Recortes de Prensa Martes 31 Diciembre 2024

Rusia lanza un nuevo ataque contra Kiev
Henar Andrés. Madrid. el mundo. 31 Diciembre 2024

En el día en que se cumplen 25 años de la llegada al poder de Vladimir Putin, Rusia ha lanzado un nuevo ataque contra Kiev. Poco después de que la fuerza aérea ucraniana anunciara una amenaza de misiles en todo el país, las defensas de la capital han repelido el ataque aéreo. Las autoridades locales han informado de que restos de misiles cayeron sobre un edificio privado en Kiev. Además, una estructura resultó afectada en la ciudad de Shostka, en la región de Sumi.

Mientras, un ataque ucraniano con drones provocó un derrame de combustible y un incendio en un depósito de petróleo en la región de Smolensk, fronteriza con Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso ha asegurado que sus defensas han derribado esta madrugada 68 aviones no tripulados sobre ocho regiones del país.

10:30

Ucrania informa de la destrucción de un helicóptero ruso con un dron marítimo

Una unidad especial de la Dirección Principal de Inteligencia (GUR) del Ministerio de Defensa de Ucrania destruyó este martes por primera vez en la historia militar, con ayuda de un dron marítimo de ataque Magura V5 equipado con armamento de misiles, un helicóptero ruso Mi-8 en la península ucraniana de Crimea anexionada por Rusia.

"El 31 de diciembre de 2024, soldados de la unidad especial 'Grupo 13' del Ministerio de Defensa de Ucrania del GUR, por primera vez en la historia, alcanzaron un objetivo aéreo utilizando un dron marino de ataque Magura V5 equipado con armamento de misiles", informó la inteligencia militar ucraniana en un comunicado.

El helicóptero ruso Mi-8 fue destruido como resultado del uso de misiles R-73 "SeeDragon" durante un combate en el mar Negro, cerca del cabo Tarjankut, en la Crimea ocupada, precisa la inteligencia ucraniana. Otro helicóptero ruso similar fue alcanzado por el fuego y logró llegar a su aeródromo de origen.

8:45

Rusia derriba 68 drones ucranianos

Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 68 drones de ala fija ucranianos sobre ocho regiones del país, informó este marte el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram. Según el parte castrense, 25 de los aparatos no tripulados fueron destruidos sobre la región de Briansk, 17 sobre la península de Crimea y 11 sobre región de Krasnodar.

Los restantes drones fueron derribados sobre los territorios de las regiones de Smolensk (10), Tver (2), Rostov (1), Kursk (1) y Kaluga (1).

El gobernador de la región de Smolensk, Vasili Anojin, informó en Telegram de que como resultado de la caída de los fragmentos de un dron se produjo un incendio en un depósito de combustible en esa entidad federada.

El ataque ucraniano con aparatos no tripulados de anoche ha sido el más masivo desde el pasado día 19, cuando Rusia informó del derribo de 84 drones sobre siete de sus regiones.

8:30

Rusia lanza un ataque contra Kiev y golpea infraestructuras en el norte de Ucrania

Las autoridades de Kiev han asegurado que sus defensas aéreas estaban repeliendo un ataque aéreo ruso a primera hora de la mañana de este martes. Testigos de Reuters informaron de varias explosiones en la capital después de que la fuerza aérea ucraniana anunciara una amenaza de misiles en todo el país. Según la información preliminar, restos de misiles cayeron sobre un edificio privado en uno de los distritos de la capital.

Por otra parte, una infraestructura fue alcanzada por un ataque ruso con misiles en la ciudad de Shostka, en la región de Sumi.

El mapa de los prorrusismos europeos
El año en el que apoyar a Ucrania dejó de dar votos (y estar a favor de Rusia empezó a darlos)
Mónica Redondo. el confidencial. 31 Diciembre 2024

El apretón de manos se convirtió en algo más que una formalidad. El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, daba por concluida su reunión con Vladímir Putin en Moscú con este gesto simbólico. Fue un viaje sorpresa a la capital rusa, destinado a hablar con el presidente ruso sobre la seguridad energética. Pero ese encuentro, y ese estrechón de manos, escenifica cómo ha cambiado la postura de muchos países europeos sobre las relaciones con el Kremlin a pocos meses de que se cumpla el tercer aniversario de la guerra en Ucrania.

Ese 23 de febrero de 2022, el sentir mayoritario alrededor del mundo, especialmente en Europa y Estados Unidos, era un rechazo a la invasión. Vladímir Putin se convirtió en un paria en casi todos los países del mundo, menos para sus aliados como Siria, Corea del Norte o Bielorrusia. A nivel europeo, solamente Viktor Orbán se desmarcaba de la posición de sus socios del bloque.

Una reunión con el presidente ruso habría sido una condena política para una gran parte de los mandatarios pero, dos años después, la postura parece ser mucho más laxa. El canciller alemán Olaf Scholz habló con Putin por teléfono el mes pasado por primera vez en dos años, mientras que Donald Trump ha afirmado que se reunirá con el líder del Kremlin para abordar una posible salida a la guerra en Ucrania.

Además, muchos países que en un principio condenaron la invasión siguen manteniendo relaciones diplomáticas o económicas con Rusia. Algunos gobiernos han adoptado directamente un enfoque prorruso y el bloque liderado por EEUU y la UE para mantener el flujo de ayuda a Ucrania tiene cada vez más fisuras.

Ese mismo escenario ha llegado a las calles. Si hace dos años los partidos que mostraban una afinidad con Rusia tenían pocas posibilidades de ganar en una gran parte de países de Europa, en los últimos meses han logrado aumentar considerablemente sus apoyos. Muchos europeos parecen ya no estar tan seguros de querer apoyar a Ucrania y de ver un fracaso de Rusia.

Las elecciones al Parlamento Europeo fueron un claro ejemplo y, en países como Austria, el ultraderechista Partido de la Libertad obtuvo la mayoría de los votos en esos comicios con una plataforma llamada “Detengamos la locura de la UE”, en la que se pedía el fin de la guerra. En septiembre, la formación ganó las elecciones legislativas del país y se sumó a la iniciativa de Hungría y Eslovaquia para negociar con Putin y acabar con el conflicto.

En Francia, el triunfo de la ultraderechista Marine Le Pen en los comicios al Parlamento Europeo sorprendió al bloque y también a Emmanuel Macron, que anunció unas elecciones parlamentarias anticipadas que han profundizado las divisiones políticas en el país. Fue precisamente el presidente ruso uno de los principales defensores de aumentar el envío de ayudas a Ucrania e incluso de mandar tropas occidentales para luchar contra Rusia. La postura, muy polémica entre los líderes europeos, se ha unido a otras como la presión durante meses para que Kiev pudiera atacar a objetivos militares dentro de territorio ruso con armamento de Occidente.

Algunos editoriales y artículos de opinión como el del historiador Timothy Garton Ash alertaban de las consecuencias de fenómenos políticos como el de Francia. “¡Despertad! Después de estas elecciones, Europa vuelve a estar en peligro”, titulaba en su columna para el periódico The Guardian. Otros expertos, como Gwendolyn Sasse, directora del Centro de Estudios de Europa del Este e Internacionales en Berlín, apuntaba a las campañas de desinformación lideradas por Rusia para explicar las nuevas tendencias. “Las elecciones al Parlamento Europeo acaban de demostrar cómo la guerra —o mejor dicho, la necesidad percibida de ponerle fin, acompañada de desinformación patrocinada directa o indirectamente por el Kremlin— afectó a muchas campañas y resultados electorales en toda Europa”.

Dos elecciones con mano rusa

El último caso que podría utilizarse como ejemplo al fenómeno que explica Sasse es Rumanía. En noviembre, un candidato de extrema derecha y antisemita que se movía en las encuestas por debajo del 10% llamado Călin Georgescu obtuvo finalmente casi el 23% de los votos. Fue el ganador de la primera vuelta y se convirtió en el favorito para ganar la segunda.

Desde el primer momento, tras conocerse los resultados, empezaron a circular informaciones de una gran estrategia de desinformación por parte de agentes rusos y de una campaña coordinada a través de TikTok, el único medio que Georgescu había usado para promocionarse. Desde Bucarest se pidió a la Comisión Europea que comenzara de inmediato una investigación que se inició este diciembre. Finalmente, el Tribunal Constitucional de Rumanía anuló los comicios y un grupo de partidos europeístas sacó adelante, la semana pasada, una nueva coalición de Gobierno en el Parlamento para aislar a la extrema derecha.

A pesar de que Georgescu tiene ahora menos posibilidades de llegar al poder, la situación de las últimas semanas ha expuesto las presuntas estrategias que tiene Rusia para influir en el electorado. Además de la campaña en redes sociales que está investigando Bruselas, algunos informes apuntaron incluso a una operación capitaneada por mercenarios al más puro estilo Wagner para boicotear las manifestaciones contra el candidato considerado prorruso y de extrema derecha.

