Recortes de Prensa Martes 18 Junio 2024
Un ataque con drones ucranianos provoca
un incendio en una refinería de Azov
Henar Andrés.
Madrid. el mundo. 18 Junio 2024
Vladímir Putin visita este martes Corea del Norte en su primer su primer viaje al hermético país asiático en casi 25 años y ha asegurado que Moscú y Pionyang desarrollarán "un sistema comercial y de pagos recíprocos que no esté controlado por Occidente", según ha publicado el diario norcoreano Rodong. El presidente ruso agradece al régimen de Kim Jong-un "por apoyar con firmeza la operación especial militar" rusa en Ucrania.
Mientras, Ucrania ha informado de que sus sistemas de defensa antiaérea han destruido los 10 drones que Moscú ha lanzado esta madrugada en las regiones de Zaporiyia y Dnipropetrovsk.
Por su parte, las autoridades rusas han asegurado que una refinería de petróleo se ha incendiado tras un ataque con drones en Azov, en la región de Rostov, donde se encuentra el cuartel militar de la operación rusa en Ucrania.
8:25
Putin visita el lejano oriente ruso de camino a Corea del Norte
El presidente Vladimir Putin hizo una parada en el extremo oriente de Rusia el martes de camino a una cumbre con el líder norcoreano Kim Jong Un en Pyongyang, según han informado los medios estatales rusos.
El viaje de Putin a la república productora de diamantes de Sajá, la región más grande de Rusia por superficie, fue su primera visita allí desde 2014, dijo la agencia de noticias TASS. Estaba previsto que mantuviera una serie de reuniones, entre ellas con el líder regional, antes de volar a Corea del Norte.
8:20
Ucrania afirma haber destruido 10 drones
Las Fuerzas Aéreas de Ucrania afirmaron el martes que sus sistemas de defensa antiaérea destruyeron los 10 drones que Rusia lanzó durante la noche contra el país.
Los drones fueron destruidos sobre Zaporiyia y Dnipropetrovsk en Ucrania, dijo la fuerza aérea en la aplicación de mensajería Telegram.
8:10
Un ataque ucraniano provoca un incendio en una refinería de Azov
Una refinería de petróleo se incendió el martes tras un ataque con drones en Azov, en la región de Rostov, donde se encuentra el cuartel militar de la operación rusa en Ucrania, según informaron las autoridades locales.
"Los depósitos de petróleo se incendiaron en Azov después de un ataque con drones", escribió en Telegram Vasili Golubev, gobernador de la región. Agregó que no hay víctimas, según las informaciones preliminares.
Putin
dice que trazará con Pionyang una red comercial y de pagos "no
controlada por Occidente"
Efe. Seúl. 18
Junio 2024
El presidente ruso, Vladímir Putin, ha asegurado que Moscú y Pionyang desarrollarán "un sistema comercial y de pagos recíprocos que no esté controlado por Occidente" en un editorial publicado este martes por el diario norcoreano Rodong con motivo de su visita al hermético país asiático.
En el texto, Putin defiende la relación histórica entre los dos países, agradece a Pionyang "por apoyar con firmeza la operación especial militar" rusa en Ucrania, y asegura que ve en el régimen de Kim Jong-un un aliado en su apuesta por establecer un orden multipolar que EE.UU. "ve como una amenaza para su hegemonía global".
Putin asegura que los "países que no aceptan esta postura y aplican políticas independientes se enfrentan a una presión externa cada vez más dura" y que Moscú y Pionyang, mediante la creación de esa red de pagos independiente que busca circunvalar mecanismos sancionadores, buscan "hacer las relaciones internacionales más democráticas y flexibles".
"Con este fin, desarrollaremos un sistema comercial y de pagos recíprocos que no esté controlado por Occidente y nos opondremos conjuntamente a medidas restrictivas unilaterales e ilegales", afirma en el texto el mandatario ruso, que añade que adicionalmente ambas partes establecerán "una red de seguridad igualitaria e indivisible en Eurasia".
Putin, que aterriza hoy en Pionyang para una visita de dos días, acusa además a Washington y sus aliados de "rechazar hasta ahora todos nuestros intentos de mediar pacíficamente en la situación (en Ucrania)" y asegura que "Rusia está preparada para un diálogo igualitario en los asuntos más complejos, pasados y futuros".
Pionyang ha sido uno de los defensores más vocales de la invasión rusa de Ucrania y, desde el año pasado -cuando Putin y Kim celebraron una cumbre en la región de Amur en la que acordaron cooperar militarmente-, la inteligencia occidental asegura que Corea del Norte ha enviado miles de contenedores con armamento que el Ejército ruso ha empleado contra Kiev.
Algunos analistas creen que esta histórica visita de Putin -es su primer viaje a Corea del Norte en 24 años- puede servir para profundizar más esa cooperación.
A su vez, Yuri Ushakov, asesor internacional del Kremlin, ha asegurado en una entrevista concedida a la agencia rusa Tass que este viaje puede abocar a un nuevo tratado que regule las relaciones bilaterales de cara a forjar una "alianza estratégica exhaustiva".
"Se está trabajando en este documento y de firmarse sustituirá los tratados fundamentales que se firmaron en 1961, 2000 y 2021", explicó Ushakov.
Putin vuela hoy desde Yakutia a Pionyang, desde donde viajará el miércoles a Vietnam para otra estancia de dos días.
«ENTREGAN EL GOBIERNO JUDICIAL A ALGUIEN QUE HA DADO UN GOLPE CONTRA LA CONSTITUCIÓN»
VOX
denuncia la «complicidad absoluta y lamentable» del PP con Sánchez
al mostrarse dispuesto a pactar con él para repartirse el CGPJ
LGI.
gaceta. 18
Junio 2024
El portavoz nacional de VOX, José Antonio Fúster, ha señalado este lunes que cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo que asumía en primera persona la tarea de la «regeneración democrática», no sabían que se refería a permitir que sus ministros llamen «saco de mierda» a periodistas y a la vez hacer planes con dinero público, con el bolsillo de los españoles, «para aplastar a cualquier voz crítica». «El plan de acción democrática (…) es el plan de represión democrática».
En una comparecencia en la sede del partido tras el Comité de Acción Política, se ha referido a la disposición del PP a pactar con Pedro Sánchez para el reparto del CGPJ, es decir, para «entregarle aún más poder tras haberle entregado también el Tribunal Constitucional». «Están entregando el gobierno judicial a una persona que ha dado un golpe contra la Constitución, contra los jueces, contra la igualdad y contra la libertad de prensa», ha señalado.
Se trata de «una complicidad absoluta con Sánchez y sus tropelías». Así, ha avisado de que no van a encontrar en VOX otra cosa que no sea «el señalamiento de todos los culpables, la denuncia internacional a la situación y todas las medidas que sean pertinentes».
