Recortes de Prensa Domingo 2 Febrero 2025

Un ataque con drones ucranianos mata a un civil en Belgorod
Carlos Garcés. Madrid. el mundo. 2 Febrero 2025

Al cumplirse 1075 días de guerra en Ucrania, un ataque con drones ucranianos mató a un civil en la región rusa de Belgorod, fronteriza con Ucrania, en una noche en la que las defensas rusas destruyeron cinco drones ucranianos sobre territorio ruso.

Por su parte, las defensas ucranianas dijeron haber derribado 40 de los 55 drones lanzados por Rusia durante su último ataque nocturno.

El Estado Mayor ucraniano dijo que el ataque ruso del sábado fue una de los mayores acometidas desde hace semanas. Rusia lanzó 40 misiles, 39 bombas guiadas y 739 drones explosivos sobre Ucrania. Al menos, 15 personas murieron y se registraron daños en eis regiones: Zaporiyia, Odes¡sa, Sumy, Jarkiv, Khmelnytsky y Kiev.

Las tropas ucranianas atraviesan grandes dificultades en la región de Donetsk (este), donde el ejército ruso avanza con paso firme a pesar de las cuantiosas pérdidas humanas y materiales.

08.46
El ejército ruso avanza cuando la invasión rusa entra en su cuarto año

Mientras Ucrania sufre constantemente los mortíferos ataques rusos, las tropas ucranianas atraviesan grandes dificultades en la región de Donetsk (este), donde el ejército ruso avanza con paso firme a pesar de las cuantiosas pérdidas humanas y materiales, informa Afp.

En un comunicado, el Ministerio de Defensa ruso anunció la toma de la localidad de Krymské (Krymskoïe en ruso), situada en los suburbios nororientales de la estratégica ciudad de Toretsk.

Según el grupo de analistas ucranianos DeepState, las fuerzas rusas están presentes en el centro de Toretsk y Chasiv Yar dos localidades disputadas desde hace meses.

En febrero, cuando la invasión rusa entra en su cuarto año, el ejército ruso avanza también en la región de Jarkiv (noreste) y se acerca a la importante ciudad de Kupiansk.

La perspectiva de negociaciones entre Moscú y Kiev se ha planteado cada vez más desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, visto como un posible punto de inflexión en la guerra.

El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo el mes pasado que estaba dispuesto a dialogar con Ucrania, pero no con Volodimir Zelenski, al que calificó de "ilegítimo".

08.35
Nuevo balance del ataque ruso con drones y misiles del sábado contra Ucrania

Rusia disparó decenas de misiles y aviones no tripulados contra Ucrania, matando a 15 personas, anunció Kiev a última hora del sábado, y ambas partes se culparon mutuamente de un ataque que mató a cuatro personas en la parte de la región rusa de Kursk ocupada por Ucrania, informa Afp.

A lo largo del sábado, Rusia lanzó 40 misiles, 39 bombas guiadas y 739 drones explosivos sobre el país, uno de los mayores ataques desde hace semanas, anunció por la noche el Estado Mayor ucraniano.

Al menos 15 personas murieron en estos ataques en el centro y el este de Ucrania, según las autoridades. Según el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se registraron daños en seis regiones: Zaporiyia, Odesa, Soumy, Jarkiv, Khmelnytsky y Kiev.

08.25
Ucrania destruye 40 drones rusos en un ataque nocturno

Las defensas aéreas ucranianas derribaron 40 de los 55 drones lanzados por Rusia durante su último ataque nocturno, dijo el domingo la fuerza aérea de Kiev, informa Reuters.

Agregó que otros 13 se habían "perdido en su ubicación" y no alcanzaron sus objetivos, típicamente en referencia a interferencias electrónicas.

08.23
Un ataque con drones ucranianos mata a un civil en Belgorod

Un ataque con drones ucranianos mató a un civil en la región rusa de Belgorod, fronteriza con Ucrania, dijo el domingo el gobernador regional. "Un hombre murió", dijo el gobernador Vyacheslav Gladkov sobre el ataque nocturno en una publicación en la aplicación de mensajería Telegram, informa Reuters.

"Murió por sus heridas antes de que llegara la ambulancia". Gladkov dijo que el ataque tuvo lugar en la aldea de Malinovka, a unos 8 kilómetros al este de la frontera.

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que destruyó cinco drones ucranianos durante la noche sobre territorio ruso, incluido uno sobre la región de Belgorod. No hubo comentarios inmediatos de Ucrania.

Ambas partes niegan haber atacado a civiles en la guerra que Rusia inició con su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.

Rusia derriba 108 drones ucranianos de ala fija y 10 cohetes HIMARS
Agencia Efe. la razon. 2 Febrero 2025

Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada jornada un total de 108 drones ucranianos de ala fija y 10 cohetes HIMARS, informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram. El parte castrense no precisó los lugares donde fueron interceptados los drones y los misiles.

Según el mando militar, unidades de la agrupación de tropas rusas Centro se hicieron con el control de la localidad de Krymske, en las afueras de Toretsk, ciudad que es escenario de intensos combates desde junio pasado y donde las tropas de Moscú han conseguido avances significativos en las últimas semanas.

La caída Toretsk allanaría potencialmente al Ejército ruso el camino a una ofensiva mayor hacia Kostiantinivka, unas de las plazas ucranianas importantes en la región oriental de Donetsk.

La captura de Kostiantinivka es uno de los objetivos prioritarios de las fuerzas rusas, ya que desde allí podrían avanzar desde el sur hacia la ciudades de Kramatorsk y Sloviansk, los grandes baluartes de Kiev en el Donbás.

Defensa informó además de que las Fuerzas Armada de Rusia lanzaron anoche un "ataque grupal con armas de precisión de largo alcance" contra infraestructuras energéticas que permiten el funcionamiento de la industria militar ucraniana. "Todos los objetivos fueran alcanzados", subrayó el parte.

Seis muertos ucranianos
Por su parte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pidió este sábado más ayuda a sus socios internacionales después de que otro ataque ruso nocturno dejará al menos seis muertos en varias regiones de Ucrania. "Cada acto terrorista de este tipo demuestra que necesitamos más apoyo para defendernos del terror ruso. Cada sistema de defensa aérea, cada misil interceptor significa una vida salvada. Es crucial que nuestros socios actúen, cumplan nuestros acuerdos y aumenten la presión sobre Rusia", instó en un mensaje publicado en su cuenta de Facebook.

Zelenski habló de "otra oleada de crímenes terroristas" al referirse al ataque ruso anoche contra varias ciudades ucranianas con distintos tipos de armas, como misiles, drones de ataque y bombas aéreas.

En Poltava, tres personas murieron y otras diez resultaron heridas, entre ellas niños, después de que un edificio residencial fuera alcanzado por los ataques y la entrada del inmueble quedara completamente destruida, indicó.

Agregó que en Járkov una persona murió en un ataque con drones y que en la región de Sumi hubo dos muertos por un ataque ruso.

El jefe de la administración militar regional de Járkov, Oleg Sinegubov, precisó en su cuenta de Telegram que en el caso de la víctima mortal se trata de una mujer de sesenta años, mientras que un hombre de 38 y tres mujeres de 60, 64 y 77 años resultaron heridas.

Zelenski indicó que también se registraron daños en Zaporiyia, así como en las regiones de Odesa, Sumi, Járkov, Jmelnitski y Kiev, con seis personas heridas confirmadas.

Adelanto editorial
Los supervivientes de Mariúpol: la historia detrás del asedio que marcó la invasión rusa en Ucrania
El periodista de El Confidencial, Argemino Barro, publica 'Mariúpol, última batalla', crónica multidimensional de los tres meses que duró el asedio más icónico de la invasión de Ucrania. Publicamos su primer capítulo
Argemino Barro. Nueva York. el confidencial. 2 Febrero 2025

Situada frente al luminoso mar de Azov y abrazada al norte y al sur por dos inmensos complejos metalúrgicos, la ciudad ucraniana de Mariúpol experimentaba una época de auge cuando el Ejército ruso la atacó el 24 de febrero de 2022. Las autoridades no tenían ningún plan de evacuación ni de defensa y muchos civiles pensaron que la situación se arreglaría en unos pocos días. Cuando comprendieron la escala de la agresión, Mariúpol había sido cercada. Mariúpol, última batalla (Siglo XXI Editores), del periodista Argemino Barro, es la crónica multidimensional de los casi tres meses que duró el asedio más icónico de la invasión de Ucrania. Una historia que describe, en base a los testimonios inéditos de una veintena de supervivientes y combatientes, el impacto de la calamidad en las rutinas de la gente de a pie, la naturaleza de los bandos enfrentados y los pormenores de la modalidad bélica más astuta y destructiva, la guerra urbana. Publicamos el primer capítulo. ***

En cierto modo ya estamos muertos, dice el subcomandante del ojo de cristal y el garfio de titanio. Su figura de dos metros se pasea por delante de la pizarra mientras abre y cierra un mechero Zippo dorado con la mano que le queda. Va vestido con un traje negro de tres piezas y lleva la barba cuadrada y señorial. Parece un magnate decimonónico, un zar de civil al que solo le falta una banda roja cruzándole el pecho y unas cuantas medallas. Este retrato viviente al óleo nos habla de la guerra, de su misión, de la misión de Ucrania.

El subcomandante nos da los detalles del asedio y comprendemos que tiene razón.

En cierto modo, es un hombre muerto.

El monumental centro de Kyiv, construido por prisioneros de guerra alemanes según las directrices estalinistas, irradia malos presagios. Aquí se han producido muchas tragedias, tragedias de verdad. Como si la ciudad estuviera atrapada en un ciclo maldito. Salvo por los vendedores ambulantes de pulseritas con la bandera de Ucrania y los peatones que salieron a hacer algún recado, la plaza de la Independencia de esta noche de finales de enero de 2022 está vacía. Una fina capa de nieve cruje bajo los pies y el viento ulula sobre las vastas extensiones, como si estuviéramos en mitad de una estepa de hormigón, escuchando de fondo los tambores de un enemigo invisible. Pero quizás la sensación que emana de esta plaza, conocida como Maidán, se explique por una dieta informativa grasienta, llena de alarmismo y otras calorías periodísticas. Estados Unidos alerta de que Rusia prepara la invasión de Ucrania para el mes de febrero. Las tropas rusas se acumulan al norte, al este y en la península de Crimea. Por eso los periodistas hemos comenzado a llegar a Kyiv y, desde nuestros respectivos países, los editores nos preguntan a todos lo mismo: si hay miedo en las calles, sirenas, entrenamientos, listas de refugios antiaéreos pegadas en las paredes. Algo sí, pero no mucho. Lo cierto es que los ucranianos están bastante tranquilos. Mucho más tranquilos, de hecho, que en 2014, cuando la revolución del Maidán fue seguida por la anexión ilegal de Crimea y la guerra del Donbás. Qué novedad hay, dice el presidente del país, Volodímir Zelenskyi, con relación a la creciente presencia de efectivos rusos en la frontera. ¿No ha sido esta la realidad durante ocho años?

La mayoría de los entrevistados piensa lo mismo. Que Rusia ya invadió Ucrania en 2014, que el conflicto del Donbás ha causado unos catorce mil muertos, que Occidente se dejó de interesar al cabo de unos meses y que todo este barullo mediático solo hará que las inversiones se detengan y la economía sufra gracias al farol militar de Vladímir Putin. Hace dos semanas todo se congeló, dice el director de cine y televisión Tarás Tkachenko en la cafetería de un hotel mortecino. Íbamos a empezar el rodaje de una serie, pero se ha parado. A Tarás le ha ido bien desde que nos conocimos en 2014: el año que marcó un antes y un después en todas las facetas de la vida en Ucrania. Incluida la del mercado audiovisual. Pese al coste económico de los primeros años, la interrupción de las relaciones comerciales y culturales con Rusia ha terminado beneficiando a personas como Tarás Tkachenko. Antes de 2014, cuenta el director, no era ningún secreto que muchas series de televisión rusas se rodaban aquí. Nos las encargaban a nosotros, porque necesitaban muchas series y aquí les salía más barato. Me era difícil encontrar empleo en el mercado ucraniano, entonces me llamaba un productor y me decía: vamos a hacer una película para los rusos. Teníamos que grabar Kyiv como si fuera Moscú. La avenida Jreshchátik es parecida a la capital rusa. Un bosque de edificios estalinistas.

Solíamos grabar dos versiones de la serie: una para el mercado nacional y otra para el mercado ruso, continúa el director. Rodábamos una escena con matrículas ucranianas y otra con matrículas rusas. Dos versiones. Absolutamente la misma escena. Simplemente grabábamos dos tomas. Cambiábamos todo: banderas, matrículas, placas oficiales, coches de policía. Pero, en ambos casos, se rodaba en lengua rusa. Este tipo de proyectos fueron comunes durante diez o quince años. Si querías trabajar, tenías que hacer eso. El desmoronamiento de las relaciones bilaterales dejó a muchos ucranianos sin trabajo. Los productores rusos ya no venían a rodar a Kyiv ni invitaban al talento ucraniano a establecerse en Rusia. El vacío resultante se llenó de dos formas. Por un lado, el Gobierno de Petró Poroshenko aprobó subvenciones para las películas que se rodasen enteramente en ucraniano. El presupuesto dedicado a estos menesteres ha alcanzado los treinta millones de euros anuales. Por otro, los creadores se vieron obligados a buscar clientela en los mercados de la Unión Europea y Estados Unidos. Tras unos años de escollos, el dinero occidental circuló con fluidez y películas como Klondike o Stop-Zemlia accedieron a nuevos mercados y ganaron premios internacionales.

