Recortes de Prensa Viernes 21 Junio 2024

EEUU priorizará el envío de misiles antiaéreos a Ucrania para proteger las centrales eléctricas
Henar Andrés. el mundo. 21 Junio 2024

Tras los "masivos" ataques rusos a las infraestructuras energéticas de Ucrania, Estados Unidos ha anunciado que dará prioridad a las entregas de misiles antiaéreos a Kiev.


Para paliar los apagones provocados por los continuos bombardeos a las centrales eléctricas, Volodimir Zelenski ha pedido instalar "lo antes posible" paneles solares en "cada escuela y cada hospital".


Mientras, las autoridades rusas han informado de que sus defensas antiaéreas han interceptado 70 drones sobre Crimea, 43 en la región de Krasnodar, donde falleció un hombre, y uno en Volgogrado. El ejército ruso también ha destruido seis drones navales ucranianos en el noroeste del Mar Negro.


9:25

Ucrania despliega refuerzos para defender la ciudad de Chasiv Yar

Ucrania ha desplegado refuerzos en el sector de Chasiv Yar, una ciudad estratégica en el frente oriental y puerta de entrada a las principales ciudades mineras del Donbás, informó el jueves una unidad de combate en un comunicado.


Moscú apunta a esta localidad, ahora en ruinas, con el objetivo de avanzar hacia Kramatorsk, la principal ciudad aún bajo control ucraniano en la región y guarnición del frente oriental.


El comunicado admitía que "la situación en la ciudad y sus alrededores es extremadamente difícil". La 24ª brigada explicó que estaba "destruyendo masivamente al enemigo", pero reconoció que había sufrido "pérdidas".


9:15

Seis heridos en el ataque masivo contra el sur de Rusia

Al menos una persona murió y otras seis resultaron heridas anoche en un ataque ucraniano masivo con drones contra región meridional de Krasnodar, informaron este viernes las autoridades de esa entidad de la Federación de Rusia.


Según los servicios de emergencia, en el ataque, además de la sala de calderas donde se produjo la víctima mortal, resultó dañado el edificio de una estación de autobús de capital regional, donde "al menos cuatro personas resultaron heridas".


Otras dos personas sufrieron heridas a causa del impacto de una dron en el territorio de la refinería de petróleo de Ilski, una de las más importantes del sur del país.


8:20

Rusia dice haber neutralizado 114 drones ucranianos durante la noche

Los sistemas de defensa antiaérea rusos interceptaron y destruyeron 70 drones sobre Crimea anexionada, 43 drones sobre la región de Krasnodar y un dron sobre la región de Volgogrado, informó el ministerio de Defensa ruso en un comunicado.


El ejército ruso también destruyó seis drones navales ucranianos en el noroeste del Mar Negro, según la misma fuente.


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8:10

Un muerto en Krasnodar

El ejército ucraniano lanzó un ataque "masivo" con drones en el sur de la región rusa de Krasnodar, matando a una persona y atacando una refinería de petróleo, entre otros lugares, según informaron funcionarios locales.


El gobernador de la región, Veniamin Kondratyev, escribió en la aplicación de mensajería Telegram que un trabajador de una sala de calderas murió al estrellarse contra ella restos de un avión no tripulado.


Un dron también dañó un edificio de oficinas en una refinería de petróleo, añadió el gobernador.


8:00

EEUU priorizará los envíos de misiles antiaéreos a Ucrania para enfrentar los bombardeos rusos

Estados Unidos anunció el jueves que dará prioridad a las entregas de misiles antiaéreos a Ucrania para enfrentar una campaña de bombardeos rusos "masivos" contra sus centrales energéticas que provocan cortes de electricidad.


Para paliar esos apagones, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, pidió instalar "lo antes posible" paneles solares en "cada escuela y cada hospital" de la exrepública soviética, confrontada desde hace más de dos años a una invasión rusa.


Según el operador ucraniano DTEK, Rusia ha lanzado siete ataques masivos contra centrales eléctricas ucranianas en los últimos tres meses.


Rusia utiliza por primera vez en Ucrania una bomba aérea de tres toneladas
Efe Moscú. el mundo. 21 Junio 2024

El Ejército ruso utilizó hoy por primera vez una bomba planeadora de tres toneladas de peso (FAB-3000), contra un punto de concentración de tropas ucranianas en la región nororiental de Járkiv.


"La Fuerza Aeroespacial rusa utilizó por primera vez una FAB-3000 con módulo de planeo y corrección UMPK", declaró una fuente castrense a la agencia rusa TASS.


Añadió que el objetivo fue un lugar donde se habían concentrado tropas enemigas en la localidad ucraniana de Liptsi, cerca de la frontera con Rusia.


Anteriormente, varios blogueros militares rusos publicaron un vídeo del presunto uso de esta bomba contra el edificio que servía de refugio a soldados ucranianos, donde se ve una detonación que cubre una zona considerable.


Según los blogueros, la bomba, que posee un radio de destrucción efectiva de 230 metros y cuya onda expansiva puede alcanzar los 1.200 metros, cayó a 10 metros de su objetivo.


Hasta el momento, las fuerzas rusas habían utilizado bombas deslizantes de 500 y 1500 kilogramos, que se tornaron decisivas durante la toma del bastión ucraniano de Avdivka.


Este tipo de bombas, equipadas con un sistema de planeo y corrección, permiten a la aviación rusa atacar objetivos a unos 70 kilómetros de distancia, con lo cual evitan entrar en la zona de acción de las defensas antiaéreas enemigas.


En marzo pasado el Ministerio de Defensa de Rusia informó que había comenzado a producir las bombas de tres toneladas, durante una visita del entonces titular de la cartera, Serguéi Shoigú, a una empresa del complejo industrial militar ruso ubicada en Nizhni Nóvgorod.


Sánchez y Pumpido tienen un plan para que no haya ningún socialista corrupto en prisión
Editorial. OKDIARIO. 21 Junio 2024

Después de que la mayoría de los magistrados del Tribunal Constitucional afín a Pedro Sánchez estimara parcialmente el recurso interpuesto por la ex ministra socialista y ex consejera andaluza Magdalena Álvarez, condenada por el fraude multimillonario de los ERE de Andalucía, su condena de nueve años de inhabilitación impuesta por un delito de prevaricación ha quedado en papel mojado, pese a admitir el tribunal que en la elaboración de los proyectos de ley de Presupuestos de los años 2000 y 2001 se vulneró la normativa presupuestaria vigente, una decisión que viene a corregir al Tribunal Supremo, suplantando de forma grosera el papel de éste como máximo intérprete de la ley. Parece evidente que el Constitucional, en lo que respecta a Magdalena Álvarez, está preparando el camino para que los socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán, en parte, se vayan también de rositas.


Y es que el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, llevará en los próximos plenos del mes de julio los recursos de amparo de los condenados por los ERE, dándose por descontado -por razones obvias-que se estimarán los recursos en cuanto a la prevaricación que provocó que los políticos socialistas fueran inhabilitados de sus cargos. Conde-Pumpido decidió posponer la resolución de estos recursos para no interferir en las elecciones europeas y tiene previstos resolverlos antes del mes de agosto, fechas en las que la Corte de Garantías funciona con tres magistrados, perdiendo la mayoría del bloque sanchista.


De modo que el Constitucional de Conde-Pumpido, con tres miembros directamente vinculados al PSOE andaluz, «amnistiará» a los responsables socialistas culpables del mayor caso de corrupción política de la historia de España. Todos fueron condenados por la Audiencia Provincial de Sevilla, cuya sentencia fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Supremo, a penas de prisión e inhabilitación por delitos de prevaricación continuada en concurso medial con malversación. Conclusión: si eres del PSOE o separatista -por mucho que el Supremo te condene- entre Pedro Sánchez y el TC de mayoría sanchista te librarán del marrón.


