Recortes de Prensa Jueves 22 Agosto 2024
La
ofensiva de Zelenski en Kursk indigna a Putin y le obliga a aumentar
su población militar
El Ejército ucraniano podría capturar soldados rusos para usarlos como palanca para el regreso de 8.000 priosioneros retenidos por Rusia
Borja Rama. el debate. 22 Agosto 2024
La noticia de hoy sobre la guerra entre Rusia y Ucrania la protagonizó el anuncio del Ministerio de Defensa ruso en el que afirmaba que hasta «once drones fueron destruidos» sobre el territorio de Moscú y su región durante la noche, lo que representa «uno de los intentos de ataque más importantes jamás realizados» contra la ciudad con drones explosivos, según declaró el alcalde, Serguéi Sobianin. El que sería el mayor ataque sobre la capital rusa llevado a cabo por Ucrania no ha sido ni confirmado ni desmentido por su presidente Volodímir Zelenski.
El Ejército ucraniano mantiene uno de sus focos centrado en la incursión de la región rusa de Kursk en la que ha confirmado que mantiene 98 asentamientos. Esta nueva invasión lleva ganados 1.260 km2 en la región con el objetivo de crear una «zona tapón» en suelo ruso para proteger la región ucraniana de Sumi.
Ucrania ha logrado avances significativos en Kursk. Las fuerzas ucranianas, confirmaron hace dos días, habían destruido un tercer y último puente sobre el río Seym, lo que ha cortado el paso a la parte sur de Kursk, donde las tropas rusas restantes se enfrentan ahora a un cerco originado por las fuerzas de Kiev. Debido a este movimiento, el Ejército de Putin se encuentra atrapado entre el río, la frontera ucraniana y la zona recién tomada.
Putin se queda sin efectivos militares
El Gobierno de Putin, ante la falta de recursos, se ve obligado a trasladar a sus tropas de Ucrania a Kursk por la ofensiva de Zelenski. Ante la falta de combatientes, Rusia ha convocado a «alrededor de 190.000 ciudadanos como soldados con un ritmo medio diario de unas mil personas». Por lo que la población militar ascendería a 760.000 combatientes, según las informaciones rusas, lo que supondría unir el total de residentes de Sevilla y Pontevedra.
La toma de territorio ruso también puede dar a los ucranianos una mejor posición en cualquier negociación ante Moscú, que anteriormente estaba interesado en un acuerdo, pero que ha descartado las conversaciones después de la operación de Kursk.
Esta operación ofrece a Zelenski la posibilidad de capturar prisioneros de guerra rusos para usarlos como palanca para el regreso de 8.000 soldados ucranianos retenidos por Rusia. «Estamos logrando nuestros objetivos. Esta mañana tenemos otra reposición del fondo de intercambio para nuestro país», comentó.
Se trata de un éxito inopinable del mandatario ucraniano, que no debe de dejar de lado el Donbás, en el este de Ucrania, donde las fuerzas rusas avanzan en medio de intensos combates por la ciudad de Pokrovsk.
Un ataque con drones ucraniano incendia una instalación militar en la región rusa de Volgogrado
Ucrania cada vez está intensificando más sus ataques en territorio ruso, tanto con drones como con incursiones terrestres
Carlos Garcés. Madrid. el mundo. 22 Agosto 2024
Tanto Kiev como Moscú siguen tratando de castigar instalaciones estrategicas de su rival para tratar de tomar ventaja en la Guerra de Ucrania. Plantas de energía, depósitos de combustible o bases militares son objetivos casi diarios de sus ataques con misiles y drones.
Este jueves se ha producido un importante incendio en una instalación militar en la región de Volgogrado, en el sur de Rusia, después de que un dron ucraniano se haya estrellado contra ella, ha dicho el gobernador regional Andrei Bocharov en la aplicación de mensajería Telegram.
Bocharov ha informado de que no hay víctimas y no ha especificado qué instalación ha sido atacada, pero ha dicho que el ataque se centró en el área de la aldea de Marinovka, donde se encuentra una base aérea militar.
9:49
La defensa antiarea rusa derriba 28 drones ucranianos sobre seis regiones
Las fuerzas de defensa antiaérea rusas derribaron durante la noche 28 drones ucranianos de ala fija sobre seis regiones de Rusia, informó hoy el Ministerio de Defensa ruso.
"Durante la pasada noche fueron derribados 13 drones sobre la región de Volgogrado, siete sobre la región de Rostov, cuatro sobre Bélgorod, dos en Vornonezh, y en las regiones de Briansk y Kursk, uno en cada una", indicó el departamento castrense en Telegram.
Tras este ataque, el aeropuerto de Volgogrado interrumpió sus servicios "debido a las limitaciones del uso del espacio aéreo impuesto en la región", según la agencia rusa Interfax.
9:00
Putin se reúne con primer ministro chino
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reunió el miércoles con el primer ministro de China, Li Qiang, y elogió sus crecientes relaciones comerciales en un momento en que Moscú depende cada vez más de Beijing para obtener respaldo político y económico.
"Nuestras relaciones comerciales se están desarrollando, se están desarrollando con éxito (...) La atención que los gobiernos de ambos países prestan a los lazos comerciales y económicos está arrojando resultados", afirmó Putin durante el encuentro en el Kremlin.
Rusia y China han desarrollado "planes a gran escala" para proyectos económicos y de otro tipo, agregó.
8:15
Los civiles huyen en masa del avance ruso en el este de Ucrania
Civiles ucranianos de la región de Donetsk huyeron este miércoles masivamente del avance de las tropas rusas, que mantienen su empuje en el este pese a la ofensiva lanzada por tropas ucranianas en territorio ruso.
