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Los
recortes de ayer al final de la página
Si te importa España,
diez acciones indispensables
Nota del Editor 1
Noviembre 2011
1ª la lengua española para unificar mercado, educación, sanidad, justicia, legislación, seguridad, anulando toda la legislación sobre lenguas regionales.
2ª desmantelar el tinglado autonómico.
3ª deshacerse de la enorme casta de profesionales de la política
4ª simplificar y reducir el enorme aparato burocrático y millones de funcionarios
5ª deshacerse del intervencionismo de un estado ineficiente y depredador de los recursos de la clase media
6ª deshacerse de un estado indoctrinador y comprador de votos de unos con dinero de otros
7ª arreglar un sistema educativo desastroso con menos medios y más responsabilidad
8ª educar en valores humanos a una sociedad indoctrinada y adormecida
9ª liberalizar y optimizar un mercado fragmentado e ineficaz
10ª arreglar una justicia irracional, politizada, lenta, incompetente e irresponsable con menos medios y más responsabilidad
La
"normalización lingüística", una anormalidad
democrática. El caso gallego
Dedicado "A
todos aquellos que piensan que los idiomas se hicieron para las
personas y no las personas para los idomas" Manuel
Jardón
Por
la normalización del español: El estado de la cuestion, una
cuestion de Estado.
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y Conferencias
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Del libro de Manuel Jardón
"A todos aquellos que piensan que
los
idiomas se hicieron para las
personas y no las personas para
los idiomas"
Recortes de Prensa Jueves 29 Enero 2026
Tres muertos en Ucrania por un ataque
ruso con 105 drones
Los ataques
masivos a diario han dejado a miles de ucranianos sin energía ni
calefacción en el frío invernal
Javier Munera. Madrid. el
mundo. 29 Enero
2026
Nuevos ataques nocturnos rusos con drones dejaron tres muertos y un herido en el sur de Ucrania, informaron las autoridades ucranianas en la mañana del jueves.
"Lamentablemente, dos mujeres y un hombre murieron y otro hombre resultó herido", indicó el gobernador de la región sureña de Zaporiyia, Ivan Fedorov. Agregó en Telegram que los ataques con drones destruyeron casas y causaron incendios.
Los ataques mortales han dejado a muchos ucranianos sin energía en el frío invernal, pese a que negociadores rusos y ucranianos se reunieron la semana pasada en Emiratos Árabes Unidos para discutir el fin del conflicto, bajo el auspicio de Estados Unidos.
9:05
Rusia derriba nueve drones ucranianos tras caer la intensidad de los ataques
Las defensas antiaéreas rusas derribaron nueve drones ucranianos durante la noche en una semana de bajada de intensidad de los ataques ucranianos tras las negociaciones trilaterales para llegar a un acuerdo de paz el pasado fin de semana.
"Los sistemas de defensa antiaérea destruyeron nueve drones ucranianos de ala fija", informó el Ministerio de Defensa a través de Telegram.
Cuatro drones fueron interceptados en la región de Rostov, dos en Briansk y uno en Vorónezh, todas fronterizas con Ucrania. También fueron abatidos dos drones sobrevolando la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.
8:25
Rusia ataca Ucrania con 105 drones este jueves
Rusia lanzó anoche contra territorio ucraniano un total de 105 drones de larga distancia, de los que 84 fueron neutralizados por las defensas aéreas ucranianas y otros 18 impactaron en siete localizaciones distintas del país atacado no especificadas por la Fuerza Aérea de Ucrania en su parte de este nuevo bombardeo nocturno.
Durante la pasada jornada las fuerzas rusas lanzaron 841 ataques con drones de distintos tipos, aviación y artillería contra 34 localidades, según la administración militar regional.
Rusia ataca prácticamente cada noche territorio ucraniano con drones que en ocasiones van acompañados de misiles. Su principal objetivo en los últimos meses es el sistema energético ucraniano, que ha perdido buena parte de su capacidad de generación y distribución eléctrica por los daños causados por los bombardeos de Rusia.
8:20
Estonia busca impedir que los combatientes rusos entren en el espacio Schengen
El ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, Magnus Tsahkna, dijo este jueves que quiere incluir en una lista negra a todos los rusos que hayan combatido en Ucrania e impedirles la entrada en el espacio Schengen.
"Pueden imaginar a esos cientos de miles de ex combatientes y criminales llegando aquí y lo que van a hacer", dijo a los periodistas. "Van a hacer muchas cosas malas".
8:08
Los ucranianos afrontan semanas difíciles mientras Rusia ataca el sector energético en plena ola de frío
La vida será especialmente dura para los ucranianos durante las próximas tres semanas debido al desplome de las temperaturas y a una infraestructura energética dañada que ha sido golpeada por intensos ataques rusos, privando a millones de personas de luz y calefacción, afirmó este miércoles un alto parlamentario.
Pese a los avances en las conversaciones de paz, que han dado lugar por primera vez a negociaciones trilaterales entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos, Rusia ha intensificado los bombardeos más allá de la línea del frente que se extiende por el este y el sur de Ucrania. Según previsiones oficiales, la próxima semana se esperan temperaturas por debajo de los -20 grados centígrados en el norte y el este de Ucrania, niveles extremadamente bajos para el país.
"La mala noticia es que, efectivamente, habrá heladas y será difícil", dijo Andriy Gerus, presidente de la comisión de energía del Parlamento, al canal nacional de televisión Marathon. "La buena noticia es que necesitamos aguantar tres semanas y luego será más fácil", añadió, citando el aumento previsto de las temperaturas y una mayor generación de energía solar gracias a días más largos.
8:00
Lukoil vende su filial encargada del negocio fuera de Rusia a Carlyle
Lukoil, el segundo mayor productor de petróleo de Rusia, dijo este jueves que ha acordado vender su filial LUKOIL International GmbH, que supervisa los activos extranjeros de la compañía, a la firma estadounidense de capital privado Carlyle Group. También señaló que Lukoil mantendrá la propiedad de sus activos en Kazajistán.
Lukoil y Rosneft, el mayor productor de petróleo de Rusia, fueron sancionados por Estados Unidos el pasado octubre, en lo que Washington calificó como una respuesta al lento avance de las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania. La medida ha obligado a Lukoil a desprenderse de su negocio en el extranjero.
7:45
Tres muertos en el sur de Ucrania por el ataque ruso con drones
Nuevos ataques nocturnos rusos con drones dejaron tres muertos y un herido en el sur de Ucrania, informaron las autoridades ucranianas en la mañana del jueves.
"Lamentablemente, dos mujeres y un hombre murieron y otro hombre resultó herido", indicó el gobernador de la región sureña de Zaporiyia, Ivan Fedorov. Agregó en Telegram que los ataques con drones destruyeron casas y causaron incendios.