Fúster se ha referido también a la avalancha de inmigrantes ilegales en Canarias, que según el Ministerio de Interior ha aumentado un 300%, lo que supone cuatro veces más que en el año pasado, «y un dato que no teníamos desde hace más de diez años». En este sentido, ha reiterado que la inmigración ilegal «tiene consecuencias terribles allí donde se produce», y ha recordado lo ocurrido en Francia o Bélgica en los últimos años, donde cientos de barrios «han perdido su identidad y su convivencia».
Regulación para la fachosfera
Hughes.
gaceta. 18
Junio 2024
Aprobada la amnistía, asumida la impotencia de oposición, instituciones y manifestantes y la ceñuda pasividad del rey firmante (no monarca, sino firmarca) hay, entre muchas, cuatro cosas para estar atentos los próximos meses: la financiación singular para Cataluña, la preparación del ambiente para un referéndum, la vuelta de tuerca a la justicia y el control de la prensa.
¿De qué prensa si la tienen toda? De la pseudoprensa, de los «pseudomedios», que dice Sánchez.
El domingo, el antropoide ministro Puente, en tono amenazante, se dirigió al periodista Vito Quiles como «saco de mierda».
Quiles pidió amparo a la FAPE (Federación de Asociaciones de Periodistas de España) que se lo deniega con el argumento, primero, de que no es periodista sino político y, segundo, de que mientras fue periodista vulneró sistemáticamente el código deontológico de la FAPE y el constitucional principio de veracidad. La FAPE se encoge de hombros y enseña a Quiles el camino de la justicia, en cuya instancia final ya sabemos quién está.
En los años 90, el PSOE tenía como enemigo al llamado sindicato del crimen, expresión de Cebrián para referirse a los periodistas que, con algún grado de concertación, elevaron la crítica sobre los corruptísimos gobiernos de Felipe González. Hablamos de radiofonistas como Antonio Herrero o Losantos, directores como Anson, Pedro J. Ramírez, periodistas como Martín Ferrand, Del Pozo, etc. Eran figuras contrastadísimas en sólidos medios de comunicación.
Vito Quiles es un joven de 23 años con un micrófono y media sonrisa. ¿Hemos pasado del Sindicato del Crimen a un chico de 23 años? Esto no es serio. Que el azote del gobierno sean Quiles y Negre resulta difícil de creer.
En el escrito de la FAPE late ya el espíritu de Sánchez, con el que anuncia que acabará con los «seudomedios». En su regulación (trasposición de Bruselas retocada de sanchismo, es decir, europepé aliñado con el perejil sanchista) definirá qué es un medio y qué no lo es. Los primeros emitirán noticias, los segundos bulos. Pero es que los medios son, casi en su totalidad, de PP y PSOE, mundo Ibex, Ibexia. Más allá no hay apenas estructura industrial, estructura periodística.
Otro joven reportero, Josué Cárdenas, ha publicado recientemente un libro, Dentro de la Fachosfera, donde además de saldar cuentas con excompañeros, asunto que no interesa aquí, deja una descripción (crítica) en tiempo real, el retrato al carboncillo de un mundo o submundo mediático. La llamada «fachosfera», lo que está a la derecha de la peperosfera, es de una absoluta precariedad. Una precariedad lastimosa. No hay una estructura periodística. No se han desarrollado empresas, negocios, una mínima solidez. Hay muy poco en la derecha no pepera y casi siempre aventuras personalistas. Hay pseudomedios, pero porque no puede haber otra cosa. No lo son porque digan pseudoverdades sino porque solo hay una pseudoindustria, e Internet abre un mundo facundo donde la charlatanería superará siempre al amateurismo, pues no puede haber otra cosa que amateurismo donde no hay medios. Gente intentando hacer bien las cosas desde su casa. Pero sin un duro.
Algo de dinero termina apareciendo, claro, pero si no hay industria ¿de dónde sale?
La 78esfera no admite una sola verdad y si la admite es en diferido. En los medios ibexeros (donde se está) mandan el PSOE y el PP, y para escribir o hacer un trabajo fuera de ellos hay que saltar al otro lado. Pero en ese otro lado (donde no se está sino que se pseudoestá) ya lo vemos, ni se merece entrada al Congreso, ni amparo de la FAPE, y el mismo estatuto de lo que se produce es sospechoso; al ostracismo periodístico y social se le añadirá pronto, sancionado institucionalmente, una especie de ostracismo epistemológico.
Medios, en definitiva, son los que dominan el PSOE y el PP. Lo otro son, por definición, «seudomedios» y como tales recibirán muy pronto su merecido y su regulación.
¿Se
atreverá Maduro a denunciar a Sánchez por plagiario?
OKDIARIO.
18 Junio 2024
Una de las acusaciones recurrentes de la izquierda es que comparar al socialcomunismo con Nicolás Maduro es muy poco original. No le falta razón, pero es que la comparación es de cajón cuando se analiza al detalle el «plan de regeneración democrática» que prepara el Gobierno y que, entre otras medidas, incluye un ataque a la prensa libre porque hay que «poner pie en pared ante la máquina del fango» y los «bulos y desinformación» que «han socavado la convivencia entre españoles», según Pedro Sánchez.
Esa alusión de Pedro Sánchez a la «convivencia» se recoge también en la reciente Ley contra el Fascismo, Neofascismo y otras expresiones similares, que el régimen de Nicolás Maduro aprobó el pasado mes de abril para perseguir la disidencia. Basta con traer a colación algunos de los párrafos de la norma venezolana y dejar que cada cual saque sus propias conclusiones. En su articulado, la ley chavista reserva una advertencia al «rol de los medios de comunicación» obligando a «los prestadores de servicio de radio, televisión, medios electrónicos y medios impresos, públicos, privados y comunitarios a difundir mensajes dirigidos a promover el ejercicio democrático de la voluntad popular, la convivencia pacífica, el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco».
Entre los mensajes prohibidos por la dictadura se encuentran aquéllos que «denigren de la democracia, sus instituciones y valores republicanos». En 2009, el régimen de Hugo Chávez ya presentó una Ley Especial de Delitos Mediáticos, con penas de cárcel para los medios por ir contra la «estabilidad» de las instituciones o la «paz social». La norma recogía un artículo específico para castigar la divulgación de noticias «falsas», que ocasionasen «una gran alteración a la tranquilidad pública» o «hubieren producido un perjuicio a los intereses del Estado».
No hay que ser muy sagaz para -después de escuchar los argumentos del presidente del Gobierno- concluir que Pedro Sánchez se ha inspirado en la ley de una dictadura como la venezolana para tratar de controlar a los medios críticos. Y es que Pedro Sánchez y Nicolás Maduro empiezan a parecerse como dos gotas de agua. Ahora, bien: las cosas como son: Maduro llegó primero. ¿Se atreverá el dictador venezolano a denunciar a Sánchez por plagiario?