El PSOE y la relativización de la corrupción: el TC lava más limpio
El PSOE lleva tiempo presumiendo de sus corruptos. Y si llega la condena, ahí está en última instancia el Tribunal Constitucional para arreglarlo
Editorial . ESdiario. 21 Junio 2024

El Tribunal Constitucional más politizado y contaminado de la historia ha tumbado la condena por prevaricación a una de las principales condenadas en la trama de los ERE, la ex consejera de la Junta de Andalucía y ex ministra Magdalena Álvarez. Una sentencia que produce bochorno por varios motivos. Primero porque ha sido por 7 votos a favor y 4 en contra, como siempre que está en juego algo que le interesa al Gobierno. Segundo, por los propios argumentos de la ponente. Y tercero porque era un secreto a voces desde que Pedro Sánchez dio a entender hace unas semanas la exculpación de la socialista.


Magdalena Álvarez, en lugar de tratar de pasar inadvertida y disfrutar en silencio de esta absolución política, se ha dedicado a disfrazarse de víctima. Ha llegado a decir que el mayor caso de corrupción política en España fue “un montaje político del PP para ganar en las urnas de manera sucia”. El mundo al revés. Los ladrones presumen de honrados. Los chorizos son las víctimas.


El PSOE lleva tiempo presumiendo de sus corruptos. En plena campaña de las elecciones andaluzas, Rodríguez Zapatero gritó en un mitin aquello de “orgullo de Chaves y Griñán”, los expresidentes de la Junta que fueron los verdaderos cerebros del sistema fraudulento de los ERE. Si cuando no se atisbaba la absolución sacaban pecho por ambos condenados, qué no hará el PSOE cuando sean absueltos.


Lo mismo pasa con Begoña Gómez, que al parecer es la imputada más inocente de la historia, otra mártir de una trama política, mediática y judicial para acabar con Sánchez. La justicia nunca es justa cuando el que se pone en el punto de mira es un socialista o una ley del Gobierno sanchista.


Y si llega la condena, ahí está en última instancia el Tribunal Constitucional para arreglarlo. Cándido Conde-Pumpido y sus seis apóstoles del sanchismo no tienen rubor en dejar impune los ERE o en darle el visto bueno a la ley de amnistía o a una “financiación singular” para Cataluña o, llegado el caso, a un referéndum de independencia. El TC siempre lava más limpio.


Y si se denuncia este sistema perverso y corrupto, inmediatamente el denunciante se convierte en un peligroso fascista que no acepta las reglas de la democracia. Eso es lo que ha venido a decir la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, que ha criticado que el PP no acepte una sentencia del Constitucional. “Respetar a los órganos constitucionales es de primero de Democracia”, ha escrito esta señora que hace muy pocos días aplaudía las cartas de Pedro Sánchez a los españoles en las que se denuncia el lawfare judicial contra el Gobierno. Ver para creer. Tanto cinismo es insoportable.


La celada
EMILIO CAMPMANY. libertad digital. 21 Junio 2024

Cuentan las crónicas, entre otras la de Libertad Digital, que PP y PSOE han acercado posiciones en su negociación para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Sánchez ha lanzado un ultimátum y amenaza con una renovación unilateral, que le permitiría cubrir con hombres de su cuerda todas las vacantes, las actuales, producidas desde que privara al Consejo de la facultad de hacer nombramientos, y las futuras. Por otra parte, ofrece al PP, si se aviene a llegar a un acuerdo, cubrir la vacante del Constitucional que le corresponde con la persona que prefiera y negociar los nombres del gobernador y vicegobernador del Banco de España, así como la cúpula de RTVE. Da la impresión de que Feijóo está a punto de aceptar, pues eso sugiere su "vamos a intentarlo" con el que contestó a un periodista. Díaz Ayuso le ha advertido de los peligros de hacerlo.


El caso es que Feijóo no debe en modo alguno ceder. Si está hoy tentado de transigir es porque cree que, si no pacta, el presidente cambiará la ley y copará el Poder Judicial con su gente. Si llega en cambio a un entendimiento, aunque sea para estar en minoría en el Consejo, al tener que hacerse las designaciones por mayoría de tres quintos, Sánchez no tendrá forma de imponer sus nombres siempre.


Esta manera de discurrir parece correcta, pero no lo es. Sánchez siempre ha querido la docilidad de las instituciones y jamás ha nombrado para ningún cargo que de él dependa a nadie que tuviera una brizna de independencia. Ahora, encima lo necesita. Está empezando a aflorar una trama de corrupción de la que él es sin duda el cabecilla. Para cuando sea evidente su responsabilidad, tendrá que tener al Poder Judicial bajo control. Le urgen jueces amigos en todas partes. Y los necesita ¡ya! De ahí que haya lanzado el ultimátum: el Consejo se renovará antes del verano, por las buenas o por las malas.


Ante esa tesitura, Feijóo prefiere que sea por las buenas. Sin embargo, no se da cuenta de que, aunque ahora en el Consejo la ley exige el voto favorable de tres quintos de los vocales, bastará una pequeña reforma legal para que la mayoría socialista pueda hacer ella sola todos los nombramientos. Y ya hemos visto lo que hace la gente de Sánchez: comete delitos para poner en evidencia al novio de Ayuso, aminora la condena de otros socialistas con argumentos antijurídicos sin respetar los límites a las competencias del Tribunal Constitucional, defiende con uñas y dientes la amnistía de los enemigos de España, etc. Si esto hacen los subordinados en beneficio de terceros, qué no harán para proteger a su persona. Y si hasta ahora, para amparar a otros, Sánchez ha elegido personas tan sectarias, qué fanáticos no escogerá para que le defiendan de las acusaciones que se ciernen sobre su cabeza.


Es cierto que, si Feijóo no se arruga, Sánchez cambiará la ley a su favor. Pero al menos lo hará bajo su exclusiva responsabilidad y con el escándalo suficiente para que el ruido llegue a Bruselas que, aunque poco, algo hará por defendernos. Europa en cambio no moverá un dedo si ve que todo se hace con la colaboración, siquiera aparente, del PP. Feijóo tiene que acostumbrarse a que, con Sánchez, no hay mal menor que aceptar ni mal mayor que evitar. Sólo está el mal que combatir.


Un nuevo clavo en el ataúd de la división de poderes en España
ALBERTO JAVIER TAPIA HERMIDA. libertad digital. 21 Junio 2024

La Sentencia ha devastado los límites de la jurisdicción constitucional al irrumpir en el ámbito reservado a la jurisdicción ordinaria y suplantar la función del Tribunal Supremo como máximo intérprete de la ley.


El miércoles 19 de junio, la Oficina de Prensa del Gabinete del Presidente del Tribunal Constitucional ha publicado la Nota informativa nº 65/2024 que da cuenta de que "El pleno del TC estima parcialente (sic.) el recurso de amparo de Magdalena Álvarez condenada por un delito de prevaricación en el caso de los ERES de Andalucía.


Procedemos a expresar las razones de nuestra discrepancia con dicha Sentencia —de la que ha sido ponente la Vicepresidenta, Inmaculada Montalbán Huertas— que estima parcialmente el recurso de amparo de Doña Magdalena Álvarez anulando su condena por el delito de prevaricación continuada en el caso ERE, uno de los mayores fraudes de nuestra democracia, en el que se malversaron 680 millones de euros originalmente destinados a ayudas sociolaborales; que ha generado —a la vista de su impacto en los medios de comunicación— una alarma social notable; y que implica, a nuestro parecer, un nuevo ataque a la endeble división de poderes que padece nuestra nación.


Debemos partir de las Sentencias de la Audiencia Provincial de Sevilla y la Sala Penal del Tribunal Supremo que condenaron a Doña Magdalena Álvarez por un delito continuado de prevaricación, por haber participado en la elaboración y aprobación de los anteproyectos y proyectos de las leyes de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para los ejercicios 2002, 2003 y 2004, y por la realización de diversas modificaciones presupuestarias. En particular, ambas Sentencias consideraron que dichos anteproyectos y proyectos de ley eran ilegales porque infringían la normativa presupuestaria en vigor en aquel momento ya que incorporaba el uso de transferencias de financiación para el pago de ayudas sociolaborales, mediante la creación del programa 3.1 L en las leyes de presupuestos de la Comunidad Autónoma, desplazando la aplicación de la normativa de subvenciones y porque las resoluciones impugnadas consideraban que las modificaciones presupuestarias para el pago de las ayudas sociolaborales se adoptaron también infringiendo la normativa presupuestaria.


