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Recortes de Prensa última actualización última actualización 18, 17 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 30 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23 22, 21, 20, 19. 18
Los recortes de ayer al final de la página
Si te importa España,
diez acciones indispensables
Nota del Editor 1
Noviembre 2011
1ª la lengua española para unificar mercado, educación, sanidad, justicia, legislación, seguridad, anulando toda la legislación sobre lenguas regionales.
2ª desmantelar el tinglado autonómico.
3ª deshacerse de la enorme casta de profesionales de la política
4ª simplificar y reducir el enorme aparato burocrático y millones de funcionarios
5ª deshacerse del intervencionismo de un estado ineficiente y depredador de los recursos de la clase media
6ª deshacerse de un estado indoctrinador y comprador de votos de unos con dinero de otros
7ª arreglar un sistema educativo desastroso con menos medios y más responsabilidad
8ª educar en valores humanos a una sociedad indoctrinada y adormecida
9ª liberalizar y optimizar un mercado fragmentado e ineficaz
10ª arreglar una justicia irracional, politizada, lenta, incompetente e irresponsable con menos medios y más responsabilidad
La
"normalización lingüística", una anormalidad
democrática. El caso gallego
Dedicado "A
todos aquellos que piensan que los idiomas se hicieron para las
personas y no las personas para los idomas" Manuel
Jardón
Por
la normalización del español: El estado de la cuestion, una
cuestion de Estado.
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Del libro de Manuel Jardón
"A todos aquellos que piensan que
los
idiomas se hicieron para las
personas y no las personas para
los idiomas"
Recortes de Prensa Sábado 18 Julio 2026
War update: Nearly 250 battles on front
lines; Russians attack most intensely in three
sectors
https://www.ukrinform.net. 18
Julio 2026
Over the past 24 hours, on July 16, 249
combat engagements between the Ukrainian Defense Forces and Russian
invaders were recorded on the front lines. The most intense enemy
attacks occurred in the Pokrovsk, Sloviansk, and Kostiantynivka
sectors.
According to Ukrinform, the General Staff of the Armed Forces of Ukraine shared an update on Facebook regarding the situation on July 17, at 8:00 a.m.
The enemy launched one missile strike, using eight missiles, and carried out 85 airstrikes, dropping 265 guided bombs.
In addition, the Russians deployed 9,920 kamikaze drones and carried out 3,110 shelling attacks, including 31 using multiple launch rocket systems.
The Air Force, Missile Forces, and Artillery of the Defense Forces struck 18 areas where Russian troops were concentrated and two other key targets.
In the Northern Slobozhanshchyna and Kursk sectors, the enemy carried out one airstrike, dropping two guided bombs, and conducted 65 shelling attacks, including one using MLRS.
In the Southern Slobozhanshchyna sector, Russian forces attacked 19 times in the Starytsia area and toward Izbytske, Kutkivka, Khatne, Kozacha Lopan, Hoptivka, Radkivka, Vilcha, and Bereznyky.
In the Kupiansk sector, the enemy launched three assaults on the positions of the Defense Forces in the area of Kolisnykivka and toward Kupiansk-Vuzlovyi and Novoplatonivka.
In the Lyman sector, Russian forces attempted to breach the defenses 10 times, launching attacks in the areas of Novoselivka, Drobysheve, Novomykhailivka, and toward Lyman, Dibrova, and Ozerne.
In the Sloviansk sector, the Russian army launched 23 assaults toward Kryva Luka, Rai-Oleksandrivka, Pyskunivka, Mykolaivka, and in the areas of Riznykivka and Zakitne.
In the Kramatorsk sector, Russian invaders attacked Tykhonivka once.
In the Kostiantynivka sector, the enemy carried out 20 attacks in the areas of Kostiantynivka, Illinivka, Ivanopillia, Stepanivka, and toward Dovha Balka.
In the Pokrovsk sector, the Defense Forces repelled 37 assaults by the Russian Federation’s army in the areas of Dorozhne, Hryshyne, Novopidhorodne, Rodynske, Vasylivka, Kotlyne, and toward Vilne, Novyi Donbas, Myrne, Serhiivka, and Kucheriv Yar.
On the Oleksandrivka sector, the enemy launched two attacks toward Vorone.
On the Huliaipole sector, the invaders carried out 17 attacks toward Kosivtseve, Verkhnia Tersa, Tsvitkove, Charivne, Hirke, and Vozdvyzhivka.
In the Orikhiv sector, Russian forces launched 10 assaults in the areas of Bilohiria, Shcherbaky, Mali Shcherbaky, and toward Novoandriivka and Prymorske.
Read also: Russian missile attack on Odesa: Two dead, injury toll climbs to 10
In the Prydniprovske sector, the enemy did not conduct any offensive operations.
In the Volyn and Polissia sectors, no signs of the Russian Federation’s army forming offensive groups were detected.
As reported by Ukrinform, the total combat losses of Russian troops since the start of the full-scale invasion of Ukraine, from February 24, 2022, to July 17, 2026, amount to approximately 1,425,990 personnel.
Irán asegura haber matado "varios"
soldados estadounidenses tras sus últimos ataques en la
región
Agencias. La Razón. 18
Julio 2026
Irán anunció este sábado que varios soldados estadounidenses murieron en sus nuevos ataques contra objetivos militares de Estados Unidos en Kuwait, en una nueva oleada de operaciones de represalia que incluyó también ataques en Baréin, golpeando bases, radares, centros de comunicaciones, depósitos de combustible, aeronaves y varios puentes.
"Los poderosos combatientes de las Fuerzas Terrestres de la Guardia Revolucionaria atacaron el lugar de concentración de las fuerzas agresoras en Arifjan (Kuwait) y causaron la muerte de varios de ellos", afirmó el cuerpo militar de élite iraní en un comunicado recogido por la agencia Fars, un día después de que Estados Unidos desmintiera las afirmaciones de Irán de que sus fuerzas mataron a militares estadounidenses en un ataque en la zona militar de Al Tanf, en Siria.
La Guardia indicó que en otro ataque con drones destruyó el radar de la base estadounidense de Ali al Salem, en Kuwait, además de un hangar de reparación y mantenimiento de armamento y un refugio de drones. En otro comunicado, la Guardia Revolucionaria informó además de "contundentes operaciones" con drones y misiles contra el muelle de apoyo y suministro de combustible de la flota estadounidense en el puerto de Al Ahmadi, en Kuwait, y contra el lugar de concentración de las aeronaves de combate enemigas en la base de Sheikh Isa, en Baréin.
Teherán no descarta atacar nuevos
Además, indicó que destruyó el centro de datos de inteligencia del enemigo conocido como "Batelco", en Baréin, y un centro estadounidense de señales y comunicaciones en Kuwait. El Ejército iraní, a su vez, anunció que atacó los hangares de aeronaves y los depósitos de combustible del Ejército estadounidense en la base de Sheikh Isa, en Baréin, así como varios puentes.
Según las Fuerzas Armadas de Irán, estos ataques se realizaron en respuesta a los bombardeos estadounidenses contra el territorio iraní, que continuaron esta madrugada por séptimo día consecutivo. "Los países que albergan a militares estadounidenses y que han puesto sus territorios a disposición de estos agresores criminales para atacar Irán deben prepararse para recibir una respuesta equivalente", advirtió la Guardia Revolucionaria en su comunicado.
El cuerpo militar iraní afirmó que por el momento ha optado por atacar objetivos militares en los países que albergan fuerzas estadounidenses, pero alertó de que la respuesta podría ampliarse si continúan los ataques contra Irán.
EE UU completa su séptima noche de ataques
Por sus parte, el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) anunció el fin de la última fase de una nueva oleada de ataques contra Irán, tras siete noches consecutivas de operaciones militares dirigidas contra instalaciones vinculadas a las capacidades defensivas y logísticas de Teherán. Las fuerzas estadounidenses han dado por concluida la campaña de ataques de este viernes 17 de julio a las 21.30 horas (hora local), según ha notificado el propio CENTCOM en un comunicado compartido en redes sociales, en el que ha detallado que durante esta última jornada han sido alcanzados objetivos considerados estratégicos por Washington.
Entre los puntos atacados figuran
"centros de vigilancia, infraestructuras logísticas militares,
almacenes subterráneos de armamento y capacidades marítimas",
de acuerdo con el escrito difundido por el organismo militar
estadounidense. Para ejecutar estas operaciones, el Ejército
estadounidense ha recurrido a una combinación de medios aéreos y
navales, incluidos aviones de combate, drones y buques de guerra,
además de otros recursos militares desplegados en la región.
Como apunta Europa Press, el CENTCOM ha asegurado que continuará con su misión bajo las órdenes del presidente estadounidense, Donald Trump, y ha reiterado que mantendrá la presión sobre Teherán. En este sentido, el organismo ha señalado que continúa aplicando "plenamente un bloqueo naval contra los puertos iraníes". "Más de 50.000 militares estadounidenses están desplegados en todo Oriente Próximo y permanecen vigilantes, letales y preparados", ha afirmado el mando militar, asegurando que sus fuerzas mantienen capacidad operativa para responder ante cualquier eventualidad
La convergencia matemática y la dimisión
de Sánchez
Ignacio Centenera. okdiario. 18
Julio 2026
El concepto de equifinalidad, utilizado en la teoría de sistemas, define la posibilidad de llegar a las mismas consecuencias partiendo de situaciones diferentes y recorriendo también caminos distintos. Se asemeja a los términos matemáticos de equivalencia o convergencia, que se refieren a esas situaciones o fenómenos en los que problemas diferentes tienen exactamente el mismo resultado.
