Recortes de Prensa Lunes 5 Agosto 2024

Ucrania estrena los F-16

Afp.Kiev. el mundo. 5 Agosto 2024

Ucrania ha recibido sus primeros aviones de combate occidentales F-16 esperados desde hace más de dos años, según ha anunciado este domingo el presidente Volodímir Zelensky.

"Ahora es la realidad, la realidad en nuestro cielo los F-16 están en Ucrania", ha declarado el jefe de Estado durante una ceremonia en un lugar secreto. Zelensky no ha revelado el número exacto de dispositivos recibidos por Kiev, limitándose a decir que era "insuficiente" y que Ucrania estaba esperando entregas "adicionales".

Ucrania desmantela una red de espionaje con nueve agentes rusos

Han detenido a nueve ucranianos, acusados por espionaje en una red de espionaje rusa con actividad en gran parte del país.

Agencias. libertad digital. 5 Agosto 2024

Han detenido a nueve ucranianos, acusados por espionaje en una red de espionaje rusa con actividad en gran parte del país.Vladímir Putin. | Europa Press

Nueve ucranianos, acusados por espionaje han sido detenidos este lunes tras una operación del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) encontrar una red de espionaje rusa con actividad en gran parte del país.

Según el SBU, los espías fueron detenidos de forma simultánea en una operación desarrollada en las ciudades de Dnipró, Zaporiyia y Sumi y las regiones de Donetsk, Odesa y Kirovogrado.

Como integrantes de la red figuran dos mujeres, una funcionaria del Ayuntamiento de Dnipró y otra con responsabilidades en el consistorio de Yuzhne. El SBU descubrió que los espías habían desarrollado labores como la localización de ubicaciones de defensas antiaéreas y de subestaciones eléctricas o registrar el movimiento del Ejército ucraniano en el frente oriental.

El Servicio Federal de Seguridad de la Federación de Rusia (FSB) reclutó a los detenidos después de que estos intervinieran en canales de Telegram favorables a Moscú, según el SBU.

Los investigadores del SBU, que actuaron por iniciativa de la Fiscalía Regional de Donetsk, se incautaron teléfonos móviles y "pruebas de actividades de inteligencia y subversivas a favor de la Federación de Rusia", según el comunicado.

Sobre los espías pesa ahora una acusación de traición que podría ser castigada con cadena perpetua y confiscación de bienes.

España casi derrotada

Agapito Maestre. libertad digital. 5 Agosto 2024

Que Sánchez rompería España, o lo que haga falta, para quedarse en el poder, era previsible. Los socialistas y comunistas son así. Llegan al poder, manipulando los mecanismos democráticos, y es casi imposible sacarlos por las vías constitucionales, entre otros motivos, porque ellos se encargan de transformarlos en mecanismos dictatoriales. En España la izquierda siempre fue pionera en estas manipulaciones. El ejemplo máximo fue la Segunda República. Los hombres más inteligentes de España ser percataron enseguida del asunto y se desmarcaron inmediatamente de lo que ellos trajeron. Ahí tienen los ejemplos de Unamuno y Ortega. La izquierda llegó al poder en el 31 por una vía rara, sí, unas elecciones municipales, y se fueron después de provocar una guerra, mientras tanto en el 34 dieron un golpe de Estado muy parecido a lo que está pasando actualmente. Por lo tanto, nadie se haga de nuevas, porque nada hay nuevo bajo el sol español respecto a la izquierda española. Es tan totalitaria como su patrón de medida: el marxismo y el comunismo. El marxismo nunca supo qué es la democracia y el comunismo, en cualquiera de sus versiones, es la persecución de la división de poderes y, sobre todo, la persecución de la Sociedad Civil. Nadie se extrañe del pacto entre el gobierno de Sánchez y los separatistas para poner a Illa, un perseguidor de la nación española, en el gobierno de la Generalidad de Cataluña.

Hace tiempo que España está al borde del abismo. Difícil y complicada salida tendremos de esto, entre otras razones, porque estamos ante la consumación de un largo proceso, iniciado en 1985 o quizá antes, pero cuyo punto de inflexión, o cómo se diga, se alcanzó en el año 2004, cuando los terroristas pusieron en el poder a un tipo llamado Rodríguez Zapatero, hoy portavoz internacional del comunismo de Maduro. Después de Rodríguez Zapatero, llegó Rajoy, un personaje patético de la política española, nadie ha tenido más votos que él y nadie los ha desperdiciado a tanta velocidad. Este señor de Galicia fue, sin duda alguna, un don Nadie de la democracia, junto a personajes atrabiliarios como su vicepresidenta y gente de ese jaez, que entregaron el poder sin hacer apenas Oposición a un aventurero de la política, que ya sólo le falta entregar al rey de Marruecos Canarias, Ceuta y Melilla para que las cosas estén saldadas con el terrorismo internacional comunista. Sánchez, sí, es la consumación de un largo camino hacia la destrucción de España. Nadie pierda el tiempo mostrando su indignación por el pacto entre Sánchez y los separatistas. Nadie malgaste su vida haciéndose de nuevas porque todas las instituciones del Estado estén en poder de gente que sólo cree en la nación española para llevarse la soldada a fin de mes. Nadie trate de entender a Sánchez y los separatistas, porque su único objetivo es la destrucción de España.

Pocas salidas, sí, le veo a esto, mientras se empecine en seguir preferentemente la vía jurídica contra Sánchez. Pero, lejos de lo que quisiera el Gobierno de Sánchez y los separatistas, a saber, dejarnos sin esperanza alguna, yo creo que todavía hay una puerta, sin duda alguna, estrecha para salir del enredo sanchista. En primer lugar, la rebelión de sus barones contra el pacto entre PSOE y los separatistas pudiera ser viable. En segundo lugar, recen a Dios, o cada uno a su santo preferido, para que la justicia española logre empitonar a Sánchez tanto por los negocios raros de su esposa con fuerzas educativas (Universidad Complutense) y económicas (Barrabés es Consejero del Banco de Santander) como por las obscuras maniobras tributarias de su hermano. Tampoco debemos descartar que sus barones también se le rebelen por la magnitud creciente que está adquiriendo el caso Koldo y las dificultades de aplicar la amnistía. No todo está perdido. Y, además, todavía nos queda una salida: calle, calle y calle. Claro que eso requiere de la ayuda de la Oposición. Y no la veo demasiado preocupada por esa labor. Naturalmente, mientras la triste Oposición siga combatiendo el crimen contra la unidad de España por una vía que nada tiene que ver con la política, la judicial, esto seguirá más o menos igual. Está bien el camino jurídico, pero la política no puede reducirse a eso.