Según dice la Nota de prensa, la Sentencia del TC considera que las Sentencias de la Audiencia Provincial de Sevilla y del Tribunal Supremo, desconocen la centralidad del Parlamento de Andalucía en el entramado institucional establecido en el Estatuto de Autonomía porque fue el Parlamento de Andalucía el que, a iniciativa del Gobierno de dicha Comunidad Autónoma, aprobó el nuevo sistema de presupuestación de las ayudas sociolaborales a través de las leyes de presupuestos. Y añade que "la modificación de la normativa presupuestaria por este cauce nunca puede ser delito ni tampoco puede serlo la elaboración del texto articulado por quienes tienen la iniciativa legislativa". De este modo, se crea un ámbito de impunidad de la actividad política que resultaría incontrolable por los jueces y tribunales.


En este sentido, resulta especialmente significativo que la Sentencia del TC —de acuerdo con lo sostenido por el Fiscal— considera que la elaboración de los anteproyectos de ley y su aprobación como proyectos de ley no puede ser constitutiva del delito de prevaricación, exponiendo un argumento incorrecto, en pura lógica jurídica, cuando añade: "si los proyectos tuvieran que respetar el contenido de las normas nunca podrían llevarse a cabo las modificaciones de las leyes existentes, pues los cambios normativos tienen como objeto establecer una legislación diferente de la que se encuentra en vigor".


El TC abunda en un argumento paradójico porque, después de señalar que los jueces y tribunales no pueden controlar la actividad de los políticos, infringiendo el principio de separación de poderes, que implica de por sí que el poder judicial debe controlar la actividad normativa (función propia de la jurisdicción contencioso-administrativa); añade, sin rubor, que "los órganos judiciales no pueden interferir en las relaciones institucionales entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo so pena de infringir el principio de separación de poderes".


Dado que emitimos esta opinión como modestos profesores de Derecho Mercantil de una Universidad Pública española, la prudencia más elemental nos lleva a buscar el amparo de nuestro criterio en el de quienes saben más de la materia, es decir, en la persona del magistrado César Tolosa Tribiño, que formula un voto particular al que se adhieren los magistrados Ricardo Enríquez Sancho y Enrique Arnaldo Alcubilla y la magistrada Concepción Espejel Jorquera, reservándose a su vez estos últimos la emisión de un voto particular propio, al entender que el recurso de amparo debió ser desestimado porque la condena de Magdalena Álvarez Arza no vulneró su derecho a la legalidad penal.


La nota de prensa recoge con detalle las razones del voto particular, que han sido, en esencia, que la Sentencia mayoritaria ha devastado los límites de la jurisdicción constitucional, al irrumpir en el ámbito reservado a la jurisdicción ordinaria y suplantar la función del Tribunal Supremo como máximo intérprete de la ley (arts. 117.3 y 123.1 CE) y que la sentencia mayoritaria, al anular las sentencias dictadas en el asunto de corrupción más importante de la historia reciente de España y rectificar por primera vez desde que el Tribunal Constitucional entró en funcionamiento al Tribunal Supremo en la interpretación de un elemento recogido en la descripción objetiva de la conducta delictiva, ocasiona un daño institucional difícilmente reparable.


Añade el voto particular su inquietud y preocupación porque, en un procedimiento penal de tanta relevancia, perezca uno de los principios vertebradores del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal: su "unidad de actuación" (art. 2.1 EOMF) pues el Ministerio Fiscal ante el Tribunal Constitucional refuta como contraria al principio de legalidad penal (art. 25.1 CE) una condena impuesta y confirmada a instancia del propio Ministerio Fiscal. El voto particular también expone su desconcierto porque, en los extensos antecedentes, no se dedique una sola línea a recoger la impecable argumentación desarrollada en la sentencia del Tribunal Supremo por la que a lo largo de noventa páginas considera que los hechos constituyen un delito continuado de prevaricación.


El voto particular también dice que la Sentencia mayoritaria consagra un inexistente principio de irresponsabilidad de los miembros del Gobierno, ajeno a la Constitución; situando a los miembros del Gobierno por encima de la ley y con ello derrumba los propios fundamentos del Estado de derecho e incumple los compromisos internacionales adquiridos en la lucha contra la corrupción, así como las exigencias del art. 325 TJUE al generar un riesgo sistémico de impunidad; y que la Sentencia de la mayoría incurre en una argumentación ilógica y extravagante, al confundir una consejera con el Gobierno, al apelar a las funciones del Gobierno para exonerar de responsabilidad penal a sus miembros por los delitos cometidos y al reconocer a los miembros de gobierno impunidad contra lo dispuesto en la Constitución. Y, por último, indica que la Sentencia mayoritaria debilita los fundamentos del Estado de derecho, introduce causas de irresponsabilidad no previstas en la Ley, incurre en un exceso de jurisdicción que socaba la posición institucional que la Constitución reconoce al Tribunal Supremo, debilita la persecución eficaz de los delitos de corrupción institucionalizada cometidos por el Gobierno o sus miembros y, finalmente, supone un incumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por España frente a la corrupción.


¿Ha de pactar Feijóo con Sánchez el CGPJ?
Miquel Giménez. vozpopuli. 21 Junio 2024

A poco que hayan visto algún documental de animales sabrán lo que pasa cuando los bóvidos acuden a beber al río. El ñu, la gacela de Thompson, incluso el elefante, beben con un ojo puesto en el agua y el otro vigilando. Porque su instinto les advierte del peligro, dado que los depredadores están al acecho para pillarlos con la guardia baja y zampárselos tan ricamente. Es la ley de la naturaleza. Hay quien mata para sobrevivir y quien huye por la misma razón.


Trasladado a la política española, la pregunta es si Feijoó debería negociar con Sánchez el desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial. A Sánchez le interesa, siempre y cuando el resultado dé un número de jueces afines a su persona; al PP no le conviene precisamente por eso mismo. Siendo sinceros, el pecado original fue aquel lamentable “Montesquieu ha muerto” que se atribuye a Alfonso Guerra y que éste siempre ha negado haber dicho. La cosa se remonta a 1985 cuando el PSOE aprovechó su mayoría en la cámara y reformó la Ley del Poder Judicial. Entonces como ahora el socialismo patrio consideraba que los jueces eran demasiado de derechas y se decidió que fuese el Parlamento quién eligiera los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Craso error que metió a los políticos en el terreno de la justicia. Recordemos que a los miembros del organismo judicial los eligen Congreso y el Senado, debiendo tener la aprobación de 3/5 de cada cámara. Esto no le gusta al presidente, que desea que se aprueben por mayoría simple. Y que sean los jueces quienes se elijan entre ellos, ni hablar; si el Parlamento le provoca urticaria, los togados ni les cuento.


No es un asunto menor. Basta repasar la Ley Orgánica 1/1980 del Consejo General del Poder Judicial en sus primeros tres artículos para ver el hondo calado de esta institución. Pero aquí lo único que hay es el deseo de Sánchez de fagocitar el último reducto que podría poner pegas a su golpe de estado por la puerta de atrás. Sánchez no quiere negociar con el PP. Sánchez quiere es que Feijoó le dé la razón, se rinda con armas y bagajes y condenarlo al papel de una oposición que no tendrá camino alguno para vehicular sus protestas más allá de un parlamento dominado por el sanchismo y unas instituciones controladas por el mismo. En la cúpula del PP se plantean sentarse con el gobierno para intentar llegar a algún tipo de acuerdo. Si les sale como hicieron con el Constitucional, mal vamos. No deberían temblarles las piernas a los populares. Ni ante Sánchez, ni ante esa UE que pide es que se renueve el Consejo sin entrar en el fondo. Todo eso cae fuera de la lógica gubernamental. Su objetivo es conquistar la mayoría del CGPJ. Repasen los populares lo que se hizo en la república, como se sustituyeron a jueces y fiscales por personal adicto a la causa, pervirtiendo la justicia y retorciendo su finalidad, y verán con quién pretenden llegar a acuerdos. Porque Sánchez es, lo dice el mismo, alguien que se inspira en Largo Caballero. En su bando hay socialistas iluminados, comunistas capaces de todo, separatistas fanáticos, en fin, lo mismo que en 1936. En el otro yo no sé ver a ningún militar dispuesto a levantarse, ni partidos con milicias armadas, ni a una Falange combativa en la calle ni mucho menos a potencias extranjeras que puedan apoyar un nuevo 18 de julio. Un lado sigue estando donde estaba; el otro, no. Los pactos de estado siempre deben mirar hacia el futuro, jamás hacia el pasado, y mucho menos si es tan lamentable como el nuestro.


