Recortes de Prensa Jueves 20 Junio 2024

Ucrania, más allá de las tablas
Juan Rodríguez Garat. el debate. 20 Junio 2024

Almirante (R)

Los gurús militares del rusoplanismo occidental son, en su mayoría, oficiales norteamericanos retirados tras carreras cortas o sin lustre. Del mismo colectivo –por otra parte muy numeroso, y en el que podemos encontrar gente muy buena– salen quienes aseguran que Washington mantiene oscuras relaciones con inteligencias extraterrestres. Extraterrestres, no lo sé; pero no deben ser muy inteligentes si están detrás de algunas de las ocurrencias que cada día nos llegan desde la capital norteamericana.

Volviendo a los gurús –reconozco que el de los extraterrestres no es mi terreno– es cierto que un retiro prematuro no necesariamente descalifica a un analista militar. Siempre habrá conspiracionistas que sostengan que fue precisamente su acérrima defensa de la verdad la que limitó sus posibilidades de progreso profesional. Por otra parte, es evidente que el generalato no garantiza un criterio recto. Para los lectores rusoplanistas ¿qué mejor ejemplo que yo mismo? Para los demás, no está de más recordar que, en España, un antiguo JEMAD milita en un partido de clara vocación antimilitarista.

Si no su currículum, lo que sí desenmascara a los analistas militares prorrusos es la hemeroteca. La realidad es tozuda para quien no quiera cerrar los ojos. Kiev no cayó en dos días, como ellos pronosticaron. El Donbás no fue liberado en unas pocas semanas. ¿Recuerda el lector los alborozados anuncios de que Zelenski no llegaría al primer otoño, y luego a la primavera siguiente? Pues ahí está el hombre, al pie del cañón.

¿Qué otros factores muestran lo sesgado de los análisis de los cómplices del Kremlin? Como muchos anunciamos –y ellos no– los rusos se retiraron de Jersón sin siquiera intentar defenderla. Lo de Járkov les cogió también de sorpresa. La celebrada caída de Bajmut, hace ya más de un año, no tuvo repercusiones operacionales. La de Avdiivka, hace cuatro meses, tampoco ha sido aprovechada por el Ejército de Putin para romper el frente. La realidad, insisto, es tozuda: Rusia ocupa hoy la mitad del territorio ucraniano que llegó a controlar en las primeras semanas de la invasión.

Tablas sin gloria

Volvamos a la actualidad. La anunciada ofensiva rusa de primavera, que esta vez ha vuelto a estar centrada en la región de Járkov, se ha quedado en más de lo mismo. Ante la evidencia, los animosos gurús del rusoplanismo, siguiendo la voz de sus amos en el Kremlin, se han conjurado para hacernos creer que, como Putin reiteraba durante los primeros días de la invasión, todo sigue estando controlado. Lo que ocurre –nos dicen ahora– es que el Kremlin quiere una guerra larga. ¿Cuánto de larga? Ahí ya no se comprometen. ¡Lo que tenga que durar!

Por mi parte, agradezco la convergencia. Ya solo les falta un pequeño paso adicional para convertir en un gran descubrimiento lo que los demás dijimos desde el primer día: Rusia no puede ganar la guerra en el frente. Tampoco Ucrania. La sangrienta partida de ajedrez planteada por el dictador ruso para su gloria personal va camino de esas tablas sin gloria —para ninguno de los bandos— que dieron título a mi primer análisis, hace ya más de dos años.

La guerra no durará para siempre. Pero, como tantas veces ha ocurrido, no se decidirá en el frente. Hace tiempo que el forcejeo de los peones sobre el tablero de Ucrania –en el que hoy Rusia lleva ventaja, pero en absoluto decisiva– se ha convertido en una carrera de resistencia que ganará el pueblo que sepa aguantar más. Y ese, en la historia reciente de la humanidad –recordemos lo ocurrido en Vietnam, Afganistán o Irak– nunca ha sido el conquistador. Mucho más que en el fútbol, jugar en casa, ante un público que necesita la victoria para no tener que elegir entre el exilio o la esclavitud, multiplica la fuerza de los soldados. Y ellos son quienes ganan las guerras.

¿Por qué iba a querer Putin una guerra larga?

En español, la campaña desinformadora que protagonizan los cómplices del Kremlin celebrando la hipótesis de la guerra larga, entra dentro de lo que llamamos hacer de la necesidad virtud. No es, desde luego, la primera vez que intentan convencernos de cosas parecidas. Los rusoplanistas todavía fingen creer que Rusia no ha tomado Kiev porque no ha querido, y que se ha retirado de Járkov y Jersón porque el dictador del Kremlin ama la paz.

¿Qué ventajas tiene para Moscú la prolongación de la guerra? En el terreno político, ninguna. Putin puede alegrarse de que no se lograra un acuerdo unánime en Suiza sobre el plan de paz de Zelenski. Pero olvida decir que su propio plan, que no es de paz sino de conquista, no ha sido apoyado por nadie.

Con tanto ruido a su alrededor, habrá lectores que quizá hayan olvidado que la propia Crimea, ocupada desde hace ya diez años, solo ha sido reconocida oficial o extraoficialmente como rusa por unos pocos gobiernos parias: los de Corea del Norte y Myanmar, en Asia; Bielorrusia, en Europa; Nicaragua, Cuba, Bolivia y Venezuela, en América; y diversas dictaduras africanas como las de Eritrea, Zimbabue, Sudán, Mali, la República Centroafricana y Burkina Faso. Ninguno de los BRICS ha llevado su apoyo a Rusia más allá de la abstención; y la mayoría de ellos, China incluida, se han mostrado reiteradamente –bien es verdad que solo de palabra– a favor del respeto a la integridad territorial de Ucrania.

Tampoco se ven muchas ventajas para Rusia en el terreno militar. Sus reservas de personal y material son amplias, pero no infinitas. En los primeros meses, Putin podía engañarse sobre la firmeza del apoyo de Occidente a Ucrania. Después de todo, ¡se equivocó en tantas cosas! Pero cada semana aumenta la lista de los gobiernos occidentales que se han comprometido a apoyar a Kiev a largo plazo.

El tiempo todo lo erosiona. El respeto que en los primeros meses imponían las armas nucleares rusas ha desaparecido y, aunque más despacio de lo que sería conveniente, se van atravesando las artificiales líneas rojas –artificiales porque no tienen base alguna en el derecho de la guerra de hoy y de siempre– tras las que el Kremlin intentó hacerse fuerte. Las amenazas de Putin suenan cada vez más histriónicas. ¿Qué ahora va a armar a los enemigos de Occidente? ¿Y quién los armaba hasta ayer? Busque el lector en internet la lista de usuarios del Ak-47, de los aviones MiG o del RPG-7 y verá lo que quiero decir.