Vamos a poner un posible ejemplo práctico de dichos fenómenos, filosóficos o matemáticos, a partir de diferentes hechos acontecidos durante esta semana.
Martes. La Audiencia Provincial de Badajoz condena a David Sánchez por prevaricación a nueve años de inhabilitación para cargo o empleo público. La sentencia considera acreditada la situación de nepotismo y enchufismo al haberse creado y adaptado a su medida la plaza de funcionario en la Diputación de Badajoz; condenando también a otros dirigentes de dicho organismo, y en especial a su presidente, para quien la pena de inhabilitación se eleva a 18 años.
El nombre de Pedro Sánchez aparece al menos seis veces en la sentencia, que señala que se quiso beneficiar a David Sánchez «por su relación de parentesco con quien era una figura política señera y futuro secretario general del PSOE, a la sazón D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón». En virtud de esos condicionantes, reconocidos expresamente por la sentencia, se espera que el presidente del Gobierno presente en las próximas horas su dimisión irrevocable.
Miércoles. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, declaró en la Audiencia Nacional ante el magistrado Santiago Ferraz. La dirigente socialista ratificó la existencia de varios encuentros con Leire Díez, imputada por casi una decena de delitos relacionados con la creación y actuación de las cloacas. La muy creíble, y más probable que posible, imputación del PSOE se sustancia en el impulso de dichas actuaciones y en su financiación, que, según señalan los informes de la Guardia Civil conocidos el día anterior, se realizó de forma irregular desde el partido a través de sociedades interpuestas.
Los indicios señalados, que la presidenta Narbona no ha podido desmentir, unidos a la propia imputación de la gerente, apuntan a que el PSOE amparó, articuló y financió la trama. Su secretario general no ha podido obviar su responsabilidad; en primer lugar, porque es el máximo dirigente del partido que ha protagonizado estos turbios, y muy posiblemente delictivos, tejemanejes, y, en segundo lugar, porque los mismos estaban destinados a protegerle a él, a su Gobierno y a su entorno personal y familiar. En consecuencia, se espera que en las próximas horas comunique a los órganos del partido su renuncia a la Secretaría General y su indisposición a volver a ocuparla.
Jueves. La Audiencia Provincial de Madrid emite un auto en el que revisa el final de la instrucción del proceso contra Begoña Gómez y resuelve los recursos presentados por su defensa. Ese órgano judicial ha decidido que la encausada sea juzgada ante un jurado popular por los delitos de tráfico de influencias y de malversación, en el que queda subsumido el posible delito de apropiación indebida. La Audiencia no considera que se den las condiciones de tipicidad para mantener el delito de corrupción en los negocios y, así mismo, retira las medidas cautelares impuestas por el juez Peinado. Lo que sí especifica el auto, que ha sido adoptado de forma unánime por los cinco magistrados, es que Begoña Gómez «logró su influjo desde su privilegiada posición de esposa del presidente del Gobierno». Difícilmente puede entonces esquivar Sánchez su responsabilidad política y seguir esgrimiendo la persecución de los jueces para dilatar su renuncia a la Presidencia del Gobierno.
Viernes. Con la declaración en la Audiencia Nacional de la imputada directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, se completan las del DAO, teniente general Manuel Llamas, y las del número dos de la Fiscalía, Diego Villafañe. La confirmación de las reuniones de los fontaneros de las cloacas con tan altas instituciones del Estado, y las actuaciones que se derivaron de dichas reuniones (instrucciones, expedientes, boicots…), evidencian que, desde el ámbito del Gobierno, o directamente desde su Presidencia, se dieron las oportunas indicaciones para que se colaborara con la trama. Ante esta incontestable realidad la caída del Gobierno se considera inminente.
La conocida como Conjetura de Collatz plantea que, partiendo de cualquier número entero positivo y aplicándole repetidamente una regla sencilla (si es par, dividir entre 2 y si es impar, multiplicar por 3 y sumar 1), siempre se termina llegando al número 1. Y desde el 1 se entra en el bucle 1 > 4 > 2 > 1, para volver siempre al 1, es decir, ¡al uno en terminología sanchista para nuestro ejemplo!
Se espera que hoy mismo Pedro Sánchez solicite una reunión con el Rey Felipe VI y le anuncie, esta vez sí, su intención de convocar elecciones y dimitir. ¿O es que quiere ir también en contra de las matemáticas?
Jueces
de la Junta Electoral detectan en la Ley de Nietos un tufo a
pucherazo
OKDIARIO. 18 Julio
2026
Que hasta cuatro vocales de la Junta Electoral Central hayan firmado un voto particular en desacuerdo con la resolución dictada por el organismo arbitral sobre la llamada Ley de Nietos revela que hay magistrados que entienden que la Instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de octubre de 2022, realizada por Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente, «contiene disposiciones contrarias a la propia ley que pretende desarrollar o ejecutar», es decir, la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática.
En esencia, lo que vienen a decir es que la resolución alteró por la puerta de atrás el sentido estricto de la norma, que permitía la nacionalización de los descendientes del exilio, para extenderla a cualquier descendiente de español que hubiera abandonado el país en cualquier momento. El objetivo era claro: alterar el censo electoral en beneficio del PSOE por la vía de conceder nacionalizaciones a cambio de votos.
Hasta cuatro miembros de la Junta Electoral creen que se ha producido un «incremento irregular» del censo electoral porque la instrucción del Ministerio de Justicia para aplicar la conocida como Ley de Nietos abrió la puerta a la nacionalización a muchas más personas de las previstas en la propia Ley de Memoria Democrática que pretendía desarrollar. Estamos hablando de votos particulares de insignes juristas, miembros incluso del Tribunal Supremo, que plantean una cuestión de máxima trascendencia: «Si la Junta Electoral Central no es la competente para poner fin a un incremento formidable e irreversible del censo en contra de lo previsto en la ley, ¿quién lo sería?
«No solamente tenemos la competencia o la facultad de actuar, sino también la obligación de impedir que se amplíe el censo contra legem», remarcan, y concluyen avisando de que de su «inacción por presunta falta de competencia, se van a derivar efectos irreversibles». Más claro, agua. En definitiva, que la propia Junta Electoral Central detecta en la Ley de Nietos —como viene denunciando OKDIARIO— un inequívoco tufo a pucherazo.
La
execrable inteligencia del sanchismo
Álvaro Petit
Zarzalejos. Madrid. la razon. 18 Julio 2026
Todo poder moralmente constituido se debe a algo que lo excede y lo gobierna por encima de su cabeza. Quien manda en un régimen digno lo hace en virtud de una ley que no redactó, al servicio de un bien que jamás será suyo, y con la cuenta pendiente ante una comunidad que ya estaba en pie antes que él y habrá de juzgarlo cuando falte. Rota esa deuda –cuando el poder, hastiado de rendir cuentas, se repliega sobre sí mismo hasta no responder más que ante el instinto de su conservación–, la virtud desaloja su silla y en ella se sienta el servilismo, y el Estado, que era carga que se administra, se hereda ya como una finca. Por esa muesca han entrado el PSOE y Pedro Sánchez, y lo han hecho por dos puertas que abren al mismo patio, la del partido y la de la familia.
Por la primera asoma Leire Díez, la fontanera de Ferraz, aupada a con más fervor en la hoja que méritos, y aplicada, según la instrucción, a sonsacar trapos a procesados por corrupción para arrojárselos a los guardias civiles que investigaban, hasta «fregar» –el verbo lo escogió ella– la unidad que estrechaba el cerco en torno al presidente. El sanchismo –y en el fondo todo sistema corrompido– premia lo que se está dispuesto a hacer, mucho más que lo que se sepa hacer. Un partido monta su fontanería contra la justicia en la hora del acoso, cuando la ley ya le sopla en la nuca, jamás en la de su fuerza. La corrupción defensiva se ceba en los jueces con la saña del acorralado, porque los jueces han empezado a hincar el diente. Lo que se disfraza de arrogancia es apenas miedo.
Por la segunda comparece Begoña Gómez, procesada por tráfico de influencias y malversación. Aprecia el tribunal indicios de que la esposa del presidente se sirvió de ese título, a falta de mérito que lo abonara, para alzar una cátedra, ordeñar con ella a empresas y embolsarse un programa costeado por el erario.
Colocar al fiel y ordeñar el cargo son flaquezas tan rancias como la condición humana. Tanto en el caso de Gómez como en el de Leire la vieja confusión del provecho propio con la hacienda de todos; en lo de la fontanera. Pero esto es tan solo el aliento, el punto de partida. El sanchismo ha llevado al paroxismo la osadía mayor de arremeter contra el árbitro mismo; de poner los coches, los sueldos y los despachos del Estado al servicio de cegar al Estado. Su fontanería iba a desarmar a los guardias civiles que seguían el rastro del delito cuando llegaba, temerario, a las lindes de la Moncloa.