Llegados aquí, no hay más preguntas, Señoría.


Duelo a garrotazos por el CGPJ
Ignacio Gomá. vozpopuli. 21 Junio 2024

Cuando me hablan otra vez de la renovación del CGPJ siento un cansancio infinito. Es como un mal sueño, una especie de día de la marmota en el que se repiten las mismas cosas una y otra vez sin avanzar un solo paso. O quizá una imagen más exacta sería la del cuadro de Goya "Duelo a Garrotazos”, que representa a dos villanos golpeándose con un garrote con las piernas enfangadas –qué palabra más adecuada hoy- hasta las rodillas y sin poder moverse, se supone que acusándose mutuamente y haciéndose daño, pero sin poder salir del fango.


No voy a contar la historia otra vez, porque ya lo he hecho en esta misma publicación. Es verdad que es algo técnicamente complicado para el ciudadano común, pues se mezclan en el asunto la Constitución, las leyes de desarrollo, Europa, los intereses políticos, y el sursuncorda. Pero, en el fondo, la cuestión subyacente no es tan difícil de entender. La gente puede no ser culta, pero eso no significa que sea tonta e ignore lo que le conviene. Y si se trata de sesgos y prejuicios lamentablemente estos afectan a todas las clases y condiciones. En definitiva, podemos no saber muy bien qué es lo que hace el CGPJ en concreto, pero cualquiera entenderá que es bastante prudente exigir que quien tiene el Poder tenga instancias que lo controlen, pues ya se sabe que el abuso no es ajeno a la naturaleza humana, y que cuanto más poder se tenga, más abuso potencial. Y esto no es algo nuevo que se nos haya ocurrido anteayer, sino que es algo constante y que sabios pensadores lo han venido diciendo durante siglos. Que el famoso Montesquieu, que se declaró amortizado en los años 80, a lo mejor acertaba cuando decía aquello de que «todo hombre que tiene poder se inclina a abusar del mismo; él sigue hasta que encuentra límites. Para que no pueda abusar del poder hace falta que, por la disposición de las cosas, el poder detenga al poder».


Por tanto, si llegamos a la conclusión de que el CGPJ se encarga de nombrar a los integrantes de los más altas magistraturas del Poder Judicial, aquellas que finalmente van a controlar los excesos del Poder o, simplemente, van a juzgar los delitos que cometan los poderosos, seguro que también colegimos que no es acertado que el CGPJ esté condicionado políticamente por ese Poder, porque entonces nombrarán a quienes les convenga para no estar controlados o para escaparse de las leyes. Y no me vale lo de que es más democrático que se elija por el parlamento, porque, sin entrar en detalles, se trata de cumplir la ley, no de votar lo que es justo: esto se hace al votar la ley. Lo demás es politizar.


Y, como sabemos, esto es lo que ha ocurrido, porque el texto constitucional, aparentemente claro, fue en su momento retorcido –PSOE, 1985- para conseguir que 12 de los 20 miembros del CGPJ no fueran nombrados por los jueces, sino sólo entre jueces pero por el Parlamento, lo que inició una politización de órgano que llega hasta nuestros días, porque cuando llegaron otros al poder descubrieron que se vive muy bien controlando todas las instancias del poder, y que incluso mejor si lo politizamos un poco más a través de las asociaciones judiciales –PP, 2013- siempre que, eso así, respetemos la reglas no escritas del “no vamos a hacernos daño”, así que nos lo repartimos en función de las mayorías parlamentarias y, hoy por ti y mañana por mí, repartimos cargos cuando toque.


Palabras huecas y promesas incumplidas cuando, tras la crisis financiera, el bipartidismo hace agua y las reglas no escritas también. Lo que pudo ser el momento decisivo de la regeneración política y la recuperación de las instituciones que el bipartidismo había pervertido dio paso a una mayor polarización política ya latente desde Zapatero y que tras el interludio de Rajoy se exacerba en la era Sánchez: lo decisivo ya no es lo conveniente para el país a largo plazo, sino que venzan a toda costa los nuestros, tengan la razón o no, porque los otros son malos, inaceptables e inasumibles. Sin disimulos, sin hipocresía, sin vergüenza torera. El hiperliderazgo, unido a unas magras mayorías parlamentarias, ha hecho imprescindible para conservar el poder que se mantenga un estado de movilización permanente de los propios y la aceptación de pactos contra natura, aunque con ello se pierda de vista todo principio y se abandone completamente el respeto a uno mismo, admitiendo como buena cualquier cosa que convenga por muy contradictoria con la realidad o con las propias palabras que sea. Se acepta la autodestrucción institucional y de la nación con tal de que esa autodestrucción la conduzcan los nuestros. Pero esos desmanes no son suficientes para avergonzarse: solo ocurriría si alguien tenga la torpeza de caer en alguno de los tabús posmodernos, tipo beso de Rubiales, racismo o algo así. Pero parece difícil.


Mientras tanto, vamos leyendo en las noticias que estamos en un momento decisivo para la resolución del bloqueo del CGPJ porque se acercan las Europeas y pueden convenir unas pequeñas cesiones de cada parte. Que el PP renuncie a exigir una reforma de la LOPJ que evite la politización (lo que antes no defendía), siempre que el PSOE renuncie a la politización absoluta de una institución del Estado más que le permita desarrollar sus políticas sin molestas limitaciones, a modo de lo que finalmente logró en el Tribunal Constitucional, el CIS, la Fiscalía u otras, con las consecuencias que estamos ahora mismo padeciendo. Y mientras, además del riesgo estructural para las instituciones, más de mil sentencias del Tribunal Supremo pendientes de pronunciar y un porcentaje muy importante de cargos vacantes, lo que puede producir un cambio tan repentino y de tal calado en los órganos superiores de la Judicatura que ocasione cambios profundos de la doctrina de los órganos superiores, con consecuencias insospechadas.


No sabemos el final del duelo, aunque nos va mucho: si seguirán los partidos enfangados dando garrotazos; si una carambola permitirá que sigan existiendo ciertos controles al poder, saliendo ambos púgiles del fango; o si Sánchez, poniéndose el mundo por montera, reformará la ley para desbloquear el CGPJ, o sea, para que el gobierno nombre a todos sin pactar con nadie: que un púgil derrote al otro. Y a la Justicia.


Un país de funcionarios: Pedro Sánchez ha inflado un 12,3% el empleo público mientras Trabajo desincentiva la iniciativa empresarial
Hay que tener en cuenta que durante el Gobierno de Mariano Rajoy, que duró 6 años, se acumularon 63.970 plazas ofertadas, en comparación con los 518.600 puestos en la Admnistración desde que Pedro Sánchez está al frente del Ejecutivo
Laura Pérez Mariño. vozpopuli. 21 Junio 2024

El reciente anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez de crear 40.121 nuevas plazas de funcionarios no ha hecho más que reavivar el debate sobre las cifras del empleo público. Desde que Pedro Sánchez asumió el cargo de Presidente del Gobierno en junio de 2018, el número de plazas de funcionarios ha experimentado un crecimiento significativo, dependiendo de diversos factores. El número de empleados públicos batió un nuevo récord en 2023. A cierre del año pasado eran ya 3.593.300 personas, 67.100 más que un año antes, según la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE). Es la cifra más elevada de toda la serie histórica, que arranca en el año 2002.


También creció con fuerza el empleo privado a lo largo del año pasado, hasta cerrar el 2023 con 17.653.600 trabajadores. El incremento, de 716.000 personas respecto al cuarto trimestre de 2022, provocó que la cifra total de empleados privados se situara en niveles de 2007. En todo caso, sin el fuerte incremento del empleo público, España no habría logrado rebasar aquellos niveles previos a la crisis financiera.