El ejército ruso tomó en las últimas semanas varias aldeas y se encuentra actualmente a unos 10 km de Pokrovsk, una localidad de unos 53.000 habitantes, que las autoridades ucranianas llamaron a evacuar de forma urgente.
7:40
Los reclutas mal entrenados contribuyen a la pérdida de territorio ucraniano en el frente oriental
Algunos nuevos soldados ucranianos se niegan a disparar contra el enemigo, informa AP. Otros, según los comandantes y compañeros combatientes, tienen dificultades para ensamblar armas o coordinar movimientos básicos de combate. Algunos incluso se han alejado de sus puestos, abandonando el campo de batalla por completo.
Mientras Ucrania sigue adelante con su incursión en la región rusa de Kursk, sus tropas siguen perdiendo terreno precioso a lo largo del frente oriental del país, una erosión sombría que los comandantes militares atribuyen en parte a los reclutas mal entrenados que salieron de una reciente campaña de movilización, así como a la clara superioridad de Rusia en municiones y poder aéreo.
"Algunas personas no quieren disparar. Ven al enemigo en posición de tiro en las trincheras, pero no abren fuego... Es por eso que nuestros hombres están muriendo", dijo un frustrado comandante de batallón de la 47a Brigada de Ucrania. "Cuando no usan el arma, son ineficaces".
7:00
Un gobernador ruso dice que un equipo de reconocimiento ucraniano intentó entrar en la región de Bryansk
Guardias fronterizos y fuerzas militares rusas impidieron que un equipo de sabotaje y reconocimiento ucraniano entrara en la región de Bryansk el 21 de agosto, dijo el gobernador regional Alexander Bogomaz a última hora del miércoles, según informa Reuters.
Agregó que el intento de incursión tuvo lugar en el distrito de Klimovsky, que limita con la región ucraniana de Chernihiv. La región de Bryansk se encuentra al noreste de la región de Kursk, donde se ha estado llevando a cabo una incursión ucraniana desde principios de agosto.
Kyiv hace sentir a Moscú el dolor de la guerra mediante sus ataques en territorio ruso
Las defensas aéreas rusas repelen el mayor ataque con drones ucraniano sobre Moscú desde que diera inicio la guerra
Rostyslav Averchuk. Leópolis. la razon. 22 Agosto 2024
Mientras los socios extranjeros le impiden utilizar armas occidentales para atacar objetivos militares en territorio ruso, Ucrania desarrolla su propia tecnología e intensifica sus ataques contra Rusia, en un esfuerzo por socavar su potencial bélico y hacer sentir finalmente el coste de la invasión a su enorme vecino. Más de 23.000 drones y misiles han sido lanzados por Rusia contra objetivos civiles y militares en Ucrania, según ha revelado el comandante en jefe del Ejército ucraniano, Oleksandr Sirski. A diferencia de los primeros días de la invasión, Kyiv es cada vez más capaz de contraatacar.
Diez drones ucranianos fueron interceptados en su camino hacia la capital de Rusia, Moscú, el miércoles por la mañana, informaron las autoridades locales. Este fue uno de los mayores ataques aéreos ucranianos contra la ciudad ubicada a unos 400 kilómetros de Ucrania, con alrededor de 40 drones también derribados en otras regiones.
Además, los bomberos rusos siguen sin poder apagar un gran incendio en el depósito de petróleo Proletarsk en Rostov. El depósito, que se utiliza para las necesidades del ejército ruso en Ucrania, fue alcanzado el domingo por varios drones. Al menos un tercio del depósito ha sido destruido y el fuego se ha extendido aún más.
Al menos un avión MIG-31 y dos Il-76 fueron destruidos en un ataque con drones contra el aeródromo de Savasleika en la región de Nizhnienovgorodski, reveló a los medios locales una fuente de la inteligencia militar de Ucrania. Cinco aviones más podrían haber sido dañados. Savasleika, junto con otros tres aeródromos, utilizados por Rusia para lanzar ataques regulares contra ciudades ucranianas, fueron alcanzados en otro ataque tres días antes.
Por cuarto día consecutivo, los drones ucranianos han estado atacando la región rusa de Murmansk en el extremo norte, donde se encuentran varias empresas militares clave y el aeropuerto de Olenia, de importancia estratégica, a unos 1.800 kilómetros del país. En un vídeo publicado el miércoles se ve un dron volando lentamente a baja altura mientras los expertos creen que la defensa aérea rusa se está viendo cada vez más debilitada por los ataques ucranianos.
Según fuentes oficiales rusas, en la zona de Novoshakhtinsk, en la región de Rostov, fue derribado un misil, aunque el Ejército ucraniano afirma que el ataque sí que destruyó un sistema de lanzamiento de misiles S-300 ruso. Aunque se utilizan principalmente para la defensa aérea, Rusia ha adaptado estos sistemas para disparar más de 3.000 misiles contra diversos objetivos en Ucrania desde el comienzo de la invasión. «Los invasores rusos utilizan los complejos S-300 para atacar ciudades pacíficas de Ucrania, destruyendo edificios residenciales y aterrorizando a la población civil», subrayó el miércoles el Estado Mayor de Ucrania.
La necesidad de alejar la guerra del propio territorio ha sido durante mucho tiempo uno de los objetivos clave de la dirección militar ucraniana. El ex comandante en jefe Valeri Zaluzhni escribió hace más de un año que la capacidad de asestar golpes duros a Rusia en su propio territorio sería fundamental para obligarla a detener su invasión.