La guerra en Ucrania ha sido, también en este caso, uno de los puntos centrales de las declaraciones públicas de Georgescu. “La guerra en Ucrania debe cesar urgentemente. Para mí es la estrategia de la paz, no de la guerra. No del conflicto, sino de la paz”, dijo.

“Me involucraré directamente y la guerra en Ucrania terminará. Estoy decidido a hacer lo que hicieron mis grandes antepasados, donde la paz en el mundo importa, y tal vez la paz se logre con el aporte de Rumania”, añadió en otro discurso.

A cientos de kilómetros de distancia, otro país que formaba parte de la órbita soviética está pasando por una crisis política sin precedentes. En Georgia, miles de personas llevan semanas saliendo a las calles contra la decisión del Gobierno, conocido por sus vínculos prorrusos, de aplazar el proceso de adhesión a la Unión Europea hasta 2028.

La formación Sueño Georgiano ha estado en el centro de la polémica desde los inicios de la invasión a gran escala en Ucrania, cuando pareció profundizar sus vínculos con el Kremlin con proyectos como la llamada “Ley Rusa”, que recuerda a la que aprobó Moscú en 2012 para reprimir a los grupos y organizaciones opositoras. El partido, a pesar de las numerosas protestas en su contra en los últimos dos años, consiguió la mayoría parlamentaria en las elecciones de octubre, marcada por irregularidades como la compra de votos.

Tanto la oposición como la presidenta europeísta Salomé Zurabishvili no han reconocido el resultado y han pedido a la Unión Europea que tome medidas contundentes contra Georgian Dream para evitar que continúe en el poder. Sin embargo, ni la presión internacional ha podido evitar que el exfutbolista profesional y prorruso Mijaíl Kavelashvili fuera elegido como nuevo mandatario de Georgia en una votación del Parlamento que tampoco fue reconocida por la oposición.

Este pasado domingo, Zurabishvili abandonó el palacio presidencial y el exfutbolista juró el cargo como nuevo presidente de Georgia. La mandataria saliente calificó antes de su salida que los comicios eran una “parodia” y animó a la población del país a seguir saliendo a las calles para aumentar la presión sobre el partido prorruso.

Los cambios que vendrán

En otros países, una de las preguntas es cómo puede cambiar la política y si pueden ser los siguientes en vivir un cambio de paradigma político de la mano de partidos con posturas favorecedoras para Rusia.

Muchos ojos están puestos en Alemania, donde cayó el Gobierno tripartito de Olaf Scholz. El 23 de febrero, se decidirá un nuevo Gobierno en un momento en el que el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) encabeza los sondeos en segunda posición, solo por detrás de los democristianos de la CDU.

En Bulgaria, el inicio de la guerra en Ucrania marcó una línea divisoria electoral basada en la opinión sobre el Gobierno de Vladímir Putin. Esta era una reacción esperada porque la vida política búlgara está fuertemente influenciada por los vínculos históricos con Rusia, y los partidos búlgaros se han dividido en rusófobos y rusófilos desde finales del siglo XIX.

Desde 2022, varios políticos han cambiado su posición hacia el Kremlin, como fue el caso del entonces primer ministro Kiril Petkov, que se opuso a una decisión oficial del gobierno sobre el envío de ayuda militar a Ucrania, a pesar de información extraoficial de que Bulgaria enviaba en secreto enormes cantidades de armas a Kiev a través de intermediarios.

Finalmente, acabaron apoyando la decisión y el Parlamento búlgaro mantiene una posición firme a favor de Kiev. No están exentos, sin embargo, de los llamados de alerta. En la primavera de 2023, el diputado de Continuing the Change Radostin Vassilev abandonó el partido y fundó su propio partido MECH (Espada), que consiguió entrar en el nuevo Parlamento del país. El político es conocido por ser un opositor al envío de ayuda militar a Ucrania e insiste en imponer la paz en Kiev y simpatiza abiertamente con Viktor Orbán.

En términos generales, el Parlamento de Bulgaria está viviendo un aumento significativo de los movimientos prorrusos y populistas, que ya superan el 30% frente al 25% a principios de 2024.

Incluso en uno de los países considerados como más proucranianos de Europa algunos tienen un dilema política. En República Checa, el apoyo público a las ayudas para Ucrania ha caído por debajo del umbral del 50% (cuando antes lo superaba ampliamente). Aunque los partidos de la coalición gobernante de centroderecha todavía mantienen una línea de apoyo, cada vez enfatizan menos la necesidad de nuevas transferencias financieras y militares a Ucrania.

Además, cada vez cala más hondo el discurso entre la población sobre la necesidad de protegerse ante una hipotética escalada si Ucrania pierde la guerra. Tanto informes de Defensa de países como Alemania como algunos líderes occidentales han apuntado a un futuro conflicto entre Europa y Rusia si Ucrania pierde la guerra.

El populista Andrej Babiš, hoy en la oposición, ha subrayado la necesidad de pensar principalmente en el pueblo checo, y no solamente en los ucranianos. Un discurso que está empezando a calar, y con el que ha logrado un aumento de los apoyos entre los votantes.

El peor año para la libertad
Fran Carrillo. okdiario. 31 Diciembre 2024

No ha sido un año fácil para la libertad. Podría principiar así cada resumen anual desde que el sanchismo llegó al poder para acabar con la corrupción y lo que ha conseguido es nacionalizarla y expropiarla para sí mismo. Tras esa cara de socialista inoxidable, se esconde un proyecto tiránico de franquicia familiar, donde Pedro y Begoña son el alfa y omega de todo lo que en política debía ser rechazable. A tenor de los datos reales, la percepción ciudadana y la realidad económica, somos más pobres y menos libres que cuando apuramos 2023, y en esa piscina del escándalo en la que nos baña el gobierno cada día, la amnistía es ahora un tema secundario, tito Berni pasa por ser el cuñado que se sienta a la mesa en Navidad y Errejón, el primo tonto que siempre que nos visita es para darnos la turra con el patriarcado y la causita del día.

Podría haber titulado también este artículo Doce bulos, doce causas. Y a buen seguro, nos faltarían bulos, y nos sobrarían causas. Porque la desinformación del universo zurdo en torno al sanchismo ha sido la constante en una legislatura marcada por la resistencia revoltosa de quien asume el poder con la convicción de no soltarlo nunca, en esa concepción autocrática de la res pública que todo tirano adquiere cuando llega al gobierno. No es sólo en España. Las recientes conclusiones emanadas de un informe publicado por el Congreso de Estados Unidos, demuestran que el COVID, como anunciamos, fue un proceso totalitario de ingeniería social, en maridaje conforme de las élites globales y los gobiernos socialistas, de izquierdas y derechas.

En España, dicho proceso incluyó secuestrar a los ciudadanos en sus casas, cerrar de manera inconstitucional el Parlamento y obligar al uso de mascarillas. Ahora ya sabemos por qué lo hicieron: cuantas más mascarillas se ponían en circulación (y más gente quitaban de la misma), más pasta ganaban los ministros y amigos de Sánchez. No lo hicieron para proteger a la población, sino para engalanar sus bolsillos particulares. Mientras nos vendían salud, se forraban de manera indiscriminada. Para que no se hablara de sus tropelías, regalaron a los medios que se dejaron sobornar cientos de millones de euros, que fueron destinados a ocultar y proteger las barrabasadas legales del PSOE, los delitos de sus miembros y las mentiras contadas y colocadas a través del argumentario subvencionado que desde Moncloa facilitan a diario.

Aldama, Koldo, Ábalos, Torres, Armengol, Santos Cerdán, Illa, el fiscal general del Estado, Antolín, Begoña Gómez, David Sánchez y Pedro Sánchez. Doce nombres sin piedad en esa trama corrupta y criminal llamada rosa nostra que ha convertido España en una sucursal del crimen organizado. Lo mismo te entra una narcodictadora por Barajas a dejar maletas llenas de billetes que patrocinan la delincuencia magrebí bajo pátina solidaria. Un día se hacen el progre humanitario y al otro te saquean el bolsillo con un nuevo impuesto para financiar chiringuitos ideológicos y medios afines al régimen. Una mañana te aumentan la deuda pública y a media tarde presumen de aumentar las insostenibles pensiones «porque salimos más fuertes» y «no dejamos a nadie atrás». Se preocupan, antes de acostarse, por el problema de la vivienda y cuando se despiertan están creando leyes que impiden el alquiler y protegen al okupa que todo lo desprecia. Si este país ha aceptado la amnistía como burla moral y desprecio por la ley, qué no hará con los delitos consiguientes del gobierno.

Ha entendido la mitad de España que mejor socialista esclavizado que ciudadano libre; mientras entre dinero en casa, la deuda y el futuro de los jóvenes son intangibles que no importan, porque no lo comprenden. Las cuentas al sanchismo vendrán cuando ya sea historia su gobierno, una vez consumado el liberticidio de instituciones y derechos. Sánchez caerá en algún momento, por la fuerza de las urnas o por la insobornable aplicación de la ley. O expulsado o detenido. Pero igual ya es tarde, porque habrá dejado un país más cerca de la guerra civil que de la concordia que reinó hasta que llegó Zapatero, el presidente por accidente. Tras el páramo del sanchismo, tocará reconstruir y entonces nos preguntaremos si el sistema está preparado para una alternativa de ruptura y motosierra o de continuidad gestora y partitocrática. La revolución liberal-conservadora (lean a Burke, etéreos iletrados) está en marcha y España no será diferente, aunque tarde en llegar la rebeldía a un pueblo más acostumbrado a las cadenas que a la libertad.

