contra del principio constitucional de igualdad de todos los españoles. Y, como coronación de tanta cesión irresponsable, la amnistía, engendro inconstitucional, que deja a los pies de los caballos al Rey, a los jueces y a las fuerzas de seguridad que con admirable firmeza garantizaron la vigencia del Estado de Derecho y la integridad del territorio nacional ante el amago de golpe en Cataluña hace cinco años.
El daño infligido a la cohesión nacional, a la efectividad tangible de nuestra Ley de leyes, al prestigio de la Corona, al respeto a los tribunales y a la imagen exterior de España por el aventurero irresponsable que se sienta a la cabeza del Consejo de Ministros es ya de una enorme magnitud, pero lo más inquietante es que no parece que su enloquecida carrera de demoliciones vaya a tener fin y que existe el serio riesgo de que en una pirueta definitiva acabe con la Nación misma, transformada en un agregado informe de nacioncillas confederalmente deshilvanadas, paso previo a su disolución final.
La esperanza que nos queda a los millones de españoles a los que espeluzna esta ristra de atropellos al bien común, al legado de la Transición y a la sensatez, es que la presente legislatura no tiene visos de prolongarse demasiado y mucho menos de completarse. Incluso destacados socialistas han comentado después del espectáculo dantesco ofrecido recientemente en el hemiciclo del Senado que así es imposible gobernar. Ni siquiera un desaprensivo del calibre de Pedro Sánchez es capaz de aguantar cuatro años uncido a una jauría caótica e insaciable que le exigirá lo que no puede darles y en ese momento el invento diabólico colapsará.
Sin embargo, queda una pregunta en el aire de considerable calado que hemos de empezar a plantearnos. La degradación y el deterioro institucional, las posiciones de fuerza alcanzadas por los independentistas, la división profunda de la sociedad, el declive de la economía y el clima general de desmoralización y desánimo que Sánchez dejará como herencia, ¿hasta qué punto será reversible? La toxicidad de la acción de gobierno iniciada en junio de 2018 ha sido tan intensa en campos tan relevantes para la buena marcha del país que su reparación y enderezamiento pueden implicar enormes dificultades y requerir de la nueva mayoría una fortaleza, una coherencia, una firmeza de principios, una claridad de ideas y un coraje realmente excepcionales.
Es conocido el mal perder de la izquierda y de los separatistas. Su tradición consiste en ganar en la calle lo que pierden en las urnas. Un proyecto serio y ambicioso en los ámbitos de la educación, del sistema productivo, de la calidad institucional, de la política internacional, de la fiscalidad, de la innovación tecnológica, de democracia más militante, lleva asociado el destejer la maléfica tela de araña con la que Sánchez y su asociación de malhechores han aprisionado el cuerpo nacional. Un movimiento decidido en esta dirección se puede encontrar con un cúmulo de huelgas, violencia tumultuaria, contenedores en llamas por centenares y edificios oficiales rodeados. ¿Son conscientes los partidos de la oposición llamados a configurar la alternativa a la actual pesadilla de la hercúlea tarea que les aguarda? Si su actitud mental es la de preparar una simple alternancia de retoques cosméticos -evitar “los líos”- España no emergerá del hoyo en el que un quinquenio de desastres sucesivos la ha hundido hasta poner en peligro su supervivencia.
"Líder de la libertad y modelo para el mundo": Huerta de Soto le dedica su último libro a Milei
Libre Mercado. libertad digital. 14 Enero 2024
El economista español calificó como "un día histórico para la libertad" la proclamación de Milei como presidente de Argentina.Archivo
La llegada de Javier Milei a la Casa Rosada ha supuesto un motivo de alegría para todos los liberales del mundo, porque más allá de ser una victoria política, que un economista y profesor universitario que se declara abiertamente liberal-libertario logre vencer en unos comicios es todo un éxito cultural, sobre todo, en un país como Argentina, fuertemente dependiente del Estado y donde parecía imposible que se produjera un vuelco contra el régimen kirschenrista.
Tal es así, que uno de los principales representantes de la Escuela Austríaca de Economía y del anarcocapitalismo, Jesús Huerta de Soto, quien ha influido profundamente en el actual presidente de Argentina, durante las últimas semanas no ha dejado de rendir diversos homenajes a Milei y de reconocer la importante labor a la que se enfrenta.
Así, el último detalle que ha tenido el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y director del Máster en Economía de la Escuela Austríaca que se imparte en esta misma institución ha sido enviarle a Milei un ejemplar de su último libro Statism and the Economy: The Dealiest Virus (Estatismo y Economía: el Virus más Letal) especialmente dedicado para el presidente argentino.
"Para el Presidente Javier Milei, líder de la libertad y modelo para el mundo, con todo mi afecto y consideración. Frente al virus más letal del estatismo que infecta el alma humana, ¡viva la libertad carajo!", podemos leer en la dedicatoria que ha compartido Milei en redes sociales.
En este sentido, Huerta de Soto, fundador y director de la revista científica Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política y autor también de obras como Socialismo, cálculo económico y función empresarial y Dinero, crédito bancario y ciclos económicos, no dudó en felicitar públicamente a Milei tras las elecciones.
En aquella publicación, el economista español calificó como "un día histórico para la libertad" la proclamación de Milei como presidente de Argentina, subrayando que "por primera vez en la historia un anarcocapitalista se hace con la Presidencia de un país tan importante como Argentina", lo cual, decía, "demuestra que al final las ideas de la libertad frente al estatismo de izquierdas o de derechas, terminan preponderando".