Rusia no sentirá las consecuencias de la guerra mientras las hostilidades se localicen en Ucrania, también está seguro el jefe de la inteligencia militar ucraniana Kirilo Budanov. «Por eso, a partir de la primavera de 2022, comenzamos a realizar operaciones importantes en el territorio de Rusia, e iremos más allá, cuantos más recursos tengamos para ello. Rusia ya ha comenzado a sentirlo», enfatizó en una entrevista en junio.
Según Budanov, la tecnología jugará un papel clave en estos desarrollos, ya que Ucrania no puede contar con el mismo número de tropas que Rusia. Estos ataques de largo alcance aún no son críticos para Rusia, pero ya aseguran que la mayoría de los residentes de la parte europea de Rusia «sepan y sienten que la guerra está en curso, y han experimentado algunas explosiones», cree Budanov. «Esto tiene un efecto, incluso a pequeña escala, en su moral».
Este tipo de ataques también hacen que el fin de la guerra sea más probable, ya que Rusia solo puede tomarse en serio las negociaciones y dejar de lado sus ultimátums cuando sabe que puede resultar gravemente herida, subrayó por su parte Mijailo Podoliak, asesor del jefe de la oficina presidencial de Volodimir Zelenski, poco después del inicio de la ofensiva en Kursk.
Los políticos ucranianos han argumentado durante mucho tiempo que Ucrania podría causar mucho más daño a Rusia si sus aliados en Occidente dejaran de ser demasiado cautelosos y le permitieran usar armas de largo alcance contra objetivos militares en Rusia. Sin embargo, las restricciones son vigentes dos años y medio después del inicio de la invasión mientras el apoyo militar llega demasiado lentamente. Por eso el país invadido no puede permitirse el lujo de quedarse esperando y está desarrollando su propio potencial para hacer daño a Rusia.
No quieren perseguir la mentira, van contra la verdad
EDITORIAL. libertad digital. 22
Agosto 2024
Resulta lamentable que el presidente del Gobierno espere a saber quién es el asesino para condenar un crimen tan terrible como la muerte a puñaladas de un niño de once años. Una muestra más, que por desgracia no necesitábamos, de la falta de cualquier ética o escrúpulo moral en Pedro Sánchez.
Pero en esta ocasión también hay que condenar también la carrera de algunos, al otro lado del espectro, por hacer este suceso espantoso algo que arrimar a su sardina política, como si la muerte del pobre Mateo y el dolor de su familia fuesen más o menos cruel y más o menos intenso en virtud de la nacionalidad, el país de origen o el color de la piel del asesino. Ha sido un espectáculo grotesco.
Y lo peor es que esta carrera de calamidades que no ha terminado: ahora el Ejecutivo quiere aprovechar lo ocurrido para dar un paso adelante en la batalla no para acabar con los bulos y el acoso en redes, sino contra la libertad de expresión y la discrepancia con el discurso oficial.
Porque no es casualidad que quiera protegernos de la mentira y los bulos el Gobierno más mentiroso de la historia, el que ha lanzado o dado pábulo a tantos bulos que ya es imposible recordarlos todos, el que no iba a indultar a los golpistas y los indultó, no iba a amnistiarlos y los amnistió y no iba a concederles el cupo catalán y se lo ha concedido; el que diferenciaba entre la persona de Pedro Sánchez y el presidente; el que se inventa los dictámenes de las instituciones internacionales e incluso ha tenido que ser desmentido, en más de una ocasión, por la Unión Europea.
Si el PSOE y sus socios realmente aprobasen una ley contra la difusión de bulos y se aplicase en justicia, los primeros condenados deberían ser Bolaños, Montero, Marlaska o el propio Sánchez, personajes que están tan familiarizados con la mentira que no dicen una verdad ni por error. Y basta con ver las trayectorias de estos mentirosos compulsivos para no tener ninguna duda: si ese tipo de gente pone sobre la mesa una ley contra las falsedades, podemos estar seguros de que lo único que se va a perseguir son las verdades.
Por otro lado, hay que recordar una vez más que en España el Código Penal ya recoge los mal llamados delitos odio, incluso más allá de lo que quizá sería razonable, así como las discriminaciones por motivos racistas, amén de otros tipos penales como las injurias, las calumnias e incluso las amenazas, se produzcan unos y otros en un medio de comunicación, las redes sociales o el bar de la esquina. Es decir, no es necesaria una legislación extra que sólo puede tener un fin, como ya hemos dicho: cercenar la libertad de expresión.
En resumen: el Gobierno más mentiroso de la historia de la democracia quiere aprovechar los comportamientos lamentables de unos pocos para un nuevo intento de degradar nuestro sistema constitucional, castigar a los medios de comunicación que no participan de las campañas progubernamentales y acabar con uno de los bienes más preciados de una sociedad libre: esa libertad de expresión que hasta hace poco parecía garantizada y que ahora vemos que, como todo lo demás, también está en riesgo.
La organización de Pepe Álvarez recaudó 37.763.081,15 euros en subvenciones en 2023
El Gobierno de Ayuso ha concedido más de 9,2 millones en subvenciones al sindicato UGT desde el año 2020
Unai Cano. gaceta. 22 Agosto 2024
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha concedido un total de 9.228.281,84 euros al sindicato UGT desde el año 2020 —escasos meses después de llegar a la presidencia de la región—. Este dato refleja que los continuos rifirrafes entre estas organizaciones afines a la izquierda y la miembro del Partido Popular no afectan lo más mínimo en la cantidad anual que recaudan. De hecho, LA GACETA ya reveló hace una semana que la cantidad entregada a CCOO desde el ejecutivo regional ascendía a los 9.785.149,56 euros. Es decir, que, en total, el PP de Madrid ha subvencionado con 19.013.431,40 a los sindicatos más vinculados al PSOE del panorama nacional.