Los ataques mortales han dejado a muchos ucranianos sin energía en el frío invernal, pese a que negociadores rusos y ucranianos se reunieron la semana pasada en Emiratos Árabes Unidos para discutir el fin del conflicto, bajo el auspicio de Estados Unidos.
Rusia
paga caro su estrategia militar: 325.000 muertos y escasos avances en
el conflicto ucraniano.
Goyo
G. Maestro. la razon. 29 Enero
2026
Pese a que el Kremlin mantiene un discurso optimista sobre el curso de la guerra, las últimas estimaciones sobre la cifra de bajas (muertos, heridos y desaparecidos) desvela un creciente número de pérdidas entre sus filas a medida que se extiende el conflicto. Un informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington sostiene que la invasión de Ucrania ha causado 1,8 millones de bajas militares entre los dos países.
Este grupo de expertos asegura que Moscú se ha llevado la peor parte al registrar 325.000 muertos desde el inicio de la guerra en febrero de 2022, una cifra que triplica con creces el total de muertes soviéticas y rusas en todas sus guerras desde 1945. Por su parte, Ucrania ha sufrido entre 100.000 y 140.000 muertes en el campo de batalla. "Las bajas rusas y ucranianas combinadas pueden llegar a 1,8 millones y podrían alcanzar los dos millones de bajas totales para la primavera de 2026", anticipa el CSIS en su informe.
Esta cifra, dicen los autores del documento, supera cualquier registro de una potencia mundial en un conflicto bélico desde la Segunda Guerra Mundial, lo que pone de relieve hasta qué punto la estrategia de desgaste de Moscú está consumiendo sus recursos humanos a un ritmo alarmante para obtener avances territoriales mínimos. Solo en 2025, hubo aproximadamente 415.000 muertos y heridos rusos, con un promedio de casi 35.000 al mes. "Las fuerzas rusas están pagando un precio extraordinario por ganancias mínimas y están en declive como gran potencia", asegura uno de los autores del documento,
Pese a todo, el tiempo juega a favor de Rusia, que tiene una población mucho mayor para reforzar sus filas que la ucraniana, cuyas autoridades luchan contra el elevado número de deserciones y otras dificultades para el reclutamiento de su ejército, mucho más pequeño que el ruso.
Dado que tanto las autoridades rusas como las ucranianas suelen ocultar y minimizar el número de bajas, los autores del informes han recurrido para su estudio a datos estimaciones de los gobiernos estadounidense y británico, entre otras fuentes. Los observadores de la ONU, por su parte, dicen que las bajas civiles han alcanzado casi 15.000 muertes verificadas desde 2022, pero que el total real "es probablemente considerablemente mayor".
En el terreno táctico, el informe revela que Rusia apenas ha logrado avanzar entre 15 y 70 metros diarios en sus ofensivas más ambiciosas, una velocidad inferior incluso a la de la sangrienta batalla del Somme en la Primera Guerra Mundial. Rusia ocupa actualmente el 20% del país.
A pesar de haber tomado la iniciativa militar en 2024, las fuerzas del Kremlin solo han capturado un 1,5% adicional del territorio ucraniano en estos dos últimos años. Este avance "a paso de tortuga" se debe a la eficaz estrategia de defensa ucraniana. Las fuerzas de Kiev usan drones, campos minados y escudos defensivos con armamento occidental, lo que habría convertido cada metro de tierra en una trampa mortal para los efectivos rusos, según revela el informe.
En lo tocante a las estrategias militares, se destaca que Rusia ha frenado en buena medida los grandes movimientos de blindados optando por pequeños grupos de soldados desplazados en en moto o a pie para intentar así infiltrarse en las líneas ucranianas con la esperanza de pasar desapercibidos para los drones enemigos.
El análisis concluye afirmando que el impacto de la guerra ha colocado a Rusia como una potencia económica de segunda categoría. El crecimiento del PIB se ha estancado en el 0,6% en 2025 y persiste una alta inflación mientras su industria manufacturera muestra signos claros de declive más allá del boyante del sector armamentístico. La ausencia total de empresas tecnológicas rusas entre las 100 más importantes del mundo y el fracaso de su industria espacial sugieren, dice el documento, que el país está hipotecando su futuro a largo plazo.
En el lado de Kiev, se constata que los ataques rusos con misiles y drones han dañado el sistema energético, que ahora solo es capaz de satisfacer solo el 60% de la demanda nacional . Además, el PIB ha sufrido una contracción estimada en un -21,2% entre 2022 y 2025 y acumula un déficit del 18,5% de su Producto Interior Bruto, l que ha puesto al país en un estado de asfixia financiera.
Director general del OIEA
Rafael
Grossi: "Un mundo con 19 potencias nucleares va a ser mucho más
peligroso"
El diplomático
argentino, que ha oficializado su candidatura para el cargo de
Secretario General de la ONU, habla con El Confidencial sobre la
crisis de la organización
Lucas Proto. la razon.
29 Enero
2026
El veterano diplomático argentino y director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, aspira a convertirse en el próximo secretario general de Naciones Unidas en un momento en el que cada vez son menos los que confían en la capacidad de la organización para influir en los grandes conflictos de nuestra era. El multilateralismo atraviesa una de sus etapas más frágiles, cuestionado por su aparente irrelevancia frente a las acciones unilaterales de las grandes potencias, la vulneración constante del derecho internacional o la escalada de las tensiones nucleares. Una realidad que el candidato no elude y que sitúa en el centro de su diagnóstico sobre la crisis de credibilidad de la ONU. "Las Naciones Unidas son hoy las grandes ausentes", sostiene.
En entrevista con El Confidencial, Grossi reflexiona sobre el papel que podría desempeñar para rescatar a la organización de la irrelevancia, así como de las consecuencias de un mundo cada vez más fragmentado, del bloqueo del sistema multilateral y de los riesgos crecientes asociados a la escalada nuclear y a la normalización del uso de la fuerza en las relaciones internacionales.
PREGUNTA. Usted ha dicho que “las Naciones Unidas son las grandes ausentes” en las crisis actuales y que están en una “profunda crisis de credibilidad”. Si fuera elegido secretario general, ¿qué podría hacer exactamente para revertirlo? ¿No estaría limitado por los mismos mecanismos que han hecho que la gente pierda la fe en la ONU?
RESPUESTA. Bueno, yo creo que, naturalmente, cuando uno presenta una candidatura y tiene un diagnóstico y una visión de cómo cambiar las cosas, piensa que es posible mejorar. Y eso no lo digo desde una confianza ciega en mis capacidades, sino desde mi experiencia personal, que es comprobable por los Estados miembros de Naciones Unidas y del Organismo Internacional de la Energía Atómica.
