Recortes de Prensa Viernes 14 Junio 2024

Rusia lanza un ataque combinado contra Ucrania con 14 misiles y 17 drones
Henar Andrés. Madrid. 14 Junio 2024

Ucrania ha informado de que esta madrugada Rusia ha lanzado un ataque combinado contra su territorio con 14 misiles de distintos tipos y 17 drones kamikaze Shahed. Las autoridades locales, que no han especificado los daños, destacaron que todos los aviones no tripulados y la mitad de los misiles fueron derribados.

Mientras, el Ministerio de Defensa de Rusia ha asegurado que ha interceptado 87 drones ucranianos esta madrugada y que 70 de ellos tenían como objetivo la región de Rostov, que alberga el cuartel general de la operación rusa en Ucrania.

Por otra parte, Ucrania recibió este jueves un nuevo impulso tras la aprobación por parte del G7 de un crédito de 46.000 millones de euros que se utilizarán para armar a nuevas brigadas para relevar a las que combaten en el frente, según informó Zelenski.

Además, el presidente ucraniano firmó un acuerdo de seguridad de 10 con Estados Unidos que podría servir de "puente" para que su país entre en futuro en la OTAN.

8:00

Ucrania derriba 7 de los 14 misiles y los 17 drones lanzados por Rusia

El ejército ucraniano ha informado de que ha derribado siete de los 14 misiles y los 17 drones lanzados por Rusia en un ataque nocturno. Las fuerzas de defensa antiaérea derribaron siete de los 10 misiles de crucero Kh-101/Kh-555. Rusia también lanzó tres misiles balísticos Iskander-M y un misil balístico Kinzhal en su ataque, informa Reuters.

El ejército ucraniano derribó objetivos en siete regiones. El gobernador de Zaporiyia dijo que un misil impactó en una zona abierta sin que se informara inmediatamente de daños ni víctimas. La fuerza aérea también destruyó cinco aviones no tripulados sobre la región de Dnipropetrovsk.

7:45

Cortes de electricidad

El ataque ucraniano "no causó víctimas" en la región de Rostov, donde se encuentra el cuartel general de la operación rusa en Ucrania, pero sí cortes de electricidad en varias localidades, indicó en Telegram el gobernador regional, Vasili Goloubev.

En la región de Voronezh, fronteriza con Ucrania, "un tanque de un depósito de petróleo resultó ligeramente dañado" tras la caída de restos de drones, según el gobernador regional Alexander Gusev. El ataque no provocó ningún incendio y nadie resultó herido, precisó en Telegram.

7:40

Rusia asegura haber derribado 87 drones ucranianos

"Durante la noche, se impidió un intento del régimen de Kiev de llevar a cabo un ataque terrorista utilizando drones aéreos (...)", dijo el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado. "Un total de 87 drones ucranianos fueron derribados sobre regiones rusas", añadió.

"Los sistemas de defensa antiaérea interceptaron y destruyeron drones sobre la región de Belgorod (2), Volgogrado (2), Vorónezh (6), Kursk (6), Rostov (70), así como un dron sobre la península de Crimea", precisó la misma fuente.

Sánchez reacciona como un tirano
LIBERAL ENFURRUÑADA. okdiario. 14 Junio 2024

Una forma sencilla de distinguir una democracia de una tiranía consiste en comprobar si existe o no separación de poderes. En las democracias, la autoridad o soberanía, que reside en el pueblo, es delegada por éste en los tres poderes tradicionales: legislativo, ejecutivo y judicial. Para ello, se eligen democráticamente a unos representantes en los que el pueblo delega la capacidad de redactar leyes, que es el poder legislativo ejercido por diputados y senadores.

Del mismo modo, el pueblo elige democráticamente a otros representantes distintos, para que administren esas leyes, estos conforman el poder ejecutivo, o sea, el Gobierno. Y finalmente, el pueblo decide la forma en que se va a ejercer el Poder Judicial. En nuestro caso, los españoles decidimos al aprobar nuestra Constitución que «la justicia se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley».