En lo que llevamos de 2024, la comunidad le ha entregado dos subvenciones sin contraprestación valoradas en más de 1,8 millones. Los dos motivos que han argumentado han sido la prevención de riesgos laborales y un plan presentado por la organización para la negociación colectiva y el diálogo social en el ámbito de las administraciones públicas.
En total, han sido 13 las licitaciones a las que ha accedido el sindicato. La primera, el 1 de julio de 2020 —casi un año después de la investidura de Ayuso—. La partida fue de 1.305.600,00 euros y, como la gran mayoría de las licitaciones a las que han accedido, alegaron que se invertirían en acciones para prevenir los riesgos laborales.
Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha concedido un total de ocho contratos a UGT que se acercan al millón de euros. La suma es de 647.756,00 euros desde su llegada en junio de 2019.
Muy distintos son los datos basándonos en las CCAA en las que VOX estuvo cogobernando junto al PP, ya que en las cinco regiones en las que asumieron competencias ejecutaron recortes drásticos que llevaron a estas organizaciones a manifestarse y ejecutar importantes reducciones de plantilla. Eso sí, siempre estaban el PP (en regiones como Andalucía y Madrid) y el PSOE (a nivel nacional y en comunidades autónomas como Castilla La-Mancha) para salvarles otorgando partidas millonarias.
De hecho, sólo en 2023 el sindicato dirigido por Pepe Álvarez se embolsó 37.763.081,15 euros en subvenciones. Unas partidas económicas que a cualquiera hacen entender su justificación de acciones políticas como la del cupo catalán, basado en la insolidaridad y que perjudicará al resto de españoles. Es más, ayer lunes, solicitó públicamente que se volviesen a subir los impuestos a los españoles para que no se notase la marcha de Cataluña del régimen común, un plan que pocos obreros (a quienes dicen defender) apoyarían dada la situación económica del país.
Récord de empleo público precario: el combustible del "cohete" económico de Sánchez
Juan T. Delgado. vozpopuli. 22 Agosto 2024
Hubo un tiempo -no tan lejano- en que un puesto de trabajo en la Administración era sinómino de estabilidad. La realidad actual apunta en la dirección contraria: la temporalidad se ha enquistado en el sector público, impulsada -sobre todo- por la fiebre empleadora de las comunidades autónomas. Esos contratos explican, en parte, las favorables estadísticas laborales que muestra el Gobierno. Y esa precariedad es auténtico combustible para el "cohete" económico del que presume Pedro Sánchez.
Da fe del cambio de paradigma el último informe publicado por Ranstad. Según la multinacional, el sector público marcó un nuevo récord de temporalidad al cierre del primer semestre. Entre enero y junio, la tasa alcanzó el 29,5%, frente al 12,3% del sector privado. Ranstad recuerda que la brecha, de 17,2 puntos, marca un "récord histórico". Y aporta un dato más: por vigésimo trimestre consecutivo, el sector público vuelve a superar al privado en términos de temporalidad.
La mayor precariedad en el empleo es achacable al contrato estrella de la reforma laboral de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz: los contratos fijos discontinuos. Según el estudio de Randstad, el 22,7% de los asalariados en las Administraciones habían firmado una modalidad contractual de este tipo. Un 3,6% tenía un contrato temporal por circunstancias de la producción; un 3,2%, uno de obra o servicio; y el 0,6% restante, un contrato eventual de otro tipo. Entre todos suman el 29,5% global.
El éxito de los fijos discontinuos confirma, una vez más, que esta vía de contratación está maquillando las estadísticas del mercado laboral. El abuso es especialmente llamativo en el sector público, ya que en el sector privado representan 'sólo' el 6,5%. Según Randstad, entre marzo de 2022 y junio de 2024 se han firmado en nuestro país 5,63 millones de contratos fijos discontinuos. En ese período, el número de trabajadores en alta en Seguridad Social con dicho contrato solo ha aumentado en 581.000 personas
Evolución del empleo público
La Encuesta de Población Activa (EPA) también retrata con claridad el ascenso de la precariedad en las Administraciones. Desde la llegada de Sánchez a La Moncloa, el número de trabajadores temporales en el sector público ha crecido un 32% (de 777.100 a 1,03 millones). La firma de indefinidos es mucho menor (7,9%). En términos gloables, la contratación también ha sido superior en las administraciones, en comparación con las empresas privadas: 14% frente a 11,7%.
El informe de Randstad arroja, asímismo, otras cifras que muestran el lado menos halagüeño del mercado laboral. Por ejemplo, más de 1,1 millones de desempleados llevaban más de un año buscando empleo en el primer trimestre de 2024. La cifra implica un ligero retroceso respecto al mismo período del año anterior (43.000 personas menos), pero no por ello es menos preocupante: implica que el 38,5% del total de parados (casi seis de cada diez) están tardando más de 12 meses en encontrar un puesto de trabajo.
En conclusión, concluye el estudio de Ranstad, a pesar del crecimiento esperado en la ocupación, "España sigue enfrentando retos significativos, como la alta tasa de paro, la baja cualificación de una parte considerable de su fuerza laboral y la persistente brecha en la tasa de empleo con respecto a la media europea".
¿Para qué sirve el Tribunal Constitucional?
Enrique Arias Vega. periodista digital. 22 Agosto 2024
En la práctica, el Tribunal Constitucional sirve para enmendar la plana al Tribunal Supremo, como si fuese un órgano de casación que revisase sus sentencias.
Esa deformación de las funciones del Constitucional es una desviación que desvirtúa su funcionamiento que consiste en: 1) Comprobar que las leyes sean compatibles con la Constitución, 2) Arbitrar entre los diferentes poderes del Estado, 3) Proteger los derechos de los ciudadanos y 4) Interpretar la Constitución.