El año 2007 se cerró con 17.748.400 trabajadores privados y 2.969.500 públicos. Según el histórico del INE, hubo 20.717.900 ocupados en total. El 2023, con 94.800 trabajadores privados menos, marcó un máximo de 21.246.900 ocupados totales en el país. Son 529.000 más que 16 años antes, en 2007. Esos son los empleos públicos adicionales que se han generado desde entonces. Desde 2018, con Pedro Sánchez como presidente, se han creado 518.600 puestos en la Administración, según el INE.


Hay que tener en cuenta que durante el Gobierno de Mariano Rajoy, que duró 6 años, se acumularon 63.970 plazas ofertadas. En comparación, Pedro Sánchez ha inflado un 12,3 % el empleo público desde que está en el Gobierno.


Impacto en el sector privado

La expansión del empleo público tiene repercusiones relevantes en el sector privado. Actualmente, el número de empleados a sueldo del Estado, incluyendo funcionarios, personal contratado y trabajadores de empresas públicas, asciende a 3.526.200 personas, lo que representa el 7,4% del total de asalariados en España. Este crecimiento del sector público contrasta con el modesto aumento del 3% en los asalariados del sector privado y el escaso 0,45% en el caso de los autónomos.


Esta dinámica se traduce en una carga económica considerable para el sector privado. En la actualidad, aproximadamente 19,3 millones de ciudadanos dependen directamente de los recursos del Estado, mientras que solo 14,3 millones se sostienen a través del sector privado. Esto implica que cada trabajador del sector privado debe soportar económicamente a 1,5 personas amparadas por el sector público, lo que supone una carga social de más de 19.000 euros anuales por empleado privado.


El sector privado lleva años denunciando el creciente recurso a medios propios por parte de la Administración. En 2022, las autonomías fueron el organismo que más encargos realizó a medios propios, con 1,479 encargos, el 44.20% del total. Le siguieron el Estado, con 1.209 encargos (36.13%), y las entidades locales, con 658 encargos (19,67%).


Las reacciones de los sindicatos: "Una oferta insuficiente"

La reacción de los sindicatos ante el anuncio de las nuevas plazas de funcionarios del Gobierno de Sánchez ha sido mixta. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha rechazado la oferta por considerarla insuficiente y por mantener la tasa de reposición, lo que, según ellos, reduce la creación de empleo neto y no garantiza la ejecución de los plazos. Comisiones Obreras (CC. OO.) tampoco apoya la propuesta, argumentando que no se incrementan suficientemente las plazas de personal funcionario y laboral.


En contraste, UGT Servicios Públicos ha mostrado su satisfacción con los criterios generales para la preparación de la Oferta de Empleo Público para 2024, al considerar que avanza en la creación de empleo neto necesario para rejuvenecer las plantillas en la Administración General del Estado. No obstante, también han señalado la necesidad de mejorar la ejecución de las plazas no cubiertas de ofertas anteriores.


Así será la 'cena de la libertad' de Javier Milei: 300 invitados, discurso de Huerta de Soto y una ausencia destacada
Borja Negrete. vozpopuli. 21 Junio 2024

La crème de la crème de los liberales se congrega en el Casino de Madrid la noche del viernes. Ya está todo preparado para recibir al león, el apelativo con el que se conoce al presidente de Argentina, Javier Milei. La 'cena de la libertad', donde el Instituto Juan de Mariana premiará a Milei, tendrá carácter confidencial -"todo lo que sucede en el Casino se queda en el Casino"-, sin acceso para la prensa, acudirán 300 invitados y habrá una sonada ausencia, como afirman a Vozpópuli fuentes de la institución.


Hace un año, cuando Milei no era presidente de Argentina, solo el líder del partido 'La libertad avanza', ya cruzó el charco para acudir a la 'cena de la libertad' en la que se premió al profesor Miguel Anxo Bastos. "Le hace mucha ilusión el premio, es el tipo de evento al que acudía cruzando el océano cuando el galardonado era otro", indican desde el Juan de Mariana.


Milei acudirá con su séquito más cercano, compuesto por apenas 5 personas. Algo que contrasta con la comitiva que sigue a todas partes al presidente Pedro Sánchez. También acompañará al líder argentino personal de la embajada. Karina Milei, hermana del presidente y secretaria general de la Presidencia, ha estado en contacto permanente con la institución liberal para preparar detalles logísticos y de protocolo.


Presencias y ausencias

Vozpópuli ha podido confirmar la presencia de notables voces del mundo liberal patrio. Asistirán entre otros el economista Juan Ramón Rallo, socio fundador del Juan de Mariana; Daniel Lacalle, doctor en Economía, profesor en el IE y jefe de Economía en Tressis; Rubén Manso, presidente del Centro Diego de Covarrubias y exdiputado de Vox; Diego Sánchez de la Cruz, director de Foro Regulación Inteligente y maestro de ceremonias de la 'cena de la libertad'.


Otra de las personalidades destacadas en asistir al acto será el catedrático de Economía Política Jesús Huerta de Soto, gurú económico del presidente Milei, con el que mantiene una excelente relación. Fuentes consultadas señalan que Huerta de Soto será una de las personas que ofrecerá unas palabras a los 300 invitados antes de que el presidente argentino recoja su premio.


Entre los invitados se encontraba el premio Nobel Mario Vargas Llosa, que recibió el premio en 2012. Este diario ha podido confirmar que, por motivos de salud, Vargas Llosa no asistirá a la 'cena de la libertad', una ausencia dolorosa para la institución.


Isabel Díaz Ayuso, que horas antes concede una medalla de la Comunidad de Madrid a Milei, no acudirá a la cena del Juan de Mariana. El líder de Vox, Santiago Abascal, que guarda una buena relación con el mandatario argentino, sí tiene previsto acudir al acto.


Detalles de la ceremonia

La cena comienza con un cóctel muy prolongado. Puede durar de hora y media a dos horas. "A veces esta es la ocasión de verse. Viene gente de toda la geografía española y de fuera. Es un hervidero de conversaciones, saludos y abrazos". A continuación, los invitados avanzan a los salones reales donde se sirve la cena.


Los aperitivos suelen ser abundantes, y el menú consta de dos platos típicos, postres y café. Antes de pasar a la cena, se prepara un aparte con los directivos y miembros más destacados del Instituto para repasar el guion del evento. "Como somos liberales no nos atamos a un guion rígido", señala un miembro del equipo.


Además de Huerta de Soto, habrá discursos de Gabriel Calzada y Manuel Llamas, presidente y director general, respectivamente, del Instituto Juan de Mariana. Sus palabras tendrán lugar tras los platos principales.


El premio que recibirá Milei

Milei recibirá como premio un busto del padre Juan de Mariana, pionero de la filosofía liberal en la España imperial. Su discurso no tiene una duración limitada. "Creemos en la libertad individual", apuntan desde la organización.


Tras la cena hay discoteca/sala de baile en el propio Casino. "Un ambiente de música y festivo para los miembros más jóvenes. Es previsible que el presidente Milei marche directamente tras la cena ya que al día siguiente vuela temprano hacia Alemania". Milei acude a España para recibir los premios del Juan de Mariana y la Comunidad de Madrid, pero no se reunirá con Sánchez, que rompió relaciones diplomáticas con Argentina, ni con la Casa Real.


Aprovechando la visita del presidente argentino, el Instituto Juan de Mariana presenta este viernes u un informe que destaca que, con su gestión, Argentina ha conseguido reducir la inflación a tasas 5 veces menores que cuando asumió el cargo.


Además, los datos recogidos en el documento indican que Milei ha iniciado el saneamiento del banco central "que es clave para evitar caminar hacia la hiperinflación a la que estaba abocada el país"; ha liberalizado el alquiler, consiguiendo un descenso en el precio de los mismos; ha bajado el riesgo país más que en ningún otro en Latinoamérica; ha aumentado los índices bursátiles y ha logrado un semestre de superhábits presupuestarios "inauditos en los últimos 15 años". "Partiendo de una ruina de Gobierno como el peronismo, es un arranque prometedor, y con una mayoría parlamentaria podrá ahondar más en esas recetas", concluye el mismo.