A estos tres poderes tradicionales se unió en el siglo XIX un mal llamado cuarto poder que se atribuye a la prensa, como control y garante de los tres anteriores. En realidad, llamar poder a la prensa es una tremenda exageración. Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, en la medida en que ejercen de forma delegada la soberanía del pueblo, tienen unas capacidades para cambiar las leyes, aplicarlas y asegurar su cumplimiento del que carece absolutamente la prensa. Pero es cierto que la existencia de una prensa libre e independiente, en un entorno en el que se respete la libertad de expresión, es una garantía democrática que impedirá los abusos en el ejercicio del poder.

A diferencia de los sistemas democráticos, en las tiranías los tres poderes los ejerce el tirano, que es quien redacta las leyes, las ejecuta y asegura su cumplimiento. Y para poder controlar a su voluntad tanto la justicia, como el Parlamento y el Gobierno, el tirano también someterá a la prensa, para que el pueblo reciba sólo la información que él quiera hacerles llegar.

Supongamos un país imaginario en el que un gobernante consiguiera hacerse con el control absoluto de uno de sus principales partidos políticos, eliminando de sus órganos cualquier atisbo de oposición. Que, una vez dominado ese partido político, se presentase a unas elecciones democráticas prometiendo que iba a hacer ciertas cosas y que de ninguna manera haría otras distintas. Que consiguiese los votos suficientes para hacerse con el poder, a condición de incumplir todas sus promesas electorales, como le exigen sus socios parlamentarios. Que, una vez dominado el Gobierno, se dedicara a enchufar a su esposa y a su único hermano, para que ambos se forren gracias a él. Que la prensa libre denunciase estos chanchullos y la justicia independiente decidiera investigarlos.

Si ante estos supuestos hechos, el dirigente imaginario presentase su dimisión para que los jueces pudieran llegar hasta el final en sus investigaciones sin ninguna injerencia, estaríamos en una democracia. Pero si, por el contrario, la reacción del gobernante fuera amenazar a la justicia con arrebatarle sus funciones jurisdiccionales y, al mismo tiempo, advertir a la prensa libre de que va a ser castigada por atreverse a investigar a su familia; ese dirigente encajaría a la perfección en la definición de tirano

Sin prensa libre, justicia independiente y separación de poderes, aunque haya urnas no habrá democracia. La forma como Pedro Sánchez ha reaccionado contra la oposición, el sistema judicial español y los medios de comunicación independientes al conocer la imputación de su esposa y su hermano es la típica de un tirano. Los españoles no podemos confiar en que las instituciones europeas vengan aquí a defender nuestra democracia. Pedro Sánchez va a intentar convertirse en tirano, tiene claro que son los jueces y los medios de comunicación los únicos que lo pueden frenar y por eso su ataque ha sido tan claro y directo.

La degradación absoluta del Tribunal Constitucional
EDITORIAL. el debate. 14 Junio 2024

Sánchez ha hundido al Alto Tribunal por su empeño en convertirlo en un órgano de apelación para aprobar todos sus caprichos

El deterioro del prestigio del Tribunal Constitucional, ya galopante, se inició cuando Pedro Sánchez decidió convertirlo, sin ningún pudor, en una mera extensión de La Moncloa, con el evidente objetivo de dar apariencia de legalidad a los múltiples abusos que necesita cometer para mantener estable su Gobierno.

Llenar el Alto Tribunal de exministros y asesores personales y poner al frente a Cándido Conde Pumpido, que ya dio sobradas pruebas de su estricta obediencia al PSOE cuando fue fiscal general del Estado con Zapatero, fue una declaración de intenciones exhibida en público con insólito desparpajo.

Y quien pudiera tener dudas de ello, pudo aclararlas bien pronto: desde el primer momento, el Constitucional se ha dedicado o bien a refrendar leyes infames como la del aborto o a mirar para otro lado ante otras como la de amnistía, evitando hacer siquiera leves gestos que permitan confiar en su independencia cuando llegue el momento.

El corolario de esta decrepitud puede llegar bien pronto si, como todo indica, se dedica a revocar la sentencia firme contra la exconsejera y exministra andaluza Magdalena Álvarez, condenada por su participación en el escandaloso caso de los ERE en Andalucía, con toda probabilidad la mayor trama corrupta que nunca ha habido en España.