La próxima línea roja caerá con la tardía llegada a Ucrania de los F-16. ¿Darán los cazas norteamericanos una ventaja decisiva a Zelenski? Desde luego que no, y mucho menos en los números comprometidos. Pero miente Putin cuando asegura que, como dijo en su día de los Patriot o los HIMARS, no servirán de nada. Miente y se contradice, porque en los días pares nos dice que si EE.UU. deja de apoyar a Ucrania –con ese material que los días impares no sirve para nada– la guerra terminará en tres meses. Lo que no nos explica el dictador, acostumbrado a que nadie le pida cuentas, es por qué no ha terminado en el largo período en que el Congreso norteamericano interrumpió la ayuda militar.

Dejemos a Putin con sus contradicciones, que no necesitan explicación. Parece innegable que los dos años de guerra han permitido progresar enormemente al Ejército ucraniano, que ha ido resolviendo muchas de sus carencias de los primeros meses y que ataca blancos militares o industriales bien dentro de Rusia casi todos los días. Con el tiempo, además, Zelenski ha conseguido aprobar por fin una ley de movilización muy necesaria. El mar Negro ha dejado de ser un lago ruso. Pronto habrá aviones enemigos en los cielos de Ucrania. ¿Dónde exactamente ve Moscú la ventaja del tiempo?

Putin, que no debe de haber leído jamás a Sun Tzu, nos da la respuesta: mueren más ucranianos que rusos. De hecho, ya no debe de quedar casi ninguno. Es, desde luego, una excusa manida. Sin ir más lejos, Zelenski decía algo parecido cuando fracasó su propio contraataque del año pasado. Es, además, difícil de creer cuando son las tropas rusas las que tienen que lanzarse al ataque en un campo de batalla que los drones convierten en transparente; pero ¿qué va a decir el hombre? A mí lo que verdaderamente me asombra es que haya gente que, inasequible al desaliento, todavía le crea. Cosas de la naturaleza humana.

El final de la guerra

La guerra seguramente se decidirá en las calles de las ciudades rusas. Pero no será un proceso rápido ni sencillo. Rusia ha perdido en dos años todas las libertades civiles que logró tras la caída del comunismo. Afortunadamente, los pueblos nunca se someten del todo. Tampoco existía libertad en la Unión Soviética y, al final, el desencanto de la sociedad obligó a sus líderes a retirarse de Afganistán.

A medida que la guerra se alarga más y más, aumenta el riesgo de que las decepciones en el frente –es posible que los rusoplanistas celebren eso de la guerra larga, pero no lo harán las mujeres de los soldados movilizados hace un año y medio para los que no está previsto el relevo– obliguen a Putin a intensificar la presión policial, medida eficaz a corto plazo pero que, como demuestra la historia, nunca dura para siempre.

Quizá Putin tenga, como Stalin, la inmerecida suerte de reinar hasta su muerte. Después de todo, no es un hombre joven. Pero Rusia terminará encontrando otro Gorbachov que vuelva a permitir expresarse libremente a su propio pueblo. Entonces, se marcharán de Ucrania. Es nuestro deber seguir apoyando al pueblo invadido para que, con el mínimo coste humano posible, resista hasta ese momento.

Otra institución maltrecha
Editorial ABC. 20 Junio 2024

El Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de amparo de la exministra Magdalena Álvarez contra las sentencias que la condenaron por prevaricación continuada en el caso ERE, uno de los mayores fraudes de nuestra democracia, en el que se malversaron 680 millones de euros originalmente destinados a ayudas sociolaborales. La ponencia fue aprobada por un resultado previsible de siete a cuatro en el que los magistrados progresistas apoyaron el texto redactado por Inmaculada Montalbán. Es significativo que esta misma magistrada fuera condecorada en 2012 con la máxima distinción de Andalucía por el expresidente José Antonio Griñán, quien posteriormente fue condenado por prevaricación y malversación también en el marco del escándalo de los ERE.

El amparo del TC resulta perturbador por distintos motivos. En primer lugar, desnaturaliza las funciones del Alto Tribunal, ya que parecería estar funcionando como una instancia de apelación capaz enmendar las sentencias que en su día fallaron la Audiencia Provincial de Sevilla y la Sala Penal del Tribunal Supremo. Los fundamentos de la resolución, que casualmente coinciden con el argumentario que el PSOE esgrimió desde el inicio del proceso, resultan asimismo insólitos, pues intentan anular la responsabilidad penal de Álvarez al circunscribir su acción a un ámbito político y no administrativo. Más allá del insólito ardid retórico, la sentencia de la mayoría progresista limita la actividad de Álvarez al ámbito parlamentario, obviando que las decisiones que se interpretaron constitutivas de delito no acontecieron en el Parlamento, sino en el seno del Consejo de Gobierno andaluz. En la práctica, lo que establece el TC es que ningún político podría ser condenado por prevaricación en el ejercicio de su actividad legislativa dentro de un gobierno, lo que desactiva los legítimos y necesarios controles al poder político.

El de los ERE ha sido uno de los escándalos que han lastrado de forma más evidente la reputación del PSOE, por lo que resulta inevitable intuir una orientación política en el tratamiento que los socialistas han dado a este caso. Lo más grave de toda esta circunstancia ha sido el rapto de sinceridad que el presidente Sánchez tuvo en el mitin de Benalmádena celebrado en la campaña de las elecciones europeas. En aquel acto, Magdalena Álvarez compareció en primera fila, tras llevar muchos años fuera del foco mediático. El presidente, que acudió acompañado de su mujer, Begoña Gómez, se dirigió a la exministra y la destacó como una víctima del «asedio vil de la derecha y la ultraderecha», permitiéndose vincular el caso de los ERE con la tantas veces invocada máquina del fango.

Que Sánchez intente disimular los problemas que personas de su entorno tienen con la justicia con ocultas e imaginarias conspiraciones es un recurso manido por todos los populistas. Sin embargo, que se atreviera a apoyar a una condenada por prevaricación continuada y que apelara a su condición de víctima, a la vista de la resolución del TC, resulta cuanto menos significativo vista la resolución del caso. O bien el presidente pudo conocer anticipadamente que Álvarez sería exonerada, lo que constituiría un verdadero escándalo, o bien pudo efectuar una orden pública, de inequívocas connotaciones coactivas, lo que también revertiría una excepcional gravedad. Cualquiera de los dos escenarios desacreditaría el proceder de un presidente. Caben pocas dudas: si en 2019 Sánchez se retrató al presumir de controlar la Fiscalía General del Estado, parece que el discurso de Benalmádena ha acabado delatándole en lo que atañe, esta vez, al Tribunal Constitucional.

La ley será su final
MARIANO GOMÁ. el debate. 20 Junio 2024

Creo sinceramente que ningún español que soñó con la democracia brindando por una nueva etapa en España en 1975 con igualdad, pero sobre todo con libertad, puede estar hoy sereno y relajado ante los convulsos acontecimientos que estamos sufriendo por la perversidad y egolatría no de un trilero del fango sino de una verdadera máquina de maldad.

Con lo peor de cada casa a los mandos de un país, que incomprensiblemente los españoles le hemos entregado, sigue una ruta suicida por la vía dictatorial que nos conduce a un desastre social y económico sin precedentes.