Tarás Tkachenko dirigió dos temporadas de una serie coproducida por Estados Unidos y tiene previsto dirigir una tercera. Siempre y cuando los inversores, que han parado el proyecto por la amenaza bélica, desbloqueen la financiación. Mientras tanto, el director ve de refilón, sin interesarse demasiado, las noticias del despliegue ruso. Dice que la gente no quiere volver a verse atrapada en la congoja de 2014 y, por tanto, no lee mucho la prensa. Otras personas sí. Mi madre ve mucho la tele y está comprando comida, combustible, cerillas, añade el director con ternura. Está retirando dinero. Me dice, pero qué haces, vete al banco y saca todo el dinero para tenerlo contigo. Los miembros de la Asociación de Hispanistas de Ucrania tampoco entienden el súbito interés de los medios internacionales, especialmente las televisiones españolas. De un día para otro han empezado a recibir peticiones de entrevistas y contactos. Los productores que llaman desde Madrid, Santiago de Compostela o Zaragoza piden a los hispanistas que les den el teléfono de algún español residente en Ucrania. Y no de un español cualquiera, sino de un gallego, un catalán o un murciano. Dependiendo del medio autonómico. El último mensaje que nos llegó es de una radio de Cataluña. Nosotros no podemos ayudar en esta búsqueda, me dice el presidente de la asociación, Oleksandr Pronkévich, decano de la Facultad de Filología de la Universidad Nacional Petró Mohyla en el Mar Negro. ¿Por qué solo buscáis a los españoles?, añade Olena Bratel, profesora de español en la Universidad Nacional Tarás Shevchenko, durante una videollamada múltiple. Esta situación no es nueva para nuestro país, por eso nos sorprende este interés. Nos preguntaron hoy por los canarios que viven aquí. A un canario no podemos localizarlo. Mientras los periódicos europeos y norteamericanos dedican sus portadas a la intimidación rusa, es como si las percepciones de millones de ucranianos hubieran sido empaquetadas en una membrana mental de cuatro capas que los mantiene serenos a pesar del peligro.

Una de estas capas es la templanza. Los ucranianos ya están vacunados contra las emociones que despierta la guerra. La violencia durante la revolución del Maidán, la anexión ilegal de Crimea y la guerra del Donbás han robustecido su sistema nervioso. No tienen miedo, porque ya lo tuvieron en 2014. Luego estaría la capa del conformismo. Todo el mundo conoce a algún veterano o caído en combate, pero para la gran mayoría de las personas esta guerra se ha librado fundamentalmente en las pantallas de las televisiones y de los teléfonos móviles. Ha sido un fenómeno lejano, mediatizado, confinado a las remotas provincias de Donetsk y Luhansk. La guerra se ha vivido con relativa normalidad y esa normalidad ha succionado las dimensiones dramáticas de la guerra, engendrando conformismo. Finalmente, están las capas del orgullo y de la fatiga. La mayoría de los ucranianos quiere mirar hacia delante, seguir remontando el vuelo. El país continúa padeciendo los problemas tradicionales y la ruptura con Rusia dejó huérfanas parte de las industrias del este, pero las cosas evolucionan. Las arcas públicas tienen las mayores reservas de divisas de la última década, los sectores tradicionales de la construcción y de la industria ceden espacio a los servicios tecnológicos, la ciberseguridad y los alimentos, y el país está más políticamente unido. La agresión rusa de 2014, además de escindir el 7 % del territorio ucraniano donde estaba la mayor concentración de votantes prorrusos, forzó a muchos rusófonos o nacidos en Rusia a romper el vínculo sentimental con el vecino y a definirse, exclusivamente, como ucranianos.

El resultado es que, entre 2012 y 2022, los partidos considerados prorrusos han pasado de controlar cerca de la mitad de los escaños del Parlamento a poco más de la décima parte, y distintas encuestas recogen que la percepción general de Rusia ha empeorado en toda Ucrania. Una nueva generación de líderes jóvenes, que todavía eran colegiales cuando la URSS se vino abajo, reemplaza a los vetustos magnates postsoviéticos. El presidente Zelenskyi fue uno de estos colegiales y ganó las elecciones de 2019 con el triple de votos que su rival, el oligarca del sector del chocolate reconvertido en adalid de las posturas nacionalistas, Petró Poroshenko, en segunda vuelta. Un 73 % de las papeletas, sumadas a lo largo y ancho del país. El régimen abierto de visas de la Unión Europea y las inversiones de China, primer socio comercial de Ucrania, abren nuevos y prometedores caminos, que las fintas militares rusas quieren obstruir. Los ucranianos se enorgullecen de haberse desprendido de la tutela rusa y experimentan fatiga cuando miran estas amenazas con olor a tiempos pretéritos, cuando sus asuntos eran gobernados o condicionados desde Moscú. Piensan que para disuadir a Rusia basta con ignorarla. Confundido por el contraste entre el alarmismo de los medios extranjeros y el hastío de quienes se supone que deberían de estar más alterados, llamo por teléfono al especialista en defensa Konrad Muzyka, de la agencia polaca Rochan Consulting. Le transmito lo que escucho en Ucrania. Que nada de esto es nuevo, que Moscú siempre ha tenido tropas en la frontera y que si Putin realmente quisiera atacar no andaría sacando músculo con esos vídeos de blindados y tanques cruzando las llanuras. La movilización de tropas rusas es increíblemente difícil de seguir, me contradice Muzyka. No me sorprende que haya vídeos y fotos en internet. Vivimos en 2022. Pero Rusia ha hecho que sea extremadamente difícil rastrear sus unidades, porque pintan todas las marcas tácticas de los vehículos, de manera que no sabemos qué unidades están incluidas en la movilización. Han bloqueado el acceso a las páginas web donde se podía consultar el movimiento de trenes. Los rusos también han estado poniendo parte de sus equipos en el bosque, así que, incluso si tienes acceso a un satélite Maxar, como tengo yo, no vas a ver a esas tropas, porque están bien camufladas.

El analista dice que nunca antes, desde la caída de la URSS, han tenido los rusos tantas tropas acumuladas junto a Ucrania. Pero lo más preocupante no es el número de efectivos, unos cien mil, según distintas estimaciones de gobiernos y firmas privadas, sino su composición y despliegue. Los rusos han mandado a Bielorrusia, cuya frontera sur colinda con Ucrania, entre el 60 % y el 70 % de las unidades del Distrito Militar Oriental, situado a unos seis mil kilómetros de distancia. Estas unidades han cruzado el continente euroasiático para ocupar sus posiciones actuales y lo han hecho en compañía de misiles Iskander, aviones de combate Su-35, vehículos de carga de lanzamisiles BM-27 Uragan, tanques, artillería, helicópteros y comandos de las fuerzas especiales. Incluso si lo miras como un ejercicio, no tiene sentido, simplemente porque es demasiado costoso para Rusia desplegar tantas tropas y tantos equipos, dice Muzyka. Si te fijas en la regulación y la doctrina militar, son las fuerzas rusas del Distrito Militar Occidental, particularmente el Ejército de Tanques de la Primera Guardia, las encargadas de la defensa de Bielorrusia. Están a la vuelta de la esquina y son fáciles de desplegar. No las fuerzas del Distrito Oriental. No creo que estén siendo honestos. Otras señales, como el establecimiento de líneas de comunicación y de puestos de comandancia de campo, apuntan a preparaciones bélicas. Las continuas advertencias de Estados Unidos parecen estar fundamentadas en la realidad. Rusia está posicionándose para atacar Ucrania. Aun así, estos hechos puntiagudos no consiguen traspasar la membrana de templanza, conformismo, orgullo y fatiga que envuelve una mayoría palpable de las mentes ucranianas, como si la guerra del Donbás hubiera llenado ya la cuota de dolor fijada para su país y no hubiese razones para sufrir otro castigo. Es un pueblo que se aferra a la normalidad. Incluso en las inmediaciones de la guerra.

2
Si los rusos atacan, una de las ciudades más vulnerables es Mariúpol, una población de medio millón de habitantes situada a veinte kilómetros del frente del Donbás, la región minera rusófona del este de Ucrania parcialmente ocupada por fuerzas rusas y prorrusas desde el verano de 2014. Cualquier estratega militar ruso que planificara la invasión de Ucrania posaría el dedo índice sobre esta ciudad costera, Mariúpol, ya que le proporcionaría el control del 80% del mar de Azov, le facilitaría la apertura de un corredor terrestre entre el sur de Rusia y la Crimea ocupada y le permitiría arrancar una dolorosa espina en el honor nacional: el hecho de que Mariúpol se resistiera a ser dominada en 2014. Desde las batallas que se libraron aquellos días, el frente está a media hora en coche y el lejano golpeteo de la artillería se escucha a menudo en los márgenes orientales de la ciudad. La mano muerta del imperio caído se nota más en Mariúpol que en otras ciudades de Ucrania. Por mucho que las leyes de la descomunización hayan obligado a derribar cientos de monumentos soviéticos y a rebautizar con nombres ucranianos un sinnúmero de calles, plazas y poblaciones, el revisionismo histórico poco puede hacer contra las formas de la arquitectura brutalista y los perfiles incomprensibles de las factorías que subyugan el horizonte desde los tiempos de Stalin.

Nada más llegar a la estación de tren de Mariúpol, me topo en la sala de espera con un mosaico titulado Metalúrgicos en el que los obreros del metal arrojan carbón a la llama del comunismo. El resto de la ciudad parece una emanación del mosaico: formas sobrias y amplias definidas claramente por una planificación centralizada. Poco después circulo por las calles en una furgoneta que hace las veces de taxi, evadiendo los charcos de los socavones y los viandantes que se desplazan soñolientos como paquebotes en un mar semicongelado. Sus caras pálidas son como círculos de papel colocados en lo alto de un abrigo oscuro. El cielo invernal está cubierto de nubes graníticas y las avenidas transcurren entre bloques de pisos altaneros como cíclopes momificados. Incluso los árboles parecen de cemento. Dotada con el puerto más importante de Ucrania después del de Odesa, cinco estadios deportivos, dos universidades grandes, cuatro academias y numerosas escuelas técnicas que abastecen de mano de obra a sus variadas industrias pesadas, Mariúpol es un triángulo dividido en cuatro distritos rebautizados en 2016: el Distrito Central, donde se encuentran la mayoría de las instituciones y centros culturales; el paseable Distrito Marítimo; el Distrito de Kalmius, con el zoológico y el parque de atracciones, y el Distrito de Orilla Izquierda, una ciudad dormitorio suave y ajardinada. Abrazando sus costas erizadas de grúas, el mar de Azov es un inmenso cuerpo de color verde brillante cuya ribera está acuchillada por estuarios y bancos de arena blanca. El abundante caudal de los ríos que desembocan en este mar, que es el más superficial del mundo, reduce su salinidad y fomenta la copiosidad de plancton, biomasa y una pesca variada. El origen de la palabra Azov es incierto, pero recuerda a la forma en que se dice 'llanura aluvial' en la lengua de la tribu cumano-túrquica que en su día gobernó la región. Una palabra afilada que inspira los nombres de conglomerados locales y de la polémica unidad de la Guardia Nacional acuartelada aquí, el Regimiento Azov.

El principal músculo de Mariúpol son las acerías Ilich y Azovstal, que envuelven la ciudad por el norte y el sur como dos armazones alienígenas. El río Kalmius y la vía de tren que recorre su margen derecha parten Mariúpol en dos mitades. Las laberínticas tripas de Azovstal, cuyas instalaciones ocupan cinco veces más espacio que Mónaco, producen casi cuatro millones de toneladas de acero al año. Suficiente para aportar una de cada tres láminas de la Unión Europea y todas las vías de tren de Ucrania, además de componentes para barcos, tuberías y gasoductos destinados a una cincuentena de países. El barrio lujoso de Hudson Yards, en Manhattan, o el rascacielos más alto de Reino Unido, conocido como La Esquirla, o el Puente de San Giorgio, en Génova, contienen en sus estructuras el acero de Azovstal. El complejo de Ilich es más grande todavía, y más antiguo. Lo fundaron empresarios norteamericanos a finales del siglo xix y es la única planta ucraniana que fabrica acero galvanizado. Su nombre, Ilich, procede del patronímico del líder bolchevique Vladímir Ilich Uliánov, alias Lenin. Cuando las leyes de la descomunización ordenaron que se borraran este tipo de homenajes soviéticos, los dueños de Ilich rebautizaron la planta. La volvieron a llamar Ilich. Esta vez en memoria de un científico metalúrgico, Zot Ilich Nekrásov, que también tenía ese patronímico. La frondosa actividad de estos complejos se nota en la economía y en las gargantas de los mariupolenses. Aunque las emisiones contaminantes han bajado en la última década, algunos días el aire de Mariúpol es una niebla corrompida que deja un regusto metálico en la boca, provoca un hormigueo en el pecho y brilla por las noches como si la ciudad viviera un atardecer espeso de tonos mostaza. Sus habitantes están tan acostumbrados a respirar partículas de formaldehído, zinc y polvo de hierro, que cuando salen de Mariúpol se marean y padecen dolores de cabeza. Es como dejar de fumar, dice una voluntaria norteamericana. Es la enfermedad que abandona el cuerpo.