Pedro Sánchez, en persona, ya la indultó en un reciente mitin, presentándola como otra víctima iniciática del fango con el que pretende también explicar, sin ningún decoro, los problemas judiciales de su esposa, de su hermano y, al fin y al cabo, de él mismo.

Y tras ese mensaje se adivina una invitación, cuando no una orden, a que el Tribunal Constitucional la exonere de todos sus excesos y la convierta, efectivamente, en una víctima inocente de las conspiraciones políticas y judiciales que padece el PSOE.

La degradación de las instituciones que perpetra Sánchez, fruto de sus urgencias y codicia, es bien conocida: el Congreso, la Fiscalía General, el CIS o el ente público RTVE se han transformado en burdos anexos a Ferraz, obviando su condición de pilares del Estado y aceptando su reconversión en herramientas partidistas sin complejos.

Pero metamorfosear a la fuerza al Tribunal Constitucional en una instancia de apelación, incompatible con su naturaleza y función, supera todos los límites y presagia un ataque sin precedentes al Estado de derecho.

Porque si ahora se comporta como una especie de abogado defensor de una corrupta como Álvarez, mañana será bien capaz de blanquear los previsibles excesos que Sánchez puede necesitar legalizar para sobrevivir en su cargo. Por ejemplo, cómo no temerlo, un referéndum de independencia impuesto por los socios de un presidente desesperado.

La prensa, víctima de la nueva andanada totalitaria de Sánchez
EDITORIAL. libertad digital. 14 Junio 2024

Si queremos una democracia que merezca tal nombre es imprescindible que tanto tribunales como medios funcionen con independencia del poder político.

Como todo hacía prever, el Gobierno va a tratar de prolongar la legislatura lanzando el ataque final contra las instituciones que garantizan un nivel aceptable de democracia en cualquier país civilizado. Ante su debilidad parlamentaria y, sobre todo, ante la catarata de casos de corrupción que le acosan –por cierto, es absolutamente insólito que en un país de la Unión Europea se impute a la esposa y el hermano del primer ministro y al exsecretario general de su partido y no dimita nadie– a Sánchez no le queda otro remedio que acelerar su golpe y cargar, para empezar, contra los jueces que podrían llegar a juzgarle a él o a sus familiares y contra los periódicos que destapan los tejemanejes que se han desarrollado a la sombra de su poder y los negocios más que turbios y multimillonarios que han crecido en su entorno más cercano.

Es necesario insistir una y mil veces en que las voces de alerta que están surgiendo cada vez con más claridad desde el entorno judicial o el periodístico no son, como algunos podrían pensar, fruto del corporativismo de profesiones que deseen preservar privilegios. No se trata de que los tribunales o los medios de comunicación sean mesías salvadores de la patria, pero si queremos una democracia que merezca tal nombre es imprescindible que tanto unos como otros funcionen en libertad y con independencia del poder político.

En el colmo de la hipocresía y la desvergüenza, Pedro Sánchez ha anunciado esta nueva andanada liberticida en una entrevista vergonzosamente complaciente en Televisión Española, con una periodista colocada a dedo y con un suelto elevadísimo –muy muy por encima no sólo de su prestigio, sino de los sueldos del sector– y de un sectarismo atroz, que escandaliza incluso en un ente público que siempre ha estado al servicio de los distintos gobiernos.

Con ello, y probablemente sin quererlo, el presidente del Gobierno ha mostrado con toda claridad que su visión de los medios de comunicación es la de un dictador de aspiraciones totalitarias, que sólo admite en la prensa la sumisión perruna que exhibe la bien pagada Intxaurrondo. En resumen: no hay ninguna duda de que lo que Sánchez entiende por una prensa sin el famoso "fango" es lo mismo que entendería Kim Jong Un.

Por último, hay que reseñar también el papel lamentable que muchos medios y muchos supuestos profesionales de la información –como la propia Intxaurrondo– están jugando en esto. Desde el sectarismo extremo de los que ven una oportunidad de eliminar enemigos ideológicos –y de paso competidores empresariales– hasta el silencio atronador y vergonzante de las asociaciones profesionales que asisten en silencio, cuando no jalean, a un proceso que en la práctica aspira ya no a establecer una censura, sino a algo todavía peor: acabar con todo aquello que no sea puro servilismo con el poder.