No creo que debamos una vez más reproducir la ya larga lista de mentiras, atrocidades, atropellos, violaciones de la moral y salvajadas que han cometido durante los últimos años el presidente y su gobierno en una joven democracia con una ciudadanía todavía inexperta en la defensa de su propio bienestar, en la unidad de la patria común y en la férrea protección de nuestras libertades individuales y colectivas.

Ha fusilado a íntimos y fieles colaboradores cuando se ha visto en peligro a sí mismo, ha eliminado de la escena a cualquier otrora amigo que ha errado por aplicar un sistema corrupto o por su propia incompetencia, y ahora, perdido en su propio laberinto, herido de muerte y en el inminente ahogo de su movedizo cenagal, intenta sobrevivir amenazando con la destrucción de todo lo poco que todavía no ha podido incendiar y enterrar.

Todo animal herido es peligroso y mortal pues se revuelve rabioso y ataca ciegamente al igual que quién ve amenazada su camada o unidad familiar, aunque ésta sea ni más ni menos que una banda de vagos y maleantes aprovechándose del poder del caudillo, su caudillo.

¡Pero amigos! Ha topado con una fortaleza infranqueable y democráticamente indestructible. La Ley. Podrá amenazar, provocar y esparcir bravuconadas hacia todo bicho viviente, jueces, fiscales, tribunales, periodistas, medios de comunicación y personas resistentes de todo tipo a sus métodos dictatoriales y autoritarios, pero con ello se está enfrentando a un enemigo imbatible que es la Ley, pero no las leyes menores, proposiciones, decretos y demás instrumentos que puede controlar, y así nos va; sino la Ley con mayúsculas que es el ordenamiento jurídico general básico que en España es la referencia para todos los españoles pero que en el mundo libre es siempre la guía a seguir por la sociedad.

Por supuesto que muchos ciudadanos entre los que me encuentro, centenares de asociaciones y plataformas como Foro España Cívica entre ellas así como miles de autoridades del mundo de la judicatura, la universidad, intelectuales, agentes sociales y políticos sensatos que asisten horrorizados a semejante atropello, se van a oponer, nos vamos a oponer de forma firme y contundente llegando a donde democráticamente haga falta para frenar los desmanes de un gobierno y su presidente.

Ya empiezan a admitirse a trámite y tramitación procesal querellas y denuncias contra personas e instituciones del entorno monclovita cuyos nombres me ahorro por pudor y porque no merecen llenar tantos titulares y tan triste fama mediática cuando no han sido, ni son, ni serán nada más que un borrón en la historia de España. El peso de la Ley caerá sobre ellos como una losa, lenta pero inmisericorde y acabarán pagando sus fechorías.

Y el peso específico y potencia de la Ley acabará aplastando al gran responsable de esta triste etapa de la historia de España para desencadenar su final con todas sus consecuencias y daños colaterales.

Y asistiremos a un esplendoroso sepelio donde no faltarán plañideras, huérfanos de estómagos agradecidos, voceras enfurecidos y un ejército de corruptos a los que no les volverá a sonar el tintineo del dinerito fácil, mientras los ciudadanos libres y liberados veremos pasar la comitiva desde nuestras ventanas y balcones de libertad, o por televisión.

Toso ello, por cierto, bien merecido.

Mariano Gomá es presidente de Foro España Cívica

Qué espectáculo desolador
Juan Abreu. vozpopuli. 20 Junio 2024

Acabo de leer El suicidio occidental (El error de revisar nuestra historia y cancelar nuestros valores) y amén de ser una lectura iluminadora, que recomiendo, resulta muy útil para entender el suicidio español. Que es parte, naturalmente, del suicidio de la Civilización Occidental. La que ha traído libertad, prosperidad y progreso a la especie. Todo lo demás es pensamiento mágico, barbarie, fanatismo y atraso.

Cierto que el caso español tiene características únicas, dada la existencia en territorio español de dos tribus extremas, la catalana y la vasca, cuya contribución al suicidio español ha sido decisivo. Sus pujos de superioridad racial y cultural y su trabajo constante contra la igualdad de los españoles, han sido letales para una España que, posiblemente, es el único país del mundo que se avergüenza de su grandeza. Una circunstancia letal que ha permitido que estas pequeñas, pero muy motivadas (viven de eso) tribus, obtengan un poder desproporcionado que a día de hoy no sólo condiciona la gobernabilidad española, sino que impone al resto de los ciudadanos españoles un chantajismo parásito que, con la complicidad del sanchismo, pretende convertir la Constitución en papel mojado.

España, posiblemente, es el único país del mundo que se avergüenza de su grandeza.

Al contrario de que sería natural y justo que la mayoría determine las reglas y normas de la sociedad, son las minorías nacionalistas tribales las que imponen sus maneras antidemocráticas (incluido el incumplimiento impune de la Ley y el descarado saqueo de los fondos públicos ) a toda España. Esto se ha agravado recientemente, pero existe desde la redacción misma de la Constitución, que optó por el apaciguamiento y la permisividad cobarde con los tribales, a dejar bien claros los límites de lo tribal, que ha de estar siempre por debajo, y sometido, a lo ciudadano.

El sanchismo, por desgracia, ha encontrado en los nacionalismos provinciales, especialmente en el catalán, un aliado inestimable para su propósito de instaurar un régimen autoritario mugre–progre (lo peor al Poder) que, siguiendo las nuevas estrategias neocomunistas, permiten al aspirante a autócrata llegar al Gobierno y permanecer en él por tiempo indefinido. Para ello no necesita destruir el sistema, basta con vaciarlo de realidad. Algo que han conseguido ya en gran medida. El noventa por ciento del relato político español es ficción. Su equivalencia con la realidad es cada día más tenue.

Causa cierto estupor que los españoles sigan creyendo que se celebrarán elecciones generales independientes en España en los próximos años. Que crean que un tipo que instala a marchas forzadas los cimientos de un régimen autoritario, que pretende censurar a la prensa libre, que ha colonizado la Fiscalía y la Justicia a tal extremo que le permite aprobar leyes inconstitucionales y mafiosas, como la de Amnistía, se someterá limpiamente a la voluntad popular.

¿Qué impedirá a un tipo que ha demostrado repetidamente que es capaz de cualquier cosa para permanecer en el Poder, carente de límites morales, controlar o manipular el resultado de unas elecciones? Ya dispone a placer de Justicia, Fiscalía, Interior, Sindicatos, Prisa, Indra, RTVE, que son importantes pilares del edificio totalitario in progress, pero decantar a su gusto el resultado de unas elecciones generales vendría a ser la joya de la corona sanchista.

Lo que sucede en el manicomio suicida español no es sólo responsabilidad de la izquierda. La derecha es también responsable por su cobardía, su papanatismo, su corrupción y sus complejos, de la situación actual. Pero. No ha sido la derecha la que ha minado los cimientos liberales con la estúpida cultura woke y las llamadas políticas de género. Ha sido la izquierda y la progresía quienes han importado y aplicado las demenciales políticas norteamericanas de culpabilización de Occidente. Qué malos hemos sido, lloriqueamos por los rincones, como si Occidente no fuera lo mejor que ha sucedido a un mundo lleno de fanatismos, ideologías asesinas, atraso y salvajadas. Occidente ha sido siempre la avanzada de la democracia y el progreso en el mundo.

