Recortes de Prensa Martes 30 Enero 2024

Rusia ataca con 35 drones objetivos militares y de suministro de energía en varias regiones de Ucrania

Arantxa Palacios. el confidencial. 30 Enero 2024

Las defensas aéreas ucranianas derribaron durante la pasada noche 15 de los 35 drones kamikaze iraníes Shahed disparados por Rusia contra territorio ucraniano, que tenían como objetivo principal objetivos militares y de suministro de energía y combustible situados cerca de la línea del frente.

Las interceptaciones se produjeron en los óblasts de Jersón y Mikoláyiv, en el sur de Ucrania; en Sumi y Kiev (norte); en Kirovograd y Dnipropetrovsk (centro); en Járkov (noreste) y en Cherkasi (oeste). Además, Rusia ha lanzado en las últimas horas dos misiles S-300 contra la parte de la región oriental de Donetsk que está bajo control de Kiev.

Además, las defensas antiaéreas rusas derribaron un dron ucraniano sobre la región de Tula, al sur de Moscú, informaron las autoridades de esa entidad de la Federación de Rusia. "Según datos preliminares, en el lugar de la caída de los fragmentos (del dron) no se produjeron víctimas ni daños en la infraestructura", señaló en su página web el Ministerio de Seguridad Regional de Tula.

El comunicado oficial no precisó el lugar donde cayeron los restos del aparato no tripulado. La región de Tula se encuentra a unos 110 kilómetros al sur de la capital rusa y a poco más de 200 kilómetros del punto más cercano de la frontera ucraniana. El Ejército de Ucrania desde hace varias semanas lanza ataques diarios contra la retaguardia rusa, ya sea con drones o misiles, incluso balísticos.

Las claves del momento

Moscú ataca con drones iraníes objetivos militares y de suministro de energía en Ucrania

Las defensas antiaéreas rusas derriban un dron ucraniano sobre la región de Tula, al sur de Moscú

Rusia gana terreno en Avdivka entre bajas masivas

Putin es registrado como candidato para las elecciones presidenciales de marzo

Ucrania pide más presión contra Rusia mientras continúan los ataques con misiles y drones

Hace 17 minutos 08:38

Rusia ataca con drones iraníes objetivos militares y de suministro de energía en Ucrania

“Parte de los drones de ataque fueron disparados por el enemigo contra territorios cercanos al frente, e intentaban golpear infraestructura energética y de combustible y objetivos civiles y militares cerca de la línea del frente y de la frontera con Rusia”, se lee en el parte de la Fuerza Aérea.

Hace 1 horas 4 minutos 07:51

Las defensas antiaéreas rusas derriban un dron ucraniano sobre la región de Tula, al sur de Moscú

Las defensas antiaéreas rusas derribaron un dron ucraniano sobre la región de Tula, al sur de Moscú, informaron las autoridades de esa entidad de la Federación de Rusia. "Según datos preliminares, en el lugar de la caída de los fragmentos (del dron) no se produjeron víctimas ni daños en la infraestructura", señaló en su página web el Ministerio de Seguridad Regional de Tula.

Hace 1 horas 6 minutos 07:49

Ucrania y Moldavia avanzan en la lucha contra la corrupción entre los países candidatos a la UE

Algunos países candidatos a la Unión Europea, entre ellos Ucrania y Moldavia, han mejorado su lucha contra la corrupción pese a los enormes desafíos que afrontan por la guerra de Rusia, mientras que otros como Georgia tienen dificultades para progresar, según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) presentado este martes por Transparencia Internacional (TI).

Tanto Ucrania como Moldavia han subido tres puntos desde el último IPC, al obtener 36 y 42, respectivamente, sobre los 100 posibles. TI destaca que la invasión rusa "planteó desafíos inmensos a la gobernanza y la infraestructura de Ucrania e incrementó los riesgos de corrupción", pero ese país continuó escalando posiciones en el IPC por undécimo año consecutivo.

Hace 1 horas 8 minutos 07:47

Stoltenberg asegura que el "apoyo sin precedentes" de la OTAN a Ucrania es una inversión

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha asegurado al secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, que el "apoyo sin precedentes" de la OTAN a Ucrania es una inversión en seguridad contra Rusia y no "caridad".

"Los aliados de la OTAN están proporcionando un apoyo sin precedentes a Ucrania, y es importante que sigamos haciéndolo. Nuestro apoyo no es caridad, es una inversión en nuestra propia seguridad debido a que el mundo se volverá más peligroso si el presidente (de Rusia, Vladimir) Putin gana en Ucrania", ha expresado Stoltenberg durante una reunión, según un comunicado del Pentágono.

Además, ha explicado que China sigue "muy de cerca" la guerra, lo que hace "aún más importante" continuar su apoyo a Kiev al mismo tiempo que pretenden reponer las existencias de municiones y de equipamiento militar de los miembros de la Alianza Atlántica.

El PP vuelve a equivocarse de enemigo

EDITORIAL. gaceta. 30 Enero 2024

El Partido Popular continúa equivocándose de enemigo e incidiendo en la fallida estrategia del 23 de julio que permitió a Pedro Sánchez seguir en La Moncloa de la mano de todos los enemigos declarados de España.

El pacto del PP con el PSOE, el BNG, Podemos y Sumar para que se excluya a VOX, a la tercera fuerza política de España, que conforma cinco gobierno autonómicos y más de un centenar de ayuntamientos, del debate electoral en TVG el 5 de febrero es un intento arbitrario de silenciar las ideas de miles de gallegos y de impedir que todos tengan una alternativa frente a la discriminación del español, el cumplimiento de la Agenda 2030 o la normalización de la ideología de género, políticas impuestas por el PP con mayoría absoluta. Una nueva tropelía que vuelve a mostrar el obsesivo y preocupante interés partidista de Génova en un momento de zozobra nacional. Y no es la única.

Alberto Núñez Feijoo y su grupo parlamentario se han repartido las comisiones del Parlamento con los socialistas, los comunistas y los separatistas; han anunciado que de ninguna forma dejarán de dar trámite en la Mesa del Senado, donde cuentan con mayoría absoluta, a la ley de impunidad de la amnistía; se han lanzado a consagrar en la Constitución la desigualdad entre hombres y mujeres con una reforma del artículo 49 que sostiene que «se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad»; se han abierto a apoyar en la Cámara Baja el objetivo de déficit del Gobierno si se «da más margen de gasto a las comunidades»; y se sentarán este miércoles con el ministro Bolaños para negociar el CGPJ.

Y todo antes [y después] de simular ser oposición llamando a manifestarse contra Pedro Sánchez y denunciando que España sufre un «proceso destituyente». Si Génova se cree sus palabras, es incoherente e irresponsable. Si no se lo cree, es cómplice. En ambos casos España no les amnistiará.

El pp no se equivoca, está en su naturaleza

Nota del Editor. 30 Enero 2024

Pues eso, el pp no se equivoca de enemigo, lo hace conscientemente, está en su naturaleza. Su interés está en mantener el tinglado bipartidista para seguir viviendo a costa de los demás y asegurando que no se cambia una coma de la destrucción de España por parte del dr cum fraude y sus quates, mención aparte del destrozo de Galicia, donde no necesitan ayuda, se bastan y sobran.

