Recortes
de Prensa Miércoles
15 Enero
2025
Ucrania sufre daños
en infraestructuras esenciales tras un enorme ataque con misiles de
crucero rusos
Ucrania, amanece con una alerta aérea
en todo el país, realiza cortes de energía preventivos tras un
ataque ruso en la región de Leópolis, sin víctimas
isabel
Velloso. el mundo. 15 Enero
2025
Rusia ha lanzado un enorme ataque aéreo contra Ucrania, lo que ha llevado al país a realizar cortes de energía preventivos. "Durante el ataque matutino, se registraron misiles de crucero enemigos en la región de Leópolis (Lviv)", dijo el alcalde de la ciudad, Andrii Sadovyi.
La compañía estatal de energía Ukrenergo informó sobre cortes de electricidad de emergencia en las regiones de Járkiv, Sumy, Poltava, Zaporiyia, Dnipropetrovsk y Kirovohrad.
El país ha amanecido con una alerta aérea nacional ante la amenaza de misiles de crucero rusos en varias partes del país al día siguiente de un importante ataque de las fuerzas de Kiev en varias regiones rusas.
Ucrania afirmó este martes haber llevado a cabo el ataque "más masivo" de la guerra contra instalaciones militares e industriales en varias regiones de Rusia utilizando seis misiles estadounidenses ATACMS y seis misiles británicos Storm Shadow, según el Ministerio de Defensa ruso.
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se encuentra en una visita histórica a Polonia.
09.12
"Por suerte no ha habido víctimas, pero sí daños" en el ataque en la región de Leópolis (Lviv)
Dos infraestructuras críticas de la región de Leópolis, en Ucrania occidental, fueron alcanzadas esta madrugada por misiles de crucero rusos, según ha informado el gobernador de la región, Maskim Kozitski, informa Efe.
"Por suerte no ha habido víctimas, pero sí daños", dijo Kozitski, sin dar más detalles sobre el tipo de infraestructuras golpeadas. El gobernador de Leópolis agregó que no se han producido cortes de electricidad como consecuencia del ataque.
Ucrania declaró a primera hora del miércoles una alerta aérea en todo su territorio debido al lanzamiento por parte de Rusia de múltiples misiles hacia la parte occidental del país.
09.10
El alcalde de Leópolis (Lviv) informa en X de los cierres de emergencia en 6 regiones
08.47
Cortes de energía preventivos en Ucrania tras un enorme ataque con misiles rusos
Rusia lanzó el miércoles un enorme ataque aéreo contra Ucrania, lo que obligó al país a realizar cortes de energía preventivos, dijo el ministro ucraniano de Energía, informa Ap.
"El enemigo continúa aterrorizando a los ucranianos", escribió Herman Halushchenko en Facebook, instando a los residentes a permanecer en refugios durante la amenaza continua y seguir las actualizaciones oficiales.
La compañía estatal de energía Ukrenergo informó sobre cortes de electricidad de emergencia en las regiones de Járkiv, Sumy, Poltava, Zaporiyia, Dnipropetrovsk y Kirovohrad.
Las fuerzas rusas lanzaron ataques con misiles dirigidos a la infraestructura energética en la región occidental de Leópolis (Lviv) la madrugada el miércoles, dijo el alcalde de la ciudad, Andrii Sadovyi.
"Durante el ataque matutino, se registraron misiles de crucero enemigos en la región", afirmó.
No se reportaron víctimas ni daños.
La Fuerza Aérea ucraniana detectó varios grupos de misiles lanzados por Rusia durante una alerta antiaérea en todo el país, aunque los reportes iniciales no mencionaban daños.
08.12
El alcalde de Leópolis afirma que el ataque ruso tuvo como objetivo las infraestructuras energéticas
Rusia tuvo como objetivo las infraestructuras energéticas de la región occidental de Leópolis (Lviv) y de otros lugares de Ucrania durante su último ataque aéreo, según afirmó este miércoles el alcalde de la capital regional.
