Recortes de Prensa Lunes 16 Septiembre 2024
Rusia lanza un nuevo ataque con drones sobre Kiev
Rusia dice que solo ataca la infraestructura ucraniana que es clave para sus esfuerzos de guerra en sus ataques aéreos
Carlos Garcés. Madrid. el mundo.16 Septiembre 2024
Nuevo ataque de Rusia a la capital de ucrania que se ha convertido en un objetivo muy común durante la guerra de Ucrania en este mes de septiembre. Las tropas de Putin lanzaron su octavo ataque aéreo en este mes sobre Kiev, con unidades de defensa aérea destruyendo 53 de 56 drones que se dirigían hacia la capital del país, ha informado este lunes el ejército ucraniano.
"Los drones de ataque rusos se dirigían a Kiev desde diferentes direcciones y en diferentes grupos", dijo Serhiy Popko, jefe de la administración militar de Kiev. Varios testigos han informado de una serie de fuertes explosiones en lo que sonaban como sistemas de defensa aérea en funcionamiento, aunque "según información preliminar, no hay víctimas ni daños en Kiev".
9:17
Al menos ocho heridos en un bombardeo ucraniano de la ciudad de Bélgorod
Al menos ocho personas resultaron heridas este lunes en un bombardeo ucraniano de la ciudad rusa de Bélgorod, capital de la homónima región, informó el gobernador local, Viacheslav Gladkov. "Según datos preliminares, resultaron heridos ocho civiles", afirmó Gladkov, quien agregó que una mujer se encuentra en estado grave.
Como consecuencia del bombardeo, recibieron diversos daños varios edificios de viviendas y 15 automóviles, señaló. De acuerdo con el gobernador, solo ayer las fuerzas ucranianas lanzaron contra la región fronteriza 10 drones y unos 70 proyectiles.
8:33
Ucrania dice que el ataque con drones ruso ha dejado un herido en Kiev
Un ataque con drones rusos durante la noche hirió a una persona y dañó cinco casas en la región ucraniana de Kiev, dijeron el lunes las autoridades regionales. El gobernador Ruslan Kravchenko no informó de daños a la infraestructura crítica en la región que rodea la capital.
En general, durante el ataque sobre las regiones central, norte y sur de Ucrania, la fuerza aérea derribó 53 de los 56 drones rusos, según un comunicado en la aplicación de mensajería Telegram.
8:01
El contraataque ruso en Kursk se topa con dificultades ante nuevos avances de Ucrania
Los intentos de Rusia de expulsar a las fuerzas ucranianas de Kursk no han logrado resultados importantes hasta ahora y para dar la vuelta a la situación harían falta más tropas, según los analistas ucranianos, mientras los soldados de Kiev continúan con la ofensiva en esa región rusa, informa Efe.
Aunque Rusia ha recuperado el control de varias localidades en los primeros días de su contraofensiva, las fuerzas ucranianas han resistido en gran medida la presión inicial y han hecho más progresos tanto cerca de Sudzha como en el distrito de Glushkovo, tras penetrar en él desde la región nororiental de Sumi.
La línea de contacto entre los bandos en la zona sigue siendo cambiante, lo que favorece a Ucrania que confía en maniobras rápidas para compensar la significativa ventaja numérica de Rusia, afirman observadores militares y soldados ucranianos.
7:30
Zelenski pide a sus aliados occidentales permiso para "destruir" bases aéreas rusas
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, volvió a pedir a sus aliados occidentales que le autoricen atacar objetivos militares en el interior de Rusia, en particular bases aéreas, tras un nuevo ataque en Járkov.
"Sólo una solución sistémica puede oponerse a este terror: la solución del largo alcance para destruir los aviones militares rusos allí donde tengan su base", declaró Zelenski.
"Esperamos que las decisiones apropiadas vengan en primer lugar de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia", añadió.
La autonomía 18
Iván Vélez. gaceta. 16 Septiembre 2024
Sobre el palimpsesto elaborado durante el franquismo («de la ley a la ley») que sirvió para imprimir la Constitución de 1978, flota el artículo 143, que dice textualmente lo siguiente: «En el ejercicio del derecho a la autonomía reconocido en el artículo 2 de la Constitución, las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica podrán acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas con arreglo a lo previsto en este Título y en los respectivos Estatutos». Casi medio siglo después, el partido hegemónico de este periodo ha lanzado una novedosa idea: la autonomía 18.