GARRIGA PROPONDRÁ AL COMITÉ DE GARANTÍAS SU EXPULSIÓN

VOX apoya a sus dos dirigentes apartados en Baleares: «Cinco diputados han actuado de manera unilateral movidos por una ambición personal»

LGI. gaceta. 30 Enero 2024

La dirección nacional de VOX ha expresado su respaldo a los dos dirigentes que fueron apartados del grupo parlamentario en Balares, tanto la presidenta del partido en el archipiélago como el presidente del Parlamento, y ha anunciado que propondrá al Comité de Garantías del partido la expulsión de los otros cinco diputados autonómicos que les han echado «unilateralmente».

Así lo ha zanjado el secretario general de VOX, Ignacio Garriga, tras ser apartados del grupo parlamentario Patricia de las Heras, y el presidente del Parlamento autonómico, Gabriel Le Senne.

Los dos dirigentes apartados cuentan con todo el apoyo de la dirección nacional de VOX, mientras que los cinco que comunicaron la expulsión han actuado «de manera unilateral». «Quiero dejar bien claro que ha sido una decisión que han tomado los cinco sin autorización ni informar al partido», ha señalado.

Garriga ha asegurado que la motivación de estos cinco diputados autonómicos ha sido «la ambición personal» y ha resaltado que los expulsados son los más comprometidos con la defensa y la protección del español en el archipiélago. Del mismo modo, ha garantizado que De las Heras y Le Senne continuarán «dando la batalla» sin descanso.

La islamización de Europa

Paloma-hernandez-garcia. libertad digital. 30 Enero 2024

La crítica a la inmigración descontrolada y al crecimiento de la inseguridad ciudadana en determinadas zonas de Europa suele ser identificada por los grupos autotitulados "progresistas" como racismo y xenofobia, más concretamente como islamofobia. Pero este reduccionismo psicologista oculta que estas cuestiones son, sobre todo, problemas de la política y de la geopolítica. Porque cuando hablamos de inmigración no estamos hablando de seres humanos en abstracto, sino que en todo caso hablamos de ucranianos, argentinos, venezolanos, chinos, marroquíes, argelinos, senegaleses, etc. Cada uno de ellos llega al país de recepción con unos atributos que lo determinan absolutamente: hablan una lengua concreta, vienen con una formación que les permite, mejor o peor, sumarse al mercado laboral y también vienen marcados por unos valores morales y por una religión que será, objetivamente, más o menos compatible con los valores morales que, de hecho, se ejerzan en los países que reciben la inmigración.

En suma, lo que tenemos que subrayar es que las normas éticas entran muchas veces en contradicción con las normas morales y políticas y que es ejemplo de extrema imprudencia subordinar el criterio político al criterio ético. En efecto, las normas éticas prescriben dar acogida, alojo y alimento a todo inmigrante que traspase nuestras fronteras. Pero la prudencia política exige que el número de inmigrantes sea controlado, pues una abrumadora cantidad de inmigrantes sólo traería un consecuente caos que haría insostenible tanto la economía política como la estabilidad social de cualquier Estado.

Quienes sostienen la idea bobalicona del diálogo entre religiones y entre culturas no se dan cuenta de que el islam ni se quiere integrar ni puede integrarse. El islam, eso sí, está dispuesto a aceptar conversos, pero no busca en absoluto la integración porque no quiere ni puede renunciar a sus dogmas religiosos. Ese ha sido el gran error de Francia: pensar que la religión es una magnitud despreciable, pensar que los ideales ilustrados de libertad, igualdad y fraternidad iban a convencer a la población musulmana asimilada de sus territorios en África. Y el problema es que el islam está dotado de potentísimos componentes no sólo religiosos, sino políticos y geopolíticos, y que se encuentra en creciente e imparable avance frente a nuestras descristianizadas y estériles sociedades europeas (invierno demográfico). Aunque también hay que apuntar que el islam, al igual que el cristianismo, no es un bloque unitario, sino que contiene dialécticas internas muy fuertes que hay que tener en cuenta.

Mal que le pese a algunos, la identificación entre Iglesia y Estado, característica del islam, no fue jamás propia del catolicismo. La Iglesia católica siempre mantuvo la doctrina de la separación de la Iglesia y del Estado: "Dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César". En España, la identificación entre Iglesia y Estado fue considerada una herejía que conducía al cesaropapismo: la herejía arriana. Este cesaropapismo propio del arrianismo sería asimilado por el islam y rebrotaría más tarde en las iglesias reformadas (todavía en la Iglesia anglicana el rey o la reina se confunde con el papa o papisa). Ningún rey de nación católica pretendió jamás convertirse en líder religioso porque para eso ya estaba el papa. En el islam, por el contrario, todo está envuelto en Dios y la Ley de Dios está por encima de las leyes humanas, aun en nuestros días. Todo ello es consecuencia de la imposibilidad de distinguir entre un gobierno temporal y otro espiritual, pues el modelo del musulmán es la propia vida del profeta Mahoma, que unifica los ámbitos religioso, político y social en uno solo, según indica la ley islámica.

Recordemos, además, que en 1991 los ministros de asuntos exteriores de los 45 estados que formaban parte en 1990 de la Organización de la Conferencia Islámica, adoptaron en El Cairo la "Declaración de Derechos Humanos en el islam" que, apartándose de la Declaración de la ONU de 1948 (algunos todavía se atreven a llamarla "universal"), establece la ley de la sharía como "la única fuente de referencia" para la protección de los derechos humanos en países islámicos. Las políticas de fronteras abiertas agudizan estas contradicciones, pues en muchos Estados europeos existen guetos de inmigrantes musulmanes que viven bajo marcos políticos, morales y culturales determinados por la sharía, una ley ajena y contradictoria al ordenamiento jurídico español, en nuestro caso. Pero el problema central es que el aumento de la inmigración sin control puede hacer desaparecer las funciones propias del Estado que recibe dicha inmigración: ¿O es que la policía francesa puede realizar plenamente sus funciones en guetos como los que existen en Marsella? ¿Pudieron, acaso, las fuerzas de seguridad parisinas repeler los actos delictivos acaecidos en el estadio Saint-Denis? ¿Y qué decir de Molenbeek, barrio situado en el centro de Bruselas que se ha convertido con el paso de los años en un gueto musulmán donde viven más de 100.000 personas y que las autoridades no controlan? También convendría mencionar a Rosengård, en Malmö, la tercera ciudad de Suecia, un barrio donde la policía sueca apenas puede operar.

En conclusión, es crucial entender que lo preocupante no es tanto la delincuencia que pueda provocar quien no pueda o no quiera integrarse, pues delincuencia siempre hay. Lo preocupante es la sistematicidad de dicha delincuencia como síntoma de una amputación parcial en alguna o muchas funciones del Estado. Esto es, lo preocupante es asumir como normal que haya áreas de Europa donde el Estado, ya sea el sueco, el francés, el belga, etc. ya ha desaparecido de hecho. Porque cuando existen zonas donde la ley islámica está por encima de la marcada por la república (como sucede en el caso de Francia) el reemplazo y la sustitución del Estado ya se ha dado de facto, por mucho que fuera de dichas zonas los franceses no vayan a desaparecer. Lo que tendemos a ver cada vez más en distintas áreas de Europa es la consolidación de psuedo-estados donde prevalece la ley islámica dentro de las naciones canónicas europeas, todas ellas herederas de la filosofía griega, el derecho romano y el cristianismo.

Paloma Hernández es investigadora asociada de la Fundación Gustavo Bueno y guionista y presentadora del canal de YouTube "Fortunata y Jacinta".