"El enemigo atacó las infraestructuras energéticas de nuestra región y de Ucrania", escribió Andriy Sadovyi en las redes sociales. "Se han introducido cierres de emergencia en 6 regiones, pero Lviv aún no está en esta lista", informa Reuters.
07.50
Visita histórica de Zelenski a Polonia
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, visita Varsovia este miércoles, según anunció la oficina del primer ministro polaco, tras lo que Polonia ha calificado de avance en la histórica disputa sobre las exhumaciones en tiempos de guerra que ha mantenido enfrentados a los aliados, informa Reuters.
Aunque Polonia ha sido uno de los más firmes defensores de Ucrania desde que Rusia la invadió en 2022, los lazos entre los vecinos se han tensado durante generaciones por las matanzas de Volinia, que tuvieron lugar entre 1943 y 1945.
Polonia afirma que más de 100.000 polacos murieron en las masacres perpetradas por nacionalistas ucranianos. Polonia lleva mucho tiempo exigiendo el libre acceso de sus especialistas a los lugares donde se cree que están enterrados los restos de los asesinados, para poder exhumarlos y darles un funeral digno.
El viceprimer ministro, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, declaró en octubre que Ucrania tendría que resolver la cuestión para poder ingresar en la Unión Europea.
07.46
Ataque aéreo en Leópolis
El alcalde de la región de Leópolis (Lviv), en Ucrania, asegura que Rusia ha atacado infraestructuras energéticas, en un ataque aéreo, según una última hora de Reuters.
07.43
Ucrania afirmó haber llevado a cabo el ataque "más masivo" de la guerra contra instalaciones militares e industriales en varias regiones de Rusia el lunes por la noche, informa Afp.
Según el Ministerio de Defensa ruso, el ataque se llevó a cabo utilizando seis misiles estadounidenses ATACMS y seis misiles británicos Storm Shadow.
Rusia ha prometido una respuesta sistemática a cualquier ataque occidental con misiles contra su territorio, y ha amenazado con atacar el centro de Kiev o utilizar su nuevo misil hipersónico experimental Orechnik.
07.30
Alerta aérea nacional en Ucrania, amenazada por misiles
Las autoridades ucranianas decretaron este miércoles por la mañana una alerta aérea nacional por misiles de crucero que amenazan varias partes del país, al día siguiente de un importante ataque de las fuerzas de Kiev en varias regiones rusas, informa Afp.
En su cuenta de Telegram, la fuerza aérea mencionó que misiles que se dirigían hacia Kryvyï Rig, lugar de nacimiento del presidente Volodimir Zelenski, en el centro de Ucrania, así como hacia las regiones de Cherniguiv (norte), Poltava (centro) y Mylovaïv (sur).
También se detectó "un grupo de misiles de crucero" que se dirigían hacia Kiev, añadió la misma fuente.
Casi tres años después del asalto ruso, Kiev y Moscú han intensificado sus ataques en los últimos meses y quieren mejorar sus posiciones antes de que Donald Trump regrese a la Casa Blanca el próximo lunes.
50 años
de libertad… ¡Y ni uno más!
Ignacio Centenera.
okdiario. 15 Enero
2025
En el ámbito de la filosofía política moderna y contemporánea Venezuela ya no es un Estado. Por supuesto que no lo es para el pensamiento liberal y democrático que consagró el imperio de la ley y que, sobre el axioma de la igualdad reconoció los derechos del hombre, en especial el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Pero es que ni siquiera lo es en la concepción del estado de Thomas Hobbes que escogía la monarquía absoluta como la mejor forma de gobierno, ya que se exigía al soberano la defensa de los súbditos frente a las amenazas externas e internas, el mantenimiento del orden y la consecución o, al menos, la aspiración del bien común.