2025: por qué tanta gente le tiene tanto miedo
José Javier Esparza. gaceta. 31 Diciembre 2024

El término «cisne negro» fue popularizado por Nassim Taleb para definir un suceso imprevisible, de impacto decisivo y que sólo se puede explicar a posteriori. No es necesariamente una catástrofe: puede ser también un hecho de consecuencias globalmente positivas. Lo fundamental es su condición de impredecible. Hoy, cuando se abre la ventana del año 2025, mucha gente está apostada tras los cristales esperando que el cisne negro aparezca. En la mayoría de los casos, lo que se espera es un hecho catastrófico. Lo cual no deja de ser contradictorio, porque el cisne negro, por definición, es inesperable. De modo que tal vez el cisne, si aparece, será negro para la mayoría, pero blanco para el reducido número de los entendidos. ¿Aparecerá? Sí, claro. Siempre puede aparecer. Pero lo que alimenta los temores no es que veamos la silueta del cisne negro dibujándose contra el cielo, sino que ese cielo, el paisaje que nos rodea, es tan extremadamente explosivo que la aparición del ave sólo puede ser mensajera de calamidades. Y eso por ceñirnos sólo a Europa.

El primer elemento de temor es el panorama económico (cosa lógica en una civilización esencialmente económica como lo es la occidental moderna). La zozobra económica tiene sobre todo dos fuentes. Una es la deuda, absolutamente desquiciada. Francia acaba de batir récord histórico de deuda. Italia, Alemania y España también están ferozmente endeudadas. Esto es especialmente grave por la segunda fuente de la zozobra: el colapso industrial. En condiciones de alta productividad, la deuda puede ser simplemente un instrumento para crecer más. Pero si el paisaje es de contracción del crecimiento industrial y comercial, como está ocurriendo en Europa, entonces esa deuda es un veneno letal que sólo augura pobreza. La crisis industrial trae causa, a su vez, de la transformación del modelo energético, que está perjudicando a los europeos en su conjunto, pero que beneficia, oh, casualidad, a los tenedores de gran parte de esa deuda. Esto quiere decir, lisa y llanamente, que los gobiernos europeos han perdido el control de sus economías. Y enfrente hay dos poderosos competidores, China y los Estados Unidos, que mantienen el timón bien firme.

El segundo factor de miedo es, evidentemente, el geopolítico, que en los últimos años se ha vuelto extremadamente volátil. La extensión de la OTAN hacia el este y la explosión programada de sucesivas crisis en el escenario de Oriente Próximo han conducido a una rápida redefinición del orden internacional en dos bloques cada vez menos compatibles: por un lado, la anglosfera y sus aliados, con una Europa enteramente vasallizada, y por otro, el bloque eurasiático (esencialmente China y Rusia), en una suerte de nueva guerra fría que está escalando a unos niveles de tensión impensables hace sólo cinco años. La tensión en el escenario político mundial repercute a su vez en el cuadro económico, agravándolo.

Una tercera fuente de temor es la situación política. Con la excepción de Italia, todos los demás países se encuentran sumidos en crisis de rasgos inéditos. En Francia el sistema de la V República se ha hundido, con un presidente que gobierna de forma cada vez más autoritaria apoyándose en minorías. El Reino Unido ha entrado en una deriva demencial. Alemania intenta por todos los medios (todos) mantener su bipartidismo imperfecto frente al ascenso imparable de Alternativa. España camina aceleradamente hacia un modelo autocrático sin otro proyecto que la fragmentación del país. En Rumanía, como hemos visto, se ha dado un golpe institucional para anular unas elecciones democráticas y nadie ha movido una pestaña. Todo eso sucede en sociedades ya rotas por las consecuencias de la inmigración masiva y la pérdida de los elementos básicos de la cohesión nacional. El paisaje general camina no tanto hacia guerras civiles larvadas como hacia escenarios de puro nihilismo donde el orden de los viejos Estados desaparece sin que nada nuevo tome su lugar.

Detengámonos aquí: crisis económica, crisis geopolítica, crisis política… No son esferas independientes: son sistemas conectados que interactúan y se modifican recíprocamente. La conjunción de todos estos vectores de crisis nos sumerge en un mar de incertidumbres. Es verdad que, hasta aquí, no hay nada que pueda considerarse realmente como un “cisne negro”: todo este marasmo es perfectamente descriptible, como descriptibles son sus causas. El problema es que, en un escenario tan frágil, cualquier cosa puede pasar, y ese sería el cisne negro en cuestión. Imaginemos, por ejemplo, que la Unión Europea, obligada a mantener un modelo económico que deteriora sin tregua el paisaje social, adopta medidas de coerción política para controlar a sus ciudadanos (en la línea de lo que Úrsula von der Leyen acaba de anunciar en nombre de la «protección de la democracia»!). Esas medidas coercitivas, en un contexto de por sí tenso por la inmigración y la depauperación de las clases medias, entre otros factores, podrían provocar una respuesta que pusiera en cuestión el conjunto del sistema, tanto en lo económico como en lo geopolítico. Esto significaría una crisis general del modelo. Y en el seno de esa crisis es donde podría aparecer lo imprevisible.

Ahora mismo hay centenares de estudiosos escudriñando el cielo, tratando de anticiparse a lo que pueda pasar. A partir de ahora, en Europa, vamos a asistir a una concatenación de medidas coercitivas orientadas a prevenir la aparición de lo inesperado. Vamos a ser más pobres y también menos libres. Pero el cisne negro, por definición, es precisamente eso: inesperado. Y tal y como se están poniendo las cosas, quién sabe: incluso puede ser bueno que aparezca.

Surrealista: el Ministerio de Transformación Digital contra los medios digitales
OKDIARIO. 31 Diciembre 2024

Para justificar la millonaria ayuda a la prensa afín al sanchismo, el Gobierno se ha inventado una burda excusa: «En un mundo donde la información digital puede ser fácilmente manipulada o distorsionada, la prensa en papel suele incluir un mayor nivel de comprobación», reza el texto dónde se establecen las bases reguladoras para estas subvenciones.

Y a partir de esta justificación, el Ejecutivo de Pedro Sánchez construye una tesis que es la quintaesencia de lo absurdo: «Los medios de comunicación desempeñan un papel crucial en la difusión de información y en la formación de la opinión pública, lo que los convierte en pilares fundamentales para el funcionamiento democrático y la cohesión social», pero, a continuación, pasa a establecer diferencias entre la prensa de papel, que «suele incluir un mayor nivel de comprobación y verificación de los hechos, lo que se traduce en mayor fiabilidad, ayudando a combatir la propagación de noticias falsas y manipuladas», frente a los medios digitales, a los que dibuja casi como meros propagadores de bulos.

Vamos a ver, que ya somos mayorcitos: si lo que el Gobierno pretende es salir en auxilio de El País no hacía falta tamaña monserga, porque, además, lo que resulta un sarcasmo es que el ministerio que se ha inventado esta excusa sea el de Transformación Digital. Con los mismos argumentos que maneja el departamento de Óscar López, su ministerio, en justa reciprocidad, sería -por lo de digital- la reserva gubernamental de los bulos, el paradigma de lo fake. A estas alturas, ya no engañan a nadie: para regar de millones a los medios afines al sanchismo no hacía falta caer en el ridículo. Si la prensa digital es más proclive a los bulos, según el Gobierno, el Ministerio de Transformación Digital -autor de este bodrio- ¿qué es? Porque si para el ministerio de lo digital, lo digital es sinónimo de desinformación, Óscar López, en buena lógica, es el ministro de la desinformación. Alucinante.

Marta Castro, coordinadora jurídica de Vox: «Hay pruebas suficientes para imputar a Sánchez ya»
Vicente Gil. okdiario. 31 Diciembre 2024

«Hay pruebas suficientes para imputar ya a Sánchez». Así lo cree Marta Castro, coordinadora jurídica nacional de Vox y abogada de la formación de Santiago Abascal en los casos de corrupción del gobierno, del PSOE y de la familia del presidente del ejecutivo. «Sánchez actúa con tintes mafiosos», dice la letrada de Vox. Marta Castro no tiene dudas: «El 1 es Sánchez». Marta Castro hace en OKDIARIO balance del intenso año judicial de Vox y cuenta las claves del año 2025 donde se cerrará la instrucción sobre el caso Begoña Gómez. Marta Castro cree que la veremos en el banquillo en 2026.