Sin embargo, en la realidad, ya lo hemos dicho, sus dictámenes sirven para llevar la contra a las sentencias del Supremo, como en los ERES de Andalucía, en los que ya ha liberado a todos los condenados de corrupción, que ahora sacan pecho como si en la vida hubiesen delinquido. En seguida, con toda probabilidad sucederá lo mismo con la ley de amnistía, que el Supremo considera no es aplicable a los delitos de malversación de fondos públicos.
Esta desviación del Tribunal Constitucional viene agravada, además, por su composición, ya que tiene una mayoría progresista que se pliega a los deseos del Gobierno, aunque muchas veces sea contra el pleno sentido común. Así, con estas características, el Ejecutivo tiene garantizada la observancia de sus decisiones contra tirios y troyanos.
Lo del Constitucional sólo es uno más, pero sí el más importante, de los mecanismos que usa un Gobierno en minoría y que para que se aprueben sus leyes necesita una confusión de poderes que habilite las disposiciones más aberrantes.
No sólo está, pues, el Constitucional al servicio del Gobierno, sino que desde la Fiscalía del Estado hasta los fiscales de sala se han plegado a los deseos del Ejecutivo. Pasando, obviamente, por la Abogacía del Estado.
Pero el caso del Constitucional es el más perverso de todos, pues no solamente supone una revisión de la Constitución por la puerta de atrás, sino que impide que las normas funcionen correctamente y que cada Tribunal actúe según las reglas que figuran en su creación.
Illa y la gestión socialista en Cataluña: regreso al empobrecimiento de 2003
José María Rotellar. el debate. 22
Agosto 2024
Ese resultado económico negativo que tuvo Cataluña con los socialistas en el gobierno regional es el que le espera, de nuevo, con Illa, que provocará, de confirmarse, que Cataluña tenga muy difícil volver a recuperar el terreno perdido
Salvador Illa llega a la presidencia regional de Cataluña a lomos de un acuerdo que contempla un sistema fiscal propio para Cataluña, que es ilegal, injusto e insolidario, y lo hace, además, prometiendo que implicará un cambio para Cataluña, dando a entender que su gestión revitalizará la economía de dicha región.
No parece que vaya a ser así. Para empezar, Illa no da ninguna seguridad jurídica, pues el PSC no deja de ser un independentismo revestido de cierta amabilidad, pero tan letal en sus fines como el que va a cara descubierta. En segundo lugar, porque la gestión socialista hundió a Cataluña y la hizo retroceder económicamente, hasta el punto de que Madrid la sobrepasó en todos los indicadores. Para ello, basta con analizar qué sucedió entre 2003 y 2010, cuando los socialistas gobernaron en Cataluña, retrocedió frente a Madrid, al aplicar en Cataluña una política intervencionista frente a la liberal de Madrid. Eso mismo es lo que volverá a suceder ahora, pero sobre un nivel de partida de Cataluña mucho más pobre.
En esos siete años, en Cataluña se subían impuestos y se introducía una gran rigidez en la economía; en la Comunidad de Madrid, se bajaban y eliminaban impuestos y se liberalizaba la economía. Ambas regiones utilizaban su margen de competencias para aplicar políticas completamente diferentes.
Si lo analizamos desde el punto de vista del nivel de servicios públicos ofrecido, se comprueba que la economía madrileña ofrecía más al aplicar mejor sus recursos, desde la eficiencia. Es decir, hace más con menos.
Esos siete años de distinta gestión en ambas regiones da lugar a resultados diferentes en prestación de servicios públicos, como estas siete diferencias tangibles en el acumulado del período 2003-2010:
1. La Comunidad de Madrid creó el doble de centros de educación infantil que Cataluña, mientras que el presupuesto total catalán era el doble que el madrileño
2. La Comunidad de Madrid construyó el doble de hospitales que Cataluña, mientras que Cataluña recibió el doble de inversión del Estado que Madrid
3. Las camas hospitalarias en la Comunidad de Madrid aumentaron el doble que en Cataluña, mientras que en Cataluña la deuda era más del doble que en Madrid
4. En la Comunidad de Madrid se incorporaron tres universidades más que en Cataluña, mientras que en Cataluña el déficit en 2009 creció 3 puntos más que en Madrid
5. La Comunidad de Madrid construyó cinco veces más líneas de metro que Cataluña, mientras que Cataluña tuvo en 2010 un déficit más de cinco veces superior a Madrid
6. La Comunidad de Madrid construyó 14 veces más centros de salud y 14 veces más kilómetros de metro que Cataluña, mientras que en Cataluña creció la inversión del Estado más de un 14 %
7. Las plazas de residencia en la Comunidad de Madrid aumentaron 40 veces más que en Cataluña, mientras que la inversión por habitante del Estado en Cataluña fue más de un 40 % superior que en Madrid
Esas dos formas de gestión dieron, por tanto, resultados diferentes: la Comunidad de Madrid se convirtió en motor económico de España, en su mayor economía –pese a su menor extensión-, fue la única que cumplió con la estabilidad presupuestaria y mostró una mejor resistencia a la crisis. Cataluña, sin embargo, se estancó, con los socialistas en el gobierno regional, toda la década, especialmente desde 2003, fue la más endeudada y dejó de ser la región española de referencia económica.
Ese ascenso de la economía madrileña y descenso de la catalana por las políticas socialistas como las que quiere aplicar Illa en dicha región tuvo su reflejo también en todos los indicadores económicos, desde la tasa de paro, que la Comunidad de Madrid tenía 2,5 puntos más baja que Cataluña y casi 5 puntos más baja que la del conjunto nacional, hasta el liderazgo en creación de empresas o en atracción de inversiones del exterior, así como el impulso al crecimiento madrileño, que superó al de otras regiones más intervencionistas, como Cataluña o País Vasco, así como al conjunto de España.