La soberana irresponsabilidad de Sánchez
y la UE
INMA
CASTILLA DE CORTÁZAR. libertad digital.
18 Junio 2024
La misma noche electoral de las Europeas 2024, Úrsula von der Leyen declaró que el Partido Popular Europeo (PPE) continuaría su alianza con socialistas y verdes para la consecución de los objetivos de la Unión. Poco pareció importarle a la presidente de la Comisión Europea el batacazo electoral del socialista Emmanuel Macron, que consciente del fracaso de su partido convocó, inmediatamente, elecciones anticipadas en Francia. Tampoco debió analizar von der Leyen el significativo retroceso de Pedro Sánchez y sus aliados ese mismo 9J, en el que el PSOE perdió nada menos que 2.108.000 votos y el conjunto de los partidos socios (Sumar, Podemos, nacionalistas y secesionista) de ese siniestro Gobierno que lidera (es un decir) otros 2.195.000 votos hasta un total de más de 4,3 millones menos que en los anteriores comicios de 2019: todo un descalabro, se mire como se mire, aunque Pedro Sánchez aparezca flamante con sus 20 europarlamentarios.
Los que nos sabemos europeístas —a pesar de los actuales pesares de los que nos ocuparemos en breve— confiamos en la firmeza de la Unión Europea y en que pueda constituir un eficaz dique de contención en este abyecto proceso de degradación de la democracia en España, iniciado por los dos últimos presidentes socialistas. Proceso que, en los últimos tiempos, ha alcanzado una vertiginosa velocidad en sintonía con los populismos comunistas liderados desde el Grupo de Puebla y la imitación "mimética" (valga la redundancia) de las estrategias utilizadas en nuestros países hermanos de Hispanoamérica. Es evidente la aceleración que Sánchez está imprimiendo en el proceso de demolición, por fagocitosis, de todas las instituciones que tienen como misión controlar al Ejecutivo para garantizar la democracia. Sánchez —parapetado en un argumentario tan demagógico como infantil y en la autoridad de la Fiscalía que maneja a su antojo para su defensa, la de su familia y allegados partidistas— persiste obstinadamente en un abierto ataque a la separación de poderes y en el hostigamiento a jueces y periodistas que no han renunciado a su independencia y responsabilidad.
Tras los resultados de las elecciones europeas de 2024, la "Plataforma por la España Constitucional", constituida –por el momento, puesto que crece constantemente— por casi un centenar de foros cívicos hermanados en las concentraciones de Cibeles (2023 y 2024), en protesta por los innumerables motivos que la irresponsabilidad de Pedro Sánchez propicia (indultos, malversación, ley de amnistía, hostigamiento a la guardia civil, jueces y periodistas, manipulación procaz de los medios públicos de información y —por si todo esto fuera poco— más que indicios de corrupción en sus directos colaboradores y en su entorno familiar), levantó la voz. Emitió un mensaje inequívoco en todas las instancias nacionales y europeas: si la UE conoce el reiterado e irresponsable comportamiento del presidente Sánchez y la gravedad de la situación de la democracia española, atendiendo al veredicto del conjunto mayoritario de los ciudadanos europeos, es necesario que las actuales alianzas no continúen entre el PPE y el grupo parlamentario socialista (cuyo principal representante es el PSOE, en estos momentos) y que se exploren acuerdos con otros partidos europeos con sólido apoyo popular y "comprometidos –copio textualmente— con la defensa de los derechos humanos, el imperio de la ley, la separación de poderes, la economía de mercado, fronteras seguras y la defensa de los valores básicos de la civilización occidental, que puedan hacer frente sin hipotecas a cualquier proceso que ponga en riesgo los fundamentos democráticos de nuestras sociedades, como el que estamos padeciendo en España".
Y concluía el mencionado comunicado enviado en español, inglés, francés y alemán, a todos los europarlamentarios, corresponsales extranjeros, Embajadas y Consulados: "la reiteración incondicional y permanente de las alianzas del pasado no respondería en esta etapa histórica ni a las necesidades geoestratégicas ni a los deseos de la mayoría de los ciudadanos de la UE".
El 'cupo catalán', un atraco al resto de
España
EDITORIAL.
el debate.
18 Junio 2024
Sánchez sigue intentando comprarse puestos y gobiernos con los intereses, las necesidades y las esperanzas de todo el país
En un nuevo ejercicio público de compra de apoyos y voluntades, Pedro Sánchez ha anunciado su disposición a concederle a Cataluña una «financiación singular», el burdo eufemismo utilizado para entregarle una especie de Agencia Tributaria propia que gestione un nuevo «cupo catalán».
Si con la amnistía se compró su investidura, con el dinero de España pretende ahora pagarse la Presidencia de la Generalidad para Salvador Illa, con sendos comportamientos miméticos, ofensivos para el resto del país, que además serán inútiles: el independentismo no frenará hasta que logre su objetivo y todas estas prebendas no actúan como calmante, sino como estimulante en una carrera de fondo en la que se perciben victoriosos.
España ya soporta dos paraísos fiscales, el País Vasco y Navarra, en los que se ha legalizado la insolidaridad fiscal, con argumentos históricos que bien pueden alegar otras comunidades y que, en todo caso, no deberían variar su esfuerzo de solidaridad fiscal: una cosa es que se reconozca la capacidad de gestión y otra que se anule su participación en las arcas públicas con arreglo a las rentas de sus conciudadanos, que son quienes pagan los impuestos. Ningún territorio lo hace.
A esa tara de origen se la va a añadir otra en Cataluña, con una fórmula u otra pero idéntico resultado: al reconocer a una comunidad el lamentable concepto de que los recursos generados por sus vecinos son propiedad del Gobierno de turno; se romperán los cimientos del Estado de Bienestar y la unidad de la Hacienda Pública, consagrada en la Constitución.
Y, por tanto, se empobrecerá a las regiones más desfavorecidas, por mucho que Sánchez repita la falacia de que es posible sobrefinanciar Cataluña sin dañar a las demás: eso solo puede lograrse, y muy temporalmente, subiendo aún más los ya asfixiantes impuestos o recurriendo a la deuda pública, ya en cotas inadmisibles.
Lo único cierto es que este gobierno sin principios está dispuesto a hacer lo opuesto a lo que predica en Europa, donde despliega una ilimitada monserga contra los países pudientes, a los que se les carga de unas obligaciones compensatorias y solidarias que luego, de manera sonrojante, desprecia en España si con ello cubre sus expectativas partidistas, siempre ramplonas al lado de los intereses nacionales.