Los tratos mafiosos de Puigdemont con Putin amenazan los planes de Sánchez

EDITORIAL. libertad digital. 30 Enero 2024

La alta traición del separatismo catalán deberá ser tenida en cuenta en el trato que la UE va a dispensar a las reclamaciones contra la ley de amnistía.

El auto del titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona hecho público ayer ha provocado un terremoto político en las relaciones de los socialistas con el prófugo Puigdemont. Porque no se trata únicamente de ampliar la prórroga para la instrucción de una causa, plenamente justificada por su complejidad, sino de la gravedad de los hechos que acredita sobre los contactos de las personas de confianza del fugado expresidente de la Generalidad con esbirros del autócrata ruso y la mafia que opera bajo el paraguas del Kremlin.

En concreto, el magistrado documenta en su auto el ofrecimiento de los separatistas a Putin para que una Cataluña independiente se convirtiera en plaza de referencia para el mercado internacional de criptomonedas a cambio del apoyo económico y militar del Kremlin en el proceso de secesión. Las indagaciones del juzgado confirman también los contactos de dirigentes institucionales de la Generalidad y del partido de Puigdemont con elementos del entorno de Putin, agentes de sus servicios secretos y diplomáticos, así como personajes de la extrema derecha alemana e italiana.

El escándalo ha levantado una gran polvareda en Europa y muy particularmente en Alemania, donde algunos medios de comunicación han seguido muy de cerca las andanzas de los separatistas catalanes con los esbirros de Putin. En las informaciones que ya han comenzado a aparecer en medios europeos se alude a las conversaciones de los enviados de Puigdemont al Kremlin para crear una situación que favoreciera la independencia de Cataluña a través de "la amenaza de una potencia exterior" y la desestabilización de la UE. Los separatistas catalanes convertirían de esa manera a Cataluña en "la puerta de atrás de Putin" en Europa, uno de los objetivos más ambiciosos del tirano exsoviético de cara a constituir un "nuevo orden mundial" con una UE controlada por Rusia y Alemania.

Las nuevas revelaciones ponen en riesgo la asociación de Sánchez y Puigdemont para mantener al primero en el poder a cambio de la amnistía de los golpistas y demás delincuentes involucrados en la asonada secesionista. Las negociaciones del prófugo separatista con la mafia de Putin y su ofrecimiento de Cataluña como caballo de troya para desestabilizar a la UE son también un gravísimo precedente que las instituciones europeas no pueden despachar como un asunto nacional de un país miembro. Si la Unión Europea quiere sobrevivir, la alta traición del separatismo catalán, en connivencia con una potencia imperialista que ha llevado la guerra a las puertas de Europa, deberá ser tenida especialmente en cuenta en el trato que la UE va a dispensar a las reclamaciones contra la ley de amnistía, cuyo futuro jurídico se va a determinar necesariamente en el ámbito europeo.

El amigo de Putin y de Sánchez

PABLO PLANAS. libertad digital. 30 Enero 2024

El independentismo catalán pretende convertir lo de Putin y Puigdemont en un meme, un chiste que consolide la especie de que en su intento por empurar al expresidente catalán los jueces españoles flipan. Pero lo cierto es que Puigdemont accedió a recibir a unos rusos en el palacio de la Generalidad la víspera de que el parlamento catalán proclamara la república. El desconcierto del entonces presidente autonómico y su corte era absoluto. Estaban en un callejón sin salida, con el artículo 155 de la Constitución a las puertas. Nadie en Europa les había prestado demasiada atención, salvo el día 1 de octubre de aquel 2017 gracias a la masiva campaña de desinformación en redes orquestada por un ejército de "bots" rusos.

Puigdemont era un hombre aislado, deprimido, perdido y vacilante y accedió a recibir a los emisarios del Kremlin que estaban con Víctor Terradellas (responsable de relaciones internacionales de Convergencia) y un traductor. Superado por los acontecimientos, Puigdemont tomó nota y ordenó a los suyos que se mantuviera el contacto. Así se hizo estando ya en Bélgica el expresidente de la Generalidad. Hay varias líneas de investigación. Parece claro que Rusia ofrecía dinero y protección militar a cambio de convertir la república catalana en un casino puticlub para los amiguetes de Putin que blanquean en criptomonedas. La Suiza del bitcoin, decían. Lo que no se sabe es qué indujo a Puigdemont a mantener la línea con Rusia cuando ya todo estaba perdido para su causa.

Existe un informe de la Comisión Europea que alerta sobre las injerencias de Putin en Europa y destaca su interés por el proceso separatista catalán y las consecuencias en términos de desestabilización de la UE. Acreditadas investigaciones periodísticas han puesto de relieve las deambulaciones rusas del jefe de gabinete de Puigdemont, Josep Lluís Alay, con personajes de los círculos más restringidos de Putin. Cualquier cosa valía y vale para tratar de conseguir la independencia. No lo han ocultado nunca y seguramente no encuentren demasiadas diferencias entre un sicario de la diplomacia paralela rusa y un enviado del PSOE.

Pero la amnistía se complica. La semana pasada, el terrorismo. Esta semana, alta traición. Los socialistas creen que los jueces actúan adrede, como si no estuvieran sometidos a plazos, reglamentos, leyes y controles. Los independentistas quieren retirar ahora cualquier mención al terrorismo en la amnistía. Se han dado cuenta de que hicieron la del que asó la manteca. Esta ley amenaza con ser un mondongo más grande que la ley del sí es sí. No se aguanta por ningún lado. Si el PSOE tiene que amnistiar a unos delincuentes para seguir en el poder es mejor que se deje de leches sobre el reencuentro y las categorías del terrorismo y vaya directamente al tema: ley de amnistía para Puigdemont y quien diga Puigdemont, el amigo de Putin y de Sánchez.

EL GRUPO MIXTO FUE DECLARADO NULO

VOX exige que se tumbe Madrid 360 por la creación ilegal del grupo mixto comunista que permitió su aprobación

LGI. gaceta. 30 Enero 2024

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (PP), incumplió su promesa electoral en 2019 de derogar el proyecto liberticida de Manuela Carmena. Pasó del «Madrid Central se acaba el 26 de mayo» en campaña al activismo climático. El que era «un experimento fallido y sin sentido» se amplió con medidas más restrictivas que impiden desde el pasado 1 de enero la entrada en la capital de más de 400.000 vehículos censados en toda la región.

VOX ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que se declare la nulidad del Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento que aprobó la ordenanza de Madrid 360.

Así, señala que la creación del grupo mixto fue declarada nula por no ser conforme a derecho mediante dos sentencias y que debe tener como consecuencia «la nulidad de aquellos actos en los que el mismo intervino».

La formación siempre ha mantenido que la creación del grupo mixto, con ediles comunistas, era un «comodín» de Almeida. «El alcalde retorció la voluntad democrática de los madrileños expresada en las urnas para consumar su traición y se permitió crear un grupo mixto contrario a toda normativa que le sirviera de comodín para continuar las políticas de la izquierda», agregó el portavoz de VOX, Javier Ortega Smith, en junio de 2022.

Sobre la Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN), el escrito sostiene que sus informes «resultan insuficientes por deficiencias técnicas, falta de análisis de los datos y falta del análisis de diferentes alternativas». «La consecuencia de la insuficiencia de los informes equivale a la inexistencia de estos mismos», reitera. Por ello, VOX incide en que la normativa «no reúne los requisitos necesarios para su validez».

LA RENOVACIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL: ¿UNA FARSA?