La Audiencia Nacional tiene que pronunciarse en breve sobre la petición de Vox de imputar a Pedro Sánchez. Marta Castro lamenta que el juez Ismael Moreno haya unificado las acusaciones populares del caso Koldo bajo la dirección del abogado del PP, Alberto Durán: «Apartarnos de la causa es uno de los elementos clave para evitar la imputación de Sánchez». Marta Castro cree que el PP debe reiterar la solicitud de imputación de Sánchez. Para Marta Castro, la posición que adopte el abogado del PP será sintomática del papel futuro de los ‘populares’ en la causa y la posibilidad de un «conchabeo, pasteleo» entre ambos partidos: «Hoy por ti mañana por mí».

Caso Koldo

Marta Castro afirma: «El caso Koldo es el caso Sánchez y el caso PSOE». Recuerda que una de las imputaciones de Ábalos es por organización criminal lo que «supone una jerarquía, órdenes y una finalidad para delinquir». Para la letrada de Vox «es muy grave que Sánchez siga presidiendo el gobierno con Ábalos imputado por organización criminal». Aparte de la imputación de Sánchez, Vox también solicitó ya la imputación de los ministros Fernando Grande-Marlaska, Teresa Ribera, María Jesús Montero y Ángel Víctor Torres; así como de Salvador Illa y Francina Armengol por la gestión, respectivamente, del ministerio de Sanidad y el gobierno de Baleares en la compra de material sanitario en la pandemia. Todas las peticiones están pendientes de resolver. Y apela, de nuevo, al PP.

Vox quiere que Sánchez y sus ministros sean ya imputados en una macrocausa: «Está acreditado que las decisiones en la pandemia que beneficiaron a la trama se tomaron en un comité interministerial presidido por Sánchez». Vox quiere las actas de esas reuniones. Moncloa busca, según Marta Castro, dilatar el asunto al modo de los ERE y parcelarlo mucho para confundir e ir diluyéndolo, entorpeciendo la investigación. Se trata, según la abogada de Vox, de intentar que «un escándalo tape otro para normalizar que tenemos un gobierno que es una organización criminal». Tiene claro que el modelo de impunidad que se busca repetir es el de los ERE.

Aldama

Para Marta Castro «no es casual que Aldama estuviera en los actos del PSOE». Cree que Aldama «sabe más de lo que ha dicho hasta ahora» y que «tiene pruebas de todo»: «Me gustaría que Aldama se animase más». Castro lo ve muy centrado en su propia estrategia de defensa: «Está más dedicado aún a mandar mensajes a los interesados que a presentar pruebas». O sea, en su opinión, por ahora, Aldama sólo está enseñando la patita. La sensación de Marta Castro es que los principales implicados se observan unos a otros para ver quién va a terminar siendo el chivo expiatorio de Sánchez.

Marta Castro advierte de la posibilidad de que los implicados en libertad destruyan pruebas «como ha hecho el fiscal general» [en el caso del novio de Ayuso]. Todo ello para, entre otras cosas, dilatar las investigaciones hasta el infinito. Para Marta Castro la imagen de Cháves y Griñán ovacionados en el congreso del PSOE muestra los «tintes mafiosos» de Sánchez: «El mensaje que lanza a los implicados del caso Koldo es ‘si hacéis lo que yo os digo, moveré todos los poderes del estado que controlo en beneficio vuestro’». Y, si todo va mal, siempre les quedará Cándido Conde-Pumpido, como en los ERE. «No tengo ninguna fe en el Tribunal Constitucional. Es un tribunal político», sentencia Marta Castro para este y el resto de los temas, que terminan en manos del que fue fiscal general de Zapatero.

Marta Castro explica en la entrevista a OKDIARIO los (pocos) entresijos conocidos del caso Hidrocarburos. Son pocos aún porque la pieza es secreta. Pero la sensación de todas las partes es que estamos ante un entramado de corrupción, venta de petróleo venezolano, fraude fiscal y lavado de dinero negro obtenido, por supuesto, de forma ilícita que podría dejar en una broma las cantidades de los ERE.

Marta Castro tiene claro que «Venezuela y República Dominicana son claves y esconden la finalidad real de la trama corrupta». Para la coordinadora jurídica nacional de Vox, ambos países «guardan los secretos» de una red corrupta, la de Áldama, Ábalos y Koldo, en la que no sólo habría enriquecimiento personal, en sentido estricto, de los implicados conocidos hasta ahora y de los que puedan aparecer en el futuro.

Para Marta Castro, la sombra de Venezuela sobre el PSOE es alargada nuevamente y viene de años. Y todo vuelve siempre al caso Delcy y a la noche del 20 de enero de 2020 en Barajas. Marta Castro lamenta que una y otra vez se les deniegue acceso a las cintas de vídeo de lo sucedido en el aeropuerto aquella madrugada: «Las grabaciones están completas y las tiene custodiadas el juzgado de instrucción 31». Marta Castro no tiene duda alguna, a tenor de los whatsapps y pruebas que constan en las actuaciones, que «Sánchez sabía que Delcy Rodríguez venía a España». Su mera presencia pisando España ya es delictiva porque tenía prohibida la entrada a la UE independientemente de lo que hubiera en las maletas que se descargaron.

¿Qué había en las maletas de Delcy? La respuesta asusta, incluso, a dos tipos duros como Aldama y Koldo que se niegan en redondo a hablar del tema. Ábalos ha llegado a decir que antes muerto que hablar de aquella noche.

Benasque y Begoña Gómez

Marta Castro observa las imágenes de Pedro Sánchez y Begoña Gómez esquiando en Benasque estos días y reflexiona: «Benasque es la zona cero de la corrupción de Sánchez. Pero, además, exhibiéndose allí muestran una gran indiferencia hacia la situación de los españoles y, en particular, de los valencianos durante unas fechas como estas, la Navidad». Para Marta Castro, esas vacaciones de la pareja presidencial demuestran una vez más que «Sánchez sólo se interesa por si mismo».

La coordinadora jurídica nacional de Vox cree que veremos a Begoña Gómez sentada en el banquillo más bien hacia 2026. Dice la abogada de Vox que en el caso de Begoña Gómez estamos viendo sólo «la punta del iceberg» y que «queda aún mucha tela que cortar». En breve llegará el informe de la UCO sobre Carlos Barrabés y el día 22 de enero declaran los representantes legales de Telefónica, Google e Indra que le hicieron gratis el software de su cátedra en la Complutense a la mujer de Sánchez.

Sánchez: «Silencio atronador»

Vox tiene la convicción de que Sánchez llamó a los CEOs de estas empresas para beneficiar a su mujer. Marta Castro llama la atención de un hecho que suele pasar inadvertido. Otras empresas, como Endesa, se negaron a colaborar con Begoña Gómez y su cátedra porque veían conflicto de intereses. Castro afirma: «Begoña Gómez convirtió Moncloa en su centro de negocios usando recursos públicos». Vox ha presentado contra Begoña Gómez y la asesora Cristina Álvarez una nueva querella por malversación, tráfico de influencias y prevaricación.

La declaración de Pedro Sánchez ante el juez Peinado en La Moncloa, en la que Marta Castro estuvo presente, es, para ella, uno de los grandes hitos judiciales de 2024. Como las cuatro imputaciones de la esposa del presidente del Gobierno. Dos hechos inauditos en nuestra democracia que, hace un año, ni hubiéramos imaginado. Sánchez se negó a declarar para no incriminar a su mujer. Para Marta Castro, «el silencio de Sánchez ante el juez Peinado fue atronador y elocuente».

David Sánchez, Elvas y Aldama

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, va a comenzar 2025 declarando como imputado ante la juez de Badajoz que instruye su caso. Tiene cinco imputaciones. También lo harán otros implicados como el líder del PSOE en Extremadura y presidente de la Diputación de Badajoz. Dice Marta Castro que el caso de David Sánchez demuestra que «Pedro Sánchez usa su cargo para favorecer a las personas que él quiere y considera merecedoras de su gratitud, de su amistad o de su amor fraternal».

Marta Castro no descarta la conexión de David Sánchez con la trama de Aldama, Ábalos y Koldo. Elvas, en Portugal, para ella, es demasiada causalidad: «Con lo grande que es Portugal y el mundo resulta que el hermano de Sánchez fija su residencia en Elvas donde Aldama y sus socios radicaron muchas de sus empresas para sus operaciones».

En breve habrá un nuevo informe de la UCO sobre el caso. De fondo queda por saber, más allá de si David Sánchez fue enchufado en la Diputación de Badajoz o de sus problemas con el fisco, cómo obtuvo David Sánchez su notable incremento patrimonial durante, precisamente, el covid. El hermano de Sánchez no ha colaborado y los bancos, por ahora, tampoco: «Pido a los bancos máxima colaboración». Marta Castro apunta a la posibilidad de que haya empresas pantalla.

«Vox seguirá»

Vox se siente orgulloso de haber contribuido con su equipo jurídico a dar el salto que se ha dado en 2024 en los tribunales para combatir la corrupción de Sánchez. Por la mesa de Marta Castro han pasado todas las actuaciones judiciales de Vox de los últimos años. 2024 ha sido especialmente intenso no sólo por la corrupción: amnistía, sedición, malversación, redes de inmigración, etc, etc.. y ahora también la riada de Valencia con 223 muertos y tres desaparecidos.