El chavismo, que mal que bien llegó al poder por un cauce democrático, ha derivado en un régimen de opresión y terror que no solo ha acabado con los derechos y libertades de los venezolanos (hasta el punto de que ya ha obligado a migrar, o a huir, al veinticinco por ciento de la población y ha empobrecido hasta la miseria al resto) sino que incluso ha acabado con las estructuras que permitirían al Estado ser viable sin la carroñera asistencia de las grandes autocracias del mundo.
La terrible tragedia que acarrea para todo el pueblo venezolano no nos deja carcajearnos de la ominosa comicidad que muestra el régimen bolivariano en cada actuación, y en especial en la pantomima del pasado viernes. Y es que todo, hasta sus propios nombres, es ya farsa, desde el histrionismo infantil de un dictador que se llama Maduro a la indecente calva del siniestro Diosdado Cabello.
Pero más vale que aquí nos quitemos las gríngolas, que es como llaman en Venezuela a las anteojeras. Más vale que dejemos de mirar a ese país y a su dramática deriva con prepotente condescendencia y con distante superioridad.
Quiso la casualidad (o tal vez no fue casualidad) que el mismo día en que Nicolás Maduro consumaba el golpe de Estado y se proclamaba presidente de la República hasta 2031 (o hasta que le dé la gana), el obediente Patxi López presentaba, en nombre del PSOE, una proposición de ley, para hacer frente «al acoso derivado de acciones judiciales abusivas» que es toda una declaración de intenciones. El inaceptable contenido de esta norma y los efectos que se pretenden no escapan a nadie que sepa sumar cifras de un dígito. Pero fijémonos en otros aspectos de una actuación tan desafiante; hagamos zoom, por un lado, en las convicciones políticas y éticas, y, por otro, en el desvarío psicológico que permite llegar a presentar una iniciativa así.
Perceptiblemente desde 2018, pero de forma más clara desde 2019 y de manera evidente desde 2023, Pedro Sánchez ha mostrado que es y que será capaz de hacer lo que sea necesario para mantenerse en el poder. Lo que ha venido necesitando hasta ahora ya es todo un muestrario: incumplimientos flagrantes, prácticas fraudulentas, mentiras descaradas, alianzas traicioneras, deslealtad institucional, corrupción personal y gubernamental… Pero, sobre todo, y esto es lo que hace al personaje comparable con cualquier otro autócrata, es la ausencia de convicciones democráticas firmes y una distorsión psicológica que le hace autopercibirse superior y asignarse derechos y prerrogativas, para él y para quien él decida.
Evidentemente, y aunque lo que ya ha hecho es gravísimo, en una prelación de atentados y transgresiones antidemocráticas nuestro presidente no está a la altura de Maduro o de los campeones internacionales… ¡Todavía!
Y también en las formas va progresando mucho. La puesta en escena y el discursito de la semana pasada en el Reina Sofía lo hubiera firmado el propio Castro. Claro, que a Batista sí que lo derrocó Fidel, mientras que con la dictadura de Franco acabaron los que estaban designados para perpetuarla. Si se derriba la estatua de un dictador cuando éste está vivo, se lucha contra su dictadura; Sánchez, al derribar la estatua de un dictador muerto hace tantos años, lucha contra la historia y por levantar su propia estatua contra la actual democracia.
Y con la inscripción al pie: «50 años de España en libertad… ¡y ni uno más!»
Comisionada
para los actos por la muerte de Franco y, sobre todo, comisionista
del sanchismo
OKDIARIO. 15
Enero
2025
Si uno se adentra en la trayectoria personal de la comisionada designada por Pedro Sánchez para los actos conmemorativos de los 50 años de la muerte de Francisco Franco llegará muy pronto a la conclusión de que Carmina Gustrán, la doctora en Historia elegida por el Gobierno, es una activista muy, pero que muy comprometida con la izquierda, y muy, pero que muy comprometida contra la derecha. Su aplicación de la historia se centra en una frase de su cosecha, inspirada en Orwell, que lo dice todo: «Quien controla el presente controla el pasado». Que es tanto como animar a Pedro Sánchez a utilizar todos los recursos presentes a su alcance -que son muchos- para manipular la historia.