Nosotros hemos enfrentado al menos dos de las grandes crisis internacionales: la guerra entre Rusia y Ucrania y, en Oriente Medio, toda la problemática relativa al programa nuclear de Irán. Podría citar otras, pero en estas dos el OIEA ha demostrado una enorme proactividad en los aspectos que caen bajo su competencia. En el caso de Ucrania, por ejemplo, mi responsabilidad ha sido evitar un accidente nuclear en la planta de Zaporiyia. No me corresponde negociar la paz, pero sí puedo decir que hemos sido capaces de establecer un diálogo al más alto nivel. Me entrevisto regularmente con el presidente Putin, con mucha mayor frecuencia con el presidente Zelenski, con las autoridades iraníes, con los países europeos del llamado E3, con China, entre otros.
Es decir, el OIEA no está ausente de los problemas que tiene que enfrentar, aunque en ellos se reproduzcan las mismas tensiones y rivalidades geopolíticas del escenario internacional. Creo que esta manera de ejercer una diplomacia activa y objetiva puede extrapolarse al ámbito de la ONU. Su pregunta es profunda, porque remite a problemas estructurales, como el bloqueo crónico del Consejo de Seguridad, que lleva a muchos a preguntarse qué se puede hacer en estas condiciones. En mi visión, eso exige un secretario general activo, presente en los conflictos y aceptable para todas las partes. El deber de todo funcionario internacional, y en particular del secretario general, es la imparcialidad. Imparcialidad no es indiferencia: es actuar como un honesto componedor, con capacidad de proponer y de acercar posiciones. Creo que eso es posible en los conflictos actuales y es lo que yo me propongo hacer si soy elegido.
P. Ha hablado del bloqueo del Consejo de Seguridad. Cada vez son más las voces que dicen que ya no refleja el equilibrio de la época en que fue creado y que el poder de veto es el gran limitador de la acción internacional. Honestamente, ¿cuáles son sus expectativas de poder llevar a cabo una reforma? ¿Cree que es una posibilidad real o que el secretario general debe usar mejor las herramientas existentes?
R. Creo que son dos vías paralelas y no contradictorias. La reforma del Consejo de Seguridad es un proceso impulsado por los Estados. El secretario general no tiene una varita mágica para imponer un nuevo diseño: existe un proceso abierto desde hace décadas, con bloqueos evidentes. ¿Y por qué sucede esto? Porque la estructura, la modalidad y las competencias del Consejo de Seguridad fueron el resultado de un período postraumático, el de la Segunda Guerra Mundial. En ese momento había vencedores y vencidos, y era posible establecer un cierto orden con reglas bastante draconianas, como el veto. En aquel momento éramos cuarenta y pico; ahora somos 193. Es un mundo mucho más grande, con potencias emergentes y en el que una reforma no respondería a la necesidad de reconstruir un mundo devastado, sino que debería ser el resultado de consensos. Y esos consensos no son imposibles, pero sí difíciles, porque implican que unos cedan lugar a otros, o reconozcan que son menos relevantes. El tema es cómo llegar a esos consensos en estas circunstancias. Con esto no quiero decir que el proceso esté condenado al fracaso. No, lejos de ello. Pero la cuestión para la ONU y para el secretario general se resume en una pregunta: ¿y mientras tanto qué hacemos? ¿Nada? ¿Esperamos a que surja el consenso en la reforma del Consejo? Esto puede tardar. Además, el bloqueo no es absoluto. Que el Consejo no adopte resoluciones con frecuencia no significa que no funcione. Sigue siendo un espacio central: una caja de resonancia de las posiciones de los Estados, donde se ensayan soluciones parciales o totales. El plan sobre Gaza, por ejemplo, demuestra que aún hay margen de acción. Yo soy un hombre muy pragmático. Creo que hace falta reconocer el mundo como es y tratar de ver, con esas herramientas, qué podemos hacer. Y creo que con una combinación sabia de diálogo muy fluido y permanente, y con un secretario general presente sobre el terreno, podemos empezar a movilizar una maquinaria que hoy está muy esclerosada y, sobre todo, ausente.
P. Hoy en día, la percepción dominante es que en el sistema internacional mandan las grandes potencias y que la ONU acaba reflejando ese mismo equilibrio de poder, más que actuando como un actor independiente. ¿Comparte ese diagnóstico?
R. Es una manera de verlo. Puede ser así, pero creo que las Naciones Unidas se olvidaron de para qué fueron creadas. Hay una dispersión enorme de mandatos, una duplicación monumental de funciones y una estructura poco coherente. Esto, afortunadamente, ha sido reconocido. El proceso ONU-80, lanzado por el secretario general, en parte debido al corte de fondos estadounidenses —llamemos a las cosas por su nombre— está revelando estas disfunciones. Cualquiera que sea la razón, es bienvenida. El mayor problema es que la ONU no está jugando el papel que podría jugar ni concentrándose donde debería. Por supuesto, los Estados, y sobre todo las grandes potencias, marcan el paso, pero también está en el secretariado, y en particular en el secretario general, saber leer los signos de los tiempos y ser un interlocutor capaz de aportar soluciones. Le doy un ejemplo concreto: si yo hubiera esperado a que la Junta de Gobernadores me dijera qué hacer en la situación de la planta de Zaporiyia, probablemente todavía estaría esperando y ya se habría producido un accidente nuclear. Tomamos la iniciativa: hablé con Putin, con Zelenski, monté una misión técnica, fui directamente al terreno. Hubo momentos en que la puerta estaba cerrada, pero entré. Fui modificando la situación de manera gradual. No digo que esto sea posible en todos los casos, no tengo una bola de cristal, pero hay mucho que tiene que ver con iniciativa y con ser un interlocutor aceptado. Si usted se dedica a sermonear a las grandes potencias, lo más probable es que no tengan interés en hablar con usted.
P. Examinando el caso concreto de Irán, y a la luz del papel que ha desempeñado la OIEA, el consenso técnico es que el país sigue disponiendo de material nuclear suficiente para fabricar varias armas en el futuro, pese a los ataques de Estados Unidos contra sus instalaciones. Desde su perspectiva, ¿estos ataques han modificado de manera sustantiva el cálculo estratégico de Teherán o han reforzado la idea de que solo una capacidad nuclear propia garantiza la supervivencia del régimen?
R. Bueno, es una pregunta en parte especulativa, porque apunta al proceso de toma de decisiones en Irán, y sobre eso habría que preguntarle a los propios iraníes. Lo que sí puedo decir es que el programa nuclear iraní ha sufrido un daño devastador, en particular en instalaciones clave como Natanz, Fordow e Isfahan, donde se concentraban las actividades del ciclo del combustible —conversión, procesamiento y enriquecimiento de uranio— y donde se almacenaba buena parte de los más de cuatrocientos kilogramos de uranio enriquecido al 60%, una cantidad potencialmente utilizable para fines militares. Los ataques de junio causaron un daño masivo a la infraestructura, pero es cierto que el material sigue existiendo. Desde el punto de vista de la no proliferación, eso sigue siendo un factor de preocupación. Por eso continúan las negociaciones y tratativas, directas e indirectas, con Irán. Más allá de la destrucción física, lo que Irán ha perdido por ahora es la capacidad de seguir enriqueciendo y aumentando ese inventario, aunque podría reconstruirla con tiempo y esfuerzo, porque el conocimiento técnico para fabricar centrifugadoras avanzadas no se ha perdido.