Todo este plan siniestro que busca nuestra inmolación de la cultura occidental en el altar de la culpa, se apoya en mentiras y tergiversaciones que los gobiernos y ciudadanos de Occidente aceptan como verdades indiscutibles. ¿Ansias de autodestrucción, estupidez o ignorancia? Por poner un solo ejemplo, el esclavismo como pecado original y tara moral del hombre blanco. Algo completamente falso.

“El esclavismo se practicaba mucho antes de que los primeros árabes o europeos blancos pisaran África, y dio lugar a grandes fortunas, imperios autóctonos y dinastías indígenas que se enriquecieron gracias al comercio de prisioneros”.

“El esclavismo es el más horrendo de los crímenes generados por las taras de los Blancos, según la ortodoxia dominante que se enseña en las escuelas progresistas. Pero era una práctica extendida entre todos los pueblos indígenas, y esto no aparece en los libros de texto políticamente correctos ni en los programas de los cursos universitarios más populares. Incas, mayas, aztecas, todos lo practicaban (además de los sacrificios humanos). Incluso los imperios precoloniales de África estaban desde antiguo, familiarizados con la esclavitud. Como también los árabes y las potencias islámicas posteriores, que se contaban entre los más despiadados mercaderes de hombres”.

El mentiroso Sánchez y sus secuaces han encontrado en estas políticas iliberales importadas de Estados Unidos y en la alianza con los enemigos internos de la España libre e igual, el caldo de cultivo ideal para llevar adelante sus planes para perpetuarse en el poder y ganar de una vez por todas la guerra que los rojos asesinos perdieron en 1936.

Qué panorama desolador.

El Senado de Brasil aprueba una reforma educativa que obliga la enseñanza del español
Redacción. El Debate. 20 Junio 2024

El Senado de Brasil aprobó este miércoles una reforma educativa que vuelve obligatoria la enseñanza del español como lengua extranjera, junto al inglés, en los últimos tres años de escolaridad. Esta medida debe regresar a la Cámara de Diputados para discutir los cambios introducidos, ya que el texto originalmente aprobado por esta cámara en marzo consideraba el castellano apenas como idioma optativo.

Durante el debate, la ponente del proyecto en el Senado, Dorinha Seabra, declaró que la obligatoriedad del castellano fue un pedido de la comunidad educativa, que además ve en esta medida una oportunidad para promover una mayor integración de Iberoamérica «La enseñanza del español permitirá a nuestros estudiantes estar mejor preparados para interactuar con nuestros vecinos y entender mejor la cultura y el contexto regional en el que Brasil está inserto», afirmó Seabra.

La reforma educativa también abre las puertas a la enseñanza en lenguas indígenas y al aprendizaje de otros idiomas extranjeros usados en territorios vecinos, como la Guayana francesa. Este enfoque inclusivo refleja un reconocimiento de la diversidad lingüística presente en el país y en la región. Además, la nueva legislación permitirá que ciudades con fuertes lazos con otros países, como las colonias de origen alemán e italiano en el sur de Brasil, puedan sustituir el inglés y el castellano por los idiomas utilizados por sus antepasados.

Aunque no hizo referencia específica a la introducción del castellano, el ministro de Educación, Camilo Santana, señaló que la aprobación de la reforma era una «victoria» fruto del diálogo con profesores y estudiantes. «Este es un paso importante para modernizar y adaptar nuestro sistema educativo a las necesidades actuales de los estudiantes y del país», comentó Santana. El ministro también destacó que la reforma busca mejorar la calidad de la educación y preparar mejor a los jóvenes brasileños para un mundo globalizado.

Brasil, con una población lusófona de 203 millones de habitantes, está casi enteramente rodeado por países de habla hispana, salvo por la Guayana francesa. Además, cuenta con importantes comunidades migrantes de origen venezolano y boliviano, lo que hace aún más relevante la enseñanza del castellano. El conocimiento del español no solo facilitará la comunicación y las relaciones comerciales con los países vecinos, sino que también permitirá una mayor comprensión y cooperación en el ámbito regional.

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ESPAÑA

Caso Otegi, el rastas y ahora los ERE: el TC invade la esfera del Supremo y le dice cómo aplicar la ley
Gema Huesca. vozpopuli. 20 Junio 2024

El Tribunal Constitucional ha aprovechado su pronunciamiento sobre los ERE para volver a corregir una actuación del Tribunal Supremo. La nueva interpretación que hace del delito de prevaricación por el que se condenó a Magdalena Álvarez se suma a otros fallos de calado del órgano que preside Cándido Conde-Pumpido y que vienen a contradecir de manera insólita lo sentenciado por el máximo intérprete de la ley.

En este caso, la sentencia que ha salido adelante con el voto de los progresistas del TC, corrige la condena de la Audiencia Provincial de Sevilla, ratificada por el Tribunal Supremo, contra la exministra de Fomento. El motivo se ciñe en el delito de prevaricación, también atribuido a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, entre otros.

La ponencia de la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, apunta que las sentencias condenatorias de los ERE desconocían la centralidad del Parlamento andaluz. El texto, que allana el camino para exonerar a otros condenados por este delito en el caso de los ERE, reprocha a la Audiencia de Sevilla y al Tribunal Supremo que realice una "interpretación y aplicación imprevisible" del delito de prevaricación.

Nueva corrección del TC con la prevaricación

El motivo de desencuentro reside en la responsabilidad penal del gobierno andaluz con la elaboración de las partidas a partir de las cuáles se desviaron hasta 700 millones de euros públicos de manera fraudulenta. Al respecto, tanto la Audiencia de Sevilla como el alto tribunal aplicaron el delito continuado de prevaricación a Álvarez por su participación en la elaboración de los proyectos de ley de los presupuestos para el pago de los ERE fraudulentos.

Sin embargo, el TC ha corregido al alto tribunal y le reprocha que ni los anteproyectos de ley ni los proyectos pueden entenderse como una decisión administrativa, sino como una actuación legislativa, de ahí que no tenga consecuencias penales. Se trata de una lectura que no ha pasado desapercibida en el bloque minoritario del Constitucional, de vertiente conservadora, que ya ha anunciado voto particular.

Estos cuatro magistrados no solo se oponen a estimar parcialmente el recurso de la que fuera consejera de Economía y Hacienda andaluza, sino que han vuelto a avisar de que la sentencia de Montalbán "ha devastado los límites de la jurisdicción constitucional", puesto que con su interpretación de cómo hay que aplicar la prevaricación, se irrumpe en el "ámbito reservado a la jurisdicción ordinaria y se suplanta la función del Tribunal Supremo".