El concepto de control del pasado, viniendo de una historiadora como ella, es -como poco- inquietante. Lo que viene a sugerir Gustrán es que la historia es manipulable. O sea, que desde el presente se puede distorsionar a conveniencia utilizando todos los recursos y medios que otorga el poder.
Franco, por ejemplo, puede ser utilizado al servicio de los intereses de Pedro Sánchez, que es lo que está haciendo este Gobierno. La tal Carmina Gustrán, la comisionada del Gobierno para coordinar los fastos por el 50 aniversario de la muerte de Franco, participó en encierros de la marea verde contra el Gobierno de Mariano Rajoy y compartió su activismo de izquierdas en las redes sociales.
El ser historiadora, lo corrobora Carmina Gustrán, no garantiza la objetividad. El caso de la comisionada de Sánchez es un ejemplo: la ideología, cuando no se somete al rigor y la mesura, se convierte en un arma de desinformación capaz de tergiversar el pasado. Carmina Gustrán será historiadora, pero su historia se resume en que es, sobre todo, una activista de izquierdas que cobra un sueldo del Gobierno de Pedro Sánchez. No es un dato menor: es la prueba de que está para lo que está. Para desde el presente manipular el pasado.
Sin
democracia ni acción popular
Irene González.
Vozpópuli. 15 Enero
2025
Empiezan a resultar insoportables las reacciones tan acaloradas como estériles sobre “la deriva de la democracia en España” por parte de los que han permitido la situación actual y los que respaldan las cadenas que nos mantienen como una democracia ficticia y un Estado fallido antinacional. En España no hay una democracia, no la había antes, pero desde luego no la hay después de la amnistía a los golpistas que estuvieron a punto de llevarnos a un conflicto civil. Tras estas leyes de amnistía ya olvidadas, ya normalizadas, nadie consciente con mínimas nociones jurídicas y políticas puede decir que en España hay democracia. (Y a Europa no le importa, le conviene).
En aquel momento ya se crearon espacios de impunidad que ahora son replicados por la “Ley Begoña”, que pretende acabar con la acción popular en las causas judiciales en beneficio en esta ocasión de otro de los integrantes de esta cleptocracia, el Presidente del Gobierno Pedro Sánchez y su mujer.
La supresión de la acción popular en causas judiciales es una clara vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, especialmente en sistemas donde la Fiscalía está controlada por el Ejecutivo. En caso de que no actuase ésta, el pueblo tenía esa pequeña llave, el último rincón donde podía intentar controlar la corrupción del poder.
El argumento de parar los pies a la “extrema derecha” para que no instrumentalice la justicia es aberrante y tiránico de por sí. Asumamos por un momento esta ficción lunática de conspiración ultraderechista. Es inaceptable intentar limitar el acceso a la justicia a un grupo de personas por su ideología negándoles un derecho fundamental como el acceso a la justicia. Y como segunda reflexión, si el peligro tan temible de la extrema derecha es que acuda a cauces judiciales donde se aplican las leyes del gobierno, no parece peligrosa salvo para los delincuentes. La imaginaria “extrema derecha” parece lo decente en este sistema de corrupción y expolio antiespañol en el que vivimos de forma irreversible desde el 2017.
Para que nadie les engañe sobre la realidad política referida a su libertad y patrimonio es necesario resumir en tres puntos cómo funciona la democracia del ´78, que nada tiene que ver con la democracia de Alexis de Tocqueville.
Se aprueba en Cortes cualquier norma que socave los intereses de la nación o se aprueba una norma que vulnere derechos fundamentales de los españoles en contra de la Constitución, esto no es problema. Esto sucede gracias a un Poder Legislativo fusionado con el Poder Ejecutivo sin que haya separación de poderes, y por tanto sin control ni barreras a actos de tiranía y corrupción como la eliminación de la acción popular. En el peor de los casos como el actual, si no hay fusión plena del Legislativo es porque éste además es controlado por sobredimensionados partidos secesionistas enemigos del bien común de España, que se unen al banquete del expolio con impunidad.