El cúmulo de ofensas al sentido común, a la legislación y al más elemental respeto a la nación es ya, con Sánchez, inabarcable. Porque a la vez que rompe la cohesión económica y territorial, asalta la independencia judicial, desafía a la libertad de información y se recubre de un manto de inmunidad y de impunidad para zafarse de los múltiples problemas generados por su gestión y los escándalos que le rodean.
Sánchez es una amenaza para la democracia, un peligro para la igualdad y un problema para la convivencia. Y es de desear que, por mucha disposición que muestre a rematar sus siniestros planes, el Estado de derecho, nacional y europeo, encuentre la manera de pararlos. Tanto despropósito abusivo no puede imponerse y todos están convocados, en su ámbito, a evitarlo.
Cataluña: las cosas claras
JUAN
PABLO GONZÁLEZ-HERRERO. el debate.
18 Junio 2024
Una vez aprobada la Ley de Amnistía se insiste en la necesidad de profundizar en políticas de diálogo, de concordia entre diferentes, lo que anuncia nuevas concesiones y privilegios. Entre otras, la creación de consejos de justicia autonómicos, antesala para la fragmentación del poder judicial, o la financiación y condonación de la deuda. Se olvida que tanto el nacionalismo catalán como el vasco se nutren de un pensamiento identitario que rechaza lo español y que, cuando alcanzan un acuerdo, no lo hacen guiados por una sincera voluntad de convivir, sino como una maniobra táctica de quien no está dispuesto a renunciar a ninguna de sus aspiraciones.
Si volvemos la vista atrás y nos sumergimos en la historia de España podremos comprobar que los nacionalismos sólo han retrocedido cuando han tenido enfrente a un Estado fuerte. No pretendo en modo alguno defender un régimen autoritario pero sí preguntar por qué se ha producido este cambio en la sociedad vasca y en la catalana, esa mutación social y política, precisamente cuando las más ambiciosas expectativas de autogobierno y de defensa de sus signos de identidad colectiva no sólo se han visto satisfechas, sino que han sido ampliamente superadas. Cuesta entender que los nacionalismos, después del inmenso daño y sufrimiento que han causado, sigan conservando su prestigio. Quizás cuatro décadas de exaltación de la diversidad, de los elementos diferenciales, muchos de ellos artificiales, y de menosprecio de nuestro rico patrimonio común, lo expliquen .
El vacío que deja un Estado, que es percibido, por su inacción, como una mera abstracción, favorece las aspiraciones nacionalistas, pues los ciudadanos desean sentir, para bien o para mal, esa presencia, tener fe en un Estado democrático, pero fuerte y protector.
Sabemos que las naciones son, en gran parte, obra de la voluntad humana y que no sólo deben limitarse a existir, sino que están obligadas a justificarse y honrar su presencia. Debemos preguntarnos si queremos conservar a España, tal como la conocemos, para las generaciones futuras. Para asegurar su persistencia, la nación tiene cumplir una misión. Y la misión de España es proteger y garantizar el progreso y la igualdad de todos sus ciudadanos sin que prevalezcan entre ellos las diferencias que impliquen privilegios o injustificadas ventajas. Su fragmentación, además de un nuevo fracaso histórico en un proceso que se inicia en el siglo XIX con la pérdida de las provincias americanas, supondría un empobrecimiento colectivo y un riesgo de enfrentamientos fraticidas. Aquellos territorios se perdieron no porque el régimen virreinal fuera opresivo, sino porque España era percibida por sus élites como algo lejano, banal y prescindible.
Para conjurar tales peligros , no por un cálculo o interés político, sino con las luces largas de la historia no hay otra alternativa que defender al Estado, asegurar su presencia en todo el territorio nacional, recuperar el prestigio y la fe en sus instituciones y valores. Los enemigos de la democracia en España tienen rostro conocido. Y no queda más remedio que hacerles frente si queremos seguir viviendo en paz, democracia y libertad.
Se ha proclamado que nuestra Constitución, a diferencia de otras de nuestro entorno, no es una Constitución militante. Sería conveniente replantearse hasta qué punto son legítimos los proyectos políticos que tienen como objetivo la destrucción del sujeto constituyente, tal y como aparece configurado en nuestra Constitución, y que incumplen de manera sistemática nuestras leyes. El artículo 2 establece que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles y el artículo 6 establece que el ejercicio de la actividad de los partidos políticos es libre dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Los que defienden la secesión de sus comunidades no pretenden una mera reforma de la Constitución, sino la destrucción de lo que constituye su fundamento.
En el primer acto de la nueva legislatura catalana han sido elegidos una mesa y un presidente del Parlamento separatistas por la desunión de los grupos constitucionalistas. Además, la elección se ha producido vulnerando lo establecido por el Tribunal Constitucional sobre voto telemático. Ninguna novedad cuando se ha acostumbrado a la opinión pública a que se incumpla la ley.
La situación es grave y aún puede serlo más. Sabemos que la reconstrucción no es empresa fácil, que se ha perdido demasiado tiempo. Pero todavía es posible actuar. Los partidos constitucionalistas deben reaccionar con firmeza y unidos frente al reto separatista. Si no lo hacen, llegará el día en que nos preguntaremos si nuestros hijos, en cualquier territorio de España, podrán seguir diciendo que son españoles.
AHORA PREPARA PARA «ESTRANGULAR» A LOS PERIODISTAS
Siglo y
medio de persecución del PSOE a la prensa: del cierre de 127
periódicos al «no podemos permitir mensajes negativos»
PEDRO
FERNÁNDEZ BARBADILLO. gaceta. 18
Junio 2024
En los momentos en que se publican informaciones sobre los (presuntos) casos de corrupción que afectan a su familia y a su partido, el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, ha anunciado sus planes para acabar con «los tabloides digitales que difunden bulos» (La Vanguardia, 16-6-2024).
El poder no soporta los medios de comunicación que no controla, sobre todo cuanto más despótico es. En octubre de 2020, Twitter, Facebook y otras redes sociales tumbaron las cuentas del periódico New York Post, porque informaba del contenido del ordenador portátil de Hunter Biden, hijo del entonces candidato demócrata a presidente de EEUU. Y en Polonia, en diciembre pasado, el Gobierno liberal envió a la Policía a cerrar un canal de televisión.
El régimen franquista se empeñó en cerrar el diario Madrid, por sus informaciones y, sobre todo, opiniones. En 1968, el Consejo de Ministros le aplicó un cierre por cuatro meses de duración. El Gobierno socialista de Felipe González decidió eliminar el diario El Alcázar mediante la no concesión de publicidad institucional, ni de subvenciones y la cancelación injustificada de las suscripciones del diario en empresas públicas. El periódico cerró en 1987. Años más tarde, en 1994, por culpa de González, el Estado español fue condenado por el Tribunal Supremo a pagar unos 3.000 millones de pesetas a la empresa Dyrsa, editora de la cabecera.
