Recortes de Prensa Jueves 25 Enero 2024
Tanques, cohetes, mili obligatoria, defensas navales… Lituania se prepara para una invasión rusa
Vilna anuncia en menos de una semana 7 medidas para reforzar su capacidad defensiva por tierra, mar y aire
Ernesto Villar. la razon. 25 Enero 2024
Lituania ocupa una superficie de apenas 65.300 kilómetros cuadrados, poco más que la comunidad de Aragón. Comparado con su vecina Rusia, apenas supone el 0,4% del territorio. Por eso, y porque tiene fundados temores de que Vladimir Putin quiera volver a anexionársela como ya hizo la URSS durante medio siglo, ha dado un giro en su política defensiva y ha decidido militarse a marchas forzadas.
Todas las noticias que llegan últimamente desde el Kremlin son intranquilizadoras para este minúsculo Estado (si lo comparamos con Rusia) que, pese a tener el respaldo de la OTAN y de la Unión Europea, a los que pertenece, no quiere dejar su suerte a expensas de terceros. O, al menos, quiere lanzar un mensaje claro a Moscú.
La secuencia de estos últimos invita a pensar en ello. Estos son los pasos que ha dado el gobierno lituano en esta escalada militar:
1. Tanques alemanes. Este mismo martes, el Consejo de Defensa del país anunciaba su intención de comprar tanques alemanes Leopard 2 para una nueva división militar. Después de haber sondeado al mercado y haber barajado varios modelos, el asesor presidencial Kęstutis Budrys confirmaba que el tanque alemán era el que mejor se adaptaba a sus necesidades.
El Leopard 2 es un carro de combate ya veterano (entró en servicio en 1979) pero de acreditada eficacia. Es el más popular del ejército alemán, que lleva ya cerca de 4.000 unidades fabricadas. Entró en combate por primera vez en Kosovo y se ha desempeñado en Afganistán, a las órdenes de soldados daneses y canadienses, y en la guerra civil siria con el ejército turco.
2. Servicio militar obligatorio y más soldados. Otra de las medidas que quiere implantar Vilna es la creación, a medio plazo, de un servicio militar obligatorio como el que tienen países como Israel, y con carácter inmediato el aumento de los soldados en 2.000 nuevos efectivos al año.
3. Un regimiento de artillería. El Ejército lituano se refozará también con la creación de un regimiento de artillería a nivel de división, además de elevar a la categoría de regimientos los batallones de ingeniería y defensa aérea se elevarían a regimientos.
4. Más defensas navales. Además, se anunció la creación de un servicio de defensa portuaria y costera y, en el plano de las comunicaciones, una Junta de Defensa Cibernética.
5. Maniobras conjuntas con Polonia. Un día antes, los presidentes de Polonia y Lituania, Andrzej Duda y Gitanas Nauseda, respectivamente, avanzaron que en abril ambos países realizarán maniobras militares en el corredor de Suwalki, la zona fronteriza entre ambos países.
El enclave es especialmente sensible porque está a apenas 70 kilómetros de Bielorrusia y Kaliningrado, una región rusa situada en Polonia y con acceso al mar.
6. Una línea defensiva báltica. El primer paso de esta estrategia fue el anuncio por parte de los ministros de Defensa de Estonia, Letonia y Lituania de la construcción de una línea de defensa báltica conjunta a lo largo de las fronteras de los tres países con Rusia y Bielorrusia.
Esta línea de defensa incluye municiones y armas preposicionadas, posiciones defensivas y unidades de reacción rápida para hacer frente a cualquier posible agresión transfronteriza. Se prevé, además, la compra de
7. Cohetes de alta movilidad. Los ministros de Defensa confirmaron también la compra por parte de cada uno de los países bálticos del Sistema de Cohetes de Artillería de Alta Movilidad (HIMARS), que son capaces de alcanzar objetivos dentro de Rusia o Bielorrusia .
Y todo ello mientras, en el plano formal, las autoridades lanzan un mensaje a la calma. “Liituania no se enfrenta a una amenaza militar en el futuro próximo, pero hay que considerar todos los escenarios. Se puede afirmar que no hay cambios importantes en la evaluación de las amenazas militares a corto plazo para Lituania, pero, por supuesto, Rusia sigue siendo una amenaza militar directa para toda la Alianza" de la OTAN, explicó el portavoz Budrys.
La Fuerza Aérea ucraniana califica de "falsa" la información rusa sobre el avión siniestrado en Bélgorod
"La frenética propaganda rusa ha transmitido un flujo falso de información a una audiencia externa intentando desacreditar a Ucrania ante la comunidad internacional", ha afirmado el comandante Mikola Oleshchuk
Arantxa Palacios. el confidencial. 25 Enero 2024
El comandante de la Fuerza Aérea ucraniana, Mikola Oleshchuk, calificó esta madrugada de “flujo falso de información” las declaraciones oficiales de la Federación Rusa sobre la caída de un avión de transporte militar Il-76 que, según Moscú, transportaba 65 prisioneros de guerra ucranianos a bordo.
“Durante la jornada del 24 de enero, la frenética propaganda rusa ha transmitido un flujo falso de información a una audiencia externa intentando desacreditar a Ucrania ante la comunidad internacional”, dijo Oleshchuk poco después de la medianoche en su cuenta de Telegram.
Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha pedido este miércoles una investigación internacional sobre el siniestro de un avión militar en Bélgorod, cerca de la frontera rusa, del que Moscú responsabiliza a las Fuerzas Armadas ucranianas.
Las claves del momento
La Fuerza Aérea ucraniana califica de “falsa” la información rusa sobre avión siniestrado
Zelenski pide una investigación internacional sobre el siniestro
Un avión militar ruso Il-76 con 65 prisioneros ucranianos se estrella en Bélgorod
Rusia lanza una oleada de ataques contra Kiev y otras regiones
EEUU celebra el nuevo paquete militar que Polonia entregará a Ucrania
Hace 20 minutos 08:59
Rusia apoya una investigación internacional sobre "acciones criminales" de Kiev en el siniestro en Bélgorod
El Kremlin ha respaldado la posibilidad de una investigación internacional en torno al siniestro el miércoles de un avión en la provincia de Bélgorod, cerca de la frontera con Ucrania, después de que Moscú acusara a Kiev del derribo y afirmara que en el aparato iban 65 prisioneros de guerra ucranianos que iban a ser parte de un intercambio de presos.
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se pronunció a última hora del miércoles a favor de una investigación internacional y dijo que "es necesario aclarar todos los hechos", tras lo que el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha subrayado que "si se refiere a una investigación criminal sobre las acciones criminales del régimen de Kiev, es algo totalmente necesario".
Asimismo, ha recalcado que el derribo del avión "es un acto totalmente monstruoso" que "escapa a la comprensión", antes de destacar que "los ucranianos mataron a sus prisioneros, a sus ciudadanos, que iban a estar en sus casas en un día, literalmente", según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.
Hace 1 horas 44 minutos 07:35
Zelenski pide una investigación internacional sobre el siniestro del avión
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha pedido este miércoles una investigación internacional sobre el siniestro de un avión militar en Bélgorod, cerca de la frontera rusa, del que Moscú responsabiliza a las Fuerzas Armadas ucranianas.
Las autoridades de la región rusa de Bélgorod han confirmado la muerte de los 74 ocupantes del avión, en el que supuestamente viajaban 65 prisioneros ucranianos a bordo que, según el Ministerio de Defensa ruso, iban a ser intercambiados por militares rusos.
"Es evidente que los rusos juegan con las vidas de los prisioneros ucranianos, con los sentimientos de sus familiares y con las emociones de nuestra sociedad. Es necesario aclarar todos los hechos", ha subrayado el mandatario ucraniano.