En fin, quien no se haya enterado de la última maniobra sanchista, lea el acuerdo entre PSOE y ERC para saber que Cataluña se separa de España y, además, el resto de los españoles pagamos la secesión y la Seguridad Social. Y, sobre todo, es necesario leerlo para que nadie se llame a engaño: España es una nación casi muerta. ¿Qué ha hecho la Oposición para detener este asesinato en los últimos siete años? Este es el gran asunto…

Zapatero, persona non grata para los demócratas del mundo

Pedro de Tena. libertad digital. 5 Agosto 2024

Todo se está consumando de la mano de Sánchez, su sucesor, otro socialista indeliberado, tal vez más dañino por su bruta rudeza egocéntrica.

Una de las cosas más sorprendentes de la historia de España de los últimos tiempos es su aparente imprevisibilidad, mala, como es sabido, para el derecho a la continuidad de sus ciudadanos y sus instituciones y perversa para las inversiones a plazo. Pero esa incuria, que parece muchas veces ser obra de un azar inesperado, es consecuencia de la desidia de las élites del PSOE.

Los dos últimos secretarios generales que, por tal razón, han llegado a ser presidentes del gobierno de España, han sido dos personajes imprevistos. José Luis Rodríguez Zapatero, llegó del casi anonimato al liderazgo del socialismo español, después de sucesivas carambolas que terminaron en su victoria ¡por 9 votos! sobre José Bono en el Congreso Federal. Y con el apoyo de guerristas y de algunos descarriados de Rosa Díez. Ah, el destino.

La ascensión al cielo del poder fue algo similar en el caso de Pedro Sánchez. Escojamos a la "prensa amiga" para definir su hoja de ruta: "No consiguió ser elegido concejal por Madrid ni diputado y siempre tuvo que esperar a una renuncia para ocupar puestos institucionales…". Formó parte del "trío de los chicos de Blanco (Pepiño)" junto a Óscar López y Antonio Hernando, siempre a la cola, y fue "fontanero" en las elecciones gallegas y atascador de su enemigo personal, Tomás Gómez, en Madrid. Luego, apoyado por Susana Diaz, que le cedió ingenuamente el paso, llegó a ser, con convulsiones, el peligro nacional e internacional que hoy es.

Pero el origen de esta conmoción nacional que parece derivada de la mala suerte nacional (hay quien cree que no hay tal sino un plan oscuro de álguienes de llevar a La Moncloa a dos destructores de la nación española, como se ha visto), está en el vallisoletano Rodríguez Zapatero, junto a Óscar Puente bien digno de olvido de no ser por el daño causado.

El fraude violento y antidemocrático que sucede ahora en Venezuela sería imposible sin la intermediación de muchos socialistas, desde Bono y Morodo a Zapatero, pasando por Sánchez. Pero el campeón del chavismo y del madurismo en el PSOE ha sido y es, sin duda alguna y a pesar de su silencio ominoso, Rodríguez Zapatero, cuyo abrazos con Hugo Chávez primero ( a lo mejor es su "pajarito") y luego con su íntimo amigo, Nicolás Maduro, son y serán por muchos años bochorno ético para un socialismo envilecido.

Ya sé que es una dura competición con Pedro Sánchez que, más cauto y raposo, no sale en las fotos porque parece que se mueve, pero basta sólo con traer a la memoria el caso Delcy, sus maletas y sus desconocidos interiores; Barajas a pesar de la prohibición de la UE; y Ábalos y el zumosol Koldo de las mascarillas en la terminal. Ahora, desvelado el golpe de estado electoral, el "resistente" gira y pide actas electorales dejando a Zapatero mudo y atrapado en su propia tela de araña.

Pero no, la primera causa de este tumbo nacional que vivimos, sobre todo en Cataluña y Venezuela, es el ahora afónico Zapatero, piedra clave sobre la que Pedro Sánchez ha levantado su régimen cada día más autoritario. Recuérdese que él fue el que dio alas y vuelo al separatismo con su famoso e impropio aval para todo al Parlamento catalán y quien bailó con los lobos de ETA hasta que parecieron corderos (hoy socios de Sánchez). Su alianza con la dictadura bolivariana ha sido hasta anteayer un escándalo internacional.

En estas y otras cosas pensaba cuando me acordé de un cuento del gran escritor venezolano Arturo Uslar Pietri, que advirtió sobre la demagogia y el populismo dictatorial de Hugo Chávez e inventó la expresión "realismo mágico", que a lo mejor habría que completarla con otra, hoy más apropiada, "realismo trágico", que es lo que hoy se padece en Venezuela y en España.

El cuento se titula Barrabás y fabulaba que el delito principal del criminal era el delito de callar. "¿Callar? —Sí. Sabías la verdad y la enterraste dentro de tu boca". Y luego, otro delito, consentir "que las palabras pueden echar puñados de confusión sobre la vida", lavándose las manos con un jarro mientras se condenaba al hombre equivocado.

Comprenderán por qué solicito para el barrabasero, José Luis Rodríguez Zapatero, el título de persona non grata para todas las naciones democráticas del mundo, muy especialmente para España. Ha enterrado en su boca los crímenes perpetrados, y que se cometen ahora mismo, en Venezuela.

Y calla sobre el hecho infame de que 6.244 votantes separatistas de ERC vayan a destruir la Constitución española de 1978, aprobada en referéndum por los votos de 15.674.858 españoles, de los que 2.701.870 fueron catalanes de las cuatro provincias. No, no para investir al molt honorable, jaja, Salvador Illa, sino para seguir invistiendo con la presidencia del gobierno español al res honorable Pedro Sánchez.

Todo se está consumando de la mano de este, su sucesor, otro socialista indeliberado, tal vez más dañino por su bruta rudeza egocéntrica. Pero tiene que haber esperanza. Al menos, San Martín se acerca.

El tercer cierre en falso del Proceso

Iván Vélez. gaceta. 5 Agosto 2024

Tal y como todo el mundo que quiera saber, sabía, Pedro Sánchez ha cedido ante el concierto económico catalán, intencionalmente suavizado bajo el adjetivo «solidario». A la invocación solidaria se une la del siempre socorrido federalismo, trampa oratoria para hacer pasarnos por el aro de una claudicación en toda regla, si bien, no está demás recordar que el PSOE, el malo y el mal llamado bueno, llevan en su fuero interno un proyecto federalista para España, que no es otra cosa que la destrucción de España.

Si mal no recuerdo, esta es la tercera cancelación del éxtasis supremacista y rapaz. A los indultos a los delincuentes enchironados, le siguió la ley de amnistía, antesala de la concesión de la financiación singular reivindicada por Illa, para quien Cataluña merece un trato diferenciado, es decir, privilegiado. A la tercera superación del así llamado conflicto, le sucederá, bajo refinadas fórmulas publicitarias y eufemísticas, un referéndum secesionista cuya sola celebración lleva implícita la soberanía de Cataluña. La opción de una consulta para deshacerse de un cuerpo no sólo muerto, sino parasitario, no se contempla, de momento.