Es más, el voto particular sostiene que al anular la sentencia de la mayor causa de corrupción en la historia de la democracia y rectificar de esta forma la interpretación al Supremo por primera vez desde que el Tribunal Constitucional entró en funcionamiento, se "ocasiona un daño institucional difícilmente reparable".

El 'rastas' y Otegi, los antecedentes

Con todo, no es la primera vez que el Constitucional corrige sentencias determinantes del Tribunal Supremo. El pasado enero, en apenas 24 horas de margen, el tribunal de garantías enmendó dos pronunciamientos del Supremo con una interpretación que provocó un profundo malestar en el alto tribunal.

En el primero de los casos la mayoría progresista se impuso con el ya tradicional resultado de 7 votos frente a 4, para determinar que la condena al exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez fue "desproporcionada".

El órgano admitió el recurso de amparo del político contra su condena en el alto tribunal de 45 días de inhabilitación por haber agredido a un agente de Policía en 2014. La sentencia, de la que fue ponente la exmagistrada del Supremo María Luisa Segoviano, obligó al alto tribunal a eliminar la parte relativa a la inhabilitación impuesta al considerar que esta accesoria ya había sido cumplida previamente.

Ya entonces, los magistrados discrepantes formularon un voto particular en el que advirtieron que el TC se estaba extralimitando con estos pronunciamientos. En concreto, denunciaron que el Constitucional no se limitó a verificar si se había vulnerado algún derecho fundamental, sino que efectuó "una interpretación alternativa de las normas penales".

Malestar en el Supremo

Un día después, el TC volvió a fracturarse en la deliberación del recurso de amparo del líder de la izquierda abertzale, Arnaldo Otegi. La mayoría progresista forzó con su mayoría que se estimara su recurso y se revocara la orden del Tribunal Supremo de volver a repetir el juicio por el caso Bateragune.

En este caso el TC que preside Conde-Pumpido concluyó que la decisión del Supremo (que ordenó a la Audiencia Nacional repetir el juicio en aplicación a lo dictaminado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos) vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva, porque ya fue condenado por intentar reconstruir Batasuna y esa pena, por tanto, estaba cumplida.

Estas dos enmiendas al Tribunal Supremo provocó un hondo malestar. Fuentes internas confirmaron entonces a Vozpópuli que se estaba produciendo una "invasión absolutamente desmedida" y que estaban siendo objeto de una "descalificación" prolongada en el tiempo" que ahora, tras la sentencia del caso de los ERE, se ha vuelto a evidenciar.

Se trata de un criterio que comparte el bloque minoritario del órgano, el cual viene advirtiendo en sus votos particulares de la extralimitación del Constitucional en sus respuestas a sentencias del Supremo. Este miércoles han vuelto a recordarlo con ocasión de la primera gran exoneración por el fraude masivo de los ERE.

Además, este grupo de cuatro magistrados ha advertido que la ponencia de Inmaculada Montalbán no dedica en su extenso antecedente "ni una sola línea a recoger la impecable argumentación desarrollada por el Tribunal Supremo". Cabe destacar que la sentencia del TC cuenta con cerca de 90 páginas, mientras que la del Supremo superó las 1.200 hojas

En La Voz decimos no
SANTIAGO REY FERNÁNDEZ-LATORRE. PRESIDENTE Y EDITOR DE LA VOZ DE GALICIA. 20 Junio 2024

Las últimas consultas electorales han dejado a la vista de todos los españoles el profundo abismo que se está levantando entre la sociedad civil y los intereses de los políticos. Numerosos ciudadanos hastiados del actual escenario abandonan su compromiso con la participación; fuerzas extremistas pescan en el río revuelto de los desencantados, y cada día se registran más ataques a las bases de la democracia. Se diluye la división de poderes, los políticos sustituyen los principios por el oportunismo, y hasta derechos fundamentales como la libertad de prensa están amenazados con intentos de regulación innecesarios e interesados.

No es una democracia sana la que convierte el debate público en un juego de intereses, la que olvida las necesidades de la mayor parte de la población y la que crea leyes o decretos al antojo de los que pretenden beneficiarse de ellas. Tampoco es un mal de un solo partido, puesto que, cuando ostentan el poder, todos caen en la tentación de usarlo en su particular beneficio. Pero la espiral de antagonismos que domina ahora la política lo ha exacerbado.

En La Voz de Galicia hemos sido siempre conscientes de la necesidad de denunciar todas las desviaciones del poder. A lo largo del tiempo, en mis artículos pedí la dimisión de Mariano Rajoy, cuestioné la falta de verdad de Zapatero, y la hemeroteca atestigua que el periódico no aceptó los infundios de Aznar sobre los atentados del 11-M.

Todo ello demuestra lo necesaria que es la prensa libre para denunciar sin ambages las líneas rojas que se han venido cruzando en el mal ejercicio de la política. Se ha hecho práctica común que unos gobiernen contra otros. Y que se digan unas cosas, pero se hagan otras muy distintas.

La lista es interminable. Basta ver, para empezar, lo que ha sucedido en la relación entre el Gobierno y los independentistas:

1.- El ahora presidente del Gobierno dijo en mayo del 2018 que se habían cometido delitos de rebelión y sedición, pero hoy defiende lo contrario porque necesita los votos de los condenados.

2.- Se prometió traer a Puigdemont de vuelta a España para someterlo a la Justicia, pero ha sido amnistiado.

3.- Se negó la posibilidad de indultar a los secesionistas, pero fueron indultados todos.

4.- Los independentistas exigieron que se modificase el Código Penal, y en noviembre del 2022 quedó extinguido el delito de sedición.

5.- Se declaró que la amnistía se hacía en interés de España, pero era la exigencia de los separatistas para apoyar la investidura.

6.- Se aceptó negociar en Suiza con los independentistas y se permitió que interviniese un mediador internacional, como si fuese un conflicto entre dos Estados.

7.- Se dijo que los delitos de terrorismo por las revueltas en Cataluña no se incluirían en la amnistía, pero se hizo.

8.- Se perdonó la malversación de fondos públicos, al imponerse la tesis del fiscal general, nombrado por el Gobierno.

9.- En el 2015 y el 2016 se dijo que jamás habría pactos con Bildu, pero en mayo del 2020 se acordó con ellos la reforma laboral y recientemente se sellaron acuerdos de gobierno en Navarra.

Son apenas algunos ejemplos. Pero no solo se han cruzado líneas rojas en la relación con los independentistas de Cataluña y el País Vasco. Para apuntalar el poder, también se han traspasado muchos principios democráticos. Un partido que gobierna debe hacerlo para todos, y, por tanto, basarse en la moderación y el consenso, no en la imposición sin diálogo. Sin embargo, muchas decisiones se toman en contra de este principio:

1.- España vive una etapa de división, enfrentamiento y enorme polarización política. Comenzó en el Congreso con la frase: «No es no, y no sé qué parte del no no entiende».

2.- Se prometió en el 2018 que la moción de censura a Mariano Rajoy daría paso a la convocatoria inmediata de elecciones, pero no se hizo.