Today, Defense Minister Umerov, Commander-in-Chief Zaluzhnyi, Military Intelligence Head Budanov, and Security Service Head Maliuk delivered their reports regarding the aircraft and prisoner exchange.
It is clear that the Russians are playing with the lives of Ukrainian… pic.twitter.com/WZGIoK165r
Hace 1 horas 47 minutos 07:33
La Fuerza Aérea ucraniana califica de "falsa" la información rusa sobre avión siniestrado
El comandante de la Fuerza Aérea ucraniana, Mikola Oleshchuk, calificó esta madrugada de "flujo falso de información" las declaraciones oficiales de la Federación Rusa sobre la caída de un avión de transporte militar Il-76 que, según Moscú, transportaba 65 prisioneros de guerra ucranianos a bordo.
“Durante la jornada del 24 de enero, la frenética propaganda rusa ha transmitido un flujo falso de información a una audiencia externa intentando desacreditar a Ucrania ante la comunidad internacional”, dijo Oleshchuk poco después de la medianoche en su cuenta de Telegram.
El PP puede parar el golpe a la nación y al Estado en el Senado
JORGE BUXADÉ. gaceta. 25 Enero 2024
El Partido Popular puede parar el golpe a la Nación y al Estado en el Senado y si no lo hace, se convertirá en cómplice. Tras la aprobación el pasado 23 de enero —en otro acuerdo ominoso que supera los anteriores si cabe, entre Pedro Sánchez, Puigdemont y Junqueras, con el evidente placet de Otegui— de las enmiendas a la proposición de ley sobre amnistía, incluyendo los delitos de terrorismo, es imperativo volver a exigir al PP que ejerza sus responsabilidades y ponga fin a la tramitación en el Senado.
Sé que este breve artículo no alcanzará eco en las grandes televisiones y radios de España, pues la experiencia nos dice que no importan tanto la verdad y la defensa de la patria como la mal entendida lealtad a un partido o las relaciones de poder, interés y rentabilidad que han convertido a los medios principales en sujetos decisivos en la consolidación del Estado de partidos en que se ha convertido nuestra democracia. Ojalá me equivoque. Haré todo lo posible porque estas líneas lleguen a esas radios y televisiones, que usted lector conoce de sobras, a fin de dar voz a quienes no se resignan a la trituradora parlamentaria del separatismo, en el que hay que incluir ya a Pedro Sánchez.
Leo en una agencia de noticias que ayer la Mesa del Senado —controlada por el PP gracias a su mayoría absoluta— acordó inadmitir las enmiendas a la proposición de ley que reforma el artículo 49 de la Constitución para reforzar los derechos las personas con discapacidad, presentadas por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal. El argumento de la Mesa del Senado es que el contenido de estas enmiendas «excede el objeto» de la reforma propuesta y «no guardan relación con el artículo 49» de la Constitución, con lo que deberían «seguir su propio trámite». Bien está.
Sin embargo, los voceros del PP han dicho por activa y por pasiva que la Mesa del Senado no puede inadmitir la proposición de Ley de amnistía que venga del Congreso, aunque sea injusta, inmoral y antinacional, manifiestamente inconstitucional y contraria al Tratado de la Unión, la Carta Europea de Derechos Fundamentales, la Directiva 2017/541 relativa a la lucha contra el terrorismo y, en general, los principios reconocidos por la comunidad de las naciones civilizadas.
Por supuesto que la Mesa del Senado puede y debe calificar la proposición de ley de amnistía que apruebe el Congreso e inadmitirla, sin más. España, su unidad, la igualdad de los españoles, la legalidad misma, la seguridad jurídica, y la tutela judicial de guardias civiles, policías, y de todos los españoles está en riesgo. ¿O es que Génova 13 va a hacer aquello de Zapatero, de «aprobaré el estatuto de autonomía que hagan los separatistas»?
Y voy a dar un argumento muy sencillo, de fácil comprensión jurídica, sin elevadas citas ni referencias de jurisprudencia.
El martes 21 de noviembre la Mesa del Congreso de los Diputados calificó la Proposición de Ley Orgánica de amnistía, con los votos a favor de los partidos que sostienen a Sánchez. y ese informe falsario del Letrado Mayor-Secretario General, Fernando Galindo. Entonces, ¿la Mesa del Congreso puede calificar el texto pero no el Senado? ¿En qué artículo de la Constitución se impone la sumisión de la Cámara Alta a la Baja?
Analicemos sucintamente al asunto y que los senadores del PP, guiados por Génova, decidan. Pero han de saber que esa decisión será determinante de la historia próxima de España.
La Mesa del Congreso de los Diputados es competente para decidir sobre la calificación y admisión a trámite de cualquier iniciativa, por aplicación del artículo 31.1. 4º y 5º del Reglamento del Congreso de los Diputados (RC) donde se dice literalmente: «4º. Calificar, con arreglo al Reglamento, los escritos y documentos de índole parlamentaria, así como declarar la admisibilidad o inadmisibilidad de los mismos. 5º. Decidir la tramitación de todos los escritos o documentos de índole parlamentaria, de acuerdo con las normas establecidas en este Reglamento».
Si ese artículo es el que habilitó a la Mesa del Congreso para decir que adelante con los faroles de amnistiar al golpismo, a los corruptos y terroristas, vamos a ver qué dice el Reglamento del Senado.
Pues resulta que el Reglamento del Senado expresamente dispone el artículo 36, letra d) que corresponde a la Mesa del Senado c) Calificar, con arreglo al Reglamento, los escritos y documentos de índole parlamentaria, así como decidir sobre su admisibilidad y tramitación.
Es decir, exactamente lo mismo: calificar y decidir sobre la admisibilidad y tramitación. Las mismas funciones, como es de exigir de un sistema bicameral, imperfecto pero bicameral donde la representación de la soberanía nacional se hace recaer en las Cortes Generales, esto es, Congreso y Senado, y no en el Congreso como parece admitir ingenuamente Feijoo.
Entonces, ¿qué impide que la Mesa del Senado califique la proposición de Ley de Amnistía negativamente por manifiestamente inconstitucional y decida su inadmisibilidad? Pues nada. Absolutamente nada. Y por eso estas líneas. Para volver a exigir a los senadores de Génova 13 que den un paso adelante en la defensa de la Nación, la legalidad y la igualdad esencial de los españoles. Porque no es que la Mesa tenga el derecho sino que tiene el deber jurídico de inadmitirla. Ingenuo, pensarán de mí muchos al leer atropelladamente estas líneas. Y yo solo les podré contestar que antes ingenuo y difamado que cómplice del golpe.
La guerra psicológica
Itxu Díaz. gaceta. 25 Enero 2024
La locura perpetuada, la maldad programada, la negligencia continuada, son los ejes de una estrategia de guerra psicológica contra los españoles que el Gobierno ha intensificado en los últimos tiempos, con el objetivo de generar desafección política entre los descontentos, que son —conviene recordarlo— una gran mayoría de españoles. La Ley de Amnistía es la piedra gorda de un saco que ya está repleta de cantos de todos los tamaños.
El desafecto vuelve la mirada sobre otro asunto, y deja de seguir de cerca los pasos a la actualidad del BOE y a las acciones y declaraciones de los ministros. Es una forma como otra cualquiera de asumir la derrota. Y una forma como otra cualquiera de que el Gobierno obtenga su particular victoria.
Ya sabíamos que, para sacar adelante esta legislatura, si quiera un tiempo, necesitaban cometer numerosas indignidades, muchas de ellas de extrema gravedad, y la mejor manera de ocultarlas, desde el punto de vista de la comunicación política del desastre, ha resultado ahogarlas en una piara de tonterías, maldades, y provocaciones oficiales.
Sólo alguien con el perfil psicológico de Sánchez podría aprobar una estrategia así. No ya por ser profundamente inmoral —la única moral que conoce el presidente es la del Alcoyano—, sino por peligrosa. Los desafectos lo son también, tarde o temprano, del sistema.