Más allá de los comprensibles y respetables planteamientos ideológicos que cada medio y cada profesional tienen derecho a mantener, algunos están arrastrándose con una bajeza que dice bien poco de una profesión que, incluso a pesar de estos ejemplos de vileza, es imprescindible en una democracia que merezca tal nombre.

Recurso al TSJM por la negativa de la Comunidad de Madrid a asumir el BIC de Cuelgamuros
La Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos asegura que desde Sol «apelan a un real decreto para el recinto que aún no existe: están colaborando con el Gobierno en su desmantelamiento»
ANDRÉS BARTOLOMÉ. la razon. 14 Junio 2024

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos (ADVC) contra la resolución de la Comunidad de Madrid que desestima la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) del conjunto de Cuelgamuros. La ADVC recurre a la vía judicial después de insistir en esta medida de protección desde julio de 2021 con el objetivo de que el conjunto monumental sea «rescatado de la ruina». Pero el Gobierno regional rechazó dar este paso en una resolución del director general de Patrimonio (12 de febrero de 2024) y, la última vez, del viceconsejero de Cultura (el pasado 22 de mayo), «por tratarse de un bien adscrito a servicios públicos gestionados por la Administración del Estado».

La entidad que preside Pablo Linares considera, por contra, «que lo que se integra en el Patrimonio Nacional son los derechos y obligaciones de administración que corresponden al Patronato, pero no así los bienes pertenecientes a la Fundación». En su opinión, «ni el Valle de los Caídos es un bien adscrito a ningún servicio público, ni está gestionado por la Administración del Estado, sino por el propio Patronato de la Fundación titular del bien, sin perjuicio de que dicho Patronato esté conformado por el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional».

En su escrito de mayo, la Comunidad de Madrid contestó a la ADVC que la competencia autonómica para iniciar el procedimiento y, en su caso, alcanzar la declaración de un determinado bien como BIC «solo está condicionada a que no concurra alguno de los presupuestos identificados en el artículo 6.b) de la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español: [se entenderá como organismos competentes para su ejecución] los de la Administración del Estado, cuando así se indique de modo expreso o resulte necesaria su intervención para la defensa frente a la exportación ilícita y la expoliación de los bienes que integran el Patrimonio Histórico Español. Estos organismos serán también los competentes respecto de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español adscritos a servicios públicos gestionados por la Administración del Estado o que formen parte del Patrimonio Nacional». «Criterios competenciales» que, defiende el ente regional, han sido «interpretados» tanto por el Tribunal Constitucional como por el Tribunal Supremo.

«Al no haberse dictado disposición reglamentaria alguna que disponga la integración de los bienes que se consideran en el Patrimonio Nacional», la ADVC «considera que la titularidad corresponde a la propia Fundación». A este respecto, el Ejecutivo de la Puerta del Sol apunta que «el régimen patrimonial del Valle de Cuelgamuros no parece haber sufrido cambios desde su inicial regulación», porque la Ley de Patrimonio Nacional no se llevó a efecto. Sin embargo, con la promulgación de la Ley de Memoria Histórica (2007) «se volvieron a formular ciertas previsiones referidas al Valle de los Caídos». En este contexto, y con la «regulación del procedimiento para dar cumplimiento a las exhumaciones que pudieran resultar de conformidad con lo dispuesto» en la norma, hubo «ciertos pronunciamientos del Tribunal Supremo» en los que se señaló que «la Basílica, el conjunto del Valle de los Caídos, es un bien de titularidad pública estatal integrado en el Patrimonio Nacional, aunque se haya confiado su administración a la comunidad benedictina». Para la Secretaría General Técnica de la Consejería de Cultura, aunque «esta afirmación no es el fundamento principal del fallo, debe reconocerse un valor intrínseco a tal declaración en cuanto constituye un precedente que proviene del Supremo y en la medida que dicho pronunciamiento se ha reiterado al menos en cuatro ocasiones (...) , por lo que no podemos obviar que la inclusión del Valle de los Caídos en el Patrimonio Nacional que proclama la Sala sea irrelevante o intrascendente».