El objetivo de tal autonomía, que tendría un carácter virtual, pues se trataría de un espacio jurídico, es facilitar a las empresas que operan en España sus trámites administrativos, hoy obstaculizados por multitud de regulaciones autonómicas y municipales. La idea, como tantas otras, procede de la Unión Europea, en cuyo seno se ha redactado el informe Letta, que propone crear un Estado ficticio, el número 28, en este caso. La iniciativa gubernamental, apenas esbozada, cuenta con un precedente, la ley de unidad de mercado redactada por el Gobierno de Rajoy, que las togas se encargaron de tumbar, pues atentaba contra las sacrosantas y constitucionales competencias autonómicas.
En un nuevo intento de llevar a cabo lo que, aunque no se diga, pues la palabra es un auténtico tabú, es una recentralización, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha convocado a las comunidades autónomas —está por ver quién acude— para tratar de ofrecer las bondades de una nueva autonomía que vendría a poner coto a las singularidades de las ya existentes. La conclusión que se extrae de todo esto es inmediata: la sola enunciación de este proyecto muestra hasta qué punto la tan publicitada como elogiada descentralización característica del Estado autonómico ha creado barreras internas que, sumadas a las lingüísticas, impiden la libre circulación de bienes, servicios y trabajadores, favoreciendo los intereses de las oligarquías regionales. La receta para revertir este proceso es, sin embargo, chocante. Solucionar los males autonómicos con más autonomías, esa es la receta del PSOE, mermado en algunas regiones por su entrega al golpismo y a su afán por colocar a Illa en la presidencia de la Generalidad para acceder al caladero de votos del PSC. El precio de la maniobra es conocido, nada menos que la concesión de una serie de singularidades, de privilegios, a los secesionistas, que contradicen frontalmente el proyecto de Cuerpo.
La 18, la autonomía 18, cuenta, sin embargo, con una serie de precedentes, en lo que se refiere al cuestionamiento de esta estructura. Alguno de ellos, inmediatos, como el intento de constituir la autonomía leonesa, con lengua propia incluida. Ello por no hablar de tentativas que se fueron al traste en su momento. Sirvan como ejemplo las provincias Segovia y Almería que, en su momento, se resistieron a formar parte de la comunidad a la que ahora pertenecen. El mero hecho de considerar el número de comunidades autónomas señala también a algunas que cristalizaron de manera anómala. Autonomías uniprovinciales que sostienen un enorme aparato burocrático necesitado de una justificación más profunda, más utilitaria que el mero interés de sus propios funcionarios.
Buena es, sin embargo, la apertura del debate autonómico. La mera consideración de tan innecesaria autonomía 18, pues bastaría con la recuperación de muchas competencias por parte del Estado, es una buena excusa para repensar determinadas singularidades. En concreto, y al hilo de la que se pretende otorgar a Cataluña, la que sostiene un cupo oscuramente calculado, del que se benefician quienes, al amparo de la muy constitucional Disposición transitoria cuarta, pueden borrar del mapa una comunidad autónoma española, para convertirse en un Estado independiente.
La descapitalización de Sánchez de la economía española
José María Rotellar. libertad
digital. 16 Septiembre 2024
La economía española no deja de perder productividad y competitividad, y el modelo económico avanza hacia una economía de bajo valor añadido.
El discurso triunfalista del Gobierno en materia económica no se sostiene. Los datos económicos les permiten, en parte, lucir una supuesta bonanza, pero no va más allá del barniz de los mismos, pues su contenido, realmente, dibujan una realidad bien distinta, donde el sistema productivo privado está en retroceso ante el incremento, cada vez más notable, del sector público, que alimenta el gasto para tratar de sostener una economía que por sí misma no puede hacerlo, ya que la política económica aplicada la ha dejado muy maltrecha desde el punto de vista estructural.
Si analizamos en profundidad los datos de la contabilidad nacional trimestral del IITR-2024, podemos observar dos cosas: aparentemente, la economía avanza con paso firme, porque marca un crecimiento intertrimestral del 0,8% y del 2,9% en tasa interanual, registros que nos llevarían a creer que la economía tiene impulso. Sin embargo, la segunda cuestión que aparece, una vez que se ve bien qué subyace, es la composición del crecimiento, que no es sano. Y no lo es porque ese crecimiento vive a lomos del gasto público –insostenible– y del sector exterior –que no puede mantener eternamente unos niveles tan elevados de contribución al crecimiento–, con un sector productivo al que ha comido terreno el sector público. Esto, por sí mismo, perjudica el crecimiento potencial de la economía española a medio y largo plazo, es decir, perjudica a su crecimiento estructural sostenible de manera eficiente y estable.