La corrupción de todos los días embarra el poder, pero lo deja aún gobernable, porque el juez, el policía y el fiscal siguen firmes en su puesto y acaban, más pronto o más tarde, aporreando la puerta. Poner la mano encima de quien vigila quiebra ese último muelle, y con él se desploma, asimismo, la certeza de que el que manda, por encima de sus votos y sus discursos, también se enfrenta a la ley.
Visto al fondo, nada de esto habría prosperado frente a una separación de poderes efectiva. El andamiaje del 78 encomendó la salud del sistema al pudor y a la decencia de quien mandara. Aquel pudor ha aguantado décadas, porque los gobernantes todavía creían que gobernar era servir, y aun los que ya no creían en nada respetaban al menos la ficción de que las instituciones no eran suyas. El sanchismo ha ensayado el experimento inverso y ha demostrado que, retiradas la vergüenza, la mesura y la prudencia, el armazón se resquebraja, porque nunca se levantó para aguantar a un poder resuelto a ocuparlo a cara descubierta. Más que quebrantar el marco, lo que ha hecho es exhibir lo poco que ese marco, abandonado a sí mismo, protegía. Esa es la execrable inteligencia del sanchismo.
Ha habido ya de todo en los gobiernos de España, pero ninguno había puesto el aparato del Estado a defenderse de sus propios jueces, ni había ensanchado el margen de lo que a un presidente le está permitido hacer con lo que es de todos. Y ninguno había sepultado tan hondo a su propio partido, que es el primer contrapoder informal con que cuenta un gobernante en un sistema parlamentario.
Lo peor no acaba el día en que Pedro Sánchez se marche, porque cuanto deja hecho queda de cimiento y tentación para los venideros. Esa es su herencia envenenada. El día que se vaya, más difícil que limpiar las cuentas será borrar el ejemplo. Y, sin embargo, en las mismas grietas del 78 que le han permitido hacerlo, se esconde la primera salida del abismo de hoy, porque serán el pudor y la mesura de quienes vengan la única forma de evitar que lo común vuelva a quedar sepultado bajo los andares de otro (puto) amo.
Pío
Moa: «La historia se repite: estamos igual que en la Segunda
República»
Cristina López Mantas. periodista
digital. 18 Julio 2026
Entrevista a Pío Moa: "El PSOE es enemigo de la democracia: su ideología es muy similar a la de ETA"
Pío Moa es uno de los historiadores más destacados de este siglo.
Autor de novelas de gran éxito como ‘Los orígenes de la guerra civil’, ‘La Segunda República Española: Nacimiento, evolución y destrucción de un régimen 1931-1936‘ y ‘Por qué el Frente Popular perdió la guerra‘.
Sus estudios han supuesto una auténtica revolución en medio de una historia falsificada en la que se ha llevado a cabo una mitificación de la República en España.
Recuerda Moa que actualmente «estamos igual» que entonces y que el Frente Popular «fue una alianza de separatistas y totalitarios».
La Segunda República no fue el oásis de paz destrozado por las fuerzas conservadoras que cuenta el mito, sino un proyecto que no supo tender manos entre moderados y donde las fuerzas sectarias y proclives a la violencia, como en el resto de Europa, apostaron pronto por métodos no democráticos.
Tras la proclamación de la Segunda República hubo en la izquierda una voluntad mayoritaria, no compartida por fuerzas radicales como los anarquistas o comunistas, de establecer una democracia plena. Sin embargo, no existía en el país una cultura política, a izquierda y derecha, capaz de tejer puentes y crear consensos en un periodo marcado en el exterior por el auge de los régimenes totalitarios.
Como explica Pío Moa, la tendencia
mesiánica dominaba en la izquierda, desde Azaña, que tenía una
concepción despótica (un régimen para todos los españoles pero
gobernado forzosamente por los autoproclamados republicanos, es
decir, los afines al propio Azaña), hasta el Partido Socialista, que
tras haber colaborado con la dictadura de Primo de Rivera pasó a
exigir la dictadura del proletariado, es decir, del propio PSOE;
pasando por los separatistas vascos y catalanes, o los anarquistas,
sistemáticamente violentos.
Cabe interpretar la evolución de aquel régimen como la pugna entre esas dos concepciones, la democrático-liberal y la despótico-revolucionaria. Desde muy pronto la segunda desbordó a la primera con agresiones brutales, como la quema de iglesias, bibliotecas y centros escolares, y una Constitución sectaria, no laica sino antirreligiosa. Tales abusos expulsaron del ideal republicano a una gran masa de la población, representada en la CEDA, la cual aceptó pacíficamente al nuevo régimen y sus leyes pero no pudo identificarse con él. Ello debilitó el proyecto de una democracia moderna y pluralista donde cupieran todos los españoles.
En 1933, luego de dos años de
experiencia de gobierno de izquierdas, una amplia mayoría de la
población votó al centro-derecha, que llegó al poder pacífica y
legalmente. Pero la decisión popular fue rechazada por las
izquierdas y los separatismos, los cuales intentaron varios golpes de
estado, desestabilizaron el Gobierno legítimo y, finalmente,
planearon, en sus propias palabras, la guerra civil. La derecha
defendió la legalidad republicana, pese a disgustarle, contra el
asalto de las izquierdas, que ocasionó una guerra en octubre de 1934
con 1.400 muertos en 26 provincias, y enormes daños materiales.
Pese a este fracaso, la corriente despótico-revolucionaria, atribuyéndose con pleno fraude la legitimidad republicana, consiguió unirse y volver a la carga. En los comicios de 1936, repletos de irregularidades, ganó, en principio, en diputados, empatando en votos (si bien los supuestos vencedores nunca publicaron los datos fehacientes de las elecciones). Su victoria originó un rápido proceso de descomposición social y política, con cientos de muertes, incendios y destrucciones, culminados en el secuestro y asesinato de Calvo Sotelo, uno de los jefes de la oposición, y el intento fallido contra otros. Este crimen, perpetrado por la policía y milicianos socialistas, prueba la extrema degradación de un Estado cuyos aparatos de seguridad actuaban como grupos terroristas.
La legalidad había sido destruida por
completo desde el Gobierno y desde la calle, y ello causó la Guerra
Civil; o, más propiamente, la reanudación de ella después de los
episodios de 1934. Vale la pena recordar las invectivas de los
«Padres espirituales de la República», y de tantas personas
sensatas, contra «los desalmados mentecatos», «los canallas» que
habían traído la ruina al régimen y la guerra a España
Hoy contemplamos con alarma cómo un presidente del Gobierno se declara «rojo», es decir, afín a la ideología más mortífera y tiránica del siglo XX, en rivalidad con la nazi; y reivindica los «valores republicanos», entendiendo por tales los de la corriente despótico-revolucionaria. Le oímos hablar de «Paz, piedad, perdón», pervirtiendo el lenguaje de forma inaudita. Para él, la paz se obtiene liquidando la Constitución; la piedad la dedica a los asesinos y la aparta de sus víctimas; y el perdón, grotesco perdón, consiste en la legalización del asesinato como forma de hacer política y obtener ventajas inadmisibles.
El Gobierno actual está destruyendo la ley, y por tanto la posibilidad de una convivencia en paz y en libertad en España.
Y los ciudadanos demócratas debemos denunciar y frenar este proceso enloquecido.
"Si el PSOE quiere memoria histórica, habrá que
dársela"
Las checas: el terror
rojo en la Guerra Civil de 1936 que oculta la Memoria Histórica de
Sánchez
Centros de detención y tortura sin ley
aterrorizaron Madrid durante los peores meses del conflicto
Mario
Lima. periodista digital. 18 Julio 2026
En el verano de 1936, con el estallido de la Guerra Civil, Madrid y otras grandes ciudades republicanas se vieron transformadas por una atmósfera de miedo y violencia revolucionaria.
Entre los fenómenos más oscuros surgidos en ese contexto destacan las checas, centros clandestinos de detención, tortura y ejecución extrajudicial inspirados en la policía política soviética, la Cheka.
El término “checa” fue adoptado directamente del ruso y se utilizó para designar estos espacios donde cualquier sospechoso de ser “enemigo de la revolución” podía acabar detenido, interrogado brutalmente y, a menudo, ejecutado sin juicio alguno.
El clima era propicio para el caos.
A la descomposición del orden republicano tras el golpe militar del 18 de julio, se sumó la proliferación de patrullas armadas controladas por militantes socialistas, comunistas y anarquistas.
Los partidos y sindicatos más influyentes montaron sus propias checas o compartieron el control de estos centros, en ocasiones con la colaboración de asesores soviéticos.
Un fenómeno eminentemente urbano y masivo
Las checas se multiplicaron principalmente en entornos urbanos: Madrid, Barcelona, Valencia y otras ciudades vieron cómo edificios públicos, sedes sindicales e incluso conventos expropiados se convertían en prisiones improvisadas.
Solo en Madrid existían al menos cuatro checas por kilómetro cuadrado durante los meses más crudos del conflicto. El número total exacto es difícil de precisar: algunas fuentes documentan más de 340 solo en la capital, aunque había sucursales y centros satélites cuya existencia apenas dejó rastro documental.
Algunas checas alcanzaron notoriedad por su crueldad o por el volumen de víctimas. Destacan la checa del Círculo de Bellas Artes (posteriormente llamada de Fomento), la de la calle Marqués de Riscal o la situada en el convento de Santa Úrsula en Valencia.
En Barcelona, la temida checa de San Elías contaba incluso con un horno para incinerar cadáveres, según testimonios recogidos décadas después.