Al fin y al cabo, una centrifugadora, incluso de alta generación, es una tecnología compleja pero reproducible. Ahí reside tanto la capacidad iraní como el cálculo de riesgos a la hora de retomar el programa sin un acuerdo previo, cuya forma aún no está clara. Antes de la guerra hubo intentos fallidos de negociación indirecta entre Estados Unidos e Irán, mediada por Omán. Tras los ataques, se están explorando nuevas alternativas.
P. Irán ha acusado a la OIEA de haber legitimado los ataques de Estados Unidos con sus informes, acusaciones que usted ha rechazado. Más allá de esa polémica, me interesa una cuestión de fondo: ¿son compatibles los bombardeos contra instalaciones nucleares, incluso en contextos de crisis grave, con el marco internacional de la no proliferación?
R. Bueno, yo lo he dicho claramente, tanto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como ante la Junta de Gobernadores de la OIEA. Existe un corpus jurídico claro, así como resoluciones de la Conferencia General de la OIEA, que indican que no se deben atacar instalaciones nucleares por el riesgo nuclear y radiológico que conllevan. Dicho esto, los ataques tuvieron lugar. Volviendo a un enfoque pragmático, esa es la realidad con la que hay que lidiar. Afortunadamente, no derivaron en una crisis radiológica, ya que no se trataba de reactores en funcionamiento, sino de instalaciones con material nuclear, y no hubo consecuencias de ese tipo que lamentar. Ahora se trata de recomponer la situación y de entender cómo avanzar a partir de un encadenamiento de acontecimientos que condujo a esta crisis. Como director general de la OIEA y como diplomático con más de cuarenta años de experiencia, sigo creyendo que el uso de la fuerza no es la vía. La vía es la diplomática, siempre, incluso después de los ataques. La realidad ha cambiado, pero está claro que necesitamos avanzar hacia un marco que dé estabilidad al programa nuclear iraní y, a través de él, a Oriente Medio. Mientras este problema siga sin resolverse, no habrá estabilidad en la región.
P. Hablando de la no proliferación, usted ha advertido de un resurgir de la disuasión nuclear y de presiones para que nuevos países desarrollen capacidades atómicas. Desde esa preocupación, ¿qué debería hacerse para evitar una nueva carrera nuclear?
R. Yo creo que el Tratado de No Proliferación (TNP, el principal acuerdo internacional para frenar la proliferación de armas nucleares) es un éxito. Puede parecer raro que lo diga yo, que he sido crítico, pero es un tratado exitoso en la medida en que ha logrado contener de forma muy significativa el número de países con armas nucleares. Lo que hace falta es un compromiso renovado de todos los miembros del TNP y, en particular, de los Estados depositarios —Estados Unidos y la Federación de Rusia—, y también de las grandes potencias en torno a la no proliferación. Porque lo que estamos viendo, y yo lo he señalado públicamente, es que existen cada vez más países importantes que consideran seriamente desarrollar armas nucleares. Y hay que tener muy claro que esto es una muy mala y que un mundo con 19 países con armas nucleares en lugar de 9 va a ser un mundo mucho más incierto, mucho más peligroso. Por eso, más que cambiar las reglas, lo que se necesita es reforzar el compromiso político con la no proliferación y tomarse en serio los instrumentos que ya existen.
P. En paralelo al temor a la proliferación nuclear, estamos viendo un renovado interés por la energía nuclear civil, impulsado por la transición verde y ahora también por el auge de la inteligencia artificial. Sin embargo, no parece que estemos ante un boom comparable al de los años setenta. ¿Cuáles son, en su opinión, los límites de esta nueva ola y qué papel debería desempeñar la nuclear en el sistema energético?
R. Creo que ha habido un cambio muy importante, y es la superación de la falsa dicotomía entre energía nuclear sí o no, que durante mucho tiempo fue absurda y poco científica. Hoy existe un mayor reconocimiento de que la energía nuclear puede desempeñar un papel relevante. Más allá de accidentes como Fukushima o Chernóbil, su récord de seguridad es muy alto, y cuando se comparan los riesgos de forma objetiva —por ejemplo, en términos de mortalidad—, la nuclear aparece entre las fuentes más seguras, incluso por debajo de algunas renovables. Es cierto que el crecimiento de los años setenta fue excepcional y que hoy algunos países hablan de triplicar la capacidad instalada, una idea lanzada en la COP de Dubái por grandes países nucleares. Desde nuestras estimaciones, habrá un aumento de la capacidad nuclear, aunque probablemente no llegue a ese nivel. A esto se suma el debate sobre los reactores modulares (SMR). Hoy existen SMR en funcionamiento en China y Rusia; en Occidente aún no, aunque algunos ya están licenciados y en construcción, como en Canadá o Estados Unidos. Pueden ser relevantes por costes y plazos, pero su impacto real todavía está por verse. Finalmente, el auge de la inteligencia artificial está acelerando este proceso. Las grandes empresas tecnológicas están firmando acuerdos con operadores nucleares porque saben que, sin un suministro eléctrico estable, no podrán sostener la expansión de sus centros de datos.
P. La entrada directa de grandes empresas tecnológicas en proyectos nucleares plantea un escenario nuevo. Desde la perspectiva de un posible futuro secretario general, ¿hace falta un marco global específico para regular esta implicación del sector privado no nuclear?
R. No, no hace falta uno nuevo, porque creo que algunas veces en la comunidad internacional hacemos las cosas bien, y para eso se creó el OIEA. Es decir, cualquier instalación nuclear tiene que estar sujeta a las salvaguardias del organismo internacional nuclear y atómico, sea de capital privado o de capital público. Entonces, si se instala un SMR en un país que hasta ahora no lo tiene —supongamos Marruecos, que le interesa por la desalinización—, este estaría bajo el régimen internacional, no solamente de no proliferación, sino de estándares de seguridad. Todos estos países, los nuevos miembros, están trabajando mucho con el OIEA, y ahora justamente también el sector privado. Desde el punto de vista económico y energético, esto supone un cambio relevante: tradicionalmente, el modelo nuclear se apoyaba en utilities públicas y en capital estatal. Hoy, en cambio, una parte significativa de la demanda procede también del sector privado. Es una diferencia importante en el modelo de negocio, pero no una que exima a estas instalaciones de sus obligaciones internacionales en materia de no proliferación y de seguridad.