Vox ha presentado una querella contra la actuación del gobierno Sánchez en Valencia. Para Marta Castro, en las distintas fases de la tragedia, no sólo hubo una negligencia manifiesta de Sánchez: «Hubo dolo con fines políticos para cargar la responsabilidad en el gobierno de la Comunidad Valenciana». Para Marta Castro es evidente la responsabilidad criminal de Sánchez.

2025 se presenta intenso. Marta Castro constata que sin la labor de Vox en los tribunales no se hubieran sabido muchas de las cosas conocidas en los casos citados y en otros. Tiene claro que Sánchez y Bolaños quieren cargarse la acción popular que reconoce la Constitución: «Vox les resulta incómodo en los tribunales». El propósito de Vox en 2025 es «seguir adelante» en este camino judicial «en defensa de la igualdad de los ciudadanos ante la ley y contra los privilegios de los políticos». E insiste: «A diferencia del PP y del PSOE, es lo único que nos mueve».

Marta Castro (Vox): «Tememos que vaya a haber un pasteleo PSOE-PP en el ‘caso Ábalos’»
Vicente Gil. okdiario. 31 Diciembre 2024

«Tememos un conchabeo, un pasteleo PSOE-PP en el caso Ábalos, usando los pactos con la Fiscalía, y más si el PP dirige a partir de ahora la acusación popular». Es el temor que expresa Marta Castro, coordinadora jurídica nacional de Vox, en una entrevista a OKDIARIO. En el caso Ábalo, el PSOE también está personado. Es kafkiano que el abogado del PP vaya a llevar la acción penal del PSOE. Marta Castro alude a los pactos habituales entre PP-PSOE, incluido el del Consejo General del Poder Judicial.

No descarta en el caso Koldo un «hoy por ti y mañana por mí» entre socialistas y populares. En el lado de la fiscalía las cosas no son mejores. Marta Castro no duda de las buenas intenciones del fiscal anticorrupción Luis Pastor en su aparente acuerdo con Aldama, pero recuerda que, por encima, tiene a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado: «Podría servir para limitar la investigación y evitar que llegue a Sánchez».

Las acusaciones populares del caso Koldo no están de acuerdo con la decisión del juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional de unificar la dirección de todas en el abogado del PP Alberto Durán. Lo ha decidido el juez en aras de ordenar y agilizar la causa para evitar dilaciones indebidas. Esto significa que Vox, Hazte Oir, Iustitia Europea, Liberum, Veritas y Adade, pero también el PSOE, ejercerán la acción penal a través del abogado del PP.

Alberto Durán

Marta Castro no lo ve claro. Se queja de que, a las primeras de cambio, el abogado del PP le ha restringido la información inmediata y clara que debería ofrecerle: las declaraciones en el Supremo de Ábalos y Koldo este diciembre. «La información que me dio fue sucinta y a destiempo. Me enteré de cosas antes por la prensa».

Alberto Durán es el jefe de la asesoría jurídica del PP. Las partes consultadas del caso Koldo coinciden en su prestigio profesional. «Perro viejo y un gran abogado», dicen. Pero coinciden también con Marta Castro: «No nos fiamos de que lidere la acusación».

Alberto Durán se ha mantenido como jefe de la asesoría jurídica del PP con Mariano Rajoy, Pablo Casado y, ahora, Alberto Núñez Feijóo. Durán llevó el litigio PP-Bárcenas. Persona de la máxima confianza, entonces, de María Dolores de Cospedal, Durán fue señalado como uno de los supuestos responsables de haber destruido a martillazos los discos duros sobre la caja B del partido. Es una de las armas habituales que usa el PSOE contra el PP.

El actual director de la asesoría jurídica del PP fue juzgado y absuelto por «falta de pruebas». Hace poco presentó la querella fallida contra el PSOE por presunta financiación ilegal, que decidió el PP un domingo deprisa y corriendo, en relación a la empresaria de la trama de los hidrocarburos que dijo haber llevado 90.000 euros en metálico a Ferraz, la sede del PSOE. La querella fue rechazada por la Audiencia Nacional. Un fiasco. Afortunadamente, la UCO dio credibilidad a la denuncia y sigue investigando.

¿Pacto PSOE-PP?

Marta Castro afirma: «No tenemos la seguridad de que el PP quiera ir hasta el final en las acusaciones penales». Son las que conllevan cárcel, entre otras posibles penas. «Al final -añade Marta Castro- al PP podrían flaquearle las fuerzas para mantener esas acusaciones penales». Le preguntamos si hay riesgo de un «hoy por ti mañana por mí» entre PSOE y PP…y pelillos a la mar para que Sánchez y Begoña puedan retirarse tranquilos. «Puede ser», contesta. «La acusación del PP no ha mostrado mucho impulso hasta ahora», remata.

Para Marta Castro la unificación de las acusaciones en el abogado del PP «es un obstáculo para que la investigación pueda ir más allá». Vox no se fía del posible acuerdo de Aldama con el fiscal Pastor, gracias al cual ha conseguido estar en libertad. Y ello pese a que ese posible acuerdo suene bien y Aldama esté, aparentemente, colaborando: «Podría servir para limitar la investigación y evitar que llegue a Sánchez. Por ahora sólo está ratificando los informes de la UCO. Está más en mandar mensajes a los interesados que en presentar pruebas». Marta Castro cree que Aldama tiene pruebas y le pide que las saque ya. Tras las declaraciones de este mes de Ábalos y Koldo, Marta Castro cree que «hay mimbres» de un pacto de silencio con Sánchez.

Marta Castro intuye que Aldama, Ábalos, Koldo… se están, más o menos, observando para ver quien termina siendo «el chivo expiatorio de Sánchez». Con Aldama en libertad y el suplicatorio de Ábalos a paso de tortuga, Marta Castro teme la destrucción de pruebas e, incluso, la fuga de alguno.

El comodín de Franco y la corrupción socialista
EDITORIAL. libertad digital. 31 Diciembre 2024

Aunque parezca surrealista que el gobierno tenga planteado celebrar nada menos que un centenar de actos para conmemorar el 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco, no son muchos si tenemos presente que Pedro Sánchez no tiene más propósito con esos actos que tapar su mala gestión y los numerosísimos escándalos de corrupción que afectan a su gobierno y a sus familiares. Y es que, como bien ha apuntado el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, "el Gobierno arranca el año 2025 desesperado y el comodín de Franco se les hace más necesario que nunca".

Buena prueba de ello es que el gobierno no va a esperar siquiera al 20 de noviembre, fecha en la que se cumple 50 años del fallecimiento en la cama del dictador, sino que pretende iniciar los actos ya este próximo 8 de enero. Se da la circunstancia añadida de que el gobierno ha invitado para ese primer acto de propaganda y revisionismo histórico al Rey sabiendo de antemano que no podrá acudir pues tiene compromisos con otros actos oficiales ese mismo día, incluyendo la recepción en el palacio real de cartas credenciales de varios embajadores.

En cualquier caso, y teniendo presente que Franco no murió hasta el 20 de noviembre del 75, que las primeras elecciones democráticas no se celebraron hasta 1977 y que la Constitución entró en vigor en 1978, no sabemos qué pretende celebrar a bombo y platillo el Gobierno el próximo 8 de enero, fecha en la que el dictador 50 años atrás no padecía más que una flebitis. Lo que no sería de extrañar es que el gobierno y, sobre todo, sus socios golpistas y secesionistas, utilicen estos actos para deslegitimar nuestra monarquía parlamentaria. Lo que es seguro es que la utilizarán para tapar el aluvión de noticias que se están produciendo respecto de la corrupción y de la mala gestión del gobierno socialista.

Así, sólo este lunes se ha hecho publico un durísimo comunicado de la Asociación de Fiscales en el que se critica a Pedro Sánchez por hablar de "su" fiscal general y por el "clamoroso silencio" de García Ortiz , fiscal general del Estado imputado por un delito de revelación de secretos.

También hemos sabido que el también imputado exministro socialista José Luís Ábalos ha reconocido reuniones para abordar el rescate de Air Europa antes de que la empresa lo hubiese solicitado con el presidente del Gobierno, la ministra de Hacienda María Jesús Montero y la entonces titular de Economía Nadia Calviño. También se ha sabido que Víctor de Aldama entregó ante el Tribunal Supremo un listado de obras públicas, según él, adjudicadas bajo pago de comisiones a Ábalos y a su entonces asesor Koldo García. La acusación se completaba con la afirmación de que una parte de un montante total de unos 4 millones de euros habría sido destinada a financiación ilegal del PSOE.

Al margen de la corrupción, no menos lacerantes para el gobierno resultan las noticias referidas a su gestión como la de que los impuestos al trabajo se han disparado desde la llegada de Sánchez al poder en más de 90.000 millones de euros; todo un alarde de castigo a la creación de empleo, que explica que España tenga la mayor tasa de paro de toda la UE o que España sea uno de los países, sólo superado por Francia, donde más caro resulta crear empleo. Eso sí, este mismo lunes, hemos sabido que Sánchez sigue aumentando el gasto público y las remuneraciones de los funcionarios se han incrementado un 4,4%.