Historia y funcionamiento del órgano de gobierno de los jueces y una propuesta técnica para su independencia

Francisco Vila. gaceta. 30 Enero 2024

¿Debe renovarse el Consejo General del Poder Judicial? Rotundamente, sí. ¿Se ganaría algo cambiando la ley que establece el método de selección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial? Depende.

I Desde que, en 1748, el barón de Montesquieu dijese que el Estado cuenta con tres poderes se ha dado por bueno que, en efecto, el Estado tiene un Poder Legislativo, un Poder Ejecutivo y un Poder Judicial.

Los periodistas, poco avezados en lecturas, y la gran masa social, menos ducha aún, creen a pies juntillas en ese modelo. Poco importa que el mencionado autor tergiversase el sistema inglés en su explicación o que, en verdad, su fin no era la separación sino el equilibrio de poderes, teoría resultante de aplicar los Regulae Philosophandi newtonianos al campo político. Sea como fuere, desde hace casi tres siglos, se da por bueno el esquema, convertido después en dogma, de la «separación de poderes».

Según Montesquieu, los poderes han de estar separados unos de otros. El Poder Ejecutivo debe estar separado del Legislativo y estos dos del Judicial.

Sin embargo, en un sistema parlamentario (como, por cierto, lo era el inglés de principios del siglo XVIII que el barón francés supuestamente retrata), la separación entre Legislativo y Ejecutivo es inexistente. Los miembros que componen uno y otro poder son los mismos; algunos diputados forman parte del Gobierno y algunos miembros del Ejecutivo son próceres. Además, desde hace un siglo, el Gobierno también legisla y el Parlamento tiene más funciones que las legislativas. Por último, en un Estado de partidos, aunque las competencias jurídicas de uno y otro poder son diversas, ambos poderes están bajo el control del partido o coalición mayoritaria. El resultado es que la distinción o «separación» entre Legislativo y Ejecutivo es ilusoria en un Estado europeo contemporáneo.

II Debido a la actual confusión de poderes Ejecutivo y Legislativo, parece imperioso que el Poder Judicial sea independiente. Para potenciar la independencia del Poder Judicial, el constituyente español de 1978 tomó de la Constitución italiana de 1947 el llamado Consiglio superiore della magistratura.

En el artículo 122 de la Constitución, los constituyentes configuraron un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Este CGPJ «es el órgano de gobierno» de los jueces (artículo 122.2). El presidente del Tribunal Supremo preside este órgano compuesto por veinte miembros. De conformidad con la Constitución —y este no es detalle menor—, doce vocales son seleccionados «entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica». El Congreso y el Senado, por una mayoría de tres quintos, eligen a los restantes ocho vocales (cuatro cada Cámara) de «entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión». Tras las respectivas propuestas, el rey nombra a los veinte vocales para un periodo de cinco años (artículo 122.3).

A priori, con la introducción de este artículo, todos los problemas relativos a una posible politización de la justicia desaparecen. Gracias a la Constitución de 1978, los jueces ya tienen un órgano de gobierno, que se ocupa de la promoción de los miembros de la carrera judicial y de las posibles sanciones. Todo ello al margen de influencias políticas.

III Las intenciones del constituyente eran buenas. Mas el derecho es un medio muy menesteroso. La política (el poder) siempre acaba imperando. Lo que se presentaba como un remedio a la intromisión de los políticos en la judicatura, empero, pronto se desvaneció. El sistema constitucionalmente diseñado tuvo una vigencia (discutiblemente) efectiva de cinco años. No más.

La Ley Orgánica 1/1980, de 10 de enero, vino a desarrollar el artículo 122 de la Constitución. Esta ley reiteraba, de un lado, lo dicho en el texto constitucional en punto a la composición del CGPJ y, de otro, precisaba cómo se elegirían los doce vocales pertenecientes a la carrera judicial. Tres tendrían rango de magistrado del Tribunal Supremo, seis serían magistrados y tres jueces. Estos vocales serían propuestos por todos los jueces y magistrados en activo mediante voto personal, directo y secreto. La votación era mayoritaria y la circunscripción era todo el territorio nacional. Quien desease postularse como candidato debía recabar el aval de un diez por ciento de los electores, que comprendiese, además, un cinco por ciento de cada categoría. Por ejemplo, supongamos que había 5000 jueces y magistrados en activo; 500 con categoría de magistrado del Tribunal Supremo, 2500 de magistrado y 2000 de juez. Pues bien, para llegar a vocal del CGPJ, un magistrado debía conseguir que 500 colegas lo apoyasen y que, de esos 500, tuviesen su mismo rango de magistrado 125. La alternativa a recabar este dificultoso apoyo era que la candidatura fuese avalada por «una asociación profesional válidamente constituida». Volveremos después a las asociaciones. Por el momento, baste señalar que, en 1980, la Asociación Profesional de la Magistratura era la única asociación que participó en la elección y, consecuentemente, la única que pudo avalar candidatos. El resultado fue que los doce vocales pertenecientes a la carrera judicial estaban afiliados a la mentada asociación. Los ochos vocales restantes fueron nombrados por las Cámaras en virtud de un pacto entre UCD y PSOE.

Todo cambió en 1985. Tras la llegada al poder del PSOE en 1982 con una mayoría absoluta de 202 escaños, el nuevo Gobierno emprendió una reforma del Poder Judicial. Para atarlo en corto, lo más sencillo era tener un CGPJ afín, pues, como ya hemos dicho, este órgano es el encargado de los ascensos, los traslados o de aplicar el régimen disciplinario a los jueces. El CGPJ elige qué jueces ocupan las altas magistraturas de la carrera judicial. Dicho en cristiano: el CGPJ decide quiénes son los jueces que, en un momento determinado, juzgarán a los políticos. Por esta razón, controlar el CGPJ se presenta como algo muy apetitoso (especialmente, cuando se tiene una amplia mayoría absoluta).

El flamante Gobierno y Parlamento socialistas elaboraron y aprobaron la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial que derogó la anterior Ley Orgánica 1/1980. Sin perjuicio de un ejercitar encomiablemente la retórica en la exposición de motivos y de afirmar, por ejemplo, que la nueva norma salvaguardaba la independencia de jueces y magistrados de «toda posible interferencia que parta de los otros poderes del Estado», lo innegable es que la nueva ley introducía novedades que permitirían un Poder Judicial más dócil. En primer lugar, la norma contemplaba la jubilación forzosa a los sesenta y cinco años (artículo 386), por lo que, al rebajar cinco años la edad de jubilación, una cuarta parte de los magistrados en activo se vieron obligados a dejar su puesto. Tratose de una auténtica «limpieza» del Poder Judicial. Y es que, inmortaliza el profesor Sosa Wagner, «siempre ha sido la jubilación de magistrados un arma en manos del poder». En segundo lugar, se cambió el procedimiento de elección de los doce vocales pertenecientes a la carrera judicial. Desde entonces, el Congreso y el Senado, por mayoría de tres quintos, proponen a los veinte vocales (diez cada cámara); doce pertenecientes a la carrera judicial y ocho al grupo abogados y otros juristas de reconocido prestigio (artículo 112). Así pues, «con la mayoría aplastante de los socialistas en las Cortes, la toma del Palacio del CGPJ estaba asegurada sin más que ordenar a sus diputados y senadores pulsar un botón. Para quedarse con el botín» (Sosa Wagner). Spoils system en estado puro.