DESTINADA A SUSTITUIR EL TÉRMINO
'DISMINUIDOS'
PSOE y PP, dispuestos a
llegar a más acuerdos tras pactar el nuevo artículo 49 de la
Constitución
LGI. gaceta. 14
Enero 2024
El PSOE y el PP se declaran abiertos a buscar nuevos acuerdos en materia social después del pacto que han alcanzado para la reforma del artículo 49 de la Constitución destinada a sustituir el término ‘disminuidos’ por el de ‘personas con discapacidad’, que se aprobará la próxima semana en el Congreso.
En ello han coincido el portavoz de Políticas de Discapacidad del PSOE, Emilio Sáez, y la vicesecretaria de Conciliación e Igualdad del PP, Aná Alos, en sendas entrevistas que han concedido al programa Parlamento de Radio Nacional.
«A mí me encanta que hayamos sido los primeros en abrir la espita de esa capacidad de acuerdo», ha confesado el socialista Sáez, quien no ha descartado que ese consenso entre las dos formaciones mayoritarias se pueda repetir en otras materias. «Creo que sería bueno y conveniente que los dos grandes partidos de este país en algunas cuestiones se pongan de acuerdo«, ha indicado.
De su lado, Alós ha señalado que el PP seguirá poniendo sobre la mesa sus propuestas sociales con «espíritu de llegar a acuerdos con todas las fuerzas políticas para resolver los problemas de verdad de la gente».
Temor a otros retoques
De hecho, la dirigente ‘popular’ ha resaltado que, «a pesar de que las dificultades políticas del momento» hacen que «llegar a acuerdos» sea «muy complicado», para el PP ha sido «una prioridad» hacer realidad la reforma del artículo 49 que ya se había pactado el pasado mes de junio pero que no se concretó por el adelanto de las elecciones generales.
Por su parte, Sáez ha explicado que este cambio ha tardado tanto en llegar porque había formaciones que temían que otras aprovecharan que se iba a tocar la Constitución para plantear cambios de «mayor calado».
«Pero era justo que, con carácter de urgencia, presentáramos esta reforma y, sobre todo, que lo hagamos los dos partidos mayoritarios de la Cámara. Al margen de las diferencias políticas, en esto no puede haber diferencias y creo que así lo estamos viendo todos los grupos», se ha congratulado el diputado socialista.
Ambos han coincido en subrayar que era «de justicia» que la Carta Magna dejara de utilizar un término ahora «peyorativo» para referirse a las personas con discapacidad. Saéz, que pertenece a este colectivo, ha recordado las distintas denominaciones históricamente se les ha dado en documentos oficiales.
«En los años 70 ‘subnormal’, en los años 80 ‘inválido’, en los años 90 ‘minusválido’, en los años 2000 ‘discapacitado’. Tuvimos que esperar hasta el año 2008, cuando España se adhirió a la Convención de las Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad para una utilizar una terminología que para nosotros es válida, que es personas con discapacidad. Personas como primera posición y con discapacidad como algo añadido», ha explicado.
«Esta reforma se impulsa para respetar la dignidad de las personas con discapacidad y para cumplir también con los compromisos internacionales de España en materia de Derechos Humanos», ha resumido la diputada ‘popular’.
La ley de Murphy y el pp
Nota del Editor. 14 Enero 2024
En el pp cumplen el Principio de Peter y la Ley de Murphy a rajatabla, lo grave es que el Principio de Peter la ejecutan sus grupos de presión para conseguir que los más incompetentes sean elegidos como mal menor para poder seguir apoyando al psoe para afianzar el bipartidismo, y seguir en la oposición donde se vive muy bien . Y seguidamente, la Ley de Murphy la cumple el tipo que es alzado por el Principio de Peter.
******************* Sección "bilingüe" ***********************
El Sánchez más disparatado sobrevive a costa de destruir España
Editorial. ESdiario. 14 Enero 2024
El miércoles por la mañana el Gobierno no sabía que esa tarde iba a ceder las competencias de inmigración a Cataluña, nada más y nada menos. La decisión tiene un calado tremendo por las implicaciones que conlleva, pero Pedro Sánchez la tomó con una facilidad y una ligereza que asustan. Sus negociadores fueron “cediendo y cediendo” según avanzaban las manillas del reloj hacia la hora límite y al final a Junts, con un impensable botín en la buchaca, le compensó dejar que los decretos vieran la luz.
Tanto es así que, al día siguiente, por la mañana, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en una entrevista en la cadena progubernamental TVE afirmó con total naturalidad que antes había un conflicto en Cataluña y ahora se habla con los independentistas “del IVA del aceite de oliva y de inmigración”. Las dos cuestiones al mismo nivel. Esa es la inconsciencia del Gobierno que no sabe las consecuencias de ceder la inmigración a un territorio o hace como que no lo sabe o simplemente le da igual.
Una comunidad autónoma no puede tener las competencias de inmigración. No solo es inconstitucional sino que es un disparate en sí mismo. La región que controle sus fronteras se convierte en la práctica en un país independiente. Es el colmo de la insolidaridad y del agravio comparativo hacia los demás territorios españoles.
Lo peor de todo es cómo lo justifica el Gobierno: merecen la pena las cesiones para aprobar medidas para la gente. En otras palabras, el fin justifica los medios. Es la misma lógica, “hacer de la necesidad virtud”, con la que Sánchez defiende la aprobación de la amnistía a cambio de tener lo que él llama un “Gobierno progresista”.