Aunque el plan secesionista está trazado desde los franquistas años 60, las contradicciones sectarias afloran constantemente. Unidos en su narcisismo, trufado de complejos, los catalanistas se disputan la hegemonía de su soñada Arcadia. El resultado es una pugna soterrada, un enfrentamiento entre las distintas familias, pues los apellidos pesan, que aflora cada vez que alguna de las facciones está a punto de tocar pelo, momento en el cual, el PSC surge como herramienta para reimpulsar el plan.

En este contexto, en el de la posible proclamación de Illa, es en el que Puigdemont ha irrumpido, tratando de torpedear un acuerdo que da oxígeno tanto a Sánchez como a Junqueras. Según se ha sabido, gracias a su última epístola, el golpista protegido en el corazón de Europa asegura ahora, ignoro si dentro de un maletero o bajo palio, que volverá a España, a Cataluña, según sus coordenadas, exponiéndose a la benévola justicia española. La disyuntiva, netamente efectista, es, o bien ser detenido y dar con sus sediciosos huesos en un confortable calabozo o hacerse una suerte de Assange, y atrincherarse en el Parlamento de Cataluña, teatro de la hispanofobia, y acogerse a sagrado, es decir, protegerse de la justicia española en virtud de leyes españolas.

Desde la redacción de la Constitución de 1978, los colectivos, por decirlo suavemente, menos comprometidos con la nación española, han sido favorecidos a costa del resto de españoles. Resultado de todo ello es una realidad inaudita: el idioma español, marginado en muchas regiones; los proyectos secesionistas, financiados por el Estado gestionado por un bipartidismo cortoplacista y clientelar. En la vanguardia del proceso desnacionalizador, ya previsto, de manera deliberadamente ambigua, en la propia Carta Magna, el PSOE y su reverso, el Partido Popular Gestor, que ahora se rasga las vestiduras frente a la bajada de pantalones de Sánchez, pero que, en ningún momento, ha anunciado que, en el poco probable momento de heredar el poder de Ferraz, derogaría el concierto. Un silencio nada reprochable, pues, por decirlo en fórmula cervantina —«¡Oh memoria!, enemiga mortal de mi descanso»—, no hace tanto tiempo que Alicia Sánchez Camacho y Jorge Fernández Díaz propusieron a Rajoy un pacto fiscal para Cataluña ajustado a principios de ordinalidad, con limitación de la solidaridad.

¿puede la Fuerza Armada sublevarse?

Un cuartel llamado Venezuela: "Los militares no pueden derribar al régimen, ellos son el régimen"

Enrique Andrés Pretel. Damaris Sobejano. EC 5 Agosto 2024

Estos días de protesta y opresión en Venezuela, algunos de los mensajes más difundidos por la oposición son aquellos protagonizados por militares (activos, retirados y presuntos) negándose a reprimir manifestantes o declarándose en rebeldía contra el “presidente ilegítimo” Nicolás Maduro. No hay llamado patriótico para restaurar la democracia que no incluya una instigación al alzamiento de los uniformados y se parafrasea, aquí y allá, la manida cita del prócer decimonónico Simón Bolívar de “maldito el soldado que levanta su arma contra su pueblo”. En realidad, estos episodios de descontento castrense son anecdóticos y muchas de las escenas que circulan por redes son recicladas de crisis anteriores, montajes o exageraciones. No hay, a día de hoy, ningún movimiento o señal que indique un malestar generalizado en los cuarteles o que apunten a la posibilidad de una insurrección masiva. ¿Hay militares descontentos, puede que incluso horrorizados, ante el fraude y la violencia poselectoral desatada por Maduro (12 muertos y más de 1.200 detenidos hasta el momento)? Sin duda. Incluso se han reportado deserciones y casos aislados de desobediencia. ¿Son estos flashes de tensión suficientes para que el chavismo civil pierda el apoyo del estamento castrense a corto plazo? Es decir, ¿podrían la Fuerzas Armada Nacional Bolivariana desconocer un gobierno que, claramente, es incapaz de demostrar que ganó las elecciones? Esta es una pregunta razonable que se repiten muchos dentro y fuera de Venezuela. El problema es que está mal formulada. "Los militares [venezolanos] no pueden derribar al régimen porque los militares son el régimen", resume un diplomático español con experiencia en el país.

Para comprender hasta qué punto los militares están imbricados en la dirección del estado venezolano y cómo su futuro está entrelazado al del chavismo, es conveniente analizar de dónde emana su poder e influencia, cómo los ejercen y cómo los controlan.

"Maduro es nuestro Comandante en Jefe, quien ha sido legítimamente reelecto por el poder popular y proclamado por el Poder Electoral para el periodo presidencial 2025-2031", expresó sin titubeos el ministro de Defensa, general en jefe Vladimir Padrino, en un mensaje televisado para dejar claro a la ciudadanía que el statu quo se mantiene. "Actuaremos con contundencia en perfecta unión cívico-militar-policial para preservar el orden interno en todo el territorio nacional", amenazó, flanqueado por varios altos mandos uniformados.

Una herencia cívico-militar complicada

La colonización política, económica, social, ideológica y empresarial de las Fuerzas Armadas es un proceso que se lleva fraguando 25 años y ha alcanzado su máximo esplendor en la década de Maduro en el poder. Lejos de ser arbitrario o casual, esta fusión "cívico-militar" fue piedra angular del llamado proceso bolivariano diseñado por el fallecido Hugo Chávez, cuyo primer intento de llegar al poder fue mediante una fallida asonada militar como teniente coronel en 1992. De su mano, cientos de militares llegaron a la administración pública y fueron cooptando crecientes esferas del poder civil. Cuando el Comandante murió de cáncer en 2013, le dejó a Maduro en herencia un complejo entramado de lealtades ecualizadas por el mayor auge petrolero de la historia. El exmandantario había mantenido durante años un espejismo de poder compartido entre las principales familias políticas del movimiento (corrientes militares, boliburguesas e ideológicas), bajo la premisa de que la última palabra siempre la tenía él. Pero Maduro, que venía de las luchas sindicales y obreras de la izquierda venezolana clásica, acabó laminando al bando civil de pragmáticos e izquierdistas (con ideas más reformistas y que suponían una amenaza más directa para su poder). En su lurgar, encumbró a los militares, a los que vio como la mejor opción para blindarse él y su círculo personal (su esposa, Cilia Flores, su hijo Nicolás Maduro Jr y los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, vicepresidenta y jefe de campaña, respectivamente).