En 2007, un juez de la Audiencia Nacional ordenó el secuestro del semanario El Jueves por una portada considerada ofensiva para los entonces príncipes de Asturias. Entonces, los humoristas y periodistas de izquierdas defendieron la libertad de expresión, aunque ofendiera a algunos por encumbrados que estuvieran. Y durante la epidemia de COVID, el Gobierno de Sánchez arremetió contra quienes criticasen sus acciones. La ministra Isabel Celáa dijo: «No podemos permitir que haya mensajes negativos». Otro socialista, Alfonso Gómez Celis, encima vicepresidente del Congreso, señaló estas palabras: «En esta pandemia tenemos que desechar a los que señalan con el dedo los errores».
La tradición censora del PSOE
En la persecución de la prensa y del derecho a informar y a recibir información (art. 20 de la Constitución de 1978), los socialistas y los republicanos españoles han sido más encarnizados que los dictadores militares.
Al cumplirse el mes de la proclamación de la II República, el Gobierno Provisional había permitido el asalto a un centro monárquico, encarcelado al propietario de ABC por sospechoso de haber cometido un asesinato aunque el cadáver no aparecía, una quema de iglesias y conventos y el cierre de varios periódicos.
El ministro de Gobernación, el derechista católico Miguel Maura, convocó a finales de mayo a su despacho a los directores de los diarios de Madrid para pedirles que diesen la noticia de la muerte, por la Guardia Civil, de ocho miembros de la CNT que formaban parte de una columna que quería arrasar San Sebastián, a fin de demostrar que él haría cumplir la ley. «Acudieron todos, incluso aquellos cuyos diarios estaban suspendidos desde el 12 de mayo (…). Les rogaba diesen a conocer la noticia del motín en San Sebastián. Ahora bien —continué—: el diario que utilice la noticia para su campaña política, o intente envenenar el ambiente con ella, será suspendido, y suspendido quedará mientras yo esté en este Ministerio». «Envenenar el ambiente» de Maura no se distingue mucho de «los bulos y desinformaciones que generan un gran nivel de estrés y alarma social» de la Guardia Civil sobre el Gobierno de Sánchez.
La ley de Defensa de la República
El 10 de agosto de 1932, el general José Sanjurjo, que había contribuido a traer la República como director general de la Guardia Civil, se sublevó en Sevilla y Madrid. El Gobierno, presidido desde octubre anterior por Manuel Azaña, conocía la conspiración del militar y venció sin problemas el pronunciamiento.
Azaña aprovechó la ocasión para aplicar la Ley de Defensa de la República, vigente desde octubre de 1931, que daba al gobierno un poder inmenso para reprimir a la oposición y perseguir a los ciudadanos que se le antojasen.
El artículo 42 de la Constitución establecía que «En ningún caso podrá el Gobierno extrañar o deportar a los españoles, ni desterrarlos a distancia superior a 250 kilómetros de su domicilio»; pero Azaña y su compañero Casares Quiroga, ministro de Gobernación, deportaron a sospechosos a Villa Cisneros, en el Sáhara. Meses antes habían deportado a varios anarquistas a Guinea Ecuatorial. Respecto a la prensa, el Gobierno republicano, en el que había tres ministros socialistas (Francisco Largo Caballero, Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos) y uno de ERC (Jaume Carner Romeu), ordenó el cierre de docenas de periódicos.
Casi 130 periódicos cerrados
Semanas antes de la ‘sanjurjada’, según el periodista Julián Cortés Cavanillas, estaban suspendidos La Correspondencia, El Imparcial, El Popular, El Mundo y Mundo Obrero, todos editados en Madrid. La lista de las publicaciones cerradas por orden gubernamental, sin que lo decidiera ningún juez, la hizo Justino Sinova (La Prensa en la Segunda República española. Historia de una libertad frustrada). En total, 127 periódicos.
La mayoría, por no decir la totalidad, de las cabeceras eran de derechas, católicas, tradicionalistas/carlistas y monárquicas. El único punto común entre ellas no era su implicación en la rebelión militar (inexistente, como se comprobó al no producirse procesamientos), sino su línea editorial desfavorable al Gobierno. Había semanarios de humor como Gracia y Justicia, revistas como Blanco y Negro dedicadas a la moda, las variedades y el cotilleo, y publicaciones de pensamiento de difusión muy reducida como Acción Española.
La suspensión, que en varios casos duró hasta meses, afectó a cabeceras que existen hoy, como ABC, Las Provincias de Valencia, El Adelantado de Segovia, El Ideal de Granada, La Verdad de Murcia, Diario de Jerez, El Día de Palencia, La Gaceta Regional de Salamanca, El Correo de Andalucía, Diario Montañés de Santander, El Pueblo Vasco de Bilbao, El Diario de Ávila y el Diario de Navarra, entre otros.
Se trató del mayor cierre de periódicos ordenado jamás por un Gobierno español. En la guerra civil cada bando cerró los periódicos que no coincidían con su ideología, pero no fueron tan numerosos.
Se dieron casos como el de La Vanguardia, que pasó a publicarse entre el 22 de julio de 1936 al 25 de enero de 1939 con una línea editorial favorable al Frente Popular y la Generalidad de Companys a convertirse, después de un día de cierre para adaptarse, en partidario exaltado de Franco a partir del 27 de enero de 1939 y hasta poco después de la muerte de éste.
‘ABC’, cerrado por más de 100 días
ABC, bestia negra de los republicanos, fue suspendido el 10 de agosto de 1932 por la noche y reapareció el 30 de noviembre. En el editorial de ese día, el periódico se quejó de la dureza de la sanción, tomada por un Gobierno que presumía de democrático y regenerador: «La suspensión gubernativa de ABC ha durado nada menos que tres meses y medio, ¡quince semanas! Ni en los tiempos de Calomarde, ni en los de Narváez, ni en los de Primo de Rivera… Durante todos los gobiernos de seis reinados y de dos repúblicas se aplicó jamás a un periódico una sanción gubernativa tan dura sin justificación legal».
En una medida admirable, la empresa mantuvo el pago de los salarios de sus trabajadores, aunque carecía de ingresos: 837 obreros de talleres, 67 redactores y 81 empleados. El 20 de julio de 1936, el ABC fue incautado por la UGT y regresó a sus propietarios el 29 de marzo de 1939.
Las repetidas sanciones y persecuciones contra los periódicos por parte de los gobiernos de la República, en su mayoría de izquierda, convirtieron en una burla el artículo 34 de la Constitución: «Toda persona tiene derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones, valiéndose de cualquier medio de difusión, sin sujetarse a la previa censura. En ningún caso podrá recogerse la edición de libros y periódicos sino en virtud de mandamiento de juez competente. No podrá decretarse la suspensión de ningún periódico, sino por sentencia firme».