Ante esa forma de razonar, sanchismo en estado puro, no cabe otra posibilidad más que echarse a temblar. El presidente del Gobierno ha demostrado que no hay límites ni líneas rojas que no esté dispuesto a cruzar. Carles Puigdemont lo sabe y lo va a aprovechar al máximo. Es muy difícil respetar a un Gobierno así.
La
imperiosa necesidad de reconstitucionalizar España
EDUARDO
INDA. okdiario. 14 Enero 2024
La Transición fue más allá de toda duda razonable un éxito colectivo porque se logró pasar de una dictadura a una democracia con todas las de la ley sin derramamiento de sangre, excepción hecha naturalmente de ese terrorismo cuyos ecos aún resuenan en nuestra sociedad por culpa de ese PSOE sanchista que se ha empeñado en algo peor que blanquearlo: hacer como si no hubiera existido, insultando a la inteligencia de los 46 millones de españoles. Pero que hubo errores nivel dios que continúan conformando nuestra realidad, para mal evidentemente, lo certifica el hecho de que la política española la dirige con mano de hierro un prófugo de la Justicia que vive a las afueras de Bruselas, a 1.600 kilómetros de Madrid y a 1.300 de Barcelona.
Cuando allá por 1993 Felipe González forjó un acuerdo con Jordi Pujol y otro con Xavier Arzalluz todos pusimos el grito en el cielo por el aluvión de cesiones que su permanencia en Moncloa conllevaba tras 11 años de Gobierno. La sustancial diferencia estriba en que los óbolos al líder autonómico catalán y a su sosias vasco entraban dentro de lo razonable porque no se vulneraba descaradamente la Constitución ni desde luego se prostituía su letra y su espíritu. Tres cuartos de lo mismo cabe colegir de la primera legislatura de José María Aznar con ese Pacto del Majestic que salió bastante más caro en términos institucionales que el suscrito por su antecesor. Pero todo era impecablemente legal.
Pero ni Felipe González ni desde luego el impecable José María Aznar tuvieron que torcer la legislación para satisfacer sus necesidades vitales de vivir en Moncloa a toda costa, veranear en Doñana —lo de la residencia real de La Mareta es una novedad sanchista— o volar en Falcon. En honor a la verdad hay que enfatizar que ni las cartas a los Reyes Magos de Jordi Pujol y Xabier Arzalluz sobrepasaban los límites legales y morales ni la voluntad del primer presidente socialista y el primero popular pasaba por amarrar el poder al precio que fuera.
González entendió tras las elecciones de 1996 que los españoles le habían marcado la dirección de la puerta de salida y cogió las de Villadiego. De mi memoria no se ha borrado, fundamentalmente porque estaba allí, aquella noche del 3 de marzo en Ferraz con el presidente sevillano subido a la puerta trasera de su Peugeot oficial mientras era venerado por los suyos como si se tratase del mismísimo Jesucristo redivivo o del Maradona que llegaba a Buenos Aires tras haber levantado la Copa del Mundo el día anterior en México. Aquella noche dijo sin decirlo que había que dar paso al Partido Popular: «Una semana y un debate y hubiéramos ganado». No se le pasó por la cabeza forzar la máquina para mantenerse en Moncloa a toda costa. Era un demócrata y entendía lo obvio: que tiene que gobernar el que ha vencido en las urnas como sistemáticamente ocurrió en nuestra historia constitucional hasta la irrupción de un Pedro Sánchez que birló La Moncloa a Mariano Rajoy gracias a etarras, golpistas y bolivarianos apenas dos años después de haber obtenido 52 escaños menos y con una moción de censura tan aparentemente legal como incuestionablemente espuria.
Lo vivido este miércoles en el Congreso con los megadecretazos Milei de Pedro Sánchez resulta un esperpento y un insulto a la soberanía popular que se unen a la inconstitucional Ley de Amnistía, a esas comisiones de lawfare que a modo de VAR rearbitrarán las resoluciones judiciales destrozando la separación de poderes y a la catarata de regalías que está otorgando Sánchez a su jefe, Carles Puigdemont. El «¿de quién depende la Fiscalía?» que soltó nuestro tan chulesco como autocrático presidente del Gobierno a un acongojado periodista de Radio Nacional se antoja ya un juego de niños al lado del «¿de quién depende el Gobierno?» que metafóricamente, o no, le dedica semanalmente Carles Puigdemont a Pedro Sánchez con cargo a nuestros bolsillos.
La legislatura durará lo que dure la capacidad de Pedro Sánchez de entregar las llaves de esa Breda llamada España a Carles Puigdemont. Tenemos al menos un año más de sachismo: el que queda para que la amnistía a los 4.000 sediciosos catalanes sea una realidad. Los otros dos y medio dependerán del cumplimiento de esa otra exigencia independentista: la celebración de un referéndum consultivo sobre la «autodeterminación» de Cataluña. Al vecino de Waterloo le podemos discutir su apego a la legalidad pero no su coherencia y sinceridad. No se ha salido ni creo que se salga del guión que desgranó en su ya celebérrima comparecencia del 5 de septiembre en Bruselas cuando PSOE y también PP pugnaban por hacerse con sus favores.
Pedro Sánchez y Carles Puigdemont pasarán salvo que el primero opte por convertir España en una suerte de Venezuela, Turquía o Rusia bis. Una tentación nada descartable aunque afortunadamente contamos con el paraguas de la Unión Europea y con el coraje cívico de una sociedad que desde luego no se lo va a consentir. La gran duda es cuál será el nivel de descojonamiento del Estado que nos legará ese coleguita de etarras y sediciosos que es Pedro Sánchez y cómo habrá quedado esa separación de poderes consustancial a cualquier democracia digna de tal nombre.