PSOE,
puente de todas las tragedias
Fran
Carrillo. okdiario. 29 Enero
2026
Al PSOE, la muerte le sienta bien. Como a la izquierda en general, aunque prediquen lo contrario. Convive con ella desde su fundación, cuando retóricamente amenazaba a la oposición con el atentado personal por el simple hecho de ejercer su labor parlamentaria y política. Después, se dedicaron, en su vis republicana soviética, a la persecución y matanza de católicos y gente de derechas, porque así entendían, tras leer a Largo Caballero, que debía instaurarse su dictadura proletaria. Provocaron una guerra con la convicción interna de la victoria, y una vez fracasada, se echaron al monte del descanso mientras dejaban la responsabilidad de traer la democracia de vuelta a otros. Y cuando regresaron de sus plácidas vacaciones franquistas, la han ido degradando hasta convertirla hoy en un instrumento teórico irrelevante al servicio de un autócrata inmoral, cuyo único objetivo es la conservación perpetúa del poder.
En la España que no pasa nada, ha muerto medio centenar de personas en un accidente ferroviario, y el responsable de haber evitado dicha tragedia canalla sigue tuiteando, y el irresponsable autócrata prosigue autocrateando. Pulsaron hace años el umbral del dolor de los españoles y les salió a favor, lo que equivale a delinquir, engañar y trincar del erario público sin que les repercuta en su tranquilidad cotidiana, más allá de lo judicial, que suele transitar por caminos más lentos y empedrados. Le salva a esta banda de golfos y delincuentes con competencias que a la media España que no está dentro de su muro le mueven los valores cívicos y democráticos de los que carece Sánchez, Puente y quienes aún le votan. Porque al votonto socialista -que, a diferencia del votante normal, se inclina sumiso a las siglas, aunque en nombre de ellas se asesine en plaza pública- y al zurdo en general, no le hubiera costado, de haberse producido la tragedia con un gobierno de signo ideológico diferente, haber tomado las calles, incendiarlas, rodear parlamentos y sedes ministeriales y agredir a todo quisque con etiqueta de facha.
Las tragedias suceden, sí. Pero cuando las desgracias se suceden, y siempre con el mismo gobierno, la conclusión es clara: la tragedia, es el Gobierno. Su sectarismo energético llevó a la nación a oscurecerse mientras nadie asumía la responsabilidad de aquel retorno temporal a la Edad Media. Su fanatismo climático provocó decenas de muertos en Valencia, cuya factura sólo cobró una víctima política. Pero quien negó recursos para las obras que se necesitaban, quien ordenó no intervenir cuando se requería y quien se ausentó de auxiliar cuando era posible a los hoy fallecidos, representan a las mismas siglas socialistas que gobernaban durante la pandemia, el apagón o el accidente ferroviario de Adamuz: la Plataforma Sanchista de Obedientes Embusteros, antaño y hodierno, PSOE, un partido antidemocrático liderado por un sociópata mentiroso y sin escrúpulos que considera al Gobierno como pertenencia propia y a España como un concepto carca a eliminar.
Ya puede colar todos los decretos leyes que quiera a espaldas del Parlamento, signo de lo que venimos contando sobre su carácter pueril y antidemocrático, podrá vender la regularización ilícita de inmigrantes para saciar la hambruna populista de su socio bolivariano o regalar competencias a los archiduques con boina y a los golpistas de barretina, que nadie olvidará quienes eran y dónde estaban, cuando los españoles se quedaron, a oscuras, ahogados y aplastados entre amasijos de hierros por la negligencia, incompetencia y maldad de los mismos matones, macarras y delincuentes cuyas siglas vienen manchadas de la misma sangre que su ignorancia, envidia, rencor y odio derramó en el pasado.
Poner
fin al modelo de reagrupación familiar
Jorge
Buxadé. gaceta. 29 Enero
2026
El anuncio por el Gobierno del proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes ilegales pactado con Podemos ha abierto por fin el debate sobre la reagrupación familiar que sólo unos pocos hemos expuesto en ocasiones.
Efectivamente, existe una lógica del mercado que considera al ser humano como factor de producción móvil, independientemente de los factores culturales. Respondiendo a esa lógica, en todo caso, lo que sería evidente es que el extranjero que viene a España a trabajar debe residir legalmente en España sólo y en el caso de que tenga trabajo, pero nunca con una residencia permanente, y por supuesto, sin que ello suponga el derecho a la reagrupación familiar.
Sin embargo, los procesos de inmigración ejecutados sistemáticas por las élites dirigentes en España durante 40 años provocan una progresión geométrica.
Como los extranjeros integrados en las sociedades de acogida no son atractivos para el recién llegado que, naturalmente, busca comunidades donde se sienta representado y buscando vínculos afectivos naturales, el extranjero absorbido por la nación de origen deja de ser un foco de atracción para el nuevo inmigrante. De esta forma, al inicio de los procesos inmigratorios, y cuando la inmigración es incipiente, el inmigrante tiene más opciones de integrarse; cuando no existe derecho a la reagrupación familiar el inmigrante tiene más opciones de integrarse, y por eso no es un foco de efecto llamada.
Por el contrario, cuando se abre la mano a la llegada masiva e indiscriminada de extranjeros, o cuando se procede a la escandalosa regularización automática y en masa, extraordinaria, de miles de inmigrantes que han entrado y permanecen ilegalmente o se establecen mecanismos anómalos para la regularización como el arraigo o la reagrupación familiar, la entrada de extranjeros tiende acelerarse de forma desproporcionada. Como la comunidad de acogida no es capaz de integrar a los que llegan, la acogida se realiza directamente por las comunidades extranjeras, creando esos guetos, máxime si el gueto recibe ingentes cantidades de financiación pública que sostiene comunidades enteras donde nadie trabaja.
Lo que sucedió en Bélgica o Francia en los años 70 lo trajeron a España González y Aznar en los años 90: sobre todo éste último. La reagrupación familiar se introduce por primera vez en España por el Partido Popular en el año 2000, con la Ley Orgánica 4/2000, de derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, al reconocer expresamente el derecho de los extranjeros residentes legales a reagrupar a determinados familiares (cónyuge, hijos menores, ascendientes en ciertos supuestos).
El reconocimiento de la reagrupación familiar como un derecho del extranjero en territorio nacional convierte, de un golpe, por un mero acto administrativo, la inmigración laboral en una inmigración de asentamiento, con los inmediatos efectos que tiene en el reconocimiento de la nacionalidad española por aplicación del ius solii, obviamente no pensado para extranjeros que, sin arraigo, sin vinculación personal, comunitaria, familiar, cultural con España, sin capacidad o sin voluntad de ser españoles, por el mero lapso de tiempo, devienen españoles.
La inmigración laboral que existía antes de González y Aznar —como la de los españoles en los años 60 y 70— tenía como horizonte la efectiva integración en la sociedad de acogida o la vuelta al país de origen, con la familia, pertrechados de experiencia, ahorros y conocimiento. La inmigración de asentamiento sólo tiene un horizonte: construir en el país de destino comunidades cerradas e idénticas a las del país de origen.