Tan es así, que la economía española no deja de perder productividad y competitividad, y el cambio de modelo económico no está girando hacia una economía más productiva, especializada en productos y servicios de alto valor añadido, sino que marcha en sentido contrario, hacia una economía de bajo valor añadido, con crecientes subsidios y pérdida de capacitación profesional.
Eso hace que la economía no se sostenga por sí misma, que viva anestesiada, y que se estén produciendo flujos migratorios en el campo laboral en ambos sentidos, tanto de entrada como de salida.
Así, los trabajadores que recibimos de fuera lo son, cada vez más, para trabajos muy poco cualificados, que no realizan los españoles y cuya demanda de trabajo está creciendo, que tiene que buscar su oferta fuera. Esa demanda de trabajo poco cualificado crece porque la economía se está desarrollando en esas ramas de actividad de poco valor añadido, haciendo que la economía española pierda posiciones respecto del exterior.
Por otra parte, según el informe del BBVA "El valor económico del capital humano en España y sus regiones", un tercio de los emigrantes de España son jóvenes. Es obvio que puede haber emigrantes temporales, para aprender un idioma o para tener una experiencia profesional pasajera, pero es preocupante que una parte de los jóvenes se vayan, especialmente porque muchos de los que se marchan son personas de elevada cualificación, que no encuentran en nuestro país un desarrollo profesional acorde a su capacitación, debido a que nos estamos quedando rezagados en productividad, en competitividad y en prosperidad, pues nuestra posición en PIB per cápita respecto de la media de la eurozona ha descendido.
Todo ello no es más que el resultado de una política económica equivocada, que crea una sociedad subsidiada, con gasto ingente e impuestos asfixiantes que merman la productividad y competitividad y ahuyenta inversiones, junto con una educación cuya calidad se deteriora cada vez más. Esto provoca que las actividades de alto valor añadido pierdan peso y la economía española se empobrezca estructuralmente.
Así, la inversión no remonta y sigue por debajo de los niveles anteriores a la pandemia en términos reales, concretamente 1,3 puntos por debajo de aquel nivel, mientras que el gasto público se encuentra 12,02 puntos por encima, que denota un claro efecto expulsión de la actividad productiva privada, de la inversión, por parte del gasto público, elemento contraproducente para el sostenimiento de la economía a medio y largo plazo.
Por tanto, dicho crecimiento cuenta con un barniz artificial, que no recoge la evolución real de la economía española, pues la actividad productiva privada empeora su comportamiento, siendo sustituida por una aceleración del gasto público que habrá de descender en este año, al tener que cumplir con las reglas fiscales, al haber estado sostenido por el gasto público. Es decir, se trata de un crecimiento insano, generado por una política económica errónea que mira sólo el dato del corto plazo en detrimento de un crecimiento sano para la economía en el medio y largo plazo. Es la descapitalización profunda de la economía española, que está dejando de ser una economía pujante para convertirse en una economía de subsidios y bajo valor añadido, con fuertes desequilibrios estructurales, que también se descapitaliza en términos de recursos humanos, al perder a muchas de sus mejores cabezas, que emigran hacia el extranjero.
La trampa de la bilateralidad
EDITORIAL. libertad digital. 16
Septiembre 2024
Tras una semana con el foco mediático centrado en la crisis con Venezuela, tras conocerse el papel que Sánchez y Zapatero están desempeñando en la operación de blanqueamiento del régimen de Maduro, el Gobierno pretende retomar la iniciativa anunciando una ronda de contactos con los presidentes de las comunidades autónomas del régimen común. El objetivo último de estas reuniones, como es bien sabido, es forzar un acuerdo que permita al Ejecutivo social-comunista otorgar una financiación privilegiada a Cataluña, en cumplimiento del acuerdo con ERC para hacer presidente de la Generalidad al candidato socialista.