Estas injusticias en forma de ley se aplican y defienden en nombre de la democracia.
En el caso de pretender la anulación de estas leyes y acudir al Tribunal político Constitucional elegido por el Ejecutivo y secesionistas, aquel respalda la decisión que interesa al Gobierno contraria a la Constitución y a la nación y pasa a ser constitucional, o a dormir en un cajón mientras se aplica, según la necesidad. Si el TC no llegase a respaldarlo tampoco sucede nada. Dependerá una vez más de la voluntad política del Ejecutivo todopoderoso al servicio de un partido político controlado por un líder o una banda familiar, en la actualidad la famiglia de Pedro Sánchez.
El PSOE acostumbra a proponer a las Cortes los proyectos de ley del Gobierno cuando estos vulneran normas y derechos fundamentales para eludir los informes preceptivos de otros Órganos sin poder real en el sistema en caso de que los presentase éste a las Cámaras. El Poder Legislativo ya nace viciado por su composición partitocrática que responde a los intereses e incentivos de partido y no de nación. Legalidad al servicio del PSOE, no de los españoles. El Legislativo queda como un teatro no democrático para revestir de legitimidad las arbitrariedades y la corrupción del Gobierno en forma de leyes.
España está en manos de los intereses de una casta que desprecia a España y sólo quiere expoliarla. Llegados a este punto cabe exigir que dejen de mentirnos con melifluos aspavientos sobre “el deterioro de la democracia”, es como ver a es como ver a un concejal de ecodiversidad de Los Ángeles mirando el incendio sin pretender apagarlo.
Es urgente un plan de Gobierno de salvación nacional que requiere la firme voluntad de transformar España y evitar que los españoles estén a merced de intereses de traidores. La salvación de la nación y de los españoles no pasa por un proyecto político continuista como el de Núñez Feijoo. No se puede vivir más tiempo en una casa destruida con una casta que expolia y divide la nación, que nos mienten al señalarse como demócratas.
La corrupción de la ley
Javier
Gómez de Liaño. libertad digital.
15 Enero 2025
El fondo de la proposición de ley encaminada a cargarse la acción popular se reduce a términos de trapicheo jurídico para quebrar el Estado de derecho.
Supongo que a estas alturas nadie duda de que la democracia y el Estado de derecho descansan en la separación de poderes, doctrina clásica atribuida a Montesquieu, aunque, para ser precisos, antes que él ya la había elaborado gente tan bien pensante como Aristóteles o el inglés John Locke. Mas con independencia de quién de los tres fuera el padre de la criatura, para mí fue el primero quien mejor la explicó.
Frente a principios tan maquiavélicos como que el poder no se comparte o que el poderoso debe preservar intacto el teatro de su ceremonia, Montesquieu escribió que era indispensable que el poder contrarrestase al poder, que si el poder legislativo iba unido al poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos, eso sería arbitrario y si era al ejecutivo, entonces podría tener la fuerza de un opresor. Dicho más gráficamente, que un excesivo poder envicia demasiado.
Este prólogo viene a cuento de la iniciativa que el Gobierno, a través del Grupo Parlamentario Socialista, ha emprendido para, entre otros objetivos, amputar la institución procesal de la acción popular en el ámbito penal. Lo ha hecho mediante una proposición de ley que, de forma rimbombante y embrollada a partes iguales, rotula "Proposición de Ley Orgánica de Garantía y Protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas" que, además, se tramitaría por el procedimiento de urgencia, con preterición de los informes del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial, trámite necesario cuando se trata de una Ley Orgánica.