La colonización política, económica, social, ideológica y empresarial de las Fuerzas Armadas es un proceso que se lleva fraguando 25 años La conexión de Palacio de Miraflores, sede de Gobierno, con la Fuerza Armada se engrasa a través de dos figuras principales. Por un lado, el teniente (ya retirado) Diosdado Cabello, otro de los delfines originales del fallecido líder bolivariano (participó en el golpe de 1992) y considerado el Número 2 del régimen. Es el fundador de muchas de las redes clientelares de los militantes socialistas y se le asigna el control de los cuerpos paramilitares de la revolución, conocidos como colectivos. Y por otro, el general Padrino, figura influyente en el chavismo desde el intento de golpe contra Chávez en 2002, se ha mantenido contra viento y tempestad en la cartera de Defensa desde 2014, convirtiéndose en uno de los aliados más influyentes de Maduro. Este triunvirato es el que públicamente ejerce y reparte el poder, aunque nadie sabe cómo está estructurada esa alianza de pesos y contrapesos. Sobre sus cabezas pesan millonarias recompensas de Estados Unidos, que los acusa de narcotráfico y violación de derechos humanos, por lo que —pese a que siempre hay rumores de tensiones internas— los tres han mantenido prietas las filas los últimos 10 años. Lo que sí es público y notorio es el incremento sin precedentes de los uniformados en la administración pública. Actualmente, 14 de los 33 ministros de Maduro son militares activos o retirados (un 40% de todo el tren ministerial, según la ONG Control Ciudadano), incluyendo algunos en áreas tan críticas como Petróleo, Electricidad, Agricultura y Tierras, Comercio, Obras Públicas, o Alimentación. Su presencia es ubicua en todos los escalafones del poder político, de ministerios y viceministerios, a gobernaciones (seis en 2021), alcaldías y programas sociales, manejando en conjunto ingentes cantidades del presupuesto nacional.

La caja negra de los soles

Además, los militares controlan las principales fuentes de poder financiero del país, comenzando por Petróleos de Venezuela (PDVSA). Maduro les cedió a los militares la joya de la corona económica del país en 2017 y, desde entonces, la compañía estatal está su peor momento histórico. Pese a su perenne crisis de producción y gestión, PDVSA sigue aportando el grueso de los dólares (legales) que mueven las finanzas del país y, además, con miles de empleos públicos a disposición suponen una importante agencia de colocación y pago de favores. Actualmente, tanto PDVSA como el propio Ministerio de Petróleo están bajo el mando de una misma persona, el coronel Pedro Tellechea. Otras empresas cruciales en el enorme entramado estatal venezolano también están en manos castrenses, como la de telecomunicaciones CANTV, presidida por el general de división de Aviación, Jesús Aldana Quintero. En 2021, un estudio de Transparencia Venezuela mostró que militares activos y retirados formaban parte de las directivas de más de un centenar de compañías públicas, de un total de 925 identificadas. Su presencia era especialmente significativa en los sectores de manufactura, agroalimentación y transporte, con varias empresas de logística, transportes y gestión portuaria y aeroportuaria (como Bolivariana de Puertos). Las propias Fuerzas Armadas gestionan directamente una veintena de compañías que participan en múltiples ámbitos de la economía (petroleras, constructoras, firmas agrícolas, seguros, bancos y fábricas de ropa y vehículos). En paralelo, los militares ocupan también muchas de las entidades públicas que regulan esas mismas compañías, generando un complejo entramado de favores y alianzas.

Al control de grandes pedazos de la economía pública se le suma la (presunta) gestión de un emporio del narcotráfico. En la última década, Venezuela se ha convertido en uno de los principales países de salida de drogas hacia los rentables mercados norteamericano y europeo. Si bien el país no produce o procesa, se ha especializado en almacenaje y transporte. Las investigaciones de las autoridades estadounidenses -que han sancionado a 14 altos funcionarios y militares venezolanos- apuntan a que son las propias Fuerzas Armadas las que se encargan de gestionar y rentabilizar esta importante ruta de ilícitos. Su control sobre las fronteras les ha permitido gestionar además otros negocios irregulares vinculados al contrabando de gasolina, minerales, armas, alimentos y personas, según varias investigaciones. "Estas facciones son leales por intereses económicos, políticos y sobre todo, por intereses de seguridad. El llamado Cartel de los Soles está tan implicado en esquemas de gobernanza criminales, narcotráfico, extracción de oro y minerales estratégicos, contrabando de gasolina, fluidos, que nadie quiere perder esa renta. Y tampoco puedes olvidar que esos intereses se lograron bajo una lógica mafiosa, en la que una vez que entras es muy difícil salir", explica Alejandro Cardozo-Uzcátegui, historiador y politólogo venezolano de la Universidad Sergio Arboleda, e investigador en la Universidad Simón Bolívar.

Represores, reprimidos

Por último, los militares también dirigen gran parte del aparato represor a través de la Guardia Nacional (una policía militarizada) y del Ministerio del Interior, dirigido por el almirante Remigio Ceballos. De este dependen los cuerpos policiales (como la Policía Nacional Boliviana, comandada por el general de brigada Rubén Santiago) y otros órganos de seguridad e inteligencia. Todo dirigido por galones, que mandan sobre unos 100.000 efectivos (muchos de ellos reservistas). "El golpe de estado, de una forma clásica militar o cívico militar, está descartado. También las acciones del estilo primavera árabe están descartadas porque el aparato de represión de Maduro es multidimensional y muy eficiente. Más viable sería un escenario como el de Ucrania y la revolución naranja, donde hubo un movimiento espontáneo masivo contra el robo de unas elecciones. Pero la gran diferencia es que el apoyo real de las fuerzas extrabloque en Estados Unidos es cero. La oposición está sola. Solo hay apoyo simbólico", sopesa el politólogo. A su vez, los propios militares son controlados por el servicio de inteligencia militar y la inteligencia civil (el Servicio Bolivariano de Inteligencia también está en manos del general Gustavo González, un militar cercano a Diosdado Cabello), todo con asesoría y vigilancia de los militares cubanos, a los que Chávez abrió de par en par las puertas de la Fuerza Armada para fomentar la ideología socialista y el control político en los cuarteles (lo que complica cualquier potencial conspiración a gran escala). A lo largo de los años ha habido deserciones de alto nivel y focos de potencial insurrección que han sido purgados sin piedad.