Así pues, el Gobierno pretende dar inicio esta semana a los contactos con los presidentes autonómicos, por orden de antigüedad estatutaria, para organizar un calendario de encuentros que tendrán lugar en el Palacio de la Moncloa. En esas reuniones, es obvio que el tema central será las contrapartidas presupuestarias que Sánchez está dispuesto a entregar a cada autonomía para arrancar su apoyo al acuerdo para la soberanía fiscal de Cataluña. Estamos, qué duda cabe, ante una compra de votos con dinero público para tratar de romper la unidad que los gobiernos autonómicos, especialmente los 12 en manos del PP, en su rechazo a los planes de Sánchez para seguir contando con el apoyo de sus socios separatistas.
En Moncloa afirman, con la desfachatez habitual de este Gobierno, que estas reuniones bilaterales son necesarias para "reforzar y fortalecer la colaboración entre el Estado y los gobiernos autonómicos, potenciar el diálogo e impulsar el entendimiento institucional entre las distintas administraciones". Lo cierto, sin embargo, es que estos encuentros se anuncian justo después de que el Gobierno tentara a las regiones del PP ofreciendo "financiaciones singulares" o "quitas" para dividir al partido en su batalla contra el cupo catalán. Si Sánchez no necesitara el apoyo de las comunidades autónomas para aprobar su financiación a la carta de la Generalidad de Cataluña, es seguro que esa ronda de reuniones jamás se habría organizado.
Además del oportunismo que rodea toda esta operación, cabe recordar que la financiación autonómica, por su propia esencia y régimen jurídico, no puede ser objeto de negociación particular. Ha de establecerse de manera uniforme para todas las autonomías del régimen común y negociarse en el seno del Consejo de Política Fiscal y Económica, creado precisamente para dar sentido al mandato constitucional que obliga a fundamentar en la solidaridad interterritorial la financiación de las autonomías, con prohibición expresa de otorgar privilegios económicos o sociales a unas comunidades respecto a otras.
Los presidentes autonómicos del Partido Popular no pueden participar en este enjuague del sanchismo, ni siquiera para mostrar su oposición personal a un presidente del Gobierno que trata de utilizar estas entrevistas en su propio beneficio. La manera más contundente de mostrar esa repulsa es no acudir a esta trampa con la que el Gobierno trata de romper la unidad de las autonomías contra el establecimiento de una financiación a la carta para Cataluña. Un rechazo que, no por casualidad, comparten las comunidades gobernadas por los propios socialistas.
Mastecturbación de la izquierda sanchista
Pedro de Tena. libertad digital. 16
Septiembre 2024
Visto lo visto, el sanchismo es ya casi toda la izquierda. A la socialdemócrata la aterra con el no parto de sus montes. A la largocaballerista la somete doblando el número de delegados al próximo 41 Congreso de Sevilla. A la neocomunista ruso-china-bolivariana ya se la zampó sin que se dieran cuenta y las está digiriendo con gases innobles. A la anguitiana, un restillo, reducida a decimales, no le hace falta más que sonreírle con pena. A las separatistas, las adora para desarmarlas a la espera de sus votos mientras el juego siga. Esto es, a todas las ha mastecturbado, proporcionándole algo de placer a cambio de rebanarle las fuentes cerebrales de alimentación.
Pedro Sánchez, cuya flojedad mental sobrevenida, intelectual e ideológica, ha contagiado a toda esta izquierda –que si nunca fue de hecho moral ahora es que es absolutamente amoral e incluso inmoral–, ha inventado la mastecturbación, una modalidad de placer político que ya no es el tradicionalmente solitario, íntimo y recatado. No, no. Ahora la oferta es de todo en uno. Gozas un tiempo corto del poder que te migajan, pero a cambio te seccionan la autonomía del pensar y el ser. O sea, te lo hacen pero te deshacen.
Dicen los médicos y los expertos que el placer sexual reside en el cerebro, no en las partes pudendas. Por eso, para conseguir esa mastecturbación hay que cortar por lo sano, pero en la materia gris de los sesos y el intelecto. Verán que es muy sencillo. ¿Cómo es posible que los millones de personas que votan a este individuo no tengan ni una duda sobre la corrección intelectual y moral de su actitud, por ejemplo, hacia Venezuela y el infierno que allí ha echado raíces?