El diputado de Alianza Popular José María Ruiz-Gallardón denunció en el Congreso que la reforma socialista había transformado el CGPJ «en algo muy parecido a un comisionado de las Cortes». Pero ello no fue óbice para que su partido, que votó en contra de la ley y la recurrió ante el Tribunal Constitucional, propusiese candidatos según el nuevo modelo participando, así, en el reparto de vocales del CGPJ. Mejor tener a los míos dentro que no tener nada, debieron pensar.

El Tribunal Constitucional determinó la constitucionalidad de la Ley Orgánica 6/1985 en la sentencia 108/1986, de 29 de julio. Vale la pena recuperar tres fragmentos de esta sentencia, pues revisten plena actualidad.

En primer lugar, el Tribunal señala que la constitucionalización del CGPJ no tiene otro fin que «privar al Gobierno de esas funciones [de ascensos, régimen disciplinario, etc.] y transferirlas a un órgano autónomo y separado». O sea, a diferencia de otros países (como Francia o Alemania) en los que los ascensos, traslados, etc., de los jueces dependen de un departamento del Ministerio de Justicia, España ha decidido, para garantizar mejor la independencia judicial, crear un CGPJ. Mas el Tribunal evoca que esta solución no es la única compatible con el Estado de derecho, como lo prueba, en efecto, el derecho comparado, ya que «la mayoría de los ordenamientos jurídicos actuales» siguen el otro sistema (FJ 7º). Luego, se infiere de la argumentación, el Estado de derecho no se vería afectado si los artículos 122.2 y 3 de la Constitución se eliminasen.

En segundo lugar, el constituyente dejó en manos del legislador un amplio abanico de posibilidades para determinar el procedimiento de elección de los doce vocales pertenecientes a la carrera judicial. Y, si bien no es dudoso que la finalidad del artículo 122.3 de la Constitución, que no es otra que «asegurar que la composición del Consejo refleje el pluralismo existente en el seno de la sociedad», «se alcanza más fácilmente atribuyendo a los propios jueces y magistrados la facultad de elegir a doce de los miembros del CGPJ», no puede afirmarse, en cambio, que dicha finalidad se desvanezca «al adoptarse otro procedimiento y, en especial, el de atribuir también a las Cortes la facultad de propuesta de los miembros del Consejo procedentes del cuerpo de jueces y magistrados, máxime cuando la ley adopta ciertas cautelas, como es la de exigir una mayoría calificada de tres quintos en cada Cámara». Ahora bien, el Tribunal Constitucional avisa de que el nuevo sistema inaugurado por la Ley Orgánica 6/1985 puede fácilmente «frustrar la finalidad señalada de la Norma constitucional si las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olvidan el objetivo perseguido y, actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en este, atienden solo a la división de fuerzas existente en su propio seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos en proporción a la fuerza parlamentaria de estos» (FJ 13º). Dixit. Ahí es nada. El Tribunal asegura, en 1986, que todos los nombramientos de vocales del CGPJ que se han hecho desde entonces son inconstitucionales porque han sido un puro cambio de cromos entre los partidos mayoritarios (PP y PSOE), con el visto bueno de los nacionalistas, según la fuerza que tenían en el Parlamento.

En tercer lugar, debido al riesgo señalado —que proféticamente se ha cumplido—, el Tribunal Constitucional concluía que era aconsejable cambiar el nuevo sistema y volver al anterior. Sin embargo, que el anterior modelo garantizase mejor la finalidad del artículo 122.3 de la Constitución no implica necesariamente que el nuevo sistema sea inconstitucional, siempre y cuando, insiste el Alto Tribunal, el desarrollo de la Ley Orgánica 6/1985 siga las pautas que él ha dado. Por ende, como «el precepto impugnado es susceptible de una interpretación conforme a la Constitución y no impone necesariamente actuaciones contrarias a ella, procede declarar que ese precepto no es contrario a la Constitución» (FJ 13º). Mas, reiteramos, toda vez que el modelo ha ido por el camino declarado contrario a la Constitución por el Tribunal, todos los nombramientos de vocales de origen judicial desde la elección de 1990 a la de 2013 han sido inconstitucionales.

El sistema de elección de los doce vocales pertenecientes a la carrera judicial es básicamente el mismo desde 1985. Ha habido reformas mínimas en los años 2001 y 2013 tras las mayorías absolutas del Partido Popular en los años 2000 y 2011. De este dato podemos colegir una regularidad de nuestra vida constitucional: todo partido que cosecha una mayoría absoluta no renuncia a poner sus manos sobre el Poder Judicial y, por el contrario, todo partido que no ha alcanzado esa mayoría no ha modificado (hasta ahora) el modelo de elección de los vocales de origen judicial.

La gran novedad de la reforma introducida por la Ley Orgánica 2/2001, de 28 de junio, fue el fortalecimiento del papel de las asociaciones en la designación de los vocales pertenecientes a la carrera judicial. En la práctica, se cerró la puerta a que alguien extraño a una asociación llegase a vocal del CGPJ. Las asociaciones propondrían una terna de treinta y seis candidatos a las Cámaras, las cuales elegirían a doce (seis el Congreso y seis el Senado) por mayoría de tres quintos (artículo 112).

En el año 2011, el Partido Popular de Mariano Rajoy ganó holgadamente en las urnas. Con sus 186 diputados, pronto olvidó su programa electoral y su promesa de reformar el método de elección de los vocales pertenecientes a la carrera judicial para volver al modelo de 1980. Como era habitual en él, el presidente se limitó a mantener lo existente. La reforma operada por la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, aún en vigor, reabre tímidamente la puerta a que algún juez o magistrado ajeno a una asociación sea vocal del CGPJ puesto que cualquier juez o magistrado avalado por veinticinco colegas o por una asociación puede postularse como candidato (artículo 574.1). Pero las Cámaras, por mayoría de tres quintos, tienen la última palabra (artículo 567). Lo que inutiliza los avales pues, por ejemplo, un candidato avalado por 3000 jueces y magistrados puede ser finalmente desbancado en las Cortes por otro candidato apoyado por una asociación. En suma, las asociaciones y, tras ellas, los partidos siguen dominando el cotarro.

IV Las asociaciones judiciales han salido a relucir varias veces en las líneas precedentes. Mas conviene que dediquemos algunas palabras a las mismas.

En un ensayo tan genial como maliciosamente ignorado (La independencia del juez: ¿una fábula?, La Esfera de los Libros, 2016), el profesor Sosa Wagner pone el punto en la llaga. En concreto, en el capítulo segundo intitulado «Cómo los partidos políticos de la democracia arruinaron las esperanzas establecidas por la Constitución de 1978», este administrativista, que tuvo algún puesto de responsabilidad en el primer Gobierno de Felipe González, describe, de un lado, los tejemanejes legislativos de los que ya hemos dado cuenta y, de otro, se atreve a señalar a las cooperadoras necesarias de todo este enjuague: las asociaciones judiciales.

Según el Reglamento 1/2011 de asociaciones judiciales aprobado por el CGPJ, las asociaciones judiciales tienen como fin «la defensa de los intereses profesionales de sus miembros en todos los aspectos y la realización de actividades encaminadas al servicio de la justicia y de los valores constitucionales» (artículo 4.1). Traducido al lenguaje común, el objetivo de las asociaciones judiciales es colocar a sus afiliados en los puestos judiciales más destacados. Básicamente, tribunales superiores de justicia, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo. Y, para alcanzar dicha meta, requisito sine qua non es que las asociaciones dominen —como, de hecho, llevan haciendo desde el inicio de nuestra democracia— el CGPJ.