3.- El presidente declaró que no formaría Gobierno con Podemos porque no podría dormir si tenía radicales en el Ejecutivo. Pero el 12 de noviembre del 2019 firmó un acuerdo de coalición y nombró a Pablo Iglesias vicepresidente.

4.- Se impulsó con Podemos la ley del «solo sí es sí», que hubo que rectificar porque favoreció las rebajas de penas y la puesta en libertad de violadores.

5.- Se aprobó una reforma laboral sin consenso, que salió adelante por el error en la votación de un diputado del PP.

6.- Se prometió un pacto de financiación de las comunidades autónomas equitativo, pero se creó una mesa bilateral con Cataluña, y ahora se negocia la «excepción catalana», que rechazan las comunidades, tanto gobernadas por el PP como por el PSOE.

7.- Se ofrecieron hasta 13 pactos de Estado con el PP, pero ninguno fructificó. En cambio, se aprobaron 140 reales decretos leyes para imponer políticas no consensuadas en las Cortes.

Y en muchos otros aspectos de la vida social se han ignorado valores democráticos, se han tomado decisiones unilaterales y se han cruzado más líneas rojas:

1.- El compromiso de «acabar con la colonización de las instituciones por los partidos» y de «sustituir la afinidad por el mérito y la capacidad» se olvidó al nombrar magistrados del Tribunal Constitucional a un exministro de Justicia y a una alto cargo de la Moncloa.

2.- Se ignoró la separación de poderes al nombrar fiscala general del Estado a Dolores Delgado, que había sido ministra de Justicia y era diputada del PSOE.

3.- Se quebró la independencia del CIS y se ha debilitado la fiabilidad de sus encuestas porque todas tienen un sesgo partidista.

4.- El Gobierno con Podemos puso en entredicho el respeto a la Corona e impidió que el rey acudiese a actos públicos en Cataluña.

5.- Se cambió la posición de España sobre el Sáhara Occidental sin consenso, con una simple carta al rey de Marruecos y sin explicar las razones ni al pueblo ni al Congreso. La decisión unilateral significó dejar de apoyar el referendo de autodeterminación que propugna la ONU, despreciar la deuda histórica de España con el pueblo saharaui y provocar la ruptura del tratado de amistad con Argelia.

6.- Se evitó el consenso con la oposición y se decidió unilateralmente el reconocimiento del Estado de Palestina.

7.- El presidente del Gobierno pasó de poner en valor a los empresarios a afirmar que estos lo habían sometido a grandes presiones.

8.- Convirtió la figura del fiscal general del Estado en una instancia partidista.

9.- Prometió la regeneración democrática, pero el sistema constitucional ha experimentado su mayor deterioro.

10.- Tras su retiro de cinco días al conocerse una investigación judicial a su esposa, anuncia que quiere reformar las leyes de prensa. Visto lo visto en estos años, una modificación de la regulación de la libertad de expresión puede traer lo contrario: la vuelta de la censura.

Como editor de un diario que ha cumplido 142 años, y con más de 60 de dedicación al periodismo, pienso que es mi obligación decir no. Aunque otros se abstengan.

En mi ya larga carrera conocí la censura y la persecución de la dictadura, luché por la instauración de la democracia y mantengo mi compromiso de ser siempre la conciencia crítica del poder. En este periódico se pueden leer a diario opiniones a favor y en contra de todos los poderes públicos, siempre expresadas con respeto y argumentación. Es nuestra riqueza.

Por eso, como editor, no puedo aceptar que se limite de ningún modo la libertad de prensa. Mucho menos, que un Gobierno pretenda unilateralmente tomar decisiones sobre un derecho fundamental. Las leyes evolucionan, porque la sociedad también lo hace, pero ningún cambio en la regulación de la prensa puede ser acertado si no se hace con consenso político, seguridad jurídica, participación del sector y salvaguarda primordial de los derechos de los lectores. A todo lo demás, gobierne quien gobierne, La Voz de Galicia dirá siempre no.

ESPAÑA

La principal asociación de fiscales lanza un duro comunicado contra García Ortiz denunciando su "servilismo y frentismo"
Vozpópuli. 20 Junio 2024

La Asociación mayoritaria de Fiscales ha emitido este miércoles un duro comunicado contra el Fiscal General, Álvaro García Ortiz, denunciando sus últimas actuaciones con respecto a la recién aprobada en el Congreso Ley de Amnistía.

En este crítico escrito, los firmantes denuncian que el "pasado viernes, 14 de junio, se dictó por el FGE un Decreto dirigido a los Fiscales de Sala encargados del despacho del procedimiento penal por el procés ordenando que debían emitir informe, con ocasión del traslado efectuado por la Sala de lo Penal el Tribunal Supremo, postulando que procede declarar amnistiadas la totalidad de las conductas que fueron y son objeto de dichos procedimientos, así como levantar las medidas cautelares que penden respecto de alguno de los encausados".

Acto seguido, estos recuerdan que "el Decreto, en su apartado tercero, dice que los citados Fiscales anticiparon su intención de activar el mecanismo previsto en el artículo 27 del EOMF lo que, al parecer, le causó sorpresa porque se hizo sin conocer previamente el contenido de la orden o instrucción ni los argumentos en que ésta se fundamenta que llegue con nitidez a todos los rincones del territorio nacional la certeza de que la orden sería la que es, la que el Gobierno esperaba

Tras esta puntualización, los firmantes han querido matizar al Fiscal General que la "orden la conocía todo el país" y que su principal propósito ha sido y será, "que llegue con nitidez a todos los rincones del territorio nacional la certeza de que la orden sería la que es, la que el Gobierno esperaba."

Un Ministerio Fiscal hundido en el servilismo

"Su reiterada negativa a debatir e informar sobre la Ley de Amnistía, pese a haber sido requerido para ello tanto por el Senado como por los vocales del Consejo Fiscal en repetidas ocasiones, so pretexto de no enturbiar la neutralidad del Ministerio Fiscal llamado a informar en todos y cada uno de los procedimientos en los que se pretenda la aplicación de la citada norma, no dejaba duda alguna sobre el contenido de la Orden que se le requirió", critican desde la Asociación de Fiscales.

Asimismo, los firmantes del escrito avanzan que ahora "vendrá la decisión del Tribunal Supremo, y arreciarán las críticas contra los Magistrados cualquiera que sea su sentido sin no es coincidente con el criterio impuesto por su imperativa decisión, esto, Sr. FGE, tampoco es un secreto."

A su vez, haciendo referencia a la filtración de información sobre la investigación que pesaba sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso, estos señalan que, García Ortiz, "seguirá haciendo un magnífico trabajo omitiendo toda indicación sobre el necesario respeto a las decisiones judiciales y a la independencia judicial. Contemplará la sucia lluvia de lawfare, lawfare, lawfare... tras los opacos cristales de la FGE esperando que embarre bien al órgano que pudiera llamarlo a declarar como investigado."