La lluvia ácida nos baña cada día, como si formáramos parte de un experimento de un Doctor Bacterio enloquecido. Es un no parar. Apenas nos da tiempo a indignarnos por ese terrorismo que respeta los derechos humanos según Bolaños, porque la cascada de bochornos, provocaciones, mentiras, estupideces, locuras, maldades, y groserías es incesante. Y así es un día y otro bajo el régimen sanchista, que asfixia a la opinión pública a base de darle a tragar todo lo malo a la vez, y sin descanso, y sin volver jamás sobre sus pasos si resulta evidente que ha traspasado los límites.
Todo aquello que divide a los españoles, todo lo que es manifiestamente injusto, todo lo que es peligroso para la convivencia, todo lo que pervierte la Constitución y las instituciones, todo lo que dinamita el orden moral y las creencias, todo lo que desentierra viejos odios, todo lo que empobrece al país, todo lo que genera odio contra la derecha, y todo, en fin, lo malo, cae sobre la actualidad del día como una gotera constante de corrupción moral.
No hay un oasis, un poco de calma. Hasta el demonio se aburre a veces, dicen, y mata moscas con el rabo. Sánchez, con el rabo, que sepamos, tan sólo aporrea la legalidad. No hay un ministro que un día, no sé, se golpee sin querer la cabeza con la mesilla de noche, y al amanecer diga algo verdadero, o aceptable, o inteligente. No. Todo, desde Cultura hasta Exteriores, desde Interior hasta Trabajo, todo ha de ser desastroso, estúpido, escandaloso, desleal, o solemnemente enloquecido.
Es difícil juntar en un mismo Gobierno a una cantidad tan inmensa de seres malvados, de necios, y de adoradores de Lenin, y es más difícil aún que ejerzan como tal a todas horas, turnándose levemente para ver a quién le toca hoy comportarse con mayor mezquindad y hacer más daño a España, a todos los españoles. Se trata de algo tan extraordinario que sólo es posible si se concibe como una estrategia psicológica de pretensión totalitaria: que la gente de bien pierda interés en la acción del Gobierno, y pierda confianza en su capacidad para frenar las iniciativas más perniciosas, y se entregue al fin a una apatía política, a un desistimiento de sus derechos de ciudadano.
Y así, mires a donde mires, el plan se desempeña con una densidad extenuante. Nadie puede vivir tranquilo en la España de Sánchez. Ni siquiera los suyos. Ni siquiera Sánchez.
El populismo de Sánchez, el Ibex 35 y Mazzucato
Carmelo Tajadura. vozpopuli. 25
Enero 2024
Por sus recientes declaraciones, parece como si el presidente del Gobierno quisiera iniciar una nueva relación con las empresas españolas, que sabe absolutamente necesarias para el buen desempeño de la economía de nuestro país. Así, en su discurso de Davos, según la propia página web de la Moncloa, decía que “…es indispensable contar con la ayuda de las empresas, a las que ha calificado de esenciales para el crecimiento y bienestar de un país. El presidente Sánchez ha puesto en el foco la necesaria colaboración público-privada…”
Da la impresión de que él mismo o el redactor del discurso estarían tomando ideas prestadas de la conocida economista Mariana Mazzucato. Esta señora resalta el valor clave de las empresas y los empresarios, pero también asigna un rol clave al Estado en el proceso de transformación de las capacidades de una sociedad. Y defiende la colaboración público-privada. Asesora a responsables políticos en diversos países, pero es venerada por algunos gobiernos izquierdistas latinoamericanos. Esto último induce a pensar que quizás algún fan del grupo de Puebla esté asesorando a Moncloa al recurrir a su figura…
En cualquier caso, algunas ideas de Mazzucato son buenas (aunque últimamente habla ya de cualquier cosa) y este giro de nuestro presidente sería positivo si ello supusiera un cambio en su línea de actuación. Pero, no parece muy prometedor buscar colaboración empresarial al tiempo que se agrede. Y convendría que las palabras estuvieran en sintonía con los hechos. Lamentablemente, no cuadran mucho con su comportamiento reciente respecto a las empresas españolas. Tanto las suyas como las de los principales miembros de su gobierno
Las empresas requieren una política macroeconómica sensata, libertad económica y un Estado que acompañe en la inversión para la innovación. Y, aunque reconocen como necesaria la regulación -sobre todo en algunos sectores-, la quieren en un marco adecuado de seguridad jurídica. Y no el intervencionismo, y aumento continuo de tamaño del sector público, que han caracterizado a este gobierno.
Así, la máxima responsable económica debería ser consciente de que su responsabilidad institucional es despertar la confianza de la inversión empresarial, nacional y extranjera, en la economía española. Y eso se vería favorecido si practicase, entre otras medidas, una adecuada consolidación fiscal, como le piden los economistas más destacados del país. No se logra, en cambio, con incrementos continuos del gasto público, de los impuestos y del déficit, que es su forma repetida y única de enfocar los presupuestos. Es un dato tremendo que Portugal, que hace una década tenía 35 puntos de deuda (s/PIB) más que España, ahora tenga ya menos. Esa es la diferencia entre un gobierno socialista pero sensato y esto que tenemos aquí. Por otra parte, si Montero siguiera a Mazzucato, debería virar más hacia el gasto productivo, para crear valor colectivamente, no sólo el gasto improductivo y estructural que caracteriza a este gobierno.
Otra vicepresidenta con competencias que afectan a las empresas es la de Sumar. Qué quieren Vds. que les diga sobre una comunista poco intelectual que, en un gobierno de uno de los principales países de la Unión Europea, es algo realmente extraño. Sus actuaciones se mueven entre lo ridículo y lo lesivo para la economía española. No parece bueno, por ejemplo, un salario mínimo disociado de la evolución de la productividad y además el mismo en toda la diversidad de España. Ni se entiende que la jornada de trabajo se reduzca por decreto. En ambos casos afectará al volumen de empleo formal. En fin, resulta absurdo que pretenda limitar los sueldos de los directivos de empresas privadas. El populismo y la demagogia, junto con la ignorancia supina sobre las consecuencias económicas de sus actuaciones, caracterizan a esta señora.
Pero aquí el principal responsable de todo es Sánchez. Como decíamos, la colaboración público-privada es encomiable, pero no nacerá del maltrato a las empresas. Por ejemplo, un objetivo declarado de este gobierno es la transición a energías no contaminantes y para ello necesita enormes inversiones en las que resultarán absolutamente necesarias las empresas energéticas. Sin embargo, Ribera los demoniza, como hace poco al CEO de Repsol. Ahora, hablan de dar marcha atrás en el impuesto con el que había castigado al sector. Pero de manera confusa, hablando de una eventual suavización y posible desgravación por inversiones verdes, que no parece haberse concretado al menos públicamente. También los bancos son absolutamente necesarios para el crecimiento económico. Pero Sánchez los ha convertido en el villano de la trama. No solo con el absurdo impuesto sobre los ingresos ordinarios -diciendo que es sobre unos inexistentes beneficios extraordinarios- sino también, por ejemplo, con medidas intervencionistas sobre hipotecas, o desvariando con el diseño de otra autoridad sobre las reclamaciones bancarias.
Un marco estable regulatorio, la seguridad jurídica y un entramado institucional profesional e independiente que fomenten la inversión pública/privada son los ingredientes necesarios para la afluencia de capitales a nuestro país, dentro de la libre circulación en la UE. Creo que, realmente, a Sánchez le gustaría tener todo eso, para que las empresas colaborasen en sus proyectos e incentivar el crecimiento económico.