«A mayor abundamiento» refiere que «el artículo 54.5 de la Ley de Memoria Democrática declara extinguida la Fundación, bajo la justificación de que sus fines resultan incompatibles con los principios y valores constitucionales, aunque difiere los efectos de dicha extinción hasta la aprobación de un real decreto en el que se establezca el nuevo marco jurídico aplicable, el cual ha de determinar la organización, funcionamiento y su régimen patrimonial».

Por tanto, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso concluye que «un régimen especial transitorio» se hará cargo de «la liquidación a que dará lugar la extinción ordenada, en espera del desarrollo reglamentario prevenido». Este proceso, «sin producir un efecto traslativo inmediato de la titularidad de los bienes del Valle de Cuelgamuros, incorpora un mandato que presagia un próximo traslado de la propiedad al Patrimonio Nacional o al Patrimonio del Estado, reflejando así una inequívoca determinación legal de modificación del estatus patrimonial».

Por este motivo, aducen desde el Ejecutivo regional, «el ejercicio de eventuales competencias por parte de la Comunidad de Madrid con afección en dichos bienes, aprovechando este contexto de interinidad, constituiría una merma del principio de lealtad institucional (...) y una vulneración del deber de colaboración entre las Administraciones Públicas».

Además, añade la Comunidad que «el Valle de Cuelgamuros está adscrito no solo a unos servicios culturales y turísticos (...), sino también al servicio de fomento de los valores democráticos y de convivencia, así como los pedagógicos reseñados en la Ley de Memoria Democrática», según la cual el complejo queda marcado como «lugar de memoria».

Para el Gobierno de Ayuso «no plantea controversia» la afirmación de que «ese servicio público esté “gestionado por la Administración del Estado”, ya que ciertamente los usos a los que se destina el Valle de Cuelgamuros se gestionan por Patrimonio Nacional».

Añade que «el artículo 1.5 del Real Decreto 204/2024, de 27 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, dispone que el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional depende orgánicamente de la Presidencia del Gobierno, a través del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes». Su conclusión es que «la competencia para incoar y declarar, en su caso, BIC al Valle de Cuelgamuros correspondería al Estado en exclusiva».

Para Pablo Linares, con esta afirmación y su proceder, «la Comunidad está colaborando con el Gobierno en el desmantelamiento del Valle de los Caídos».

«Saben que están legitimados»

El presidente de la ADVC, Pablo Linares, se confiesa «extrañado por los argumentos» de la Comunidad de Madrid. «Apelan a una ley que todavía no es vigente, y no sabemos cuándo lo será». De «forma insólita se están adelantando así al tiempo que está marcando el propio Gobierno». Considera que si «aún no hay un real decreto es porque evidentemente deben abordar temas extraordinariamente sensibles, que seguro no tienen claro jurídicamente», pero «según se pronuncia la propia Comunidad parece que está deseando que salga [la norma] para quitarse el problema de encima». En su opinión, «los consejeros y Ayuso –que está desoyendo los escritos en los que pedimos una reunión con ella– saben perfectamente que están legitimados para la incoación del expediente. Y solamente con eso hubiera valido. Habríamos tenido tiempo entonces como peticionarios para argumentar los motivos del BIC», afirma Linares, para quien «todo lo que ocurra en el Valle a partir de ahora, con la temida resignificación que quieren llevar a cabo, en parte será culpa de su inacción».

******************* Sección "bilingüe" ***********************

¿Quién detiene el golpe?
JAVIER TORRES. gaceta. 14 Junio 2024

En los días del golpe separatista hizo fortuna entre sorayos y marianistas la creencia de que aquello se paraba con el código penal, que a Puigdemont, Junqueras, los Jordis y la turba que les seguía los frenarían divisiones de abogados del Estado recitando la Constitución. Que las urnas del 1 de octubre se disolverían en cuanto la brigada Aranzadi cruzara el Ebro y los traidores, muy contritos, volverían a la senda constitucional al grito de libertad, libertad, sin ira libertad.