Ahora, con la excusa de un reglamento comunitario aprobado en marzo por socialistas, populares y liberales, el PSOE se prepara para «estrangular» a los periodistas que le molestan. El llamado «equipo de opinión sincronizada», que transmite en tertulias y editoriales las consignas de Moncloa, apoyará la operación porque espera recibir más prebendas al reducirse los comensales de la tarta publicitaria.
******************* Sección "bilingüe" ***********************
La única verdad de Sánchez en seis
años: «La Fiscalía depende del Gobierno»
OKDIARIO.
18 Junio 2024
Después de que los cuatro fiscales del procés del Tribunal Supremo se negaran a amnistiar los delitos de malversación, negándose a cumplir la orden del fiscal general del Gobierno, Álvaro García, serán los fiscales de Sala, que ocupan la cúpula de la Carrera Fiscal, quienes debatan la posición del Ministerio Público sobre la Ley de Amnistía, si bien la última palabra la tendrá siempre el mandado de Pedro Sánchez.
En realidad, Álvaro García se ha garantizado el apoyo de los fiscales de Sala por la vía de haber colocado estos últimos años a un nutrido grupo de afines: de los 38 representantes de la carrera que asisten a esta reunión, 21 de ellos han sido designados o promocionados como fiscal de Sala durante el mandato de Pedro Sánchez al frente del Gobierno de España. Es decir, en apenas seis años el Ejecutivo ha logrado hacerse con la mayoría suficiente en este órgano. La lista empieza por el propio fiscal general y continúa con la teniente fiscal María Ángeles Sánchez-Conde, número 2 de García Ortiz, que también fue nombrada el 30 de marzo de 2021 como Fiscal de Sala adscrita a la Sala de lo Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Asimismo, el Consejo de Ministros, a propuesta del fiscal general, nombró a Antonio Vercher, Joaquín Sánchez-Covisa, Dolores Delgado, Teresa Peramato, Jesús José Tirado y Francisco Jiménez-Villarejo. A ellos se suman Esmeralda Rasillo, Ana Isabel García, María Teresa Gisbert y María Antonia Sanz, que ocupan cargos de responsabilidad dentro de la Fiscalía General que dirige García Ortiz.
Si sumamos a los miembros de la carrera fiscal que comparten asociación con el fiscal general: Manuel Martín-Granizo, Luis Manuel López, Beatriz Sánchez y Luis del Río, que pertenecen a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), y a otro grupo de fiscales que son de la estricta confianza del máximo responsable del Ministerio Público, el resultado está cantado. A todos ellos habría que hacerles la siguiente pregunta: ¿Se mueven por el principio de legalidad o por el principio de obediencia al Gobierno?
El pacto de los corruptos
Gorka
Maneiro. vozpopuli.
18 Junio 2024
Pedro Sánchez no va a convocar elecciones generales porque haya perdido las elecciones europeas. Él se mueve en otro escenario y por otras razones. Y el resultado de las elecciones europeas no le impide permanecer en la Moncloa, que es lo que le interesa y por lo que se mueve, actúa y toma decisiones. Otra cosa sería que Illa no sea investido president de Cataluña, deban repetirse las elecciones autonómicas y le interesara adelantar las generales para hacerlas coincidir unas con otras en octubre, en la esperanza de que un incremento de los votos que obtuviera en Cataluña le facilitara reforzarse en el conjunto de España. E incluso ganar, aunque fuera por la mínima.
Aunque la precaria situación en la que se encuentran Podemos y Sumar pudiera entenderse como beneficiosa para sus intereses, la cosa no está tan clara, dado que Sánchez necesita que haya una marca política que recoja todos los restos de izquierda extrema y populista a los que todavía no llega el PSOE, de modo que a continuación pueda sumar sus escaños a su supuesta coalición "progresista", con todos los reaccionarios imaginables. Tras laminar a Podemos con la creación del Sumar liderado por Yolanda Díaz (esa creación intelectual de Sánchez y sus medios afines) y la dimisión posterior de esta por incapacidad e incompetencia, ahora necesita que en ese espacio haya algo lo suficientemente aseado, aunque lo suficientemente pequeño para que solo puedan ser lo que deben: los tontos útiles que entreguen sus votos a Sánchez para que este permanezca en la Moncloa. Y para ello se necesita un sucesor o sucesora de Yolanda Díaz que sea capaz de superar lo insuperable: alguien que sea capaz de verbalizar dos frases coherentes, lo que sería todo un récord.
Sin embargo, es poco probable que haya repetición electoral en Cataluña, dado que Sánchez, con el apoyo cómplice de todo el PSOE, está dispuesto a ceder cuanto sea necesario a ERC para que los de Marta Rovira, secretaria general a la fuga, apoyen a Illa e incluso entren en el nuevo Govern que se forme. En este caso, la concesión sería una "financiación singular" para Cataluña, que no es otra cosa que un privilegio que el resto de los ciudadanos españoles deberemos abonar a los nacionalistas catalanes para que Illa sea president, Sánchez siga en la Moncloa y Cataluña siga impulsando más políticas nacionalistas que la acerquen a la independencia práctica, que es lo que verdaderamente importa; o sea, una especie de Concierto Económico vasco para Cataluña que limite su aportación al conjunto del Estado y limite la solidaridad interterritorial, dentro de un Estado confederal donde unos son más iguales que otros.
Esas antiguallas reaccionarias
La singularidad de Cataluña es que Illa necesita los votos para ser president y Sánchez los necesita para seguir en la Moncloa. No hace falta comerse la cabeza. El PP lo considera un escándalo, y lo es de un tamaño estratosférico, pero debe de ser duro oponerse a una financiación singular para Cataluña cuando has defendido durante cuarenta años el cupo vasco o el navarro, esas antiguallas reaccionarias. Es la histórica reivindicación de los catalanistas, como si Amancio Ortega solicitase limitar los impuestos que paga a los exactos servicios que reciba él del Estado. O sea, el fin de la solidaridad, la redistribución y la igualdad. Todo tan progresista como suele ser habitual en la izquierda reaccionaria que nos gobierna. Si los independentistas no han logrado que Cataluña se independice del resto de España, ahora se trata de que España no tenga presencia en Cataluña. O sea, que siga sin tenerla o tenga todavía menos, si esto fuera posible. Es decir, la independencia fiscal que antecede a la independencia política que los amnistiados por Sánchez siguen preparando con el apoyo del PSC, otros tontos útiles.