¿Quiénes eran las víctimas?
El perfil del detenido era amplio e impreciso: religiosos, empresarios, políticos conservadores, militares desafectos a la República e incluso militantes de izquierdas que discrepaban con las directrices comunistas o anarquistas. Bastaba una denuncia anónima o pertenecer a un grupo social considerado hostil para acabar arrestado. En muchos casos no existía ni siquiera una acusación formal: era suficiente con “parecer sospechoso” o estar en el lugar equivocado.
Las garantías jurídicas eran inexistentes. Los detenidos eran sometidos a interrogatorios violentos y torturas físicas y psicológicas. La condena a muerte solía decidirse arbitrariamente por los carceleros o por tribunales revolucionarios improvisados, sin formación legal ni apego a ninguna noción reconocible de justicia. La ejecución inmediata –conocida como el paseo– consistía en sacar al detenido fuera del centro y asesinarlo en un descampado o cuneta.
Madrid era una checa
El caso madrileño resulta paradigmático por su densidad y organización. Durante el llamado “Madrid rojo”, especialmente entre agosto y diciembre de 1936, la ciudad vivió cuatro meses terroríficos marcados por miles de asesinatos, secuestros y torturas sistemáticas. La coordinación entre las distintas checas recaía principalmente sobre el Ministerio de Gobernación republicano a través del control que ejercía sobre la checa central ubicada en Fomento-Bellas Artes.
Un dato revelador: según testimonios recogidos posteriormente, representantes sindicales preguntaron expresamente si tenían autoridad para “pegar cuatro tiros” a quien consideraran peligroso; la respuesta fue afirmativa, lo que da muestra del grado de arbitrariedad imperante. Existían patrullas específicas encargadas de ejecutar estas órdenes –las Milicias de Vigilancia de Retaguardia disponían hasta 70 puestos repartidos solo en Madrid–.
En agosto de 1937 se creó el Servicio de Información Militar (SIM) bajo dirección socialista para tratar de racionalizar el sistema represivo y controlar los excesos cometidos por las milicias autónomas. Sin embargo, lejos de suponer una mejora real para los detenidos, este organismo acabó cayendo progresivamente bajo influencia comunista y soviética. Las prácticas arbitrarias persistieron hasta el final del conflicto.
Datos locos
En algunas checas como la barcelonesa de San Elías se llegó a instalar un horno crematorio para deshacerse rápidamente de los cadáveres.
Muchos miembros encargados del funcionamiento diario eran delincuentes comunes liberados tras la apertura generalizada de cárceles en julio del 36.
La retribución económica a los carceleros salía directamente del dinero o bienes incautados a las víctimas; lo restante debía entregarse a la Dirección General de Seguridad.
El miedo al “enemigo interno” era tan intenso que cualquier rumor podía desencadenar una redada masiva.
Se calcula que decenas de miles pasaron por estas instalaciones; algunos sobrevivientes relataron escenas surrealistas como paredes inclinadas que impedían sentarse o tumbarse, timbres sonando sin cesar para provocar insomnio deliberadamente.
A pesar del horror vivido durante aquellos meses, muy pocas checas han sido señalizadas hoy en día; muchas placas han caído en el olvido o han sido retiradas discretamente ante polémicas políticas recientes.
Un legado incómodo
El recuerdo histórico sobre las checas sigue siendo motivo recurrente en debates sobre memoria democrática. Parte del discurso político ha intentado minimizar o relativizar su existencia alegando que fueron obra exclusiva “de exaltados” o fruto del caos revolucionario; sin embargo, estudios recientes demuestran que hubo implicación directa tanto del Estado republicano como de fuerzas políticas organizadas desde muy temprano en la guerra.
El fenómeno no fue exclusivo ni aislado: existió represión sistemática también en territorio sublevado (nacionalista), pero lo característico del sistema chequista fue su carácter extrajudicial e imprevisible –la sensación constante para cualquier ciudadano era que podía acabar detenido por motivos tan peregrinos como acudir a misa o tener un familiar desafecto al régimen revolucionario.
La densidad brutal –cuatro checas por kilómetro cuadrado– convierte aquel Madrid asediado no solo en campo de batalla militar sino también psicológico. Su huella sigue presente: muchas familias nunca supieron qué pasó con sus seres queridos desaparecidos tras cruzar las puertas oscuras e innombrables donde reinó aquel terror rojo.
España, julio de 1936. El comienzo
inesperado de una guerra
Miguel
Platón. libertad digital.
18 Julio 2026
Menos de una semana antes del comienzo de la guerra, por tanto, la sublevación estaba en el aire. Podía incluso suponerse que su fracaso sería seguro. Todo ello cambió en la madrugada del lunes 13.
18/7/2026 - 06:51
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Menos de una semana antes del comienzo de la guerra, por tanto, la sublevación estaba en el aire. Podía incluso suponerse que su fracaso sería seguro. Todo ello cambió en la madrugada del lunes 13
Ninguna guerra es inevitable, pero sobre todo son evitables sus prolegómenos, que se acumularon en España durante los meses previos a julio de 1936.
La bola de nieve comenzó a rodar montaña abajo en el mes de enero, cuando se convocaron elecciones generales casi dos años antes de que finalizara la legislatura, debido a la actuación torpe y sectaria del presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora.
El siguiente personaje que emponzoñó la vida política española fue el líder de Izquierda Republicana, Manuel Azaña, que había presidido el Consejo de Ministros durante casi dos años, entre 1931 y 1933. Azaña promovió una alianza —el Frente Popular— con los partidos que sólo quince meses antes se habían rebelado con gran violencia contra el gobierno legal y legítimo de la República, integrado por los partidos del centro y la derecha que habían ganado con gran ventaja las elecciones generales de noviembre de 1933. El Partido Socialista Obrero Español, el sindicato Unión General de Trabajadores, el Partido Comunista, Unión Republicana, Esquerra Republicana de Cataluña y grupos menores convergieron en el Frente Popular que Azaña preconizaba.
Tras una campaña electoral apasionada y con numerosas amenazas, la aplicación del sistema de voto restringido, la parcialidad de la comisión parlamentaria de Actas y la repetición de elecciones en Cuenca y Granada sin garantías democráticas, otorgó mayoría al Frente Popular y sus aliados. En Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular, los profesores Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García han concluido que hubo fraude en 50 escaños atribuidos a la izquierda. Sin ellos, hubiera carecido de mayoría parlamentaria absoluta.
Fuego cruzado
Siguieron unas semanas de violencia creciente, que en los cinco meses transcurridos entre el 16 de febrero —fecha de las elecciones— y el 17 de julio —comienzo de la guerra— causaron la muerte de 482 personas, según la investigación de Álvarez Tardío y Fernando del Rey en Fuego cruzado. La mayor parte de esa violencia tuvo origen en la izquierda: PSOE, UGT, PCE y los anarcosindicalistas de la Confederación Nacional del Trabajo. Salvo muy escasas excepciones, ni los republicanos de izquierda de IR (Azaña), ni los de UR (Martínez Barrio), ni los republicanos conservadores de Maura, ni los centristas de Portela, ni los partidos de centro derecha —la CEDA de Gil Robles, la Lliga Regionalista de Cambó, el Republicano Radical de Lerroux, los Agrarios, la Comunión Tradicionalista, los monárquicos del Bloque Nacional de Calvo Sotelo, y los nacionalistas vascos— participaron de esa violencia, aunque sí Falange Española, una formación antidemocrática, financiada por el fascismo italiano, situada en la extrema derecha, que causó 56 muertos y sufrió 65.
Según los datos de Fuego cruzado, la izquierda fue responsable de 744 agresiones y 382 víctimas, entre muertos y heridos; la derecha de 431 episodios y 193 víctimas; las fuerzas policiales de 333 episodios y 84 víctimas; las fuerzas militares de 43 episodios y 10 víctimas.
Junto a esa violencia personal se produjo otra que afectaba a cargos públicos —con numerosas destituciones por la fuerza de políticos derechistas— y la expropiación ilegal de tierras de cultivo, que llevó a muchos propietarios del sur de la Península a abandonar sus propiedades y refugiarse en las ciudades. Dichas expropiaciones, amparadas luego por el Gobierno, no mejoraron la situación de los trabajadores agrícolas, por falta de capacidad de gestión. Incluso en casos favorables, los costes de producción no eran compensados por los ingresos y hacían inútil el esfuerzo. El paro agrícola aumentó y en conjunto se aproximó al diez por ciento, una cifra sin precedentes. Numerosas huelgas —444 en junio según datos oficiales— entorpecían el funcionamiento de la economía. En muchos casos, los sindicatos reclamaban aumentos salariales que las empresas no estaban en condiciones de asumir.
Al mismo tiempo se produjeron centenares de agresiones a la religión católica, desde templos a religiosos, y a los medios de comunicación derechistas, entre ellos diez periódicos que fueron destruidos. Desde que el Frente Popular llegó al Gobierno en febrero, sucesivos estados de alarma impusieron la censura previa, que impedía publicar noticias de signo negativo para la izquierda, desde asesinatos a sentencias judiciales.