En definitiva, ese resultado económico negativo que tuvo Cataluña con los socialistas en el gobierno regional es el que le espera, de nuevo, con Illa, que provocará, de confirmarse, que Cataluña tenga muy difícil volver a recuperar el terreno perdido.
Un agujero negro de la «memoria democrática»
Pedro Corral. okdiario. 22 Agosto 2024
Antes de adentrar al lector en uno de los grandes agujeros negros de la llamada «memoria democrática», quiero hacer expreso reconocimiento de la ímproba labor de nuestros archiveros a la hora de poner a disposición de los estudiosos y ciudadanos en general la ingente documentación generada durante la guerra y la posguerra españolas.
Una vez dicho esto, entremos en la apasionante materia que centra estas líneas. En estos meses de verano se prodigan los recordatorios de distintas efemérides relativas a la Guerra Civil. ¿Pero de todas las efemérides? Es claro que no. Pero hay una que por su ausencia recurrente no deja de resultar llamativa: la creación en Madrid por el Ministerio de Gobernación republicano, el 4 de agosto de 1936, del Comité Provincial de Investigación Pública (CPIP).
Conocido como el Comité de Salud Pública, como el creado bajo el Terror en la Revolución Francesa, fue denominado también checa de Bellas Artes o de Fomento, por las que fueron sus sucesivas sedes: el Círculo de Bellas Artes de la calle Alcalá y el edificio de la calle Fomento 9, reutilizado por los franquistas para su temida Brigada Político-Social en la posguerra.
Con representación de partidos y sindicatos del Frente Popular, el CPIP coordinó a los distintos comités revolucionarios que actuaban en Madrid en la «limpieza» de retaguardia. El objetivo era conseguir un mayor control en la persecución y eliminación de los considerados desafectos.
Se podrá discutir si este control oficial de la represión sirvió o no de freno a la misma, pero es evidente que el CPIP fue responsable, entre agosto y noviembre de 1936, del asesinato de centenares de personas sin más cargos que el de no comulgar con las ideas del Frente Popular. La checa fue disuelta en noviembre por Santiago Carrillo como consejero de Orden Público en Madrid, pero con la condición de que sus agentes gozaran en el futuro de impunidad y no se les pidiera cuentas por aquella actuación criminal.
En el CPIP se trabajó a destajo, con tribunales en turno de mañana, tarde y noche, compuestos por representantes de partidos y sindicatos, que juzgaban, es un decir, a los infortunados que caían en sus manos. Unas «brigadillas» se encargaban después de sacar a los condenados al «paseo» conduciéndolos en coche a su lugar de ejecución, preferentemente en las carreteras de salida de Madrid, el Cementerio del Este, la Ciudad Universitaria o los Altos del Hipódromo.
Ahora vamos a la cuestión. Una parte muy importante de la labor represiva de la checa de Fomento y de los comités revolucionarios que actuaron en la capital venía respaldada por la información suministrada por la Dirección General de Seguridad (DGS) acerca de las personas a las que se quería dar caza.
Esta información, consistente en los ficheros de afiliación incautados en las sedes de los partidos políticos de derechas, principalmente Acción Popular, Renovación Española y Falange, aunque también asociaciones como Acción Católica, se centralizaba a través de la llamada Oficina de Control de Nóminas, creada en el mes de julio de 1936. Dependiente de la DGS y con sede en Alcalá 82, esta Oficina tuvo en principio como misión evitar que se pagara el sueldo a los funcionarios cesados por desafectos. A su cargo estaba un policía socialista, José Raúl Bellido, en su calidad de secretario técnico de la DGS.
A estos ficheros de la DGS, denominados «Ficheros de Matices Políticos» o «Antecedentes de detenidos», tenían libre acceso todos los comités o checas que actuaban en la capital para identificar a sus potenciales víctimas. También se utilizaron para la elaboración de las listas de presos masacrados en Paracuellos del Jarama y hasta sirvieron a algunos jefes de milicias, como El Campesino, para eliminar a derechistas de sus filas cuando el alistamiento se hizo obligatorio. Ya ve el lector que lo de la represión incontrolada en la zona republicana es un mito insostenible, dada la clara connivencia del Gobierno con el terror en su retaguardia.
Con la entrada de los nacionales en Madrid en marzo de 1939, los ficheros de la Oficina de Control de Nóminas utilizados en la represión roja quedaron bajo custodia de la nueva DGS franquista. Cuando el fiscal de la Causa General abierta por los vencedores pidió el 16 de septiembre de 1939 que se le entregara toda esa documentación, la DGS le contestó ocho días después diciendo que no podía hacerlo «por hallarse la documentación que interesa refundida con la de esta Dirección».
Pásmese el lector, porque la contestación que la DGS franquista remitió en 1939 al fiscal de la Causa General para negarse a enviarle la documentación, es la misma que utiliza el Ministerio del Interior en el año 2024 para responder negativamente al ciudadano interesado en consultar en su Archivo General estos documentos, a saber: que «no dispone de una sala de consulta como tal al tratarse de un archivo administrativo, no histórico».
Es decir, que la documentación histórica de la Guerra Civil solicitada está «refundida» con la del Ministerio, como se argumentaba en 1939, y solo es posible acceder a ella en el día de hoy mediante el envío de reproducciones al solicitante, con hasta dos años de espera.