Pese a que el citado reglamento establece que las asociaciones «no podrán llevar a cabo actividades políticas ni tener vinculaciones con partidos políticos o sindicatos» (artículo 4.2), las conexiones entre las asociaciones judiciales más influyentes y los partidos políticos mayoritarios son evidentes. En palabras del profesor Sosa Wagner: «Todo el mundo sabe que el PP y el PSOE no andan lejos de las asociaciones y que entre ellas (y ellos) ajustan, conciertan y se apropian de todo lo que de interés se mueve en la carrera profesional de los jueces. Da igual el sistema que se haya implantado, si el socialista de 1985 o el popular de 2013». El bipartidismo clásico tiene su imagen más cruda en este «pacto de hierro» en el que los partidos mayoritarios se reparten los vocales del CGPJ. Para ello, el PP se sirve de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura y el PSOE de la progresista Juezas y Jueces para la Democracia. No hay más misterio.

Ha de recordarse que los diputados autonómicos son aforados a nivel autonómico, por lo que los juzga el tribunal superior de justicia de su respectiva comunidad autónoma, y los diputados nacionales son aforados a nivel estatal, por lo que el Tribunal Supremo es quien conoce su causa. ¿Y quién designa a los magistrados que ocupan sendos tribunales? El CGPJ. ¿Y quién domina los puestos en el CGPJ? Las asociaciones. ¿Y quién está detrás de las asociaciones? Los diputados de los partidos políticos mayoritarios, a quienes, en un momento determinado, los magistrados elegidos indirectamente por ellos han de juzgar. ¿Se comprende lo perverso del sistema?

Para efectuar el tejemaneje descrito, el CGPJ aprobó el Reglamento 1/2010, que regula la provisión de plazas de nombramiento discrecional en los órganos judiciales. Este reglamento permite que el pleno del CGPJ nombre discrecionalmente a: los presidentes de sala y magistrados del Tribunal Supremo, el presidente de la Audiencia Nacional y los presidentes de sus salas, los presidentes de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas y las presidencias de sus salas, los magistrados de las salas de lo civil y penal de los tribunales superiores de justicia propuestos por las Asambleas legislativas de las comunidades autónomas y, por último, los presidentes de las audiencias provinciales (artículo 2). Estos nombramientos son discrecionales y, por consiguiente, el CGPJ dominado por las asociaciones es libre para que estas promuevan a los suyos. No importan los méritos, sino la pertenencia a una asociación.

Cabe añadir, por último, que más de la mitad de los 5343 jueces y magistrados en activo no están afiliados a asociación alguna. Mas escalar a los altos puestos de la carrera judicial sin el apoyo de una asociación es tarea harto difícil o, directamente, imposible. Podría decirse que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un magistrado llegue al Tribunal Supremo o a la Audiencia Nacional sin pertenecer a una asociación.

V Volvamos a nuestras preguntas del inicio.

Primero, ¿debe renovarse el Consejo General del Poder Judicial?

La respuesta es que sí. No puede haber un CGPJ en funciones in aeternum. La Constitución es una norma que debe cumplirse. Los partidos políticos mayoritarios (a lo que sería deseable que se añadiesen otros de ámbito nacional) deben pactar una lista de veinte vocales y aprobarla con la mayoría que poseen en ambas Cámaras, que excede, en mucho, de los tres quintos necesarios. Esta lista, como sentenció el Tribunal Constitucional en 1986, no puede ser un cambio de cromos en atención a la fuerza parlamentaria, sino que debe «asegurar que la composición del Consejo refleje el pluralismo existente en el seno de la sociedad». Por ello, para designar a los doce vocales de origen judicial, los mentados partidos deben escuchar a todo el gremio judicial, no solo a los jueces asociados. Los juristas fácilmente reconocen el talento en el otro, más allá de las discrepancias ideológicas, por lo que escucharlos es la tarea previa necesaria para pergeñar una lista basada en un consenso verdadero y alejada, así, de la farsa actual.

Segundo, ¿se ganaría algo cambiando la ley que establece el método de selección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial?

En 2014, el Consejo de Europa advirtió una indeseable politización del CGPJ. Politización que es evidente desde el mismo momento en que PP y PSOE disputan sañudamente por colocar candidatos afines. Consiguientemente, modificar el actual sistema parece inexcusable.

Sin embargo, si se sustrae la competencia a las Cámaras pero se fortalece el poder de las asociaciones o, simplemente, no se disminuye su poder actual, la reforma no servirá absolutamente para nada. Se habrá hecho un cambio para que todo siga igual. A través de las asociaciones, los partidos políticos mayoritarios seguirán controlando a los doce vocales pertenecientes a la carrera judicial que las asociaciones propongan al rey para su nombramiento. PP y PSOE continuarán eligiendo indirectamente qué jueces han de juzgarlos. Ergo, esa reforma sería otra gran farsa.

Hecha la advertencia anterior, sí creemos necesaria una reforma del actual sistema. Para materializarla, solo hace falta una cosa: voluntad política. Los partidos políticos no tienen siquiera que inventar nada. Ya todo está dicho. Basta con que lean el referido libro La independencia del juez: ¿una fábula?, del profesor Sosa Wagner. En esta obra, el juspublicista postula tres reformas, que, en lo que sigue, hacemos nuestras. De llevarse a cabo, pensamos que estas modificaciones mínimas salvaguardarían (mejor) la independencia judicial o, cuando menos, ayudarían a recuperar el prestigio de las altas magistraturas.

En primer lugar, deben sortearse los doce vocales pertenecientes a la carrera judicial (se podría extender a los otros ocho). La ley podría designar —como hacía la de 1980— el número de vocales sorteables según el rango. Por ejemplo, tres magistrados con categoría de magistrado del Tribunal Supremo, seis magistrados y tres jueces. Quien quisiera participar presentaría su candidatura a las Cortes, que sortearán los puestos de vocal que propondrán al rey para su nombramiento. Como indica Sosa Wagner, «garantizada la idoneidad de todos los candidatos, es indiferente la persona concreta que sea designada. Y el azar le proporciona la ventaja de poder ejercer su función en perfectas condiciones de independencia y, por tanto, libre de compromiso adquirido —explícito o implícito— con “dedo” alguno». Para efectuar esta reforma, basta retocar mínimamente la Ley Orgánica del Poder Judicial y cambiar los reglamentos de las Cámaras.

En segundo lugar, debe erradicarse la discrecionalidad en la promoción de los jueces y magistrados que ocupan las altas magistraturas. Es menester la existencia de un concurso perfectamente reglado. Los criterios podrían ser: los años de servicio, las contribuciones académicas, etc. Quien desease promocionar presentaría su candidatura y, de entre los candidatos, el CGPJ (copado por vocales sorteados) elegirá al que más puntos haya reunido. Ascenderían, de esta forma, los más capaces, no los más dóciles o partidarios. Para esta reforma, es suficiente que el CGPJ dicte un nuevo decreto con los nuevos criterios y elimine la discrecionalidad que actualmente contempla el Reglamento 1/2010.

En tercer lugar, debe derogarse el artículo 330.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Según este precepto, las Asambleas legislativas de las comunidades proponen una terna de candidatos —todos ellos «juristas de reconocido prestigio», a juicio de los políticos autonómicos, con más de diez años de experiencia en la comunidad autónoma—al CGPJ para cubrir un tercio de los puestos de las salas civil y penal de los tribunales superiores de justicia. O sea, los partidos políticos autonómicos (PP y PSOE) designan, sin mediación alguna, a los jueces que los juzgarán en la comunidad autónoma. Una vergüenza. Los jueces, reiteramos, deben ser promocionados por el CGPJ conforme a criterios reglados, no según los intereses políticos del momento y lo que unos, por lo general, mediocres políticos profesionales entienden por «jurista de reconocido prestigio», quienes, como ellos, rara vez lo tienen. Luego, apremia derogar ese artículo para ganar en decoro.