Aquí es donde reside la falacia, ya que si bien se busca justificar el proceso con invocaciones a la inmigración laboral, lo que en realidad las élites dirigentes, socialistas y populares, han incentivado es una inmigración de asentimiento, extractiva de recursos públicos y no integrada; cuando no directamente una inmigración de riesgo permanente para la seguridad, el orden y la salud públicas.
No existe una cifra pública única y fiable de cuántos extranjeros exactamente han entrado legalmente por reagrupación familiar en toda la serie histórica desde 2000. Existen estimaciones que sitúan esa realidad en centenares de miles e incluso más de un millón de personas cuando se suman flujos de permisos familiares a lo largo de los años, pero no hay una serie estadística oficial y consolidada que permita dar una cifra exacta y definitiva.
Los informes de Neos y de la Fundación Disenso indican que de los 542.000 nuevos residentes nacidos en el extranjero de 2024, podemos estimar que sólo llegaron por vía legal y ordenada el 36% (50.000 por visado de trabajo, 55.000 por reagrupación familiar y 90.000 por estudios). El resto de 347.000 se reparten entre los llegados en patera (67.000), los extranjeros nacionalizados españoles desde su país que se mudan a España, y los extranjeros, la mayoría procedentes de Iberoamérica, que tras llegar piden asilo (130.000) o permanecen irregulares (sin datos oficiales) tras agotar el visado de turista.
Podemos por inducción llegar a conclusiones —catastróficas—, pues la base estadística Eurostat indica que en países de la UE alrededor de un tercio de los permisos de residencia se expiden por reagrupación familiar, y España sigue esa tendencia alta en la proporción de permisos familiares dentro del total de permisos de residencia concedidos a no comunitarios, como hemos visto para el año 2024. En 2024 habría así 700.000 autorizaciones de residencia por reagrupación familiar en favor de extranjeros extracomunitarios, el 80% originadas por ciudadanos de la UE, la mayoría españoles nacionalizados, y no españoles de origen. Cada reagrupado, una vez obtiene una autorización autónoma, puede a su vez reagrupar, lo que produce un claro efecto multiplicador de nuevos residentes.
Hay que tener en cuenta que la UE amplió el colectivo agrupable, pasando de la reagrupación de padres e hijos menores de 21 años a la familia extensa, compuesta por hermanos, tíos, abuelos y primos que estén a su cargo o vivan con él, incluyendo también a la familia extensa del cónyuge o pareja estable con un año de convivencia.
Hay una indiscutible voluntad política de ocultar los datos y no ofrecerlos en forma transparente ya que de esta forma no se puede medir bien el impacto demográfico real de la inmigración, ni evaluar los resultados de la política migratoria familiar con rigor y, por supuesto, con ello se busca evitar el debate público informado.
Conclusión: el camino correcto no es la regularización extraordinaria ni la reagrupación familiar. El camino correcto y el único que garantiza nuestra continuidad como comunidad nacional es poner fin al modelo de reagrupación familiar, prohibir las regularizaciones extraordinarias e iniciar la tríada de repatriación, deportación y remigración.
La Desconquista
Juan
Carlos Girauta. el debate.
29 Enero 2026
Al medio millón de extranjeros se les regulariza para que nunca abandonen España, aunque delincan gravemente. Los obispos así lo reclaman y la extrema izquierda (otra no hay) también. Serán dos millones en realidad por mor de la reagrupación familiar. ¡Empieza el penúltimo capítulo de la Desconquista
Vamos por once millones de extranjeros en España. Si seguimos al ritmo actual, los veinte millones se alcanzarán poco después de empezar la próxima década. Al acabar, la mitad de la población española no será española. Nos despertarán los almuecines, desaparecerán las cruces, las catedrales se habrán convertido en mezquitas. En tal tesitura, y siendo el islam expansivo, agresivo y excluyente, es bastante probable que se cumplan al pie de la letra las profecías que Michel Houellebecq dejó en la novela Sumisión.
Recuerden. Profesores universitarios someterán sus programas al filtro de comisarios musulmanes y comprenderán las ventajas, en remuneración y poligamia, de convertirse. La mayoría lo hará desde el ateísmo. Los menos, desde un borroso catolicismo cultural, toda vez que nuestra religión se ha mostrado, en la posmodernidad, menguante, tibia, y tan inclusiva como para reclamarse madre de esta regularización de efectos deletéreos. Y rápidos. Sobre todo si nos orientamos por el tiempo que tomó la Reconquista.
¿Está sonriendo el lector cuando lee 'Reconquista'? No, no lo haga. El tiempo despiadado dirá la verdad, en vida, a los nuevos entusiastas de la rendición preventiva, a los acogedores huéspedes de sus sepultureros. La caída en el relativismo se la pueden permitir muchos. Yo no me la permito por tozudez, la ascendencia aragonesa, pero entiendo que la gente se sube a lo que hay. La palabra verdad está mal vista, ya casi nadie cree que exista tal cosa. Somos Pilatos. Es el resultado de varios relativismos sumando sus fuerzas y operando en manada sobre nuestra percepción del mundo, nuestro raciocinio y nuestra medida del bien y del mal, tan difusa. Son los relativismos, respectivamente, cultural, cognitivo y moral.
Lo que puede llegar a provocar en una masa descreída e inerme la llegada de millones de nuevos agentes inmunes al relativismo es inimaginable. Y solo descriptible en términos apocalípticos, lo que sigue haciéndolo inimaginable tratado en el foro o el ágora. Los nuevos agentes no tienen prisa, pero la matemática del crecimiento geométrico sí. Y ese es el tipo de crecimiento que exhibe la población magrebí, lo que haría las delicias de Malthus, al que habría que animar después de ver cómo crece la población autóctona: negativamente. Superados los diez millones, le tomará al muslime mucho menos tiempo llegar a los veinte, y así sucesivamente.
Alcanzada la masa crítica, ¿por qué iba a dejar de aplicarse la sharía cuando lo exija la media España más activa y motivada, más convencida y dispuesta a la lucha? ¿Por qué iba a seguir respetándose nuestro ordenamiento, impregnado de principios, derechos y libertades absurdos o insultantes para los nuevos pobladores de España? ¿Igualdad ante la ley, libertad de expresión, escuelas mixtas? ¡Anda ya!
Al medio millón de extranjeros se les regulariza para que nunca abandonen España, aunque delincan gravemente. Los obispos así lo reclaman y la extrema izquierda (otra no hay) también. Serán dos millones en realidad por mor de la reagrupación familiar. ¡Empieza el penúltimo capítulo de la Desconquista, despiértate! ¿Tú que piensas hacer?
Obispos
contra la verdad
La inmigración
masiva es contraria al orden natural, al orden social, es caos,
deshumanización y desarraigo
Irene González.