El día que periclite esta pesadilla que constituye el sanchismo habrá que ponerse manos a la obra para reconstitucionalizar España. Nuestro país, la cuarta economía de la zona euro, la decimoquinta del mundo —y eso que seguimos cayendo—, no puede permanecer sistemáticamente al albur de las minorías. Cuando en un país la voluntad popular es papel mojado se puede hablar de cualquier cosa menos de democracia de verdad. Si mandan las minorías y no las mayorías estamos en una autocracia o pseudodemocracia si no en una dictadura.
Será entonces cuando Partido Popular y Partido Socialista tengan que sentarse para modificar la Constitución, y consecuentemente la Ley Electoral, en resumidas cuentas para alterar este insólito y no menos diabólico statu quo que por culpa de la amoralidad de Pedro Sánchez está provocando que manden quienes protagonizaron el 1-O hace poco más de seis años y quienes asesinaron a 856 compatriotas. Un disparate insuperable propio de naciones masoquistas obsesionadas por semillar su propia autodestrucción.
PP y PSOE tienen el imperativo práctico y moral de modificar la Ley Electoral para acabar con la prima en escaños de la que gozan las formaciones independentistas y para alzaprimar a las mayorías o, al menos, para darles lo que les pertenece. Reformar la Constitución requiere del concurso de 210 diputados en el mejor de los escenarios y de 233 en el peor, números que PP y PSOE suman de largo. No estaría de más introducir, de paso, medidas para acabar con la dictadura lingüística e ideológica que padecen los niños de Cataluña, País Vasco y en menor medida de Galicia, Comunidad Valenciana y Baleares.
El camino nos lo han marcado democracias no muy lejanas. Ahí está Francia con ese ballotage o doble vuelta, el sistema mayoritario del régimen de libertades más antiguo y puro del mundo, el británico, o esa fórmula griega que concede hasta 50 diputados extra al vencedor de las elecciones generales. Una interesante fórmula en pro de la gobernabilidad que rigió en el país heleno desde la instauración de la democracia, que luego la podemita Syriza eliminó y que finalmente el gran Kyriákos Mitsotákis resucitó en 2020. Sean churras, resulten merinas, cualquier cambio pasa obviamente por la desaparición política de Pedro Sánchez y por la vuelta del PSOE a esa socialdemocracia de la que jamás debió abjurar.
Reconstitucionalizar y vuelta a reconstitucionalizar
Nota del Editor. 14 Enero 2024
Tras 45 años aprox de la aparición (aprobación por propaganda apabullante sin posibles críticas y mediante numerosas meriendas de negros) de la ce (bodrio ilógico, pero posible marco de referencia), ahora quieren volver a lo mismo, la nada, el vacío, el incumplimiento, la deformación de la letra y el espíritu de la ce.
La anomalía del Cupo: privilegios políticos, decadencia social
Agustín Valladolid. vozpopuli. 14 Enero 2024
Junts ha arrancado al Gobierno de Pedro Sánchez la publicación inmediata de las balanzas fiscales, lo que supone sentar las bases para que Cataluña tenga un Cupo como el vasco. Lo ha contado aquí Mercedes Serraller. Nada tiene de sorprendente que Carles Puigdemont quiera explotar al máximo ese estado de levitación política del que disfruta dando un paso transcendental en el acelerado proceso de liquidar en la comunidad autónoma todo rastro del Estado. El Cupo ha sido un gran negocio para el nacionalismo, que es lo que le interesa al de Waterloo, pero combinado con la política desarrollada de consolidación de privilegios, y, por tanto, de insolidaridad y desigualdad, ha resultado una inversión de muy dudosa rentabilidad si la medimos en clave de futuro.
Cuarenta y tres años después de la restauración del Concierto, la vasca es hoy una sociedad de borroso horizonte, instalada en una dinámica de preocupante decadencia. Algunos datos sorprendentes (información oficial del Ministerio de Trabajo): en 2022 el País Vasco registró el 50,36% de las huelgas que se convocaron en España. Más: de todos los trabajadores que participaron aquel año en alguna protesta, el 55% lo hicieron en esa comunidad autónoma, cuya población no llega al 5% de la global del país. Aún no están disponibles las cifras completas de 2023, pero de las 588 huelgas registradas entre enero y septiembre, el País Vasco acumula 232, muy por delante de Cataluña, segunda en el escalafón con 114. Euskadi es la región de Europa de mayor conflictividad laboral. Y lo más llamativo: cuanto mejores son los servicios de los que disfrutan sus ciudadanos, más intensa es la protesta.
Y es que, efectivamente, no se trata únicamente de reivindicar derechos, sino de proteger privilegios. Un buen ejemplo de esta impúdica dinámica es la persistente actitud reivindicativa de los jubilados vascos, que cuentan con unos servicios asistenciales claramente superiores a los de la mayoría de comunidades y además son los mejor pagados de toda España. La pensión media en el País Vasco es de 1.485 euros (1.002 la de los extremeños), mientras la media del conjunto del Estado es de 1.198,65 (datos de enero de 2024). La aportación de los trabajadores del País Vasco a la caja de la Seguridad Social solo da para cubrir el 60% de las pensiones de sus jubilados, así que la diferencia la pagamos solidariamente el resto de españoles. Como debe ser. En buena parte, beneficiarios de la muy onerosa reconversión industrial de los 80 del siglo pasado, diseñada fundamentalmente para evitar el conflicto social, el jubilado vasco es quizá la expresión más elocuente de una afrentosa desigualdad que nadie hasta ahora ha querido corregir.