El régimen republicano del Frente Popular, en definitiva, no era una democracia. Peor aún: estaba destruyendo el Estado de Derecho. Existía además una dinámica revolucionaria, que lideraba el secretario general de UGT y jefe del grupo parlamentario socialista, Francisco Largo Caballero, a quien sus correligionarios apodaban desde 1933 el Lenin español. No era una denominación gratuita. La revolución que encabezaron los socialistas en octubre de 1934 causó, según cifras oficiales, 1.372 muertos (1.051 paisanos, 129 militares, 111 guardias civiles, 70 agentes de Seguridad y Asalto y del Cuerpo de Investigación y Vigilancia, 11 carabineros), 2.921 heridos, siete desaparecidos, 63 edificios públicos incendiados, volados o deteriorados, 58 iglesias, cinco centros culturales, 26 fábricas, 58 puentes y daños graves en 66 vías de ferrocarril y 31 tramos de carretera. Una de las víctimas mortales fue el diputado tradicionalista Marcelino Oreja Elósegui, asesinado por pistoleros socialistas en Mondragón (Guipúzcoa). Los templos destruidos comprendieron la catedral de Oviedo. Entre los edificios públicos vandalizados, cuarteles, ayuntamientos y centros de enseñanza. Las instrucciones impartidas a los revolucionarios preconizaban una violencia extrema y el desencadenamiento de una guerra civil.
Largo participaba en mítines bajo un gran retrato del dictador bolchevique y en abril había patrocinado la unión de las juventudes socialistas y comunistas, bajo la denominación de Juventudes Socialistas Unificadas. En el discurso que pronunció con tal motivo en la plaza de toros de Las Ventas destacó que "la clase trabajadora tiene que marchar hacia la dictadura del proletariado, que es la verdadera democracia". En junio los "largocaballeristas" propusieron formalmente al congreso que debía celebrar la Agrupación Socialista Madrileña la fusión de los partidos Socialista y Comunista.
Mola, el Director
Semejante proceso inquietó a gran parte de la población y desde el mes de marzo algunos generales consideraron la oportunidad de un golpe de Estado, entre ellos los generales Francisco Franco y Emilio Mola, aunque la iniciativa quedó en suspenso, a la espera de la evolución política. Sólo se reactivó cuando en mayo el general Mola, comandante militar de Navarra, se autoproclamó Director de la conspiración y comenzó a elaborar planes destinados a que la autoridad militar se hiciera con el poder, de forma similar al golpe que en 1923 había llevado a cabo el general Miguel Primo de Rivera.
Mola deseaba movilizar a cuatro columnas que convergieran sobre Madrid, pero a mediados de junio resultaba evidente que era una fuerza insuficiente para alcanzar su objetivo: un Directorio que no modificaría el régimen republicano y después de algún tiempo sometería a referéndum unas reformas políticas destinadas a que el sistema fuera más eficaz. En ese plan no estaba prevista una participación significativa de las fuerzas de Madrid y Andalucía, de quienes se esperaba una neutralidad benévola, ni tampoco del norte de África y Canarias, que permanecerían en "actitud pasiva" y deberían rechazar posibles órdenes del Gobierno para trasladarse a la Península y combatir la sublevación. La misión encomendada a la Marina era oponerse a cualquier orden de transporte de dichas fuerzas que pudiera recibir del Gobierno.
El 24 de junio Emilio Mola cambió los planes. Envió al teniente coronel Juan Yagüe, jefe de la Segunda Legión del Tercio, unas "Directivas para Marruecos" que encarecían el rápido traslado de las unidades del norte de África a la Península:
Ha de procurarse por todos los medios organizar dos columnas mixtas sobre la base de la Legión, una en la Circunscripción Oriental y otra en la Occidental, que desembarcarían respectivamente en Málaga y Algeciras.
Al frente de estas unidades estaría un "prestigioso general", a cuyo albedrío se fijarían los "detalles de ejecución" del movimiento en ciernes.
El nombre del prestigioso general no se citaba, pero Mola y Yagüe contaban con Francisco Franco, que en marzo había sido nombrado comandante militar de Canarias. Pero, sin embargo, tenía serias dudas sobre el éxito del pronunciamiento militar. Un día antes, el 23 de junio, se aisló en su despacho para escribir una larga carta al presidente del Consejo de Ministros, Santiago Casares Quiroga, que había asumido la cartera de Guerra, a quien manifestó su inquietud por medidas que dañaban la moral y disciplina militares.
El episodio más grave se había producido el 15 de mayo, cuando unos incidentes entre varios oficiales y militantes izquierdistas, en Alcalá de Henares, condujeron a que la Casa del Pueblo exigiera el traslado de los dos regimientos de Caballería que componían la guarnición: el Villarrobledo nº 1 y el Calatrava nº 2. El Gobierno se plegó al chantaje y ordenó el traslado en 48 horas de ambas unidades: el Villarrobledo a Palencia y el Calatrava a Salamanca. Cuando los mandos solicitaron una ampliación del plazo fueron arrestados y conducidos a la prisión de Guadalajara. A todos se les instruyó juicio sumarísimo y fueron sometidos el 24 de mayo a un consejo de guerra, que condenó a un coronel y tres comandantes, por sedición, a doce años de prisión con separación del servicio, mientras que los oficiales procesados fueron condenados a tres años, con suspensión de empleo.
Franco criticaba la actuación de las organizaciones clandestinas UME (derechista) y UMRA (izquierdista), a las que comparaba con las Juntas de Defensa de 1917, "heraldo de futuras luchas civiles".
Faltan a la verdad —añadía— quienes presentan al Ejército como desafecto a la República; prestan un desdichado servicio a la Patria quienes disfracen la inquietud y patriotismo de la oficialidad, haciéndolos aparecer como síntomas de conspiración y desafecto.
Casares no respondió a Franco, pero tanto él como el nuevo presidente Manuel Azaña consideraron que era un mensaje tranquilizador y que Franco no estaba involucrado en conspiración alguna, según el testimonio del secretario particular de Azaña, Hernández Saravia.
El general Franco no informó de esta carta a Mola, quien se quejó durante las semanas siguientes de que no tenía comunicación alguna con el comandante militar de Canarias, cuyo liderazgo estimaba imprescindible para la sublevación y mando de las unidades norteafricanas. A pesar de la falta de noticias y consciente de la necesidad de asegurar el rápido traslado de Franco, consiguió que el empresario Juan March, exiliado en el sur de Francia, financiara —con un cheque en blanco— el alquiler de un avión que pudiera efectuar un vuelo de más de mil kilómetros.
La opción inicial era un hidroavión que volara de Canarias a Ceuta, pero no había ningún aparato disponible con suficientes prestaciones y por consejo del ingeniero Juan de la Cierva, inventor del autogiro y cuya empresa hispanobritánica tenía sede en Londres, el elegido fue un bimotor terrestre, el moderno deHavilland DH.89, apodado Dragon Rapide. El avión, camuflado con tripulación y pasajeros británicos, despegó del aeródromo londinense de Croydon el sábado 11 de julio y tras escalas en Francia y Portugal llegó a Casablanca el lunes 13, sin instrucciones precisas.
Pocos días antes, José María Gil Robles, líder de la principal fuerza política de la derecha, la CEDA, ordenó enviar medio millón de pesetas de sus fondos electorales al general Mola para financiar el golpe de Estado. Las juventudes derechistas recibieron instrucciones de participar en la sublevación desde el primer momento, a las órdenes de las autoridades militares.
El domingo 12 de mayo envió un mensaje cifrado a Emilio Mola: "Geografía poco extensa". Cuando el Director de la conspiración lo recibió comentó: "Franco no va". Parecía evidente que el comandante militar de Canarias, pieza clave del golpe, consideraba insuficientes los planes y quería evitar una probable derrota del Ejército, en beneficio del Frente Popular. En caso de que se produjera un movimiento revolucionario, existen indicios de que Franco y otros mandos militares confiaban en que fuera combatido por los republicanos de izquierda gobernantes, respaldados, como en octubre de 1934, por la gran mayoría de Ejército y las fuerzas de Orden Público. Era uno de los sobreentendidos de su carta a Casares.
El asesinato de Calvo Sotelo
Menos de una semana antes del comienzo de la guerra, por tanto, la sublevación estaba en el aire. Podía incluso suponerse que su fracaso sería seguro. Todo ello cambió en la madrugada del lunes 13. Como represalia por el asesinato en Madrid de un oficial de Asalto e instructor de las JSU, el teniente Castillo, policías y paisanos socialistas secuestraron a las dos y media en su domicilio al diputado José Calvo Sotelo, líder del grupo parlamentario del Bloque Nacional. Minutos después, cuando era conducido en una camioneta policial, fue asesinado de dos tiros en la nuca y depositado, sin identificar, en el cementerio del Este. El autor de los disparos fue Luis Cuenca, afiliado a la UGT y que había formado parte de la escolta —la motorizada— del dirigente socialista Indalecio Prieto.
Este último y otros cargos del PSOE supieron en las primeras horas de la mañana del mismo lunes 13 que el asesino y los secuestradores eran correligionarios, pero encubrieron el crimen. Incluso una diputada, Margarita Nelken, ocultó a quien había dirigido la partida y efectuado personalmente el secuestro de Calvo: el capitán Fernando Condés, de la Guardia Civil, condenado por su participación en la revolución de octubre de 1934.