Vozpópuli.
29 Enero 2026
Tras el anuncio del Gobierno de extrema izquierda globalista de regularizar a casi un millón de inmigrantes ilegales, el 90% de origen latino que con la normativa antiespañola accederán al voto con la nacionalidad en dos años, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Luis Argüello, ha publicado raudo un video donde aparece entusiasmado y triunfador. Era de esperar pues la prioridad y obsesión de una élite clerical ha sido ser el adalid y los defensores de la ideología del multiculturalismo pro-inmigración de la agenda globalista 2030, base del transhumanismo. Porque sí, lo que está haciendo la Conferencia Episcopal es política, es pura ideología que ha de ser rebatida. Pero no es una ideología cualquiera, sino una pieza clave de la agenda contraria al orden natural, la dignidad del hombre, contraria a la verdad, la justicia y el bien común. De este modo, la élite clerical, utilizando los ropajes de iglesia, defiende la ideología de quienes declararon la guerra a Dios. Libramos una guerra espiritual por la Verdad, donde la mentira, retorcer el lenguaje y el emotivismo son las armas del enemigo. En esta fase actual de la posmodernidad, la élite eclesial parece confundirse en cuestiones relevantes.
Afirma el arzobispo de Valladolid que la regularización masiva de inmigrantes es “un reconocimiento de la dignidad humana y una oportunidad para colaborar en el bien común”. Un lenguaje destinado a la confusión y la sumisión a una ideología disfrazándolo de bien absoluto. Palabras bonitas que suenan humanitarias, apelan con emotividad a la “compasión” (selectiva), la “dignidad”, o el “bien común”, pero promueven y justifican lo que objetivamente produce daño, desorden e injusticia con el objetivo de confundir y apartarnos de la verdad, de Dios.
Presentar lo malo bajo apariencia de bien es probablemente el comportamiento más retorcido y, a la vez, más característico del mal, así como hacernos creer que no existe. El mal busca engañar a muchos para que crean que sirven a Dios, pero en realidad lo hacen a quien anhela sustituirle. Una forma de engaño es defender la inmigración masiva, fenómeno de masas y por tanto político, como si fuese un hecho aislado e individual sin consecuencias en la comunidad. Se utiliza un ejemplo individual modélico y se ignora de forma consciente y sistemática a las víctimas que sufren los efectos de la inmigración masiva de forma individual y sobre la comunidad. Nadie negaría ayuda a un hambriento que pide en la puerta de su casa, pero de esto no es de lo que hablamos cuando denunciamos la inmigración masiva. Siempre ha habido inmigración, pero mínima, que no suponía una amenaza a la supervivencia de la comunidad. Cuando traes a millones de personas del tercer mundo con promesas del Estado, derechos y ayudas, destruyes la comunidad de acogida y a sus miembros al someterles a su propia destrucción. Hacerlo en “nombre del bien común” es algo perverso y falso.
Inseguridad y desarraigo
Ocultan deliberadamente las consecuencias de la inmigración masiva que tiene como fruto la inseguridad, la asfixia social y el desarraigo. Esto no contribuye a la dignidad ni al bien común, es exactamente lo opuesto y ocultarlo utilizando aquello que destruye, el bien común, es mentir a sabiendas. La inmigración masiva es contraria al orden natural, al orden social, es caos y desorden, deshumanización y desarraigo. La inmigración masiva es contraria a la dignidad de la persona, la justicia y el bien común. No sólo el efecto llamada de la regularización masiva provocará que las mafias de tráfico de seres humanos vendan la regularización muriendo muchos en el mar, sino que incrementará su negocio siniestro. Por lo que sea, las víctimas de violaciones, machetazos, narco o bandas por meter millones de hombres que provienen de países que sólo han podido producir la cultura de la violencia, no forman parte de los derechos, la justicia ni el bien común digno de defensa por los políticos obispales.
El segundo ámbito de frutos es de orden social. Los servicios públicos están saturados y bienes de primera necesidad como la vivienda son inaccesibles para formar una familia. Esto no preocupa a quienes tienen vivienda o la tendrán en un palacio episcopal. Los salarios reales llevan 30 años sin subir en España, el desempleo real asciende a 3,8 millones, pero te dicen con un alzacuello que lo mejor es regularizar un millón con su efecto llamada e inundar el mercado laboral de mano de obra del tercer mundo para hacer caer más los salarios. No hay que tener la soberbia de hablar de lo que uno desconoce. Convertir la vida de la clase trabajadora española en unos juegos del hambre abiertos al tercer mundo sólo beneficia a la élite económica para pagar sueldos semi bolivianos y vender casas a precio de Miami. Esto provoca que no puedan formarse familias españolas y se exilien los jóvenes más formados que y no contribuirán al bien común de su comunidad. Han sido sustituidos para que los ricos tengan servicio barato. Priorizar el de fuera sobre el de dentro de una comunidad es un desorden de los afectos irresponsable, no es dignidad humana.
Finalmente, fomentar la inmigración masiva es profundamente inmoral porque provoca desarraigo en todos y acaba con la identidad de una comunidad convirtiendo a sus miembros en seres dolientes. Sin una identidad común, no hay bien común más allá del dios posmoderno del dinero y el individualismo. Por eso el globalismo, cuya élite rinde culto a la oscuridad fomenta la multiculturalidad (la puerta al transhumanismo), una fábrica de nihilismo, pobreza y angustia existencial, una comunidad de siervos que no son conscientes de su esclavitud por recibir bienes de consumo efímeros de poco valor acompañados de un relato emotivista que les oculta la realidad.
A costa del bien común
Como un vulgar diputado de Podemos, monseñor Argüello celebra que la regularización masiva de más de un millón de inmigrantes es “salud democrática”. Pero hasta esto es falso pues celebra una lobbicracia por encima de una democracia, “el resultado de unir los intereses de organizaciones movilizadas”, que buscan los intereses particulares a costa del bien común. Si se hiciese un referéndum al pueblo que padece las consecuencias de la inmigración masiva entonces sí sería salud democrática, pero quizá el resultado no interese a los de arriba.
Finalmente se reduce al inmigrante a un ser cuya dignidad humana se mide por su capacidad de producir dinero y pagar impuestos. “Alegrémonos porque hoy muchas personas que trabajaban y no podían cotizar con sus impuestos al bien común” en una confusión deliberada con el interés público, del Estado, que no es lo mismo que el bien común. Además los inmigrantes que trabajan en España reciben del sistema mucho más de lo que aportan. Una visión mercantil y deshumanizada de los inmigrantes para llenar unas cuentas públicas que luego nutrirán las cuentas bancarias de las organizaciones que defienden la regularización masiva. Cáritas ha recibido 145 millones de euros en subvenciones desde 2022 y por IRPF 1.445 millones. La estatalización de la iglesia. El hecho de que destruya las sociedades de acogida no parece importar a la Conferencia Episcopal.