Es mucho peor robar para subvertir el orden constitucional y extranjerizar a millones de ciudadanos que para comprarse un chalet en la playa
Sánchez indultó y después amnistió a los malversadores y a los sediciosos que trataron ilegalmente de romper el Estado y la comunidad política, la mayor de las corrupciones. Y si amnistías a un corrupto de semejante calibre, no puedes sino ser otro corrupto, te pongas como te pongas. Y, por cierto, es mucho peor robar para subvertir el orden constitucional y extranjerizar a millones de ciudadanos que para comprarse un chalet en la playa. No es un eximente sino un agravante. Por eso el pacto entre ERC y el PSOE solo tiene un nombre.
El defensor de la impunidad de los golpistas
Sánchez ha definido el pacto entre PSOE y ERC como un pacto estratégico tanto para Cataluña como para España. De ese modo, trata de elevar la categoría del pacto, cuando la verdad es que es una burda estrategia para defender sus intereses particulares. Además, el defensor de la impunidad de los golpistas se compromete ahora a acabar con la supuesta impunidad de los medios de comunicación críticos con el Gobierno de España. Es el cinismo elevado a la enésima potencia.
El pacto entre ERC y el PSOE es la base sobre la que Sánchez va a basar su permanencia en la Moncloa. Un pacto transversal, nos dicen, aunque todos sean nacionalistas y todos se digan de izquierdas. En el fondo, el pacto entre el PSOE y ERC es un pacto entre corruptos, no le deis más vueltas. Porque, si no hay mayor corrupción que vulnerar la Constitución Española para tratar de romper el Estado, ¿cómo puede llamarse a quien indulta y amnistía a los responsables de semejantes actos solo para lograr el apoyo parlamentario que le permita seguir manteniendo el Poder político? ¿Y cómo puede llamarse al pacto entre unos y otros?
DENUNCIA SU PRESENCIA EN FRANCIA
Marine
Le Pen: «Seremos implacables con Puigdemont»
Le Pen
denuncia que la campaña de Puigdemont "humilla a
Francia"
CARLOS RIOBA. gaceta. 18
Junio 2024
La líder del partido soberanista francés Agrupación Nacional, Marine Le Pen, considera que la campaña de las elecciones catalanas del candidato de Junts+, Carles Puigdemont, desde la localidad francesa de Argelès-sur-Mer «humilla a Francia» y sitúa al país como lugar de referencia para los criminales, lo que señala como una situación «vergonzosa».
Lo ha dicho en una entrevista de este lunes en El Periódico de Cataluña, donde también ha afirmado que si gana las elecciones «esta situación no durará mucho» y ha asegurado que será implacable con los que ataquen las instituciones, sobre todo de los países amigos y socios, textualmente.
«Si ganamos las elecciones, esta situación no durará mucho. Seremos implacables con todos aquellos que ataquen a las instituciones legítimas de su país, especialmente si son países amigos y socios», remacha Le Pen.
Respecto a su propuesta fronteriza para la Unión Europea (UE), en la que piden instaurar una doble frontera entre países europeos, ha apuntado que no cambiará nada para los españoles, sino que se opone a «que se admita a inmigrantes en determinados países y que se establezcan después en toda Europa».
Al preguntársele por si negociaría con el presidente ruso, Vladimir Putin, para poner fin a la guerra, ha sostenido que «evidentemente» se tendrá que hablar con Rusia para conseguir una salida positiva para Ucrania, que según ella no puede ganar.
Asimismo, ha esperado que Francia «desempeñe un papel en esta solución razonable» para proteger a Ucrania de los ataques de Rusia y, de este modo, lograr un rápido retorno a una paz duradera, en sus palabras.
Cataluña
focaliza su 'inmersión exprés' en los alumnos
hispanoamericanos
ESTHER ARMORA. Barcelona. ABC.
18 Junio 2024
Más de 300 alumnos extranjeros recalan cada año en el sistema educativo catalán. De éstos, la mitad no acaba la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Las aulas de acogida, recurso habilitado en el curso 2004-2005 por la Generalitat para que los alumnos inmigrantes recién llegados a Cataluña aprendan la lengua autonómica en el momento de su incorporación al sistema educativo, llevan años dando muestras de fatiga. Los altos índices de abandono escolar prematuro por parte de este alumnado (casi doblan a los de los estudiantes autóctonos) son una muestra de que, según señalan a ABC algunos profesionales del sector, «Cataluña debe plantear cambios en su sistema de acogida a este alumnado».
El Consorcio de Educación de Barcelona, ente en el que participa en un 60 por ciento la Generalitat y en un 40 por ciento el Ayuntamiento de Barcelona, anunció a mediados de 2023 una nueva vía para inmersionar en la lengua autonómica a este alumnado, lo que algunas fuentes del sector denominaron 'inmersión exprés'. Se trata de cursos acelerados de catalán dirigidos a los estudiantes de 2º y 3º de ESO que, a diferencia de las actuales aulas de acogida, acogen a este alumnado y le instruyen en el dominio del catalán antes de escolarizarse.
Alumnos procedentes de Pakistán, India, Marruecos, China, entre otras nacionalidades, reciben durante cinco meses 30 horas semanales de catalán (clases solo de lengua sin ninguna otra materia). Las imparten docentes del centro con el acompañamiento de profesionales de la Escuela Oficial de Idiomas (EOI), con los que mantienen una mentoría semanal. 'Inmersión exprés' al catalán previa al contacto con el currículo. El objetivo, según arguyen desde el Consorcio, es que antes de recalar en el sistema estos estudiantes dominen la lengua catalana y tengan más instrumentos. El proyecto ha empezado este curso en un total de ocho institutos catalanes -han ofrecido estos cursos a un total de 134 alumnos de diversas nacionalidades entre septiembre de 2023 y enero de 2024- y el curso 2024-2025 pondrá el foco también en el alumnado que llega a Cataluña hablando español, según ha anunciado el Consorcio, que ya ha presentado los primeros resultados de su plan piloto.
El objetivo de este nuevo proyecto piloto para estudiantes hispanoamericanos es, según apuntan portavoces del Consorcio, «averiguar la eficacia de unas aulas de acogida sólo con alumnado que solo hablan español, ya que el ritmo de aprendizaje debería ser más rápido que el del alumnado de lenguas no románicas». «Pensamos que el aprendizaje de un alumno recién llegado de habla española (que es el más numeroso) debería ser mucho más rápido que el de un alumno que sólo conozca lenguas muy alejadas del catalán. Con el objetivo de averiguar si esto es realmente así, iniciamos una nueva prueba piloto con dos aulas de acogida acelerada diseñadas expresamente para este alumnado», señala en declaraciones a ABC Gemma Verdés, directora de Estudios Postobligatorios del Consorcio de Educación de Barcelona.