Como era de esperar, juristas de merecido y reconocido prestigio han alzado su voz en contra de la propuesta, llegando a calificarla de increíble, preocupante, tramposa, absurda y hasta indecente. En el mismo sentido se han pronunciado todas las asociaciones de jueces al decir que se trata de un retorcimiento de la ley, que el Gobierno no tiene ningún límite a la hora de alcanzar sus fines y que la reforma planteada rompe el espíritu de la Constitución y quiebra el juego de pesos y contrapesos que dan estabilidad al sistema democrático. O sea, que como él mismo ha dicho en varias ocasiones, Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, va a por todas y no tiene intención de pararse en barras para conseguir el fin último de perpetuarse en el poder, aunque para ello tenga que demoler el Estado de derecho y llevarse por delante principios tan indiscutibles como la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y el imperio de la ley.
A mi juicio, en la proposición de ley no existe la menor apariencia de juridicidad y creo que los autores de la iniciativa, donde presumo que abundan rábulas y tinterillos, piensan que las leyes son un guiñol con licencia para pescadores oportunistas que, en el presente caso, son familiares y allegados de Pedro Sánchez. A poco que nos fijemos en el texto, la reforma planteada se reduce a términos de trapicheo jurídico encaminado a quebrar el Estado de derecho y, una vez más, a desautorizar a los tribunales de justicia. Y, por supuesto, también a los medios de comunicación que tantas veces son fuente de lo que en derecho procesal penal se denomina notitia criminis. Se trata de una reforma que no busca definir un orden abstracto de justicia y tendencialmente permanente, sino que, en sentido opuesto, con ella se pretende, desde el ejercicio de un patente y grotesco despotismo legislativo, atender propósitos tan concretos como que tienen nombres, apellidos y siglas, creando un original "Derecho Penal del amigo o de la familia".
Para ser preciso en el análisis, éstas son algunas de las cosas que se pueden leer en la Exposición de Motivos de la proposición de ley que, para acabar con la acción popular, modifica, entre otros, los artículos 101, 102, 103, 104, 113, 269, 270, 313 y añade un 104 bis y un 277 bis, todos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr), 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), y, además, lo hace con una estrafalaria Disposición Transitoria que ordena la aplicación de la reforma a los procesos en curso en el momento de entrada en vigor de la ley, así como a los que comiencen con posterioridad a dicho momento. Veamos, pues, algunos particulares del preámbulo.
Que la ley persigue terminar con "(…) el uso abusivo de la figura de la acusación popular, que emplean determinados colectivos –manifiestamente autoritarios– no con el fin de aclarar posibles hechos delictivos, sino para atacar sistemáticamente a sectores sociales y a adversarios políticos y (…)".
Que con ella se trata de "(…) evitar el intento de influir sobre la Administración de Justicia, instando a los jueces y magistrados a posicionarse políticamente".
Que la proposición de ley, "(…) al neutralizar los mecanismos del acoso, persigue restaurar los fines para los que fueron concebidas la legislación penal y procesal y de configuración del Poder Judicial (…)".
Que el objetivo de la ley "es (…) asegurar los derechos fundamentales de los colectivos víctimas de acoso y, concretamente, su derecho al honor (…)". Fin de la cita.
Pues bien, esta argumentación que, junto a otras, el prefacio de la proposición de ley ofrece para herir de muerte a la acción popular es jurídicamente inaceptable. Y lo es por los siguientes motivos.
Primero, porque, para empezar, sus promotores olvidan que uno de los argumentos que desde tiempo inmemorial se utiliza como fundamento de la acción popular es la defensa de la sociedad. Eam popularem actione dicimus, quae suum ius populi tuetur, escribió el jurisconsulto Paulo, cuyo significado es que "llamamos acción popular a la que ampara el derecho propio del pueblo". El planteamiento es que si el delito constituye un ataque a la sociedad como conjunto, el ciudadano quivis ex populo, por el mero hecho de ser miembro de ella puede ejercitarla, lo cual viene a coincidir con la idea de Hegel de que cuando se comete un delito, su autor perturba la conciencia jurídica de la comunidad a la que pertenece y ofende a todos.