Distribución de la riqueza
Pero el problema del presidente es que quiere, al mismo tiempo, otra cosa contradictoria: que su actitud frente a las empresas (impuestos, observatorios de márgenes, decretos con regulaciones absurdas...) le sirva tanto para conseguir votos como recursos para gastar. Por lo que las golpea continuamente, para ser percibido como implacable frente a los poderosos. No se ha debido enterar de que Mazzucato también advierte sobre la distribución de la riqueza en la que está instalada la izquierda sin poner énfasis en la creación de la misma.
En fin, no es fácil de conciliar lo que busca Sánchez… porque dicen que solo Pio Cabanillas era capaz de soplar y sorber al mismo tiempo.
El plan de Sánchez: bloquear al Supremo para después lanzarse a su asalto
OKDIARIO. 25 Enero 2024
Las acusaciones de la izquierda contra el PP por «bloquear» la renovación del CGPJ tienen algo más que un punto de hipocresía, porque el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó en 2021 una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que prohíbe que el órgano de los jueces haga nombramientos.
Las consecuencias son evidentes: la falta de jueces que existe en la cúpula del sistema judicial español y la imposibilidad de cubrir las vacantes con nuevos nombramientos de magistrados han provocado, de facto, un bloqueo del Alto Tribunal hasta el punto de que en los próximos días dos secciones de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo se quedarán sin el mínimo de cinco jueces exigido por la ley para deliberar y dictar sentencia. Cómo será la situación que el presidente de la Sala tiene ya previsto llamar a jueces suplentes de otra sección para resolver los expedientes, algo insólito. La Ley de Demarcación y Planta Judicial señala que esta sala ordinaria debe estar compuesta por un presidente y 32 magistrados, pero en la actualidad el presidente está en funciones y faltan 11 jueces que han causado baja por traslado, jubilación o fallecimiento y cuyo reemplazo es imposible porque el CGPJ tiene prohibido por el Gobierno hacer nuevos nombramientos hasta que se renueve. No parece que el problema le preocupe mucho al Gobierno, que habiendo logrado su objetivo de ocupar el Tribunal Constitucional observa la crisis del Supremo con cierto desdén.
Sabe Pedro Sánchez que cuando consiga renovar el CGPJ podrá controlar al Tribunal Supremo, porque así elegiría a 48 de sus 79 jueces. En eso están: en dejar que la situación se enquiste para, llegado el momento, recoger los frutos de su acoso a la justicia. Es lo mismo que hizo con el anterior Tribunal Constitucional: sitiarlo hasta que cayó como fruta madura tras largos meses de acoso. Y los resultados ahí están: Pedro Sánchez siempre gana por 7 a 4.
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Democracia orgánica y democracia agónica
Fernando Bernaldo de Quirós.
vozpopuli. 25 Enero 2024
En España, hemos vivido “oficialmente” en democracia, desde 1939. El franquismo lo presentaba como democracia orgánica. En realidad, no era una democracia. La UE no lo aceptó y no tramitó nuestro ingreso. Otros muchos países tampoco lo aceptaron. Y así se admite y se proclama en este artículo.
Pero merece más atención el análisis de la evolución de la situación nacida de la Constitución española de 1978, y asimilarla a la evolución de una enfermedad. Actualmente, como se verá, está en fase agónica. Pero eso no resta validez a las leyes y decisiones jurídicas y políticas adoptadas. Como se asumió en el cambio del régimen anterior al Estado social y democrático de Derecho proclamado por la Constitución. Incluso se creó el eslogan: De la Ley a la Ley.
1.-El autoritarismo en los partidos políticos. El sistema de listas cerradas y bloqueadas en las elecciones ha provocado un funcionamiento interno dictatorial, en contra de lo establecido en el Artículo 6 de la Constitución (“Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”). La enfermedad de la democracia en España comienza desde su nacimiento.
2.- Ningún respeto a la Constitución. El Artículo 67.2 de la Constitución dice: “Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo”. Los diputados y senadores votan lo que les “manda imperativamente" su partido.
3.-La neutralización del Congreso y del Senado. El gobierno de Pedro Sánchez ha actuado en base a Reales Decretos y Proposiciones de Ley, para evitar los informes preceptivos. El Supremo estableció que los Estados de alarma se habían decretado ilegalmente. El Gobierno no dimitió. Además, las Cortes no estuvieron operativas durante los confinamientos. La enfermedad de la democracia entra en una fase delicada y prolongada en el tiempo.
4.-La soberanía ya no reside en el pueblo español.
4.1- Existe ausencia de participación ciudadana. Salvo en las elecciones, en las que los ciudadanos son engañados casi sistemáticamente. En las que ha participado Sánchez, los engaños han sido absolutos y sobre materias fundamentales, como se expondrá a continuación. Sin información veraz, la participación es una burlesca pantomima.
4.2- Las mentiras en los procesos electorales. El caso de Pedro Sánchez es insuperable. Prometió no gobernar con Podemos, no pactar con los separatistas ni con Bildu, no conceder indultos, defender que los delitos del 1 de octubre no eran de sedición sino, más graves, de rebelión, que traería a Puigdemont para que fuera juzgado… Mintió, en todo, a todos. Él dice que ha cambiado de opinión. Sus promesas le sirvieron para ser presidente del Gobierno. Si cambia de opinión, tendría dejar el cargo conseguido con sus antiguas e infundadas opiniones, según él mismo reconoce. Debería haber dimitido.
Así, los partidos políticos no son un “instrumento fundamental para la participación política”, como dice el Artículo 6 de la Constitución, sino un dique de contención para que los ciudadanos no puedan elegir con información veraz y libertad, ni exigir que se cumpla lo prometido.
4.3.- La fragmentación de la soberanía del pueblo español. La escasa soberanía residual del pueblo español se ha troceado, en contra de lo que afirma el Artículo 14 (“Los españoles son iguales ante la ley”) y reitera el Artículo 139.1 (“Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado”). En cada Comunidad Autónoma existen diferentes legislaciones sobre temas tan importantes como Educación, Sanidad, Seguridad y Fiscalidad. No lo han evitado ni el Tribunal Constitucional, ni el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado (Artículo 153 de la Constitución) ni las Cortes Generales al amparo del Artículo 150.
La Constitución fue votada en referéndum y en su Artículo 57.1 dice:” La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S.M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica”
5.-El cuestionamiento de la Monarquía parlamentaria. El tercer apartado del Artículo 1 establece: “La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.”
Esta forma política ha sido cuestionada por miembros del propio Gobierno de España. Sobre todo, después del discurso del Rey del 3 de octubre de 2017, en defensa de la unidad de la Nación española, como era su obligación. Para ello, se han basado en dos argumentos. Ambos infundados:
Que la Monarquía parlamentaria y, en particular, el Rey Felipe VI, no han sido elegidos por nadie. Es falso: la Constitución fue votada en referéndum y en su Artículo 57.1 dice:” La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S.M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica.”
El segundo argumento se basa en que el Rey Juan Carlos pudo tener algunas conductas improcedentes e incluso presuntamente delictivas. Se han rechazado todas las imputaciones. Varios presidentes de República han sido juzgados e incluso condenados. No se ha planteado la abolición de la República. ¿Por qué en la Monarquía parlamentaria española, sí se plantea?
6.-El funcionamiento de las Instituciones y su independencia
6.1. El legislativo
6.1.1. -Los partidos independentistas no deberían haber sido reconocidos. Es abiertamente contrario al Artículo 2, que establece que “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles…” Este artículo, para su cambio, requiere la mayoría reforzada. En este caso, se ha vulnerado directamente. Con más razón, un Gobierno no debería apoyarse en partidos presuntamente inconstitucionales ni negociar en la cárcel con delincuentes, ni en el extranjero, con fugados de la justicia.
6.1.2. El caprichoso reparto de los diputados en los principales órganos del Congreso.
Se conculca el Reglamento del Congreso al nombrar a los miembros de la Mesa del Congreso, de la Mesa de la Diputación Permanente y de la constitución de Grupos Parlamentarios.