Nada de eso ocurrió. Hubo referéndum y el Gobierno fue doblemente humillado porque la operación diálogo emprendida por doña Soraya fracasó tres años después de que Artur Mas también pusiera las urnas. Enternecía ver a la vicepresidenta poco antes del 1-O insistir en que Puigdemont se chocaría con el estado de derecho, que no habría referéndum y que ella no caería en provocaciones porque la fuerza de las leyes no necesita sobreactuación. Ese derroche de coraje hizo que los separatistas se la tomaran tan en serio que incluso Junqueras la cogió por los hombros.

Cuando volvemos a echar un vistazo a esa foto, con la vicepresidenta maniatada mirando al infinito, reparamos en que Felipe VI también aparece, aunque en un premonitorio segundo plano. Después, cuando la situación lo demandaba, el rey dio un paso adelante y pronunció el discurso del 3 de octubre. No es el escenario actual. El jefe del Estado ha firmado la amnistía que, además de eliminar la condena a los golpistas, reconoce que el Estado se equivocó. O sea, que el discurso que levantó el ánimo a una nación vejada es ahora papel mojado. Felipe VI dijo entonces que «es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones». Ahí queda eso.

Si no recuerdo mal, Pío Moa fue el primero que advirtió que la ley de memoria histórica de Zapatero era, sobre todo, un monumental jaque al rey, pues deslegitimaba la monarquía en la medida en que invalidaba el franquismo del que emana la legitimidad del 78 y de la propia corona, cuya restauración borbónica fue posible de la ley a la ley. Por supuesto, Juan Carlos I también estampó su firma en aquel homenaje al revanchismo convertido en norma, una enmienda a la totalidad contra nuestra historia. Entonces los tertulianos más avispados anunciaron que no era más que una cortina de humo del PSOE, la típica maniobra de distracción. Los jefes de aquellos tertulianos, por cierto, venían de condenar a sus propios abuelos sumándose a la declaración institucional del Congreso contra el alzamiento del 18 de julio. Más distracción.

No parecen suficientes derrotas para la derecha viva el rey manque pierda, que no ha aprendido nada del 14 de abril de 1931 cuando entregó el poder a quienes habían conspirado contra Alfonso XIII en el pacto de San Sebastián el verano anterior. Aquellas elecciones municipales no eran un plebiscito —como tampoco lo ha habido ahora contra Sánchez por más que Feijoo se empeñara— pero los republicanos se salieron con la suya al no encontrar resistencia.

Quienes creen que cuestionar al rey es caer en la trampa de Sánchez no nos explican algo: si el monarca no defendiera la unidad de España ni nuestros derechos y libertades ni la norma fundamental que los ampara o se pusiera de perfil ante la balcanización del país, ¿entonces para qué serviría? ¿Como atrezo en los desfiles del 12 de octubre y para leer un discurso en Navidad mientras las mamás dicen lo bien preparado que está?

Si la nación continúa su lento hundimiento habrá un momento en que parte de la tripulación decida si le merece la pena permanecer en ese barco en el que todos saben que naufragará, pero nadie hace nada. Como dijo Indalecio Prieto en abril del 30: es la hora de las definiciones y decidir si estar con el rey o contra el rey.

Por supuesto, es el debate arquetípico donde se aprecia la enorme brecha que hay entre boomers setentayochistas y las nuevas generaciones que ya no se tragan lo del orden constitucional, el 23F y la democracia que nos hemos dado. Los primeros creen que el Muro de Berlín no ha caído, que estamos en plena guerra fría (bueno, esto lo están logrando a pulso) y que el comunismo es una gran amenaza para la humanidad en 2024. Los segundos acudieron a Ferraz y rompieron el idilio de la derecha social con la policía y la monarquía, cuyo escudo desapareció de algunas rojigualdas.

En fin, que el cambio de régimen sigue adelante y al PP le toca salir al rescate a inyectar la anestesia al enfermo y decir que todo va bien. El bipartidismo, en plena forma, mete a ERC en el Ayuntamiento de Barcelona y a Rull a manejar el parlament cuando no tienen mayoría. Si no es para sospechar que están todos en el ajo…

Cómo será la cosa si hasta en los ruedos le piden a Felipe VI que esté a la altura, como el torero Paco Ureña, que le dedicó un brindis en San Isidro que pasará a la historia: «Va por usted, por España. Espero que defienda a España como lo necesitamos en la actualidad».

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