El Gobierno de Casares no había tenido participación alguna en el asesinato, pero entorpeció la investigación y censuró la información. El juez de guardia, Ursicino Gómez Carbajo, llevó a cabo una instrucción tan rápida como eficiente, que identificó como de sangre las manchas encontradas en la camioneta policial y llamó a declarar a varios de los agentes involucrados. También efectuó una inspección ocular del domicilio del diputado —en el número 89 de la calle Velázquez— y tomó declaración a la viuda y al personal de servicio. No había contradicción alguna: podía haber dudas en la identificación de algunos responsables, pero no en la naturaleza de lo que había sucedido. Agentes policiales habían secuestrado a un dirigente de la oposición, que luego había aparecido asesinado.
Por la tarde, el Gobierno nombró juez especial al magistrado del Tribunal Supremo Enrique Iglesias Portal, cuya actuación sería irrelevante. Lo peor fue la censura de prensa. Los periódicos no podían decir que Calvo Sotelo había sido asesinado, término reservado para el teniente Castillo, sino que había "aparecido muerto". El mismo lunes 13 por la tarde el diario vespertino Ya, de la Editorial Católica, publicó información veraz sobre el crimen y fue secuestrado. Peor fue lo del diario La Época: como protesta por no poder informar de que el político había sido asesinado, decidió no publicar la edición del martes 14, ante lo cual fue suspendido.
El Gobierno, además, humilló a la víctima. El cadáver del teniente Castillo pudo ser velado en el Salón Rojo de la Dirección General de Seguridad. Prohibió en cambio que los restos de Calvo Sotelo fueran velados en el Congreso de los Diputados o la Academia de Jurisprudencia, de la que había sido elegido presidente en 1933. El cadáver no podía salir del cementerio. El único recorrido autorizado era el que le llevase desde la capilla ardiente instalada en el propio recinto hasta la tumba.
La penúltima canallada del Gobierno Casares fue prohibir informar sobre la reunión que la Comisión Permanente de las Cortes celebró el miércoles 15, a menos que se reprodujera el acta taquigráfica íntegra, lo que por razones de espacio era imposible para casi todos los periódicos. Todavía hubo más: la detención de casi dos centenares de militantes derechistas, ajenos a los asesinatos.
Franco compra pasajes para su mujer y su hija
El episodio, tanto por el asesinato como por la reacción del Gobierno, indignó a gran parte de los ciudadanos. La Comunión Tradicionalista, después de varios meses de desencuentros, puso sus Requetés a las órdenes del general Mola. En Canarias, Francisco Franco rectificó sus anteriores reticencias y comunicó que participaría en la sublevación. Por la mañana del lunes 13, no antes y tras conocer por la prensa local el asesinato de Calvo Sotelo, pidió a su primo y ayudante —Francisco Franco Salgado-Araujo, Pacón— que sacara dos pasajes en un buque que hiciera escala en Francia. Sería el alemán Wadai, que cubría una ruta entre Hamburgo y las antiguas colonias germanas de África. La esposa de Franco, Carmen Polo, y su hija Carmencita, podrían embarcar en el Puerto de la Luz de Las Palmas el domingo 19 y desembarcar una semana más tarde en Le Havre, para ser acogidas después en Bayona por Mme. Claverie, que había sido institutriz de Carmen Polo en Oviedo, cuando la esposa de Franco, huérfana de madre, era adolescente.
franco-y-familia.jpgFranco, su mujer y su hija
El comandante militar de Canarias, por tanto, pensaba despedir a su mujer y su hija el 19, y trasladarse luego al Protectorado español en Marruecos, para declarar el estado de guerra el lunes 20 o el martes 21 de julio, previa destitución del general jefe de las Fuerzas Militares de África, Agustín Gómez Morato.
En Casablanca y al tener noticias del asesinato de Madrid, el periodista de ABC Luis Bolín, al mando de la expedición del Dragon Rapide, decidió por su cuenta y riesgo enviar el avión a Canarias, por la suposición cierta de que su verdadera finalidad era llevar a Franco hasta Tetuán, capital del Protectorado español. El Rapide, tras una escala en el Sahara español, y llevando a bordo sólo a los británicos, llegó a Las Palmas el 14, tras lo cual uno de los pasajeros, el excomandante Pollard, se trasladó a Santa Cruz de Tenerife con un mensaje para Franco: "Galicia saluda a Francia", transmitido por medio de un médico militar. Era el aviso de que el avión había llegado.
Ese mismo martes 14 Franco recibió una última clase de inglés a cargo de su profesora, Dora Lennard, que ha dejado este testimonio:
La mañana posterior a que llegara la noticia del asesinato de Calvo Sotelo, encontré a un hombre cambiado cuando llegó para dar la clase. Parecía diez años mayor y resultaba evidente que no había dormido en toda la noche. Por vez primera estuvo cerca de perder su férreo dominio de sí mismo y su inalterable serenidad. Comentamos brevemente las noticias, pero él habló con pasión. Era obvio que se estaba agitando lo más profundo de su ser. Siguió la lección con visible esfuerzo y se retiró cuando llegó su hija.
El jueves 16 se produjo un suceso imprevisto: el comandante militar de Las Palmas, general Amado Balmes, murió a causa de un accidente de tiro, cuando trataba de desencasquillar una pistola apoyándosela en el vientre. La hipótesis de que el disparo fuera causado por orden de Franco carece de la menor prueba y es un absoluto disparate. Estaba previsto que Balmes, nombrado para el cargo por Franco, se hiciera cargo del mando en Canarias cuando se marchase el comandante militar del Archipiélago.
Melilla: la tarde que comienza la Guerra Civil
El viernes 17 por la mañana, a la misma hora en que se celebraba en Las Palmas el funeral de Balmes, presidido por Franco en representación del ministro de la Guerra y jefe del Gobierno, junto con las autoridades de la isla, los jefes de la conspiración en Melilla —tres tenientes coroneles, uno de ellos retirado— consiguieron pistolas del Parque de Artillería para armar a una veintena de falangistas, al considerar que no tenían apoyos suficientes para dominar una población en la que la izquierda había conseguido, en las elecciones de febrero, más del 70 por ciento de los votos. Aunque en las proximidades de la plaza había unidades consideradas seguras —la Primera Legión del Tercio y los grupos de Regulares 2 y 5—, no estaban motorizadas y tardarían horas en llegar a Melilla, sede de la Circunscripción Oriental del Protectorado.
Los conspiradores todavía consideraban posible que Franco llegara esa tarde a Ceuta. Seguían pensado que utilizaría un hidroavión e ignoraban la peripecia del Dragon Rapide. En Tetuán se anuló la alerta, pero los melillenses no fueron avisados.
El taxi de un falangista, que había ido a recoger pistolas y bombas de mano, encontró en el camino de vuelta a la sede de la conspiración —la Sección de Límites de África de la Comisión Geográfica de Marruecos— a un correligionario, Álvaro González de la Cruz, antiguo teniente, que era confidente del teniente de alcalde Felipe Aguilar, jefe local de Unión Republicana. A González de la Cruz le entregaron tres pistolas para que las entregara en su domicilio a otros tantos falangistas, pero en lugar de ello acudió a un bar donde se encontraba Aguilar, a quien mostró las armas.
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El teniente de alcalde fue de inmediato a la Delegación del Gobierno para informar de lo que sucedía al delegado Jaime Fernández Gil, afiliado como él a Unión Republicana. Fernández Gil solicitó permiso al comandante general, Manuel Romerales Quintero, para efectuar un registro en el que era un recinto militar, petición a la que accedió Romerales.
Hacia las cuatro de la tarde, presididos por el secretario particular del delegado, Francisco Benet Enrich, media docena de agentes de paisano del Cuerpo de Investigación y Vigilancia, y una decena de uniformados del Cuerpo de Seguridad, penetraron en el recinto de la Comisión, que ni siquiera tenía guardia en el portón de acceso.
Dentro, en un edificio de despachos de una sola planta, una docena de oficiales escuchaban las órdenes del jefe de la conspiración melillense, el teniente coronel Juan Seguí, que había seguido de forma brillante los cursos de Estado Mayor en Madrid y en París. Cuando advirtieron que estaban rodeados por fuerzas policiales siguieron ocultos, pero dispuestos a defenderse por la fuerza cuando fueran sorprendidos. Gracias al teléfono militar pudieron avisar por teléfono a la vecina Representación del Tercio, en demanda de ayuda. Atendió la llamada un sargento portugués, Joaquín Souza, quien de inmediato reunió a ocho hombres, dos cabos y seis legionarios, con quienes subió a la carrera la cuesta que conducía a la Comisión. Entraron por la fuerza y quedaron al principio desconcertados, ante unos guardias que estaban en el patio en actitud pacífica.
En ese momento uno de los conspiradores, el teniente del Tercio Julio de la Torre Galán, salió por su propia iniciativa de la oficina donde estaban los conspiradores y de un salto se puso al frente de los legionarios, a quienes ordenó que apuntaran a los guardias. Estaba tan nervioso que precisó "cada dos a por un guardia", cuando los agentes de Seguridad eran más numerosos que los legionarios. Uno de los guardias tiró su fusil al suelo y suplicó: "Mi teniente, no tirad, que somos padres de familia". El jefe de los guardias, teniente Juan Zaro, remató: "Compañero oficial de la Legión, mis guardias no disparan contra el Ejército". Julio de la Torre le abrazó: "Eres mi hermano". Eran las cuatro y veinte de la tarde y en ese instante daba comienzo la Guerra Civil española.