De acuerdo con los datos proporcionados por el Banco de España, la deuda de las Administraciones Públicas se situó en 1 billón 628 mil millones de euros en octubre de 2024, siendo su tasa de crecimiento interanual del 3,5%.

Así las cosas, y ante la incesante catarata de noticias que desacreditan tanto su gestión como su honradez, el gobierno socialista va a tener que conmemorar la muerte de Franco todos los días hasta que los españoles podamos volver a las urnas.

Una confiscación asfixiante
José María Rotellar. el debate. 31 Diciembre 2024

Tras haber estado suspendidas las reglas fiscales durante cuatro ejercicios y no operar en ese período el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, muchos gobiernos se volvieron más irresponsables, como el del presidente Pedro Sánchez, que gastó a manos llenas lo que tenía y lo que no tenía. Desgraciadamente, mantiene dicho frenesí por el lado del gasto, a lomos de una recaudación extraordinaria derivada de una elevadísima inflación que hubo en 2023 y que ha incrementado todavía más los niveles de precios, aunque con un crecimiento más desacelerado, en 2024, que hace que los ingresos tributarios aumenten, pero eso no es más que coyuntural, mientras que el gasto generado se vuelve permanente.

Es tal la intensidad del gasto que, pese a la recaudación extraordinaria momentánea que logró en 2022 como consecuencia de la inflación, no consiguió reducir más el déficit, sino que permaneció más o menos igual: debería haberlo recortado en 2,3 puntos gracias a los más de 30.000 millones de euros extra de recaudación y solo lo redujo en una décima. Ese mayor gasto, desgraciadamente, se volverá, a buen seguro, estructural, pero el incremento de ingresos no lo será; ya que ni siquiera es pasajero por una buena coyuntura económica, sino por la inflación, uno de los problemas más graves de la economía. En cuanto esos ingresos desaparezcan, quedará el gasto, pero no le ingreso y aumentará la presión sobre el déficit y la deuda, desde un nivel que cada vez es, para España, más insostenible y que, sin duda, lo sería todavía más sin el apoyo del BCE.

Su receta para seguir gastando y cubrir ese desfase es subir impuestos, hasta el punto de volverlos confiscatorios o, al menos, casi confiscatorios donde Sánchez ha realizado 81 subidas de impuestos y cotizaciones, como bien señala el Instituto Juan de Mariana y siempre quiere más, y no digamos sus socios de Gobierno, que, si pudiesen, pondrían un impuesto para cualquier acción: nos venden, incluso, que gravan hechos imponibles con impuestos para respirar mejor —los llamados medioambientales— cuando el verdadero objetivo del Gobierno, si le fuese posible, sería ponernos impuestos hasta por respirar. Ese nivel de impuestos es ya inasumible. Todo tiene un límite y con tanto impuesto solo van a lograr dos cosas: incrementar la lacra de la economía sumergida, que hay que perseguir y erradicar, pero que con tanto impuesto ellos mismos incentivan, con perjuicio para la sociedad; y asfixiar a familias y empresas, hiriendo la actividad económica y, con ello, el empleo, que nos llevará a más gasto por prestaciones y menor recaudación. Es decir, se habrá estrangulado tributariamente a los agentes económicos para que tengan una posición peor, más débil.

Por último, quienes solo piensan en aumentar el gasto y los impuestos, apuestan también, como recurso, por la opción del endeudamiento. Piensan que siempre van a poder colocar todo el papel que emitan y que serán financiados hasta el infinito. No es deuda perpetua técnicamente hablando, por lo general, pero la refinanciación de la misma, que no se amortiza, sino que, además, se incrementa con nueva deuda fruto del déficit, que va convirtiéndose en crónico, hace que sea casi perpetua, una especie de deuda pseudoperpetua, pues, a los efectos, nunca se va a devolver ese importe; simplemente, se sustituirán unos papeles por otros, pero la deuda seguirá ahí.

Esto es insostenible y la sostenibilidad de las cuentas públicas es preocupante, aunque no se vea al camuflarse con los efectos recaudatorios de la inflación, pero estructuralmente está ahí. No se puede generar más gasto, y menos estructural, porque la economía —sobre todo, la española— no soporta mucho más endeudamiento, pese al paraguas de la eurozona y del BCE, que, obviamente, no van a dejar que un país colapsase, pero que si uno de ellos se endeudase tanto que pudiese suponer un riesgo para la estabilidad del euro, no dudarían en intervenirla e imponerle recortes muy duros, los cuales se pueden evitar si quienes gobiernan son responsables y sensatos.

Un necesario programa de ajustes

Toda la economía internacional, y dentro de ella, la UE, sin duda, y España de manera urgente, debe iniciar, a todos los niveles, un exhaustivo programa de ajustes y reformas profundas, dirigido por el diseño de una austeridad inteligente, que permita equilibrar las cuentas, crecer con fuerza, recuperar el empleo y salvar gastos esenciales, como las pensiones, pero que si, por no hacer las cosas bien y seguir aumentando el gasto, déficit y deuda, llegamos a una situación insostenible, entonces los ajustes serán más abruptos, por haber dejado que la economía se dañe más, y sus consecuencias serán mucho más duras. Lo preocupante es que parece que en Alemania se están planteando subir los topes de deuda para tratar de crecer con endeudamiento. Eso sí que sería un grave error fatal para toda la UE.

No podemos gastarnos lo que no tenemos, porque, al hacerlo, estaremos comprometiendo nuestra prosperidad, nuestro futuro, nuestra fortaleza como economía. El nivel de confiscatoriedad en los impuestos es ya insoportable, pero aunque lo incrementasen más, apenas aumentaría la recaudación; más bien lo contrario: en el medio plazo caería con fuerza y dejaría al descubierto todo el gasto que no puede ser financiado, pudiendo generar un colapso importante de impagos. La responsabilidad debería imperar en los políticos. Por su parte, la sociedad debería entender definitivamente que nada es gratis, que cada vez que un político anuncia un gasto, está anunciado, simultáneamente, mayor deuda y mayores impuestos, y que no podemos seguir viviendo por encima de nuestras posibilidades, o pasaremos, si no se corrige, a vivir mucho peor.

Solo el gasto necesario, nada estructural adicional, eliminar trabas, no subir los impuestos de manera neta y llevar a cabo un control riguroso para que no se gaste ni un céntimo más de lo que se necesite. Eso es lo que hay que hacer si queremos mantener la economía a flote en el medio y largo plazo. Frente al gasto infinito, los impuestos confiscatorios, el déficit recurrente, la deuda exponencial y pseudoperpetua y el crecimiento insano y temporal y el paro elevado, la opción eficiente es el rigor presupuestario, que permitirá generar el marco económico adecuado para que la economía tenga un crecimiento sólido y duradero en el tiempo.

José María Rotellar es profesor de Economía. Director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria

2024, el año de la tarta menguante
Ignacio Gomá. Vozpópuli. 31 Diciembre 2024

Haciendo un balance político del año 2024, la sensación que queda es la del esfuerzo inútil, la pérdida de energía en luchas internas que en nada contribuyen al progreso de la nación. Desde esta perspectiva, los acontecimientos más característicos de este año serían los siguientes:

Primero, un Gobierno hipotecado (lo malo es que la deuda es suya pero la carga es nuestra: es hipoteca por deuda ajena) tiene que conseguir el apoyo de aquellos a quienes no interesa España y, para ello, aprueba una ley de amnistía y acepta una financiación especial para Cataluña (el cupo catalán) que antes había negado y tampoco llevó a su programa electoral. Y, por cierto, sin que a cambio haya logrado siquiera aprobar los presupuestos.

Segundo, el entorno del presidente del Gobierno –su familia y Ábalos- se ve afectado por escándalos de corrupción o conflictos de interés, de distinto nivel, que afectan a la credibilidad del Ejecutivo y que desencadenan, como autodefensa, una reacción de deslegitimación del poder judicial y de la prensa (el “fango de los medios digitales”) acompañada de una sistemática desvirtuación de la verdad y precedida de una sobreactuación dramática de cinco días.

Tercero, se acentúa la colonización de las instituciones que deberían ser independientes, mediante el nombramiento de personas afines al PSOE en lo que parece ser una peligrosa deriva iliberal –o como quieran llamarlo en función de su nivel de indignación- de la política española: el Banco de España (José Luis Escrivá, exministro de Seguridad Social) y Radio Televisión Española (Concepción Cascajosa, militante socialista), que se añaden a las colonizadas años anteriores, como el Tribunal Constitucional (que ha revocado la sentencia de los ERES), Renfe, la Agencia Efe o Correos. Y, por supuesto, la Fiscalía General del Estado, cuyo titular se encuentra presuntamente involucrado en una filtración de información de la fiscalía, realizada por intereses políticos. Cabría señalar como excepción –relativa- que la paralización del CGPJ ha tenido una salida de consenso, cuyos efectos a largo plazo están aún por determinar.