Ilich y Azovstal pertenecen a Metinvest, subsidiaria de SCM y propiedad de Vadym Novinskyi y Rinat Ajmétov, el oligarca más importante de Ucrania. El poder de Ajmétov, que empezó su andadura en la ciudad de Donetsk, es a la vez extenso y profundo, como si fuera parte de la naturaleza, de la corteza terrestre. Además de poseer las empresas que más gente emplean de la ciudad, Ajmétov domina los principales medios de comunicación y tiene en el bolsillo a la casta política. Entre las plantas acereras y las instituciones no hay una puerta giratoria, sino una fina cortina de gasa que los próceres atraviesan en ambas direcciones. El alcalde de Mariúpol, Vadym Bóichenko, hizo toda su carrera en Azovstal, donde fue ingeniero de locomoción y subdirector del departamento de transportes. Luego desempeñó varios cargos gerentes en Metinvest. Su elección en 2015 es generalmente interpretada como un trato: Ajmétov financió la campaña de Bóichenko a cambio de que este, una vez en la alcaldía, hiciera la vista gorda ante la contaminación de las plantas metalúrgicas. Con Bóichenko al cargo, Ajmétov registró sus activos en Mariúpol, dotando a la ciudad de mayores ingresos fiscales. Aunque las fachadas oscurecidas, las montañas de residuos y las docenas de chimeneas altas sigan retratando Mariúpol, la ciudad se resiste a acabar siendo una de esas postales industriales postsoviéticas que recuerdan, con su romántica podredumbre, la transitoriedad histórica. Mariúpol ha cambiado mucho, dice Kiril Vishniákov, representante del partido opositor Poder del Pueblo y asesor de uno de los miembros del Consejo Municipal. Hace unos años nadie quería estar en Mariúpol. Los jóvenes se querían ir. Por la contaminación, porque teníamos una ciudad gris, sin nada que hacer. Hoy está mucho mejor. Mucha gente joven quiere quedarse aquí. La razón de esta mejoría, además de los impuestos que paga Metinvest, es la descentralización fiscal aprobada por el Gobierno de Petró Poroshenko, que contribuyó a elevar los ingresos anuales una vez y media en las provincias de Ucrania. El plan de construcción y modernización de la red de carreteras del presidente Volodímir Zelenskyi aportó más dinero a las infraestructuras de Mariúpol. La alcaldía ha aprovechado estos vientos de cola para atraer negocios, reformar sus cuentas y conseguir que Naciones Unidas y el Banco de Inversión Europeo financien programas sociales.

Ahora las avenidas principales están iluminadas, las fuentes públicas funcionan y aparecen las consabidas cafeterías donde el flat white y el chai latte figuran en el menú. Incluso el cauteloso McDonald’s quiere reabrir sus puertas. Además de dinero, hay voluntad política. Mariúpol está cerca del frente, lo que significa que, para muchos de los ucranianos que salen de las autoproclamadas repúblicas títere de Donetsk y Luhansk, Mariúpol es la primera imagen de la Ucrania libre con la que se topan. Y el Gobierno quiere que esta imagen sea lo más deslumbrante posible. Mucha gente ha visto que con Ucrania tenemos nuevos edificios, nuevas escuelas, guarderías y hospitales, añade Kiril Vishniákov en su despacho de la avenida de la Paz, anteriormente llamada avenida Lenin. Hay que mostrar a la gente que en Donetsk todo es un desastre. No en Mariúpol. El cariño oficialista a Mariúpol responde también a la necesidad de rebajar el sentimiento prorruso que anida tradicionalmente en la ciudad. Nadie sabe cuáles son las proporciones exactas, ni las tonalidades, de lo que piensa la población local sobre el patriotismo ucraniano. Varias personas consultadas dicen que la mayoría de los mariupolenses siguen siendo prorrusos en alguna medida: desde aquellos que desearían una relación amigable con Rusia hasta quienes directamente piensan que Mariúpol es Rusia. Otros dicen que esta proporción se ha invertido y que ahora la mayoría es claramente proucraniana, incluso las autoridades, como indica la proliferación de banderas azules y amarillas en el espacio público. En 2014 había mucha gente en Mariúpol con mentalidad prorrusa, explica Petró Andriúshchenko, uno de los principales asesores del alcalde. Tiene mucho que ver con la propaganda. Tuvimos muchos problemas al respecto. Ahora lo que intentamos hacer es cambiar nuestra ciudad. La población ve la diferencia que hay con Donetsk. Tenemos mejores salarios y mejores infraestructuras. Las encuestas indican que el sentimiento prorruso no es tan alto como antes.

Kiril Vishniákov estima que hay un 20 % de proucranianos y un 20 % de prorrusos. En medio estaría lo que Lenin llamó bolota: pantano. Una masa de personas estólidas para las que el sistema político o los colores de una bandera no significan nada. Los mariupolenses dicen estar contentos con el discreto renacimiento urbano, visible en el parque de la Cultura con su cascada y sus setenta mil flores, en la Feria del Libro y el programa del Teatro Dramático Regional, conocido como el Dram; en las startups tecnológicas, la escena sentimental y las exposiciones artísticas. Quiero captar el ánimo de la naturaleza, dice Borís Dovganiuk, y el árbol seco y torcido de una de sus pinturas recuerda a un sabio reflexionando. Las acuarelas de Dovganiuk, empleado de una empresa de electrónica, han merecido su propia exposición en el prestigioso Centro Kuindzhi de Arte Contemporáneo de Mariúpol. Como el artista decimonónico que da nombre a la sala, Árjip Kuindzhi, Dovganiuk se escapa con sus bártulos a captar el reflejo de una nube en las cúpulas de una iglesia o en el pálido charco de un barrizal. A robar la misteriosa quietud de la estepa. O de lo que queda de ella. Cuando empecé a pintar, me centraba en la industria, en las fábricas, dice Dovganiuk el día de la inauguración. Como todo el mundo. Pero cuando colgaba los cuadros en mi apartamento, me daba cuenta de que ya veía todo eso en mi vida cotidiana y no quería tenerlos también en casa. No es escapismo, sino una manera de centrarme en lo que nos falta. En los elementos que aún no ha tocado la industria. Pese a la sensibilidad de sus acuarelas, ricas en llanuras apacibles y bosquecillos cargados de nieve, Dovganiuk tiene un aire de miliciano. Vestido con una chaqueta de color verde caqui, es alto y de cabeza rapada y sus rasgos parecen haber sido cortados a cuchillo en un bloque de madera. Le pregunto por la amenaza militar rusa y responde que no le interesa la política, que la política pervierte el arte. Ni siquiera la miro de soslayo, dice Dovganiuk. Me coloco lo más lejos posible.

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El 24 de enero de 2015, Vladímir y Nina fueron a revisar la vivienda que se acababan de construir al este del río Kalmius, en el distrito de Mariúpol más cercano al frente del Donbás, conocido como Orilla Izquierda. Venían de hacer unas compras y querían ver cómo iba la puesta a punto de la casa. Vladímir fue a mirar el garaje y Nina a dar de comer al perro. Las primeras explosiones fueron tan fuertes que Nina cayó derribada por la onda expansiva. La tierra, las paredes, todo temblaba. Aunque sabía que tenía que buscar un refugio, no era capaz de actuar con presteza. A cuatro patas empezó a llamar a Vladímir, a comunicarle que estaba viva. Él también gritaba. No se oían. Luego Vladímir la alcanzó. Tenemos que volver a casa. Los niños. La pareja salió corriendo hacia el bloque de apartamentos donde estaban sus tres hijos. Dice Nina que los cinco minutos que duró la carrera fueron interminables. Todo se congeló y perdió los colores. El tiempo se arrastraba como en una pesadilla. Lo único que escuchaba era el corazón retumbando en su pecho y a su marido gritando: Deprisa, deprisa. Al doblar una esquina vieron la fachada del edificio. Justo en el lugar en el que estaba su sala de estar, en el octavo piso, había un inmenso boquete. Parte de la fachada había desaparecido. Una señora bien vestida se encontraba junto al portal en actitud tranquila, como si no pasara nada. En estado de shock. La pareja irrumpió en el vestíbulo y subió las escaleras a través del humo y el polvo. Vladímir iba detrás empujando a Nina. Cuando llegaron, vieron que su piso se había transformado en una selva de fragmentos y muebles partidos por la mitad. Ni rastro de los niños.

A los pocos segundos, sin embargo, uno salió de la habitación, y luego el otro, y luego el tercero. Los tres descalzos y en pijama. Aparentemente ilesos. El hermano mayor, Nikita, de trece años, había percibido algo. Nunca supo explicar el qué. Su gato se había puesto a hacer sonidos extraños y Nikita, que estaba en la cocina, salió corriendo a buscar a sus dos hermanos de siete años, Yaroslav y Rotsislav, para llevárselos a la única habitación de la casa que pocos instantes después seguiría indemne. Los padres agarraron a sus hijos y se los llevaron tal cual estaban a la calle. El coche familiar estaba lleno de metralla, pero se podía usar. Escaparon del barrio zigzagueando entre los cráteres dejados por la lluvia de misiles Grad. Esta es una de las muchas historias que Oksana Stómina y Oleg Ukraíntsev, poetas de Mariúpol, han reunido en un libro titulado Near the War: Ukrainian Diaries. Una serie de entrevistas, relatos, poemas, dibujos y reflexiones sobre lo que significa vivir a tiro de mortero de una zona de conflicto, todos ellos escritos o contados por vecinos de la región de Donetsk, especialmente de Mariúpol. El libro tiene vocación analítica y terapéutica. Escribir sobre la guerra es una forma de controlarla, de mitigar su poder, como si la mirásemos a los ojos con intención de perderle el miedo. Los coordinadores y contribuyentes de esta recopilación solo conocían la guerra por los libros, las películas y las viejas historias de los abuelos supervivientes. En 2014 todo eso cambió y hasta los niños aprendieron a distinguir el sonido de los diferentes tipos de misiles que de vez en cuando retumbaban en el horizonte. Uno sorbía su café en el balcón, un sábado por la mañana, cuando justo debajo aparcaba un camión repleto de cadáveres recién llegados del frente, mal tapados con sábanas blancas. Uno tomaba el sol en la playa sabiendo que a pocos kilómetros sus compatriotas caían baleados, o compartía cabina de tren con un soldado ya maduro que lloraba la muerte de un amigo, cuyos pedazos había tenido que meter en bolsas de plástico para entregárselos a la familia.

Oksana Stómina sí que se toma en serio la amenaza de invasión a gran escala. Nos reunimos con amigos suyos en la vieja torre de agua diseñada por el arquitecto prerrevolucionario Viktor Nielsen. Una de las pocas construcciones de Mariúpol anteriores al rodillo del comunismo y las guerras mundiales. Hay un plan, pero no puedo entrar en detalles, dice con voz ronca Vyacheslav Gorbán, empleado del complejo Azovstal y voluntario de las milicias que serán activadas en caso de invasión. Lo que sí te puedo decir es que no tengo permitido molestar a nadie con llamadas. Debo ir al puesto de Defensa Territorial donde tienen mi arma, cogerla y hablar con el comandante. Podemos decir que las Fuerzas de Defensa Territorial, en el este de Ucrania, están en mejor posición que en otras partes, porque tenemos unidades activas estacionadas aquí y cooperamos de forma habitual con ellas. Podemos invitarlas para que nos entrenen. Gorbán añade que él siempre fue un hombre apolítico. Un ciudadano del Donbás que pasaba los veranos con sus familiares en Rusia y que solo miraba de reojo los informativos ucranianos. Hasta que la revolución y la guerra activaron su sentimiento militante. No me importaba, recuerda. Sentía que Kyiv estaba muy lejos y que los parlamentarios de la Rada decidían cosas que realmente no afectaban a mi rutina. Me impliqué activamente cuando vi los puestos de control alrededor de la ciudad. Los conocidos me decían que los soldados ucranianos andaban cerca y estaban muy mal preparados. Que no tenían munición ni calcetines secos, que pasaban hambre. Fui a verlo con mis propios ojos y vi que era verdad, así que fui a una tienda a comprarles comida. Luego se sumaron más voluntarios. En 2016 nos unimos a las Defensas Territoriales. Los sentimientos identitarios se encendieron y la política empezó a levantar barreras entre amigos, familiares y compañeros de trabajo. Según Gorbán, en la planta de Azovstal había prorrusos y proucranianos. Los proucranianos se expresaban más abiertamente. Los patriotas, como los llama Stómina, susurran en la penumbra En 2014 teníamos pósteres del SBU, el servicio secreto ucraniano, detallando cómo reconocer a un separatista y a qué teléfono llamar si nos encontrábamos con uno, dice Gorbán. Un día fui a la habitación donde solíamos tomar café y descansar, y vi a un grupo de gente en torno a un teléfono leyendo noticias separatistas. Nada más verme, pararon. Me cansé, así que saqué una foto del póster y se la mandé a todo el mundo por correo electrónico. Tanto a los directores como a los empleados de la planta. Los patriotas, como los llama Stómina, susurran en la penumbra de la torre de agua reformada. Uno de ellos se llama Leonid y no quiere dar su apellido. Este empleado de la construcción, de facciones cansadas y bigote en forma de herradura, ha presenciado todas las trifulcas políticas de Mariúpol de los últimos quince años. Cuando los manifestantes ecologistas protestaban contra la polución llevando máscaras de gas y pidiendo filtros nuevos para las plantas metalúrgicas, Leonid estaba allí. Cuando los activistas proucranianos y prorrusos se enzarzaron a golpes en las calles a finales del invierno de 2014, Leonid estaba entre los primeros. Sus historias están plagadas de matones en chándal y fugas en el último minuto. La insurrección prorrusa en el Donbás, liderada por nacionalistas rusos y poco después con implicación de tropas regulares, tuvo un importante escenario en Mariúpol. La ciudad fue parcialmente controlada por separatistas y fuerzas especiales rusas entre mayo y junio de 2014. La comisaría central de Policía, otro bello edificio diseñado por Viktor Nielsen hace más de un siglo, fue el teatro principal de los combates con armas automáticas y ametralladoras montadas sobre carros blindados. Una miscelánea de fuerzas gubernamentales y milicias extremistas consiguieron expulsar a los rebeldes en lo que se llamó posteriormente la primera liberación de Mariúpol. La segunda liberación se dio al invierno siguiente, cuando los defensores avanzaron sobre la localidad limítrofe de Shyrokyne y obligaron a los rusos y prorrusos a volver a los territorios ocupados de Donetsk.