Antes de acabar el comunicado, la Asociación mayoritaria de Fiscales, ha afeado el "servilismo" y "frentismo" al que García Ortiz ha sumergido al Ministerio Público. Además, el texto sentencia mandando un mensaje directo al Fiscal General: "Habrá un día después de usted, el día que señalará el inicio de un esforzado camino para recuperar al Ministerio Fiscal para el Estado de Derecho y para la ciudadanía".

Vox pide al Tribunal Supremo que no aplique la ley de amnistía
Agencias DiarioSigloXXI. 20 Junio 2024

Vox, como acusación popular en la causa del ‘procés’, presentó este miércoles ante el Tribunal Supremo su escrito de valoración sobre la aplicación de la ley de amnistía, en el que le solicita que “directamente no aplique” esta norma porque “vulnera frontalmente principios básicos de nuestro derecho penal”.

“A todos los que nos manifestamos aquí en Colón contra la ley de amnistía, Vox no os va a fallar”, señaló la coordinadora nacional y jurídica de Vox, Marta Castro, en un vídeo en el que expone que la ley supone una “vulneración frontal del derecho de la unión”, ya que “vulnera todas las normas que deben estar armonizadas en España y que se regulan por las directivas europeas”.

Además, Castro explicó que en su escrito Vox solicita al Tribunal Supremo “que realice una cuestión prejudicial amparado en el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la UE para que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre esta vulneración con el derecho de la Unión”.

En este escrito, continuó, Vox pone de manifiesto su visión de que esta ley “vulnera frontalmente principios como el de seguridad jurídica, el de igualdad de todos los ciudadanos, la tutela judicial efectiva y, el más importante, la separación de poderes”, que es algo “básico” en “nuestro Estado de derecho”.

Finalmente, Castro expuso que Vox pide también la suspensión de la aplicación de ley de amnistía “en todos los procedimientos que pudieran afectar hasta que se tome una decisión” por parte del Tribunal Supremo.

Pedro Sánchez está a punto de rebasar el delirio de Pujol
Agustín Valladolid. vozpopuli. 20 Junio 2024

A la vista de lo que se nos anuncia, el catálogo supremacista de Jordi Pujol podría convertirse muy pronto en un viejo desiderátum ampliamente superado por nuevas regalías

Probablemente, Jordi Pujol nunca pensó que iba a ser un gobernante de izquierdas el encargado de hacer realidad sus quimeras. Menos aún de rebasarlas: “Concienciar a nuestro pueblo de la necesidad de tener más hijos para garantizar nuestra personalidad colectiva; potenciar el modelo familiar que garantice la sustitución biológica; estimular el sentimiento nacional catalán de los estudiantes y profesores; apoyar a personalidades de ideología nacionalista en los órganos rectores de las tres universidades catalanas; velar por la composición de los tribunales de oposición; lograr que los medios de comunicación públicos dependientes de la Generalitat sigan siendo unos transmisores eficaces del modelo nacional catalán para la creación del estado de opinión nacional; introducir a gente nacionalista de una elevada profesionalidad y una gran cualificación técnica en los lugares claves de los medios de comunicación; Cataluña es una nación discriminada que no puede desarrollar libremente su potencial cultural y económico” (Del ‘Programa 2000’ de Pujol, desvelado hace unos años por el semanario El Triangle).

En Italia, la derechista y supremacista Liga Norte de Matteo Salvini, uno de los partidos que sostiene el gobierno de Giorgia Meloni, ha impulsado la llamada “Ley de Autonomía Diferenciada”, con la que a través de un modelo asimétrico se busca reducir la aportación al Estado de las regiones del norte, lo que a juicio de la izquierda, que ha rebautizado el proyecto como la “secesión de los ricos”, incrementará las diferencias con el sur. Italia es el país de Europa en el que la brecha socioeconómica entre regiones ricas y pobres (o no tan ricas) es mayor. Salvini la quiere aún más grande. Un dato revelador, sin necesidad de entrar en más detalles: la esperanza de vida en Calabria es tres años inferior a la del Trentino-Alto Adigio.

Hace diez años la Generalitat conmemoró el Tricentenari (1714) convirtiendo aquella derrota, la del más vetusto feudalismo catalán frente a las tropas borbónicas, en un “acto heroico en defensa de las libertades” (Óscar Uceda. Cataluña, la historia que no fue. Planeta de libros). En 1827 estalló en Cataluña la Revolta dels Agraviats, una “combinación de fuerzas reaccionarias [que] sentó un claro precedente del carlismo emergente poco tiempo después” y que fijaba entre sus objetivos “el boicot a las reformas fiscales [supuestamente más solidarias] que se iban a ejecutar” (Nueva historia de la España contemporánea. 1808-2018. José Álvarez Junco y Adrián Shubert editores. Galaxia Gutenberg). Los historiadores, no sin esfuerzo, van poniendo las cosas en su sitio.

Han sido, son y serán los que Mariana Mazzucato llama “captadores de rentas” los más interesados en amurallar sus prebendas y dificultar un más justo reparto de la riqueza. Lo llamativo es que en España sean los herederos de la socialdemocracia delicuescente los que pretendan disfrazar de normalización democrática la concesión de privilegios ultramontanos; y, por si no fuera suficiente oprobio, lo hagan asumiendo el chantaje como método aceptable, apoyándose además en otra circunstancia singular: la de dos izquierdas anómalas, por segregacionistas, y con ingredientes manifiestamente xenófobos: ERC y Bildu.

Uceda, presidente de la Associació d'Historiadors de Catalunya Antoni de Capmany, sostiene que el ‘Programa 2000’ de Pujol sigue siendo el proyecto vigente de construcción nacional de Cataluña. Sin embargo, a la vista de lo que se nos anuncia, más bien parece que aquel manual de manipulación, aquel catálogo supremacista del ex president podría convertirse muy pronto en un viejo desiderátum ampliamente rebasado por nuevas y más profundas regalías. De momento, y para que Salvador Illa se asome algún día al balcón del Palau de la Generalitat, ya parece asumida la exigencia de una financiación “singular” que podría incorporar la guinda de una Agencia Tributaria propia, llámese Concierto o como se quiera llamar. Más tarde, si lo que se pretende es aprobar los presupuestos, habrá que transigir con un Tribunal Superior de Justicia emancipado del Supremo y del Consejo del Poder Judicial y sometido al poder político, como quería Pujol.

Enseñanza, medios de comunicación, impuestos y justicia. Todo fuera del alcance del Estado. Y la Constitución en modo low cost. Hacia la independencia por la vía de los hechos. En uno o dos años no habrá herramientas para oponerse a una consulta sobre la autodeterminación. ¿Pujol? Con Puigdemont y Marta Rovira tirando de la cuerda, y Pedro Sánchez ejerciendo de padrino legitimador de este arbitrario proceso de reencuentro (sic), el viejo Pujol, sobrepasado por los acontecimientos, para su gran regocijo, está a punto de convertirse en una reliquia a la que sacar una vez al año en procesión.

Dice una reconocida colega que a veces la política es la correlación de fuerzas aderezada con algunas miserias. Ya no. Ahora el problema es que la excepción se ha normalizado y, en política, llevamos demasiado tiempo instalados en la indigencia.