Se proclama el estado de guerra sin saberlo Franco
Las unidades del campo fueron avisadas para que se dirigieran a Melilla de inmediato. En las dos horas siguientes el general Romerales fue detenido y se proclamó en el centro de la ciudad el estado de guerra, mientras los militantes de izquierda iniciaban una resistencia que duró varios días y una veintena de bajas por ambos bandos.
El estado de guerra fue proclamado en nombre del general Franco, pero este último no sólo desconocía su texto, sino que en ese momento recorría en automóvil Las Palmas, en compañía de su mujer y su hija. Pasaron unas diez horas hasta que ya de madrugada, cuando dormía en el hotel Madrid, supo que en Melilla se habían adelantado. Gracias a la complicidad del delegado de Telefónica en Tenerife, Demetrio Mestres, el comandante militar de Canarias recibió el radiograma que había enviado desde Melilla el coronel Solans, que se había hecho con el poder tras la destitución de Romerales:
Este Ejército, levantado en armas, se ha apoderado en la tarde de hoy de todos los resortes del mando en este territorio. La tranquilidad es absoluta. ¡Viva España!.
Franco se desplazó de inmediato a la Comandancia Militar y comenzó a preparar el estado de guerra, que movilizó a las tropas a partir de las cinco y se anunció por radio a las siete de la mañana:
Aquí la estación EAJ-43 Radio Club Tenerife, al servicio de España y la causa que acaudilla el general Franco. Vamos a dar lectura al bando de proclamación del estado de guerra, que rige para las Islas Canarias desde las cinco horas de la mañana de hoy, 18 de julio de 1936.
En el Protectorado las fuerzas rebeldes dominaron todas las poblaciones, así como el aeródromo tetuaní de Sania Ramel, tras un breve tiroteo que no causó ninguna baja mortal. A mediodía, tras conocer que el territorio norteafricano estaba dominado, Franco decidió subir al Dragon Rapide, poco después de las dos de la tarde.
Y mientras, en la Península
Hacia la misma hora, en Sevilla, el general Gonzalo Queipo de Llano, inspector general de Carabineros, dominó con un golpe de audacia la sede de la Segunda División, a lo que siguió el control de Cádiz, Córdoba y Algeciras, cuya importancia estratégica resultaba evidente. En Madrid, el Gobierno Casares difundió sucesivos comunicados que intentaron, sin éxito, disminuir el alcance de la sublevación. Tres destructores fueron enviados a la costa de Melilla, de los que dos entraron el puerto, con orden de impedir el traslado de tropas a la Península. Hacia mediodía y tras ser estimulados por radio desde el Ministerio de Marina, numerosas tripulaciones se amotinaron y destituyeron a los mandos. Los rebeldes, de esa forma, no pudieron cumplir el plan del general Mola y sus mejores fuerzas quedaron aisladas durante un par de semanas en el Protectorado.
tropas-marroquies-esperando-traslado-1936.jpgTropas de Marruecos esperando el traslado a la Península
En cambio, lograron la adhesión de los marroquíes, después de que aviones gubernamentales —aparatos civiles modificados para que pudieran lanzar bombas— atacaran Tetuán. Su objetivo era el edificio de la Alta Comisaría, pero un error de puntería hizo que varias bombas cayeran junto a una mezquita, con el resultado de 15 muertos y 40 heridos, de los que diez y once eran marroquíes musulmanes. Los rebeldes, en particular el teniente coronel Juan Beigbeder, lo presentó como un ataque a la religión, lo que indignó a los musulmanes.
El avión de Franco se retrasó por dificultades en el repostaje de combustible (el concesionario del aeródromo de Agadir era un judío que celebraba el sábado) y hubo de aterrizar en Casablanca para pasar la noche. A lo largo del día, sin embargo, la sublevación se había extendido a varias capitales peninsulares, entre ellas tres que eran cabezas de División y disponían de decenas de miles de fusiles y abundante munición: Valladolid, Burgos y Zaragoza, aunque fracasó en otras de importancia, como Málaga y Bilbao. Santiago Casares Quiroga dimitió y fue sustituido por el presidente de las Cortes, Diego Martínez Barrio, quien intentó sin éxito, mediante una larga conversación telefónica en la madrugada del 19 con el general Emilio Mola, restablecer la paz.
Su esfuerzo, sin duda bien intencionado, sería inútil. A primera hora de la mañana del domingo 19 se incorporó Navarra al golpe, con una gran movilización de los jóvenes tradicionalistas, pero al día siguiente la rebelión fue derrotada en Madrid y Barcelona. Empezaron a establecerse los frentes de lo que era ya el embrión de una guerra civil.
Los primeros días
Una de las características principales de estos primeros días fue la espontaneidad de numerosas guarniciones, que hasta ese momento desconocían los planes de sublevación y no habían adquirido ningún compromiso. En Sevilla, por ejemplo, fue lo que ocurrió con las dos comandancias de la Guardia Civil, según el relato del teniente coronel jefe de la Comandancia Interior, Manuel Pereira Bela.
Por enlace que tenía en la División tuve conocimiento de que el general don Gonzalo Queipo de Llano había declarado el estado de guerra y acto seguido reuní en mi despacho a todos los jefes y oficiales de las dos Comandancias; les di conocimiento de que el general había declarado el estado de guerra y que yo necesitaba saber el modo de pensar de cada uno, para enseguida tomar mi determinación. Pregunté al más moderno, alférez señor Rebollo, que me contestó con un grito de ¡Viva España! Y todos los allí reunidos, sucesivamente, contestaron de igual forma: ¡Viva España! Entonces ordené que toda la fuerza que había en el cuartel formase en el patio y al comandante Sr. Garrigós se dirigiese de palabra a la tropa para saber sus intenciones y si fuese posible eliminar al que no pensara como sus jefes en aquel momento decisivo. La tropa formó y enterada del objeto por la que se le llamaba todos, como un solo hombre, contestaron con gritos de ¡Viva España! Inmediatamente di orden de que el jefe de la Línea teniente Sr. Acuña, con 25 ó 30 guardias formando una sección, salieran para hacerse cargo de la Telefónica.
La sublevación no fue un golpe de generales, sino mayoritariamente de jóvenes oficiales. A mayor juventud, mayor rebeldía. Según la detallada investigación efectuada durante cincuenta años por Carlos Engel Masoliver y su hijo Carlos Engel Celler, de los 17.291 generales, jefes y oficiales del Ejército y la Armada, el 75,92 por ciento se adscribieron a la sublevación y el 23,89 por ciento siguieron a las órdenes del Gobierno. En el Ejército se sublevaron el 85,71 por ciento de los cadetes, el 82,18 de los tenientes, el 78,82 de los capitanes, el 74 de los tenientes, el 72,69 de los tenientes coroneles, el 71,05 de los coroneles, el 60 de los generales de brigada y el 54,17 de los generales de división. En la Armada los porcentajes fueron los que siguen: el 87,5 de los guardiamarinas, el 100 de los alféreces de fragata, el 88,41 de los alféreces de navío, el 91,35 de los tenientes de navío, el 87,02 de los capitanes de corbeta, el 84,62 de los capitanes de fragata, el 90,91 de los capitanes de navío, el 75 de los contraalmirantes y los seis vicealmirantes. Muchos pagaron su elección con la vida. Un total de 1.253 "nacionales" fueron asesinados y otros 503 fusilados. Las cifras de los "republicanos" fueron, respectivamente, 70 y 220. En acción de guerra hubo 1.243 "nacionales" muertos, por 152 "republicanos".
Pero lo que sucedió en España en julio de 1936 fue mucho más que un golpe militar, tal y como lo describió Martínez Barrio, al constatar que el Gobierno perdió a parte de la Administración Civil:
El Estado sufría una completa parálisis. Gran parte de los funcionarios, bien porque simpatizaran con la rebelión, bien porque sospecharon cuál iba a ser el curso inmutable de las cosas, habían abandonado sus tareas, agazapándose en embajadas y legaciones. En breve plazo, la acción gubernativa, inexistente, fue reemplazada por la de comités y sindicatos.
Diego Martínez Barrio, uno de los más destacados políticos de la Segunda República, resumió así lo sucedido:
¿Cuáles han sido las inmediatas consecuencias de la rebelión de julio? Se rebeló abiertamente la mayoría del Ejército, se rebeló mansamente la Magistratura, hubieron de colocarse en posición de frialdad con relación al Gobierno y sus órganos legítimos las demás encarnaciones del Poder público. Se ha salvado únicamente de esta bancarrota general una parte del profesorado y del magisterio nacional.
Una catástrofe semejante, que costaría varios centenares de miles de muertos, un importante número de exiliados y una dictadura de casi 40 años, no se produjo de la noche a la mañana. Fue el resultado de un proceso que, si ya era deficiente antes de febrero de 1936, se agudizó durante los cinco meses de gobierno del Frente Popular. Una parte considerable de la población ya había tomado partido antes de que se disparase el primer tiro.
18 de julio de 1936, las venganzas de los
revolucionarios de 1934
Pedro Corral. libertad
digital. 18 Julio 2026
Autoridades, militares, agentes del orden o simples trabajadores que no habían secundado la huelga revolucionaria serían asesinados en el verano de 1936 en un terrible ajuste de cuentas.