Cuando le pregunto a Leonid por su papel de artillero en el Ejército ucraniano, este empieza a hablar de arqueología: de unas pipas de fumar halladas en unas excavaciones cerca de la costa del mar de Azov en las que participó como voluntario. Siempre me interesó la historia, dice Leonid. La mayoría de estas pipas fueron hechas en Ucrania. Pertenecían a cosacos ucranianos. Te lo cuento porque, según la versión oficial, Mariúpol fue fundada por griegos de Crimea reasentados aquí por Catalina la Grande. Pero hay otra versión. Una versión que dice que esto era una base cosaca que luego se transformó en ciudad. El veterano reprime el impulso de sonreír, como si fuera de mala educación, y la algarabía le sube a los ojos verdigrises. Leonid dice tener un compromiso con su ciudad y con su país, una lealtad que refrenda con su labor de artillero y que va a tener la oportunidad de refrendar aún más apenas tres semanas después de nuestra conversación, cuando una visión alternativa de Mariúpol y de Ucrania trate de imponerse con todas sus fuerzas.

El holocausto supuso el exterminio del 60% de la comunidad judía en Europa
Se ha celebrado el «Día Internacional de Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto»
José Lorente Ferrer. la razon. 2 Febrero 2025

En la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, tiene lugar la Reichskristallnacht, o Noche de los cristales rotos. En Alemania y en Austria comienza la caza despiadada a los judíos. Dos años antes, en 1936 ya se detectó un movimiento migratorio considerable en Europa central y del este hacia la Palestina ocupada por los británicos, núcleo territorial del actual Estado de Israel. En aquel año se registraron 370.483 judíos residentes en Tierra Santa. A esta huida hacia Palestina contribuyó el cierre de fronteras de EEUU. En 1947 la Asamblea General de la ONU estimó en 500.000 los judíos que ya se encontraban en los límites del nuevo Estado de Israel que nacería al año siguiente.

En Europa se aplica durante la Segunda Guerra Mundial el plan «Solución final al problema judío»: 5.850.000 judíos son asesinados: 2,7 millones en campos de exterminio, 2,0 millones fusilados durante la invasión de la URSS, 0,9 millones en guetos y campos de trabajo y concentración y 250.000 ejecutados fuera de guetos y campos. El centro The World Holocaust de Jerusalén contabiliza el número de judíos europeos en 9,5 millones. El asesinato de 5,85 millones de judíos representó la pérdida del 61,6% de esta población. A nivel mundial la población judía era de 15,3 millones, por lo que el holocausto terminó con el 38,2% de la población del planeta.

De los 9,5 millones de judíos europeos, 5,8 millones residían en Polonia (3 millones) y la URSS (2,8 millones), de ahí que la mayoría de los crímenes se cometiesen en estos dos países, seguidos de los perpetrados en suelo alemán.

Durante la Segunda Guerra Mundial la ayuda española a la comunidad judía europea se basó en permitir la llegada a territorio nacional de entre 40.000 y 60.000 personas, según fuentes como la Universidad Hebrea de Jerusalén o el historiador Chaim Lipschitz, respectivamente. Bien a través de la red consular y de embajadas españolas en territorio ocupado por Alemania, o la entrada irregular por la frontera con Francia.

En este punto, hay que reseñar que esta semana que ahora concluye se han cumplido 80 años desde que el mayor campo de concentración y exterminio nazi fue liberado en 1945. Se trata de Auschwitz, que acogió la conmemoración de efeméride que puso al descubierto todo el horror de la maquinaria nazi, ), coincidiendo con el «Día Internacional de Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto». A la ceremonia asistieron jefes de Estado y de Gobierno de más de 50 países, incluida la presencia de los Reyes de España, Felipe VI y doña Letizia. Se da la circunstancia que ambos ya estuvieron presentes en 2020, cuando se cumplió el 75 aniversario.

En la actualidad, la Federación de Comunidades Judías de España cifra en 40.000 el número de judíos en nuestro país, mientras que la Comisión Islámica de España calcula en 2.398.000 los musulmanes en territorio nacional. La proporción es de 60 a 1.

Tras la fundación del Estado de Israel en 1948, muchos ha sido los ataques militares y terroristas perpetrados por sus vecinos árabes contra el país judío. La última operación militar se llevó a cabo en octubre de 1973, fue la guerra del Yom Kipur, en el que naciones árabes, encabezadas por Egipto y Siria, lanzaron un traicionero ataque militar sobre Israel. Sería el último. Desde entonces los países árabes reconocieron su inferioridad y renunciaron a la guerra contra Israel. Cincuenta años después, el 7 de octubre de 2023, el grupo terrorista Hamas, con apoyo de un país no árabe, Irán, desencadena una operación terrorista a gran escala en la frontera con Israel. El líder de esta organización terrorista gazatí, Ismail Haniya, fue acusado el pasado mes de mayo por el fiscal de la Corte Penal Internacional de crímenes de guerra y contra la humanidad. Esta organización terrorista controla de forma totalitaria desde 2006 la franja de Gaza. En julio fue neutralizado extrajudicialmente por Israel.

Vivir como noruegos trabajando menos que los sudaneses
EDUARDO INDA. okdiario. 2 Febrero 2025

Entre colaborador pederasta y colaborador pederasta, a Yolanda Díaz le queda tiempo para cargarse España.

La semana que hoy periclita ha sido agridulce para la comunista vicepresidenta: el lunes la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, el filtro previo al Consejo de Ministros, dio el visto bueno a su semana laboral de 37,5 horas, una auténtica victoria para ella, pero apenas 24 horas después la Policía detuvo por violar a una menor a Xabier Ron, su histórica mano derecha en el Parlamento gallego. Nada nuevo bajo el sol para la vicepresidenta segunda toda vez que su otro lugarteniente de siempre, Ramiro Santalices, fue arrestado hace nueve años por posesión de pornografía infantil en medio de sonadas acusaciones de «encubrimiento» a la líder de Sumar.

Yolanda Díaz ha acabado torciendo el pulso a un Carlos Cuerpo que ha quedado como Cagancho en Almagro. Con buen criterio, rogó a Pedro Sánchez que no redujera la semana laboral de 40 a 37,5 horas sin haberlo «pactado» previamente con la patronal, sin echar mano de ese consenso entre empresarios y sindicatos que ha sido la clave de bóveda de estos casi 50 años de prosperidad y paz social. El sucesor de Nadia Calviño sabe de lo que habla: así como la número 3 del Gobierno de España no pasa de ser una picapleitos con ínfulas, Cuerpo es técnico comercial del Estado (teco), una de las oposiciones más duras aunque, visto lo visto con jueces y fiscales, más pronto que tarde un profesor de Educación Física o un graduado en Bellas Artes acabará siendo teco por la patilla. En la España del robatesis Sánchez lo del mérito y la capacidad empieza a representar una fascistoide antigualla.

Carlos Cuerpo se pasó por Moncloa para intentar frenar la enésima barrabasada del caudillo pero no le dejaron terminar. «Ya te he oído», le espetó el presidente con su habitual chulería, tal y como nos relataba esta semana José de la Morena. Ciertamente, le debió de oír pero escucharle no le escuchó una pizca siquiera porque no sólo largó con malas maneras del despacho al titular de Economía sino que, además, no le compró una sola de sus tesis.

Sánchez, al que le da igual ocho que ochenta con tal de continuar volando en Falcon, ha echado mano de unas encuestas que dictaminan que el 65% de los españoles quiere trabajar menos. Claro que por esa regla de tres habría que suprimir los impuestos, la propiedad privada o las medidas de seguridad en los bancos. Si radiografiamos demoscópicamente a nuestros compatriotas tengo meridianamente claro que a la absolutísima mayoría le gustaría no tener que apoquinar el IVA, el IRPF o el IBI, irse a vivir al casoplón de los Iglesias-Montero en Galapagar —se conformaría con la casita de invitados— y poder irrumpir en la sucursal más cercana y trincar un fajo de billetes para llevar una vida más feliz. Pero las cosas son como son, no como nos gustaría que fueran.

Feijóo sucumbió al populismo a la vuelta del verano, pensando que así, sorpassando por la izquierda a los socialcomunistas, y no con su proverbial sentido común, acabará gobernando España. Lo hizo tras conocer los resultados del mejor instituto de sondeos de nuestro país, el normalmente infalible Barómetro de Opinión Pública de la Junta de Andalucía, que coincidía cuasimilimétricamente con los datos que maneja Sánchez vía CIS. El presidente del PP levantó polvareda en cantidades industriales en la entrevista que concedió a Ana Terradillos en Telecinco allá por septiembre: habló de la posibilidad de trabajar cuatro días a la semana con jornadas de «9 ó 9,5 horas». Lo cual es aún más ambicioso que la propuesta de Yolanda Díaz toda vez que el escenario menos estajanovista supondría currar hora y media semanal menos que lo que va a aprobar el Gobierno. En cualquier caso, no sé yo si a la gente le mola esto de pasarse en el tajo nueve horas diarias aunque sea para tener que fichar tan sólo cuatro días a la semana.

Unos y otros olvidan que la caída libre que vive Francia, nación rica donde las haya, se inició en 2002 cuando al desastroso primer ministro Lionel Jospin no se le ocurrió mejor idea que establecer por ley la semana laboral de 35 horas. Desde entonces el país de la Revolución Francesa, Napoleón, Chanel, Hermès, el foie, la Torre Eiffel, Versalles, De Gaulle, Verne, Mbappé y también Robespierre vive una imparable decadencia económica que dibuja un lamentable presente y un inempeorable futuro al que ponen la perniciosa guinda esa inmigración ilegal y esa islamización que amenazan con llevarse por delante no sólo la convivencia sino también la laicidad y un sinfín de derechos conquistados hace 235 años.

A más, a más, hay que anticipar el preocupante hecho de que el yolandazo nos volverá a hacer perder competitividad, ya que nos situaremos a años luz de los más currelas del Viejo Continente: alemanes, holandeses, daneses e irlandeses que tienen por ley una semana laboral de 48 horas. Y también nos descolgaremos de la clase media de los 27, en la cual las 40 es moneda de uso corriente. Seremos el segundo país que menos labora de la UE después de Francia, seguidos de la igualmente decrépita Bélgica, dos modelos no precisamente a imitar, dos naciones que, tiempo al tiempo, acabarán convertidas en estados fallidos.

Y continuaremos descendiendo en PIB per cápita, ranking en el que en estos momentos nos ganan por la mano 14 de los 27 miembros de la Unión Europea; estamos situados un peldaño por encima de los miembros del pelotón de cola, las antiguas naciones del Pacto de Varsovia. La misma tierra de nadie habitamos en el siempre estratégico parámetro de la productividad, que lo dice todo o casi todo de un país porque mide algo tan relevante como es la eficiencia de la fuerza laboral.

Alguien pensará que vamos a vivir como franceses y belgas aparcando el elemental hecho de que, por muy decadentes que sean ambas naciones, continúan siendo infinitamente más ricos que nosotros. Y queremos las mismas condiciones que daneses o noruegos olvidando que son estados setenta veces siete más productivos que España. Noruega, sin ir más lejos, se puede permitir el lujo de trabajar menos (1.380 horas anuales por nuestras 1.680) por dos razones. La primera es que son bastante más productivos que nosotros, vamos, que les cunde más el laburo, que dirían los argentinos. La segunda es tanto más decisiva: no son ricos porque son lo siguiente. Albergar en tu territorio los mayores yacimientos petrolíferos marinos del mundo, ser el tercer exportador mundial y acumular gas para dar y tomar facilita notablemente las cosas. Para muestra, un botón: el Reino de Noruega posee el mayor fondo de pensiones del planeta, que acumula unos activos de 1,4 billones de euros, poco menos del PIB de España en un año. El año antepasado ganó 200.000 millonazos. Las cuentas salen rápidamente cuando se calcula lo que le corresponde a cada uno de los 5 millones de noruegos: 300.000 euros. Pues eso, que así, ¡cualquiera!

Resulta sencillamente de locos querer competir con los asiáticos, que viven para trabajar, y con los Estados Unidos del Donald Trump de los aranceles y las tecnológicas, currando menos y peor que nunca. Tampoco hace falta cogerse vacaciones una semana al año como en los dragones asiáticos, eso es explotación laboral, o las dos de media de los Estados Unidos, es simplemente no tocar las cosas que funcionan. Y España ha sabido trazar el difícil equilibrio entre vida y trabajo en este casi medio siglo de democracia conjugando magistralmente derechos y obligaciones. Lo que está claro es que vivir como noruegos trabajando menos que un tanzano o un sudanés es un milagro que no obraría ni Judas Tadeo, el santo de las causas imposibles. Esperemos que el presidente del Gobierno de España de facto, Carles Puigdemont, pare los pies a su subordinado, Pedro Sánchez. Lo contrario no auguraría nada bueno.