Docentes y entidades en defensa del bilingüismo, por su parte, critican la iniciativa que ven como «una forma más de segregación de un alumnado que ya domina una de las lenguas oficiales en la comunidad».
A juicio de Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), «las aulas de acogida, en general, no facilitan la integración del alumnado recién llegado al sistema educativo catalán, todo lo contrario. Esos alumnos son apartados de sus compañeros y de cursar las asignaturas con ellos para emplearse solo en dominar la lengua catalana, el resto no importa». Losada añade, además, que en relación al proyecto de 'inmersión exprés' que pretende separar al alumnado de lengua española, «es doblemente injusto pues son alumnos que dominan una de las dos lenguas oficiales y se desenvuelven socialmente con ella sin problemas. Forzar el aprendizaje de la lengua catalana de esta manera no favorece ni a los alumnos ni a la estima que ellos tendrán en el futuro de esta lengua».
En la misma línea se pronuncia, Carlos Silva, presidente de la asociación de maestros y profesores Docentes Libres. «Desde la asociación hemos sido críticos en que en la acogida no se distinga entre la situación de alumnos hispanoamericanos y alumnos procedentes del resto del mundo, pero no porque quisiésemos que se les separase en un aula especial, sino porque el hecho de hablar castellano, en una situación normal en la que parte del currículo fuese en esta lengua, sería posible incorporarlos al sistema educativo por la vía rápida», señala el docente.
Advierte, asimismo, de que «al priorizarse la cuestión del catalán por encima de cualquier otra consideración, se está de hecho discriminando a alumnos que podrían incorporarse sin problema al sistema. La vía no es segregarlos por motivos lingüísticos, sino aprovechar su conocimiento de nuestra lengua común para su adaptación rápida al sistema educativo». Y recuerda en este sentido que «hay datos que demuestran que Cataluña es la región donde los alumnos hispanoamericanos tienen mayor dificultad de integración y sienten una menor identificación con sus centros educativos».
No obstante, desde el Consorcio defienden que las AAA son un buen sistema y presentan sus primeros resultados. Según datos facilitados por el ente educativo, un 73,95% de los 119 alumnos (del total de 134 de estas aulas) que en enero se presentaron a los exámenes del nivel A2 de catalán los superaron. Previamente, entre el 30 de noviembre y el 12 diciembre, 122 de los 134 alumnos se presentaron a las pruebas del certificado A1 y lo aprobaron 107 alumnos (un 87,7 %). Según el Consorcio, un 29% de los que no aprobaron son alumnos con necesidades educativas especiales o alfabetización muy débil.
Según el Consorcio, esta nueva fórmula para que los alumnos inmigrantes aprendan el catalán «favorece la adquisición de la lengua vehicular del sistema educativo en Cataluña, lo que permite aumentar las posibilidades de éxito en el futuro itinerario formativo de estos jóvenes, que, después de asistir, se incorporan a las aulas ordinarias». «Los datos nos indican que el modelo de las Aulas de Acogida Acelerada favorece el aprendizaje de la lengua de una forma más eficaz. Esto hace que el alumnado que asiste pueda incorporarse al aula ordinaria con un dominio básico de la lengua, es decir, del instrumento que debe permitir la adquisición del resto de competencias», señala Gemma Verdés.
La directiva del Consorcio explica que «el proyecto de estas aulas de acogida surgió al constatar que el alumnado recién llegado a la ESO es el que más abandona: está 30 puntos por encima de sus compañeros. Si podemos asegurar que el alumnado se incorpore al aula ordinaria con la capacidad de entender y expresarse, podrá involucrarse con mayor facilidad en las dinámicas escolares. Y esto es importante no sólo en lo que se refiere a los aprendizajes curriculares, sino que también por la posibilidad de crear vínculos con sus compañeros. Pensamos que todo ello favorece la continuidad educativa de este alumnado«.
Los alumnos que han participado en el proyecto de 'inmersión exprés' han recibido cada semana 30 horas semanas de clase, que incluyen, además de la parte lingüística, la competencia sociocultural y el acompañamiento psicopedagógico y emocional necesario al enfrentarse a una lengua nueva.
Los centros que han acogido estas aulas son los institutos Verdaguer, Martí Pous, Angeleta Ferrer, Juan de Austria, Barcelona-Congreso, Menéndez y Pelayo, Teresa Pàmies y Lluís Vives, todos ellos en Barcelona. Según las posibilidades de cada uno de estos institutos, han mantenido al alumnado o bien se ha redistribuido a otros centros para incorporarse al aula ordinaria. Se prevé la continuidad de los ocho centros en dos ediciones consecutivas. El próximo curso la previsión es que acojan 200 alumnos (los ocho que ya funcionan y los dos dirigidos a estudiantes hispanoamericanos).
Galicia
niega a un padre su derecho a recibir las comunicaciones del colegio
de sus hijos en castellano
Pese a haber elevado el
caso a los tribunales, la Consejería de Educación obvia la petición
y alude a que el gallego es la lengua de la comunidad
Amparo
Castelló. Madrid. el debate.
18 Junio 2024
Casi dos años pidiendo las comunicaciones del colegio de sus hijos en castellano por todas las vías posibles y el centro escolar y la Xunta de Galicia siguen negándoselo. El periplo de este padre comenzó el pasado 18 de noviembre de 2022 cuando solicitó mediante un escrito por registro de entrada en el colegio Cidade Vella de La Coruña que el centro tuviera disponible también en castellano toda la documentación administrativa destinada a las familias (formularios, justificantes, boletines de calificaciones, programaciones didácticas, avisos, autorizaciones...), además de la rotulación del centro. Una petición por la que esta familia, con dos hijos escolarizados en ese colegio, no recibió respuesta y, por tanto, se vio obligada de elevar su demanda a la Consejería de Educación ya entrado el año 2023. En esta ocasión la Jefatura territorial sí les respondió, pero su contestación no se ajustaba a la petición. En su escrito, la Xunta respondía alegando que las comunicaciones del colegio se enviaban bilingües a las familias que las solicitaban y que el gallego es la lengua propia de Galicia.
Ante esta situación, la familia acudió a los tribunales aportando pruebas de que la realidad descrita por Educación no era tal. En mayo de 2023 presentó recurso contencioso administrativo al Tribunal Superior de Justicia de Galicia contra la Consejería de Educación. Un año después, la Consejería ha respondido, de nuevo, «negando la realidad». Argumenta que desde el momento en que esta familia solicitó la información en español se le empezó a mandar así por el colegio. Pero las pruebas, como mails y avisos recibidos durante todo este tiempo, dicen lo contrario y solo están en gallego. «Se lo haremos constar nuevamente al tribunal, al que aportaremos pruebas de que esto sigue siendo así; en concreto entregaremos documentación de este mes de junio», explican sin rendirse.
Recortes de Prensa Página Inicial