"Por supuesto hay mandos inferiores a Padrino López que posiblemente estén aturdidos y quisieran tomar acciones. Ahí es donde entra el aparato cubano, entrenado para disolver esos posibles cambios de lealtades a partir de la infiltración", comenta el analista. Algunos insisten en el paupérrimo estado de la tropa, que está lejos de recibir las prebendas y caudales del alto mando. Sin embargo, apuntan observadores del mundo militar venezolano, incluso los soldados rasos disponen de ciertos privilegios respecto a sus conciudadanos. Parte de la tropa hace sus propios negocios al margen de la legalidad, como han denunciado asociaciones ciudadanas, medios y ONG, ya sea a través de su mayor acceso a alimentos, la gestión de la gasolina o el acceso a armamento y vehículos. En una sociedad derrengada económicamente, hasta los militares menos conectados se han convertido en una suerte de casta y una de las pocas profesiones en las que es posible medrar y prosperar. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana es una caja negra insondable. Los analistas saben que están lejos de ser la entidad monolítica que quiere vender la propaganda venezolana y todos coinciden en que cualquier eventual transición de calado pasar por los militares. Por eso, las preguntas sobre qué pasa en el seno de los cuarteles se multiplican. ¿Podrían los generales considerar que Maduro ya no es útil como líder del chavismo y buscar un cambio de imagen? ¿Puede haber ambiciones personales irrefrenables entre los uniformados que hagan tambalearse el tablero? ¿Habrá tensiones, rencillas y cuentas pendientes por cobrar entre las familias castrenses? Todo, rumores y conjeturas.

Los hechos, a día de hoy, apuntan a que un estamento militar híperconectado en la esfera política, económica y social, con enormes negocios legales (y presuntamente irregulares) que les permiten engrasar las lealtades, tiene pocos incentivos para buscar un cambio de signo en el gobierno. Y el régimen ya se ha encargado de hacer saber, una y otra vez, el precio a pagar para los que se atrevan a ir en contra del sistema. "Cualquier grupo de las Fuerzas Armadas que quisiera defender los resultados electorales estaría muy controlado. El castigo por cambiar de facción política es altísimo, que puede incluir la desaparición y la muerte. En ese camino hay tortura, en ese camino, hay castigos a las familias. Es un camino de riesgos que ningún militar querría recorrer en soledad", concluye Cardozo-Uzcátegui.

Ana Losada: "El PSC va a aplicar todas las imposiciones del catalán que ha anulado el TSJC"

Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, cree que el PSC apoyará todas las demandas de imposición lingüística que pide ERC.

Libertad Digital. 5 Agosto 2024

La presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, Ana Losada, ha cargado contra el acuerdo alcanzado entre el PSC y ERC, en materia lingüística. "Lo que está ocurriendo con este pacto es que van a aplicar lo que ha suspendido cautelarmente el TSJC", decía. "Se proponen excluir el español de todas las instituciones catalanas e intentar que las sentencias de los tribunales, incluido el Tribunal Constitucional, no se apliquen", lamentaba.

Y en este pacto, el partido que sí ha mutado, al menos en apariencia, no es ERC, que siempre ha perseguido ese objetivo, sino que lo ha hecho el PSC: "Dijo que estaba a favor de la aplicación del 25% de la enseñanza en español, pero luego no lo aplica y ahora tenemos que esperar a ver qué dice el Tribunal Constitucional".

Losada denunciaba en esRadio que los de Illa, "cuelgan carteles en castellano, pero se olvidan cuando en el parlamento catalán tienen que hacer pronunciamientos políticos contra la persecución a las familias, los niños o los autónomos que quieren utilizar el español".

Por todo ello, Ana losada señalaba que "la gente tiene que preguntrase para qué sirve su voto". Recordaba que "la mayoría de los catalanes somos castellanohablantes" Y añadía que "eso es precisamente lo que la generalidad quiere eliminar, que olvidemos nuestra lengua materna", recordemos que "a los jóvenes en la escuela se les prohíbe hablar español, porque está mal visto".

Sin embargo, la deriva de la imposición lingüística en Cataluña parece no tener fin y el control del Constitucional por parte del Gobierno mediante Cándido Conde Pumpido, no invita al optimismo respecto a las resoluciones que todavía quedan pendientes en materia de defensa de los derechos de los castellanohablantes en Cataluña. Pero Ana Losada quiere "tener fe. Hasta ahora ninguna sentencia ha negado que la Constitución protege los derechos de los hablantes de castellano y ninguna sentencia ha dicho lo contrario."

De seguir, en este caso, los intereses del Gobierno para contestar a los nacionalistas, el Tribunal Constitucional, decía Ana Losada, "cometería un auténtico escándalo".

Por otro lado, también se ha mostrado esperanzada porque "cuando impones algo, lo normal es recibir la reacción contraria por parte de la gente" y por eso considera que "el mayor peligro para el catalán es el sectarismo del nacionalismo lingüístico".

Para Losada "Lo que es evidente es que la lengua catalana se ha convertido en una ideología que identifica una lengua con una política y un aocoso que genera rechazo. La lengua se convierte en elemento que divide a unos ciudadanos de otros. Y vamos camino de una ruptura total."

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Sánchez, el nuevo líder del procés

Ignacio Ruiz-Jarabo. vozpopuli 5 Agosto 2024

Es una evidencia que el proceso soberanista de los indepes catalanes no ha finalizado en ninguna de las ocasiones en las que así fue anunciado por Sánchez. Ni cuando se cobijó en sus votos para obtener indecorosamente la presidencia del Gobierno, ni cuando concedió ignominiosamente el indulto a unos condenados no arrepentidos, ni cuando pactó y después promovió la aprobación de una execrable Ley de Amnistía. Pese a todo ello, el procés como intención y objetivo de los independentistas sigue vivo y es suficiente con observar sus declaraciones y constatar sus actitudes para comprobarlo.

Sucede además que no siendo cierta la finalización reiteradamente anunciada del procés que, insisto, sigue intacto y vivo en el ánimo de los independentistas la última novedad es que Sánchez ha decidido encabezarlo. Lo ha hecho pactando un acuerdo independentista con ERC que concede la “plena soberanía fiscal” para Cataluña por el que quedará en poder de la Generalitat la gestión integral de todo el sistema tributario estatal. Recordemos que ésta fue una de las pretensiones más radicales del Gobierno nacionalista en pleno apogeo del proceso independentista, aspiración que es asumida ahora por Sánchez que pasa así a convertirse en la nueva cabeza visible del procés.

Ya dijimos en estas mismas páginas que el acuerdo independentista adoptado por Sánchez y ERC atenta contra la solidaridad interterritorial y contra la igualdad de los españoles. Además, y en función de cómo aplique la Generalitat sus plenas competencias sobre la gestión del IRPF, del IVA y del Impuesto sobre Sociedades, puede llegar a afectar seriamente a la unidad de mercado. Sin duda, toda vez que la carga fiscal es uno de los parámetros básicos del coste empresarial y si éste varía significativamente entre las empresas domiciliadas en Cataluña y entre las que tienen su domicilio en el resto de España, la unicidad del mercado español se resquebrajaría.