Una injusticia social blindada durante décadas por la utilización colateral del terrorismo como instrumento de presión. En el acta de la reunión que mantuvieron PNV y Herri Batasuna en abril de 1990, redactada por los miembros de HB que participaron en ella, se recoge una esclarecedora frase pronunciada por el entonces presidente peneuvista, Xabier Arzalluz: “No conozco ningún pueblo que haya alcanzado su liberación sin que unos arreen y otros discutan; unos sacudan el árbol, pero sin romperlo para que caigan las nueces, y otros las recogen para repartirlas” (transcripción literal). Sacudir el árbol sin romperlo. Es lo que el nacionalismo lleva haciendo casi cincuenta años mientras los demás mirábamos para otro lado. El vasco y el catalán. Cada uno a su modo, pero ambos instalados en la deslealtad y el engaño como provechosos atajos para alcanzar sus objetivos.
El show de Truman
Es curioso, el PNV lleva décadas utilizando el fantasma de la independencia sabiendo que un País Vasco fuera de España es económica y socialmente inviable. Por el contrario, el viejo nacionalismo catalán, el pujolismo, mantuvo hasta la crisis del 2017 justo la estrategia antagónica: se declaró reiteradamente opuesto a la independencia mientras iba dando los pasos necesarios para poder estar en disposición de conseguirla. La amenaza de la secesión ha sido, en uno y otro caso, la factura falsa que el Estado ha venido pagando regularmente para no asumir su responsabilidad, y los legítimos derechos históricos han derivado en un insoportable trato discriminatorio abonado por la sobrerrepresentación del nacionalismo en el Parlamento nacional.
Hoy, tras años de gestión nacionalista, el País Vasco es una comunidad en franca decadencia, con una población en acelerado proceso de envejecimiento y cuyo modelo lingüístico dificulta la necesaria contratación de profesionales cualificados que, procedentes de otros territorios, no están dispuestos a añadir dificultades adicionales a la adaptación social y académica de sus hijos. Euskadi es un lugar en el que una nueva burguesía ha perfeccionado viejas costumbres y supervisa con nórdica minuciosidad la consanguinidad de los adjudicatarios de contratos públicos; un paraíso sindical en el que la central mayoritaria, ELA (Eusko Langileen Alkartasuna), un hijo putativo del PNV, actúa como un verdadero contrapoder capaz de doblar el pulso a la Administración y a cualquier empresa. Gracias a su profusa caja de resistencia, ELA se permite la bilbainada de pagar a sus trabajadores en huelga hasta 1.243 euros al mes, lo que explica la duración de conflictos como el protagonizado por las trabajadoras de la limpieza del Guggenheim (285 días de paros) o el de Tubacex (235 días).
Euskadi es la mejor prueba de la falsa superioridad del nacionalismo. Es El Show de Truman de la política española, un castillo de naipes que no resistiría un hilo de viento. Y el Concierto, el Cupo, es el anabolizante que no quiso Pujol y ahora reclama Puigdemont. ¿Por qué ese cambio de criterio? Al viejo patriarca del nacionalismo le preocupaba la mala prensa del recaudador de impuestos, y dejó a otros esa ingrata tarea. Entonces no sabía que los sucesivos gobiernos del Estado le habrían garantizado parecidas regalías e idéntica opacidad que a sus colegas vascos de haber empleado las mismas técnicas de persuasión que el PNV. Pero el prófugo tiene la lección bien aprendida; y reclama mismo trato e iguales garantías. Puigdemont está a un paso de conseguirlo. Con siete diputados volverá a doblar la mano al Gobierno. Pronto habrá que negociar los presupuestos.
El humilladero de las Cortes y la andanada censora contra los medios desafectos
Federico Jimenez Losantos. libertad digital. 14 Enero 2024
Mucho se ha escrito esta semana sobre la humillación que para la soberanía nacional supuso la sesión del miércoles, con la apoderada del forajido Puigdemont arrastrando al oso sanchista por el anillo de la nariz. Al final, ni siquiera se abstuvo en la votación de los tres decretos-leyes que marcan el inicio de una legislatura en la que se proscribe el Parlamento. Y al final, la dominatrix de Waterloo se largó sin rebajarse a votar, tras haber sido la presencia más ausente o la ausencia más presente en la penosísima sesión.
Los tres pares de dientes de Tiburón Nogueras
Antaño, cuando los reyes se casaban por poderes con alguna princesa lejana o aún niña, un representante de la Corte suplía al novio en el tálamo y ponía en contacto, ante testigos, su muslo con el de la novia, de forma que pudiera anunciarse la existencia de un simbólico ayuntamiento carnal. Con Miriam Nogueras, que disfruta abusando de los sumisos a sus pies, no hay nada simbólico. Todo es toscamente real. Ella desprecia a los sociatas que necesitan los siete votos del héroe del maletero y los zahiere antes de concederles el gesto de darles la espalda, que ni que fuera la de Kim Novak. Y tras arrancarle al gobierno competencias exclusivas del Estado que nunca podrá darles, se va, encantada de conocerse y riéndose con sus tres pares de dientes, a lo Tiburón.
La verdad es que Junts sólo tiene el 1,6% del voto nacional, es la cuarta fuerza política en Cataluña y el control de la inmigración que dicen haber conseguido es un embeleco contra el pánico electoral que en su feudo de Tractoria ha sembrado la alcaldesa de Ripoll y su Aliança Catalana, tan xenófoba como ellos pero más ruidosa. Nunca podrán ejercer la capacidad de expulsar y elegir a los inmigrantes que entren o salgan de su taifa. Lo único que ganan es poder decirlo en los mítines. Y tampoco cabe vetar el recurso prejudicial ante el TJUE y blindar la Ley de Amnistía. Eso se lo creerán sus votantes y los medios que se creen cualquier cosa, pero no se puede impedir.