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Más
que una regularización masiva de inmigrantes es un masivo
pucherazo
OKDIARIO.
29 Enero
2026
Entre la regularización masiva de inmigrantes impulsada por el Gobierno, vía real decreto y saltándose a la pídola al Congreso, y la llamada ley de los nietos del exilio enmarcada en la ley de Memoria Democrática, más de tres millones de personas podrán optar a la nacionalidad española, lo que les permitirá votar en las elecciones generales y autonómicas. Las condiciones para acceder a la regularización son mínimas: llevar cinco meses viviendo en España antes del 31 de diciembre de 2025 y carecer de antecedentes penales o, incluso, teniéndolos si no son graves. El Gobierno cifra en 500.000 las personas que podrán acogerse a la regularización, si bien otros organismos elevan esta cantidad por encima de los 800.000, teniendo en cuenta el efecto llamada que provocará la medida del Gobierno.
Los extranjeros que residan legalmente en España pueden acceder a la nacionalidad en el plazo de diez años, aunque hay excepciones: cinco años en el caso de las personas que hayan obtenido la condición de refugiado y dos para los nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o personas de origen sefardí. Y luego están los descendientes de los exiliados de la Guerra Civil: por ahora ya se han nacionalizado medio millón de personas, pero se sabe que más de un millón de descendientes de exiliados o emigrantes han tramitado ya su solicitud para obtener la nacionalidad en virtud de esta ley, aprobada gracias al apoyo de Bildu.
Además, alrededor de 1,3 millones han solicitado cita para iniciar el procedimiento, que aún no se ha completado por los retrasos burocráticos. Echen cuentas, sumen y llegarán a la conclusión de que lo que está preparando el Gobierno de Pedro Sánchez es un pucherazo masivo. Dicho de otro modo: como no le votan los de aquí, se trae a los de fuera para que se conviertan en su mayor apoyo electoral. Y es que en varias tacadas el Gobierno ha provocado todo un terremoto en el censo electoral.
Covite
denuncia la concesión de un nuevo tercer grado "fraudulento"
al etarra Asier García
El Colectivo
de Víctimas del Terrorismo alerta de la "enorme prisa" con
la que se están concediendo estos beneficios penitenciarios
L.
Cuenca. la razon.
29 Enero 2026
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha denunciado la concesión de un nuevo tercer grado "fraudulento" al miembro de ETA Asier García Justo. Una decisión que las víctimas atribuyen a la izquierda abertzale, cuyo único objetivo es vaciar las cárceles de etarras sin exigirles el arrepentimiento real que la legalidad vigente establece como requisito para acceder al régimen de semilibertad. "Lo que estamos viendo es la culminación de la última exigencia de ETA y de la izquierda abertzale que queda por cumplir en este final de ETA negociado que vivimos, y cuyas consecuencias estamos pagando las víctimas con la impunidad de los asesinos de nuestros familiares", ha denunciado Consuelo Ordóñez, presidenta de este colectivo.
Asimismo, las víctimas alertan de la "enorme prisa" con la que se están concediendo estos terceros grados. "Apenas una semana después de que se otorgaran los dos últimos, el Gobierno vasco vuelve a conceder otro más, confirmando una dinámica de aceleración que evidencia la voluntad política de normalizar privilegios penitenciarios a los presos de ETA que siguen vinculados a la izquierda abertzale, al margen del cumplimiento efectivo de la ley", subrayan desde Covite.
Desde el colectivo de víctimas aseguran que Asier García Justo continúa plenamente vinculado al entorno político y social de la izquierda abertzale, ya que figura en la última lista actualizada de Etxerat —de fecha 30 de diciembre de 2025— asociación que agrupa a los presos de ETA adscritos a la órbita de SORTU y EH Bildu, a los que siguen presentando como "presos políticos". Además, este miembro de ETA también fue exhibido públicamente en actos de exaltación como la Itxas Martxa de Plentzia, un festival anual caracterizado por la exhibición explícita de etarras no arrepentidos, tanto del entorno de EH Bildu como de la disidencia.
Maniobra judicial de los etarras
No obstante, señalan que el hecho de que en este último año no haya sido exhibido de forma tan visible como otros miembros de ETA no responde a ningún proceso de desvinculación del entramado de la izquierda abertzale, sino a una estrategia política y judicial, dado que García Justo tenía entonces un juicio pendiente por el atentado contra la periodista Aurora Intxausti y su marido, Juan Palomo. "La invisibilidad puntual no puede confundirse con arrepentimiento; es una táctica coyuntural", advierten.
Según explican desde el colectivo, al igual que en otros casos recientes, la progresión al tercer grado se sustenta en una carta manuscrita privada en la que el preso expresa fórmulas genéricas de reconocimiento del daño causado, empatía hacia las víctimas, renuncia a la violencia y compromiso con vías pacíficas. Los informes penitenciarios también aluden a factores como la buena conducta en prisión, la participación en programas de tratamiento, el apoyo familiar, hábitos laborales o la posibilidad de empleo. Sin embargo, Covite insiste en que ninguno de estos elementos sustituye el requisito legal esencial de los signos inequívocos y verificables de arrepentimiento.
"El artículo 90 del Código Penal no exige textos retóricos ni reflexiones privadas, sino hechos objetivos que acrediten un arrepentimiento sincero", denuncia Consuelo Ordóñez. En este sentido, ha recordado que el arrepentimiento implica necesariamente la ruptura con los entornos políticos y sociales que siguen justificando públicamente la trayectoria criminal de ETA. "No se puede estar en las listas de Etxerat, ser exhibido por la izquierda abertzale y, al mismo tiempo, estar arrepentido, puesto que la izquierda abertzale prohíbe a todos los presos de ETA arrepentirse desde hace muchos años, y cada cierto tiempo se encargan de recordarlo públicamente", ha subrayado.
Desde Covite han reiterado que comprobar si un preso de ETA está verdaderamente arrepentido es sencillo: cuando lo está, queda automáticamente apartado de los entornos de la izquierda abertzale. Es más, Consuelo Ordóñez ha criticado que "si tan sincero es ese supuesto reconocimiento del daño, ¿por qué esas cartas no se hacen públicas, en lugar de quedar escondidas en un expediente administrativo? Estas cartas son una burla a la ley y un insulto a las víctimas, a las que se nos exige un acto de fe mientras los hechos desmienten sistemáticamente las palabras".
Finalmente, la presidenta de este colectivo de víctimas ha señalado también la responsabilidad de la Fiscalía de la Audiencia Nacional en esta dinámica de impunidad, ya que es la única institución competente para recurrir los terceros grados y no lo está haciendo. A su juicio, la Audiencia Nacional ha optado "por otorgar validez a escritos que carecen de cualquier credibilidad, lo cual es lamentable y devastador para las víctimas".