Cuarto, la Dana, como fenómeno revelador de que el sistema político no funciona al nivel de los impuestos que exige, al estar condicionado por prioridades estructurales (el sistema autonómico), partidistas (tacticismos para conseguir o mantener el poder) y estratégicas (la planificación es como mucho a cuatro años, el periodo entre elecciones)

Este último acontecimiento da pie a lo principal que quiero decir: tristemente, lo destacable mediáticamente son las luchas de poder, la corrupción o las decisiones políticas, pero lo realmente decisivo para el ciudadano es otra cosa. La política nos sirve para que podamos disponer de una vivienda, pero no servirá si la legislación que se promueve reduce la oferta por la vía de dificultar los desahucios y limitar los beneficios al propietario; tenemos un problema de pensiones, pero no somos capaces de afrontar qué relación pueda tener esto con la emigración; nos damos cuenta de que el mundo se ha globalizado y de que hay innovaciones que van a cambiar el mundo, pero no somos capaces de poner esta cuestión con el número uno de nuestras prioridades; tenemos una tasa de fecundidad del 1,2, que puede significar la autodestrucción de nuestra identidad como nación en poco tiempo, pero ponemos el foco en el fenómeno trans (minoritario), en cuestiones identitarias (en buena parte ya asumidas) o en el consentimiento sexual de la ley SI es SI (siempre exigible, pero que por contra ha producido un gran número de excarcelaciones no deseadas); y no se nos ocurre que a lo mejor sería muy conveniente disponer de guarderías baratas e importantes subvenciones a la natalidad. Da la impresión de que a nuestras élites les pasa como a las bizantinas –aunque a un nivel más rastrero o interesado- que, mientras las tropas de Mehmed II se encontraban a las puertas de Constantinopla en 1453, se enfrascaban en disputas teológicas sobre cuestiones menores del cristianismo, como el Filioque (la procedencia del Espíritu Santo).

El pasado 12 de diciembre, el profesor Jesús Fernández-Villaverde ponía todo esto sobre la mesa en una conferencia pronunciada en la Fundación Rafael del Pino y titulada "España (y Europa) en apuros", en la que destacaba, con bastante pesimismo, los principales desafíos que enfrentan España y Europa: el colapso demográfico, antes mencionado, que no se resuelve con la inmigración y que podría reducir la población en un 40% por generación, incrementando los gastos en pensiones y sanidad, mientras limita los recursos para otras áreas esenciales; el estancamiento económico, pues España -y Europa- no han logrado una convergencia efectiva, perdiendo terreno frente a Estados Unidos en términos de renta per cápita, por la adopción de políticas gravemente erróneas; nuestra endeble posición geoestratégica, resultado de décadas de escasa inversión en seguridad y de dependencia de Estados Unidos, cuyas prioridades ahora son otras; problemas que se van a agravar por la revolución de la inteligencia artificial (IA), un cambio tecnológico decisivo que marcará enormes diferencias entre los países y que ya se nota: mientras Estados Unidos dispone de 112 grandes modelos de IA (los que pueden realizar 10 elevado a 23 operaciones de coma flotante), China tiene 80, Reino Unido 18, Alemania 4, y España … 0. Eso sí, no nos privamos de crear complejas regulaciones sobre estas innovaciones (de las que nosotros no disponemos), porque las élites políticas son incapaces de entender lo que está ocurriendo en la realidad. Y en opinión de Fernández Villaverde, lo más probable, con el 67% de posibilidades (que le habrá calculado la IA), es que sea demasiado tarde y que acabemos convirtiéndonos en un parque de atracciones para turistas norteamericanos y chinos. Solo podríamos evitarlo -con un 33% de posibilidades- si fuéramos capaces de incentivar el mérito, promover el dinamismo tecnológico, facilitar la eliminación de trabas administrativas y no impedir la acumulación de capital que permita acometer grandes empresas.

Con mentalidad de suma cero (lo que yo gano es lo que tú pierdes) hemos desperdiciado el tiempo en discusiones sobre quién se queda la parte más grande de la tarta pero no hemos pensamos cómo hacer crecer la tarta con las nuevas oportunidades que se nos presentan. Y si se pierden las oportunidades ocurrirá algo peor: la tarta menguará.

Sus líderes sufren campañas políticas y mediáticas

El año de los patriotas europeos
Patriotas por Europa, tras la victoria de Trump: «El sentido común prevalece. Es el paso más importante para recuperar los valores occidentales»
Pedro Fernández Barbadillo. gaceta. 31 Diciembre 2024

Cada vez más europeos rechazan la partitocracia formada por populares, socialistas, liberales y verdes, que convienen en empobrecerles, destruir la industria, encubrir la corrupción y meter docenas de miles de inmigrantes en el continente.

En las elecciones al Parlamento Europeo de junio se manifestó ese enfado con el crecimiento de los partidos soberanistas, que luego, en la organización de la Cámara, dieron lugar a dos grupos. Éstos reúnen 162 diputados de 720, es decir, un 22%.

Uno de ellos, existente en anteriores legislaturas, es el ECR, encabezado por Hermanos de Italia, el partido de la primera ministra Giorgia Meloni, y Ley y Justicia de Polonia. Y otro nuevo, Patriotas por Europa, en el que los partidos mayores son el RN francés, el Fidesz húngaro, VOX, que ha crecido de cuatro escaños a seis, y la Liga italiana.

El miedo que provocan estos partidos es tal que la coalición habitual, acostumbrada a repartirse los puestos y a aprobar en concordia medidas como la directiva de restauración de la naturaleza y la prohibición de los automóviles de combustión, excluyó a Patriotas, el tercer grupo de la Cámara, de las mesas de las comisiones.

A pesar de la hostilidad que sufren en las instituciones comunitarias y en sus propias naciones, en los meses siguientes estos partidos han seguido creciendo y, en algunos casos, obteniendo victorias. 2024

Macron provoca más caos

Por tercera vez, la lista del francés Reagrupamiento Nacional ganó las elecciones al Parlamento Europeo. La gran diferencia es que en esta ocasión Jordan Bardella, que se presentaba por segunda vez, superó un 30% del voto y ha doblado la distancia que le separa de la candidatura del partido del presidente Macron. Además, el RN quedó primero en unos 32.000 municipios de los 38.000 que tiene el país.

La reacción de Macron en cuanto se conocieron los resultados fue disolver la Asamblea, sin importarle que en unas semanas se inauguraran los Juegos Olímpicos en los que tanto interés él había puesto. En la legislatura, a la que le quedaban tres años para concluir, la mayoría presidencial solía recurrir a los diputados centristas para aprobar sus medidas.

El sistema electoral francés es de doble vuelta para las presidenciales y las legislativas. En la primera ronda, celebrada el 30 de junio, los candidatos del RN en conjunto obtuvieron 9,3 millones de papeletas. Sin embargo, en la segunda vuelta los liberales de Macron, los centristas de Los Republicanos y las izquierdas agrupadas en el Nuevo Frente Popular, pactaron contra los candidatos del RN y así el 7 de julio surgió un Parlamento partido en tres minorías. El RN, el partido más popular en Francia, es, en cambio, el tercero, con 142 diputados de 577. Las izquierdas cuentan con el mayor grupo parlamentario, formado por 180. Y la mayoría presidencial se ha reducido en un tercio y tiene 159.

El centro, representado por Los Republicanos (socios del PP español), se ha partido. Mientras algunos diputados y dirigentes pactan con Marine Le Pen, otros han preferido unirse a las maquinaciones contra el RN, con lo que se encaminan hacia su desaparición. El grupo parlamentario de éstos se ha reducido a 39.

La inestabilidad creada por Macron ha hecho que el primer ministro que nombró en septiembre, Michel Barnier, haya caído por una moción de censura presentada por el Nuevo Frente Popular y apoyada por el RN. Sin embargo, no habrá elecciones presidenciales hasta 2027 y las legislativas sólo se podrán repetir en la segunda mitad de 2025. La V República trata de sobrevivir con tretas tan sucias como un proceso contra Marine Le Pen, en el que la fiscalía pide como medida cautelar su inhabilitación para cargo público.

AfD rebasa a los socialistas

En las elecciones al Parlamento Europeo en Alemania, AfD subió al segundo puesto, por delante de los socialdemócratas. Respecto a las anteriores elecciones de hace cinco años, este partido aumentó en más de un 50% su voto, al pasar de 4,1 a 6,3 millones. Además, quedó primero en las circunscripciones de la antigua Alemania Oriental, salvo Berlín.

Después de que el canciller socialdemócrata Olaf Scholz perdiera una moción de confianza en el Bundestag, el presidente del país ha convocado elecciones legislativas para el 23 de febrero de 2025. La disolución del Parlamento es una buena noticia para AfD, porque así decae el proyecto de ley para ilegalizarlo que promovían varios diputados. Las encuestas indican que el ganador será la CDU-CSU, con un 30% del voto, y AfD será segunda con alrededor de un 20%, por delante del SPD, que oscila entre un 15% y un 16%.