La dictadura del catalán persiste en Baleares pese a las promesas de Prohens
Editorial. OKDIARIO. 21 Junio 2024

Para quienes consideran que es una exageración hablar de dictadura del catalán en Baleares habrá que remitirles a las cifras para que entiendan las razones que nos llevan a definirlo de tal modo: a los padres que elijan el castellano como lengua de primera enseñanza de sus hijos a los tres años de edad, estos recibirán, en todo caso, 6 horas en español. Quienes elijan el catalán, 16. Y es que pese a las promesas del Gobierno de Marga Prohens de acabar con la dictadura del catalán, la realidad es que los centros escolares públicos no tendrán obligación de aplicar al alza las horas dedicadas a la lengua de primera enseñanza fijadas por la orden del 13 de septiembre de 2004, que regula el derecho de los padres a elegir la lengua de primera enseñanza de los alumnos de los centros sostenidos con fondos públicos de las Islas Baleares.


La norma no está derogada y establece que quienes elijan español o catalán como lengua de primera enseñanza recibirán un mínimo de 6 horas y un máximo de 16, sin distinciones de una u otra lengua. Sin embargo, la mayoría de centros públicos tiene decidido aplicar a los que optan por español el mínimo de seis horas (menos del 25%) y a los que opten por el catalán la horquilla máxima, un total de 16. O sea, una discriminación en toda regla ante la que Prohens parece lavarse las manos. Que quienes elijan el catalán reciban el 100% de las clases en esa lengua y a los que elijan castellano sólo se les ofrezcan seis horas es una burla y una demostración de que la inmersión en catalán se mantiene intacta pese al cambio de gobierno en las islas. Un año después, el socialcomunismo ya no está en el poder, pero su herencia permanece para escarnio de quienes confiaron en la presidenta autonómica del PP. La dictadura del catalán continúa, pero esta vez con un Ejecutivo que prometió derogarla.


La Fundación Franco, contra su ilegalización: “Nuestra misión se realiza con pleno respeto”
Cultura inicia los trámites del procedimiento para la extinción de la Fundación Franco
Andrés Bartolomé. la razon. 21 Junio 2024

La Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) defiende su actuación “dentro de la legalidad” y lamenta la decisión del Gobierno de emprender acciones para su ilegalización por la vía judicial, como ha anunciado esta mañana el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.


"Consideramos esperpéntico que, en plena crisis política derivada de la aprobación de la que consideramos inconstitucional ley de amnistía, que lesiona la igualdad entre todos los españoles ante la ley, la independencia judicial y la estabilidad de España como nación, el Ministerio inicie este procedimiento”, señala en una nota su presidente ejecutivo, Juan Chicharro.


“Dicho proceso se ampara en la Ley de Memoria Democrática de 2022, que contempla medidas contra aquellas fundaciones que no persigan fines de interés general, que no es el caso de nuestra Fundación”, defiende el general de Infantería de Marina en la reserva, “con independencia de que por razones ideológicas no se comulgue con cuanto divulgamos y actuamos, siempre dentro de la legalidad”.


“Nos resulta incomprensible que se dirijan exclusivamente contra la Fundación Nacional Francisco Franco”, asegura, “que cumple con esos fines de interés general según lo demuestran nuestras actividades y estatutos legalmente aprobados”.


“Es lamentable que se ignoren otras fundaciones que fomentan el odio y el enfrentamiento entre los españoles, mientras que la Fundación Nacional Francisco Franco nunca ha incurrido en tales prácticas”, apostilla, en referencia a la Fundación Sabino Arana, la Fundación Largo Caballero o la Fundación Federico Engels, entre otras.


“Nuestra misión de preservar y difundir la obra y legado de Don Francisco Franco Bahamonde se realiza con pleno respeto y sin menosprecio hacia la dignidad de las víctimas”.


En opinión del presidente de la FNFF, “gracias al periodo de transición que siguió al régimen franquista, España pudo dejar de ser una república socialista satélite de la URSS, a donde nos llevaba la II República y el Frente Popular, y convertirse en una democracia. Esta defensa es esencial para comprender nuestra historia y, al mismo tiempo, nuestra misión y objetivos”.


“Denunciamos que este tipo de actuaciones buscan callar a todos los disidentes de la política del Gobierno Sánchez, que ha realizado un asalto a todas las instituciones del Estado para imponer, con el aletargamiento del pueblo, una dictadura de corte bolivariano”, apunta.


“La Fundación Nacional Francisco Franco seguirá defendiendo sus principios y luchando por la verdad histórica y la justicia. Solicitamos a todos los ciudadanos y medios de comunicación que se mantengan atentos a este proceso y que valoren críticamente las acciones que atentan contra la libertad de expresión y la pluralidad en nuestra sociedad”, concluye Chicharro.



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Financiación singular, privilegio particular
Antonio Robles. libertad digital. 21 Junio 2024

¡Vaya novedad! El nacionalismo catalán pide "un rescate singular" para que el secuestrado de la Moncloa siga un rato más en el zulo de la poltrona. ¿O es el gobierno quién lo ofrece? ¡Qué más da! El nacionalismo pone los escaños para seguir extorsionando, y Pedro saquea al Estado para pagar el secuestro al que está sometido. La cosa es sencilla de entender. Es una transacción entre secuestrador y secuestrado. Con una salvedad, ni uno ni otro pagan por sus fechorías. Uno es amnistiado a cambio de votos, y el otro malversa los bienes institucionales y económicos de todos. Los dos salen ganando, España perdiendo. Y los españoles de a pie pagando el derroche (Sublime este vídeo).


¿Dónde está el mal? ¿Dónde está el problema? ¿En el nacionalismo? No, el egoísmo y la extorsión son su naturaleza. El problema está en quien pudiendo impedirlo, lo fomenta. O sea, en Pedro Sánchez. Con el consentimiento del PSOE. Es decir, con cada uno de los Diputados del PSOE que le dan apoyo al gobierno de Pedro Sánchez en el Congreso. Esos mismos Diputados que alzan la voz al cielo por el trato de favor a "Cataluña", pero no hacen nada para impedirlo.


Ni Puigdemont, ni Junqueras, ni el resto de diputados nacionalistas tendrían capacidad alguna de chantajear al Gobierno de Sánchez si los Diputados del PSOE de Castilla la Mancha, Extremadura, Asturias, Valencia, Andalucía etc., que tan discriminados se sienten por los privilegios otorgados a Cataluña, se plantaran ante Sánchez negándole su apoyo. No digo todos, basta media docena de hombres dignos. Ni eso. Tan a mano, y sin embargo… callados como muertos ante el saqueo.


¿Son los nacionalistas el problema? No, nunca lo han sido. Representan el 6,59 % de todos los españoles (Junts, Bildu, bng, ERC y PNV. 23J). El problema no son los nacionalistas, sino el PSOE y el PP, o el PP y el PSOE (64,68%), como prefieran, que tradicionalmente han priorizado sus intereses de partido al bien de la nación.


La solución es sencilla. O bien, los dos partidos mayoritarios acuerdan un pacto general sobre los grandes problemas de Estado, permitiendo gobernar al ganador de las elecciones; o bien los diputados del PSOE de Extremadura, Galicia, Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León o de cualquiera otra autonomía de España se plantan y chantajean al cuatrero de la Moncloa con los intereses de su comunidad. Exactamente como hacen los nacionalistas. Una manera muy sencilla de neutralizar a los chantajistas. Aplíquese el argumento si fuere el PP quien estuviera en el lugar del PSOE y su gobierno actuase como éste.


Me atrevo a sugerir evidencias tan diáfanas, no por ser ingeniosas, sino porque estamos tomando como chantajes apocalípticos lo que sólo es fruto de nuestra decadencia como pueblo. Una nación histórica arrodillada ante sus hijos más hostiles, una lengua universal avergonzada de su esplendor, una mayoría electoral aplastante aplastada por una minoría rencorosa (6,59%).


No me digan iluso, descarguen su ira sobre los responsables de esta maldición. Una generación de mercenarios de la cosa pública, que la han reducido a una reyerta infinita entre mafiosos.