En rigor, casi todo lo que votó el Congreso, reunido en el Senado, no servía de nada, porque nunca podrá hacerse efectivo. Podrán utilizarlo para expulsar a la Policía Nacional de Cataluña y quitar a la Guardia Civil de las fronteras, como en Navarra con la excusa del tráfico, pero sólo lograrán convertir a Cataluña en una narcorregión, más insegura que Marsella, en manos del hampa y a la sombra genocida de Putin.
Un calendario endiablado para Sánchez y Puigdemont
¿Qué consiguió entonces la amazona del forajido? Convertir las Cortes en humilladero, en el sentido estricto del término, la imagen o peón que se ponía en el límite de un pueblo para que el viajero hincase la rodilla y musitase una oración, por el bien de su viaje o de su negocio. No es poco contra España, pero no es bastante para el Maleta. A este paso, habrá antes elecciones catalanas que una Ley de amnistía y el retorno triunfal a casa.
Si bien se mira, cuando Sánchez lleve esa ley al Congreso deberá aguantar el chaparrón de la Oposición, las denuncias ante la Unión Europea, en pie de guerra electoral, pasará dos meses en la nevera del Senado que domina el PP. Y cuando por fin se publique, de inmediato podrá el Supremo poner en marcha la cuestión prejudicial ante los tribunales europeos, trámite que verosímilmente puede durar más de un año, puede que dos. Para entonces ya habrán tenido lugar las elecciones gallegas, que son inminentes, las vascas, de complicadísima gestión con la ETA piafante, y las europeas. Y a Sánchez no le quedará bastante tiempo antes de ver si salva a Puigdemont para las catalanas, que convocará ERC cuando le convenga.
En resumen: si estas cuentas del tiempo que precisa la Ley de Amnistía para publicarse, y tal vez entrar en vigor, son correctas, en todo caso son verosímiles, no llega Puigdemont como candidato a las elecciones catalanas. Entonces pondrán a Nogueras, se nos dirá. Sí, pero eso no era lo previsto ni lo pactado. Sánchez se habrá puesto en contra a la Administración de Justicia, a la Oposición y a la calle, y nos habrá arruinado con la economía soviética de Yolanda Díaz, pero no habrá conseguido un pacto de legislatura, sólo un año de rodillas en el que a saber qué pasará.
La primera andanada censora contra los medios desafectos
Ante este panorama, Sánchez ya ha empezado el ataque contra los medios que no lo traten como Nogueras a él, de rodillas. Además de echar de las tertulias a los periodistas no suficientemente serviles, ya ha hecho una primera lista de medios que no accederán a Su Persona, al muladar de su gobierno ni a Las Cortes. Y lo peor del veto a OK Diario, Periodista Digital, EDATV y La Gaceta es que ha encargado a los sindicatos de periodistas que controla, véanse los premios Goya de los parlamentarios, que sean ellos, la FAPE, la APM y la APP, los que pidan al Congreso, al Senado y demás templos de la representación nacional, que impida el acceso a los leprosos. Y el sicariato mediático ya ha dicho que toma nota y lo estudiará.
Al final, cualquier Oliver o algún Ferreras decidirán si Libertad Digital, esRadio, Vozpópuli, El Debate, The Objective, El Mundo, ABC, la Razón, la COPE u Onda Cero entran en el Congreso. El País, la SER, La Sexta, el Diario.es, El Español lo harán bajo palio, con RTVE, Cuatro Antena 3 y Tele5, previamente podados. Esto está pasando ya, ahora mismo, en una España cada día más parecida a Venezuela
La inmigración en manos de los socios xenófobos y racistas de Sánchez
EDITORIAL. libertad digital. 14
Enero 2024
El traspaso de inmigración a la Generalidad agudiza el riesgo de ruptura al tiempo que refuerza las tesis separatistas sobre la condición de ciudadanos de segunda de los castellanohablantes.
Al Gobierno de Pedro Sánchez le da absolutamente igual que las competencias en materia de inmigración y extranjería sean exclusivas del Estado. De ahí la falta de reparos y escrúpulos a la hora de ceder a los chantajes del prófugo Carles Puigdemont, líder de un partido supremacista, xenófobo y racista que pretende hacer del caos en las políticas migratorias una baza electoral en su pugna con ERC, formación igualmente supremacista, xenófoba y racista. Esas características vienen de serie en los orígenes del catalanismo y los ejemplos en ambos partidos son abundantes. Del hombre andaluz "poco hecho" de Pujol a la mayor conexión genética de los catalanes con los franceses que con el resto de españoles, mentira propalada sin sonrojo por Junqueras. Por no hablar de las "bestias con forma humana" de Torra para referirse a los catalanes hispanohablantes.
Los partidos independentistas expresan sin recato posiciones extremas en materia de inmigración, pero eso no ha sido obstáculo para que el Gobierno haya decidido pagar una triste abstención de Junts con la cesión de unas atribuciones que según el partido del prófugo incluyen la documentación de extranjería, la expedición de permisos de residencia, las expulsiones, el control de las fronteras y decisión sobre el reparto de los llamados flujos migratorios, entre otras muchas cuestiones que además implican la desaparición de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña. Es decir, que se entregan a los independentistas catalanes las herramientas imprescindibles para utilizar el fenómeno de la inmigración en beneficio de sus planes separatistas y a sus delirios racistas.