Es que no se atreven ni a llamarla dictadura, algo que fue desde el golpe de estado que llevó al chavismo al poder y ahora lo es con una claridad meridiana para todo el mundo que ha decidido seguir negándose a la mastecturbación. Ahí está Margarita Robles, una excepción temporal que, tras haberse tragado toda clase de monstruos y payasos, el otro día mencionó a Belcebú: "Venezuela es una dictadura". Ni una palabra seria, eso sí, sobre la Justicia, ni sobre la amnistía, ni sobre la ocupación de las instituciones, incluso las de control.
Hay que tener muy reventado el cerebro para creerse a pie juntillas que los dos detenidos por el tirano Maduro para dar muestras de virilidad política ante las levísimas críticas de la ministra española, son espías del CNI. Como hay que tener muy desbaratada la conciencia para repetir como un idiota que Sánchez ha salvado la vida de ¿González Urrutia? ¿O mejor la que ha salvado es la del régimen despótico? Margarita, amor, ya que estás en racha cuenta lo que sabes sobre los familiares del presidente electo venezolano sometidos a la amenaza de los infames con la bendición armada de los Rodríguez, Delcy, Jorge y José Luis (Zapatero).
No se me olvide lo de la Navidad, que hay que tener licuados desde los hemisferios cerebrales hasta el cerebelo y el bulbo raquídeo para asistir al numerito pontifical de cambiar las fechas del nacimiento de Jesús. Bueno, recuérdese que Maduro ya hablaba con el pajarito, que era Hugo Chávez reencarnado. Se la ha aparecido varias veces desde 2013 a 2018. Y la izquierda patria, callada y tapeando en estas raciones absurdas de supersticiones y gilipolleces de estos chularcas y majaretas armados.
Aunque les parezca increíble a algunos pilares de la sabiduría, se encuentran todavía colecciones de libros que dicen formar parte de una biblioteca marxista. He topado con una que incluye uno, muy antipsiquiátrico y quasi ortodoxo, de un tal David G. Cooper, que, cito, reivindicaba "la locura como una propiedad social común que nos ha sido arrebatada, al igual que la realidad de nuestros sueños y nuestras muertes: tenemos que recuperar todo esto políticamente de forma que se convierta en creatividad y espontaneidad en una sociedad transformada".Lo escribió en 1979. A la revolución por la locura. Será eso.
Naturalmente, a continuación, consideraba absurdo "hablar de la "abolición" de la dictadura del proletariado". Faltaría más. Pues este Cooper, relacionado con R. D. Laing, Paul Goodman, Allen Ginsberg, Herbert Marcuse y Stokely Carmichael, de Los panteras negras estaba en contra de la masturbación intelectual y de la masturbación idiotizante, que no sé a qué se refieren, pero aclara que "de hecho lo que se produce es una diarrea intelectual y parece que debemos esperar hasta que la mierda llegue hasta las papilas gustativas de nuestra lengua."
Vean por último. Inmigrantes irregulares para el resto de España sí, pero para las repúblicas vasca y catalana del futuro, no, que es que padecen su identidad, su economía y sus lenguas maternas. Pues no sé si este Cooper estaría en contra de la mastecturbación de unas izquierdas escasamente turbadas por la estupidez que se ensaña con sus discursos. No lo creo porque, además de la anestesia moral, parecen gozar de la apoteosis de locuras que han extirpado lo poco que les quedaba de racionalidad y sensatez a cambio de un puñado de placenteros cargos o mordidas.
El sanchismo lo va a conseguir porque no hay oposición útil. ¿Y a dónde vamos a ir los que no estamos ni en estas izquierdas ni en estas derechas ineficaces sino frente a todo este disparate? ¿O es que no tenemos otro destino que una mastecturbación a lo cañí hasta ceder a la amputación de lo que nos quede de cerebro nacional a cambio de sobrevivir? Más que turbados ya estamos, eso sí.
«La Fundación Franco jamás ha humillado a víctima alguna»
Ante el nuevo movimiento del Gobierno para proceder a su extinción, el presidente de la entidad asegura que no incumplen la legalidad
Andrés Bartolomé. la razon. 16 Septiembre 2024
El último movimiento del Gobierno para dejar fuera de circulación a la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) ya está en marcha. Un paso que no extraña al presidente ejecutivo de la entidad, Juan Chicharro. «Era evidente que un Gobierno acorralado por todas partes no tardaría en utilizar el comodín Franco», asegura respecto al momento político que vive Moncloa, consciente de que el Ejecutivo de coalición se marcó hace tiempo como objetivo la ilegalización de la FNFF, aunque finalmente optará por un expediente de extinción. «Estamos acostumbrados», apunta el general de División de Infantería de Marina en situación de retiro.