Aunque sólo sea como contraste, comparen la ejemplaridad y el respeto a las formas democráticas y a la Constitución del Rey Felipe VI con las de Pedro Sánchez y su Gobierno. No se corten, pueden incluir en la comparación al resto de políticos.


Alguna precisión en tiempos sofrológicos: los impuestos no los pagan los territorios, los pagan las personas. Que no nos hagan trampa, lo mismo paga un rico en Barcelona que uno de Cáceres. El único argumento que la izquierda jamás podrá esgrimir si honra el sentido de su existencia, es que los territorios más ricos conviertan esa ventaja en un privilegio frente a los territorios más vulnerables. Si tal proceder es inadmisible entre ciudadanos con diferente nivel de renta en nombre de la progresividad fiscal ¿por qué habría de serlo entre territorios? ¿Por qué los ciudadanos de Asturias, las Canarias, Aragón, Valencia, Extremadura o Andalucía deberían disponer de hospitales, escuelas, o servicios sociales con menos medios y presupuesto que los de Cataluña? Eso es lo que está pasando en el País Vasco y Navarra en nombre de un privilegio foral. Un gobierno de izquierdas debería eliminar ese privilegio en lugar de extenderlo a Cataluña. Pero la responsabilidad, en última instancia, es de los ciudadanos que prefieren votar a sus caciques ideológicos, en lugar de exigir sus derechos.


"Homo democraticus, fango eres y en fango te convertirás" (Pedro I el Fangoso). Cita apócrifa.


Lacalle desmonta la 'financiación singular' y el "cohete" de Sánchez y Díaz
Daniel Lacalle, doctor en economía y economista jefe en Tressis, analiza la situación económica de España que contrasta con la anunciada por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz.
Sergio Gimeno España. esdiario. 21 Junio 2024

La "financiación singular", el nuevo concepto maestro investado por del Gobierno y del PSOE para tratar de conseguir, por una parte, la investidura de Salvador Illa en Cataluña y, por la otra, el mantenimiento de Pedro Sánchez en La Moncloa, está generando todo tipo de críticas por parte de las comunidades gobernadas por el Partido Popular.


En este sentido, desde el PP han asegurado este jueves que un cupo para Cataluña supondría "resquebrajar y reventar" el sistema de financiación autonómica, y "acabaría con la actual solidaridad entre las comunidades". Además subrayan que este apoyo "está supeditado a una reforma del sistema de financiación que sería un cupo para Cataluña, que no tendría ningún tipo de sentido, porque no es una comunidad infrafinanciada".


Bajo este contexto y para analizar tanto la "financiación singular" que, sin gran transparencia, están promocionando desde el Gobierno como la situación económica general de España, ESdiario se ha puesto en contacto con el doctor en economía Daniel Lacalle, quien ha desvelado todas las claves.


La financiación singular: una forma de "engañar"

"Es la utilización del lenguaje para engañar, típica del Gobierno, que te dice que transparencia democrática es atacar a los medios de comunicación o que te dice que justicia social es adhesión política. Y bueno, lo de siempre, pero yo creo que lo que muestra es la profunda hipocresía de este Gobierno", así comienza describiendo el economista Daniel Lacalle la "financiación singular" que propone el Ejecutivo.


"Se han pasado durante años diciendo que ellos lo que querían era la armonización fiscal. Y lo que significa esto de financiación singular es un privilegio. Si yo hago una una legislación singular para Hugo, pues es un privilegio para Hugo", justifica el economista a este periódico. Y añade que "ellos nunca han buscado la armonización fiscal. Lo único que han buscado ha sido crujir a impuestos a Madrid porque Navarra, Canarias, País Vasco, Ceuta, Melilla tienen diferentes sistemas fiscales".


Y remarca Lacalle una clave que está pasando desapercibida: "Lo que exige Esquerra Republicana no es un sistema como el del Concierto vasco. El concierto vasco es un sistema de responsabilidad fiscal total en el que efectivamente el País Vasco gestiona sus propios impuestos pero también tiene limitaciones, es decir, no puede acceder a las ayudas o a la ayuda financiera del Estado. Eso no es lo que está pidiendo Esquerra. Lo que está pidiendo Esquerra es controlar el 100% de los impuestos que se gestionan y que se generan en Cataluña pero continuar recibiendo condonaciones de deuda, ayudas, etcétera, su financiación extraordinaria", sentencia el economista.


La economía en España "no va como un cohete"

En cuanto a la situación general del país, el economista Daniel Lacalle explica a este periódico que "fíjate si va como un cohete que hemos pasado de estar entre las economías que tenían menos porcentaje de la población en riesgo de pobreza de las del sur a ser la que más", asevera con honda ironía.


"Otro cohete espectacular es que España ha conseguido ser el país que tiene la tasa de paro más alta de toda la Unión Europea y de la OCDE. Quitando a Ucrania, que está en guerra", prosigue Lacalle. Y es que "la reducción del paro, incluyendo el maquillaje estadístico que ha hecho Yolanda Díaz con el cambio normativo de los contratos de obra y servicios por fijos discontinuos, pues incluido ese maquillaje estadístico, Grecia ya está mejor que nosotros en tasa de paro", sentencia el economista a ESdiario.


"O sea, líderes en tasa de paro, líderes en riesgo de pobreza, líderes en lo que se llama holgura laboral, que es paro oficial, más infra empleo, más lo que se lo que sería personas demandantes de empleo que no están en la cifra de paro oficial", asegura Daniel Lacalle.


Y no solo eso. "Acabamos de ver los resultados del Banco de España que muestra que España, el Gobierno, aumenta la deuda pública un 5% en una economía que crece un dos y pico. Es decir, que por cada euro de PIB que se ha creado desde el año 2019, el gobierno nos ha endeudado en 6 €", concluye el economista.


La posverdad del Tribunal Constitucional
Carlos Martínez Gorriarán. vozpopuli. 21 Junio 2024

¿Alguien tiene dudas de que este TC no verá ningún motivo de inconstitucionalidad que invalide las leyes anunciadas para modificar la Constitución en lo relativo a la elección del Consejo General del Poder Judicial?


“Dato mata relato” es una expresión de racionalismo muy usual, pero lamentablemente errónea: más bien son los relatos los que matan los datos, es decir, los privan de existencia, como si hubieran sido amnistiados. Nada nuevo, pues la sospecha de que las cosas y palabras pueden no ser lo que parecen e incluso todo lo contrario -error, ilusión o mentira- es tan vieja como la mente humana. Pero la muerte del dato a manos del relato se ha convertido en lo normal en la era de la posverdad, invadiendo todos los órdenes de la vida social y especialmente la política.


Nada es verdad ni mentira

Ahora, la práctica y teoría de la posverdad, resumible en que los datos nada significan frente al relato a posteriori que justifica decisiones que ya se han tomado y anunciado, como absolver a Magdalena Álvarez por el latrocinio a los parados andaluces, es la doctrina ordinaria del Tribunal Constitucional de Conde-Pumpido. La lista de posverdades del TC es sencillamente impresionante: comenzó con la legalización de Batasuna rectificando la Ley de Partidos, y ha ido cogiendo velocidad con el sanchismo, que ha encontrado en esta escotilla de escape disimulada, abierta en la Constitución para poder burlarla, el instrumento ideal para liquidar la división de poderes y el principio de legalidad.


La posverdad no es en sí un concepto, sino el nombre apropiado para una era en la que verdadero y falso han sido asesinados como conceptos. Aquel relativismo del “nada es verdad o mentira/ todo depende del color con que se mira” ha sido convertido en la regla hegemónica del lenguaje institucional, del TC al Gobierno pasando por la universidad y la gran banca. Nada puede sobrevivir a este relativismo cromático. El dato es arrollado por el relato, principio ratificado por los mensajes de WhatsApp pillados a Álvaro Ortiz García, el Fiscal General del Estado: “Almudena, no me coges el teléfono. Si dejamos pasar el momento nos van a ganar el relato.”