Para ser justos, hay que señalar que la responsabilidad del gobierno de Sánchez y del ministerio de Marlaska en este agujero negro es la misma que la de cualquiera de los gobiernos de la dictadura y de la democracia, pero con una clamorosa diferencia: que Sánchez y Marlaska están incumpliendo gravemente sus propios compromisos, expresados en el artículo 27.1 de la Ley de Memoria Democrática, sobre la garantía del derecho al acceso libre, gratuito y universal a los archivos públicos y la consulta de documentos históricos sobre la Guerra Civil.
No voy a ser tan chusco como para sostener que con la imposibilidad de libre acceso de ciudadanos e investigadores a esa documentación histórica del Ministerio del Interior se esté tratando de ocultar la responsabilidad del Gobierno republicano en la criminal represión desatada en su retaguardia. Pero a medida que pase el tiempo sin que Sánchez y Marlaska abran a la consulta esos fondos de la DGS republicana, en contra de su propia ley, esta sospecha irá cobrando cada vez más fuerza.
No puede transcurrir un día más sin que Marlaska garantice a los ciudadanos e investigadores el derecho de acceso a esta documentación. Y si no es posible habilitar una sala para su consulta en el propio archivo del ministerio, no debería tardar en traspasar todos sus fondos de la Guerra Civil al CDMH de Salamanca como se ha hecho con los que pertenecían al Archivo Histórico Nacional.
No hay motivo alguno para mantener por más tiempo, después de casi un siglo transcurrido bajo dictadura y democracia, la opacidad y el secretismo sobre los ficheros que condujeron a muchos españoles al «paseo» fatídico en el Madrid del otoño sangriento de 1936. Y si hay ese motivo, sería también un ejercicio de transparencia explicarlo, porque no creemos que sea un motivo inconfesable… ¿O es que acaso lo es?
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Enésima burla de un gobierno consumido
Editorial. la razon. 22 Agosto 2024
Si María Jesús Montero no está en lo que en la jerga deportiva son los minutos de descuento, lo parece. Su figura ya salió mal parada del episodio de la espantada y falsa retirada de Sánchez, en el que sus ambiciones mal medidas la traicionaron. Y desde entonces, no ha levantado cabeza. Tampoco ha ayudado que los Presupuestos afronten una segunda prórroga consecutiva. Claro que en términos similares podríamos expresarnos sobre el gobierno al completo que deambula por esta legislatura muerta, pero no enterrada, en la lenta agonía del fin de ciclo.
La vicepresidenta, que como el presidente presenta una resistencia extraordinaria a abrazar la verdad y la transparencia en los asuntos públicos, ha redoblado la confusión en la polémica de la financiación especial para Cataluña pactada por el PSC y ERC como condición imprescindible para que Salvador Illa fuera president. La titular de Hacienda se ha despachado con que el compromiso «ni es un concierto económico» para el Principado «ni es una reforma al uso del sistema de financiación» autonómica, sino «una fórmula que permite profundizar en el autogobierno al que Cataluña aspira y que considera importante para el desarrollo de sus competencias». También ha manifestado que «se contempla la solidaridad como eje y núcleo» del acuerdo. Según su versión, la controversia es un asunto casi de cariz nominalista. «Podemos denominarlo de todas las formas que cada uno quiera».
La nueva variable es la interpretación con la que la vicepresidenta pretende alimentar de cierta congruencia el discurso de un gobierno que unas semanas atrás renegaba del cupo catalán por insolidario e injusto con una lectura singular de lo suscrito. El novedoso argumentario, que replicarán en breve el resto de ministros y el orfeón mediático, habrá que explicárselo con detalle a los barones socialistas que se habían escandalizado por un convenio que define lo que define. En palabras de Josep Borrell: «se asume el relato del «procés» y se dirige a un modelo más confederal que federal».
Aunque hubiera sido por una vez, la vicepresidenta podría haber concretado cómo casa que la Generalitat «gestione, capte, liquide e inspeccione todos los impuestos», al tiempo que aumente «sustancialmente» su capacidad normativa, como consta en la literalidad del pacto PSC-ERC, con su aseveración de que ni es un concierto ni una modificación del modelo de financiación. Y cómo lo hace que la gestión de los impuestos recaiga de principio a fin sobre la Agencia Tributaria de Cataluña, que posteriormente entregaría al Estado el monto correspondiente al coste de los servicios que presta en Cataluña y por la solidaridad con el resto de territorios. Si no es un Concierto económico, con su Cupo, se parece. Como dos gotas de agua. El sanchismo ya no es que mienta con descaro a los españoles, es que se burla de ellos, en un ejercicio inmoral y corrupto del poder que lo inhabilita. Atravesamos una emergencia democrática con un ataque desde el poder contra el régimen de libertades sin precedentes.
Y ahora los etarras
Antonio R. Naranjo. el debate. 22
Agosto 2024
El separatismo vasco pasa la factura que Sánchez admitió para poder ser presidente
Desde que Sánchez aceptara la ayuda de Bildu para ser presidente, el futuro estaba escrito: el impuesto revolucionario de Otegi incluía la desmemoria histórica con el terrorismo, la legitimación de los objetivos separatistas que lo impulsaron y, en primer lugar, la liberación de los asesinos de la banda.
Lo dijo el jefe de Sortu, matriz hegemónica del disfraz de la nueva Batasuna, con una rotundidad que resume la naturaleza del pacto con el diablo asumido por Sánchez: «Presos por presupuestos».
Cada letra del chantaje, tan obsceno como indisimulado, se ha ido pagando religiosamente, con este Gobierno de memoria oscilante y escrúpulos inexistentes: primero firmó a pachas una Ley de Memoria Democrática que intenta equiparar la violencia etarra con la «represión del Estado», que es una forma de justificarla.