BALEARES

El Gobierno de PP y Vox en el Consell de Mallorca mantiene el requisito del catalán a los médicos

Pese a eliminarlo el Govern de Prohens, el gobierno insular lo exige a los geriatras de las residencias de ancianos

Ambos partidos pactaron hace un año "modificar las normas que supongan una imposición lingüística"

INDALECIO RIBELLES. okdiario. 20 Junio 2024

El gobierno de coalición de PP y Vox en el Consell de Mallorca mantiene el requisito de catalán a los nuevos médicos que contratará el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) que, además de los centros de atención de menores, tiene bajo su tutela el grueso de las residencias públicas de ancianos de la Isla.

Si ante la escasez de facultativos que quieran venir a Baleares, la primera medida que anunció el Govern del PP de Marga Prohens fue la eliminación de este requisito lingüístico para todo el personal sanitario (además de médicos, también enfermeras) el Consell de Mallorca, también gobernado por el centroderecha, no está obrando igual que el Ejecutivo balear.

Esta misma semana la dirección del IMAS, gestionado por el conseller ejecutivo de Bienestar Social del PP y presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, ha hecho pública la convocatoria por concurso de méritos y procedimiento extraordinario de selección de personal para cubrir plazas vacantes de técnico superior de la especialidad o categoría de médico geriatra.

Pues bien, además de título universitario de grado o Licenciatura en Medicina y de especialista en Geriatría, a los aspirantes se les exige nivel de conocimiento de lengua catalana nivel B2.

Para ello, como se especifica en las bases de la convocatoria, el Gobierno insular toma como referente lo acordado por el anterior Ejecutivo balear de coalición de socialistas, independentistas de Més y Podemos liderado por Francina Armengol, que impuso el requisito catalán en el acceso a cualquier plaza de empleado público.

En concreto, así se acoge al artículo 3 b) del Decreto 11/2017, de 24 de marzo, de exigencia del conocimiento de la lengua catalana en los procedimientos selectivos de acceso a la función pública y para desempeñar puestos de trabajo de la Administración de la Comunidad de las Islas Baleares.

El nuevo gobierno insular lo mantiene vigente para todas las plazas públicas, incluidos los médicos, que fueron exonerados por el Govern de Prohens, para trabajar en Baleares.

Pero más allá de que el Consell no mantenga la línea a seguir en este apartado por el Govern de Prohens, el mantenimiento del requisito de catalán supone un incumplimiento flagrante del acuerdo de gobernabilidad firmado por PP y Vox en junio pasado. En concreto de dos artículos de ese pacto.

En el primero de ellos, el 111, ambos partidos acuerdan modificar «las normas que supongan una imposición lingüística, asumiendo que en la comunidad existen dos lenguas oficiales. Se hará el desarrollo normativo correspondiente para garantizar que el desconocimiento del catalán no penalice en el acceso a la Función Pública».

El 112, por su parte, recoge la necesidad de garantizar la libertad lingüística, «modificando el actual Reglamento de Usos Lingüísticos con el fin de garantizar que los ciudadanos puedan dirigirse y ser atendidos en cualquiera de las dos lenguas oficiales». Por ahora, el gobierno de coalición, presidido por el popular Llorenç Galmés, no ha cumplido ninguno de estos dos compromisos en materia lingüística, cuando se va a cumplir el primer año de la legislatura.

El denominado Reglamento Orgánico del Consell de Mallorca aprobado en su última modificación por el anterior Gobierno insular en 2018 establece en su artículo segundo que «el catalán, como lengua propia de Mallorca, lo es también de este Consell».

En su segundo epígrafe se añade que la Administración del Consell de Mallorca tiene que utilizar el catalán y el castellano como lenguas oficiales en la comunidad autónoma de las Islas Baleares, de acuerdo con la forma regulada por la Ley 3/1986, de 29 de abril, de normalización lingüística en las Islas Baleares, y de acuerdo con el Reglamento de regulación del uso de la lengua catalana dentro del ámbito de competencia del Consell.

Sin embargo, hasta la fecha, se mantiene vigente la imposición del catalán como requisito, como si nada hubiera pasado en esta materia en las elecciones insulares del 28 de mayo de 2023, y siguieran socialistas e independentistas al frente del gobierno insular.

Denuncian que Baleares induce a los padres a obviar el español en la matrícula escolar de sus hijos
Desde Escuela de Todos lamentan que vayan a ser los centros escolares –que se negaron a apuntarse al plan piloto– los que tengan que explicar a los padres que existe la nueva opción de elegir estudiar en castellano
Amparo Castelló. Madrid. el debate. 20 Junio 2024

La matrícula para apuntar a los alumnos a la escuela en Baleares tendrá lugar del 24 al 28 de junio y de manera inesperada solo podrá hacerse de forma presencial, al contrario que otros años que sí se ha podido hacer también online y la propia preinscripción de este año, que se pudo hacer de forma telemática.

Desde Escuela de Todos consideran que este cambio puede responder a un intento por camuflar o dejar pasar inadvertida la nueva casilla que da la opción a elegir las clases en castellano –y no en catalán como hasta ahora– en la matrícula. Una promesa que el Gobierno de Marga Prohens realizó de cara al próximo curso y que debe de aparecer en los formularios de matriculación.

«Seguimos molestos porque Conselleria no ha hecho una campaña previa de información a los padres explicando que este año podrán elegir entre catalán o castellano y creemos que el hecho de que la matrícula sea ahora presencial únicamente está influido por este tema», explica la presidenta de la asociación, Ana Losada.

Argumenta que siendo presencial «son los centros los que van a tener que ofrecer la información sobre la existencia de la casilla, los mismos centros que se han negado a formar parte del plan piloto lanzado por Prohens para la impartición de clases en castellano y que, manifiestamente, se han erigido en contra del plan». Además, aduce, «de forma presencial la presión para los padres es mayor que si la matrícula se hiciera telemáticamente».

«Bienvenida sea la rectificación»

Desde Hablamos Español, asociación que ha tenido acceso a un futuro formulario impreso –aunque únicamente lo han localizado en catalán–, consideran que este cambio en la forma de inscripción debe responder más bien a «un intento por hacer las cosas bien por parte del Gobierno autonómico». Su presidenta, Gloria Lago, manifiesta que seguramente la decisión de incluir la casilla del castellano en la matrícula se ha tomado a última hora debido a las presiones recibidas por parte de las asociaciones y padres que quieren que sus hijos puedan elegir libremente en qué idioma estudiar y que «a Educación le ha debido de ser más fácil imprimir formularios que cambiar el proceso de matriculación online. Tras las protestas, llega la rectificación. Bienvenida sea».

Mañana, 21 de junio, saldrán los listados definitivos de alumnos admitidos en los centros. Tanto en los de Ibiza, Formentera y Menorca, los padres podrán encontrar los formularios de matrícula en los colegios. «Habrá que esperar a ver qué ocurre», expresa Losada.

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