6.2- El Ejecutivo
6.2.1-El presidente y su Gobierno
Esta es la máxima deficiencia del Ejecutivo: el nombramiento ilegítimo de su presidente, con el engaño a los ciudadanos, en general, y, en particular, a sus votantes. Este nombramiento contamina todo. En primer lugar, al propio Consejo de ministros y a cada uno de ellos. Algunos han demostrado estar incómodos: la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, la ministra de Defensa y, posiblemente, algún ministro más. Pero la comodidad de las poltronas ministeriales les ha hecho olvidar su eventual incomodidad ética. Ninguno ha dimitido. Todos son cómplices.
Recientemente, ha logrado la investidura, apoyado por delincuentes de Bildu, Ezquerra y Junts y liberando a algunos otros delincuentes como los malversadores y los beneficiados por la Ley del “sólo sí es sí”. Ha constituido un Gobierno de coalición con comunistas, único caso en la UE. Su comportamiento con los terroristas es tan benévolo que ha sido felicitado por Hamás.
6.2.2-Los nombramientos sectarios.
Repasemos algunos de los nombramientos más llamativos: Presidente del TC, Fiscal General del Estado, Presidente del Centro de investigaciones Sociológicas (CIS), Administradora Única de Radio Televisión Española (RTVE), Presidente de Correos, Presidenta del Instituto Nacional de Estadística, Letrado mayor de las Cortes…
6.3- El Poder Judicial.
Hasta el momento, una de las principales características negativas de la Justicia española es su lentitud. No se ha hecho nada para mejorar esta situación. Se ha hecho mucho para cercenar su independencia.
6.3.1 El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Al no poder ser renovado por falta de acuerdo PSOE-PP ha sido manipulado: primero impidiendo que realizara nombramientos y, luego, autorizando a que hiciera sus propuestas para el TC, para conseguir que Conde Pumpido fuera su presidente y tener una mayoría llamada “progresista” ¡Qué chapuza antidemocrática!
La UE, en varias ocasiones, ha llamado la atención sobre el hecho de que los jueces deberían tener más intervención en el nombramiento de los miembros del CGPJ. Pero el control total de este Consejo es la obsesión de Pedro Sánchez para consolidar su dictadura. La propuesta del PP debería haber sido: volvamos a la ley Orgánica 1/1980, en línea con los principios de la UE. Si se considera muy urgente dicha renovación y no se puede esperar a tramitar una nueva Ley, la solución es muy fácil: que los Jueces propongan a sus doce candidatos, por ejemplo, con el procedimiento establecido en dicha Ley, y PP-PSOE se comprometan, a respetar su propuesta. Se cumpliría estrictamente la ley vigente y los criterios de la UE de mayor participación de los Jueces. La mayoría de 3/5 estaría asegurada, sin cambia la Ley. Tarea que se debería acometer posteriormente..
6.3.2. El Tribunal Constitucional. La irregularidad máxima que se ha cometido es que fue el presidente del Gobierno el que nombró a Cándido Conde Pumpido como presidente del TC. No tiene esa competencia. Lo hizo. Pero lo más grave es que Cándido Conde aceptó ese nombramiento. Afirmó que, así como había resuelto el problema de ETA, siendo fiscal general del Estado (con su brillante resolución, es probable que el terrorista de ETA, Arnaldo Otegui, o algún otro menos conocido, sea el próximo presidente del Gobierno Vasco), solucionaría, como presidente del TC, el problema de Cataluña. El anterior nombramiento y aceptación ilegales se recondujeron a la legalidad, una vez allanado el camino del CGPJ, nombrando a dos vocales del TC: uno, ministro-vocal y la otra, secretaria de presidencia -vocal. Por propia convicción, decidieron, de modo libérrimo que Cándido Conde fuera el presidente del TC. Por pura casualidad, cabe pensar, coincidieron con el nombramiento efectuado por Sánchez. El TC no juzgará por el contenido del recurso, sino por el sujeto activo de su presentación. ¡Propio de una dictadura! Pero España no lo es. Es una democracia agónica. Pero conserva las constantes vitales basadas en la Constitución de 1978, que es trascendental preservar.
6.4-El cuarto Poder: los medios de comunicación. Afortunadamente, los medios de comunicación son libres. No como en el Régimen de democracia orgánica. En la democracia agónica están en libertad. condicional, o condicionada por las subvenciones y anuncios institucionales que el Gobierno otorga con excesiva discrecionalidad.
7.-La amnistía. Es el tema de actualidad. Los separatistas la reclamaban, incluso antes de la investidura de Pedro Sánchez. Aunque este requisito temporal ya lo eliminaron. Son conscientes de que ningún presidente del Gobierno va a ser tan “generoso” (Sánchez dixit) con ellos, y tan traidor a España, como Pedro Sánchez.
Si la Ley de amnistía entrase en vigor, la situación para España sería letal. Se consumaría la ausencia de separación de poderes. El Ejecutivo anularía la Sentencia del Tribunal Supremo y los delitos, en principio, dejarían de serlo. El presidente del TC ha sido elegido por Sánchez y refrendado por los cauces legales, para, según sus propias palabras, solucionar el problema de Cataluña. Además, cuenta con varias opciones. La más obvia, no tratar el tema de la amnistía hasta que queden amnistiados todos los que deseen los separatistas: los condenados por el Supremo, los fugados, los pendientes de juicio, etc. Estas amnistías serían irreversibles. A estos efectos, el que la amnistía fuera declarada, posteriormente, constitucional o no, sería irrelevante.
Es fundamental, por ello, que la Ley de amnistía no entre en vigor para que la democracia sobreviva. Dentro de nuestra nación, queda una última esperanza: que algunos Diputados del Grupo Parlamentario Socialista voten en contra.
Es sorprendente que los partidos, incluso los de la oposición, digan que estamos en una democracia consolidada. Estamos en proceso de consolidación de una dictadura, con algunos adornos de las democracias. Ya lo anunció Pablo Iglesias, siendo vicepresidente: la derecha no gobernará nunca más.
El recurso de la UE
La última esperanza es que, aprobada la Ley de amnistía, los tribunales de la UE la declaren incompatible con sus propios principios fundacionales y eviten que entrara en vigor, aplicando sanciones, primero, e incluso amenazando a España con su expulsión como miembro de la UE. Sería un largo proceso. No lo harán, sobre todo después del Brexit, siendo España la cuarta potencia de la UE.
De entrar en vigor la Ley de Amnistía, el estado agónico de nuestra democracia se convertirá en un coma profundo. En el caso contrario, pasará a un estado de vigilia sin respuesta (lo que se conoce como vida vegetativa) o a un estado de mínima consciencia. Habrá que actuar con urgencia. En todas estas situaciones clínicas, la mejoría requiere varios años de tratamiento y la recuperación casi nunca es completa. De no aprobarse la Ley, aún quedaría alguna esperanza de regeneración, aunque sea incompleta y a largo plazo. Los diputados socialistas que no se sometan a la dictadura de Sánchez, si los hay, tienen la clave para concretar la gravedad de la situación. Una vez aprobada, la última tabla de salvación para evitar su entrada en vigor sería la actuación de los Tribunales de la UE.
La ley de la UE contra el terrorismo retrata al PSOE: «Es una grave violación de los derechos humanos»
Luz Sela. okdiario. 25 Enero 2024
La graduación de los delitos de terrorismo que supone la enmienda pactada entre el PSOE y Junts choca directamente con la propia definición del delito que hace la Unión Europea y la obligación de los Estados de perseguirlo. De hecho, la propia enmienda en cuestión se refiere explícitamente a la Directiva 2017/541 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 15 de marzo, relativa a la lucha contra el terrorismo aunque, de forma interesada, limita su alcance.