A la vez impulsó el blanqueamiento de Bildu como socio legítimo de una inexistente «mayoría de progreso» que incluye a la derecha vasca y la ultraderecha xenófoba catalana, todo ello sin necesidad de condenar el terrorismo ni ayudar a esclarecer los 374 crímenes sin respuesta judicial, tal y como denunció el mismísimo Parlamento Europeo.
Y por encima de todo ello, al unísono, se transformó al Ministerio del Interior de Marlaska en el Uber de ETA tras cederle las competencias penitenciarias al PNV: todos los presos han sido trasladados de sus cárceles de origen a un centro en el País Vasco, para obtener con rapidez un régimen de semilibertad, cuando no de libertad total, que no les querían conceder por falta de méritos.
Ese es el preámbulo real de esta indigna historia en la que, una vez más, Sánchez sacrifica la decencia, las leyes, el relato y los escrúpulos a un objetivo estrictamente personal que a su juicio lo justifica todo: ganar el partido, aunque sea con gol de mano en fuera de juego y el tiempo acabado.
Pese a todas las ayudas del PSOE, resumidas en aquella frase del delegado del Gobierno en Madrid en la que defendía sin ruborizarse que Bildu había hecho más por España que «los patrioteros de pulsera», quedan aún 140 terroristas en prisión, una cifra inadmisible para Otegi, que extorsiona tanto como Junts o ERC pero con algo más de discreción: mera estrategia para terminar de hacerle pensar a los vascos, y a los «progresistas» de saldo de toda España, que su partido es una izquierda cool, moderna y sin pasado negro.
Solo la resistencia judicial, y de algunas asociaciones de víctimas, ha frenado la exigencia finalista de Batasuna, pero hasta aquí hemos llegado: ahora toca «solucionar» del todo el futuro de esos presidiarios, soltarlos y dejarles volver a casa homenajeados como héroes.
Y a continuación, reconocer que el País Vasco es una «nación», otro chantaje inevitable por las pavorosas concesiones de Sánchez al nacionalismo catalán: los vascos estaban por delante y ahora no van a ser menos.
El terrorismo y su brazo político ya han sido indultados y amnistiados de facto por el PSOE, que ha pasado en pocos años de tener un lehendakari gracias al PP a preferir el acuerdo con Otegi al diálogo con Feijóo y a sostener, sin sonrojarse, que en España es peor la amenaza franquista que el desafío independentista.
Ahora toca rematar esa infamia con la simbólica liberación de los colegas de Txapote y la culminación de una tristísima ceremonia: la reescritura del relato del horror, para presentarlo como una historia sin buenos ni malos, pero con vencedores y vencidos. Entre los primeros, los criminales y sus amigos. Y entre los segundos, obviamente, las victimas y quienes las lloraron. En ese apartado, ni Sánchez ni el PSOE tienen ya cabida. Y no les importa.
Covite advierte a Sare: «Excarcelar a presos etarras vulnera los derechos de las víctimas»
Ander Murillo. la razon. 22 Agosto 2024
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha advertido a Sare que «excarcelar fraudulentamente» a presos de ETA, «antes de lo que les corresponde» y sin que cumplan los requisitos establecidos por la Ley, «vulnera los derechos de las víctimas» de la banda.
La asociación presidida por Consuelo Ordóñez ha respondido de esta forma a Sare, red ciudadana de apoyo de los reclusos de ETA, que el lunes reclamó al PSE-EE, que ha asumido ahora la gestión de las prisiones vascas, que sea «creativo» para facilitar su excarcelación.
«Que los etarras estén presos por haber asesinado o ayudado a asesinar, no vulnera sus derechos», señaló Covite a través de las redes sociales. En sentido contrario, avisó que lo que sí conculca «los derechos de las víctimas a la justicia» es que «se les excarcele fraudulentamente, antes de lo que les corresponde». «No hay ‘creatividad’ que lo esconda», subrayó.
Y es que el entorno de ETA sigue metiendo presión al Gobierno para que se produzca la salida de los reclusos de la banda que cumplen condena en prisión. A día de hoy, 24 presos han progresado al tercer grado en el último año y a otros 20 se les ha aplicado el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario de forma que pueden salir durante el día de prisión a realizar labores de voluntariado, formación o trabajos remunerados. En rueda de prensa en San Sebastián, los portavoces de Sare Joseba Azkarraga y Nahikari Iturbe informaron del balance que la Red realiza cada agosto sobre la situación de estos reclusos.
Según los datos que aportaron, seis años después de la desaparición de ETA hay 148 presos de la banda terrorista cumpliendo condena; 126 de ellos hombres y 22 mujeres. Del total, 142 se encuentran en cárceles del País Vasco y Navarra, y otros seis en prisiones en Francia.
Por otra parte, Covite ha registrado un total de 71 actos de apoyo a ETA en las fiestas de verano de Euskadi y Navarra, 25 de las cuales estaban incluidas en los programas oficiales por parte de ayuntamientos de EH Bildu.
Esta asociación informó este fin de semana en un comunicado de que los actos de apoyo a la organización terrorista han consistido en la exhibición de pancartas, pintadas o carteles con rostros de presos de ETA, acompañados de la exigencia de su excarcelación. También se han celebrado brindis, bailes y conciertos en los que se ha solicitado la puesta en libertad de los reclusos condenados por penas de terrorismo. De todos ellos 25 han sido directamente promovidos por instituciones públicas, en concreto ayuntamientos gobernados por EH Bildu, que los han incluido en los programas oficiales de fiestas. El resto han sido organizados por EH Bildu o Sortu como partido, así como por asociaciones del entorno de la izquierda abertzale. «Esto es impensable en cualquier país democrático», dijo Ordóñez.
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