En la retorcida teoría del neomarxismo populista, el dato ha degenerado en lo que el argentino Ernesto Laclau, inspirándose en el psicoanálisis paranoide de Jacques Lacan, llamó “significante vacío”, es decir, una palabra o discurso completo (como capitalismo, patriarcado, pueblo, cuerpo, derechos) que se puede y debe manipular para que signifique lo que uno quiera, sobre todo si va de asaltar el poder o conservarlo (para los interesados, combina a Maquiavelo con el Gramsci de la hegemonía intelectual, más unas dosis de trumpismo).


¿Cómo funciona? Es sencillo: el relato elimina el significado literal vaciando palabras y discurso del sentido estable y común que ofrece el diccionario. Lewis Carroll lo explicó con humor en Alicia a través del espejo:


“-Cuando yo uso una palabra -insistió Humpty Dumpty con un tono de voz más bien desdeñoso- quiere decir lo que yo quiero que diga…, ni más ni menos.


- La cuestión es -insistió Alicia- si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes.

- La cuestión -zanjó Humpty Dumpty- es saber quién manda… Eso es todo.”


La retorsión potestativa del lenguaje a lo Humpty Dumpty es un arte maligno que el Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido ha elevado a nuevas cumbres. Pues el TC ya no se dedica solamente a la retorsión de la Constitución asumiendo competencias judiciales que no tiene para modificar sentencias del Supremo sobre delitos de corrupción y terrorismo que condenan a la coalición de progreso, sino que, en otro progreso hacia el vacío, retuerce y vacía hasta sus propias sentencias.


El 5 de junio, y a instancias del PSC, el TC anulaba por unanimidad el voto telemático del parlamentario catalán Lluís Puig, secuaz de Puigdemont huido con aquel a Bélgica. El TC reprochaba una decisión del Parlament aceptando el voto telemático de los fugados porque daba "apariencia de cobertura normativa" e incurría “en diversas infracciones de la reglamentación parlamentaria". Voto nulo, por tanto. ¿Parece claro y firme, verdad? No para el significante vacío, pues como te digo una cosa digo la contraria, si anular esos votos compromete la elección de Carles Puigdemont.


Una nueva resolución del TC del día 18 de junio aceptaba un recurso del PP solicitando suspender el voto telemático para constituir la mesa del Parlament pero rechazaba suspenderlo cautelarísimamente, lo que de momento significa que los prófugos de la justicia podrán hacer valer un voto telemático que el propio TC declaró inconstitucional trece días antes. ¡Bravo por el Tribunal Constitucional de Humpty Dumpty!


La literalidad de la Constitución y las leyes muere en el mundo de la posverdad. También el significado de las instituciones y cargos públicos. Incluso es posible crear por la vía de los hechos, justificados a posteriori como necesidades de Estado, la creación de cargos o cargas como el de presidenta de España en la persona de Begoña Gómez de Sánchez, usurpando funciones de Primera Dama representando al Estado exclusivas de la Reina.


Pudo verse en el paseo de la susodicha por el Prado con la Primera Dama de Turquía, Emine Erdogan. Si el salto de una cátedra falsa a un cargo no menos falso es una mera decisión, la pregunta es cuándo decidirá Pedro Sánchez otra similar encarnando Él la Jefatura del Estado. Podemos estar seguros de que este TC aplicaría de nuevo los principios flotantes de Groucho Marx aprobando la suplantación y ordenando, en todo caso, que se reserve al Rey un lugar preferente en ciertas ceremonias de Estado.


¿Alguien tiene dudas de que este TC no verá ningún motivo de inconstitucionalidad que invalide las leyes anunciadas para modificar la Constitución en lo relativo a la elección del Consejo General del Poder Judicial y a instaurar la censura de prensa? Podemos estar seguros de que si hay alguna corrección será de carácter muy menor.


La Constitución ya es un papel en blanco donde el poder abusivo puede escribir en cada caso el relato que le convenga. La opinión sincronizada lleva días divulgando que, ¡según la Constitución!, la soberanía radica en el Congreso de los Diputados, no en la nación o pueblo español. Pero solo mientras la izquierda reaccionaria y su constelación golpista tenga mayoría. Si pasara a la torpona oposición actual, la soberanía saldrá del Congreso -al estilo de cuando “Judit salió de Betulia/ como quien va de tertulia”-, para mudarse a donde Sánchez diga. Con el significante vacío y la posverdad nada es imposible.


BALEARES

El fraude de la libre elección de lengua en Baleares: 16 horas en catalán y sólo 6 en español
Aunque los padres elijan el español para la primera enseñanza, los centros sólo ofrecerán el 25% de las clases en esta lengua
Plis Educación exige a Prohens que exija igualdad de horas lectivas en una y otra lengua en primera enseñanza
Indalecio Ribelles. okdiario. 21 Junio 2024

El fraude de la libre elección de lengua en Baleares: 16 horas en catalán y sólo seis en español. Esto es lo que se encontrarán los padres que opten por elegir el castellano como lengua de primera enseñanza de sus hijos a los tres años de edad.


Así sucederá el próximo curso escolar si el Govern de Marga Prohens no obliga, y no parece que ésa vaya a ser su intención, a la dirección de los centros escolares a aplicar al alza las horas dedicadas a la lengua de primera enseñanza fijadas por la orden del 13 de septiembre de 2004. Esta orden regula el derecho de los padres a elegir la lengua de primera enseñanza de los alumnos de los centros sostenidos con fondos públicos de las Islas Baleares.


Es una norma no derogada que establece que la atención a los alumnos que elijan catalán o español como lengua de primera enseñanza ha de ser de un mínimo de 6 horas y un máximo de 16, sin distinciones de una u otra lengua.


Si durante los pasados ocho años de Gobierno socialista la imposición e inmersión lingüística era del 100% en catalán y no había opción alguna de elegir estudiar en castellano, ahora que la hay, la dirección del grueso de centros públicos tiene decidido aplicar a los que optan por español el mínimo de seis horas (menos del 25%) y a los que opten por el catalán la horquilla máxima, un total de 16 horas.


Como denuncia la entidad de docentes Plis Educación, «los centros no han de establecer ningún tipo de discriminación, ni se puede permitir que a los que elijan catalán como lengua de enseñanza den el 100% del horario lectivo en esta lengua, y a los que opten por el castellano, sólo 6 horas».


Por ello el colectivo exige al conseller de Educación del PP, Antoni Vera, que la horquilla en ambos casos sea la máxima o la mínima, pero la misma en una lengua que en otra.


«Nosotros lo que decimos es que lo que no puede ser es que los que elijan catalán reciban el 100% de las clases en esa lengua, y a los que elijan castellano, se les ofrezcan seis horas nada más».


El temor de este colectivo docente está más que fundado, si tenemos en cuenta que el Govern de Prohens está haciendo todo lo posible para no molestar al nacionalismo lingüístico y mantener así intacta la inmersión lingüística en catalán.


Como esta misma semana denunció esta entidad, cuando faltan días para que se abra el periodo de matriculación, el Ejecutivo balear no ha realizado ninguna campaña dirigida a informar a las familias del derecho a elegir el español como lengua de aprendizaje, ni cómo pueden ejercer este derecho.


Ni siquiera se ha enviado una carta dirigida específicamente a las familias con hijos de tres años que pueda favorecer que el próximo curso se inicie con grupos de clase con el castellano como lengua de aprendizaje.


Si bien, y a diferencia del Ejecutivo de Armengol los impresos de la escolarización para niños de tres años incluyen para el próximo curso escolar las dos casillas para la elección de lengua, en la práctica, para aquellos que opten por el español sólo seis de las 25 horas lectivas semanales serán en esta lengua, 16 en catalán, y las tres horas restantes en la lengua por la que opte el colegio, la mayoría, también en catalán.


Como recuerda Julián Ruiz Bravo de Plis Educación en el Decreto de Mínimos, incluso «se especifica que si los padres quieren, la enseñanza puede ser en grupos diferenciados, optando por la enseñanza en ese idioma exclusivamente, sin compartir con otro grupo, pero a fecha de hoy, no sabemos si esto se va a cumplir o no».


A ello hay que añadir que esta plataforma docente augura que se van a producir llamadas de los directores a los padres que «hayan osado elegir el castellano, para mentirles y decirles que son los únicos que la han elegido» a fin de coartarles la libertad de elección.


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