Dicha directiva, que lógicamente obliga a España, advierte de que «los actos terroristas constituyen una de las violaciones más graves de los valores universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, y el disfrute de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, en los que se basa la Unión» y se añade que «también representan uno de los ataques más graves contra la democracia y el Estado de Derecho, principios que son comunes a los Estados miembros y en los que se fundamenta la Unión».
En concreto, la enmienda pactada por el Gobierno con sus socios excluye los actos de terrorismo de la amnistía, pero sólo «cuando, de forma manifiesta y con intención directa, hayan causado violaciones graves de derechos humanos, en particular, las previstas en el artículo 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y en el derecho internacional humanitario». Los mencionados artículos se refieren a casos de muertes o torturas.
Esa modificación del texto original de la ley -que excluía a todos los condenados por terrorismo con sentencia firme- plantea la dicotomía entre un terrorismo que sería respetuoso con los derechos humanos y otro que no lo es para así blindar a todos los investigados y encausados por terrorismo en el marco del proceso separatista catalán, como los 12 miembros de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) y de Tsunami, entre ellos, el ex presidente catalán Carles Puigdemont y la líder de ERC, Marta Rovira.
Directiva
La directiva del Parlamento Europeo abarca toda una serie de avisos a los Estados sobre la necesidad de perseguir los delitos de terrorismo -mediante la investigación, el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la labor judicial- y proteger a las víctimas, recordando que «la Unión se basa en los valores universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales» y «se fundamenta en los principios de la democracia y el Estado de Derecho, que son comunes a los Estados miembros».
Igualmente, la directiva fija con claridad qué actos deben ser calificados como terrorismo, más allá de que conlleven muerte o tortura, como delimitan el PSOE y sus socios. Entre esos actos terroristas se consideran, por ejemplo, los atentados contra la integridad física de una persona, las destrucciones masivas de instalaciones estatales o públicas o sistemas de transporte (…) que puedan poner en peligro vidas humanas o producir un gran perjuicio económico o la fabricación, tenencia, adquisición, transporte, suministro o utilización de explosivos o armas de fuego. Conductas todas ellas que aparecen reflejadas en la exposición razonada que el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, elevó al Tribunal Supremo en el marco de la investigación sobre Tsunami Democràtic.
Asimismo, se determinan los «fines» de dichos actos terroristas, como son «intimidar gravemente a una población», «obligar indebidamente a los poderes públicos o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo» y «desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas, constitucionales, económicas o sociales fundamentales de un país o de una organización internacional».
«Derechos humanos»
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, rechazó este martes que el Gobierno haya cruzado una línea roja sobre la consideración del delito de terrorismo porque a su juicio el terrorismo sigue exceptuado «cuando haya una violación grave de derechos humanos». «Esa era nuestra línea roja», aseveró.
Esas palabras han provocado la polémica, al insinuar la existencia de un terrorismo que no supondría una «violación grave de derechos humanos», algo que es incompatible con la propia naturaleza de ese delito. Según Moncloa, la enmienda pactada con sus socios separatistas «garantiza la seguridad jurídica» del texto y se adapta «a los mejores estándares europeos», es decir, la Directiva europea y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, algo que desmienten los textos europeos.
Por otro lado, la Ley de Amnistía choca también con el Convenio del Consejo de Europa para la Prevención del Terrorismo, que subraya que los delitos terroristas «sean quienes fueren sus autores, no son en ningún caso justificables con consideraciones de naturaleza política, filosófica, ideológica, racial, étnica, religiosa o de cualquier otra naturaleza similar». Asimismo, se recuerda a los Estados «la obligación de prevenir tales actos y, en su defecto, de perseguirlos y de asegurarse de su castigo con penas que tengan en cuenta su gravedad».
El día que Sánchez visitó Barcelona con un paraguas antibalas
PABLO PLANAS. libertad digital. 25 Enero 2024
¿Si tienen tan claro que no cometieron ningún delito de terrorismo, a cuenta de qué esa obsesión por incluir el terrorismo en la ley de amnistía? ¿Y el Gobierno? ¿Es que no se cansa de hacer el ridículo? O sea que ahora hay un terrorismo que no implica "violaciones graves de los derechos humanos". Qué cosas. Eso de la amnistía para Puigdemont, Marta Rovira y los ya indultados parece autoría de Pepe Gotera. Nos lo vendieron como una especie de Capilla Sixtina de la técnica legislativa, la primera ley que se declaraba constitucional a sí misma, ejemplo esférico de precisión jurídica, rigor académico, tiento y tino de la incardinación entre la oportunidad política y la ocasión histórica y va y resulta que los mismos que la presentaron la enmiendan.
Pero el caso es el terrorismo, eso de que exista una clase de terrorismo que no merezca reproche penal porque sus efectos no son una violación grave de los derechos humanos. Como se dice ahora, ¿peeeerdona? El terrorismo es terrorismo y si es terrorismo, es terrorismo. Y el tema lo han sacado ellos. En la proposición de ley original escribían que la amnistía amparaba a los acusados de terrorismo siempre que no hubiera sentencia firme. Y sentencia en firme no hay ni en el caso del Tsunami ni en el de los CDR acusados de terrorismo en la Audiencia Nacional. Por no haber no hay ni fecha para esos juicios. Sin embargo, les pareció a los impulsores de la amnistía que la trampa de la sentencia firme era una ñapa insostenible. Y tienen razón. Pero es que lo del terrorismo "light", terrorismo "bueno" o terrorismo ¿informativo? es una chapuza todavía más gorda.
Los mismos que consideraban "terrorismo machista" los cánticos soeces de un grupo de estudiantes de un colegio mayor entienden que no se puede hablar de terrorismo en el caso de los ataques que arruinaron la vida a varios policías. O que asaltar un aeropuerto (es decir, asaltar un aeropuerto) no es terrorismo. Ahí falleció un ciudadano francés a causa de un infarto. Los independentistas dicen que fue mala suerte, que le puede pasar a cualquiera. Pues claro. Y de los policías comentan que a lo mejor resultaron heridos por el "fuego amigo" en un intento de asalto a una comisaría de la que, por otra parte, se sienten muy orgullosos. La batalla de Urquinaona le llaman.
Es curioso. A Puigdemont y compañía, la actuación policial del 1 de octubre de 2017 les pareció el episodio más violento registrado en Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. El ataque más grande contra población civil por parte de un Estado, llegaron a decir. Como lo leen. Hasta hay referentes morales del independentismo que se oponen a la amnistía porque podría beneficiar a los policías implicados en los hechos de aquel día.
Sin embargo, herir de extrema gravedad a varios policías, realizar seguimientos de posibles víctimas, hacer pruebas con explosivos, planear la toma del 'Parlament' y tal pues no es nada, chorradas. ¿Terrorismo? Pero hombre, por favor, por quién nos ha tomado. Que se lo pregunten al propio Pedro Sánchez. Él mismo realizó un viaje sorpresa a Barcelona una semana después de los disturbios convocados por el Tsunami Democràtic en respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo sobre el golpe de Estado.
Octubre de 2019. El presidente del Gobierno visita la Jefatura Superior de Policía de la Vía Layetana de Barcelona y dos hospitales, San Pablo y Sagrado Corazón, donde están ingresados los agentes de la Policía Nacional heridos mientras trataban de contener a la masa separatista que pretendía asaltar el edificio. Al menos dos de ellos quedaron rotos físicamente para los restos. Miles de sujetos alentados por los partidos y organizaciones separatistas gritan enervados contra él, su sanchidad. Las cámaras captan a uno de sus escoltas con un subfusil entre manos. Otro guardaespaldas lleva un maletín desplegable antibalas, una especie de parapeto que puede proteger a varias personas. Hasta un paraguas blindado luce la guardia de Sánchez. La prensa del día 22 de octubre de 2019 habla de las medidas de seguridad de la Moncloa frente al Tsunami catalán. ¿Terrorismo, qué es terrorismo dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul?