Ya alegan algunos interesados en quitar la importancia al acuerdo entre ERC y Sánchez que el estatus acordado para Cataluña existe ya a favor de Navarra y de las Diputaciones Forales del País Vasco. Primero, no es así y segundo, el principio de importancia relativa evidencia la diferencia trascendencia de lo que ya existe y lo que ha decidido Sánchez. Empezando por esta segunda cuestión, la soberanía fiscal para Cataluña afecta al 20% del PIB español, prácticamente el triple de lo que representan conjuntamente los PIB de Navarra y el País Vasco. Y respecto a la primera, es preciso señalar que en estas dos Comunidades el Estado mantiene sus competencias en determinadas figuras tributarias. Es el caso del IVA y de los Impuestos Especiales ligados a la importación de productos. Quiere decirse que lo que Sánchez ha acordado para Cataluña desborda el contenido del estatus que tienen los territorios forales históricos. Y eso sin olvidar que el régimen del Convenio con Navarra y del Concierto con los territorios forales vascos tienen su respectivo amparo constitucional avalado abrumadoramente en referéndum por todos los españoles. De ser finalmente aprobado en el Congreso de los Diputados con la reforma de la Lofca, el acuerdo independentista ahora pactado por Sánchez saldría adelante con una exigua mayoría. El diferente grado de legitimidad es obvio.

Enlazando con lo anterior, al quedar plenamente huérfana de competencias en Cataluña la Agencia Estatal de Administración Tributaria, lo que no sucede ni en Navarra ni en el País Vasco, su misma existencia en Cataluña dejará de tener sentido. De hecho, la declarada intención de los independentistas es su desaparición mediante el traspaso integral de sus funcionarios y de sus inmuebles a la Agencia Tributaria catalana. Desaparecería así de Cataluña la Hacienda Pública estatal con todas las consecuencias que ello conlleva.

No puede obviarse que la Hacienda es una institución básica del Estado moderno hasta el punto de poder afirmar que sin Hacienda no hay Estado. Siendo así, la muerte decidida de la AEAT en Cataluña, algo que no sucede en los territorios forales, supondría que el Estado español casi se retira de hecho de Cataluña. El sueño de los independentistas hecho realidad por obra y gracia de Pedro Sánchez, su nuevo líder.

¿Puede decir algo Europa?

En el escenario expuesto no cabe extrañarse de las críticas que ha recibido el acuerdo independentista adoptado por Sánchez y ERC ni tampoco de la resistencia interna que ha empezado a desatarse dentro del PSOE, completamente lógicas unas y otra. Retirar de Cataluña a una institución básica del Estado español no puede dejar indiferentes a nadie que desee la subsistencia de España como nación. Y aún más, tampoco podría causar indiferencia en el seno de la Unión Europea. Todo indica que en esta ocasión Sánchez ha sobrepasado una línea que ni podía ni debía sobrepasar y que, consecuentemente, tendrá por ello el inevitable coste al que se ha hecho acreedor. Lo malo es el cúmulo de costes que él lleva acarreando a España de los que el acuerdo independentista recientemente adoptado es el último.

La izquierda y los dineros regionales

Jesús Laínz. gaceta. 5 Agosto 2024

El padre del nacionalismo catalán, Enric Prat de la Riba, comunicó a la prensa extranjera a finales de 1898 que, una vez perdidos los territorios de ultramar, seguir en España había dejado de ser un buen negocio, por lo que Cataluña tenía que marcharse. ¡Ah, la cartera, eso que se oculta bajo la bandera!

Ha pasado más de un siglo y seguimos en las mismas, pero con la particularidad de que ahora la izquierda española se ha sumado a tan capitalista reivindicación. Se suele oscurecer el asunto con argumentos matemáticos y demográficos, pero todo se reduce a intentar quedarse con la mayor cantidad posible del dinero salido de los impuestos pagados por todos los españoles. Y con la hipócrita agravante del «España nos roba» que tantos réditos electorales ha procurado a los separatistas.

El recurso a la comparación de ingresos e inversiones no puede ser más falaz, empezando porque los impuestos los pagan las personas, no las demarcaciones municipales, provinciales o regionales. Según la lógica nacionalista, ¿no podrían decir también los barceloneses que Lérida nos roba? ¿Y los de Tres Torres, que Ciudad Meridiana nos roba? ¿Y por qué limitarse al criterio territorial? ¿Qué tal, por ejemplo, el del nivel de renta? Así, los que ganen más de 4.000 euros al mes podrían protestar porque «los que ganan 1.000 euros al mes nos roban». Y los que trabajan, porque «los parados nos roban».

Además, no olvidemos que pretenden sustentar su queja económica no sólo en los hechos recientes, sino en una larga acumulación que vendría a justificar eso que llaman deuda histórica. Porque uno de los disparates más extendidos en nuestra descoyuntada España de las Autonomías consiste en que cualquier taifa se cree legitimada para reclamar una deuda histórica que España tendría que pagar. Ya sea Andalucía por su pobreza —que se supone que tendría que haber sido menor— o Cataluña por su riqueza —que se supone que tendría que haber sido mayor—, aquí todos se creen acreedores. Pero, ¿quién será el deudor? ¿El resto de España? ¿Alguna parte en concreto de España? ¿La imperial Castilla? Imaginemos a las opulentas Soria, Ciudad Real y Badajoz pagando a la paupérrima Barcelona.

Abramos un poco el ángulo de tiro para conseguir mayor perspectiva histórica. El 19 de julio de 1901, el exalcalde barcelonés Bartomeu Robert, flamante diputado de la Lliga recién aparecida, reclamó al gobierno de Sagasta, entre otras cosas, la concesión del concierto económico a Cataluña. El presidente le respondió recordándole la política proteccionista que había permitido a Cataluña su alto grado de desarrollo:

«¿Cómo he de negar la aptitud y las energías de los catalanes? Pero esa aptitud y esas energías hubieran quedado quizá baldías sin la protección que en todos los tiempos han dado todos los gobiernos españoles a esa tierra feliz (…) ¿Quién duda que Cataluña se ha hecho rica por España y con España? ¿Quién duda que, para hacerse rica, ha habido necesidad de concederla en las leyes ciertos privilegios que le han dado ventajas sobre sus hermanas, las demás provincias de España? ¿Quién duda que quizá el malestar de nuestras perdidas Antillas haya sido debido a la preferencia que daba España a Cataluña?».