La revolución desencadenada en la zona gubernamental a consecuencia del golpe militar del 17 de julio de 1936 vino a dar continuidad, también de forma sangrienta, al golpe armado promovido en octubre de 1934 por el PSOE contra el orden constitucional republicano.
La llamada "Revolución de Octubre", a imitación de la soviética de 1917, causó cerca de mil quinientos muertos y tres mil heridos en toda España, con especial incidencia en Asturias. La excusa del levantamiento armado del PSOE y UGT, al que se unió el PCE, fue la entrada en el Gobierno de Alejandro Lerroux de tres ministros de la CEDA, que había sido la coalición ganadora de las elecciones de noviembre de 1933.
El golpe del PSOE fue sofocado en Asturias por el Ejército, incluido el de África, con legionarios y regulares, al mando del general Francisco Franco, después de duros choques. Entre los oficiales de las columnas militares enviadas por el Gobierno se encontraba el capitán Juan Rodríguez Lozano, abuelo paterno del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que estuvo a punto de morir en la localidad de Ronzón en un combate contra los mineros.
Indalecio Prieto reconocería años más tarde como "pecado, como culpa" su intervención en el alzamiento socialista, que Salvador de Madariaga y Sir Raymond Carr sentenciarían como el primer acto de la Guerra Civil. La amnistía a los detenidos por el golpe de 1934, autores de asesinatos, robos y profanaciones como la de la Cámara Santa de la catedral de Oviedo, fue cuestión central en el programa electoral del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936.
Después del cuestionado triunfo de la coalición izquierdista, la amnistía no tardó en ser aprobada por la diputación permanente de las Cortes, también con el voto de las derechas, sin que se hubiera constituido el nuevo Parlamento. Antes incluso de su aprobación ya empezaron a salir de las cárceles parte de los 30.000 penados y encausados "por delitos políticos y sociales" beneficiados por la medida.
Al estallar la Guerra Civil, la revolución desencadenada por el golpe militar en la zona gubernamental vino a dar continuidad a la revolución de 1934, pero de una forma particularmente siniestra, con la venganza contra los que tuvieron algún protagonismo en el fracaso del golpe socialista contra el orden constitucional republicano.
Un terrible ajuste de cuentas
Autoridades, militares, agentes del orden o simples trabajadores que no habían secundado la huelga revolucionaria serían asesinados en el verano de 1936 en un terrible ajuste de cuentas político ejecutado al amparo de la nueva revolución triunfante en el campo gubernamental.
Rafael Salazar Alonso fue ministro de Gobernación con Lerroux y Samper hasta unos días antes de la insurrección socialista. Al estallar la guerra se acogió a la protección del anarquista Melchor Rodríguez para entregarse a las autoridades del Frente Popular, seguro de que por su ignorancia del golpe militar sería absuelto en caso de ser juzgado. Fue fusilado el 23 de septiembre de 1936 en la cárcel Modelo después de un proceso político en el que se le llegó incluso a acusar de haber provocado desde Gobernación el levantamiento izquierdista de dos años antes.
Otro ministro de Lerroux, José Martínez de Velasco, ocupó la alcaldía de Madrid en octubre de 1934 como delegado especial del Gobierno por la suspensión del Ayuntamiento presidido por Pedro Rico a causa de su dejación de funciones ante el abandono total de los servicios municipales durante el movimiento revolucionario de 1934. Fue uno de los asesinados el 22 de agosto de 1936 en el asalto por milicianos a la cárcel Modelo de Madrid.
Marcelino Valentín Gamazo fue nombrado fiscal general de la Segunda República en noviembre de 1935. Heredó la causa contra el líder socialista Francisco Largo Caballero, para el que su antecesor, Lorenzo Gallardo, había formulado los cargos de rebelión militar y excitación a la rebelión por su papel en el golpe de 1934. Largo Caballero fue absuelto finalmente, lo que llevó a Valentín Gamazo a presentar con toda dignidad su dimisión.
Al estallar la Guerra Civil, se encontraba veraneando con su familia en Rubielos Altos (Cuenca). Un grupo de milicianos, al parecer algunos procedentes de Madrid y con órdenes muy concretas, le detuvieron allí el 5 de agosto junto con sus tres hijos varones. Después de ser torturados, fueron conducidos a un paraje donde Valentín Gamazo, de 56 años, tuvo que ver cómo antes de matarlo sus verdugos asesinaban delante de él, uno detrás de otro, a sus hijos José Antonio, Javier y Luis, de 22, 20 y 17 años, respectivamente.
Otro crimen espeluznante fue el del general masón y republicano Eduardo López Ochoa, de 63 años, al que el jefe del Estado, Niceto Alcalá-Zamora, encargó dirigir sobre el terreno las operaciones de las fuerzas del Gobierno contra los revolucionarios en Asturias en 1934. Había sido detenido y procesado en la primavera de 1936 por el Tribunal Supremo por el fusilamiento de insurrectos en el cuartel de Pelayo en Oviedo sin formación de causa.
Cuando estalló la contienda, López Ochoa se encontraba preso en el Hospital Militar de Carabanchel, convaleciente de una operación. Una turba de milicianos asaltó el 17 de agosto el hospital para prenderle. Fue sacado de su cama en pijama y fusilado fuera del hospital, después de que advirtiera que no le dispararan contra el muro del centro. "Aquí vais a meter los tiros al hospital y vais a herir a alguno", les dijo a sus verdugos serenamente. Conducido entonces a un altozano próximo, lo fusilaron contra la ladera. Después un miliciano lo decapitó con un machete, clavó la cabeza en el arma blanca y la paseó por las calles entre la muchedumbre.
Otra venganza de los frentepopulistas fue la ejecutada contra el que fuera titular de la Dirección General de Seguridad (DGS) durante el levantamiento socialista, José Valdivia y García-Borrón, capitán de Intendencia. Fue detenido una semana después del estallido de la guerra. Estuvo preso en la misma DGS de la que había sido responsable hasta ser trasladado a la prisión provisional de San Antón. Una "brigadilla" de ejecución de la checa de Fomento, creada por su sucesor en la DGS Manuel Muñoz Martínez, le dio el "paseo" el 1 de octubre en la carretera de Vallecas.
El abogado y fiscal Francisco Delgado Iribarren, que había sido director general de Prisiones con el Gobierno radical-cedista, era reconocido por su celo humanitario en la mejora de las condiciones de los penados. Fue el responsable de las cárceles cuando estuvieron detenidos los dirigentes del PSOE, empezando por su líder, Francisco Largo Caballero, por el golpe de estado revolucionario de 1934. Las milicias se lo llevaron detenido el 8 de agosto de su casa de Madrid. Su cuerpo sin vida apareció al día siguiente en la Pradera de San Isidro, junto con otros quince cadáveres.
Los verdugos que ajustaron cuentas por el fracaso de la revolución de 1934 eligieron también al capitán de navío Enrique Pérez y Fernández-Chao, de 55 años, fundador y director de la Escuela Naval de Guerra, como recuerda la página web del Ministerio de Defensa que encabeza Margarita Robles. Fue detenido el 7 de septiembre en el propio Ministerio de Marina por haber sido el comandante del crucero "Almirante Cervera", que formó uno de los convoyes que llevaron tropas a Asturias en octubre de 1934. Su cadáver fue hallado tres días después en el palacete de la Moncloa.
A Eduardo Moreno Rodríguez, de 59 años, inspector de Correos, le detuvieron el 5 de septiembre los miembros de una checa comunista. Su cadáver fue encontrado ese mismo día en la carretera de El Pardo. Su hermana María Luisa achacó su asesinato a su labor en los tribunales depuradores de carteros en Asturias después de la huelga revolucionaria de 1934.
Represalias contra humildes trabajadores
No menos crueles fueron las represalias ejecutadas contra humildes trabajadores por no haberse sumado a esa huelga. Basilio Blanco Moreno, de 32 años, había trabajado en su tahona de la calle Amaniel durante el paro de octubre de 1934. El 14 de agosto de 1936 Basilio Blanco salió de madrugada para comenzar su jornada de panadero cuando nada más abrir el portal una descarga de pistola ametralladora le segó la vida.
Siniestras son también las historias de los barrenderos municipales de Madrid que salieron entonces a limpiar las calles desafiando a los piquetes revolucionarios. Isidro Marcos Sanz había empezado a trabajar en el servicio de limpieza municipal precisamente con ocasión de aquella huelga. Cuando volvía del trabajo el 22 de julio, cinco días después de comenzada la guerra, fue detenido en la calle y después asesinado.
Estas son las historias que quedan en los márgenes de la Historia con mayúsculas. Con ellas van recogidos los nombres de algunos de los que pagaron con la vida su defensa del régimen constitucional republicano en 1934. Murieron en 1936 a manos de quienes entonces se proclamaron defensores de la Segunda República después de haberla querido destruir dos años antes. Paradojas de un pasado extremadamente complejo hoy reducido en el BOE a un par de brochazos chorreantes de mentiras y sectarismo.
Pedro Corral es autor de "Vecinos de sangre", libro en el que aborda el ensañamiento de las milicias frentepopulistas en el cruento verano de 1936 contra todos aquellos vinculados con el fracaso de la huelga revolucionaria desatada por los socialistas dos años antes.
A Roberto Villa García y Juan Soler-Espiauba
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