Le tienen miedo
Jesús Cacho. Vozpópuli. 2 Febrero 2025

La voz de alarma la dio este martes Bernard Arnault, presidente ejecutivo de LVMH, el mayor grupo de artículos de lujo del mundo (Dior, Vuitton, Fendi, Bulgari, Celine, Tiffany & Co., Hennessy y Veuve Clicquot, entre otros) y uno de los hombres más ricos del mundo, con una fortuna cercana a los 200.000 millones de dólares. Recién llegado de Washington, donde acababa de asistir, como invitado personal de Donald Trump, a la ceremonia de toma de posesión del 47 presidente de los Estados Unidos, Arnault arremetió contra el proyecto de Presupuestos del Gobierno Bayrou para 2025 que prevé un aumento significativo de impuestos a las empresas francesas. “Regresé de Estados Unidos y pude ver el viento de optimismo que reina en ese país. Llegamos a Francia y nos encontramos con una ducha de agua fría. Allí, el impuesto de sociedades (IS) va a quedar reducido al 15%, los centros de producción gozan de subvenciones en una serie de estados y el presidente Trump lo alienta. En Francia, por el contrario, nos enfrentamos a un aumento de ese mismo impuesto del 40% a las empresas que fabrican aquí. Es claramente una penalización al made in France y una invitación a la deslocalización empresarial”. Todas las empresas con facturación superior a los 3.000 millones deberán hacer frente a ese recargo, con el que el Gobierno galo espera conseguir 8.000 millones extras este año. El Ejecutivo dice que su intención es aplicarlo solo en este 2025 con el objetivo de reducir el déficit público al 5,4%, pero nadie lo cree. “Una vez que se ha aumentado un impuesto en un 40%, ¿qué Gobierno se atreverá a bajarlo en la misma proporción?, aduce Arnault.

Pero no es solo el amo del Grupo LVMH. Los grandes patronos franceses se han manifestado esta semana en abierta rebelión contra la inestabilidad política, el caos presupuestario y el aluvión normativo que sufren las empresas del país vecino y del resto de la UE. Tipos como Florent Menegaux (CEO de Michelin), Ben Smith (CEO de Air France KLM), Patrick Pouyanné (CEO de TotalEnergies), entre otras, han puesto de relieve su disgusto (“ira desbordante entre los líderes empresariales”, según Le Figaro) por este estado de cosas. “Invertir en Francia se ha convertido en un infierno” (Luc Rémont, director general de EDF). "Corremos el riesgo de que muchas empresas se vayan y hagan lo que saben hacer en otros lugares” (Guillaume Faury, CEO de Airbus). La mayoría acepta de buen grado arrimar el hombro en el esfuerzo de reconducir las cuentas públicas siempre y cuando el dinero del contribuyente esté bien gestionado, cosa muy cuestionable con solo mirar el funcionamiento de la Administración pública. Todos, sin embargo, se sienten estafados ante la realidad de una clase política incapaz de bajar el listón del gasto público, de meterle mano al gasto público. Arnault ha dicho en voz alta lo que cada vez más gente dice en privado: Francia necesita un DOGE, el departamento de eficiencia gubernamental que Trump ha confiado a Elon Musk en EE.UU. Francia y naturalmente España, por no hablar de la élite burocrática refugiada en Bruselas.

Y ello cuando Trump acaba de poner la alfombra roja a todas las empresas que decidan instalarse en Estados Unidos para producir allí, mediante un espectacular big bang fiscal: abolición del impuesto sobre la renta y reducción drástica del impuesto de sociedades, todo ello financiado mediante la imposición de aranceles a los productos importados. El 15% de IS para quien fabrique en EE.UU. convertirá al gigante americano en un nuevo paraíso fiscal para las empresas. El shock provocado por la irrupción en el panorama económico mundial del atrabiliario tipo de pelo amarillo es tan brutal, tan evidente en una UE convertida en una máquina de producir normas (en seis años, Bruselas ha publicado 14.000 páginas de reglamentos sólo para la industria química) por el bien del “planeta” pero en perjuicio de sus empresas y consumidores, que Bruselas ha anunciado esta semana una rectificacion casi total de sus políticas, una vuelta atras radical en sus planteamiento, un llamativo diego donde dije digo. La situación del viejo continente, en efecto, solo puede ser calificada de dramática. Obsesionada en la elevación constante de los estándares climáticos, con el palo y tente tieso de las prohibiciones y sanciones, Bruselas ha puesto a muchos sectores al borde de la quiebra, incapaces de competir con la agresividad comercial china o norteamericana. El acero, por ejemplo. La UE ha pasado de ser un exportador a un importador neto en cinco años. “Todas las plantas siderúrgicas europeas corren el riesgo de cerrar en 2025” (Alain Le Grix de la Salle, ArcelorMittal). Lo mismo ocurre con el aluminio, los productos químicos, los plásticos y naturalmente, el automóvil (ojo, España), cuya producción ha caído a nivel europeo un 20% en cinco años. El miércoles, ese portento de mediocridad que es Ursula von der Leyen, presidenta de la CE, anunció el lanzamiento (el 26 de febrero, que no hay prisa!) de un programa para desregular la Unión con el que espera ahorrar unos 37.500 millones año a las empresas europeas, un plan en dos frentes: un “shock de simplificación” mediante una ley “ómnibus” destinada a aligerar la legislación existente, y un pacto para una industria limpia dirigido a apoyar sectores clave (automóvil, acero, química). El objetivo es reducir la carga burocrática de las empresas en un 25%, e incluso en un 35% para las pymes.

Y mientras esta revolución ocurre en el mundo que nos rodea, en España reina la paz de los cementerios. Ni una buena acción ni una mala palabra contra un Gobierno enemigo declarado de la actividad empresarial. Porque a las dificultades muy grosso modo aquí descritas por las que atraviesan las empresas europeas hay que añadir, en el caso de España, el efecto devastador, el desgarro que sobre nuestro tejido productivo ocasiona un grupito comunista como Sumar, socio de coalición del Gobierno, al que Pedro Sánchez alegremente ha entregado la gestión de la economía, hecho diferencial que ejemplifica la figura de una vicepresidenta segunda y dizque ministra de Trabajo cuasianalfabeta cuyo sueño diario consiste en hacer todo el daño que pueda a las empresas, grandes y pequeñas. Al escandaloso incremento de los costes empresariales producido desde que Sánchez llegó a Moncloa hay que añadir ahora mismo la subida (nueva) del SMI (un 80% desde 2016, contando con los 50 euros mes últimos) y la reducción de jornada a 37,5 horas semanales. La paradoja es que, al contrario que en Francia, donde las elites empresariales acaban de protagonizar una llamativa revuelta, aquí la agresión a la empresa se soporta con franciscana resignación. Ni una protesta. Incluso, si me apuran, se colabora desde los Consejos de Administración, no digamos ya desde las patronales, con el disparate semanal de Yolanda Díaz y su mantenedor.

Valga el ejemplo de la CEOE. Los medios han venido en las últimas semanas cargados de informaciones relativas al enfrentamiento que protagonizan Antonio Garamendi, presidente de la gran patronal, y Gerardo Cuerva, responsable de Cepyme. Garamendi es un burócrata; Cuerva es un empresario. Garamendi se ha subido el sueldo de 300.000 a 450.000 euros anuales; Cuerva no cobra por el tiempo que le dedica a la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa. Garamendi, con alguna resistencia de última hora en asuntos particularmente escandalosos, ha aceptado casi sin oposición reforma tras reforma propuesta por el Gobierno socialcomunista y su brazo armado, los sindicatos marxistas CC.OO. y UGT, cambios que jamás debería haber apoyado una patronal por lesivos no ya a los patronos, que va de suyo, sino al interés general y de los propios trabajadores. Cuerva se ha opuesto a la mayor parte de los “acuerdos” que ha suscrito CEOE. Garamendi ha reformado los estatutos de la gran patronal eliminando la limitación de mandatos y endureciendo las condiciones para la presentación de candidatos a la presidencia. Cuerva está dispuesto a dejar Cepyme en cuanto una candidatura alternativa se lo sugiera. Garamendi prácticamente no reúne a sus vicepresidentes y nadie sabe lo que está negociando con el Gobierno en un momento determinado y en qué estadio se encuentra esa negociación. Misterio tras misterio.

El resultado es una acusada desafección de la mayor parte del empresariado de una patronal en teoría llamada a defender sus intereses. Un empresariado que se ha ido empobreciendo de forma paulatina (como las propias empresas, y ahí está, con un par de excepciones, la capitalización de las más grandes en Bolsa), porque los márgenes se han estrechado escandalosamente y muchas empresas han dejado de ser rentables. La consecuencia es una caída en paralelo de la “calidad” del estamento, la crisis del empresariado vocacional, la búsqueda de soluciones individuales, y las dificultades que la empresa familiar, muy particularmente, encuentra a la hora del relevo generacional. Ser empresario ha dejado de ser atractivo, carece de alicientes incluso salariales. Volviendo al caso CEOE, da la impresión de que Garamendi es un ave solitaria que ya vuela por su cuenta y sin control. El patronazgo que sobre él ejercían algunos grandes patronos se ha difuminado hasta desaparecer. Álvarez-Pallete ha salido de Telefónica. Isidro Fainé está de retirada y Ana Botín no quiere saber nada (o lo menos posible) de su país de origen.

Una situación que contrasta con la marcha de una economía que crece a buen ritmo propulsada por el turismo y la inmigración, pero sobre todo por el gasto público de un Gobierno dispuesto a seguir derrochando el dinero del contribuyente, a seguir endeudándonos como si no hubiera un mañana, decidido a seguir comprando el voto de los más variopintos colectivos. Esta semana hemos sabido que también vamos a subvencionar el veterinario del perrito del vecino del segundo izquierda. Nadie levanta la voz. Al revés que en Francia, nuestros empresarios, en realidad meros gestores encaramados a la presidencia de las empresas y blindados por un Consejo de amiguetes, callan cual sepultura. Formamos parte de una economía intervenida, sodomizada por un Gobierno que hace uso a su antojo de las instituciones del Estado. Con Sánchez decidido a ocupar todo el poder, el público y el privado, caso de Telefónica. A Pallete le dan el finiquito en Moncloa y le obligan a hacer presidente a Marc Murtra el mismo día y en el mismo acto. Y a Murtra le dan hecho el nombramiento de Ángel Escribano como nuevo capo de Indra. Sin pedirle opinión. A tomar viento los estatutos sociales, los consejeros independientes y la comisión de nombramientos. Papelón del austriaco Peter Löscher, coordinador de independientes y presidente de la citada comisión. ¿Y qué dice un tipo como Paco Riberas (Gestamp), 0,21% de Telefónica, miembro del Consejo y millonario? ¿Por qué se somete a semejante humillación? ¿Y qué, esas mujeres, María Luisa García y Verónica Pascual, cuya llegada a la cima empresarial iba a cambiar de plano el universo corporativo? Sánchez se ha comprado Telefónica y pretende hacer lo mismo con Indra, controlando la sociedad con un grupo de accionistas amigos sin necesidad incluso del concurso de SEPI.

Todo el mundo calla. Curioso, nuestro autócrata infunde miedo. Hay miedo a levantarle la voz. Miedo a Sánchez. Tan parecido a Franco en tantas cosas, los regímenes autoritarios se consolidan con la argamasa del temor. El canguelo, la cobardía. Más allá de su arrogancia, el personaje trata mal a sus colaboradores, se irrita cuando alguna novedad contraviene sus planes, patea puertas y sillas, y lanza lo que encuentra a mano contra quien le solivianta. Iván Redondo es buen testigo de estos episodios de ira. Algún empresario se ha quedado muy sorprendido estos días cuando le ha visto en Davos dar órdenes en tono zafio, más que desconsiderado, a sus subordinados. “¡Haz lo que te digo, joder!”. Este lunes echó con cajas destempladas de Moncloa a Carlos Cuerpo cuando el titular de Economía pretendió argumentar contra la reducción de jornada auspiciada por Yoli Tenacillas. El personaje está fuera de sí y está en campaña. En realidad está en precampaña desde el inicio de su segunda legislatura. No puede gobernar y lo sabe, pero la presidencia del Gobierno es el vehículo que le permite estar en constante movilización. La subida de las pensiones era asunto capital en su estrategia. Pensionistas, parados, funcionarios y colectivos identitarios constituyen las cuatro patas del banco que debe permitirle, con mucha suerte y algunos errores de la oposición, intentar la reelección en 2027 o antes, si las cosas se tuercen. ¿A quién le importa que el déficit contributivo de las pensiones haya superado los 60.000 millones en 2024? ¿A quién, que la deuda de la Seguridad Social haya escalado desde los 52.868 millones de 2018, año en que Sánchez se instaló en Moncloa, a los 116.000 actuales? Nadie se queja. Nadie parece escandalizado por el hecho de que el truhán no aproveche la bonanza económica para reducir drásticamente déficit y deuda, en lugar de despilfarrar el dinero en asentar su poder personal. La gente sigue bailando en la toldilla de popa, mientras la nave se hunde por proa. Un poco más cada semana.