La UE no traga: no hay terrorismo ‘bueno’
OKDIARIO. 25 Enero 2024
La enmienda pactada entre el PSOE y Junts establece una graduación de los delitos de terrorismo que, en la práctica, supone establecer diferencias entre un terrorismo que violenta los derechos humanos y otro que es susceptible de ser amnistiado por Pedro Sánchez, algo que no tiene encaje alguno en el delito de terrorismo que hace la Unión Europea. La directiva 2017/541 del Parlamento Europeo y el Consejo, relativa a la lucha contra el terrorismo, advierte que «los actos terroristas constituyen una de las violaciones más graves de los valores universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, y el disfrute de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, en los que se basa la Unión», añadiendo que «también representan uno de los ataques más graves contra la democracia y el Estado de Derecho, principios que son comunes a los Estados miembros y en los que se fundamenta la Unión».
Pues bien, la enmienda pactada excluye los delitos de terrorismo de la Ley de Amnistía, pero sólo «cuando, de forma manifiesta y con intención directa, hayan causado violaciones graves de derechos humanos, en particular, las previstas en el artículo 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y en el derecho internacional humanitario». O sea, para el Gobierno habría un tipo de terrorismo que no supondría una vulneración de los derechos humanos, algo que choca frontalmente con los planteamientos de la UE. En definitiva, que Sánchez se puede dar de bruces contra los tribunales europeos a los que tendrá que convencer de que hay un terrorismo intrínsecamente malo y otro menos perverso y, en comparación con éste, bueno. Porque la única verdad es que la dicotomía que plantea la ley entre un terrorismo que sería respetuoso con los derechos humanos y otro que no lo es responde a la intención del Gobierno de blindar a todos los investigados y encausados por terrorismo en el marco del proceso separatista catalán. Algo que, además de una indecencia mayúscula, es toda una perversión jurídica.
Hitler ganó unas elecciones
DAVID CERDÁ. gaceta. 25 Enero 2024
Hace poco más de un año, Modesto González, candidato en las elecciones autonómicas por Andaluces Levantaos, declaró en la cadena SER: «Hitler también ganó unas elecciones. Hay que evitar que Vox llegue al poder». Y hace unos meses, Andoni Corrales (Podemos), dijo en la investidura de Azcón en Aragón: «Si en una mesa hay un nazi y diez personas que lo respetan, en esa mesa hay once nazis». Hay millares de declaraciones iguales en las redes sociales, se escucha lo mismo una y otra vez en la calle, y hay una pujante y absurda lucha «antifascista» contemporánea que está dando forma al —bochornoso— panorama político español más inmediato.
Va siendo hora de que hablemos seriamente del fascismo.
Obviaré, para empezar, lo más grueso: confundir fascismo y nazismo y llamar nazis, nada menos que nazis, a tres millones de compatriotas. Eso es no sólo un insulto inadmisible a los descalificados, también una afrenta para cualquier persona que sepa algo de historia y tenga un mínimo de entendederas. Los nacionalsocialistas antepusieron la raza a todos sus demás intereses, instauraron una cultura de la muerte, entronizaron el Estado a expensas del individuo, se creían llamados a imponer un dominio mundial a sangre y fuego y consideraron que gitanos, judíos y otras etnias eran infraseres que debían ser exterminados. Llamar algo así a, insisto, tres millones de compatriotas en 2023, es de estar muy perdido, muy trastornado o ambas cosas.
Este país está enfermo de polarización y hace unos años que es una peligrosa parodia de sí mismo. Hay personas cuyas vidas están lo suficientemente vacías como para decidir que las llenarán con una épica inventada contra un enemigo que no existe, pero que crearán si es preciso: el fascista. Y para lograrlo algunos emplearán los medios que estimen oportunos, incluso medios fascistas que los convertirán en fascistas, si lo creen necesario o sencillamente les apetece.
Hablemos entonces del fascismo. El de verdad. El que está en marcha en estos momentos.
Para empezar, el DRAE. Primera y segunda acepción: «Movimiento político y social de carácter totalitario que se desarrolló en Italia en la primera mitad del siglo XX, y que se caracterizaba por el corporativismo y la exaltación nacionalista. Doctrina del fascismo italiano y de los movimientos políticos similares surgidos en otros países». Este es el fascismo histórico. Salvo que hablemos de gente que ondea esvásticas y exhibe retratos del Duce, no hay fascistas a la vista. Decimos que no hay un movimiento de fascistas en España porque no vamos a tomarnos en serio al puñado de dementes que en toda sociedad existe y que carece de relevancia política. Probemos entonces con la tercera acepción: «Actitud autoritaria y antidemocrática que socialmente se considera relacionada con el fascismo». Es decir, un fascista es quien no está dispuesto a que las urnas, el debate y el juego de las mayorías determine el gobierno: lo impondrá por la fuerza. Detectar al fascista es, en este sentido, facilísimo: quien agrede a quien piensa distinto, y, en su lado extremo, quien es capaz de aniquilarlo, sea civilmente —buscando, por ejemplo, que lo echen del trabajo— o hasta físicamente. Es decir, la esencia del fascismo en nuestro siglo, su razón de ser y su modus operandi es la violencia.
De ahí que sea una estupidez referirse a la victoria de Hitler en las urnas: aquello no fue más que una anécdota. Jamás existió un fascismo triunfante en las urnas sin violencia. El fascismo empieza y termina con las camisas negras o pardas apalizando primero y asesinando después en las calles. El fascismo son precisamente los fascios enseñoreados en Roma, la Ordnungdienst que crea Hitler, las SA, luego el Putsch (golpe de Estado) fallido que llevaron al Führer a la cárcel, las SS. Las urnas son una anécdota en el caso de Hitler y en el de Mussolini: son la consecuencia lógica tras la barbarie, y esa barbarie, en la Europa actual, no existe, más allá, de nuevo, de unos cuantos alborotadores de todo signo político.
Un ejemplo más, para despejar las últimas dudas. Manolito es el abusón de la clase. Te da una paliza en cuanto sales a la calle, te graba en pelotas mientras te agarra por el cuello en el cuarto de baño, te roba la merienda a punta de navaja, etcétera. Y un día decide que va a ser también el delegado de clase, cosa que «advierte» al resto de sus compañeros. Obviamente, gana y es elegido. Pero es un disparate decir que «Manolito ganó unas elecciones» sugiriendo que el fascismo es un programa político que cabe considerar como tal sin su metodología, que es la violencia. Sin agresión no hay fascismo, punto.
Por la época en que Modesto se despachaba a gusto con su analogía Hitler-Vox, José Errasti y Marino Pérez fueron a Mallorca a dar una charla invitados por su Departamento de Psicología de la Universidad de les Illes Balears. Tenían previsto hacer un análisis materialista del fenómeno de la identidad de género. Un grupo violento se propuso reventar el acto. El rector, Jaume Carot, habló con sus representantes; incapaz de disuadirles de sus planes, cedió a la amenaza y suspendió la charla minutos antes de la hora prevista. Los fascistas amedrentaron, abuchearon y hasta zarandearon a las personas que ya estaban en la puerta esperando que comenzase. Errasti y Pérez se fueron a la sala de Departamento de Psicología para esperar que pasase el lío, y allí fueron unas cuarenta personas a conversar informalmente con ellos. Los fascistas fueron a por ellos; la seguridad de la universidad tuvo que sacar a los conferenciantes inmediatamente por la puerta de atrás y montarlos en un coche. Pero ese día nadie se acordó del poema de Niemöller ni compartió el manido «Primero vinieron por los socialistas, pero yo no dije nada, porque no era socialista»; porque para el falso antifascista el poema solo es antifascista cuando atacan a los suyos. Ningún famoso artista defendió la libertad de expresión de Pérez y Errasti. Horas después, el partido Podemos sacó un tuit donde se felicitaba de los acontecimientos y calificaba lo ocurrido como «una victoria de la sociedad civil». Para un fascista pata negra nunca es el qué, siempre es el quién.