Segundo, porque en España la acción popular es una pieza relevante de la justicia penal que cuenta con una larga tradición que se remonta a Las Siete Partidas, obra redactada durante el reinado de Alfonso X de Castilla, llamado El Sabio y que, vigente en todo tipo de regímenes, ha llegado al actual con su reconocimiento expreso en el artículo 125 de la Constitución. Nada menos que desde 1882, año de la aprobación de la LECr, consiste en que "todos los ciudadanos españoles, hayan sido o no ofendidos por el delito pueden querellarse, ejercitando la acción popular con arreglo a las prescripciones de la ley".
Tercero, porque hay algo que pesa muy a favor de la acusación popular. Me refiero a la desconfianza que, hoy por hoy, el Ministerio Fiscal despierta en el proceso penal. La tesis de Platón de que la acusación pública "vela por los ciudadanos y estos pueden estar tranquilos" no es compartida por quienes, con motivos suficientes, ven en ella un instrumento del poder ejecutivo que sirve sólo a sus intereses. En palabras del filósofo y jurista italiano Gaetano Filangeri "el fiscal es una figura creada por el Príncipe, pagada por el Príncipe, que ha recibido del Príncipe todo cuanto tiene y que puede ser despojado de ello por el Príncipe".
Y cuarto, porque como el Tribunal Constitucional declaró en las sentencias 241/1992, de 21 de diciembre y 326/1994, de 12 de diciembre, "una interpretación restrictiva de las condiciones constitucional y legalmente establecidas para el ejercicio de la acción popular puede reputarse contraria al derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión del artículo 24.1 CE". Una limitación tan sustancial a la actuación de la acusación popular como postula la desatinada proposición de ley, al excluir su intervención durante la fase de instrucción, circunscribiéndola a la de juicio oral y a la interposición de la querella o formulación de la denuncia, implica adulterarla en su esencia. Téngase muy presente que se trata de un derecho activo y que, mediante ella, los ciudadanos pasan a ejercitar en paridad de armas con el Ministerio Fiscal, una función pública cual es la de la acusación y que, por tanto, no es ni adhesiva ni vicarial de aquél, sino plenamente autónoma.
Mas puestos a hacer memoria, del rendimiento de la acción popular es testigo todo un nutrido número de supuestos, acreditativos de la indeseable permeabilidad del Ministerio Público a las contingencias de la política, en perjuicio de la que debería ser exclusiva sumisión al principio de legalidad. No niego que haya sobrados casos que prueban que la acción popular también está expuesta a un uso espurio y ejemplos no faltan, pero aparte de que ese riesgo puede conjurarse, en buena medida, mediante el control judicial de su ejercicio, quizá sea recomendable señalar que, merced a la acción popular, en nuestro país ha sido posible la persecución de un significativo número de delitos perpetrados por individuos pertenecientes a la política y a las instituciones públicas.
Termino, aunque el asunto dé para mucho más. Sean sinceros los artífices de la proposición de ley encaminada a cargarse la acción popular y reconozcan lo que niegan con un pasmoso cinismo. O sea, que el fondo de la reforma propuesta se reduce a términos de trapicheo jurídico y otros conceptos teóricamente destinados a quebrar el Estado de derecho. Ese y no otro es el fin real y último de la reforma legal promovida, por mucho que se pretenda disimular bajo impúdicas y muy distintas vestiduras. Lástima que algunos sean tan zascandiles y no sepan que aunque la ley, a veces, es un género confuso, sin embargo no lo es tanto como para que cuele el dar gato por liebre.
En fin. Si esto que dejo escrito fuera razonablemente cierto y es compartido por una buena parte del procomún, entonces habrá que admitir que estamos en un proceso de corrupción de la ley y que los responsables de la iniciativa legislativa no son legisladores sino traficantes de leyes. A la memoria me viene esta leyenda que hace muchos años leí en el frontispicio de una destartalada sede judicial de Londres. "The corruption of the law is the worst of corruptions" y que, traducida al español paladino, significa que la corrupción de la ley es la peor de las corrupciones.