Por otro lado, el eminente economista catalán Gabriel Tortella y los coautores del libro Cataluña en España: historia y mito (Ed. Gadir, 2016), analizando los registros históricos, llegaron a la conclusión de que el sobrecoste pagado por todos los ciudadanos españoles por la protección arancelaria sólo a la industria algodonera catalana y sólo durante el siglo XIX ascendería, utilizando las cifras más bajas, a 510.720 millones de euros actuales, más o menos la mitad del PIB español de nuestros días, deuda histórica de Cataluña con el resto de España que a nadie se le ha ocurrido ni se le ocurrirá jamás reclamar. (Explicación detallada de todo esto, en J. Laínz: Negocio y traición, Ed. Encuentro, 2020).

Pero regresemos a la actualidad. Cataluña no aporta a la solidaridad nacional más o menos que otras regiones. Sencillamente porque Cataluña no aporta nada. Los que aportan son los ciudadanos con más ingresos a los que tienen menos ingresos. El hecho de que en Cataluña —como en Madrid— se recaude más dinero significa que en Cataluña y en Madrid viven más personas con mayores ingresos que en otras zonas del país. Eso se llama solidaridad y antes era progresista.

Los izquierdistas, esos teóricos campeones de la solidaridad, deberían saberlo. Pero lo han olvidado. Llevan demasiadas décadas apuntándose a las identidades, las lenguas propias, los derechos históricos, los privilegios y los hechos diferenciales. Por eso, aunque a algunos izquierdistas se les ocurra ahora protestar en voz baja —como Alfonso Guerra protestando pero votando a favor del nuevo estatuto catalán—, llegan demasiado tarde después de haber causado demasiado mal.

¿Para qué sirve el euskera?

Rafael del Moral. vozpopuli. 5 Agosto 2024

Se sentirían mejor los ciudadanos del País Vasco si no hubieran necesitado unificar dialectos para crear el euskera batúa, una norma más dentro de las diversas formas dialectales. Son estas tan distintas que el fundador del PNV, Sabino Arana, que no llegó a hablar vasco con solvencia, se convirtió en lingüista aficionado para defender la independencia dialectal.

El eusquera unificado o batúa se creó en 1968, mucho después de don Sabino. Desde entonces los niños que lo estudian lo añaden a su herencia familiar. Ya no será la lengua vasca lo que aprendió en su hogar, lo que mamó de su madre, sino lo que le enseñaron en el colegio. Probablemente no va a utilizar el batúa con igual afecto, ni tampoco con igual soltura, que el habla familiar heredada.

Tampoco quienes heredaron en Euskadi el español, que son en teoría, cuatro quintas partes de la población, aprenderán el vasco natural, sino el estándar. Lo que se puede hacer con el batúa es intercomunicarse con otras hablas, caso de que sea necesario. En realidad, nunca es necesario porque todo vasco se entiende con otro vasco en español, (¡hostia!), desde hace siglos. Claro que el respeto exige que los individuos se expresen la lengua en que deseen incluso en el caso de que no sea la más fluida.

Se enseña y se aprende, pero no se transmite

La intención primera, y la ideal, pretendía que fuera utilizado como la lengua vehicular de todos los vascos. La segunda, vista la imposibilidad, que todos los niños vascos, o casi todos, sepan euskera. Unos, los de español lengua materna, para una mejor integración con lo vasco, otros para una mejor integración entre los vascos.

Lo que se habla en familia o entre amigos son variedades dialectales, mientras el batúa se exige en las administraciones, en la enseñanza y en la sanidad. Pero como no se puede obligar fuera de ese ámbito, pues el uso de las lenguas es libre, la empresa y la sanidad privadas vive cómoda en castellano, que es como allí prefieren llamar al español.

La cifra oficial de hablantes de euskera, que al mismo tiempo lo son de castellano, no garantiza la estabilidad del euskera porque lo que se transmite de una generación a la siguiente son dialectos o hablas afines: vizcaíno, guipuzcoano, navarro, labortano, suletino... El batúa se enseña y se aprende, pero no se transmite. Tenemos, entonces, a la casi totalidad de vascos que hablan, entienden, leen y escriben en castellano, y de esos un 44%, según cifras oficiales, saben también euskera. Pero ¿batúa? ¿batúa y un dialecto? No lo sabemos. Y lo peor, tampoco sabemos cuantas familias transmiten cualquier variedad a sus hijos.

Lo que sí sabemos es que el batúa, si deja de enseñarse, desaparece. Es verdad que si el vasco no se hubiera fragmentado, vizcaínos, guipuzcoanos, navarros, labortanos y suletinos tendrían más fácil el entendimiento y no hablaríamos de la muerte del vasco en su dialecto roncalés acaecida con la desaparición de su último hablante en 1974, pero se fragmentó y lo que está roto no vuelve a unirse de manera natural.

El ochenta por ciento de los vascos, según deduzco, heredan el español, y muchos de ellos añaden el euskera en las ikastolas y en los colegios

Un vascófono culto debe conocer el batúa. Un hispanófono puede ser culto sin nada más. El ochenta por ciento de los vascos, según deduzco, heredan el español, y muchos de ellos añaden el euskera en las ikastolas y en los colegios, pero en la vida diaria y una vez terminada la escolarización hablan español. Tienen hijos y lo que transmiten a sus hijos es el español. Y se reinicia el ciclo cuando estos chavalines son recibidos en vasco en las ikastolas. Para muchos estudiantes el vasco es la lengua obligatoria, el español la lengua liberadora.

Si una lengua está viva ha de ser necesaria. ¿Es el euskera o euskara inevitable fuera de la administración y la sanidad? La respuesta es clara. En esos ambientes la tendencia al castellano, salvo en poblaciones muy concretas, es evidente. Vive el vasco protegido y obligado en una burbuja que contiene a la administración, la educación y la sanidad. Y no sale de ahí porque no hay razones que lo exijan. El día que lo desconecten de los cuidados intensivos, vuelve al estado que tuvo.

Las lenguas pueden levantar los ánimos, incluso provocar enfrentamientos políticos cuando se convierten en identificadoras de una sociedad clasista. Si el euskara o vasco se llamara lengua LA-017, es decir, L de lengua y A de aislada número 17, se evitaría toda alusión a marcadores de identidad. Y también dejaría de servir al nacionalismo.

Choque de lenguas

Durante siglos el ambilingüismo o uso cotidiano de dos lenguas ha servido para fusionar dos culturas, la de la lengua en decadencia y la de la lengua en expansión. Si el vasco desapareciera lo vasco permanecería. Las lenguas no pueden verse como entes ajenos a los hablantes, que es lo que en Euskadi se quiere hacer con el español. La mayoría de los hablantes del mundo necesitan dos o más lenguas para cubrir el día a día. Los hablantes que con una cubren la comunicación son solo los que heredan una de las grandes lenguas. Y a los vascos de España les ha tocado la lengua LA-017 y la IR-005, es decir I de indoeuropea y R de románica número cinco. Son algunos vascos, en su mayoría, hablantes de IR-005; y otros hablantes ambilingües LSF-017 e IR-005.