El PSOE ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley de reforma de la Ley Reguladora del Derecho de Asociación que permitirá disolver la entidad o cualquier otra que vaya contra la Ley de Memoria Democrática. Es un proceso que se podrá iniciar a instancias de la Fiscalía General del Estado y concretarse solo mediante una resolución judicial.
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun (Sumar), ya informó en junio de que su departamento había iniciado los trámites del procedimiento para la extinción de la FNFF, al amparo de la ley de octubre de 2022, que amplió los supuestos de la norma de 2007, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Porque su departamento es el que «gestiona el patronato de las fundaciones en este país».
Con esta iniciativa, los socialistas han dado cumplimiento a la disposición adicional séptima de la Ley de Memoria Democrática, que daba un año para modificar la ley de asociaciones en este sentido. La propuesta del PSOE consiste en la inclusión de una disposición adicional para incluir como causa de disolución «la realización de actividades que constituyan apología del franquismo». La futura norma especificará que esa apología se podrá producir bien «ensalzando el golpe de Estado de 1936 o la dictadura posterior» o «enalteciendo a sus dirigentes con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, la Guerra Civil o el franquismo», o mediante la «incitación directa o indirecta al odio, la violencia contra las mismas o por su condición de víctimas».
La interpretación de que haya o no esta apología del régimen de Franco o humillación queda a juicio de la Fiscalía General del Estado, a la que corresponderá «el ejercicio de la acción en este tipo de procesos» pero, en última instancia, será competencia de los tribunales.
La proposición de ley del PSOE deja claro que el motivo de disolución se aplicará con independencia de los fines teóricos y actividades plasmados en los estatutos y de que la asociación cuestionada haya cumplido o no el deber de inscripción registral, toda vez que este se prevé solo a efectos de publicidad.
Se da la circunstancia de que la Fundación Franco ha modificado por dos veces sus estatutos para ajustarlos al marco legal, en 2018, y en la última ocasión precisamente para dejar sentado que «velará por el máximo respeto a las víctimas de cualquier significación del periodo de la historia de España comprendido entre 1931 y 1977, evitando siempre el menosprecio, descrédito o humillación a ellas o a sus familiares».
«En el desarrollo de sus actividades y el cumplimiento de sus fines, la Fundación jamás ha humillado a víctima alguna, por lo que no deberíamos sentirnos concernidos por el cambio», aseguran a este diario fuentes del equipo jurídico de la FNFF. «La reforma va en el mismo sentido de lo que ya advirtió el Consejo General del Poder Judicial y es que la apología del franquismo solo debe merecer un reproche legal cuando vaya acompañada de desprecio o humillación a las víctimas, y no es nuestro caso», concluyen.
«Nos defenderemos en los tribunales», afirma por su parte el general Chicharro, que se muestra cauto. «Si perviviera el Estado de Derecho estaríamos muy tranquilos, pero ya sabemos que esto no es así». Lamenta además el señalamiento hacia la FNFF. «Me pregunto por qué se olvidan de otras fundaciones como la de Largo Caballero –con abundantes subvenciones públicas– y otras muchas de carácter marxista», denuncia.
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Lenguas cooficiales
El Gobierno dobla el gasto para enseñar catalán y euskera a los funcionarios: 2,6 millones para tres años
Rafael Molina. okdiario. 16 Septiembre 2024
El Gobierno ha decidido duplicar el gasto para enseñar catalán, euskera y valenciano a los empleados públicos de la Administración General del Estado durante los próximos tres años. En 2019, fecha del último contrato, el Ejecutivo destinó un gasto por valor estimado de 443.250 euros al año para impartir catalán, valenciano, euskera y gallego. Sin embargo, el contrato que se ha licitado ahora tiene un coste anual de 871.531 euros y sin incluir formación en gallego. Es decir, 2,6 millones de euros para tres años.
El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública que ahora dirige Óscar López, ha publicado a través del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) una oferta pública para contratar los «servicios para la creación de contenidos para el aprendizaje en línea tutorizado de las lenguas cooficiales de España». El contrato tendría una duración de 3 años, a contar desde la formalización del mismo, por un valor de 2.614.595 euros, impuestos incluidos. Es decir, que el coste estimado por año sería de 871.531 euros.