La pavorosa frivolidad del Gobierno se expresa en las majaderías proferidas por su vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, para justificar el dislate de ceder las competencias de inmigración a la Generalidad catalana. La primera ha señalado que dichas competencias están a disposición de las comunidades que las soliciten en una nueva versión del "café para todos" mientras que el segundo trata de restar importancia al traspaso con el falaz argumento de que es la Unión Europea quien dicta la política de inmigración. Tales palabras evidencian la terrible degradación del Gobierno de Sánchez, capaz de entregar porciones no precisamente menores del Estado a quienes pretenden destruir el Estado sólo para aguantar en Moncloa hasta la próxima votación.
Cabe destacar, además, que tanto Junts como ERC contemplan con preocupación la irrupción en la escena electoral catalana de un partido como "Aliança Catalana", formación separatista de extrema derecha que se ha hecho con la alcaldía de Ripoll, localidad de diez mil habitantes de la que salió la célula islamista que atentó en Barcelona y Cambrils en agosto de 2017. Esa ciudad refleja el profundo fracaso de las mal llamadas políticas de acogida e integración practicadas por la Generalidad desde Pujol hasta Aragonès. Pero como es obvio la preocupación de Junts y ERC no guarda relación con la retórica sobre inmigración e islamismo de "Aliança Catalana", sino con el boquete en términos electorales que les puede provocar una formación cuyo principal estratega, dicho sea de paso, es un primo de Aragonès, Jordi Aragonès.
El traspaso de inmigración a la Generalidad agudiza y acrecienta el riesgo de ruptura al tiempo que refuerza las tesis separatistas sobre la condición de ciudadanos de segunda de los castellanohablantes, puesto que para Junts y ERC tan extranjero e inmigrante es un ciudadano del resto de España que el procedente de otros países.
Cierre en falso de la lacra de ETA
Una veintena de etarras deben cinco millones de euros a sus víctimas
EDITORIAL ABC. 14 Enero 2024
Votos por presos. Este fue el resumen que Arnaldo Otegi ofreció a los suyos para explicar las razones por las que estaban apoyando a Pedro Sánchez en la anterior legislatura. Y esta ecuación puede ser –seguramente lo es– la directriz del pacto oculto entre PSOE y Bildu para investir de nuevo a Pedro Sánchez. Entre tanto, los socialistas han cubierto de elogios a la coalición aberzale dirigida por Arnaldo Otegi, no solo para engrasar unos acuerdos que ya preparó Rodríguez Zapatero, sino para allanar un escenario estable de colaboración de las izquierdas bajo la candidatura de Pedro Sánchez. La realidad es esta: el candidato de Bildu siempre ha sido Sánchez. Después de la caída de Pamplona en manos aberzales vendrá el turno de los presos, una de las principales prioridades de Otegi y sus secuaces para normalizar el paso de ETA por la historia de España y, en concreto, del País Vasco. Todo acabó, ETA no mata, Sánchez pacta con Otegi, el PSOE elogia el «sentido de Estado» de los diputados de Bildu. Los presos de ETA son, en este escenario creado mano a mano por los socialistas y los aberzales, un fleco que hay que cerrar. Y los socialistas lo harán, porque frente a Bildu básicamente hacen falta escrúpulos morales y democráticos, justo lo que el PSOE ha perdido, además de la memoria de lo que Bildu significa: la continuidad política de ETA.
Otegi encabezó una marcha en Bilbao bajo el lema «Llaves para una resolución», en referencia directa a las que deben abrir las cárceles en las que se encuentran más de un centenar de terroristas de ETA. Paso a paso, el Gobierno de Pedro Sánchez, con la colaboración del ministro Grande-Marlaska, antaño juez destacado en la lucha contra ETA, acercó presos al País Vasco o directamente los mandó a cárceles vascas, dio al Gobierno de Vitoria las competencias en materia penitenciaria y excarceló presos con progresiones de grado que, muchas de ellas, fueron revocadas por la Audiencia Nacional. Bildu ha elegido bien el momento para pedir las llaves de la cárcel, ahora que el PSOE vuelve a hablar de amnistía «transicional» como en 1977, remueve los cimientos de la separación de poderes y relativiza la violencia contra el Estado cometida por los separatismos como actos de libertad de expresión. Puigdemont, que apoya la excarcelación de los etarras para formar pelotón con ellos en este proceso constituyente abierto por Sánchez, ha hecho un gran favor a Otegi, porque el pasado miércoles, durante la votación de los reales decretos, le mostró hasta qué punto los socialistas doblan la rodilla con tal de mantenerse en el poder.
Los votos de Bildu, socio estratégico de los socialistas en Madrid, en Pamplona y, sin duda, en Vitoria, pueden tener menos peso aritmético que los de Junts, pero sí más político, por la fuerza de su convergencia con Esquerra Republicana. Por eso, si ayer pedían en las calles abrir las cárceles para sacar a los peores asesinos etarras, lo más probable es que lo consigan con reformas del Código Penal que acorten penas y desmantelen la estructura antiterrorista que, pactada por PP y PSOE en el segundo mandato de Aznar, fue decisiva para la derrota de ETA.
ETA no mata, pero aún hay sangre fresca de sus asesinatos. Crímenes sin resolver, indemnizaciones millonarias pendientes, como las que se reflejan en el reportaje que hoy publica ABC, y recibimientos públicos a asesinos por los que, de nuevo, la Fiscalía se ha puesto a investigar. La historia no ha terminado, solo quieren cerrarla en falso.