Si se repitiese la alianza entre los populares y los socialistas, la más repetida desde 2005, AfD se convertiría en el principal partido de la oposición.

En septiembre, se celebraron elecciones estatales en tres estados de la zona oriental del país. Por primera vez, AfD ganó en un land, el de Turingia. Las izquierdas se unieron para votar a un candidato de la CDU para presidente. En Sajonia y Brandeburgo, AfD aumentó su porcentaje de voto y quedó segunda. En estas regiones los partidos liberal, ecologista y de extrema izquierda (Die Linke) están desapareciendo. ¿Anticipo de lo que puede ocurrir en el resto del país?

El FPÖ austriaco mejora en la oposición

El FPÖ se ha recuperado de la crisis provocada por un caso de corrupción, el Ibizagate, que en 2019 le expulsó del Gobierno federal, en coalición con el Partido del Pueblo (ÖVP). En las elecciones anticipadas de ese año, cayó de un 26% a un 16% y perdió 20 escaños en el Nationalrat. 2024 ha sido una sucesión de éxitos para el Partido de la Libertad (FPÖ). En las europeas, su lista fue la más votada, lo que no había ocurrido nunca. Superó a la del ÖVP por menos de 30.000 papeletas.

Con estos buenos augurios, en septiembre se celebraron elecciones al Nationalrat, y el FPÖ también ascendió al primer puesto, con casi un 29% del voto. El PP austriaco perdió más de un tercio de su electorado de hace cinco años y los socialistas (SPÖ), sumidos en una decadencia imparable, bajaron al tercer puesto. En seguida se activó el cordón partitocrático en torno al FPÖ y su candidato, Herbert Kickl, opuesto a la vacunación obligatoria, a la ‘emergencia climática’ y a la inmigración.

En octubre, el FPÖ pasó de tercer partido a segundo en las elecciones del pequeño estado de Vorarlberg; y en noviembre en las de Estiria ascendió de tercero a primero, al doblar su porcentaje de voto. En diciembre, gracias a un pacto con el ÖVP, Mario Kunasek, fue elegido gobernador, el primero que tiene el Partido de la Libertad en el país.

La lentitud con que prosiguen las conversaciones entre los populares, los socialistas y los liberales está beneficiando al FPÖ. Según una encuesta de la empresa IFFD publicada el 18 de diciembre, el FPÖ subiría hasta un 37%, mientras el SPÖ bajaría un punto y el ÖVP perdería cinco. En estas circunstancias, antes de resignarse a más fugas de votantes, los populares podrían aceptar ser el socio menor de una coalición con los identitarios.

El TC rumano anula las elecciones

Las izquierdas españolas e iberoamericanas claman contra los procesos judiciales y condenas de sus líderes por corrupción o intentos de golpe de Estado gritando una y otra vez lawfare, palabra con la que quieren denunciar una confabulación de jueces al servicio de sus enemigos. Se suele acompañar de expresiones como «bulos» y «desinformación», de los que los Gobiernos deben salvarnos mediante la censura y las subvenciones a la prensa seria.

Sin embargo, el primer político europeo que sufre ese lawfare no ha sido uno perteneciente al bando socialista, sino un outsider. En diciembre, el Tribunal Constitucional rumano dio un golpe de Estado. Para detener la victoria de Călin Georgescu en las elecciones presidenciales, el Tribunal Constitucional, formado por jueces nombrados por los partidos socialista y liberal, que gobiernan juntos el país, anuló la primera vuelta y ordenó la suspensión de la segunda, programada para el 8 de diciembre.

La excusa fueron las sospechas de que el Gobierno ruso estuviera detrás de la campaña en redes sociales de Georgescu, aunque sin aportar ninguna prueba. El Tribunal actuó de oficio, sin que se lo solicitara ninguna institución rumana, sólo unas cuantas ONG, que no tienen legitimación, según la Constitución nacional.

Contra Georgescu se arrojó una campaña de acusaciones: conspiranoico, extrema derecha, títere de Putin, homófobo… Hasta el Gobierno de Biden intervino en ella, ya que en Rumanía, miembro de la OTAN, se está construyendo una enorme base en la ciudad de Constanza, cercana a la Ucrania invadida por Rusia.

Los rumanos no conocen aún esos indicios que persuadieron a los jueces a anular la primera vuelta y suspender la segunda, cuando muchos ciudadanos residentes en el extranjero ya estaban votando. También se desconoce la fecha de las nuevas elecciones. ¿Va a ser éste el modelo de los lawfares para corregir a los ciudadanos cuando «votan mal»?

Para 2025

El año se abrirá con las elecciones al Bundestag alemán y quizás sigan otras nuevas en Rumanía (presidenciales), Austria (legislativas) y Francia (legislativas), una vez transcurridos los doce meses desde las anteriores.

Junto a la subida de las fuerzas patrióticas, también hemos constatado los planes de los ‘Estados profundos’ europeos para impedirles el acceso al poder, sea por las malas o por los tribunales. Al menos, se han quitado la careta delante de nosotros.

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Las chapuzas con la dana no pueden quedar impunes
Editorial. el debate. 31 Diciembre 2024

El Parlamento y la Justicia tienen obligación de depurar la cadena de despropósitos y omisiones cometidas en esta catástrofe

Acaban de cumplirse dos meses de la catástrofe producida por la dana y, de manera incomprensible, se mantiene el estado cercano al abandono de las zonas afectadas y de las víctimas que allí viven. Los anuncios solemnes son más visibles que las ayudas reales, lo que sumado a una insuficiente atención sobre el terrero explica la injustificable situación.

Antes de la tragedia fallaron sin duda los sistemas de alerta y prevención y, después, la atención urgente de los damnificados, muchos de los cuales siguen expulsados de sus casas y sobreviviendo como pueden entre el fango, con imágenes impropias de un país donde proliferan las administraciones, los departamentos, las delegaciones y los organismos de toda laya pero no, al parecer, la eficacia, la rapidez y la organización.

Toda esa maraña institucional no ha servido para adelantarse a los hechos ni, tampoco, para atenderlos con diligencia, sino todo lo contrario: para un obsceno cruce de acusaciones que al final provoca que nadie atienda las responsabilidades propias, las coordine con las de los demás y ello redunde en una mejora de las prestaciones.

Que a estas alturas ni siquiera esté clara la formidable responsabilidad del Gobierno de España y todo se limite a cargar las tintas en el de la Generalitat Valenciana, cuyas culpas son evidentes, pero no las máximas ni las primeras, corona el despropósito cometido y obliga a revisar, desde una comisión parlamentaria de investigación o incluso desde un juzgado, la cadena de despropósitos cometidos y saldados con 223 muertes, decenas de municipios afectados y miles de personas con sus vidas cotidianas suspendidas.

El Debate ya demostró, con un profundo estudio jurídico sobre la cadena de mando descrita en la legislación y de obligada aplicación, la negligencia de Pedro Sánchez y de su equipo, mucho más activos en alertar sobre las consecuencias apocalípticas del cambio climático que en atender un episodio real de ese fenómeno.

Pretender que a una catástrofe nacional le corresponde una respuesta autonómica no solo es una necedad: también es una omisión de las obligaciones indelegables que, en un escenario así de duro, tiene por definición el Ejecutivo, sin menoscabo del papel de las autoridades comunitarias.

Sánchez debió aprobar un decreto para declarar la «situación de interés nacional», la mejor y más rauda respuesta ante una amenaza de esas dimensiones, pues ordena y coordina todos los recursos y permite una reacción preventiva y otra de socorro con la participación de todos los estamentos.

Y la Generalitat debió exigírselo, en lugar de dedicarse a intentar justificar los errores propios para proteger a Carlos Mazón, que aún hoy en día no ha sido capaz de explicarle a los valencianos que fueron abandonados a su suerte por Sánchez, primer y máximo responsable de la gestión de un drama tan feroz, e incluso llegó a agradecerle sus atenciones en las primeras horas de la tragedia.

Algo así no puede acabar con el presidente del Gobierno utilizando este drama para sus batallas políticas contra el PP, ni con una de las responsables más nítidas, Teresa Ribera, ascendida nada menos que a una vicepresidencia de la Comisión Europea.

Y probablemente tampoco sea razonable que Mazón no rinda cuentas de algún modo, aunque ahora acierte al concentrarse en las tareas de recuperación de una provincia devastada por el agua.

Lo decente sería auditar lo que hicieron y dejaron de hacer todos y cada uno de los actores presentes en este episodio, cuyos estragos humanos eran evitables, ya de entrada: hubiese sido suficiente con desalojar algunos municipios, cortar el tráfico por las carreteras y detener incluso la actividad laboral y escolar; algo perfectamente posible con la información científica que se tenía antes de que la dana golpeara con tanta dureza.

En lugar de eso, vimos una insólita dejación de funciones en cascada, rematada por una respuesta humanitaria deplorable, por lenta y escasa. El Rey se ha tomado como algo muy personal poner el foco en Valencia, para que nadie se olvide. Ahora hace falta que el Parlamento y los tribunales hagan lo propio. Porque esto, sin duda, no puede quedar así.

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