Un gobierno de hampones que roban y borran sus teléfonos móviles
Federico Jimenez Losantos. libertad digital. 2 Febrero 2025

Un fiscal general del Estado no puede negarse a contestar las preguntas de un juez del Supremo.

Pocos casos en la historia de España tan graves como los términos de la comparecencia ante el Tribunal Supremo de la Fiscalía General del Estado, de esa tríada que componen Alvarone, la Cianuro y el Villafañe. Lo peor no fue la chulería de García Oritz, calcada de su capo Falconetti, que han llevado a 11 fiscales de sala y dos ex fiscales generales del Estado a instar su dimisión.

Porque, como dicen, cualquier presunto delincuente, confeso o relapso, puede mentir o callar siendo imputado, pero un fiscal general del Estado no puede negarse a contestar las preguntas de un juez del Supremo. Declarar ilegítima a la más alta instancia judicial, como hizo, y desde un cargo que juró guardar y hacer guardar la Constitución y está al frente del Ministerio Público, guardián severo del cumplimiento íntegro de la Ley, es una inversión de valores tan atroz, tan descarada, que, sólo verla, ruboriza.

Como los delincuentes en ‘The Wire’
Los fiscales que no se resignan al descrédito de un cuerpo al que han dedicado su vida, basarán su rechazo en términos de jerarquía y moralidad. Un fiscal no puede cobrar un sueldo del Estado y burlarse de la legalidad que, al máximo nivel, representa el Tribunal Supremo. Y además acusarlo de prevaricación en sus narices y comportarse desde lo alto del estrado con la facundia de un ladrón de bancos o alunicero de joyerías al que la policía atrapa pinchándole el teléfono, pero piensa reincidir apenas tenga ocasión.

Confieso que a mí lo que más me ha persuadido de que no estamos ante un Gobierno que pernocta en la ilegalidad y amanece pensando en delinquir, sino ante una banda de hampones es que se comporta como cualquier pandilla dedicada al tráfico de drogas y utiliza para sus trapicheos esos móviles prepago que se usan una vez y se tiran, para borrar la participación en tal o cual fechoría. Una de las grandes series de televisión de las últimas décadas es The Wire, que retrata el funcionamiento del hampa de la droga y lo que debe hacer la policía para llevarlos ante la justicia y conseguir una condena. La clave está siempre en la línea de teléfono, sea o no wireless, pinchada con orden judicial sin que se entere el delincuente. Pero el malo no es tonto, y suele ir por delante de la policía, buscan una línea, wire, que no le pinchen. Hay testimonios que, por la forma de obtenerlos, no tienen validez judicial y permiten al malo irse de rositas, así que la serie es un frenético, interminable forcejeo entre astucias de buenos y malos, a veces mezclados.

Del Pegasus de Sánchez a la destrucción de móviles de todo el Gobierno
Sánchez fue pionero en la ocultación de mensajes y cambios de móvil. Es el caso Pegasus, el espionaje al presidente y tres ministros por Marruecos que detectó Israel, creador del sistema, facilitó a Francia, porque del amigo de Hamas no se fía, y aterrizó en el CNI, que aseguró a Sánchez que estaba siendo espiado por Rabat, pero que si les entregaba el móvil, le cambiarían el encriptado y borrarían el spyware de Pegasus que le habrían puesto allí. Increíblemente, Sánchez se negó. Prefirió comprar móviles nuevos para él, Robles, Marlaska y alguno más, para que nadie del CNI pudiera enterarse, por ejemplo, de si la entrega del Sahara se produjo bajo chantaje o soborno. Antes, en una expedición marroquí, ya le habían robado el móvil a Begoña, que andaba de negocios con la patronal de Mohamed VI. Vamos, que toda la familia, negocios y contactos estaban en manos del hostil vecino del Sur.

Pero es Alvarone el que ha llevado la técnica de los narcos de The Wire a un nivel superior. Ya le pillaron borrando datos del suyo junto a su segunda, Sánchez Conde, en pleno registro de su despacho por la UCO.

Pero lo más desvergonzado en este atleta de la sinvergonzonería es que, cuando el juez le pidió su móvil entregó uno recién comprado, no sé si corriente o prepago, al modo de los delincuentes habituales.

Pero al verlo el juez nuevo y vacío y preguntarle por esa anomalía, dijo que él cambiaba mucho de móviles, seis en dos años y medio, y que los mensajes de la semana en que se dedicó obstinadamente al delito de revelar secretos del novio de Ayuso, los había borrado, primero dijo que por un protocolo de seguridad, que era mentira, y luego, para proteger a "altas autoridades del Estado".

Dado que con Zarzuela no tiene trato alguno, esas autoridades altísimas sólo pueden ser el presidente, la presidenta, Bolaños y su jefe de gabinete, Oscar López, que, con su segunda, Acera, fue quien recibió los datos ilegalmente obtenidos, se los reenvió a Lobato, y ante su negativa a delinquir abiertamente, no en balde es funcionario de Hacienda, los pasó a dos medios afines, de donde fingió tomarlos Lobezno y tirárselos a la cabeza a Ayuso en la Asamblea, pero se fue a un notario para consignar que él era inocente del tráfico de datos robados. Inocente… pero cómplice.

Esta semana pasada, en su declaración por la Trama Hidrocarburos, Reyes Maroto, que como ministra de Industria otorgó el permiso al negocio de Aldama, aunque el permiso definitivo lo dio la vicepresidenta Ribera, no diré sorprendió, pero sí nos permitió constatar que todos los ministros que han tenido alguna relación con las tramas de corrupción sanchistas se han librado de la prueba que pudieran suponer sus móviles, ojo, institucionales.

El borrado parcial del móvil de Aldama
Poco antes de la confesión de Maroto, se filtró que todo el Consejo de Ministros había cambiado de móviles, no sabemos cuántas veces. Pero sí permite concluir que ese es el modus operandi de lo que Albert Rivera, en su profético discurso, llamó la Banda de Sánchez, reunida en la Habitación del Pánico, por miedo a perder el poder y que los pillaran. Y es que ahora sabemos que empezaron a robar desde el primer día que pisaron moqueta. Estamos hablando de móviles institucionales (en los USA no permiten que los altos cargos de la Administración tengan otros) en los que cualquier ministro, hasta Pilar Alegría, tiene valiosa información que afecta a los directores generales y altos funcionarios en asuntos vitales y cuya cuantía económica obliga a guardar pruebas que acrediten la legalidad de todas sus actuaciones. Borrar, triturar o deshacerse de esos móviles oficiales señala la ocultación continuada de datos incriminatorios. Y nos remite al asalto del móvil más delicado para Sánchez y su ministrada: el de Víctor de Aldama. Animo a ver el programa en YouTube de Carlos Cuesta sobre esta escandalosa epopeya delictiva de robar-y-borrar.

Cuando el juez Pedraz recibió el móvil de Aldama, tras el acuerdo de su abogado con el fiscal y los jueces de los casos Koldo e Hidrocarburos, lo guardó como prueba de la complicidad del Gobierno en los delitos que se le investigaban y en los que se le pudieran imputar, que son muchísimos más. Y hete aquí que, cuando llegan al volcado y desencriptado de ese móvil, se conservan las conversaciones de Aldama, pero no las de sus interlocutores, que aparecen como no accesibles por cambio en el sistema de acceso.

Es evidente que esa entrada a lo Pegasus en un móvil protegido por el juez se ha hecho después de que Aldama lo depositara en el juzgado de Pedraz. Y es también obvio que la sofisticadísima intervención de ese móvil sólo la pudieron acometer funcionarios que delinquen a las órdenes del Gobierno, como en el GAL, o profesionales altísimamente capacitados que cobran por ese delito dinero de fondos públicos. ¿Fondos españoles o venezolanos? La trama de Aldama, que es la de todo el Gobierno Sánchez, ha sido, desde el principio, más caraqueña que madrileña. En ella, siempre aparecen los mismos; y siempre, al fondo, Sánchez, sin el que ninguna de estas fechorías se hubiera podido no ya cometer, algo imposible, sino siquiera imaginar. Ya conocemos que la banda cobraba por concesiones de carreteras. Es posible que, como en The Wire, acabemos sabiendo cómo se repartían las esquinas.

Elogio de la coherencia
Alfonso Ussía. el debate. 2 Febrero 2025

Hoy he amanecido bien descansado. Desde la ventana de mi despacho, lucen los maravillosos y efímeros amarillos de una mimosa gigante, aparentemente centenaria. Un árbol que anuncia la primavera. Y creo que ha llegado el momento de escribir un texto elogiando la coherencia, la honestidad y la decencia. Se me ha olvidado apuntar en el presente preámbulo que he contado en mi prado seis petirrojos. ¿Qué derecho tengo a crear un artículo malhumorado, una síntesis de la amargura?

Me atrevo a afirmar que el Fiscal General, don Álvaro García Ortiz, se me antoja como ejemplo de coherencia y honestidad. Lucha y combate contra todos los elementos por mantenerse ejemplar y limpio. Si García Ortiz hubiera optado por hacer caso a los que le exigen la dimisión y su reconocimiento de culpa, García Ortiz habría caído en la traición conceptual. La honestidad también comprende la firmeza en los comportamientos públicos. Se le pide, se le apremia, se le empuja —por sus propios compañeros y subordinados—, a la dimisión. De hacerlo, García Ortiz estaría en trance de traicionar su sentido de la vida. Un esbirro sólo es honesto y coherente si actúa como un esbirro. Un empleado agradecido jamás se ennoblece desobedeciendo a quien le ha dado todo. Un pelota que no haga la pelota, es un desleal. Y Álvaro García Ortiz está dando ejemplos diarios de pulcra decencia, coherencia y lealtad. De reconocer sus gravísimas faltas, errores y manipulaciones groseras, el Fiscal General perdería todo mi respeto. Se sabe esbirro, y de ahí no hay quien le mueva. Y esa perseverancia en la resistencia le convierte en un héroe del sentido de su honor. Para una abrumadora mayoría de los españoles, García Ortiz está obligado a dimitir por la presumible comisión de graves delitos desde su atalaya justiciera. Pero esa dejación de su cargo sería una acción indecente y deshonesta con el que tuvo la ocurrencia de designarlo para tal fin.

Compárese su respeto a la servidumbre y a la claudicación de sus privilegios, con la trayectoria fluctuante de aquel concejal socialista y ocupador de tertulias, el socialista Carmona, que dio el braguetazo desde la Alcaldía de Manuela Carmena al Consejo de Administración de Iberdrola. Recuérdese su vibrante alocución mitinera denunciando la existencia de las puertas giratorias de algunos políticos del Partido Popular. «No se puede tolerar que después de pasar por la política se sienten en los consejos de administración de las más importantes empresas de España con unas dietas de 300.000 euros al año». Aquel Carmona nos emocionó a todos. Sucede que no supo mantenerse en su ejemplaridad, y cuando fue invitado a abandonar la política, en la que fue untuoso y pegajoso halagador profesional, se topó con las puertas giratorias que pusieron en sus narices Sánchez y Galán, y se sentó en el Consejo de Administración de Iberdrola con —eso dicen—, 400.000 euros de dieta a cambio de su bruída sabiduría en el mundo de la electricidad. Carmona cayó en el indecente espacio de la incoherencia, en tanto que García Ortiz, con su firme postura, se empecina en seguir siendo lo que fue desde que Sánchez le nombró: un esbirro. Como el presidente del Tribunal Constitucional, que está ahí para obedecer, como tiene que ser, sin disfraces ni otras zarandajas colaterales.

Si en la política española, en sus instituciones mutiladas pero aún supervivientes, hay alguien digno de elogio y homenaje, ese es el Fiscal General del Estado —antes Reino—, que se ha conducido con una emocionante lealtad, obediencia y calamidad a quien le nombró para secuestrar la independencia de la Fiscalía en beneficio de Yo Mi Persona. Un García Ortiz dimitido —aunque pueda ser expulsado y en un futuro, engrilletado por su coherencia—, nos ofrecería una imagen de decoro adversa a su voluntaria condición de corchete y galafate del poder. La obediencia ciega, la mentira encadenada, la falsedad sostenida y la caradura indestructible son virtudes dignas de elogio y admiración.

Lo bueno y lo malo son condiciones opinantes. La difícil y arriesgada profesión de esbirro, llevada hasta la cumbre del cumplimiento, es consecuente, decente y coherente. Y eso es lo que necesitamos en nuestra admirable izquierda, más aún que una mariscada de sindicalistas.

Reciba mi sollozada admiración.

En lo que va de año ya son casi 5.000
Más de 150.000 inmigrantes ilegales han llegado a Canarias desde el año 2020
Rubén Pulido. gaceta. 2 Febrero 2025

Las Islas Canarias se encuentran en el ojo del huracán de una crisis migratoria que no parece tener fin. Según datos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (CGEF) de la Policía Nacional, desde el estallido de la ruta canaria en 2020 más de 150.000 inmigrantes ilegales han llegado al archipiélago canario.

En 2020, con la crisis de Arguineguín en su punto más álgido, llegaron 23.023 inmigrantes ilegales. Al año siguiente, la cifra sólo bajó ligeramente a 22.316. Fue en 2022 cuando se notó una disminución considerable hasta las 15.682 llegadas. Sin embargo, 2023 rompió todos los registros con 39.910 inmigrantes, superando el pico de la crisis de los cayucos del 2006. El año 2024 elevó aún más la alarma con 46.843 inmigrantes ilegales llegados en casi 700 cayucos, un incremento del 17,4% respecto al año anterior. Y sólo en lo que va de 2025 ya se han registrado casi 5.000 llegadas.