Las cesiones a Junts y la degradación de España
Francisco Marhuenda. la razon. 14 Enero 2024
Es normal que la política y los políticos se vean como algo alejado de la realidad. No ayuda a cambiar esta percepción lo sucedido esta semana en el Congreso, porque fue un espectáculo muy poco edificante. La artificiosa satisfacción de Sánchez, tras el resultado de la votación de los decretos ley, es una de esas imposturas que caracterizan a cualquier populista. Es difícil explicar que la aprobación de unos textos legales cueste entregar la inmigración, aunque el sanchismo intenta introducir oscuridad en el tema, así como otros siete puntos que confirman el nivel de degradación institucional que ha alcanzado el Gobierno. El Boletín Informativo de Junts clarifica los compromisos alcanzados por Sánchez a cambio, simplemente, de una abstención. Ni siquiera es un pacto de legislatura. Con respecto a la inmigración, el compromiso es muy claro, ya que es la «delegación integral de las competencias de inmigración a la Generalitat por la vía del artículo 150.2 de la Constitución, acompañada de recursos».
Entiendo que La Moncloa nos intente confundir con sus cortinas de humo y que la izquierda mediática aplauda las ocurrencias de Sánchez como si fuera un gran estadista, pero la demoledora realidad está en ese párrafo. No habla de algo parcial, sino que es la delegación integral. Por tanto, serán los independentistas catalanes los que decidan sobre esta materia. Con ello, se pone punto final a la igualdad entre las autonomías. En Cataluña entrarán los inmigrantes que quiera el gobierno catalán mientras que el resto de las autonomías tendrán que tragar con lo que más convenga a los independentistas. Es bueno recordar la raíz racista y supremacista del nacionalismo catalán frente a los charnegos de más allá del Ebro. Es verdad que algunos están ahora en ERC y Junts, porque siempre es útil contar con esos fieles conversos para que ejerzan de martillo de herejes en el Congreso o el Senado. Por supuesto, los recursos que acompañarán la utilización del artículo 150.2 CE serán muy cuantiosos. Los líderes autonómicos del PSOE serán una colección de paniaguados si aceptan, como harán, está arrolladora victoria de Puigdemont.
La deriva destructiva que ha generado Sánchez para permanecer en La Moncloa suma día tras día nuevos hitos. La abstención ha sido a cambio de «la publicación inmediata de las balanzas fiscales». Por supuesto, con la metodología que más convenga a Puigdemont y que se utilizará en contra del resto de España. Uno de los aspectos que caracterizan al sanchismo es el odio profundo a Ayuso y Madrid. Por tanto, el objetivo es atacar, asediar y destruir a esta comunidad en tanto sea un feudo del PP. Las balanzas fiscales es un tema muy viejo, porque llevan años reivindicándolo para acabar con la solidaridad interregional. Lo que le interesa al nacionalismo catalán, donde coinciden Junts, ERC y PSC, es mantener un mercado cautivo para la burguesía, controlar las empresas públicas y debilitar al Estado en Cataluña.
Como Puigdemont es un cobarde, que es algo que ha acreditado en su trayectoria política, exigió «el blindaje de la amnistía con la supresión del articulo 43 bis de la ley de Enjuiciamiento Civil (que ponía en riesgo la aplicación de la amnistía)». Una vez más hay que acudir a la fuente de Junts. Entre las exigencias incluyeron que «el aceite pasará a ser un alimento esencial con un IVA del 0%». Cataluña produce aceite y algún amiguete de los independentistas tendrá un interés especial, ya que podrían haber incluido otros productos. Es posible que a Míriam Nogueras se le ocurriera la idea haciendo la compra en el supermercado. La quinta cesión es chantaje puro y duro, ya que se reformará «la ley de Sociedades de capital mediante el Consejo de Ministros para revertir el RD del PP de 2017 y que las empresas puedan regresar a Cataluña». Les importa un pepino el ordenamiento constitucional, aunque para eso cuentan con la ayuda de Conde-Pumpido, o el europeo.
Otro punto es que «se multiplicarán por 5 los dineros previstos para la digitalización de la administración de Justicia (pasan de 1,2 a 6,2 millones)». Una buena oportunidad para que algún amigo de la causa se lleve una pasta. Hay que reconocer que nunca se equivocan en la gestión de chollos, chanchullos y otras sinecuras que son gratas para el «sector negocios». El Estado asumirá, es decir el resto de los españoles, «la totalidad del coste sobre los descuentos y las bonificaciones del precio del transporte público». Esta realidad es a la que nos tendremos que acostumbrar para que Sánchez siga en La Moncloa, pase las vacaciones en Doñana y utilice los Falcon y los helicópteros como si fuera uno de los hombres más ricos del mundo. Desde luego, no podría vivir a este ritmo propio de un Agnelli o un Gates, si fuera presidente de la Comisión Europea.
La última cesión de Sánchez es los «derechos históricos en materia de régimen local: se reconoce la singularidad de Cataluña en su organización institucional». No entiendo muy bien, a pesar de que he explicado esta materia en clase, qué singularidades pretenden reconocer en este ámbito y cuál sería su efecto jurídico. ¿En qué somos diferentes a otros reinos hispanos? ¿se refieren al modelo de ciudades de la Hispania Romana o prerromana? ¿las del reino godo de Toledo? ¿las de los condados catalanes? A lo mejor tenemos suerte y asumen que su soberano legítimo y señor natural no es Puigdemont o Junqueras, sino el conde de Barcelona. Por tanto, le tendrán que jurar lealtad, como buenos vasallos, al descendiente por línea ininterrumpida de Wilfredo el Belloso. Es decir, Felipe VI.
Recortes de Prensa Página Inicial