El coste de este contrato incluye la «elaboración, diseño y digitalización de contenidos para el aprendizaje en línea de las lenguas catalana, euskera y valenciana». Sin embargo, se aclara en la memoria justificativa del contrato que el gallego no está entre las lenguas cooficiales ofertadas porque «el Portal de Lengua Gallega ofrece gratuitamente en su portal los contenidos y actividades de los distintos niveles». Pese a ello, el coste es significativamente superior al desembolsado en 2019.
Hace cinco años, el Ejecutivo que ya encabezaba el socialista Pedro Sánchez licitó un contrato público por valor de 443.250 euros al año, para el que se preveía una prórroga de un año. Desde entonces, el Gobierno admite que ha estado «explorando alternativas para un modelo de aprendizaje de las cuatro lenguas cooficiales que sea eficaz y sostenible en el tiempo».
El Ministerio Transformación Digital y de la Función Pública ha justificado la necesidad de este gasto en que el INAP cuenta en su estatuto con el deber de ofrecer la «formación y el perfeccionamiento de los empleados públicos». Concretamente, se refiere a que es necesario «garantizar el derecho de la ciudadanía a relacionarse» con la Administración «en las diferentes lenguas cooficiales de España». Por tanto, el Instituto tiene el deber de «facilitar el aprendizaje de estas lenguas» para «la prestación efectiva del servicio público».
«Para prestar mejor atención»
Es más, el texto que motiva este contrato considera que es una «necesidad» que cuando un trabajador «desempeñe sus funciones en una comunidad autónoma donde se hable una lengua cooficial» debe ser capaz de hablarla y entenderla «para prestar una mejor atención».
El contrato se oferta en tres lotes diferentes, de modo que una empresa pueda pujar de forma aislada por prestar los servicios de enseñanza de una sola de las lenguas. Aisladamente, el Gobierno prevé pagar por la enseñanza del catalán y el valenciano 703.400 euros, respectivamente, y por el euskera, 887.220 euros.
Gobierno catalán
Extracto del pliego de condiciones administrativas.
Tal y como se explica en el pliego de condiciones administrativas del contrato, hay varios factores que determinan el coste de la enseñanza de cada una de las lenguas. Entre ellos está «el coste de los docentes necesarios para la elaboración de los contenidos» y la «creación de hasta 90 vídeos, de una duración media de cinco minutos en cada lote de catalán y valenciano». Para el euskera, sin embargo, se prevé «un máximo de 120 vídeos». Por otro lado, también dependerá de las horas que cueste «la digitalización de los contenidos correspondientes a un máximo de 20 unidades por cada nivel de conocimiento».
No es la primera vez que el Ejecutivo ha aumentado el gasto dedicado a enseñar las lenguas cooficiales a los trabajadores del sector público. El Gobierno sanchista destinó casi 700.000 euros a clases online de catalán para los empleados de la Agencia Tributaria en Cataluña. El organismo dependiente del Ministerio de Hacienda justificó este gasto en que iba a «proporcionar» a su personal unos conocimientos para un «mejor desempeño en su puesto de trabajo». También porque la lengua tiene «carácter cooficial en la Comunidad Autónoma» y es habitual su «empleo por parte del contribuyente», con quien tendría contacto el trabajador.
Cataluña
Illa reactiva la ‘policía del catalán’ con una campaña de inspecciones sorpresa a comercios de pueblo
El Gobierno de Illa pretende endurecer las inspecciones lingüísticas, con el fin impulsar el catalán en detrimento del español
Beatriz Jiménez. okdiario. 16 Septiembre 2024
La llegada de Salvador Illa al Gobierno de la Generalitat ha reactivado las inspecciones lingüísticas a comercios de la región. Concretamente, el Servicio Comarcal del Catalán ha visitado de forma aleatoria este verano 20 establecimientos comerciales y de restauración en pueblos turísticos de la zona de Reus (Tarragona) para comprobar si cumplían con la Ley de política lingüística. De esta forma, estas inspecciones de la policía del catalán han continuado con Illa en pleno auge de la persecución del catalán tras el acuerdo alcanzado entre Pedro Sánchez y ERC para investir al candidato socialista.