A esto que acabo de hacer algunos lo llamarán «blanqueamiento» del fascismo. Porque para qué te vas a poner a pensar y argumentar cuando tienes un comodín gráfico y memo que te permite seguir en tu sesgo ideológico y sintiéndote de maravilla, un verbo socorrido, «blanquear», que te hace ganar desde tu sillón una guerra inexistente. Servidor lo tiene claro: demócrata es quien defiende a quien es agredido y se presta al juego democrático, sin que importe absolutamente nada que esté de acuerdo con las propias ideas. Lo opuesto, sea contra quien sea, es activismo fascistoide o cobardón postureo.
Un régimen etarra
Hughes. gaceta. 25
Enero 2024
Se celebraba ayer el aniversario del asesinato de Gregorio Ordóñez, un crimen que se recuerda especialmente por lo que tuvo de frenazo a una posible alternativa real. La hermana de Ordóñez ha tenido relieve político también como víctima. Cabe preguntarse por qué algunas víctimas lo han tenido y otras no. ¿Han hablado las hermanas, viudas e hijas de los guardias civiles andaluces matados como perros? Sobre ellas se impuso un discurso en parte prefabricado.
Ordóñez no solo fue asesinado. Su tumba en el cementerio de Polloe fue profanada varias veces. Lo cuenta Jesús Longueira en su exhaustivo ETA, ni olvido ni perdón. No fue el único. También sufrió ataques la tumba de Fernando Buesa y diez años después de enterrar a su hijo, tras constantes profanaciones, los padres de Miguel Ángel Blanco decidieron en 2007 abrir la sepultura y trasladar los restos a la localidad natal de ambos, Faramontaos, en Orense, donde ahora descansan. Salieron de allí a trabajar y regresaron, décadas después, con el cadáver del hijo. Qué historia para la izquierda obrera…
No fue suficiente con la amenaza y el asesinato. Después llegó el silencio, el ataque al muerto y a su memoria. La tumba y el cadáver del enemigo son un tabú en todas las culturas, pero estábamos ante alimañas en guerra, enfermos de un odio inconmensurable. Es el único odio a tratar aquí: el odio a España.
¿Serían estos ataques a la tumba terrorismo menor o mayor? Bolaños, muñidor del golpe y ministrillo de los tres poderes, nos informó ayer de que la Ley de Amnistía, otra disposición sobre lo que recordar y olvidar, perdonará cierto tipo de terrorismo, uno que no atentaría gravemente contra los derechos humanos sino solo levemente. Es por tanto posible distinguir entre una inhumanidad leve y otra grave, algo que está, por otro lado, en la naturaleza del Régimen actual, que siempre mantuvo una actitud dual, estratégica y cínica ante el terrorismo. Hubo un terrorismo sanable, reconducible, susceptible de evolucionar, al que «solo le fallaban las formas», intrínsecamente salvable, y otro con el que no cabían transacciones ni negociaciones.
Cierta violencia era sólo un problema formal.
El régimen actual nace, crece, se desarrolla y muta a la sombra de una sombrilla de terrorismo, como los madrigales a media voz de la zarzuela, el sotto voce galante entre ETA y Madrid.
El régimen actual es etarra en su preparación, es etarra en su nacimiento, es etarra en su narrativa, es etarra en su morfología de Estado Autonómico, es etarra en la plurinacionalidad casi conseguida, es etarra intelectualmente en la segunda fase de gobiernos socialistas, y es etarra en la mutación federalista que deberá cupular (con u) la Monarquía Leticiesca. Por eso, no sorprende nada que la Ley que ha de habilitar la mutación reconozca ahora un terrorismo no bueno, ni leve, sino útil: sanable, convalidable, convertible, es decir, amnistiable.
Celebrar, sufrir terrorismo
Nota del Editor. 25 Enero 2024
Ayer se sufrió ayer el aniversario del asesinato a manos de terroristas vascuences de Gregorio Ordóñez. QDEP. Y que el psoe y sus quates vayan al infierno.
La Fiscalía de Sánchez se niega a informar sobre la amnistía
Editorial. libertad digital. 25 Enero 2024
Todos los lectores recordarán a Pedro Sánchez jactándose sin rubor de cómo la Fiscalía General del Estado dependía de su Gobierno. Desde entonces, el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha dado innumerables muestras de servilismo a los intereses del Ejecutivo, entre las que cabe recordar su silencio ante el señalamiento de jueces y fiscales, al hilo del lawfare contenido en los pactos políticos suscritos entre el PSOE y Junts, para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno; o cómo negó al Consejo Fiscal la posibilidad de deliberar y votar sobre la incompatibilidad en la en la que incurre Dolores Delgado para el cargo de Memoria Democrática por la profesión de su pareja, el exjuez Garzón reconvertido a abogado especialista en Derechos Humanos.
El problema es que el silencio condescendiente de Garcia Ortiz ya desborda el ámbito de la moralidad o de la probidad para entrar de lleno en el incumplimiento de lo que legalmente le es exigible. Según informa El Mundo, García Ortiz ha llegado al extremo de ocultar a los vocales del Consejo Fiscal un requerimiento de la Mesa del Senado para que el Ministerio Público informe sobre la proposición de ley de amnistía a los golpistas catalanes, requerimiento que García Ortiz tiene sobre su mesa desde el pasado 7 de diciembre sin desde entonces cursar ningún tipo de respuesta.
Este hecho ha provocado la más que justificada reacción de los vocales del Consejo Fiscal mostrando su "profunda estupefacción y rechazo a que una petición de esta naturaleza y relevancia, procedente de un órgano constitucional, no sólo no ha sido atendida, sino que se ha sustraído al conocimiento del Consejo Fiscal durante semanas".
No creemos que el Ministerio Publico, que tiene constitucionalmente encomendada la promoción de la acción de la justicia en defensa de la legalidad, vaya a cometer la tropelía de informar favorablemente respecto de una amnistía que precisamente borra la ilegalidad perpetrada por los amnistiados. Pero es evidente que García Ortiz está supeditando y posponiendo el pronunciamiento del Ministerio Fiscal al momento en que menos daño pueda ocasionarle al gobierno. Un Fiscal General del Estado celoso de su deber de promover la acción de la Justicia y la defensa de la legalidad debería ser el primer interesado en pronunciarse motu proprio contra una amnistía que significa justo lo contrario de la labor que la Fiscalía tiene constitucionalmente encomendada. Y García Ortiz se esta resistiendo a pronunciarse incluso a requerimiento del Senado.
Finalmente, y teniendo presente la estructura tan jerarquizada del Ministerio Publico, veremos cómo reacciona García Ortiz ante el hecho de que el fiscal Álvaro Redondo, uno de los que promovieron el amparo a los cuatro fiscales del 1-O tras las acusaciones de lawfare, haya sido designado para informar a la Sala Penal del Tribunal Supremo sobre la competencia y el contenido de la exposición razonada del caso de Tsunami Democràtic, cuyos actos terroristas quieren ser redefinidos por el gobierno.
¿También va a seguir guardando silencio García Ortiz ante el hecho de que el gobierno pretenda cambiar el significado de las palabras y de los tipos delictivos a conveniencia de los prófugos de la Justicia que le sostienen en el Gobierno?
Quien calla, otorga. Y eso es precisamente lo que esta haciendo Garcia Ortiz con su silencio, dejando claro, nuevamente, que depende de un presidente de gobierno que, a su vez, depende de un prófugo de la justicia, como Puigdemont.
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