VI La naturaleza humana es siempre la misma. Las corruptelas y los intentos de manipulación por parte del poderoso nunca desaparecerán. Mas pensamos que las altas magistraturas del maltrecho Poder Judicial ganarían en higiene si las reformas propuestas por el profesor Sosa Wagner se emprendiesen. La opinión pública se calmaría y las sospechas de lawfare probablemente se esfumarían.

Lo que realmente importa no es quién designa al juez —si un CGPJ o un departamento del Ministerio de Justicia— sino que este sea independiente en su función. Que no se someta más que a la ley. Para lograr la añorada independencia, la discrecionalidad en los nombramientos debe eliminarse y el concurso reglado implantarse, y los partidos y las asociaciones deben dejar de manosear el CGPJ. ¿Tenemos confianza en que esto ocurrirá? Ninguna. Pero, por si acaso, ahí queda lo dicho por el profesor Sosa Wagner, que hemos hecho propio. Esta reforma no sería una farsa.

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Haga lo que haga Pedro Sánchez la amnistía ya le ha estallado en las manos

OKDIARIO. 30 Enero 2024

La situación es surrealista: las últimas enmiendas pactadas entre el PSOE y Junts para tratar de salvar y blindar penalmente a Carles Puigdemont y otros actores del procés han sido desmontadas por el juez Manuel García-Castellón, que imputa un delito de terrorismo a los miembros de Tsunami que desataron la violencia extrema en Barcelona en 2019.

Los intentos del Gobierno de buscar una salida para el ex presidente de la Generalitat se complican y el propio entorno del líder de Junts es consciente de que la última redacción de la ley no les garantiza librarse de la acción de la justicia, por lo que no sería en absoluto descartable que la formación separatista vote en contra de la enmienda que pactó con los socialistas si estos no acceden a amnistiar cualquier delito de terrorismo y también de alta traición.

En ese caso, es posible que el proyecto de ley no sea aprobado y vuelva a la Comisión de Justicia del Congreso para su debate, otra vez, entre los grupos políticos. O sea, que la ley vuelva a los corrales después de una efímera tramitación parlamentaria que ha puesto de manifiesto que Pedro Sánchez se ha metido él solito en una encrucijada de difícil salida.

Y es que por mucho que el presidente del Gobierno sea capaz de triturar el Estado de Derecho para perpetuarse en el poder ha ido tan lejos en su desafío al ordenamiento jurídico que hoy por hoy es un títere en manos de Puigdemont, que es quien tiene la llave de la legislatura. Cuando esto no ha hecho más que empezar ya han saltado todas las costuras de un pacto que a Pedro Sánchez se le ha atragantado a las primeras de cambio. Todo es posible y cada negociación parlamentaria con Junts se convierte en una tortura para el PSOE, que decidió enfrentarse al abismo con tal de seguir en el poder. El problema es que vive al filo de lo imposible y que está llevando a España a una situación insostenible.

Amnistía por siete votos

CAYETANO GONZÁLEZ. libertad digital. 30 Enero 2024

El mismo que dijo tres días antes de las elecciones generales que la amnistía era inconstitucional, este martes la va a votar en el Congreso.

El sanchismo tiene como una de sus manifestaciones principales retorcer los argumentos para explicar su toma de decisiones hasta límites inimaginables para una persona normal. O también, directamente, se limita a no decir la verdad, justificando el mentir de una forma descarada, como "un cambio de opinión". En este terreno, hay que reconocer que el jefe del sanchismo es imbatible: nunca antes un presidente del Gobierno había mentido tanto.

Este martes se aprobará en el Congreso de los Diputados la ley de amnistía, que supondrá el golpe más letal a la democracia que empezó con la Constitución del 78. El problema es que el golpe lo liderará el presidente del Gobierno y secretario general del sanchismo porque necesita de los votos de los destinatarios principales de la amnistía para seguir en el poder.

Durante estas semanas, tanto Sánchez como sus ministros palmeros –principalmente Bolaños, Montero y Alegría— así como los otros palmeros que tiene en los medios de comunicación, han repetido hasta la saciedad que esta amnistía lo que pretende es recuperar el clima de convivencia en Cataluña, perdido —según el propio Presidente— en 2017 por los errores tanto del independentismo como del Gobierno de Rajoy. Es decir, equipara el intento de golpe de Estado de los independentistas, con la defensa de ese Estado que tuvo que hacer el ejecutivo de entonces, con la aplicación, entre otras medidas, del artículo 155 de la Constitución, apoyado personalmente por el propio Sánchez y por el PSOE.

Pero a pesar de la perseverancia en mantener ese argumento —recuperar la convivencia en Cataluña—, una gran parte de la opinión pública sabe que eso no es verdad. La única y verdadera razón para aprobar esta ley de amnistía es que Sánchez necesita los siete votos del prófugo Puigdemont para seguir en la Moncloa. Todo lo demás es un intento bastante indecente de falsear la realidad. Con tal de seguir en el poder, Sánchez es capaz —como está demostrando cada día— de ceder en lo que haga falta.

La última, pero habrá más, cesión es la impúdica e inmoral distinción entre terrorismo bueno y terrorismo malo, para poder incluir a los miembros de los CDR y de Tsunami Democrátic que llevaron a cabo los graves actos de violencia en Cataluña tras conocerse la sentencia del juicio del procés.

Bolaños, ese chico para todo que tiene Sánchez en el gobierno, ha dicho que no es comparable lo que pasó con el terrorismo de ETA a lo vivido en las calles de Cataluña. Se olvida Bolaños, porque, aunque se cree muy listo, tiene también sus lagunas, que, en el País Vasco, aparte de los asesinatos de ETA, hubo durante bastantes años la llamada "kale borroka", una violencia callejera que quemaba cajeros, autobuses, contenedores, rompía escaparates, arrancaba farolas, agredían a la policía. Eran "los chicos de la gasolina", como les definió el otra hora pope del PNV, Xabier Arzalluz.

Muchas de las imágenes que pudimos ver los españoles en aquellos días en Barcelona: en la vía Layetana frente a la Jefatura Superior de la Policía Nacional, el asalto multitudinario al aeropuerto del Prat, los cortes en carreteras, los ataques a la policía, recordaban perfectamente las escenas de la citada "kale borroka" en el País Vasco. Y a todos sus culpables, ahora se les va a amnistiar, porque Sánchez necesita los siete votos de Junts para que el jefe del sanchismo siga en la Moncloa.

Les amnistiará si la Unión Europea le deja, o si jueces como Manuel García-Castellón no cumplieran impecablemente con su labor, soportando incluso ya las clásicas campañas de desprestigio puestas en marcha por los ventiladores de Moncloa y Ferraz. Es tan "progresista" este presidente que no se le ocurre otra gracieta que hablar de la "fachoesfera", en referencia a todos los que critican sus políticas, y concretamente la ley de amnistía que se aprobará este martes.