Este verano, el Servicio Comarcal del Catalán del Priorat (SCC) ha llevado a cabo una campaña de inspecciones en las localidades de Morera de Montsant, Escaladei, Porrera y Poboleda, pueblos que se caracterizan por ser muy turísticos. El objetivo de las visitas era dar a conocer los servicios que se ofrecen al sector empresarial, en especial el servicio de revisión de textos, un servicio gratuito para empresas de 10 o menos trabajadores que pretende garantizar que las empresas y tiendas tengan en catalán y en un catalán de calidad la rotulación y la documentación.
Durante las inspecciones, se ha hecho también una observación sociolingüística en la que se ha podido comprobar que el 100% de los establecimientos observados cumplen la Ley de política lingüística en lo que se refiere al rótulo principal o que el catalán es de entrada la lengua de atención al público en un 90% de los comercios de las localidades donde se han llevado a cabo estas visitas.
El Gobierno de Illa pretende endurecer las inspecciones lingüísticas, con el fin impulsar el catalán en detrimento del español. «Es necesario garantizar activamente el cumplimiento de la legislación en materia de derechos lingüísticos, especialmente en la empresa y en el comercio, como por ejemplo la rotulación, etiquetado, atención al público, oferta de servicios», recoge el plan de acción elaborado por Illa. Para ello, dotará a los organismos encargados de velar por este cumplimiento del personal y los recursos necesarios para ello, incrementando así los controles a las organizaciones privadas en materia lingüística.
Una persecución del español que, según Illa, es necesaria para que los catalanes no se sientan incómodos al hablar su propia lengua. Y es que el Gobierno de la Generalitat defiende que, aunque el catalán sea una lengua oficial, si una oficina, un establecimiento comercial o un centro de salud transmite «la percepción de que hablar en catalán es algo anómalo o, peor aún, conflictivo, la mayoría de los hablantes renunciará al derecho a utilizarlo».
Illa culpa al régimen de oficialidad vigente, a los movimientos migratorios y a la extensión del inglés, de la pérdida lingüística en la región. «En este contexto, no puede perderse de vista que el catalán mide sus fuerzas con dos de las lenguas más importantes del mundo contemporáneo, como son el castellano y el inglés, lo que incrementa exponencialmente el peso de las presiones que experimenta», apunta el informe sobre el uso del catalán que el Gobierno socialista ha encargado para justificar su hoja de ruta. Por este motivo, Illa plantea «una intervención ambiciosa» liderada por los poderes públicos, que incluye medidas como el impulso del catalán en las aulas y en las administraciones públicas.
Impulso del catalán
Ya en su pacto con ERC, Salvador Illa se comprometía a impulsar el catalán en las aulas. Ahora, la consellera de Educación y Formación Profesional de la Generalitat, Esther Niubó, ha afirmado que la mejora del uso social del catalán necesita medidas transversales que vayan «más allá del sistema educativo», y ha abierto la puerta a modificar el porcentaje de español que se imparte dentro de las aulas. Concretamente, el Ejecutivo de Illa ha afirmado que cada centro educativo tiene un «contexto sociolingüístico demasiado diferente para marcar un porcentaje igual» en toda Cataluña, en referencia al 25% que se establece en la actualidad.
«Estas son lenguas oficiales de Cataluña, pero es evidente que el catalán es la lengua propia, la vehicular, y que la debemos defender y promover», ha asegurado la consellera de Educación. Niubó ha remarcado que el catalán no puede ser sólo una cosa de la escuela, aunque ha defendido ahondar esfuerzos en el sistema educativo ante la caída del uso de la lengua catalana en los últimos años. «Desde el sistema educativo debemos evitar situaciones de limitación lingüística. Un alumno tiene derecho a hablar la lengua que quiera, pero lo que no puede ser es que lo haga porque no tiene un buen dominio en este caso del catalán», ha añadido.
La lengua catalana ocupa un bloque importante dentro del pacto entre Pedro Sánchez y ERC para la investidura de Salvador Illa, en el que ambas formaciones recalcan el «retroceso del uso social del catalán». Para ello, el PSC se comprometió con los independentistas a reforzar con «la máxima ambición y consenso la política lingüística, con especial atención a la defensa del modelo de escuela catalana como garantía del aprendizaje de la lengua, a su normalización y fomento en todos los ámbitos». Por este motivo, todos los alumnos inmigrantes que acaben de llegar a Cataluña tendrán la obligatoriedad de aprender esta lengua.
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