Un informe interno de la Guardia Civil al que LA GACETA ha tenido acceso arroja luz sobre esta situación desbordada. «La presión migratoria se mantendrá en niveles altos/muy altos durante los próximos meses», se asegura en el documento, que indica una «tendencia continuista» en cuanto a la llegada de pateras.

Mientras tanto, las políticas de «fronteras cerradas» en otros países europeos parecen no cambiar, empujando a las organizaciones criminales a utilizar la ruta canaria como su principal vía de entrada ilegal. «No parece que las políticas de los gobiernos italiano y griego vayan a cambiar en los próximos meses», se advierte. La presencia de grandes bolsas de candidatos a migrar en Mauritania, especialmente en Nouadhibou, es otro factor de alarma. «Se prevé que el número de inmigrantes que intenten llegar a las Islas Canarias no cese», señala el informe, destacando que aquellos con los recursos necesarios aguardan su turno para ser embarcados.

Además, la situación en aguas mauritanas con la presencia de cayucos senegaleses, muchos sin licencia para pescar, podría tener implicaciones más allá de la pesca ilegal. «Mauritania alerta de la presencia de cayucos senegaleses en sus aguas… El aumento de cayucos senegaleses podría tener consecuencias vinculadas a la inmigración irregular y a sus organizaciones criminales», describe el texto.



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Los Peaky Lawyers
Javier Somalo. libertad digital. 2 Febrero 2025

Es importante no olvidar que a Rajoy lo echó una trama togada que empieza a nublarse en la memoria de muchos políticos y no pocos periodistas.

La crisis institucional que estamos atravesando no tiene antecedentes y, lo que es peor, promete complicarse cada día. La ruptura completa del orden constitucional y el continuo recurso a escenarios desconocidos forman parte del ambiente político que necesita Pedro Sánchez para seguir existiendo.

El presidente es rápido generando el caos que la oposición tarda tanto en digerir: el PP organiza un debate con cada envite y Vox pone querellas después de enzarzarse con los del debate del PP. El resultado es que Pedro Sánchez sigue tachando los días en el calendario elevando cada vez más el reto institucional. Sueña con ese día en que no necesite viajar a Waterloo, regalar palacetes y competencias o borrar delitos para que le aprueben el sillón del Falcon. Y se lo está trabajando a conciencia.

Hoy, febrero ya de 2025, la Justicia que no ha caído del lado golpista, es la tabla de salvación más sólida que encontramos en este dramático naufragio. No sabemos cuánto tiempo nos mantendrá a flote porque la amenaza es ya muy parecida a la del golpe de octubre de 2017, momento fundacional de la gran recaída.

El pasado que vuelve cuando se olvida
Fueron las puñetas sanchistas las que nos trajeron este Régimen en 2018 en forma de moción de censura contra el entonces presidente Mariano Rajoy. No es necesario repetir aquí lo que tantas veces hemos dicho sobre la actitud del PP del Arahy que se dejó echar con tantos complejos como siempre, el mal endémico de la derecha española desde mucho antes de Franco.

Pero sí es importante no olvidar que a Rajoy lo echó una trama togada que empieza a nublarse en la memoria de muchos políticos y no pocos periodistas. Pocas veces una alegoría acaba identificando más sus términos que en la cacería de Cabeza Prieta (Jaén) de 2009, ¡hace ya 16 años! Allí, entre puntas de ciervo y algún colmillo de jabalí, se pergeñó la operación Gürtel contra el PP. Baltasar Garzón (juez de instrucción de la Audiencia Nacional), Mariano Fernández Bermejo (ministro de Justicia y exfiscal jefe de Madrid), Dolores Delgado (fiscal de la Audiencia Nacional) y Juan Antonio González (comisario de la Policía Judicial) fueron la banda original. Con su visera de caza y todo. Los Peaky Lawyers.

Gürtel reunió a muchos delincuentes, sin lugar a duda. Pero el juez que no pudo ser ministro usó la operación para destruir por completo al PP en una causa que le costó una condena por prevaricación ya que grababa a los reos con sus abogados mientras planificaban las defensas en prisión violando así una garantía constitucional básica.

El escándalo no impidió al PSOE, ya desalojado del poder, dictar morcillas a otro juez, José Ricardo de Prada, y convertirlas en motivación de una moción de censura que acabó con Rajoy y puso en el trono de la mafia a Pedro Sánchez. A De Prada no lo condenaron porque en España, determinados delitos crean una especie de jurisprudencia pro-reo pese a no mediar duda alguna. Fue apartado del caso de los papeles de Bárcenas por la Audiencia Nacional y reprendido por el Supremo, que le recordó que Rajoy nunca estuvo imputado y que al PP no se le estaba siquiera juzgando. Pero el daño no lo reparó nadie, claro. Una muesca más.

Todo esto, por escandaloso que parezca, se ha olvidado por completo, permitiendo así su impune repetición. Cándido Conde Pumpido desde el Tribunal Constitucional pilota de nuevo el poder socialista con togas… y viseras de cazador.

Ahora un fiscal general del Estado está imputado por cometer un delito tan grave como el que apartó a Garzón de la judicatura hace más de una década. El marido de la mentora de Álvaro García Ortiz —aquella cacería unió mucho— violó las comunicaciones entre abogado y cliente; el pupilo hace lo mismo pero contra un ciudadano —después, novio de Isabel Díaz Ayuso— que estaba ya regularizando su deuda con Hacienda y ordena filtrar los correos entre un fiscal y el abogado. Distintos delitos pero mismas razones: guerra sucia contra el PP. La interminable cacería, agravada ahora por un escenario golpista y de corrupción.

Trece fiscales sin miedo
Además de las contundentes declaraciones de la fiscal Almudena Lastra, indignada por el mero hecho de que su jefe hubiera filtrado los correos — "Eso ahora no importa", dijo el fiscal— y del fiscal Julián Salto, el que gestionaba el caso con el abogado del novio de Ayuso y desmontó la coartada de García Ortiz sobre los móviles huidizos —un terminal cuatro meses—, esta semana se ha levantado otra defensa contra el golpe judicial que dirige Sánchez, monitoriza Cándido Conde Pumpido y van ejecutando peones como Álvaro García Ortiz.

Se trata de un manifiesto más que necesario, firmado por trece fiscales, once de ellos de Sala y dos ex fiscales generales del Estado que piden la dimisión del Fiscal general del Estado. Son casi un tercio de los 35 que forman la Junta de Fiscales de Sala. Añádanse los que ya se han pronunciado durante la investigación y los jueces que, desde asociaciones o el mismo CGPJ, denuncian el intolerable asalto.

El manifiesto completo es de obligada lectura y su gravedad no decae en ningún momento, pero cabe destacar la vergüenza que sienten estos funcionarios de la Justicia al ver a su superior callar ante un juez del Tribunal Supremo:

La comparecencia del Fiscal general del Estado para declarar como investigado en el Tribunal Supremo negándose a responder a las preguntas del Magistrado Instructor es impropia de un Estado Democrático de Derecho. Puede hacerlo como investigado Don Álvaro García Ortiz; nunca el Fiscal general del Estado que, pese a ser objeto de investigación penal por el máximo órgano judicial del Estado, sigue representando al Ministerio Fiscal entre cuyas funciones se encuentra la de velar por la independencia de los Tribunales.

Una de las frases más repetidas en las películas con trama judicial en la que defensas y acusación miden sus brillantes argumentos es el consabido: "No hay más preguntas, señoría". Es el colofón presuntuoso a una evidencia desnuda que desmonta, o pretende hacerlo, la estrategia de la otra parte. En el caso del Inidóneo imputado, lo que no hay son respuestas al juez. Como los etarras que no reconocen a los tribunales que les juzgan. Como los golpistas de 2017 negaron autoridad a los jueces que los procesaron.

El fiscal imputado sólo respondió a las preguntas de su abogado —que lo es del Estado— y se permitió acusar al juez del Supremo Ángel Hurtado de actuar de forma "predeterminada", vulgo prevaricación. Arremetió también contra la fiscal Lastra porque, según dice, no habría osado preguntarle si ordenó la filtración. Ella declaró como testigo, con el deber de decir la verdad; él, al comparecer como imputado, puede mentir sin incurrir en (otro) delito.

Los benefactores de la cúpula fiscal tienen nombres y apellidos y es justo reconocerles su misión, a la que un día se consagraron: preservar la Justicia. Son trece: Javier Zaragoza, Antonio Narváez, Elvira Tejada, Consuelo Madrigal, José Miguel de la Rosa, Rosana Morán, Jaime Moreno, Fidel Cadena, Javier Huete, Pilar Martín Najera, Francisco Moreno, Manuel Moix y María José Segarra.

Quedan muchas preguntas que responder y muchos atropellos por sufrir. Puede que el Fiscal acabe achicharrado como simple fusible del circuito criminal, pero eso no pondrá fin al proceso que tiene en el Tribunal Constitucional una suerte de última instancia incondicional con capacidad de convertir el delito en virtud.

El presidente del Gobierno está rodeado por la corrupción, desde ministros a su propia familia, y amenazado día y noche por los golpistas que le permiten seguir en La Moncloa a cambio de prebendas contrarias al orden constitucional. Trata de despistarnos con la política común, con los decretos, con Franco, con la economía… como si nada pasara. Y empuja al PP para que pise la trampilla que da al vacío. Si sabrán de trampas estos de la visera.

Nunca antes un Fiscal general había sido imputado, nunca antes un imputado había entrado al Supremo por la puerta de autoridades, nunca antes se habían borrado delitos, nunca antes la familia de un presidente había estado imputada por la Justicia… La lista de estrenos es interminable y promete crecer. A ver si se pone de nuestra parte.

La bala de plata
Emilio Contreras. el debate. 2 Febrero 2025

Si Sánchez no consigue dar la vuelta a la derrota que anuncian los sondeos, no hay que descartar que trate de activar el voto poniendo sobre la mesa la alternativa republicana y demoler el orden constitucional de 1978

Pedro Sánchez se quedó corto en noviembre de 2019 cuando afirmó que su plan de gobierno era «negociar día a día, ley a ley con hechos concretos. Se hace camino al andar». Era un proyecto de supervivencia cuyo objetivo era mantenerse en el poder. El paso de los años nos ha enseñado que el camino elegido estaba lleno de salteadores; cada día le exigen un precio que el presidente del Gobierno paga sin rechistar.

Ha indultado y amnistiado, ha suprimido el delito de sedición y reformado el de malversación. Se humilla enviando en romería a los suyos para negociar con Puigdemont. Soporta los insultos de la portavoz de Junts en el Congreso. Ha tenido que morder el polvo de la derrota parlamentaria en casi ochenta ocasiones. Y lleva dos años sin conseguir que sus socios de investidura le aprueben los Presupuestos.

El pasado domingo dijo: «Voy a buscar los votos hasta debajo de las piedras», para aprobar el decreto ómnibus rechazado por el Congreso. Tras una negociación agónica, el martes cedió a la exigencia de Puigdemont de tramitar una cuestión de confianza a cambio de votar a favor de una parte del decreto ómnibus: solo 29 de sus 80 propuestas. Y Pedro Sánchez es consciente del enorme desgaste electoral de humillaciones como estas.

Su otra debilidad es su política social que nos ha conducido a unos niveles de desigualdad inimaginables con un gobierno de izquierdas. Aunque la economía española es la que más crece de Europa, seis de cada diez jóvenes con trabajo no pueden comprar ni alquilar un piso. El último informe Foessa dice que 3,4 millones de españoles viven hacinados en «nanopisos» con menos de 15 metros por persona, y casi el 9,5 % viven en «exclusión social», especialmente por la vivienda. José Luis Escrivá, gobernador del Banco de España y exministro de Pedro Sánchez, dijo el 13 de diciembre: «En España se construyen anualmente unas 100.000 viviendas y otras 20.000 se renuevan, mientras que el número de hogares que se están creando al año más que dobla esa cifra». Los números están claros: todos los años se construyen 120.000 viviendas menos de las necesarias.

Además, están en riesgo de pobreza 2,3 millones de niños y adolescentes, y 867.000 sufren carencia material severa, según el Informe de la Plataforma de Organizaciones de la Infancia. Y el presidente es también consciente del coste electoral de la desigualdad.

Visto el declive electoral que dan todos los sondeos al PSOE de Sánchez —salvo el CIS, claro— ha puesto en marcha una estrategia con varios frentes cuyo objetivo es seguir en la Moncloa tras las próximas elecciones generales.

Como no puede ofrecer avances reales en el bienestar de los españoles, que le ven en manos de los separatistas, recurre a la estrategia del enfrentamiento y división tratando de resucitar las dos Españas, porque cree que los españoles de izquierda son más.

Trata de degradar al poder judicial calificándolo en sus proposiciones de ley como «servicio público» y no como un poder del Estado, que es como lo define el artículo 117 de la Constitución. Va contra los jueces acusándoles de connivencia con el PP y pretende nombrar 1.000 a dedo. Quiere eliminar la acción popular —una figura jurídica presente en la legislación española desde hace 150 años— justo ahora que amenaza a su círculo familiar.

Está ocupando los centros de poder con personas afines y sometidas al Gobierno. Destinará más de 160 millones al año en publicidad estatal para controlar a la prensa. Y remueve la figura de Franco y va de valiente contra la dictadura a los cincuenta años de su muerte.