Así, llamándolas en clave de paz, se pondría fin al choque de lenguas.

Las 2.500 medidas de implantación del catalán que esperan a un gobierno con el pacto PSC-ERC

Fernando García-Romanillos. vozpopuli. 5 Agosto 2024

La discriminación lingüística que impone el acuerdo de gobierno alcanzado por el partido de Sánchez e Illa con ERC es paralela a la discriminación fiscal. Según el compromiso adquirido, los alumnos de grados universitarios de CC. de la Salud, Derecho, Comunicación, Educación…, tendrán que adquirir el nivel de catalán C2. Otras medidas serán regular el uso del catalán en prospectos farmacéuticos, hacerlo requisito para cualquier plaza sanitaria, que sea mérito para destinos de jueces y magistrados, implantar un sello de calidad lingüística en las empresas…, y así hasta las 2.514 propuestas incluidas en el Pacte Nacional per la Llengua que recoge lo acordado para presidir el Govern. Todo ello, en coherencia con lo celebrado por los independentistas: “Cataluña tendrá la llave de la nación, que es la lengua”.

Para colocar a Salvador Illa al frente de la Generalitat (y que Sánchez permanezca en la Moncloa) el Partit dels Socialistes Catalans y su nodriza el PSOE hacen suyo, de hecho, el xenófobo Manifiesto Koiné (2016) inspirador de la política lingüística contenida en el Pacte Nacional per la Llengua (PNL) que obliga a ejecutar el documento firmado el pasado día 29 por los partidos gobernantes en Madrid y en Barcelona. El citado PNL es un mandato de la Resolución 102/XIV (2021) del Parlamento de Cataluña, la que desgrana el camino a la independencia mediante la amnistía, la soberanía fiscal, la soberanía lingüística y el derecho a la autodeterminación. También anima a alcanzar la “soberanía alimentaria”, pero este objetivo no ha pasado de las páginas del Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.

Los seguidores de Marta Rovira y de Junqueras saben de lo que hablan cuando su portavoz, junto a la plana mayor de ERC con Aragonés incluido, anunció orgullosamente lo conseguido de Pedro Sánchez y Salvador Illa: “Tendremos la llave de la caja y tendremos la llave de la nación, que es la lengua catalana. Es un preacuerdo que nos (…) acerca a la independencia de nuestro país”. De la relevancia del objetivo lingüístico en ese pacto, descontada la complicidad del sanchismo para incumplir las sentencias sobre la enseñanza en español, da una idea que en las 25 páginas del documento de preacuerdo solo aparecen dos cifras dinerarias, una de 200 millones/año para desplegar el proyecto nacional lingüístico y otra de 119 millones para plantas de agua reciclada.

Junto a los privilegios económicos, los reconocidos y los ocultos, en materia de soberanía fiscal, la que parece barra libre de una pretendida soberanía lingüística asumida por un PSC con mayoría de votantes castellanohablantes, consiste en medidas gubernamentales como las ya descritas y muchas otras entre las que figuran las del cuadro junto a estas líneas.

La traducción en gasto del citado PNL, algo que no hacen los firmantes del acuerdo en materia de inversiones, traspasos, deuda, etc. es más significativa aún porque el Pacte Nacional per la Llengua se puso en marcha en 2022 recogiendo propuestas y nunca se han presentado sus conclusiones. Cayó en el olvido hasta que en otubre de 2023 Pere Aragonés presentó otro proyecto de cien medidas, El català, llengua de pais, incluyendo buena parte del contenido del PNL. Ambos documentos, el de las 2.514 propuestas del pacto nacional y el de las 100 medidas de Aragonés, marcan el camino que compromete al PSC y al gobierno de Pedro Sánchez para aplicarse al fomento o imposición del monolingüismo en todos los ámbitos, además de la enseñanza: desde la sanidad al deporte, desde la Inteligencia Artificial a la agricultura, desde la ciencia a los medios de comunicación.

Con el acuerdo rubricado y sus objetivos, un gobierno de filiación socialista y espíritu nacionalista tendrá, por ejemplo, que establecer el uso exclusivo del catalán en las comunicaciones entre el personal sanitario y de éste con los pacientes, promoverlo en los centros de MENA o admitir que una zona de Murcia limítrofe con Alicante denominada Carxe de Múrcia, sea considerada “territorio de lengua catalana” igual que Cataluña, la Comunidad Valenciana, Islas Baleares y la Franja de Aragón, según recoge el epígrafe 7.1 del PNL.

Los catecismos independentistas para llevar a término el procés lingüístico están salpicados de consideraciones sobre las ventajas profesionales, culturales, sociales y económicas de `vivir en catalán´ usando la `lengua propia´ del territorio. Se insiste en la conveniencia de transmitir a los inmigrantes y al personal de centros públicos sin ese conocimiento lingüístico que el catalán es un buen instrumento de “ascenso social”, vinculándolo al bienestar y a la perspectiva de vivir mejor. En una de las reuniones para elaborar el Pacte Nacional per la Llengua sus participantes lamentaron el aumento de castellanohablantes de países iberoamericanos en el sector sanitario, sosteniendo el presidente del Consejo de los Colegios de Enfermeros y Enfermeras de Cataluña que “la gestión clínica hemos de hacerla en catalán porque tiene un impacto directo sobre la salud de las personas”.

En la génesis y en el desarrollo del PNL de las 2.514 propuestas y de las 100 medidas de Aragonés, se advierte la considerable dimensión económica del proceso de imposición lingüística del separatismo, y ahora del sanchismo. No hay transparencia para determinar el dinero público que manejan el Govern y resto de la Generalitat en las políticas de inmersión y monolingüismo con exclusión del español. La cifra estará más cerca de los 1.000 millones de euros de lo que estaba hace tres años, según un cálculo que hizo entonces la entidad catalana Impulso Ciudadano sobre la factura de la construcción nacional de Cataluña, donde la mayor partida corresponde a política lingüística.

Ni al PSC ni al PSOE se les escapa la contrapartida económica de abrazar el credo nacionalista gobernando en la plaza de Sant Jaume, como tampoco lo ignoran los agentes sociales y profesionales que participaron en las `braimstorming´ celebradas durante los meses de recogida de propuestas para el Pacte Nacional per la Llengua que ahora se quiere aplicar. Entre los convencidos que acudieron a opinar y proponer en aquellas sesiones destaca el entusiasmo mostrado por UGT de Cataluña que, convencido de la necesidad de extender la implantación del catalán en el mundo sociolaboral, el sindicato se ofrece a las autoridades de la Generalitat, textualmente, como “agente crucial para la articulación de las políticas de impulso del catalán, teniendo en cuenta la importancia que tiene el espacio laboral en la vida y socialización de las personas”.

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