La
Unión Europea contra la democracia
España es
miembro de en una organización que trabaja contra la soberanía de
sus miembros
Víctor Lenore. Vozpópuli.
15 Enero 2025
La burocracia, casi siempre, es una forma de autoritarismo. El siniestro Thierry Breton, excomisario de la Unión Europea para el Mercado Interior, amenazó hace unos días con anular las elecciones si los soberanistas de Alternativa por Alemania (AfD) triunfan en las urnas. “Hagamos cumplir nuestras leyes en Europa (…) Lo hicimos en Rumanía y obviamente lo haremos en Alemania si es necesario”, señaló, irritado por el éxito de la entrevista de Elon Musk a Alice Weidel, líder del partido socialpatriota. Tras años de una prensa rendida al discurso de Bruselas, cualquier diálogo libre es molesta. Putin en Rumania y Musk en Alemania son solo chivos expiatorios para tapar el fracaso del proyecto de la Unión Europea.
La respuesta de los alemanes no ha podido ser más clara: en la semana siguiente, las encuestas reflejaban que Alternativa por Alemania había recortado tres puntos a la CDU, partido dominante en la derecha del país hace décadas. Weidel lograría el 22% de los votos frente al 30% de la CDU, recortando la distancia desde el 11% registrado en el sondeo previo. Las elecciones se celebran el próximo 23 de febrero y todavía queda tiempo para el sorpasso, teniendo en cuenta además que las encuestas suelen infravalorar la posibilidades de los partidos socialpatriotas en todo Occidente. La CDU ya ha declarado que no habrá colaboración con AfD, así que todo está listo para dejar al margen a la formación política que más crece en Alemania, a pesar del boicot de todos los poderes establecidos. El partido de la plebe, para entendernos.
Golpes sin tanques
Hablemos claro: estamos asistiendo al enésimo golpe blando de Bruselas contra la soberanía nacional. Aunque muchos lo han olvidado, esa medicina la probaron ya los griegos en julio de 2015, tras celebrar un referéndum sobre la condiciones impuestas por la Unión Europea para rescatar al país. Ganó ampliamente el “no” pero no se permitió aplicar políticas diferentes a las impuestas por la Troika, que defendía los intereses de bancos franceses y alemanes (Grecia llegó a perder el 24% de su PIB y a registrar en 50% de paro juvenil). Jean Claude-Juncker, presidente de la Comisión Europea, reconoció en 2020 que se había aplicado “una austeridad irreflexiva. No fuimos suficientemente solidarios con Grecia, incluso llegamos a insultarla. Lamento que hayamos dado tanto peso al Fondo Monetario Internacional (FMI)”, confesaba. ¿Debemos tolerar en 2025 que se interfiera en las elecciones nacionales para que dentro de cinco años un alto funcionario reconozca lagrimeando que se boicotearon nuestras democracias?
Por supuesto, el gran capítulo de la Unión Europea contra las soberanías nacionales fue el rechazo a su Constitución. El 29 de mayo de 2005, los franceses dijeron ‘no’ al texto con un 54,99%. Dos días después, Países Bajos hizo lo propio con un margen aún mayor, el 61,5%. La Unión Europea siempre ha tenido un déficit de legitimidad democrática: recordemos que el tratado de Maastrich se aprobó en Francia por los pelos, solamente un 51,5% del electorado (en Dinamarca perdió con un 50,7%). Ahora en Europa crecen los partidos contrarios a la Unión Europea y la alta burocracia tiembla pensando en cómo salvar su inmensa maquinaria de privilegios, corrupción y gasto público. Hace poco aplazaron las elecciones en Rumania porque no les favorecían los sondeos, ahora amenazan con hacerlo en Alemania y quizá en un par de años llegue el turno de España.
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