Pero si esa estrategia no diera resultado y las perspectivas electorales siguieran siendo malas, no hay que descartar que su última baza sea la «bala de plata». Según algunas viejas leyendas, era la única capaz de eliminar a monstruos o enemigos fantásticos, aunque ahora se utiliza como metáfora para describir una solución radical y simple con la que solucionar un problema grave.

Con su «bala de plata» como recurso último trataría de activar el voto de una parte del país poniendo sobre la mesa la alternativa republicana frente a la Monarquía constitucional de 1978. Sería remover los cimientos del sistema y una apuesta llena de riesgos para quien la hiciera.

No veo fantasmas donde no los hay porque desde hace tiempo estamos viendo desdenes, desconsideraciones y marginaciones deliberadas. La última estrategia de desgaste es presentar a la Corona como una institución vinculada a la derecha. Solo hay que ver lo que dicen personas cercanas al gobierno o sus voceros en las redes sociales y en los medios de comunicación. Es una estrategia basada en la falsedad porque desde hace 50 años la Corona es un ejemplo de neutralidad.

Pero cuidado con las balas de plata, porque en ocasiones el tiro sale por la culata.

Sindicatos
UGT y CCOO, ‘dopados’ por Sánchez, atesoran un patrimonio de 140 millones, más del doble que PP y Vox
Los dos sindicatos se manifiestan este domingo en Madrid contra la "insolidaridad" de la derecha
Roberto Pérez. okdiario. 2 Febrero 2025

Los dos principales sindicatos, UGT y CCOO, visibles aliados del Gobierno PSOE-Sumar de Pedro Sánchez, se manifiestan este domingo contra la «insolidaria» derecha, contra el PP y Vox, a los que sin embargo doblan en riqueza acumulada, según lo demuestran las cifras de patrimonio que recogen los balances oficiales de esas centrales sindicales, a los que ha tenido acceso OKDIARIO. Es la fortaleza económica de la que disfrutan gracias a unas crecientes y multimillonarias subvenciones gubernamentales que apuntalan sus cuentas hasta el punto de que, entre los dos sindicatos, UGT y CCOO, suman actualmente un patrimonio de más de 140 millones de euros.

Es un privilegiado balance que está despegando con el espaldarazo extra que les brinda el Gobierno de Sánchez a base de talonario público. Las subvenciones han ido aumentando con Pedro Sánchez en La Moncloa y sus sucesivos gobiernos de coalición con Podemos –primero– y con Sumar –después–.

La manifestación contra el PP y Vox marca un hito sin precedentes tanto en España como en el concierto internacional de las economías occidentales: en el plano de las medidas políticas de índole sociolaboral, las centrales sindicales se movilizan contra los gobiernos de turno a los que les toca decidir, no contra los partidos de la oposición, que no tienen la responsabilidad ejecutiva. UGT y CCOO han reinventado esta lógica justo cuando el Gobierno ha vuelto a evidenciar su debilidad por depender de los independentistas de Junts y con Pedro Sánchez y su Ejecutivo acorralados por múltiples causas judiciales por corrupción.

Hallazgo histórico: unas huellas dactilares cambian todo lo que sabíamos sobre la artes...Las marcas de atún que jamás debes comprar en el supermercado: lo dicen los expertosLos meteorólogos advierten de un cambio de tendencia inusual: esto es lo que nos depara...Giro confirmado en las herencias: ya está en España y cambia todo lo que sabíamos hasta...Sánchez trajea escoltas por 200.000 € pero no abriga a la Guardia Civil

En la diana de la manifestación de este domingo han colocado al PP –sobre todo– y a Vox. Una derecha «insolidaria» en el argumentario construido por UGT y CCOO para la ocasión. La percha es lo ocurrido con el decreto ómnibus que el Gobierno vio tumbado hace diez días en el Congreso, porque Junts le retiró su apoyo a Sánchez para dejar claro quién manda en la gobernabilidad y de quién depende que el líder del PSOE siga en La Moncloa. El PP y Vox también votaron en contra, con la gran diferencia de que ellos no pertenecen al coro de socios parlamentarios de Sánchez.

Pese a esto, el Gobierno se cuidó de no criticar a Junts y prefirió salir en tromba contra el PP. Y los sindicatos han seguido esa estrategia en forma de manifestación, la convocada para este domingo. Justo, además, cuando las medidas esenciales de ese decreto ómnibus tienen garantizado que van a ser aprobadas, porque Junts ha acabado pactando con el PSOE y, por añadidura, a posteriori el PP ha decidido que ahora también votará afirmativamente aunque su sí ya no es imprescindible.

La ‘percha’ de las pensiones
El decreto ómnibus inicial y el que ahora se va a presentar a votación mantienen, entre otras, las tres medidas que más trascendencia política han tenido en este rifirrafe parlamentario: la subida de las pensiones, la entrega de un valioso palacete en París al PNV y medidas que en la práctica dan protección institucional a la okupación.

UGT y CCOO cargan contra el PP –diana prioritaria– y contra Vox, virtuales aliados de los populares para poder armar una mayoría gubernamental que releve a Sánchez. Pero junto a ese discurso de los dos sindicatos afeando a la derecha con el mantra de la «insolidaridad» y de ser «amigos de los que más tienen», la realidad es que tanto UGT como CCOO son dos organizaciones encuadradas objetivamente en ese concepto de «los que más tienen». Lo certifican sus cuentas, generosamente cebadas con esas multimillonarias y crecientes subvenciones gubernamentales que sacan brillo a sus balances. La inmensa mayoría de las empresas de España soñarían con gozar de los prósperos estados contables de estos dos sindicatos.

UGT: 620 millones de patrimonio
Las últimas cuentas anuales publicadas por UGT, las relativas al ejercicio 2023, indican que esta central sindical atesora un patrimonio neto de 62,28 millones de euros, con unos activos totales de más de 79 millones.

En cualquier empresa u organización, el patrimonio neto es el concepto de referencia para determinar su valor. El patrimonio neto calculado al término de cada año lo integran los bienes y derechos económicos de la entidad al cierre del ejercicio.

La opaca CCOO: más de 80 millones
En el caso de CCOO es imposible encontrar en su página web las cuentas de conjunto del sindicato. La transparencia no abunda en este particular en la página oficial de Comisiones Obreras. Tampoco en todas las federaciones territoriales que integran este sindicato. Pero OKDIARIO sí ha logrado recopilar la mayoría de las cuentas anuales de esas federaciones territoriales, a falta de las que no las publican, que no son pocas: Castilla-La Mancha, Castilla y León, País Vasco, Navarra y La Rioja. Del resto de federaciones que sí las facilitan en sus páginas web, buena parte de ellas sólo muestran balances hasta el año 2022, no los de 2023, que es el último ejercicio contable cerrado –las cuentas de 2024 se cierran en los primeros meses de este 2025–.

Los últimos balances publicados por CCOO de Andalucía, Asturias, Cantabria, Ceuta, Extremadura, Baleares, Comunidad de Madrid, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Canarias, Cataluña y Galicia indican que, entre todas esas federaciones, suman unos activos totales de 101,67 millones de euros y un patrimonio neto de 75,49 millones. Si se incluyeran las cuentas de las federaciones territoriales que no han publicado sus balances, con seguridad el patrimonio global de CCOO superaría con holgura los 80 millones de euros.

Es decir, entre UGT y CCOO atesoran un patrimonio de más de 140 millones de euros. Es más del doble que el patrimonio que suman entre el PP (61,11 millones al cierre de 2023) y Vox (6,81 millones). En términos de riqueza, por tanto, los sindicatos que se movilizan este domingo contra la oposición –con regocijo del Gobierno– son el doble de ricos que la «insolidaria» derecha contra la que se manifiestan.

El PSOE de Sánchez, 107 millones
Entre los partidos políticos, por cierto, tampoco el PP lidera el ranking de riqueza patrimonial. Le aventaja el PSOE, y con mucho a tenor de sus propios balances.

Según las últimas cuentas anuales del Partido Socialista, atesora un patrimonio neto de 107,7 millones de euros –46,6 más que el PP–, con unos activos totales de 160,6 millones, 53 más que el Partido Popular.

En el barrio de la Rochapea
Proetarras acosan e insultan a miembros de VOX durante una mesa informativa en
LGI. gaceta. 2 Febrero 2025

Un centenar de proetarras han intentado este sábado boicotear la mesa informativa de VOX en el barrio de Rochapea de Pamplona.

La turba violenta se ha acercado a la mesa y ha destrozado los materiales informativos, ha denunciado la formación. «Gracias al dispositivo destrozado Policía Nacional no se ha tenido que lamentar más incidentes», ha agregado. La concentración de los batasunos se ha mantenido las dos horas que ha durado la mesa informativa.

Los proetarras en todo momento han proferido amenazas e insultos a los miembros y simpatizantes de VOX.

¡Adelante, compañeros de VOX Navarra. La izquierda y el separatismo están nerviosos porque ven cómo avanzamos en todos los barrios de España. Su violencia es inútil: ¡avanzamos!», ha señalado el secretario general de VOX, Ignacio Garriga, en las redes sociales.

Generalitat de Cataluña
Illa da 5 años a los trabajadores de Servicios Sociales para aprender catalán y usarlo de cara al público
La imposición viene mientras venden la "desburocratización" de los Servicios Sociales
También crearán otra organización pública que costará más de 130 millones a los catalanes
Rafael Molina. okdiario. 2 Febrero 2025

La Generalitat del socialista Salvador Illa da cinco años a «las entidades proveedoras del Sistema Público de Servicios Sociales» para que logren «capacitar lingüísticamente al personal para prestar los servicios sociales en catalán o en aranés». Así lo ha expresado el Ejecutivo autonómico en una nota en la que ha dado a conocer este martes los acuerdos alcanzados en el Consejo de Gobierno.

El Govern ha presentado una «nueva regulación» para la provisión del sistema de servicios sociales catalán. La intención es «fortalecer y modernizar» esta prestación, abordando «las demandas de la ciudadanía y de los profesionales», según se señala en el texto que sale del Consejo de Gobierno.

Además, aseguran que «se pone el foco en la desburocratización», pero creará nuevas instituciones, como la Agencia Pública de Servicios Sociales de Cataluña, otro organismo más para la tramitación de estas necesidades. La creación de esta nueva entidad requerirá de más de 131 millones de euros de las arcas públicas.

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Otra medida que provocará aún más gasto en las instituciones catalanas será la «evolución de los salarios del sector público» para conseguir una «equiparación de su personal que presta servicios en las entidades proveedoras». «Deben repercutir de su personal los incrementos retributivos que se hayan incluido a tal fin en el coste de referencia», detalla el acuerdo de Gobierno catalán.

La iniciativa del Ejecutivo autonómico también alude a los «derechos lingüísticos». En ese apartado, pone en valor la importancia de garantizar «los derechos lingüísticos de los usuarios de servicios sociales». La normativa del Govern impulsa la «capacitación lingüística» mediante «una disposición transitoria» que obligará a las «entidades proveedoras del Sistema Público de Servicios Sociales», en «un plazo de cinco años», a que «capaciten lingüísticamente» a su personal «para prestar los servicios sociales en catalán o en aranés a las personas que son usuarias». Es decir, que forzará a esos trabajadores a aprender el idioma para poder prestar el servicio en la lengua cooficial.

De acuerdo con las estadísticas oficiales de la Generalitat de Cataluña, actualmente hay 4.484 personas trabajando como personal de Derechos Sociales en el último ejercicio del que hay datos, 2023. Esta medida, sin embargo, va más allá y se refiere a todos los contratos externalizados que la Generalitat tiene con empresas privadas para ofrecer servicios a los que no puede llegar la administración pública.

Más subvenciones a libros en catalán
Otra de las medidas que realiza la Generalitat de Illa para contentar a sus socios separatistas es apoyar el incremento de ayudas a la edición de libros en catalán. El Govern de coalición entre PSC y ERC ha aumentado un 25% el gasto en todas las subvenciones, tanto las directas como las de concurrencia competitiva, para la edición de libros «de interés cultural» en catalán y en occitano. La cifra para este año 2025 se eleva desde 1.933.000 euros hasta los 2.400.000 euros.

El Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña publicó este lunes la convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la edición de libros de interés cultural especial o de temáticas y géneros poco difundidos en catalán u occitano. Esas subvenciones las entrega el Instituto Catalán de las Empresas Culturales desde 2021. La dotación máxima que prevé emplear este año es de 800.000 euros, mientras que, en 2024, esta cuantía se elevaba, como máximo, hasta los 533.000 euros. Es decir, un aumento del 50%.

Las cuantías dedicadas a subvenciones de la misma materia, pero entregadas de forma no competitiva, es decir, las ayudas que se dan a dedo para editar libros en catalán, son aún mayores. El Gobierno de Illa entregará más de un millón y medio de euros para ello, pero sin realizar el proceso de evaluación y sin discernir entre los distintos solicitantes de la ayuda basándose en criterios objetivos.

Ese tipo de subvenciones también se incrementaron en noviembre de 2024, ya con Salvador Illa en el Gobierno de Cataluña. Una resolución publicada el 4 de diciembre del pasado año en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña, recogía que, en un principio, la dotación máxima era de 1.400.000 euros para estas ayudas directas. Estas ayudas se extraían de los presupuestos de la autonomía de 2023, prorrogados para 2024, y también para 2025.


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