No se me van de la memoria esas palabras proféticas de la madre de los Pagazaurtundua, Pilar Ruiz Albisu, cuando en 2006 le dijo al ahora portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, que se acababa de reunir con la ilegalizada Batasuna, aquello de que "harás y dirás cosas que nos helarán la sangre". Ya lo estamos viendo y lo que todavía está por venir. Y todo por la avaricia de poder de un personaje que no se para ante nada para conseguir sus objetivos, aunque eso suponga infringir un duro golpe al Estado, a la democracia, a la convivencia de los españoles.

El mismo que dijo hace pocos años que se comprometía a traer a Puigdemont a España y a ponerlo a disposición de la Justicia, se va a reunir con él en las próximas semanas, en el extranjero, de tú a tú. El mismo que dijo tres días antes de las elecciones generales que la amnistía era inconstitucional, este martes la va a votar en el Congreso, y con él, todos los serviles diputados de lo que en otro momento fue el PSOE y que ahora es un mero instrumento al servicio del jefe del sanchismo. Qué vergüenza.

Indignación en el TC con Conde-Pumpido: "Está creando el caldo de cultivo para las acusaciones por 'lawfare'"

Fuentes del TC consultadas por Libertad Digital denuncian que Conde-Pumpido "está marcando un rumbo para favorecer al PSOE, al Gobierno y sus socios".

Miguel Ángel Pérez. libertad digital. 30 Enero 2024

Hace dos semanas, el Constitucional enmendaba la plana al Alto Tribunal en dos ocasiones en apenas 24 horas: el Tribunal de Garantías anulaba la condena impuesta por el Supremo al exdiputado podemita Alberto Rodríguez por patear a un policía y al día siguiente, revocaba otra resolución del propio Supremo que acordaba repetir el juicio contra el líder de EH-Bildu Arnaldo Otegi por intentar reconstruir Batasuna en el caso Bateragune.

Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que "el presidente del TC está marcando un rumbo en el Tribunal de Garantías para favorecer al PSOE, al Gobierno de Pedro Sánchez y a sus socios. Las resoluciones que está adoptando el Constitucional están creando el caldo de cultivo propicio para alentar las acusaciones por supuesto lawfare contra jueces y magistrados. Conde-Pumpido se está volviendo a manchar la toga con el polvo de la camino".

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, señaló en la Cámara Baja a magistrados como Manuel Marchena, Pablo Llarena, Carmen Lamela, Carlos Lesmes o Concepción Espejel. "Las resoluciones auspiciadas por Conde-Pumpido están alimentando las acusaciones por supuesto lawfare que apuntan la coalición de Yolanda Díaz, Junts, ERC e incluso EH-Bildu".

Conde-Pumpido junto a la mayoría izquierdista del tribunal anuló el pasado martes la sentencia del Supremo que condenó al exdiputado de Podemos, Alberto Rodríguez, por patear a un policía a la pena de 1 mes y 15 días de prisión. Se estimó así el recurso de amparo presentado por el exdiputado de Podemos con los 7 votos a favor de los magistrados izquierdistas y los 4 en contra de los conservadores. La sentencia fue ponencia de la magistrada izquierdista María Luisa Segoviano. Después de conocer el fallo, Alberto Rodríguez afirmaba en una entrevista que tenía "claro que el lawfare existe y opera a diario"

Al día siguiente, el Constitucional amparaba a Arnaldo Otegi para evitar que el líder de EH-Bildu fuese juzgado de nuevo por intentar reconstruir Batasuna en el llamado caso Bateragune. El Pleno del Tribunal de garantías estimaba el recurso presentado por Otegi una vez más como es habitual con los 7 votos a favor de los magistrados izquierdistas y los 4 en contra de los conservadores, avalando la ponencia del también magistrado izquierdista y exministro de Justicia de Pedro Sánchez, Juan Carlos Campo.

El propio Otegi tras conocer el amparo que le brindaba el Constitucional afirmaba que este caso era "la historia de un lawfare contra el independentismo vasco" que fue orquestado por los poderes del Estado con la "intención", ha dicho, "de evitar que la violencia armada desapareciera de la ecuación política".

La venganza de Conde-Pumpido con el Supremo

Tal y como publicó este diario, la venganza de Conde-Pumpido contra el Tribunal Supremo se debe a que nunca llegó a ser presidente de la Sala Penal. En el año 2014, optó a la presidencia junto a Manuel Marchena y el magistrado Miguel Colmenero. Finalmente, Marchena le arrebató la presidencia al obtener 12 de los 20 votos del pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Conde-Pumpido obtuvo 7 votos y Colmenero uno".

Conde-Pumpido fue elegido magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en 1995 y se convirtió en fiscal general del Estado durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero entre abril de 2004 y diciembre de 2011. En 2017, fue elegido magistrado del Tribunal Constitucional y llegó a la presidencia del mismo en enero de 2023.

VOX HA SIDO EXCLUIDO DEL DEBATE DEL 5-F

VOX recoge firmas para denunciar la censura de la televisión gallega: «Han decidido que nuestras ideas no se pueden oír»

LGI. gaceta. 30 Enero 2024

VOX ha lanzado una recogida de firmas contra la censura de TVG —la Televisión pública gallega—, ya que la formación liderada por Santiago Abascal no ha sido invitada a participar el próximo 5 de febrero en el debate electoral de cara a los comicios del próximo 18 de febrero. En el debate sí estarán PP, PSOE, BNG, Sumar y Podemos.

El secretario general de la formación, Ignacio Garriga, ha lamentado este lunes que el PP «se haya equivocado de enemigo» al pactar la exclusión de VOX, al tiempo que ha recalcado que los votos a su formación son «útiles» para alejar la posibilidad de que la izquierda gobierne la comunidad autónoma.

Garriga ha insistido en que esta estrategia, que asemejan a la seguida por los populares el 23J, es errónea. «No hay mayor voto útil que aquel que aleja un posible gobierno de la extrema izquierda de la mano de los nacionalistas», ha señalado.

Estos son los ideales de los rebeldes de Vox en Baleares: €€€€€€€

OKDIARIO. 30 Enero 2024

Un mínimo de honestidad intelectual y de coherencia obliga a posicionarse a favor de la dirección nacional de Vox en su decisión de expulsar a los cinco diputados autonómicos críticos con la estrategia de la formación que han dado un golpe de mano y se han hecho con el control del grupo parlamentario tras expulsar a la líder del partido en Baleares, Patricia de las Heras, y al presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, ambos afines a Santiago Abascal. Tras el motín de los rebeldes no hay, por mucho que estos lo utilicen de argumento, demasiado sustento ideológico, pues no estamos ante una ruptura por profundas discrepancias de criterio, sino ante una acción orquestada por dinero y poder.

De esta forma cabe resumir el movimiento de los cinco: la codicia política en su grado más extremo, de manera que estamos ante una indigna rebelión que merece el mayor de los reproches. De las Heras, designada por la dirección nacional como su líder en Baleares, ha defendido en todo momento la necesidad urgente de la libre elección de lengua en los colegios del territorio, porque así se pactó con el PP en el acuerdo de investidura y porque esa medida formaba parte -era una de sus piedras angulares- del programa de Vox para las elecciones de mayo. Los rebeldes han abdicado de esta medida y traicionado a sus votantes, por mucho que ahora vengan con la cantinela de que lo han hecho para avanzar en la estrategia del partido en las islas. Da toda la sensación de que el movimiento responde a la desatada ambición personal de cinco desleales que se han pasado por el forro de su ambición, una de las señas de identidad de su partido: el fin de la inmersión lingüística. Los rebeldes se han retratado como unos consumados traidores a los principios de su partido, porque no lo han hecho por convicción ideológica, sino por mero interés económico.

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